La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) modifica varios artículos en la redacción del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2022-2027, de forma que se permitirá la plantación de chopos en las riberas de la demarcación, con lo que se pone fin a la problemática suscitada por la aplicación de restricciones sobre cultivos arbóreos en el dominio público hidráulico en el primer trimestre de 2019.
La Junta informó hoy en un comunicado que el pasado 31 de marzo, con carácter previo a la reunión del Comité de Autoridades Competentes de la Cuenca del Duero, y después de “un largo” proceso de negociación“, el Ejecutivo autonómico y la CHD acordaron incorporar la petición aprobada en las Cortes, y reclamada durante dos años por organismos y organizaciones, en el borrador del Plan Hidrológico.
El cambio más relevante para las plantaciones de chopo se aplica en el artículo 30.2.b), cuya redacción será: “Se autorizarán las plantaciones de cultivos arbóreos en el dominio público hidráulico respetándose el cauce de aguas bajas, las zonas de gran actividad hidráulica (depósitos de sedimentos desnudos e inertes) y las ocupadas por vegetación natural de ribera. Para ello, se debe salvaguardar un espacio de cinco metros medido desde la vegetación de ribera si existiera o desde el cauce de aguas bajas si no fuera así. Esto también será de aplicación para los brazos secundarios existentes”.
Este jueves, la Junta, los municipios ribereños, los propietarios forestales y la industria celebran el cambio de postura de la Confederación del Duero en relación con las plantaciones de chopo, de forma que la CHD se alinea con las confederaciones del Ebro y del Miño-Sil. Para lograr el cambio de posición, indicó el Ejecutivo, se constituyó en septiembre de 2021 la Plataforma +Chopo Sí, formada las organizaciones COSE, FACYLE y AEFCOM, y el 6 de octubre de 2021 las Cortes aprobaron por unanimidad una proposición no de Ley, cuyo texto se acepta por parte del CHD.
Más de 5.000 hectáreas de plantaciones
Asimismo, el Gobierno autonómico señaló que la prohibición sobre la plantación de chopos afectaría a más de 5.000 hectáreas de superficie ribereña en el medio rural de Castilla y León. Con ello, recordó, se habría eliminado el 12 por ciento de la superficie de choperas, unas 15.000 parcelas, lo que generaría pérdidas superiores a 23 millones de euros anuales, así como la destrucción “progresiva” de empleo, unos 1.300 puestos de trabajo, de los que 430 están en el medio rural, y la “drástica” reducción del presupuesto de los ayuntamientos y entidades locales afectados, con una media del 60 por ciento. Además, se habría acabado con un sumidero de dióxido de carbono (CO2), que contribuye además a la laminación de avenidas y a la mejora de la calidad del agua.
La Junta defendió que el chopo es un “cultivo perfectamente adaptado a los episodios de inundación y con un impacto positivo en los mismos”, tal y como reconoce, a su juicio, el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus publicaciones.
León, la que más chopos planta
Castilla y León, indicó el Ejecutivo, es la mayor autonomía en superficie de choperas de la Unión Europea, ya que alberga 44.260 hectáreas, el 70 por ciento del total nacional. De ellas, el 94 por ciento se ubica en la cuenca del Duero. Por provincias, destaca León con 19.385 hectáreas (44%), Zamora con 6.609 hectáreas (15%) y Palencia con 6.409 hectáreas (14%).
En conjunto, producen anualmente 400.000 metros cúbicos de madera, que suponen el 20 por ciento de total de madera producida en la Comunidad y el 50 por ciento de su valor total. La cadena de valor genera más de 10.000 empleos, un 30 por ciento en el medio rural y absorbe anualmente más de un millón de toneladas de CO2.