La Red de Protección a las Familias atendió desde principios de años a 5.000 niños y a sus familiares con necesidades de alimentación gracias a este mecanismo de detección urgente y atención permanente creado por la Junta con el máximo acuerdo social y político. Una simple llamada al teléfono 012 activa el protocolo que garantiza que en 24 horas cualquier familia con necesidades reciba alimentos a través de Cruz Roja, según informó en un comunicado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Esta herramienta garantiza que en la Comunidad todas las personas “tienen asegurada la alimentación todo el año, todas las comidas al día y todos los miembros del núcleo familiar”. Sin embargo, las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se han reducido un 68,4 por ciento en el último año, al pasar de 114 de mayo de 2014 a las 36 contabilizadas en el quinto mes de 2015. Este dato resulta significativo y positivo, ya que demuestra que, una vez resueltas las necesidades urgentes, “las familias pasan a ser atendidas en el ámbito ordinario de la Red, donde reciben productos de forma periódica y adaptada a sus necesidades”.
Tras esa atención de urgencia, las familias son derivadas a los profesionales de los Servicios Sociales de las corporaciones locales, que son los encargados de elaborar un plan de intervención individual que atienda las necesidades de la familia de forma integral y trate de resolver sus problemas desde la raíz. Entre las vías para que las familias tengan resueltos sus problemas de alimentación se encuentran la red de distribución ordinaria de alimentos o las ayudas de emergencia para la adquisición de alimentos. Durante 2014, el servicio de entrega de alimentos atendió a 26.133 personas y 29.690 castellanos y leoneses se beneficiaron de las ayudas de emergencia social.
No obstante, la Red Centinela de Alerta Infantil, como último eslabón en la cadena de vigilancia (activa todo el año) y mecanismo específico para el caso de menores, intensifica su labor de detección en los meses previos a los periodos vacacionales de los escolares. Durante el mes de mayo, la Red se puso en contacto con los centros educativos para que notificaran cualquier situación que pudiera denotar la existencia de menores con problemas para alimentarse una vez que se cerraran los comedores escolares.
De esta forma los equipos multidisciplinares, formados por trabajadores de Servicios Sociales de las corporaciones locales, de Educación y de Sanidad, han detectado a lo largo de este mes de junio un total de 15 familias de Castilla y León que no estaban siendo atendidas de manera ordinaria por los Servicios Sociales y que requerían apoyo para su alimentación -cinco de Zamora, cuatro de Valladolid, cuatro de León y dos de Burgos-.
Con carácter preventivo, estas familias recibieron alimentos de forma inmediata, en menos de 24 horas, para que el menor y toda su familia pudieran satisfacer sus necesidades alimenticias. A partir de ese momento, pasaron a formar parte de la Red de Protección a las Familias, cuyos profesionales estudian su caso para proporcionar a todo el núcleo familiar una respuesta individual e integral a sus problemas.
El modelo adoptado en Castilla y León es “amplio, integrado y permanente, ya que cubre las necesidades de la familia en su conjunto, dando prioridad a su adecuada y suficiente alimentación”
Modelo avalado por los expertos
La Junta de Castilla y León mantiene el mismo criterio aplicado durante el pasado año, ya que siempre ha defendido que “la atención a las familias debe ser integral, cubriendo todas las necesidades y abordando el problema desde la raíz”.
El modelo elegido por Castilla y León, con la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias, “ha demostrado su eficacia a lo largo de los últimos años”. “No se limita a los periodos vacacionales, sino que es un modelo permanente, que cubre las necesidades de la familia en su propio hogar durante los 365 días del año y garantiza alimentos a lo largo del día”, señaló en un comunicado.
A juicio del Gobierno regional, “abrir los comedores escolares en verano limitaría, además, la alimentación a los días de diario, solo una vez al día y solo a los niños en edad escolar, de 3 a 12 años, dejando sin respuesta global a los menores de otras edades, y al resto de familiares”.
La Junta consideró que esta atención debe aplicarse “con la máxima normalidad en el seno del hogar de la propia familia, entendiendo que el menor no puede verse como alguien aislado e independiente de su familia, sino como un todo”. Además, el Ejecutivo autonómico aseguró que la apertura de los comedores escolares para los niños más vulnerables provocaría, además, “la estigmatización y la discriminación del menor e incluso de sus hermanos y padres y, sobre todo, no solucionaría el problema de la familia”.
El modelo elegido por Castilla y León y su entramado de 23 prestaciones y servicios cuenta con el respaldo de los máximos expertos en inclusión social: Cruz Roja, Cáritas, la Red de Pobreza (EAPN), Unicef y Mensajeros de la Paz. Todos ellos defienden que Castilla y León se ha dotado de un sistema de protección que atiende de forma integral los problemas de las familias.
Además, está avalado y sustentado en los profesionales de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de las corporaciones locales, que conocen en primera instancia el conjunto de necesidades de las familias y son ellos quienes elaboran el plan de intervención individual, siempre según informó el Gobierno regional en un comunicado.
Datos de pobreza
La creación y puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias ha contribuido a que la fractura social derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada recientemente por el INE, Castilla y León es la segunda Comunidad, tras Navarra, con menor tasa de población en carencia material severa (2,6 por ciento), es decir 4,5 puntos mejor que la media del país.
La población en carencia material severa ha descendió en Castilla y León 1,1 puntos desde 2011, mientras que la media de España ha aumentado en 2,6 puntos, hasta situarse en el 7,1 por ciento. El porcentaje de niños que vive en hogares con carencia de material severa también es inferior en Castilla y León que en el conjunto del país: 3,5 frente al 9,5 por ciento de España.
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), según los últimos datos del INE, está más de tres puntos por debajo de la media estatal (Castilla y León, 26,1 por ciento, frente a España, 29,2).
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en su informe EAPN 2015 'El Estado de la Pobreza', apunta además que Castilla y León es una de las comunidades que más ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Hay 42.000 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión social que en 2009, lo que supone un descenso del 1,3 por ciento, mientras que la media nacional ha crecido en ese mismo periodo un 2,6 por ciento.