La Fiscalía retoca la malversación en el juicio de Púnica León y mantiene penas por usar dinero público en beneficio personal

El juicio en la Audiencia Nacional la trama Púnica en su pieza separada relacionada con la Diputación de León alcanza su recta final, casi tres meses y medio después, con un importante giro en las peticiones de pena por parte de la Fiscalía para los seis acusados: los tres leoneses vinculados a la institución provincial, uno de ellos anterior presidente, los dos conseguidores de la trama de presunta corrupción y una empleada suya.

El escrito de conclusiones definitivas que el ministerio fiscal desgranará este jueves ante el tribunal que encabeza el juez Francisco Vieira varía tanto que se amplía de los poco más de 25 folios del informe inicial a uno con 63 hojas. Y cuando en 2018 los delitos principales eran la malversación y la falsedad, por la que pedían a los tres leoneses cinco años y seis meses de prisión, ahora el principal peso lo sustenta el delito de falsificación de documento en “concurso” con malversación, con idéntica petición pena.

Esto sucede coincidiendo con la reciente reforma del Código Penal por parte del Gobierno respecto a uno de los principales delitos relacionados con la corrupción, la malversación. Una modificación que conlleva la sensible reducción de las penas sobre todo en el supuesto de desvíos de dinero público cuando éste no se destina a un lucro directo y personal de los acusados.

En su informe final, las fiscales del caso asumen que las pruebas y testimonios de peritos y acusados confirman la sospecha inicial de que la relación entre los tres imputados vinculados a la Diputación de León, su expresidente, Marcos Martínez Barazón, el anterior interventor, Jesús 'Suso' López y un exdiputado provincial y alto cargo a dedo, Pedro Vicente Sánchez, con los conseguidores de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, no se llegaron a materializar hasta el punto de que supusieran importantes beneficios en las campañas de reputación o en diferentes adjudicaciones que se negociaron. Pero sí concluyen que esa era la clara intención de todos ellos, aunque la intervención de la UCO de la Guardia Civil en octubre de 2014, por orden del juez Eloy Velasco, acabara impidiendo que se consumara.

Inhabilitación, posible impacto político

En base a todo ello, suman a la falsificación otro delito de fraude, con otros dos años y 6 meses de prisión más, de modo que los tres encausados leoneses se enfrentan todos a la misma petición de condena por parte del ministerio fiscal: ocho años de cárcel en total y nueve de inhabilitación para cargo público.

En el caso de los tres acusados leoneses, esta inhabilitación sería especialmente relevante, dado que Martínez Barazón y Sánchez siguen siendo alcaldes respectivamente de los ayuntamientos de Cuadros y Puebla de Lillo, y de gran éxito electoral, además de funcionarios públicos, como también lo es López.

Por su parte, tanto para Alejandro de Pedro como para José Antonio Alonso Conesa, la Fiscalía pide ahora siete años de cárcel por los delitos de fraude y falsificación de documento público. Y destacan los cambios en el caso de la sexta imputada, la trabajadora de la empresa de la trama, Eico, Guadalupe Carrascosa, cuya pena se limitaría a un año y diez meses de prisión por falsificación.

Por otro lado, las fiscales obvian uno de los que a buen seguro será argumento de petición absolutoria de las defensas de todos ellos, los que se refieren a las dilaciones indebidas por el mucho tiempo transcurrido en la instrucción judicial del caso.

Por último, reclaman los entre todos los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación de León en la cantidad de 129.649 euros, algo más de los que sumaron las facturas de las empresas de los presuntos conseguidores De Pedro y Alonso Conesa, Eico y Madiva, al considerar a estas sociedades mercantiles como responsables civiles subsidiarias.