El Comisionado de Transparencia señala a San Andrés, Astorga y al Consejo del Comarcal del Bierzo por no colaborar
La transparencia continúa siendo una asignatura pendiente para varias administraciones leonesas. La Memoria de 2025 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León hecha pública este mes de agosto señala incumplimientos en varias instituciones de la provincia, entre las que destacan los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Astorga y el Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitieron los cuestionarios de autoevaluación solicitados por el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
El Comisionado de Transparencia ha hecho pública su décima memoria tras la aprobación de la Ley estatal en el año 2013 y la autonómica en el 2015, que llevó esas funciones al Procurador del Común, el defensor del pueblo autonómico. En la actualidad ocupa el cargo el catedrático de la Universidad de León Tomás Quintana, que lleva en funciones cuatro años por la incapacidad de los partidos políticos para volver a nombrarle o designar un sucesor o sucesora.
La institución, con sede en León, usa el método de envío a las instituciones de un cuestionario de autoevaluación para analizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que recoge la Ley. Las obligaciones de publicidad activa más relevantes para los ayuntamientos exigen la publicación proactiva y actualizada de información como el organigrama, perfiles de cargos públicos, exposición de proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes justificativos, publicación de los presupuestos generales y contratos públicos, subvenciones concedidas, inventario de bienes o las retribuciones anuales de los representantes políticos, entre otros.
El caso de San Andrés del Rabanedo resulta especialmente significativo para el Comisionado de Transparencia en su informe 2025 debido al tamaño del municipio, el tercero de la provincia en habitantes, y los recursos de los que se supone dispone. El ayuntamiento del alfoz de León no respondió al requerimiento para participar en la evaluación de 2025, a diferencia de los de León y Ponferrada, que sí entregaron la documentación. Entre los municipios de más de 7.500 habitantes también incumplió el Ayuntamiento de Astorga, mientras Bembibre, La Bañeza, Villablino y Villaquilambre sí colaboraron.
El Consejo Comarcal del Bierzo rompe con años anteriores
También destaca negativamente el informe de Tomás Quintana la situación del Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitió su cuestionario este año pese a que sí había colaborado en ejercicios anteriores. La institución berciana tampoco aportó, según la memoria, ninguna explicación que justificase la ausencia de respuesta.
El Comisionado recuerda que la entrega de esta información no constituye únicamente una muestra voluntaria de colaboración. No responder supone incumplir la obligación de colaboración establecida en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
La ausencia de cuestionario no impidió al organismo fiscalizador revisar directamente el portal de transparencia del Consejo Comarcal. El resultado tampoco resulta favorable: considera que existe “un amplio margen de mejora” y constata que la información disponible continúa siendo “bastante escasa” y no está actualizada.
León responde, pero mantiene carencias
El Ayuntamiento de León sí remitió su autoevaluación, aunque eso no significa que supere el examen sin reproches. El propio Consistorio volvió a reconocer, como ya había sucedido en ejercicios anteriores, que no publica información sobre el grado de cumplimiento y los resultados de sus planes municipales, ni tampoco sobre proyectos normativos, memorias o informes.
En materia de derecho de acceso, el Ayuntamiento de la capital declaró haber recibido 29 solicitudes de información durante 2025, de las que estimó 16. No contabilizó ninguna desestimación expresa ni ninguna inadmisión. Esto deja otras 13 peticiones fuera de las estimaciones expresas, aunque los datos facilitados no permiten atribuirlas automáticamente a negativas o silencios administrativos.
El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, comunicó siete solicitudes de acceso, tres de ellas estimadas, sin registrar desestimaciones expresas ni inadmisiones. Sin embargo, durante el año el Comisionado tuvo que pronunciarse sobre distintas reclamaciones relacionadas con el Consistorio berciano. Entre ellas figura una estimación parcial para acceder a información sobre retribuciones de la Policía Local y contratos de suministro y mantenimiento, además de otra resolución favorable para acceder a un informe policial relacionado con daños en un vehículo.
La Bañeza, obligada a facilitar información sobre sus fiestas
Las reclamaciones presentadas por ciudadanos permiten comprobar otros conflictos de transparencia en ayuntamientos leoneses. La Bañeza protagoniza varios de ellos. El Comisionado estimó reclamaciones para acceder a documentación económica de las fiestas patronales de 2023, facturas vinculadas a una modificación presupuestaria y la relación de empresarios locales que viajaron a Francia en 2024.
En Igüeña se estimó una petición relacionada con una denuncia urbanística y parcialmente otra relativa a un convenio con el Motor Club de Pobladura y datos sobre recogida de residuos. También hubo una resolución estimatoria frente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por una solicitud de información municipal.
No todas las reclamaciones dieron la razón a quienes solicitaban la documentación. El Comisionado inadmitió, entre otras, una reclamación contra Villamañán relacionada con las fechas de un proceso de selección y otra contra Soto de la Vega sobre denuncias por obras sin autorización.
El Comisionado estimó parcialmente una reclamación para acceder a actas de concejos de la junta vecinal de La Vid correspondientes al periodo entre 2021 y 2024. En Sueros de Cepeda dio la razón al reclamante que solicitaba las actas de las sesiones de la junta vecinal celebradas desde 2019 y documentación sobre el expediente para instalar un parque fotovoltaico en terrenos comunales. En Curillas, una reclamación sobre ingresos y gastos terminó por pérdida de objeto, mientras que otra presentada contra Campelo fue inadmitida.
La Diputación mejora su portal, pero el ILC tiene deberes
La Diputación de León presenta una situación diferente. La institución provincial sí entregó su cuestionario y ha implantado un nuevo portal de transparencia que, según explicó al Comisionado, está diseñado para que la mayor parte de la información pueda consultarse con un solo clic. Durante 2025 declaró haber recibido 24 solicitudes de acceso a información, de las que estimó 19 e inadmitió dos.
Peor valoración obtiene uno de sus organismos dependientes. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) dispone de portal propio desde 2022, pero continúa publicando parte de su información a través del portal general de la Diputación. La Memoria de 2025 considera que el organismo cultural provincial mantiene un amplio margen de mejora en la información que publica directamente.
Frente a los incumplimientos, otras administraciones leonesas sí atendieron los requerimientos de autoevaluación de sus obligaciones de la Ley. Además de León y Ponferrada, entregaron sus cuestionarios de autoevalación Bembibre, La Bañeza, Villablino, Villaquilambre, Sariegos, Valencia de Don Juan y Valverde de la Virgen. También colaboraron la Universidad de León y la Cámara de Comercio e Industria de León en los requerimientos de información. Pese a la existencia de estos documentos, las autoevaluaciones de las instituciones no se publican como tal como anexos en la Memoria anual del Comisionado para su público conocimiento.
