Los leoneses pagarán las pérdidas que la empresa Alsa dice haber acumulado por la pérdida de viajeros durante la pandemia del coronavirus en los autobuses urbanos de la capital leonesa.
Esa pérdida económica, que la compañía cifró en casi 1,1 millones de euros, ha sido asumida por el Ayuntamiento de León al aprobarse hoy en el Pleno, con el apoyo del PSOE en el Gobierno municipal y el PP en la oposición, que se compense a la compañía con una ampliación de dos años y tres meses más del contrato para prestar el servicio privatizado, prestado por la empresa denominada Alesa.
Se trata de un contrato que en realidad vencía justo ahora, lo que de no aprobarse esta prórroga hubiera permitido iniciar los trámites para remunicipalizar este servicio de los buses, con no pocos grupos municipales han manifestado apoyar. Sin embargo, con la decisión adoptada hoy, el contrato actual se mantendrá en idénticas condiciones finalmente hasta marzo de 2024.
La propuesta fue rechazada de plano con los votos en contra de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y contó con la abstención de Ciudadanos y también del concejal del equipo de Gobierno, el concejal tránsfuga ex de Podemos, Nicanor Pastrana.
Por UPL, su portavoz, Eduardo López Sendino, exigió al alcalde socialista José Antonio Diez explicaciones de “por qué va a continuar dos años y tres meses más un servicio malo, precario, con autobuses viejos y líneas y frecuencias malas”, entre otras cosas porque a su juicio se compensa con un plazo excesivo la pérdida acumulada apenas “en tres meses de restricciones” por la pandemia en 2020.
Además, afeó que ni siquiera los técnicos municipales, a los que se encomendó Diez en su breve intervención para justificar el voto afirmativo de su grupo, hayan realizado un informe propio, limitándose a “verificar” los cálculos esgrimidos por Alesa (Alsa) en cuanto a la valoración económica de las pérdidas.
Pastrana, que recordó que la multinacional de la que depende Alsa ganó 1.956 millones de euros, no puso en duda la legalidad del acuerdo de prórroga, y en eso coincidió también con el regidor, pero defendió que “no es justo ni proporcional” tan larga prórroga del contrato privado para este servicio público, sobre todo cuando se mantiene una “dudosa calidad del servicio”. “No debe pagar el Ayuntamiento, todos los leoneses, como tampoco se nos compensa cuando hay beneficios”, remachó.
El teniente de alcalde, el socialista Vicente Canuria, vino a recordar que los informes que justifican la decisión son claros, recordando que se ha denegado la compensación 'en metálico' que Alesa reclamaba. Y el propio alcalde quiso que el interventor, como así hizo, ratificara que había emitido un informe favorable.
Para la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, es “irrenunciable el objetivo” de recuperar el servicio como netamente público, criticó la falta de transparencia en la información que se le traslada a su grupo y consideró “un abuso” por “falta de rigor” la ampliación que finalmente salió adelante para que sirva como compensación económica de unas pérdidas que “hubo seguro, pero no el máximo” de dinero que la compañía esgrime.
Cabe recordar que las restricciones que afectaron al transporte de autobús en León capital por la pandemia, aunque no impuestas por el Ayuntamiento leonés sino a nivel estatal y también por decisiones de la Junta de Castilla y León, supusieron la total suspensión del servicio entre el 13 y el 14 de marzo; la puesta en funcionamiento al 25% desde el día 16 de marzo; la gratuidad total desde hasta el 22 de junio; y el aumento hasta el 55% de los servicios desde el 25 de mayo hasta el 12 de junio, cuando se restableció por completo y con toda normalidad.
Y más para la privatización de Acciona
En el mismo Pleno, esta vez por unanimidad de todos los grupos, también se aprobó ampliar cuatro meses más el contrato privatizado de mantenimiento, conservación y reparación de espacios públicos municipales de León, en manos de la empresa Acciona, que también debía expirar ahora hasta el 11 de marzo del próximo año 2022.
La justificación municipal, en este caso, es dar tiempo a la compañía a ejecutar completamente el plan de arreglo de los alcorques de árboles del municipio, un plan recién aprobado por valor de otros casi 400.000 euros a mayores para la compañía para la renovación de más de 4.500 alcorques.