La Junta pone ahora el foco de los incendios forestales de León en los incendiarios y pide desenmascararlos

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.