La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) propuso este miércoles cerrar los cuarteles rurales de la Guardia Civil en la provincia de León y hacer más grandes los comarcales, para mejorar la atención a los ciudadanos. En una rueda de prensa conjunta con CSIF, denunciaron la falta de personal, medios y operatividad del servicio tal y como está planteado en la actualidad y exigieron al Gobierno central que suba el sueldo a los funcionarios y aumente las plantillas.
“Habría que hacer un estudio sobre los kilómetros a recorrer, la población existente y el ámbito delincuencia”, manifestó el secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, que estuvo acompañado por el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF), Benjamín Castro, para informar sobre el acuerdo de colaboración suscrito con el sindicato.
De cara a la reordenación de los efectivos, planteó cerrar los cuarteles rurales “fantasma”, y crear grandes grupos operativos en cabeceras de comarca con “agentes suficientes” para “sacar patrullas las 24 horas” y ser “más efectivos”. “No es que no queramos estar en los pueblos, es que no son cuarteles operativos”, aseveró, llegando a decir que “hay cuarteles en los que se iza la bandera y se coge el teléfono y nada más”, por lo que los tiempos de espera en algunas actuaciones llega a 1 hora.
Ese tiempo entre que se recibe un aviso y se llega a atenderlo sería, en su opinión, “mucho menor” si se concentraran los recursos en los cuarteles de referencia de territorios más amplios. Adelantándose a las posibles críticas, desde la asociación profesional se apostilló que aunque en un principio la gente pueda ser “reticente” a esta medida, “hay que explicar que los cuarteles que tienen muchos pueblos no valen, y hay incluso algunos que hasta están declarados en ruina”.
En toda Castilla y León hay 260 cuarteles de la Guardia Civil, siendo León la provincia que más agentes tiene destinados “mayoritariamente desempeñando labores administrativas”. “Necesitamos más plantilla y adaptarnos a los nuevos retos de delincuencia porque actualmente tenemos catálogos de puestos de hace 20 años”, zanjó.
Denuncian un 15% de pérdida de poder adquisitivo desde 2010
La convocatoria sirvió para denunciar la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que ha sufrido el cuerpo y que según sus cálculos llegaría al 15%, afeando al Gobierno central que con la última subida salarial “no se cubre ni la pérdida de poder adquisitivo del último año”.
Al mismo tiempo, reclamaron “unidad” en todo el territorio nacional “en salario, derechos y obligaciones”, ya que “entre Comunidades Autónomas llega a haber 600 y 700 euros de diferencia en las nóminas con otros policías autonómicos”.
Por último, reclamaron que de los 7.676 guardias civiles en activo que cubren el 90% de la superficie de Castilla y León “faltan 713 vacantes que están sin cubrir” y estimó que se necesitarían sumar otros 1.200 “para poder dar seguridad a la Comunidad Autónoma”. Además afeó que los nuevos efectivos “llegan en invierno solo con una puesta de ropa” y reclamó que se dote a los uniformes de cada agente de “cámaras de seguridad” con el doble objetivo de capturar en imágenes las agresiones a los agentes y evitar mala praxis.