“Un operativo precario, una prevención y una vigilancia insuficientes, un discurso que insulta la inteligencia y una política forestal alineada con la economía del fuego”. Así define la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica la situación ante lo incendios que asolan en estos días lugares que “no son simples nombres en un mapa”, sino “joyas ecológicas, hogar de especies amenazadas y testigos de siglos de historia natural” al citar entornos como los Aquilianos, el Alto Sil, Omaña o la Montaña Palentina.
“Hoy, esos lugares están calcinados, como muchos otros de la Cordillera Cantábrica y de comarcas como la Valdería o Aliste. Y no por mala suerte, ni por la gastada excusa del ”terrorismo ambiental“, sino porque la Junta de Castilla y León lleva años dejando que nuestros montes se conviertan en un polvorín, mientras ha reducido el presupuesto dedicado a la prevención y a la extinción a la mitad del dedicado hace diez años”, denuncia el conglomerado, que añade que desde los años noventa “la masa forestal ha aumentado cerca del 10%, mientras se ha reducido la superficie quemada en un 50%, gracias a leyes de conservación y gestión científica”.
¿Cuál ha ido la “verdadera chispa”? “Un territorio mal gestionado, sin cortafuegos naturales y sin un plan serio de prevención. Un operativo mal diseñado Lo que la Junta vende como ”el mejor operativo de España“ es, en realidad, un rompecabezas mal armado”, se pregunta y se responde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica para relatar la situación de brigadistas (con “contratos trienales adjudicados a la baja a empresas privadas” para la prevención y “cambios forzosos de destino cada tres años”), agentes y técnicos (“desarrollan funciones de jefes de extinción sin equipos de especialistas para grandes incendios”) y motobombas (“cuentan con una dotación mínima de un conductor y un peón manguero que trabajan de 6 a 12 meses al año exclusivamente en labores de extinción”).
Asimismo, se queja de “prevención insuficiente” con ejemplos como que “no existe una red de caminos prioritarios de cara a la extinción de un posible incendio forestal”, cortafuegos y fajas “sin mantenimiento periódico e insuficientes” hasta el punto de que “en alguna comarca forestal llevan más de una década sin repasarse” o depósitos de agua “escasos y, en muchos casos, inutilizables por la falta de mantenimiento”.
Sobre la vigilancia, el conglomerado la califica como “la gran ausente”, al tiempo que censura que los puestos “están siendo cerrados al ser sustituidos, en algunos casos, por cámaras incapaces de interpretar correctamente el relieve, el tipo de humo o las condiciones meteorológicas, lo que reduce significativamente la eficacia en la detección temprana de incendios”. “El coste de la vigilancia es infinitamente más económico que el de la extinción, creando y manteniendo, a la vez, muchos puestos de trabajo”, añade.
“Los incendios forestales alimentan la economía del fuego”, concluye la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. “Los beneficios los obtienen las grandes empresas del sector forestal que consiguen suculentas contratas, pero que subcontratan los servicios a pequeñas empresas. También ganan las empresas privadas de aeronaves de extinción. Y tras los incendios, viene la restauración y la ”reforestación“ que, de nuevo, reporta beneficios a las grandes corporaciones del sector. En Castilla y León, toda la maquinaria político-administrativa en materia forestal, minimiza las repercusiones de los incendios forestales y alimenta la economía del fuego, lo que constituye uno de los ejemplos más elocuentes, junto con las guerras, de lo que significa malgastar recursos en destruir (en nuestro caso en extinguir la destrucción), para después volver a gastar recursos en reconstruir”, apunta para citar recetas como “vigilancia intensa”, “mantenimiento de suficientes contingentes profesionales públicos”, “establecimiento de incentivos” y “fomento y mejora de las masas forestales autóctonas”.
“Falta de previsión”
La Asociación de Colegios Profesionales de León-ColproLeón pidió este viernes a la clase política que cesen las acusaciones mutuas, que se soliciten más efectivos para combatir los fuegos al Gobierno central y que la Junta diseñe ya un plan coordinado de desbroce y cortafuegos,“ teniendo en cuenta que los incendios se apagan en invierno”.
El colectivo se suma al dolor de las familias de las víctimas mortales de los incendios y se pone a disposición de aquellas localidades, entidades o particulares que lo precisen, para aportar ayuda y medios desde los diversos ámbitos de actuación de sus miembros.
La organización profesional señala que “conoce de primera mano la indignación de los vecinos, el sentimiento de abandono y soledad frente a esta tragedia y el impacto emocional que tendrá el regreso a sus localidades de origen”. Por eso, exige que las ayudas prometidas sean rápidas para que resulten efectivas.
“Quizá se podría reprochar la falta de previsión en los trabajos de prevención, que son necesarios durante todo el año, o la falta de presupuesto destinado a ello, esencial sobre todo en años de tanta lluvia, o la falta de personal. Pero no se trata de eso, sino de solicitar toda la ayuda que sea necesaria al resto del país y al Gobierno central, de coordinar las labores y poner todo el empeño en minimizar los daños”, reprochan desde ColproLeón.