Sindicatos y familias anuncian batalla en León por retrasos en cubrir bajas y recortes en gastos de centros educativos
Hay en el sector educativo en León, según denuncian sindicatos y familias, una “pescadilla que se muerde la cola” cuando un profesional se queda de baja, pasan meses hasta que se cubre, otro compañero hace entre tanto un “sobreesfuerzo” para compensarla y este último acaba al cabo del tiempo por sufrir las consecuencias y sucumbir hasta llegar a la misma situación. La tardanza en disponer de sustituciones resulta más sangrante en casos ya previstos con antelación como jubilaciones o permisos de maternidad o paternidad, denunció este jueves la representante de la Felampa (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de la Provincia de León) Diana González Pellitero.
Hay otra situación, que en este caso no se daba desde que en 2013 se aplicaron medidas para contener la crisis económica, que condiciona la actividad en colegios e institutos públicos de León, sometidos a un recorte en sus presupuestos anuales que oscila entre el 20 y el 35% y que impide en algunos casos, por poner un ejemplo, la programación de determinadas actividades extraescolares. Así lo puso de manifiesto el portavoz de la Junta de Personal Docente de Enseñanza No Universitaria de León, Javier Ampudia. “¿La red concertada también está sufriendo recortes de entre el 20 y el 35%? Creo que no”, se preguntó y se respondió Ampudia hasta considerar “evidente” que debajo de estas carencias subyace un interés de la Junta de Castilla y León por promover de forma encubierta una privatización del sector.
Ambos factores están detrás de la batalla que sindicatos y familias anuncian contra el Gobierno autonómico y que se sustanciará en concentraciones todos los jueves desde el próximo 8 de febrero ante la Delegación Territorial de la Junta en León y ante la Dirección Provincial de Educación, anunció Javier Ampudia tras aclarar que los recortes en los presupuestos de los centros son responsabilidad de la Junta al no extenderse a los ayuntamientos, que asumen su parte correspondiente a los gastos de mantenimiento de los colegios. Así, y ante el incremento notable por la inflación de gastos en apartados como el combustible, este responsable sindical advierte de que hay institutos con “descubiertos” de hasta 30.000 o 40.000 euros. Y no descarta emprender acciones legales a través del Tribunal de Cuentas.
Los sindicatos ya habían denunciado al comienzo del curso carencias de personal funcionario incluso en la propia Dirección Provincial de Educación, lo que hace “muy difícil contactar” con la administración educativa para exponer quejas, afirma la vicepresidenta del Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de León, Mar Sánchez Folgueral. Cuando se canaliza la reivindicación hasta llegar a Valladolid una solicitud de sustitución por baja laboral “a veces pasan dos meses en lugar de ocho días”, lamenta Sánchez Folgueral, que advierte de que “el personal está muy agobiado” por este tipo de situaciones.
Aparte de los propios trabajadores en carne propia, las consecuencias de bajas que se prolongan sin su correspondiente sustitución a veces durante un trimestre las padecen los alumnos. “Y los hay que se verán afectados en la Ebau y otros que tardarán más en aprender a leer”, ilustró la representante de las familias. Y así los buenos resultados de Castilla y León en el último Informe PISA “no son mérito de la Consejería (de Educación), sino de los alumnos, los profesores y las familias”, concluyó el representante de la Junta de Personal de Servicios Periféricos Severino Javier Grande.
