Los casos confirmados de acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad han pasado de ocho entre septiembre y enero del curso pasado a los 14 en ese mismo periodo de este año. Un incremento que casi duplica las cifras y que el consejero de Educación, Fernando Rey, achacó hoy a la existencia de “cifras negras e invisibles” puesto que hay muchos casos que la comunidad educativa no detecta. “Nos incomoda reconocer que haya más casos pero es un criterio de oportunidad porque queremos saber la realidad para adoptar medidas más incisivas y estamos convencidos que hay más acoso que lo que verdaderamente se denuncia”, aseveró tras presidir la reunión del Observatorio de Castilla y León, en la sección de convivencia escolar.
El encuentro, que tuvo lugar esta mañana en la sede de la Consejería en Valladolid, sirvió para que los asistentes conocieran los últimos datos correspondientes al curso 2014-2015 cuando se detectaron 227 casos de posible acoso ('bullying'), de los que 31 fueron confirmados y comunicados. De este total, nueve correspondieron a centros de la provincia de Valladolid, seguido de los ocho de Salamanca y los cinco de Burgos. En cambio, solo hubo un caso en León, Palencia y Soria y ninguno en Ávila. En lo que va de curso, hubo 144 casos denunciados de los que, finalmente, 14 fueron probados.
En el caso de la provincia de León en el curso 2014-15 se registraron hasta 30 casos de posible acoso en centros escolares, aunque sólo se confirmó y comunicó uno de ellos. El porcentaje de alumnos implicados en algún tipo de incidencia fue del 2,74%.
Rey abogó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, por “cambiar la mentalidad” de la Administración que no puede “minimizar” los datos del acoso escolar, al igual que ocurrió hace años con los episodios de la violencia de género y era habitual oír comentarios de que 'los trapos sucios se lavan en casa'. En ese sentido, se mostró partidario de conocer para próximos cursos la tipología de los casos para poder actuar mejor.
El actual informe no desagrega los datos por género, tipo de violencia -homofóbica, transfóbica, xenofobia, timidez extrema y apariencia física-, diferencias entre el medio urbano y rural o entre centros públicos y concertados. También lamentó que algunos centros tiendan a minimizar este tipo de conductas por temor a perder prestigio, más aún en un momento en que buscan captar al mayor número de alumnos. Eso sí, destacó que la tónica es que los claustros actúen con rapidez al detectar casos de 'bullying' y adoptar medidas de prevención porque cada episodio importa al tener un “efecto trágico” en la víctima. Sentenció que la administración “no puede bajar la guardia”.
Incidencias con el profesor
El documento no solo recoge el acoso e intimidación entre alumnos sino también las incidencias en la relación directa entre el alumnado y el profesorado que el curso anterior ascendieron a 617 frente a las 752 del 2013-2014. Aquí están incluidas las agresiones verbales y/o físicas así como las conductas intolerables.
Tampoco aquí hay datos sobre los casos protagonizados entre docentes y padres de estudiantes aunque el secretario de la sección de Convivencia Escolar de la Consejería, José Ignacio Recio, apuntó que este tipo de agresiones había descendido este curso. Una situación que, a su juicio, puede estar relacionada con la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado que busca fomentar la consideración y el respeto que merecen los docentes.
El mayor número de incidencias del alumnado en casos de 'bullying' se produce en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que la Consejería considera necesaria una mayor intervención en esta etapa. En concreto, casi cinco de cada diez alumnos con incidencias se escolarizan en primero y segundo de ESO. Incluso, esa horquilla se amplía desde quinto de Primaria a segundo de Secundaria. La Junta solo ha detectado uno o dos casos de “extrema gravedad” que requirió la ayuda jurídica que estuvieron relacionados por una agresión violenta más que por el acoso.
Coordinar actuaciones
El consejero apostó por la implicación de toda la comunidad educativa mediante la coordinación de actuaciones, sin olvidar que el acoso es un problema social que va más allá de las propias aulas. No en vano, manifestó que algunos niños agresores pueden tener problemas psicológicos o reciban una educación deficiente en sus hogares para posteriormente comentar que los casos cero de violencia son imposible.
Además, recordó que no toda conducta de violencia se puede considera acoso puesto que el 'bullying' es el grado mayor entre iguales, debe darse de forma continuada en el tiempo y estar probada la conducta de superioridad por parte del agresor. Los expertos también han detectado un “fuerte incremento” de la preocupación por los problemas derivados del uso inadecuado de las redes sociales.
En todo caso, Fernando Rey recordó que los 227 casos de acoso investigados solo suponen el 0,08 por ciento en relación a la población escolar en la Comunidad que ronda los 350.000 alumnos. “Los padres pueden estar tranquilos porque las escuelas y los institutos de la región son seguros”, aseveró. En parte, por el sistema de prevención y protección que funciona en Castilla y León, con la creación de la figura del coordinador de convivencia, y que es pionero en España.
Respeto en las aulas
El consejero de Educación aseguró que la clave es pasar de un enfoque represivo a uno proactivo que ponga el énfasis en el respeto, la fraternidad y la amistad en las aulas. “Hay que educar más y mejor para erradicar los espacios de violencia para pasar del 'bullying' al 'feeling'”, rubricó.
Por su parte, el director general de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega, hizo hincapié en el paquete de medidas que incluyen 24 actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia como el Plan antiacoso y para el fomento del buen trato entre el alumnado. Todo ello gracias al programa denominado 'PAR' (Parar el acoso, Ayudar a la víctima y Reeducar al agresor) que será específico contra el acoso y la intimidación entre iguales.
También consideró necesario continuar con la formación de todos los sectores de la comunidad educativa, la actualización de recursos y la red de buenas prácticas. Una formación de la que precisó también debe estar dirigida al alumnado con el ánimo de implementar las medidas de ayuda entre los propios chicos. “Hay que trabajar con los observadores que presencian los acosos en colegios e institutos para reducir los pactos de silencio”, añadió.