El jefe de seguridad minera de la Hullera Vasco-Leonesa, José Carlos García Jarrín, reconoció este miércoles a preguntas de la acusación particular que el accidente en el Pozo Emilio del Valle en el que murieron seis mineros el 28 de octubre de 2013 se produjo sin vigilancia fuera de la mina de los valores de grisú en el ambiente.
Su función era controlar un monitor en el que se registraban los valores de metano y de oxígeno y avisar a la empresa y al taller para su evacuación en caso de que se produjera una incidencia, pero en el momento del suceso él estaba en su despacho y se enteró del escape de gas por su superior y no al revés como exigían sus funciones.
De la misma manera, él era el encargado de armar la brigada de salvamento para actuar en caso necesario, como lo fue el lunes 28 de octubre del accidente mortal, pero cuando llegó con ésta al pozo accidentado había transcurrido ya una hora del escape y se habían desarrollado las labores de evacuación de los seis cuerpos de manera “humanitaria” por otros mineros, como narró este martes el vigilante de primera Carlos Conejo Lombas.
A pesar de ambas afirmaciones, aseguró que la seguridad no falló porque “no había mayor medida preventiva que llevar un autorrescatador”, insistiendo en que las víctimas mortales lo llevaban puesto en el momento del escape de gas pero que no hicieron uso del mismo, lo que “les habría salvado la vida”. En ese sentido, además, negó que el servicio de seguridad estuviese infradotado y que “nunca pedí que fuéramos más personal” porque “la seguridad estaba dimensionada correctamente”, además de dar cuenta que ésta es una responsabilidad “siempre y absolutamente de la empresa”.
“Tenemos una brigada de salvamento para toda La Vasco, de la que formaban parte 14 personas que se dividían en dos grupos”, explicó. Uno de los integrantes de esta brigada de salvamento era Manuel Moure, uno de los seis mineros fallecidos en el tajo ese fatídico 28 de octubre.
Según su testimonio, roto por la emoción y el llanto en varias ocasiones al relatar lo sucedido, el accidente en el que murieron seis de sus compañeros hace casi una década fue “impredecible”.
Uno de los vigilantes de seguridad estaba de vacaciones y el otro en otra explotación
El día del accidente mortal, el vigilante de seguridad del macizo en el que se produjo el escape de grisú, Andrés Rodríguez Cuesta, se encontraba de vacaciones fuera de España, y su defensa se basa en que solo había estado en la explotación en contadas ocasiones, mucho antes del suceso. No obstante, remarcó que “era un taller absolutamente normal” en el que “no había ninguna anomalía”.
Por su parte, el otro vigilante de seguridad de la Hullera Vasco-Leonesa Alberto Rivero Fernández, sí que se encontraba trabajando cuando el escape de grisú quitó la vida a seis de sus compañeros en el tajo pero “estaba en otra explotación haciendo mis labores”, “la mina es muy grande, estaba a una distancia de un kilómetro”.
El que también fuera jefe de uno de los grupos de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco-Leonesa cuando ocurrió la tragedia, declaró que “no había nada que indicara que allí había circunstancias excepcionales”. “Si alguien me dice que hay alguna circunstancia excepcional, allí habría estado, como actuamos siempre”, añadió.
Presente en un arranque rutinario de ventilación en la zona siniestrada dos días antes del accidente mortal -como en otras plantas de la mina- y tras una parada programada, aseguró que no hubo nada que le llamara la atención. “La explotación estaba impoluta, impecable”, dijo.
“Ni el compañero de la Brigada de Salvamento fallecido me indicó nunca nada ni otro vigilante que estaba en mi grupo me indicó lo que parece ser que luego manifestó. Seguramente todo lo que se dice no sea verdad. En ningún momento se nos indicó la más mínima incidencia”, añadió.
El delegado minero asegura que “en ningún momento” hubo quejas por falta de seguridad
El delegado minero de seguridad de la Hullera Vasco-Leonesa cuando se produjo el accidente mortal, Alberto Fernández Díez, aseguró que “en ningún momento” no tuvo constancia de que existiera ninguna queja sobre las condiciones de seguridad de la explotación en la que sucedió la tragedia. “En ningún momento se dijo nada; en ese taller estaba mi suplente, con el que hablaba muy a menudo y no me trasladó nada”, manifestó.
“A mí nadie me recriminó nada y había muchos medios para trasladar quejas”, reiteró este picador de profesión que después de lo ocurrido fue reelegido para el cargo por sus compañeros. “En este sector éramos suficientemente reivindicativos. Nadie se callaba. Se hicieron huelgas para reivindicar nuestros derechos en todos los ámbitos, más en la seguridad, creo”, abundó.
Con las declaraciones de ellos cuatro se dan por concluidas las testificales de los 16 acusados en el procedimiento para los que las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.
De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos que “no se hicieron antes porque la empresa quebró” pero sí estaba en su ánimo, subrayaron los tres a preguntas de su abogado.
El juicio se reanudará el lunes 20 con el inicio de las declaraciones de los 80 testigos y peritos que aportan las acusaciones del caso.