Apenas finalizada la Semana Santa, y con los pies en el suelo, sin raseo procesional, sin capillo por mi parte, y con el velo de la duda a medias por las elecciones pasadas, con el eco de los rataplanes procesionales veamos algo de León, con la mejor de las intenciones.

Es humano dudar. Tanto da que las inquietudes vengan en son de fe, para creer en lo que no vemos, o de la peripecia humana, que cada día nos acosa más en nuestro vivir civilizado en un mundo donde vamos agotando las existencias.

Ahora “lo que toca es meter el dedo en la llaga a los de poca fe” para comprobar si los políticos, los hombres y mujeres dedicados a esta disciplina, que nos impone un vivir, del que discrepan otros del mismo ramo pero de distinta mano, a ver si traen veracidad. O si las promesas... ¡Eran un calentón!

Disciplina dije, y no es que sean disciplinantes ellos y ellas, al estilo de los picaos por ejemplo. ¡No! Lejos están del sacrificio, lo suyo es asegurarse estabilidad en su oficio, que es su modus vivendi, puede que como mejor opción personal, incardinada en una ideología, intentando que lo asumamos, y hasta lo consiguen bien encajados ellas y ellos en lo que llaman partidismo.

Éste, para nosotros los gobernados, se asemeja a fe en lo que el más alto dignatario pretende, y ellos, los palmeros, no los del hosanna palma en mano, sino los que batiendo palmas corean al jefe, en el intento, nos llevan, cual flautistas, a asumir y votar. Votar a su partido claro. Que es adhesión y exigencia para los suyos y conlleva lealtad. Y eco de oferta, anuncio generalizado de '“buenas obras”: una música que no se ha de volver a tocar.

¿Cuál es el futuro de León según Antonio Turiel?

Todo lo anterior de verdadera condición sociopolítica, pero elucubración al fin y al cabo, eso sí, con sabor aún a lo penitencial, viene dado tras la lectura del artículo de Antonio Turiel, el físico leonés: 'Distintas formas de ver León', donde se pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestra provincia? Y casi responde a sus cuestionamientos, y a fe que va con certezas caminando por el rumbo que se nos marca a los leoneses, como colistas irredentos de un ente que nos esquilma cada vez con más descaro.

No va a ir aquí una lista de agravios que se nos han inferido en plan autonómico, que la hay, y bien engordada, sino apoyados en los 'condicionantes Turiel', digamos medioambientales, componiendo un cuadro para la ciudadanía leonesa, esa que vota por partidismo ideológico, cuando no por seguidismo insulso, y en verdadera mayoría, y esto es lo alarmante, no teniendo en cuenta el deseo mayoritario de viajar solos en autogobierno, como proclaman unos dentro del meollo, o bendecimos otros, desde la orilla.

Los cuestionamientos de Turiel, el físico, sobre esta tierra leonesa, son demoledores. Una tierra de extracción, y cita el carbón que NO dejó valor añadido, al igual que el agua embalsada y las centrales hidroeléctricas productoras de electricidad que se llevaron con grandes tendidos, a veces abriendo caminos destructores, hacia polos de desarrollo para que en otros sitios floreciera la industria… “la energía pasa de largo”… ¡IUnaudito!

Mañueco, lo debió de leer, dado que en sus promesas electorales iba: “La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria”. Le quedó bonito de palabra. Ahora a esperar… ¡Tomada nota!

Y todo ello nos ha venido siendo impuesto desde los gobiernos que en Madrid han sido. Asumiendo de paso, que en el ente autonómico donde nos empujaron a estar los nuestros, y todos nos tienen bloqueada la puerta de salida con total injusticia constitucional. Lejos de ayudarnos en las movilizaciones defensivas, han entrado también en fase de aprovechamiento, los de aquí nos han vendido, se manejan cual corifeos, y el pueblo abducido, acompaña con el voto.

“Las macroplantas de biogas, nunca han sido rentables” y añade más Turiel: “Ni jamás lo serán”. Y luego está la biomasa, para que nos quememos en salud: “Acabando con nuestros bosques. León un erial contaminado y tóxico”. Parece apocalíptico. Personalmente le creo, no tengo necesidad de meter el dedo en la llaga, tengo fe en su palabra, y nadie, con prestigio profesional ha salido demostrando lo contrario.

“León puede y debe dar de todo, desde alimentos a materiales, de energía a agua. Todo lo tenemos aquí. Solo nos falta tener fe en nosotros mismos. Y saber decir que no cuando conviene”.

Pero, a tenor de los resultados electorales, seguimos alentando a los maltratadores… “apasionadamente”.

El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este jueves la muerte por electrocución de una hembra de quebrantahuesos, especie en peligro de extinción, localizado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Caín y Posada de Valdeón.

El tramo donde ha aparecido electrocutado ya fue objeto de corrección en 2019 (mediante su aislamiento e instalación de dispositivos anticolisión) tras la muerte de otro quebrantahuesos conocido como Sidney.

A pesar de ello, se ha producido esta nueva electrocución, por lo que desde la Junta de Castilla y León se instará nuevamente al titular de la línea a que adopte las medidas complementarias precisas para evitar que suceda de nuevo.

Desde la Fundación se ha lamentado la pérdida de un nuevo ejemplar procedente del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos, que impulsa acciones científicas de conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución, con el objetivo de consolidar la población emergente de la Cordillera Cantábrica.

Según la Fundación, la muerte de este ejemplar vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie.

