León, en el punto de mira: el Gobierno ordena retirar 135 pisos turísticos ilegales de la provincia
El cerco del Gobierno central a los excesos de los pisos turísticos ilegales llega con fuerza a León: el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mirav) ha notificado a las plataformas digitales la retirada de 135 alojamientos que no cumplen la normativa, de los cuales 47 se encuentran en la capital leonesa.
Estas viviendas habían solicitado el número de registro obligatorio desde el 1 de julio, pero no lo obtuvieron por no reunir los requisitos legales. Ahora, portales como Airbnb o Booking, algunos de los más populares, deberán eliminar sus anuncios, que en muchos casos se encuentran duplicados en varias plataformas.
La actuación forma parte del despliegue del Registro único de alojamientos temporales, una iniciativa pionera en Europa puesta en marcha el 1 de enero en colaboración con el Colegio de Registradores. A través de la Ventanilla Única Digital, los datos se cruzan automáticamente con los de las plataformas, lo que permite detectar y bloquear aquellos anuncios que carecen de código válido.
En total, en Castilla y León se han revocado 904 solicitudes de pisos turísticos. La provincia de Ávila encabeza la lista (300), seguida de León (135), Salamanca (114) y Segovia (83). En el detalle municipal, Salamanca capital lidera con 72 revocaciones, seguida de Burgos (49), León (47), Valladolid (28) y Ávila (26).
Desde enero, el registro estatal ha recibido 336.497 solicitudes, de las cuales casi el 79% corresponden a alquileres turísticos. Sin embargo, más de 53.700 fueron rechazadas (20,3%) por contener datos incompletos o no ajustarse a la normativa vigente.
Objetivo: frenar el fraude y proteger la vivienda
La ministra Isabel Rodríguez defiende que este sistema es clave para acabar con el fraude y preservar la función social de la vivienda, ya que los pisos turísticos ilegales contribuyen a expulsar a las familias de sus barrios y alterar el equilibrio urbano.
La Comunidad de Madrid aparece como la gran excepción: allí, el 83% de las solicitudes corresponden a alojamientos temporales y solo el 17% a turísticos, una anomalía que confirma la necesidad de mayor control. Con esta medida, el Gobierno pretende marcar un antes y un después en la regulación del alquiler turístico en España.
