Están a punto de cumplirse cuatro meses de 'bloqueo' del próximo trabajo que tenía programado para la primera mitad de este mes de mayo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en el municipio leonés de Garrafe de Torío, a petición de los familiares de Celestino González, un panadero 'paseado' hace 87 años por la Guardia Civil.
Lo curioso es que ese bloqueo no se ha producido por los permisos que son necesarios en los trabajos arqueológicos para las fosas de la represión franquista por parte de la Junta de Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox. El primero de ellos, por afectar a una carretera de titularidad autonómica, apenas llegó un mes más tarde de solicitarse de manera formal; y el segundo, el que depende la Consejería de Presidencia, para el visto bueno formal para la localización, exhumación e identificación de víctimas, cuando apenas habían transcurrido dos meses.
A continuación, llegó dentro de un “plazo razonable” de menos de tres meses la aprobación también por parte del ayuntamiento afectado en el que se enmarcará el trabajo de exhumación de la fosa, en este caso el de Garrafe, el único de la provincia gobernado por un alcalde de Izquierda Unida, Miguel Flecha. Y eso, matiza el portavoz y vicepresidente de la ARMH, Marco González, que en este caso incluso contaban con un visto bueno verbal muy anterior, por lo que sabían que “por la parte municipal no iba a haber ningún impedimento, al contrario”.
El caso es que esa dilación, que la Asociación no entiende y critica, es responsabilidad del Gobierno central, y más en concreto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente. La zona a excavar se encuentra a menos de 60 metros de la vía férrea de ancho métrico, antigua Feve, motivo por el que la ARMH suele solicitar autorizaciones a la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), como ha hecho siempre y en este caso también con Carreteras.
La organización memorialista explica que la petición original se remitió a todas las instituciones en idénticas fecha, unas el 18 y otras el 19 de enero. Como queda dicho, la Consejería de Movilidad de la Junta, por la proximidad de la carretera León-Collanzo LE-315, llegó el 19 de febrero, y el 21 de marzo, dos meses tras pedírselo, el parabién de la Consejería de Presidencia.
Sin embargo, Adif no ha resuelto aún su trámite y pronto cumplirá cuatro meses. González explica la empresa pública ministerial considera de hecho formalmente comenzado el procedimiento el 1 de marzo, después de requerir una serie de planos y usos del suelo afectado, una dilación y unos trámites que la Asociación no terminan de entender.
Dos escritos oficiales al Gobierno, aún sin respuesta
Por este motivo, la ARMH, que ve que queda sin efecto el calendario previsto para iniciar la búsqueda de los restos de Celestino y cuantas personas pudieran aparecer en la misma finca, se ha visto forzada a apremiar una solución, elevando sendas quejas. La primera se ha interpuesto ante la propia Adif, para que se resuelva el expediente que afecta a esta persona asesinada en octubre de 1937 “por fuerzas fascistas” que tomaron el norte de León tras la caída del llamado Frente Norte que ponía fin a la guerra entre León y Asturias.
Además, como modo de presión al Gobierno central por otro lado, también se ha registrado otro escrito de queja ante la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, instando a que tome cartas en el asunto. ILEÓN ha preguntado a fuentes oficiales de Adif por el motivo de la demora y la previsión de resolución, en el sentido que sea, pero sin obtener respuesta.
Tampoco entiende la situación la familia de Celestino González Bayón, que ha realizado un gran esfuerzo personal de reconstrucción histórica de los violentos hechos que acabaron con su vida, a través de testimonios de primera mano y documentos. Tan violentos como que incluyen detalles tales como obligarle a cavar su propia fosa antes de ser disparado por al menos tres guardias civiles que les dieron el alto tras un 'chivatazo' a él y a su hija cuando regresaron a su pueblo natal de Ruiforco de Torío, intentando rehacer con normalidad su vida al volver de Asturias.