El juicio que se sigue en León por la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013 en las instalaciones del Pozo Emilio de la Hullera Vasco-Leonesa a causa de una invasión masiva de grisú inició este miércoles la declaración de los testigos peritos, con la comparecencia -entre otros- de varios responsables del Servicio territorial de Minas de la Junta, entre ellos, el ingeniero actuario de la Sección de Minas de la Delegación Territorial de la Junta en León cuando ocurrió el siniestro, Juan José Vidal Lombas, que afirmó sobre el grupo de expertos que se nombró para investigar lo ocurrido y que él abandonó tras la primera visita al lugar: “Había unas ideas predeterminadas que se me transmitieron: a la HVL se le han acabado los créditos. Esto hay que acabarlo”.
Vidal mostró su “total desacuerdo” con las conclusiones y el informe emitido por ese grupo sobre el suceso, al considerar que la investigación partió de una teoría concreta (la caída de una bóveda), cuando no debería haber sido así. También recalcó que a su juicio sí tenía vigencia el proyecto tipo de la explotación minera -aprobado en 1999-. Además, sostuvo la validez del plan de labores de 2013 que fue aprobado en su día, con el acompañamiento de las pertinentes DIS, Disposición Interna de Seguridad.
El actuario, que inició una larga baja médica al día siguiente de participar en una visita técnica de inspección de la zona del accidente, comentó que “había un señor que dirigía el cotarro y no le gustaba el ambiente” y el médico le prescribió “que se apartara” del asunto. “Desde 1998, alguno de los que suscribe el informe fue actuario. ¿No tuvieron tiempo u ocasión de decir que el proyecto no valía y aprobaron los planes de labores? Los que firman el informe tuvieron ocasión desde 1998 a 2008 para decir que no sirve. No lo entiendo”, manifestó.
“Vi que el taller estaba intacto y en la esquina sur, pegando con el muro, había un hueco en el que se veía el techo desnudo de la capa. Las puntalas estaban manchadas de un polvillo. El carbón se había desprendido de allí”, relató sobre esa única visita al lugar de la tragedia, ocurrida en la única mina declarada en aquella época como de tercera categoría (altamente grisuosa) en Castilla y León.
Respecto a los diversos incidentes registrados con anterioridad en el macizo séptimo -el afectado- fue contundente: “Quiero dejar claro que yo no soy el director facultativo de allí” y respecto a la existencia de excesiva bóveda declarada por varios testigos -y el peligro que ello podía conllevar- dijo no ser conocedor de ello. “Tendrá alguien que decidir qué dimensiones tiene ese hueco para tomar decisiones. El hueco es un motivo de preocupación”, afirmó.
Su opinión sobre el accidente es que fue “un fenómeno gasodinámico con un desprendimiento súbito y grande, dentro del post-taller, y no hubo arrastre de carbón porque era muy duro y no podía haber derrabe” y en otro momento matizó: “Nunca vamos a saber lo que pasó ahí dentro. Lo único que sabemos es que salió gas, de forma súbita y en gran cantidad”.
“La mina avisó, pero desde la oficina desde la oficina es difícil oírla”
El ingeniero técnico Miguel Ángel González García, también declaró como perito de la acusación y manifestó que el accidente fue “previsible y evitable” y que la mina “avisó” antes del siniestro.
González, que trabajó en la Vasco hasta el año 2000 cuando se prejubiló, recalcó que los sendos incidentes registrados días y horas antes de la tragedia, que en ambos casos implicaron un abandono temporal de las labores, fueron avisos que se desoyeron. A su entender, el método de explotación utilizado en el taller siniestrado, el sutiraje, no fue el adecuado y se debía haber evitado.
“El día 25 cayó parcialmente la bóveda y nadie entró a poner puntales para sujetar. Aquí se ha creado una bóveda para que cayera y ahora se niega que cayó. El problema es que cuando cae, no tiene que haber grisú. Yo me sentiría como en el corredor de la muerte si me hubieran destinado allí a trabajar”, declaró y recalcó que no sutirar era la forma de controlar la bóveda y de evitar hechos como el ocurrido.
Acerca del siniestro, comentó que “no puede existir un DI (Desprendimiento Instantáneo) en las circunstancias que rodeaban la explotación. No lo puede justificar nadie. Hubiera habido una invasión masiva en toda la explotación. Habría carbón muy menudo en la explotación y eso no existió. ¿Dónde fue el carbón del DI, dónde se metió?”. Sobre ese mismo día lamentó que “técnicos de la Junta como el actuario no se atreviesen a entrar con la Brigada de Salvamento” para tener una noción inmediata de lo sucedido.
En su testimonio, en el que llegó a hablar de “negligencias gravísimas” fue crítico con las labores de control de la marcha de la actividad y del cumplimiento de las medidas de seguridad en la empresa. “Tienes que tener a alguien que sepa qué decisiones tiene que tomar. Los técnicos de una mina tienen que poner todos los medios a su alcance para que la gente trabaje con seguridad. La mina avisa, es un principio general, pero avisa a los que entran, desde la oficina es difícil oírla”, dijo.
“La mina se lleva muy mal desde la oficina”, recalcó antes de insistir en que “los técnicos deben entrar todos los días a la mina. La mina varía diariamente, no mensualmente” y de recordar que las hojas de comunicación dejaron constancia de que los vigilantes atendían más de una zona cuando su presencia debía ser permanente en el área asignada.
También cuestionó el cumplimiento, en la práctica, de las prescripciones impuestas por la Junta a la empresa que sí podían aplicarse en teoría y apeló a la propia responsabilidad de la empresa y los trabajadores más cualificados. “Hay medidas de seguridad se tienen que tomar aunque no estén escritas. Si ves que algo va mal o hay un problema, hay que solucionarlo”, recalcó y respecto al comité de seguridad comentó que cumplía “una función burocrática y poco más”, aseguró. A su juicio, el proyecto de explotación autorizado en 1999 debería haber sido modificado por la compañía y presentado a Minas cuando se decidió cambiar el modo de explotación.
Miguel Ángel González, que ocupó varias categorías laborales durante su trayectoria en la compañía minera, recibió la ovación de los familiares de las víctimas a su llegada la los juzgados de León, donde se desarrolla el juicio, como agradecimiento público a su colaboración desinteresada en el caso.