La Junta aprueba el 'tasazo' universitario

ileon.com

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto que fija los precios públicos de los estudios universitarios en Castilla y León para obtener títulos de carácter oficial con validez en el territorio nacional en el curso académico 2012-2013, así como los servicios complementarios en las universidades públicas. El contenido del decreto ha sido dado a conocer, como exige la Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León, a la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León en la que están representados la Consejería de Educación y los rectores de las universidades públicas y privadas.

Según la consejería de Educación los ingresos que perciben las universidades por precios públicos están en torno al 15% del coste real de las enseñanzas en primera matrícula. Según la Junta eso significa que el coste de los estudios universitarios recae sobre los presupuestos públicos ya que desde 2010 se está cubriendo el 100% de los costes de personal de las universidades y financiando sus inversiones a través de programas plurianuales, aunque los fondos de inversiones están congelados “sine die” en la actualidad, ya que las universidades no pueden disponer de ellos.

Con estos precios, los estudiantes abonarán una subida que oscilará entre 200 y 400 euros para un alumno que se matricule en 60 créditos de primera matrícula y que, en ningún caso, tal y como el consejero de Educación se ha comprometido en las Cortes de Castilla y León, excederá de los 400 euros. De este modo, las universidades percibirán ingresos adicionales por este concepto en torno a 13 millones de euros, cuantía que desde la consejería consideran suficiente para compensar la reducción de las transferencias por parte de la Junta a las universidades públicas en el año 2012.

Además, el próximo curso se producirá una simplificación de precios en los Grados, ya que se pasará de 25 precios distintos que existían hasta el momento a los siete actuales.

Con respecto a las segundas, terceras, cuartas y sucesivas matrículas, Castilla y León se coloca en el tramo mínimo previsto por el Real Decreto-Ley, es decir, el 30% en las segundas, el 65% en las terceras y el 90% en las cuartas y sucesivas.

Como novedad, se contempla la posibilidad de que los estudiantes puedan fraccionar en tres pagos el coste de la matrícula, en lugar de dos, como hasta ahora. De este modo, los pagos podrán realizarse de la siguiente forma: el 40% del importe total al formalizar la matrícula; un 30% entre el 1 y el 15 de diciembre y el 30% restante entre el 1 y el 15 de marzo.

El decreto se estructura en una parte dispositiva, cuatro capítulos -que comprenden 23 artículos-, dos disposiciones finales y siete anexos.

Modelo de financiación universitaria

En la pasada legislatura la Junta de Castilla y León propició un marco de estabilidad financiera y presupuestaria de las universidades públicas, al pasar de un sistema de subvención nominativa por el que se fijaba en cada ejercicio una cantidad determinada para cada universidad en función del año anterior y de los créditos o alumnos matriculados, a la firma, en marzo de 2007, de los primeros Contratos-Programas entre la Comunidad y las cuatro universidades públicas para financiar sus gastos de personal desde el año 2007 al 2010 y prorrogado en 2011.

Este cumplimiento ha sido posible gracias a medidas como que el contrato programa plurianual 2007-2010 permitió asegurar la financiación total de los gastos de personal de las universidades, que han liquidado 2011 con un superávit de 13 millones de euros -en 2007 la Junta cubría el 91,2% de los gastos de personal y en 2011 alcanzó el 100,4%-.

Por otro lado, la Junta ha firmado convenios de saneamiento con las universidades de Burgos, León y Salamanca, que arrastraban elevados endeudamientos, en algunos casos de proporciones considerables, que les han permitido hacer frente a parte de los intereses y de la amortización del nuevo préstamo. Con estos convenios se ha conseguido reducir el endeudamiento de los 62 millones de euros a menos de 46 -un 27% de reducción-, uno de los más bajos de España.