La crisis que se viene acumulando en el Colegio de la Abogacía de León ha cristalizado este martes en la celebración de su Asamblea General, retrasada por “problemas técnicos” desde el pasado mes de marzo, en una convocatoria que ha sido multitudinaria y tensa a partes iguales, según señalan fuentes presentes en la misma a este medio.
La polémica en el Colegio de la Abogacía de León viene de lejos, agudizada por las pérdidas de 200.000 euros acumuladas en los dos últimos ejercicios y las acusaciones que parte de los abogados de base realizan al equipo decanal, que dirige Fernando Rodríguez Santocildes, de no respaldar al turno de oficio y la situación de los mutualistas. A ella se unen las críticas por falta de transparencia, hasta el punto de rechazar entregar las cuentas a una abogada por “protección de datos”.
Alrededor de dos centenares de abogados y colegiados no ejercientes participaron en la asamblea celebrada en la sede leonesa del Colegio y en conexión telemática con la de Ponferrada. La Junta General comenzó a la una del mediodía y se prolongó hasta prácticamente las cuatro de la tarde.
El decano de los abogados dedicó su intervención a defenderse de lo que, según él, son ataques injustos ya que “no se puede manchar a una institución con 180 años de historia”, tras la publicación por este medio de la situación de críticas internas y falta de transparencia.
El debate se encendió sobre si las cuentas del Colegio han sido puestas o no a disposición de sus miembros, que la Junta Directiva defiende que sí con un informe de 5 páginas de pérdidas y ganancia y el balance de situación, mientras que el sector crítico asegura que se ha vulnerado el Estatuto del Colegio que establece que las cuentas se pueden consultar antes de la Junta General. Varios abogados que se pasaron por las sedes del Colegio se encontraron ese mismo documento como todo lo examinable, que ya se había enviado previamente por correo electrónico.
Ante la tensión del debate, el decano Santocildes adelantó la votación de las cuentas al primer punto, donde obtuvieron un respaldo de dos tercios de los votos emitidos con un tercio de los votos mostrando su negativa a su aprobación, un rechazó poco frecuente en su historia. El voto del los colegiados ejercientes vale el doble de los no ejercientes en la asamblea. Los participantes desde la sede berciana del Colegio rechazaron prácticamente en su totalidad las cuentas. Una vez que se aprobaron las cuentas la mayor parte de los presentes en León, explican asistentes a la Junta, se fueron de la reunión sin esperar al resto de los puntos del orden del día.
A continuación se vivió otro de los momentos más tensos de la Junta General al inadmitir por motivos formales el decano las mociones que habían presentado varios abogados para su debate y aprobación, que ni siquiera se llegaron a debatir, que versaban sobre el turno de oficio y la mutualidad. Este rechazo motivó protestas ya que son dos de los asuntos precisamente más controvertidos de la abogacía leonesa, y la española en general.
Una de las letradas presentes califica la situación de ausencia de debate como incomprensible ya que “lo que queremos es que el Decano nos ayude”, criticando, a su juicio, el “acto de fe” en que se convirtió la Junta General. Pide que no se interprete como críticas personales el derecho a la fiscalización de las cuentas que tiene todo letrado, ya que la colegiación es obligatoria, y que el Colegio de la Abogacía de León “defienda” a sus miembros ante sus problemas.
Varios miembros del sector crítico estudian la situación creada tras la asamblea de los abogados ya que creen que la no disposición de las cuentas para su análisis y el rechazo a las mociones son recurribles, sin descartar impugar la propia Junta General, en una situación interna del Colegio de la Abogacía de León que no se termina de calmar.