El Defensor del Pueblo actúa en León: teléfonos que nadie coge, cita previa excesiva y respuestas municipales “no admisibles”
El Defensor del Pueblo registró en 2025 en la provincia de Leónun total de 278 expedientes de queja, que bajan de forma notable desde el 2024 cuando la cifra ascendió a 316. Son datos del informe anual de la institución constitucional que dirige Ángel Gabilondo y que se han hecho públicos esta semana. En ella se recogen además las acciones concretas que hacen ante las acciones erróneas, o directamente ilegales, de las instituciones, al margen de las que realiza también su hómologo autonómico, el Procurador del Común.
Con esas quejas la provincia de León es la número 28 de España con mayor número de protestas ante el Defensor del Pueblo, que representan el 0,76 % del total nacional de quejas de procedencia nacional. A nivel autonómico es la segunda provincia que más quejas genera (solo por detrás de Valladolid, que registró 443), aportando uno de cada seis expedientes de la autonomía.
Uno de los reproches más duros del Defensor del Pueblo a una institución leonesa se lo lleva el Ayuntamiento de Cacabelos. El asunto de fondo es la falta de respuesta a la petición de una ciudadana de “Solicitud de información sobre costes ambientales y su gestión por parte de la administración”. La ciudadana elevó una queja a la institución tras recibir una pobre respuesta de su petición.
Ángel Gabilondo cree que la justificación del Ayuntamiento para no facilitar los datos “no es admisible”. Recuerda al consistorio que “La petición de la interesada es una petición concreta acerca de los costes ambientales, su gestión por parte de la Administración, y el cálculo de los mismos, con desglose de determinados ejercicios. La respuesta a esta petición no es de cumplimiento imposible por esa Administración municipal”. Por ello le insta a cumplir sus obligaciones legales y “Que se responda a la solicitud de información formulada por la interesada”.
Recomendaciones de atención al ciudadano
Entre las recomendaciones expresas que el Defensor del Pueblo cita en su informe dos afectan de forma directa al Ayuntamiento de Bembibre y otra a la prisión provincial de Villahierro, ubicada en Mansilla de las Mulas, y relacionadas ambas con la atención al ciudadano.
El Defensor insta al Ayuntamiento de Bembibre a que permita el acceso de los ciudadanos al registro municipal sin necesidad de cita previa. Lo hace en respuesta a una queja de un ciudadano que denunciaba la necesidad de cita previa para el mero registro de un documento en el consistorio berciano. “De acuerdo con los razonamientos expuestos, y una vez analizada la información recibida, se advierte que ese ayuntamiento requiere por lo general de una cita previa para poder registrar un documento en el registro de entrada de la corporación, lo que, como se señaló anteriormente, compromete el normal acceso a dicho servicio”, reprocha el Defensor. Por ello defiende que “ha de quedar salvaguardado, en todo caso, el derecho al ciudadano a registrar sus escritos y documentos sin la exigencia de la cita previa, que podría suponer una demora en el registro del documento de varios días”.
Si bien la entidad de defensa de los ciudadanos “entiende que el sistema de cita previa puede constituir un sistema adecuado y compatible con el cumplimiento del principio de servicio efectivo al ciudadano”, cree que si es “un requisito adicional no previsto en la ley que impida el acceso a la Administración en términos de razonabilidad, en cuyo caso dicho sistema sí merece la consideración de irregular”.
Además, recalca, “la Administración pública ha de velar por que en las oficinas de asistencia en materia de registros se proporcione directamente al ciudadano información general permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía que sean de su competencia”.
Nadie coge el teléfono en la cárcel de Mansilla de las Mulas
También pide a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior que en la prisión provincial, ubicada en Mansilla de las Mulas, se “adopten las medidas oportunas para que se proceda a regular la atención telefónica a los ciudadanos a través de las centralitas de los servicios telefónicos de las instalaciones penitenciarias que gestiona, unificando los servicios a los que los ciudadanos pueden acceder por esta vía”. El Defensor pide “Que se constate el correcto funcionamiento y operatividad de las centralitas telefónicas en servicio como garantía de la correcta prestación del servicio”.
En este caso la recomendación se adopta tras un escrito recibido por un familiar de una persona que está privada de libertad en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas en León y que denunciaba que nadie cogía el teléfono en un servicio concreto de la cárcel.
“Llevo más de dos meses intentando ponerme en contacto telefónico con el departamento de peculio de dicha prisión. Es totalmente imposible. Al llamar al teléfono de la prisión el contestador te da varias opciones para hablar con los distintos departamentos. He comprobado que en cada una de las opciones atienden las llamadas a excepción del departamento de peculio”. Relataba para denunciar que al ser un asunto que afecta a la economía de quienes cumplen condena. El Defensor del Pueblo hizo la prueba y comprobó que, efectivamente, nadie cogía el teléfono en ese departamento.
