Este miércoles los trabajadores del Registro Civil de León han mostrado una vez más su oposición a la privatización de este servicio público aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los registros civiles serán traspasados a los registradores, profesión del presidente del Gobierno, en una decisión que ha causado una honda polémica
Un numeroso grupo de funcionarios de los juzgados de León acompañaron este miércoles a los trabajadores del Registro Civil de León, que han mostrado su rotunda oposición a la privatización, que consideran perjudicará la calidad del servicio que se presta, amén de suponer un coste para los ciudadanos ya que hasta el momento todos los trámites del Registro Civil son gratuitos.
La privatización del Registro Civil fue lanzada en 2013 por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón y ahora ejecutada por su sucesor, Rafael Catalá. La privatización de este servicio público tiene además otro problema añadido, que suprimirá las oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos que viven en zonas rurales a desplazarse a la capital leonesa para realizar cualquier trámite. Un proceso que podría suponer además la pérdida de empleo de los encargados de estas unidades del Registro Civil.