La provincia de León tiene unos 6.500 trabajadores públicos en la administración local y aproximadamente la mitad son trabajadores interinos en situación de ilegalidad, unos 3.000, en muchos casos desde hace décadas. Una Ley estatal obliga a que los procesos de estabilización de esos puestos, para regularizarlos, queden resueltos antes de final de año, con fecha tope el 31 de diciembre del presente 2024, pero la realidad es que solo algunos de los Ayuntamientos más pequeños lo cumplen a día de hoy, que suponen en torno al 20% del total de las plazas. El resto, cientos, están en el aire y a la espera de los acontecimientos.
Según ha podido conocer este medio por el sindicato de los funcionarios, CSIF, y el sindicato mayoritario CCOO, en torno al 95% de los procesos sí que se han iniciado pero están por concluir, y hay solo una administración local que ni siquiera los ha empezado, se trata del tercer Ayuntamiento en número de población de la provincia, San Andrés del Rabanedo.
El tejido de las administraciones públicas deberían conformarlo los trabajadores públicos, conocidos como funcionarios. Personas que han pasado una oposición pública, en concurrencia competitiva con otras personas, y que en función de unos méritos obtienen una plaza. La interinidad sortea ese proceso selectivo.
Las administraciones públicas pueden recurrir a la contratación de interinos para suplir puestos que por cirscunstancias sobrevenidas se han quedado vacantes de manera temporal, como excedencias o bajas, y que en ningún caso deberían sobrepasar el espacio temporal de 3 años. No obstante, Ayuntamientos, Diputación y Junta han venido abusando de esta práctica y llevan años contratando personal interino en vez de sacar a concurso público las plazas, hasta el punto de que algunos de esos trabajadores llevan desempeñando sus funciones más de veinte años.
Tan elevada es la tasa de interinidad en las administraciones públicas, no solo en la provincia de León, sino en toda España, que el Gobierno legisló para ponerle coto. La Ley 20/2021 obliga a las administraciones públicas a estabilizar esas plazas, acordando o no con los sindicatos las bases para hacerlo, antes de que termine este año. Y los sindicatos reconocen a ILEÓN que “en muchos sitios no vamos a llegar”.
A dos meses de que el plazo expire, la gran duda es qué pasará con los miles de puestos que están en el aire en la provincia de León. CSIF adelanta que “denunciará” a los incumplidores y CCOO teme que esos puestos decaigan, desaparezcan. Nadie se atreve a asegurar si habrá una nueva prórroga para llegar, si se 'perdonará' a los procesos ya iniciados y en qué situación quedan los que siquiera se han empezado, como es el caso de los 101 trabajadores de San Andrés.
Abuso de la interinidad y retraso en la estabilización
Los Ayuntamientos pequeños, de menos de 10 trabajadores, “el 98% eran interinos”, explican desde CSIF. Y la mayoría de ellos, que suponen un 22-23% del total de plazas a estabilizar, ya están regularizadas. El 95% de los procesos de estabilización de toda la provincia están en marcha, con sus bases aprobadas y publicadas, sus tribunales y sus cauces legales, atendiendo alegaciones y recursos.
La Diputación de León tiene un 13% de personal interino, que supone un total de 210 personas, a estabilizar en 66 procesos ya en marcha. Y los tres principales Ayuntamientos de la provincia tienen situaciones dispares.
El Ayuntamiento de León tiene una tasa de interinidad del 50%. Lo que es lo mismo, la mitad de sus trabajadores son funcionarios y la otra mitad no, en total 460 personas. “Es el Ayuntamiento con la tasa de interinidad más alta de Castilla y León”, aseguran desde CSIF. Para regularizarlos a todos, ha puesto en marcha 118 procesos, que algunos están concluidos pero otros todavía están pendientes de que se forme tribunal, se resuelvan o se solventen las alegaciones, que pueden llegar incluso a los tribunales. “Estos procesos pueden ser engorrosos y alargarse en el tiempo”, subrayan desde CCOO.
El Ayuntamiento de Ponferrada tiene un 15% de sus trabajadores en situación de interinidad y en proceso de estabilización y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que tiene un 43% de interinidad, es la única administración que ni siquiera ha empezado el procedimiento para los 101 trabajadores afectados. “Astorga va lento también, muy lento, preocupa”.
Tanto CCOO como CSIF reclaman a las administraciones públicas que prioricen y agilicen los trámites para intentar llegar en plazo porque, de lo contrario, no saben qué puede suceder. CSIF advierte de que “denunciará” los incumplimientos “y pediremos las responsabilidades que procedan” y CCOO barrunta que se puedan llegar a 'amortizar' esas plazas, los puestos desaparezcan y haya que despedir a esos trabajadores.
“Cuanto más tiempo pasa, peor”, porque más cerca está el 31 de diciembre y el tope legal para convertir en legales los puestos de miles de peones, administrativos, técnicos y personal laboral de todo tipo que llevan, en algunos casos, hasta 20 y 30 años como trabajadores interinos en la administración pública. “Hemos estado asesorando y ayudando para que se llevaran a efecto las estabilizaciones y no podemos permitir que se incumpla la Ley”, zanjan los sindicatos.
La situación de la provincia de León en comparación con otras de la Comunidad es similar, todas van con retraso. En cambio, León ciudad sí que va peor que otras capitales de provincia, quizá porque su tasa de interinidad es la más elevada de toda Castilla y León.
Sin empezar en San Andrés
La semana pasada, CCOO denunciaba públicamente el “bloqueo” del proceso de estabilización de los 101 trabajadores municipales interinos en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, del que culpaba directamente al equipo de Gobierno de la UPL. El próximo 31 de diciembre termina el plazo para culminar el proceso, “pero aún no se ha producido ningún avance” en el tercer municipio de la provincia, “lo que genera serias dudas de que pueda llevarse a cabo en los plazos marcados”, a pesar de su mano tendida para ayudar.
El anterior equipo de Gobierno del PSOE había alcanzado un acuerdo con los sindicatos pero que no se llegó a aprobar de manera formal. Tras las elecciones municipales de mayo del 2023, UPL asumió el mando en solitario y en minoría en el Ayuntamiento. Propuso unas bases que fueron denunciadas ante la delegación del Gobierno por posibles “ilegalidades” y el proceso se paralizó. CCOO aseguró en un comunicado que ofreció al Consistorio asesoría jurídica y una propuesta para seguir con la estabilización pero que UPL nunca les respondió.
Ahora, los sindicatos manifiestan no saber qué va a pasar. “Nadie lo sabe porque es un proceso nuevo que nunca se había hecho”, pero las expectativas no son nada halagüeñas y amenazan con empeorar la situación ya de por sí complicada del tercer Consistorio de la provincia.
Tanto CSIF como CCOO coinciden en exigir “que se cumpla con la Ley”, mientras siguen pendientes de los procesos y cualquier novedad que pueda producirse en los dos meses que quedan por delante. La normativa es clara, las administraciones públicas tenían que adoptar medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, la de San Andrés está en el 43 y quedan dos meses para que se agote el plazo para cumplirlo, con el proceso sin empezar.