Por ello pide que se verifique la atención telefónica de la cárcel de Mansilla y que al menos se determine un horario de atención al ciudadano en cada uno de ellos.
Sugerencias
El Defensor del Pueblo ha emitido varias sugerencias de actuación a distintas instituciones leonesas como la Diputación de León, el Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño o el de Ponferrada.
A la Diputación de León Ángel Gabilondo le reprocha dos actuaciones. Una está relacionada con no haber respondido a un ciudadano al que se le giró la correspondiente factura por una intevención de los bomberos provinciales, Sepeis, y que había presentado una reclamación del importe. Entiende la institución que la Diputación de León, al margen de aplicar la tasa, tiene la obligación de responder al ciudadano y le insta a que lo haga, sin indicar los términos sobre el fondo del asunto que competen a la institución provincial.
El otro 'pescozón' a la Diputación de León es relativo al mal estado de algunas carreteras y cómo actuaba, al menos hasta ahora la institución provincial. Un ciudadano reclamó el arreglo de la carretera LE-7311 en la Cabrera, entre Corporales y Odollo, en muy mal estado. La Diputación contestó al Defensor con el plan previsto de arreglos pero citando la controversia sobre la expropiación de terrenos como hándicap para llevarla a cabo, que se habían encargado a un ayuntamiento que consideraba que no tenía competencia para hacerlo. La institución nacional señala que “dicho conflicto negativo de competencia por cuanto se refiere al ejercicio de la potestad expropiatoria no se compadece con los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, lealtad institucional, cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas que deben presidir la actuación administrativa”.
Por ello pedía que se hagan las obras y que además la “Diputación de León obtenga por sus propios medios, técnicos y económicos, los terrenos precisos para ejecutar las obras”. La realización de las obras fue algo aceptado por la Diputación pero la segunda sugerencia consta como 'rechazada' pero la institución provincial anunció a finales del año pasado que pondría en marcha una oficina de expropiaciones propia para evitar estos problemas, con lo que así cumpliría totalmente con la sugerencia del Defensor del Pueblo pese a haberla rechazada en un inicio.
En el caso del Ayuntamiento de Ponferrada el Defensor del Pueblo le insta a devolver a un ciudadano la liquidación, y posterior embargo, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El ciudadano interpuso un recurso de reposición que el Ayuntamiento de Ponferrada no respondió en el plazo potestativo de un mes, por lo que se produjo el embargo. Atendiendo a la jurisprudencia Gabilondo entiende que procede a la devolución del importe embargado y “se reponga el procedimiento a la fase de pago en voluntaria posterior a la resolución del recurso de reposición”.
Al Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño el Defensor del Pueblo le instó a hacer cumplir una denuncia por el mal estado de un inmueble, que el propio ayuntamiento ya detectó en el 2020 pero que nunca se ejecutó. La institución señala que pese “a la contundencia con la que los servicios técnicos municipales describen el deficiente estado en el que se encuentra el inmueble y del evidente incumplimiento de la orden de ejecución, no consta que ese ayuntamiento haya adoptado medidas de ejecución forzosa”. Por ello le insiste en que conteste a las peticiones del ciudadano y a ejecutar forzosamente la conservación del inmueble, y consiguientemente, pasar los gastos al titular del edificio que no ha llevado a cabo sus obligaciones tal y como recoge la Ley.
En el 2025 el Defensor del Pueblo visitó hasta tres veces la Comisaría de León dentro de sus actuaciones dentro del Mecanismo Nacional de Prevención que supervisa los lugares de privación de libertad en España, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Durante la última visita se examinaron las instalaciones y la documentación, además de mantene entrevistas con las personas detenidas y responsables de la Comisaría.
Entre algunas de las sugerencis o deficiencias detectadas están que no todos los agentes portaban la identificación obligatoria, que algunos agentes de custodia accedían a la zona de calabozos con armas de fuego, así como deficiencias de las instalaciones como azulejos rotos, falta de sistema sonoro de llamada, ausencia de climatización, colchones rotos o que el sistema de videovigilancia no cubre la totalidad del espacio de todas las celdas y no cuenta con un sistema de audio.
Además de las quejas ordinarias, la provincia registró 1 solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional en 2025 (frente a ninguna en 2024). En el listado de entidades no colaboradoras con el Defensor del Pueblo, es decir aquellas que obvian sus reclamaciones de información o respuesta, no figura ninguna institución de la provincia leonesa en el año 2025.