La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha dado su visto bueno a la declaración ambiental estratégica del “proyecto regional” de energía verde La Robla Green, un complejo que incluye la construcción de plantas de hidrógeno verde y de metanol de origen renovable, así como una instalación de destinada a la quema de biomasa y otra para la captura de dióxido de carbono. El plácet ha quedado este miércoles formalizado a través de una resolución publicada en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).
El proyecto, que se beneficiará de subvenciones comunitarias al estar seleccionado entre los 85 que se repartirán 4.800 millones de euros de ayudas de la Unión Europea a iniciativas innovadoras en materia de energía limpia, está llamado a servir de alternativa económica al entorno de La Robla, que ha visto cerrar y desmantelar su central térmica tras el final de la minería del carbón. La Robla Green, que se desarrollará en el Polígono El Crispín, tiene prevista la creación de en torno a 450 puestos de trabajo.
Ahora la Junta, que ya el pasado mes de junio había tramitado de urgencia la aprobación de esta iniciativa empresarial como “proyecto regional”, da luz verde a la autorización ambiental estratégica. El visto bueno incluye algunas acotaciones: proponer una nueva red de abastecimiento (una para consumo humano y otra de uso industrial), así como un nuevo sistema de depuración y la distribución y conexión de las redes de infraestructuras y servicios necesarias.
El análisis de las diferentes alternativas considera “suficiente” la única conexión del sector con la red viaria a través de la carretera LE-4514, si bien mantiene la previsión de establecer otra conexión por el noroeste con la carretera CL-626 y con Cascantes. El proyecto ya ha generado oposición como la mostrada por el sindicato agrario Asaja, que ha justificado su rechazo en la medida en que implicará la expropiación forzosa de fincas.
Tras las diferentes consultas a administraciones públicas y entidades, la Junta ha resuelto de forma favorable la evaluación ambiental estratégica, si bien matiza que este trámite “no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar” del proyecto regional. Y el visto bueno general está sometido también al cumplimiento de una serie de condiciones vinculadas a reducir el impacto en la biodiversidad y el riesgo de propagación de incendios forestales, procurar la mejor integración paisajística, realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra, entre otras cuestiones.
La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia si, una vez publicada en el Bocyl, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan en el plazo de dos años.