Las multas por conducir sin carné en las carreteras de la Comunidad se redujeron un tercio en los últimos cinco años, pasando de las 1.932 tramitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2013 a la 1.251 tramitadas hasta el pasado 11 de diciembre de 2017. Esta caída es superior a la registrada en el conjunto de España, donde este tipo de infracciones pasó de las más de 35.000 a las 27.231 (-22,2 por ciento), según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado socialista del Congreso de los Diputados Miguel Ángel Heredia.
La principal reducción se registró entre 2014 y 2015, con una caída de casi medio millar de denuncias, mientras que en los últimos tres años la media de multas impuestas en Castilla y León ronda una media anual de 1.270 sanciones.
Conducir sin haber logrado la licencia o bien por hacerlo habiendo agotado todos los puntos del carné es la segunda la segunda causa de los delitos contra la seguridad vial en la Comunidad y aglutina una de cada cuatro imputaciones.
Desde mayo de 2008 esta infracción pasó a ser delito, después de que entrara en vigor el artículo 384 del Código Penal donde se establecen penas prisión de tres a seis meses, o multa de hasta 500 euros, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Hasta entonces, conducir sin licencia sólo implicaba una sanción administrativa.
Eso sí, la legislación precisa que solo considera delito manejar un vehículo cuando se han perdido todos los puntos asignados, cuando el conductor ha sido privado cautelar o definitivamente de la licencia por decisión judicial o cuando nunca se ha obtenido un permiso de conducir. Es decir, ponerse al volante con una licencia de otro país, aunque no esté convalidada en España, no es un delito sino una falta administrativa.
Por provincias, el pasado año Valladolid se situó a la cabeza con 231 denuncias, por delante Burgos (181), Segovia (173), Salamanca (172) y Ávila (142). En el lado opuesto se encuentra Soria (64), Palencia (86), Zamora (97) y León (101).
En 2017, el 67,3 por ciento de las multas que se impusieron a los automovilistas en la Comunidad fueron por circular sin ningún tipo de licencia, el 20,3 por ciento por tener un permiso que no les habilita para llevar el vehículo que conducían y el 12,4 por ciento por portar una licencia extranjera no valida para España. Estos porcentajes varían a nivel nacional, dado que el 24,3 por ciento de las denuncias fueron por licencias extranjeras no homologadas y el 19,8 por ciento por no llevar la licencia correspondiente.
Además, los datos del Ministerio del Interior, que no incluyen Cataluña y País Vasco, donde las competencias sobre Seguridad Vial se encuentran transferidas, colocan a Madrid en primer lugar con un total de 3.939 denuncias. A continuación, aparecen Almería, Murcia, Málaga y Alicante, con 2.245, 2.178, 2.097 y 1.977, respectivamente.
Para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, la principal razón de esta reducción de multas se debe al incremento de acuerdos firmados por España con otros países para la homologación del carné de conducir, y a la mayor información de muchos extranjeros a la hora de renovar y canjear el permiso de conducir.
A su vez, Arnaldo descartó que este incremento de las multas tenga que ver con la reducción de las plantilla de la Guardia Civil de Tráfico en los últimos años, y argumentó que buena parte de las denuncias, aunque son tramitadas también por la DGT, son impuestas por agentes de las policías locales.
Menos efectivos
En el caso de Castilla y León, la reducción de la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha sido de 103 agentes (-7,3 por ciento) entre 2011 y el 1 de enero de 2017, al pasar de 1.411 a 1.308 según fuentes del Congreso. A nivel nacional el retroceso fue del 8,4 por ciento, al caer de 9.673 a 8.852 el número de efectivos .
En porcentaje, los mayores descensos se han producido en Navarra y La Rioja, con un recorte de las plantillas de Tráfico del 16 por ciento en ambos casos. Les siguen Madrid, con una reducción de efectivos del 12 por ciento y Aragón, con un descenso del 11 por ciento.
En Asturias y Baleares el recorte ha sido del diez por ciento, del nueve por ciento en Castilla-La Mancha, del ocho por ciento en la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Las dos autonomías en las que se produjo un menor descenso de plantilla de la Guardia Civil de Tráfico fue Andalucía (-seis por ciento) y Cantabria (-cinco por ciento) -en el listado no entran Cataluña y País Vasco, ya que la vigilancia de las carreteras la tienen asumida sus respectivas policías autonómicas-.