Delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos investigados en la operación Hulla pueden ser constitutivos de todos estos delitos. Inicialmente, se querella contra quince personas.
Entre los que están José Ángel Fernández Villa, el mítico sindicalista minero de Soma-FIA-UGT, y José Antonio Postigo con sus respectivas familias. Pero, además, Anticorrupción considera que deben investigarse a las autoridades y a los funcionarios públicos que intervinieron en la gestión de los fondos mineros que sirvieron para la construcción del geriátrico de Felechosa, porque considera que han podido cometerse más delitos. En concreto, habla de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía ve indicios suficientes como para abrir la causa contra 15 investigados. En concreto, cita al exsindicalista José Ángel Fernández Villa, su mujer y sus dos hijos. Incluye al expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, su exmujer, sus dos hijas y su actual compañera sentimental. Además, mete en el listado al administrador de la constructora (Alcedo de los Caballeros), Juan Antonio Fernández; el arquitecto autor del proyecto, el arquitecto técnico, la empresaria de limpieza y los asesores jurídico y económico del Montepío.
Desbarajuste
La querella de la Fiscalía Anticorrupción cree necesario ampliar la investigación. Ha tropezado con tantos desbarajustes relacionados con la adjudicación de la subvención de los fondos mineros para la construcción del geriátrico y con las certificaciones de la obra que apunta a que en la fase de instrucción que ahora comienza deberían investigarse tanto a las autoridades como a los funcionarios intervinientes. Durante el relato de los hechos apunta algunos hitos lo bastante significativos como para entender a qué se refiere.
Uno de los datos fundamentales es que la concesión de la subvención de casi 31 millones para la obra no podía relacionarse hasta que todos los trámites previos se hubieran completado y hasta que se contara con todos y cada uno de los permisos. No solo no fue así sino que hubo retrasos llamativos.
Las obras comenzaron el 2 de mayo de 2009 pero el Ayuntamiento de Aller no concedió la licencia de obra mayor hasta septiembre de 2010, es decir, casi un año y medio después. Para cuando el consistorio aprobó el permiso, ya se habían emitido 17 certificaciones de obra. Es más, las obras comenzaron el 2 de mayo pero el convenio administrativo de concesión de la subvención entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y el Montepío de la Minería no se firmó hasta el 22 de diciembre.
Un párrafo textual de la querella de Anticorrupción resume lo que se encontró: «La connivencia llegó hasta el extremo de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención cercana a los 31 millones de euros, y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, el Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra y diche obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas».
La ejecución
La obra comenzó de forma irregular y parece que siguió por el mismo camino. «La adjudicación de la obra culminó el plan concertado entre los querellados, Juan Antonio Fernández, y el presidente del Montepío, José Antonio Postigo, entre otros participantes, para presuntamente lucrarse ilícitamente con fondos públicos», sostiene la fiscalía.
Los medios que se utilizaban eran las comisiones que cobraban gracias a la «sobrefacturación de los servicios prestados o mediante el uso de facturación ficticia». A esta conclusión se llega gracias al avance parcial de un informe pericial emitido por la Delegación Especial de Hacienda y Administraciones Públicas de Asturias, tras analizar 200 partidas de la ejecución. Esto supone que analizaron el 45% del total y que el incremento generado es de casi un 51%. «Se aprecian discrepancias muy graves» al comparar la base de datos de los precios de la construcción, a través de la Fundación de Estudios para la Calidad de la Edificación en Asturias, y la firma del contrato. También hay disparidad ente el conjunto de gastos y los beneficios obtenidos por el contratista.
La subvención inicial fue de 28.858.889,98 euros pero durante la tramitación la cantidad se incrementó hasta los 30.916.163,53 euros. Sin embargo, en el expediente del IRMC constan cinco pagos diferentes que suman 27.612.500 euros. La investigación ha permitido comprobar que el Montepío ingresó todo el dinero a la constructora, en dos cuentas diferentes, de acuerdo con los certificados. Todo el dinero salvo 689.046,72 euros. ¿Qué pasó con ese dinero?
Esos 689.046,72 euros son parte de la segunda certificación de obra y no se abonaron a la constructora sino a una segunda sociedad I.T.A. La fiscalía ha llegado a la conclusión de que se camuflaron trabajos realizados por esa empresa en Los Alcázares (Murcia) como si fuesen parte de la construcción del geriátrico de Felechosa y se abonaron con la subvención de fondos mineros.
De este caso, dice Anticorrupción que es «uno de los signos evidentes de qe las medidas certificadas en la residencia de Felechosa no se corresponden con las realmente ejecutadas, porque se certificaron obras que no se hicieron en ella. Así queda de manifiesto que el IRMC «no ha efectuado la comprobación material de la inversión a la que se ha destinado la subvención».
Durante la investigación han aflorado otros muchos datos más que sospechosos. El 23 de julio de 2008 la Mesa Regional de la Minería acuerda que de los 202 millones de fondos a distribuir, 28.858.889,58 euros iban a ser para el geriátrico del Montepío. El 31 de marzo de 2008, es decir, cuatro meses antes, ls constructora había presentado un anteproyecto del complejo, suscrito por el arquitecto Manuel Sastre, implicado en la querella, por la cuantía exacta de 28.858.889,58 euros.
La Agencia Tributaria ha certificado, además, que desde el 2009 al 2013 la compañía tuvo un beneficio neto superior a los siete millones de euros y que la mayoría procedía del Montepío.
Las cuentas finales no parecen cuadrar del todo. La querella sostiene que el gasto total ascendió a 32.484.353,29 euros pero el importe de la subvención era de 30.916.163,53. Las cantidades desembolsadas de fondos mineros son todavía inferiores: 27.618.500 euros.