La Junta de Castilla y León defiende que la caza del lobo hace aumentar la especie y llama “negacionista” a quien lo critica

Permitir que los cazadores deportivos puedan disparar y abatir como trofeos a cientos de lobos en Castilla y León, pagando por ello, es la mejor fórmula para garantizar que esta especie, protegida en España por recomendación europea desde finales de 2021, pueda seguir aumentando en Castilla y León y hacerlo con “equilibrio”.

Este es el razonamiento del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, aireado hoy por su consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien llegó a llamar “negacionistas” a quienes han criticado el análisis político favorable a que se puedan volver a cazar lobos en las cinco provincias del norte del río Duero tras los datos oficiales del nuevo censo de manadas elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. Un censo que remarca que el número total de manadas ha crecido de 179 a 193 en los últimos doce años, desde el censo anterior, pero que sin embargo, apenas aumenta el 3% en la suma de las cinco provincias donde la especie ya no se caza desde 2021, León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid. Al sur del Duero es donde se han registrado incremento más significativos.

Al hilo de estos resultados, ayer mismo el Partido Animalista (Pacma) y organizaciones como Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), coincidían en denunciar la “desinformación” que con esos datos la Junta lleva años insistiendo en una política que, a su juicio, demuestra una “obsesión enfermiza por favorecer a los cazadores”, y pidiendo por ello la dimisión del consejero del ramo, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Hay que recordar que según datos oficiales de la propia administración autonómica, sólo en la provincia de León los últimos ocho años con caza permitida oficialmente de ejemplares de esta especie, la Junta autorizó acabar con 356 lobos sólo en la geografía leonesa, y de ellos fueron finalmente abatidos 189 ejemplares. Entonces, se contabilizaba en la provincia leonesa un censo oficial de 433 ejemplares estimados.

“Más amenazada la existencia del ganadero que del lobo”

A pesar de estos datos, por los que los periodistas preguntaron al portavoz de la Junta si era lo que consideraba “equilibrio”, Carriedo insistió en el tópico de que “en Castilla y León, por desgracia, está más amenazada la existencia del ganadero que del lobo”, y sin embargo insistía en que “la fórmula de mejor protección” de estos animales “es el equilibrio y la convivencia entre los distintos usos, entre el lobo y la ganadería, porque ha permitido la protección del lobo y que los ganaderos puedan realizar su actividad”.

El consejero instó a que “si cualquier entidad o partido” tiene un censo alternativo del lobo en Castilla y León, “lo puede poner sobre la mesa y contrastarlo” con el de la Junta, que responde a una metodología elaborada por “profesionales de reconocido prestigio”, remarcó. Y añadió que recordó que Suárez-Quiñones se hizo acompañar durante la rueda de prensa de presentación del censo de técnicos con “gran experiencia” y competencias multidisciplinaries, desde biólogos a veterinarios, e insistió en que cualquier puede consultar su metodología y “hacer aportaciones”.

Tal defiende que es el éxito de la gestión del control de la especie a través de su caza que incluso argumentó que son el territorio que mejor lo ha hecho de toda Europa. “Alguna razón tendríamos cuando las mejores manadas de Europa están donde se ha aplicado el criterio de la Junta”, resumió, para censurar que “desde territorios de Europa donde el lobo desapareció es desde donde nos quieren dar lecciones de cómo protegerlo”. “¿No sería más fácil al revés, que vengan a tomar nota?”, retó.

De paso, además de llamarles “negacionistas” de los datos oficiales, atacó a las organizaciones contrarias a esta política de control por la caza deportiva asegurando que “es muy fácil opinar desde el Paseo de la Castellana sobre lo que hay que hacer en el territorio”. Por eso, concluyó, es por lo que “hay una visión en Europa favorable a la posición de Castilla y León”, que la Junta insiste en que debe hacer cambiar al Gobierno retirando a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) donde entró en septiembre de 2021 entre duras críticas de todas las autonomías con alta presenta del lobo, en todo el noroeste.