El Colegio de Abogados de León atraviesa una importante crisis interna que divide a los juristas de la provincia, fundamentalmente por tres motivos: la falta de transparencia en las cuentas de la entidad, las protestas e impagos del turno de oficio y la situación de los mutualistas. Ante esta situación, han empezado a surgir voces críticas que denuncian falta de apoyo institucional, decepción, descontento e, incluso, desamparo por parte de la dirección del colegio que encabeza el abogado Fernando Rodríguez Santocildes.
El órgano colegiado había convocado para el pasado 27 de marzo la primera Junta General Ordinaria del año en la que estaba previsto aprobar las cuentas del ejercicio anterior, con unas pérdidas cercanas a los 120.500 euros en los últimos doce meses, que ascienden a 200.000 euros en los dos últimos años.
Este agujero en la caja levantó tal polémica que la reunión, a la que atípicamente había acudido un elevado número de sus colegiados, se suspendió el mismo día que debía haberse celebrado, bien por el temor a que no se les diese el visto bueno o porque, como adujo el Colegio, ese día falló la conexión telemática con la delegación de El Bierzo y no se podían celebrar el encuentro ni la votación.
La situación financiera del Colegio no es acuciante pero sí que ha empezado a preocupar a buena parte de sus miembros. Según el Balance de Situación presentado por la actual dirección, al que ha tenido acceso ILEÓN, el Colegio cuenta con más de un millón de euros en caja pero arrastra también una deuda bancaria de 600.000 euros y su patrimonio se deteriora poco a poco por sus pérdidas anuales. Una situación ha abierto una espita en los colegiados sobre cuál está siendo la gestión de la Junta Directiva que encabeza Santocildes, que tendrá que ser renovada en un año, y por la que además no se sienten ni representados ni apoyados.
Malestar de mutualistas y turno de oficio
A la situación económica de Colegio de Abogados se suma, además, el descontento de los retrasos en los pagos a los letrados por su trabajo en el turno de oficio y la situación de los mutualistas que decidieron cotizar durante su ejercicio profesional en una entidad privada y ahora reclaman que el sistema público asuma y eleve sus pensiones por jubilación.
Los letrados del turno de oficio llevan meses, sino años, protestando por los retrasos del Gobierno en abonarles las retribuciones “mínimas e irrisorias” por la prestación del servicio, un derecho de los ciudadanos en caso de verse envueltos en un juicio y no tener recursos para o querer pagar a un abogado privado. El pasado mes de noviembre se sumaron a la huelga nacional convocada sin el respaldo expreso del Colegio de Abogados de León y su decano, al que le reprochan la falta de apoyo.
Los abogados del turno de oficio de Ponferrada llegaron incluso a abandonar su actividad como medida de presión al Colegio para que, a su vez, presionase al Gobierno y forzar así una solución al conflicto que no ha llegado por ahora. “No puede tolerarse un retraso de más de cinco meses” para cobrar un servicio continuado en el tiempo, se quejan, añadiendo que “parece que los letrados estamos obligados a realizar un trabajo no remunerado cuasi gratuito y sin asegurar”.
Por otro lado, están los abogados que cotizaron en mutuas privadas y pretenden pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, algo a lo que hasta el momento el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a acceder y en lo que, señalan, el Colegio leonés tampoco los estaría apoyando.
Salvo un nuevo imprevisto, la Junta General Ordinaria que se suspendió está fijada de nuevo para el próximo 21 de mayo, a las 13 horas, en el Salón de actos de la sede del Colegio de la Abogacía de León.
El Colegio defiende su gestión y niega falta de apoyo a sus colegiados
El decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, se ha dirigido a este medio tras la publicación de esta información para desmentir que haya ninguna crisis interna en la institución, defender la gestión de la Junta Directiva que él mismo encabeza y negar en rotundo la falta de apoyo a sus colegiados de la que está siendo acusado por, en su opinión, un grupo reducido de abogados de Ponferrada.
En este sentido, ha manifestado que todas las decisiones adoptadas en el Colegio hasta la fecha han sido tomadas y aprobadas en Junta General y que “no hay nada que ocultar”.
Con respecto a las pérdidas acumuladas del entorno de 200.000 euros en los últimos dos años asegura que se va a explicar a todos los colegiados en la Junta General Ordinaria del próximo martes, pero que tendría que ver con la reducción de los ingresos del órgano colegiado, por la reducción de las cuotas en los últimos años, y no con un incremento del gasto, si bien es verdad que han aumentado los pagos a bancos por las hipotecas de las sedes del Colegio en León y Ponferrada.
Santocildes ha lamentado que se ponga en tela de juicio su gestión en lo económico porque “todo lo que se ha hecho en el Colegio es en defensa de los colegiados” y que se difundan cosas “que no son ciertas”, como la falta de apoyo a los abogados del turno de oficio y los mutualistas.
“Llevo treinta años como abogado de turno de oficio”, aseveró, motivo por el cual asegura conocer sobradamente cuáles son los problemas que tienen los profesionales que como él están adscritos a este servicio y acumulan retrasos de hasta cinco meses para cobrar sus honorarios.
De la misma manera manifiesta entender las reclamaciones de los mutualistas que reclaman al Gobierno que el sistema público de pensiones reconozca las cotizaciones que han hecho durante su vida laboral a una mutua privada, por considerar que su pensión debería ser más alta.
No obstante, tanto en el caso de los retrasos del pago a los abogados del turno de oficio como de la pasarela para los mutualistas, responsabiliza al Gobierno, a las convocatorias electorales y las huelgas de los últimos meses, que no dependen del Colegio leonés.