La Junta autoriza cambios en la gestión de residuos peligrosos de la planta de Syva en el Parque Tecnológico de León

Instalaciones de Syva en el Parque Tecnológico de León, archivo.

EFE

La Junta de Castilla y León ha aprobado la modificación de la autorización ambiental de la planta de Laboratorios Syva, ubicada en el Parque Tecnológico de León, para adaptar su gestión de residuos peligrosos a nuevas necesidades productivas.

La Orden MAV/1247/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), introduce cambios en el condicionado ambiental de la instalación, que fabrica medicamentos y productos farmacéuticos de uso veterinario. La modificación, considerada no sustancial por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, responde a la solicitud presentada por la compañía el pasado 9 de septiembre.

Entre los ajustes figura la reclasificación de parte de los residuos peligrosos, que pasan modifican su código para medicamentos caducados y productos semiterminados no conformes, así como la incorporación de tres nuevos tipos de residuos: baterías de plomo, baterías de níquel-cadmio y también baterías de litio.

El expediente obtuvo informes favorables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, que concluyeron que los cambios no implican una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud o el medio ambiente en la zona en la que Syva hace pocos años que mantiene su fábrica principal. Por ello, se califican como modificación no sustancial, conforme a la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y al Reglamento de Emisiones Industriales.

El nuevo listado de residuos peligrosos incluye productos químicos, disolventes, envases contaminados, aceites, reactivos de laboratorio, mercurio metálico, aparatos electrónicos y lámparas, además de los nuevos residuos de baterías.

La producción estimada anual alcanza cifras significativas, como las 47,9 toneladas de medicamentos peligrosos y más de 19 toneladas de residuos infecciosos, lo que refleja la dimensión de la actividad de la planta.

La autorización ambiental original fue concedida en 2016, cuando se construyó la planta, y ha sido objeto de varias modificaciones, la última en mayo de este año para ampliar la capacidad de producción. Contra esta autorización de Medio Ambiente, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

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