La Junta da la autorización definitiva a un macroproyecto de 150 hectáreas de placas solares en Valdefresno

Macroparque solar.

Redacción ILEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este martes publica la autorización administrativa previa, y su visto bueno definitivo, a un macroproyecto solar de 150 hectáreas de placas fotovoltaicas en Valdefresno, a una empresa de capital mínima titularidad de Rafael Martín Rueda, un empresario sevillano que administra un grupo denominado Édora.

El parque fotovoltaico denominado Alba 1 pretende ocupará 150 hectáreas del Ayuntamiento de Valdefresno con la instalación de 99.788 paneles solares y una inversión prevista de 30,4 millones de euros. En concreto, se instalará en La Sobarriba, con el pueblo de Solanilla como el más cercano, apenas a 184 metros, pero también en sus proximidades Villalboñe, Villafeliz de la Sobarriba y Represa del Condado.

Será de tal dimensión que se verá como un mar de placas de cristal desde la carretera general que une Puente Villarente con Boñar, desde Santa Olaja del Porma a Moral del Condado. La instalación tiene que excluir las masas arboladas que preveía afectar.

El coste inicial de lo que será la macroplanta energética de Valdefresno, que se eleva a 23,9 millones de euros, se completa con una serie de instalaciones de subestaciones y líneas de evacuación que afectarán a otros municipios cercanos y muy poblados del alfoz de León, como Villaquilambre, Sariegos y Cuadros, y elevarían el coste final a la cifra indicada de 30,4 millones de euros. El proyecto incluye una línea aérea de evacuación de la energía entre Solanilla y La Serna, de 18 kilómetros y 69 torretas, y otra línea que es la que atravesaría los municipios de Villaquilambre y Sariegos para acabar en Cuadros.

Contra su instalación alegaron el Ministerio de Defensa, porque “se trata de una zona de servidumbre aérea”, las juntas vecinales de Cuadros, Villacil, Navafría, Carbajosa, Villarente de Sobarriba, Valdelafuente y Villalboñe, asociaciones agrarias como Asaja, ecologistas y más de 200 particulares por su afección al medio ambiente e impacto ambiental y por considerarlo una parte de un troceado proyecto más grande que debería evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.

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