La Junta de Personal Docente de Enseñanza no Universitaria de León, que reúne a todos los sindicatos de la educación en la provincia leonesa, ha aprobado por unanimidad varias resoluciones en las que insta a la colaboración de las administraciones públicas en la mejora de los centros educativos, así como de las condiciones laborales del profesorado, y llama a la Dirección Provincial de Educación a dotar de transparencia al proceso de adjudicación de presupuestos, el dinero con el que dota a los centros.
En un comunicado remitido este viernes ha manifestado su “profunda preocupación” por la situación que presentan algunos centros educativos públicos de la provincia de León, que se enfrentan a “diversas carencias” e “infraestructuras deficientes” que “dificultan el desarrollo adecuado de las actividades educativas; y por la inacción de las distintas administraciones en la solución de las mismas.
“El profesorado y el alumnado necesitan instalaciones dignas, seguras y adecuadamente equipadas para llevar a cabo el proceso educativo de manera efectiva y en condiciones óptimas”, ha asegurado sin dejar pasar por alto que “las distintas administraciones públicas no pueden eludir la responsabilidad que les corresponde en la mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas”.
“No deberían utilizar este tema como un elemento político partidista, situando al alumnado y al profesorado en medio de este fuego cruzado”, según ha apostillado.
En este sentido, ha considerado prioritario abordar progresivamente la sustitución de las cubiertas que contengan amianto (uralita) por suponer un riesgo para la salud en caso de fragmentación o deterioro, así como implementar las medidas de seguridad y accesibilidad que sean precisas.
Asimismo, ha incidido en la importancia de proveer a los centros de los recursos materiales y tecnológicos necesarios, mejorar los espacios exteriores e instalaciones deportivas y realizar auditorías de las condiciones de los centros educativos con el fin de “identificar las necesidades prioritarias, verificar la seguridad de los espacios y planificar las intervenciones de manera eficiente”.
También ha invitado a crear una mesa de trabajo conjunta con representación de todas las partes implicadas (Junta de Castilla y León, Ayuntamientos, Diputación y representantes del personal docente) para coordinar las acciones de mejora y garantizar la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Y todo ello sin olvidar que “hay que promover la asignación de fondos específicos y suficientes en los presupuestos anuales de las distintas administraciones para la financiación de los proyectos demejora de las infraestructuras educativas y fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados. asegurando que los fondos se utilicen de manera efectiva y eficiente en beneficio de toda la comunidad educativa”.