La Junta autoriza a Pascual explotar el agua de Valdejamuz a pesar de la fuerte oposición vecinal y los incendios de 2025
La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a Pascual para explotar agua mineral natural del sondeo ‘Jamuz’, en Quintana y Congosto, y embotellarla bajo la marca ‘Bezoya Jamuz’. La resolución, publicada este jueves en el Bocyl, culmina un proceso iniciado en 2021 y autoriza la primera fase de la planta impulsada por la sociedad Sierra de Lobos S.L.
El proyecto permite extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año, es decir, 500 millones de litros, con un caudal de hasta 40 litros por segundo. En la práctica, supone un consumo diario de unos 1,37 millones de litros, equivalente al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas.
La inversión inicial supera los 21,5 millones de euros y se basa en un sondeo de más de 60 metros de profundidad con varias líneas de embotellado. El plan completo prevé hasta tres fases y podría duplicar la extracción de agua en el futuro, aunque cualquier ampliación queda condicionada a que no haya afecciones sobre el acuífero.
Durante la tramitación, y a preguntas de ILEÓN cuando el proyecto aún estaba en fase administrativa, desde el grupo empresarial responsable de marcas como Leche Pascual señalaban que “hemos iniciado un proyecto de prospección de un manantial en la provincia de León”, subrayando que se trataba de un proceso “sujeto al habitual proceso de la autorización administrativa”. Entonces, la compañía lo definía como “una posibilidad de futuro, de medio o largo plazo”, y aseguraba que “aún no tenemos una posición definitiva tomada”, al encontrarse en fase de estudio.
Fuerte oposición social
La autorización llega tras una tramitación marcada por la contestación social. Se registraron más de 700 alegaciones formales, por parte de asociaciones ecologistas y plataformas vecinales.
Organizaciones como Ecologistas en Acción y Amigos del Valle del Jamuz han alertado del riesgo de “reducción considerable de los recursos hídricos” y de su impacto en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería.
También cuestionan el perímetro de protección del acuífero, que afecta a miles de hectáreas y permitiría limitar usos en fincas privadas, lo que consideran una “hipoteca” sobre el territorio.
Más incertidumbre tras los incendios
El expediente incorpora además un elemento añadido de preocupación: el impacto de los incendios forestales de 2025 sobre el acuífero. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe específico en octubre de este pasado año, en plena tramitación, sobre posibles afecciones en la provincia.
Desde el punto de vista técnico, la Junta respalda el proyecto con informes de la propia Confederación y del Instituto Geológico y Minero de España, que avalan la compatibilidad de esta primera fase con el Plan Hidrológico, aunque con condiciones.
Entre ellas, un seguimiento del acuífero durante al menos un año, controles periódicos de caudal y presión y la obligación de no afectar a abastecimientos ni a zonas sensibles.
Sin evaluación ambiental
El expediente descartó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, aunque impone medidas de control y obliga a realizar un nuevo estudio hidrogeológico tras el primer año para evaluar la evolución del acuífero.
Las críticas, sin embargo, también alcanzan al modelo de negocio. Colectivos opositores advierten de la huella hídrica añadida del agua embotellada, especialmente por la fabricación de envases de plástico.
Pese a todo, la Junta ha dado luz verde al proyecto al considerar acreditada su viabilidad técnica y legal. La planta arranca ahora con límites y vigilancia, pero en un contexto de fuerte controversia social y debate sobre el uso intensivo del agua en el medio rural leonés.