El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, abogó hoy por “imponer multas” a las administraciones que incumplan las resoluciones de la Comisión de Transparencia para que así “ejecuten de modo forzoso” los dictámenes emitidos por este órgano colegiado adscrito a la institución propia. No en vano, Amoedo aprovechó su comparecencia en las Cortes para presentar la primera memoria del Comisionado de Transparencia, correspondiente a 2016, para denunciar la falta de colaboración de muchas administraciones a la hora de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.
Pese a reconocer la falta de medios humanos y materiales del Comisionado, al no contar con más personal que el propio del Procurador del Común, Javier Amoedo planteó mejoras en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León como dotar de medios jurídicos al órgano para forzar a las administraciones la ejecución de las resoluciones.
Además de tomar notas de algunas de las consideraciones de los grupos políticos presentes en la comisión, Amoedo “les devolvió la pelota” al apuntar que las formaciones tienen muchas “posibilidades” para que las administraciones respeten y cumplan con las peticiones del Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia. No en vano, recordó que “son ustedes” -en referencia a los partidos- los que gobiernan los ayuntamientos y las diputaciones.
La memoria anual del Comisionado de la Transparencia recoge la falta de colaboración de las diferentes administraciones a la hora de devolver los cuestionarios enviados para conocer el grado de cumplimiento en materia de transparencia y participación ciudadana. De una muestra de 104 cuestionarios, solo 63 contestaron. No enviaron ese documento a tiempo, por ejemplo, las diputaciones de Ávila y Burgos o los ayuntamientos de Salamanca y Zamora, además de la Universidad de León (ULE). “Sería bueno contar con una mayor participación de las administraciones e instituciones para conocer los grados de cumplimiento con la transparencia”, precisó.
Amoedo explicó que, a diferencia de lo que ocurre con el Procurador del Común que tiene la posibilidad de acudir a la Fiscalía ante una administración que no facilita la información solicitada, el Comisionado pueda dictar una resolución “ejecutiva” sin haber recibir una respuesta. Y esa resolución solo puede ser recurrida en el Contencioso Administrativo.
El Procurador del Común constató que la Ley de Transparencia tiene sus “deficiencias” y es “fácilmente mejorable”. Entre otras cosas, porque los miembros de la Comisión no tienen una retribución extra a la de su labor en la institución propia, que -recordó- resuelve unas 3.000 reclamaciones anuales.
En todo caso, aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que cumplirán con su función de “proteger” y “defender” al ciudadano cuando entienda que su derecho a la información se ha podido ver vulnerado por las 5.000 instituciones, entre administraciones públicas (ayuntamientos y diputaciones) y otras entidades (universidades, colegios profesionales y cámaras de comercio).
En cuanto a la memoria, la Comisión de Transparencia recibió en su primer año de funcionamiento un total de 102 reclamaciones frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas a administraciones y otras entidades de la Comunidad. De ellas, más del 70 por ciento se presentó frente a las ausencias de respuesta a peticiones de información.
El documento también pone de manifiesto que la administración local fue la que recibió la mayor parte de las reclamaciones, en concreto un 72 por ciento, frente al 14 por ciento de las que se interpusieron frente a la actuación de la administración autonómica. En ese sentido, calificó de “positivo” el balance del órgano en su primer año de funcionamiento al subrayar que los inicios tienen sus “dificultades”.
Más reclamaciones en 2017
Además, aprovechó para adelantar los datos correspondientes al año 2017. En lo que va de año, la Comisión de Transparencia ha recibido 34 reclamaciones más que en todo 2016, lo que supone un “notable” incremento de la actividad, en concreto un 33 por ciento.
El informe concluye que existe un cumplimiento elevado por parte de las administraciones y entidades afectadas, si bien es excepcional el cumplimiento íntegro, en especial en relación con las características de claridad, accesibilidad, actualización, reutilización y adecuación para personas con discapacidad, que debe reunir la información publicada.
Javier Amoedo mencionó en su comparecencia las “dificultades” de las entidades locales para cumplir “mínimamente” con sus obligaciones de publicidad ante la falta de una estructura tecnológica.
En cuanto al acceso a la información, se observa que todavía es reducido el número de solicitudes de acceso a la información pública que se presentan y tramitan como tales, si bien este dato puede deberse a que no todos los supuestos en los que un ciudadano se dirige a una administración en solicitud de información se computan como tales solicitudes ni dan lugar a la aplicación de la normativa de transparencia. Eso sí, Amoedo afirmó que cuando las peticiones se encauzan debidamente hacia el procedimiento de ejercicio de este derecho, en la mayoría de los casos se acaba proporcionando la información pedida.
Reforma de la ley
Los grupos de la oposición coincidieron en demandar más medios y recursos para cumplir con la Ley de Transparencia. El Partido Socialista fue el más duro cuando el procurador Jesús Guerrero sentenció que es “imposible físicamente” e “inviable” cumplir con el encargo de supervisar más de 5.000 organismos. Recordó que el Partido Socialista votó en contra de la ley y ya advirtió al PP de las limitaciones de la norma. Aprovechó su intervención para reclamar una reforma de la ley y precisó que “de no ser así se interpretaría que hacen normas de cara a la galería”.
Además, Guerrero cargó contra la falta de colaboración de las instituciones -“de todos los colores políticos”- a las que solicitó colaboración para responder al cuestionario. “Es un auténtico escándalo con los tiempos que corren y con las demandas de los ciudadanos para que exista más transparencia”, apuntó. También, demandó “medidas cohercitivas” para obligar a las administraciones a cumplir con los dictámenes del Comisionado de Transparencia.
Por su parte, el procurador de Podemos Ricardo López valoró el trabajo del Comisionado porque es clave garantizar a la ciudadanía el derecho a la información para “dignificar” la democracia y estar a la altura de los castellanos y leoneses. También denunció la falta de medios personales y materiales. Por último, abogó por publicitar en los medios de comunicación y las redes sociales esta ley para que la gente conozca la posibilidad de reclamar ante las administraciones e instituciones.
El representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en la comisión José Ignacio Delgado aprovechó su intervención para recordar las carencias de los pequeños ayuntamientos que no cuentan con las infraestructuras necesarias para dar respuesta a sus vecinos y demandar una reforam de las administraciones públicas. También denunció la poca transparencia de algunos colegios profesionales.
Ángel Ibáñez, del Partido Popular, recomendó publicitar más el trabajo del Comisionado en medios locales para que los ciudadanos acudan a reclamar por sus derechos. También recordó que algunos de los ayuntamientos y diputaciones que no enviaron el cuestionario a tiempo fue por un “olvido formal” de un funcionario (caso del Consistorio de Salamanca o la Diputación de Ávila).