El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, abogó hoy por que los jueces se sitúen “en la vanguardia de la modernización tecnológica” dentro de la administración de justicia y consideró que para nada pueden ser señalados como “un obstáculo para la modernización”.
Sin embargo, también reclamó ser exigentes y reivindicativos a la hora de pedir a las administraciones “que hagan las cosas bien” de manera que los jueces se encuentren “suficientemente asistidos” para poder adaptarse a una nueva tecnología que “a todos nosotros nos cuesta como ciudadanos”.
Lesmes recordó que en España existen administraciones “plenamente modernas” en comparación con algunos de los países más avanzados del mundo, y estimó que no existe razón alguna “para que la administración de justicia española no esté a ese nivel”. En ese sentido, insistió en que las administraciones tienen que “hacer bien su trabajo” y, en el caso de que no lo hagan así, el ámbito judicial tendrá que situarse “en la vanguardia de la exigencia y la reivindicación para que las cosas se hagan bien”.
La modernización de la justicia es uno de los temas principales que se va a poner sobre la mesa en la celebración de las XVII Jornadas nacionales de presidentes de Audiencias Provinciales que desde hoy y hasta el próximo viernes se va a desarrollar en la ciudad de León y que hoy ha inaugurado el presidente del Tribunal Supremo, una cita en la que también se van a abordar otras cuestiones de relevancia para este colectivo, como la oficina judicial, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la problemática derivada de los procedimientos sobre cláusulas suelo.
Precisamente en relación a la Oficina Judicial, Lesmes explicó que el diseño que se hizo en el año 2003 “está un poco cojo” porque falta la colegiación “total” de los jueces, además de que hay interpretaciones sobre su papel y funcionamiento que “no son correctas”. De hecho, Lesmes recordó que la Oficina Judicial es una organización instrumental “al servicio de la función de los jueces”, es decir, no se trata de un organismo “separado de la organización judicial, sino al servicio de la función de los jueces”, declaró.
Lesmes, que previamente al acto inaugural de estas jornadas mantuvo una reunión con jueces y magistrados de la provincia de León, se dirigió a los 40 máximos representantes de las Audiencias Provinciales de toda España para ratificarles que existe un modelo de gobierno “bien diseñado” que tiene su cúspide en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del que dependen otros órganos de gobierno que “tienen que ayudar a llevar adelante la administración de justicia”.
Para el presidente del Tribunal Supremo, “todos” los órganos de gobierno tienen la responsabilidad de llevar adelante la administración de justicia y procurar que preste “un buen servicio” a los ciudadanos. Aunque dijo conocer la “responsabilidad” de los presidentes de las Audiencias Provinciales así como la “ocupación, tiempo y servicio” que están dedicando a su función.
Gracias a estos ingredientes, se felicitó porque las Audiencias Provinciales son, dentro del ámbito de la administración de justicia “de lo que mejor funciona” porque tienen unos tiempos de respuesta “muy razonables” y que, en el caso de algunas provincias son “inmejorables” en la resolución de apelaciones, concluyó.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carmen Llombart, también puso de relieve la importancia de la modernización de la justicia, que es algo “imparable”. Llombart insistió en que la justicia “no puede estar nunca olvidada de las nuevas tecnologías” e instó a la adaptación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). “Es imparable que la administración de justicia se modernice con el expediente digital y la informática”, declaró la vocal del CGPJ quien, sin embargo, reconoció que es un proceso “difícil y complicado”.
En ese sentido, recalcó la apuesta “decidida” del CGPJ por el expediente digital y la informática. “Tenemos que transmitirlo, resolver las quejas o dificultades que se produzcan y adaptar comportamientos y hábitos de trabajo” y todo ello en unas estructuras “deficientes” porque puntualizó, como hizo Lesmes, que son las administraciones públicas quienes tienen la obligación de facilitar los medios “para poder ejercer nuestra función en una justicia moderna”.