La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha dictado este jueves la declaración de impacto ambiental del macroproyecto de un complejo de plantas de quema de biomasa, hidrógeno, biogás y solar, con 68,4 millones de inversión de la propia Junta en el barrio leonés de Puente Castro, junto al cementerio municipal, un visto bueno que se otorga a sí mismo y que sin embargo no explica con detalle las modificaciones que se mencionan que tendrá el proyecto tras los informes emitidos sobre su impacto.
Se trata de un proyecto muy contestado por numerosos colectivos y también algunos partidos políticos bajo el nombre de Red de Calor Sostenible de León capital, que la Junta tramita bajo la figura de 'Proyecto Regional' para acelerar permisos, terrenos y obras de la mano del Ayuntamiento de León, figura que entre otros han criticado con dureza colectivos como Ecologistas en Acción. También sobre el hecho de que el proyecto lo pretenda ejecutar la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la llamada 'Junta B' que no pocos partidos tildaron en su día de “chiringuito” de la Junta.
Tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), y se detalló desde su presentación oficial a finales de 2023, el macroparque estará integrado por una planta de generación de energía térmica a partir de la quema de biomasa forestal, una planta de biometanización con la combustión de gas, una planta de producción de hidrógeno verde mediante hidrólisis con una capacidad de 5 megavatios, y un parque solar fotovoltaico para autoconsumo del complejo con una potencia máxima de 7,31 MW.. También incorpora el correspondiente proyecto de urbanización del complejo energético toda su canalización por varias calles de barrios del sur de la capital, entre ellos una pasarela sobre el río Torío a la altura de La Candamia hacia el barrio de La Lastra.
El complejo se ubicará en 22 hectáreas de terreno que han sido cedidas por el Ayuntamiento en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de León, y que contará con una inversión de 68,4 millones de euros. El argumento de Junta y Consistorio para defender la idoneidad del plan es la mejorar la independencia energética de la ciudad con esta red de calor sostenible.
Varios informes, entre ellos de Patrimonio de la propia Junta o de carreteras del Estado, vinieron a provocar algunas modificaciones en el proyecto inicial ante posibles apariciones de restos valiosos o situarse en zonas de afección de la carretera de circunvalación de la llamada Ronda Sur LE-30, y si ien se indica que se se han incorporado esos cambios, estos no se detallan en ningún momento.
Duras críticas ecologistas
Esta misma semana, Ecologistas en Acción ha criticado que no se hayan presentado alternativas de ubicación, así como la falta de respuesta a las 296 alegaciones presentadas al proceso para utilizar la fórmula del Proyecto Regional, una fórmula que la Junta y especialmente Somacyl utilizan muy a menudo en la provincia.
Para Ecologistas, esa “figura de Proyecto Regional no justifica la desprotección de los suelos rústicos con protección natural y especial en los que se emplaza, sin que hayan cambiado las circunstancias que motivaron dicha protección por el PGOU de León, más allá de la pura oportunidad de ubicar en ellos las instalaciones propuestas”. Por eso, concluyen que “se trata de una regresión ambiental en toda regla”, según ha manifestado la entidad ecologista.