Se trata de una de las principales causas de mortalidad no natural para grandes aves planeadoras en España y un factor que compromete los avances logrados durante décadas de trabajo científico, técnico y social en favor de la recuperación del quebrantahuesos.

El ejemplar era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025, cedida por el Gobierno de Aragón a la FCQ, y liberada en el Parque Nacional de los Picos de Europa el 15 de julio del mismo año.

La quebrantahuesos se instaló desde mediados de septiembre en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

El 6 de febrero de 2026, tras detectarse movimientos anómalos en su emisor satelital, técnicos de la FCQ se desplazaron hasta el lugar y, tras dar aviso a la autoridad ambientales de la Junta de Castilla y León, se localizó su cadáver a escasos metros de dicho tendido, procediéndose al levantamiento del ejemplar por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, tras la necropsia realizada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se confirmó que la causa de la muerte fue por electrocución.

Un problema que afecta a otras especies

El quebrantahuesos es una de las especies más monitorizadas de la Península Ibérica gracias a emisores satelitales y equipos de campo especializados.

Y por ello, su mortalidad en tendidos eléctricos es visible y cuantificable.

La FCQ ha advertido de que este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras —algunas también amenazadas— que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio.

Dado el problema que supone la mortalidad no natural de avifauna por tendidos eléctricos, desde la Junta se dictan las actuaciones administrativas necesarias para que los titulares de las mismas procedan a su adecuación como responsables de su corrección, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Entre las medidas, el impulso de un plan de inspecciones con carácter preventivo y un protocolo de actuación ante casos constatados de electrocución y colisión.

Desde el punto de vista técnico, también se han elaborado diversos manuales con el fin de zonificar la Comunidad en función de la probabilidad de electrocución, establecer la tipología de los apoyos peligrosos, categorizar su peligrosidad, establecer las correcciones tipo a realizar y cuantificar desde el punto de vista económico la cuantía de dichas correcciones. 

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

El proyecto minero para la búsqueda de arenas silíceas y arcillas caoliníticas entre los municipios leoneses de Rioseco de Tapia y Carrocera da un paso adelante. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este 1 de abril el otorgamiento del permiso de investigación denominado ‘Tapia’, un trámite que confirma la continuidad administrativa de la iniciativa ya conocida el pasado año.

La resolución concede a la empresa Recursos Naturales del Suelo S.L. el derecho minero sobre 12 cuadrículas en ambos términos municipales, para la investigación de recursos, concretamente arenas silíceas y arcillas caoliníticas. El ámbito se sitúa en una amplia zona próxima a la autopista León-Asturias (AP-66) y al embalse de Selga de Ordás, tal y como ya recogía la documentación inicial del proyecto.

Se trata exactamente de los mismos materiales, ubicación y promotora que figuraban en la solicitud sometida a información pública en abril de 2025. Este paso no implica todavía la explotación directa, pero sí habilita a la empresa a estudiar el potencial real de los recursos en la zona.

El ámbito autorizado queda delimitado por un perímetro de coordenadas geográficas que configuran la superficie de las cuadrículas mineras otorgadas, situadas en el entorno de Tapia de la Ribera y próximas a enclaves como Benllera, en una zona donde ya existen antecedentes de actividad extractiva.

El proyecto contempla una posible explotación en una superficie de hasta 365 hectáreas durante tres años, con una inversión inicial cercana a los 100.000 euros. Aunque el anuncio actual no detalla esas magnitudes, sí confirma que la iniciativa sigue su curso administrativo, consolidando su viabilidad desde el punto de vista minero.

El otorgamiento se hace público conforme a la Ley de Minas y su reglamento, cerrando así el perímetro de actuación autorizado y marcando un nuevo avance en un proyecto que podría tener impacto en el entorno de la montaña central leonesa si finalmente llega a fase de explotación.

Ecologistas en Acción ha cargado con dureza contra las administraciones públicas por su gestión del incendio, declarado en la madrugada del 18 de marzo en una nave con residuos plásticos y neumáticos en la ciudad de La Bañeza, un suceso que, pese a haber reducido la peligrosidad de la nube tóxica en los últimos días, continúa sin darse por extinguido.

La Junta de Castilla y León desactivó el pasado 23 de marzo la situación 1 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (Plancal), al considerar que el riesgo para la población había disminuido de forma significativa. Sin embargo, mantiene un retén de bomberos y medios de extinción ante la persistencia de focos activos y episodios puntuales de humo, que aún obligan a extremar la precaución, especialmente entre personas vulnerables.

Desde la organización ecologista advierten de que el incendio ha provocado durante días una “grave contaminación del aire”, con una nube de humo y cenizas que se ha extendido por amplias zonas del entorno bañezano, alcanzando incluso áreas como el valle del Tuerto, la Sequeda o Astorga. A su juicio, esta situación ha puesto en riesgo la salud de miles de personas y evidencia “una situación inaceptable e insostenible”.

Ecologistas en Acción cuestiona además la falta de información pública sobre el alcance real del siniestro. “¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Por qué no se han comunicado los resultados a la ciudadanía?”, plantean, al tiempo que critican que no se haya informado sobre el volumen de residuos calcinados ni sobre el impacto ambiental generado.

La organización también pone el foco en la posible ilegalidad del depósito afectado y se pregunta por qué el Ayuntamiento de La Bañeza no había actuado previamente para desmantelarlo. En este sentido, denuncian una falta de control e inspección sobre este tipo de instalaciones.

Más allá del caso concreto, los ecologistas enmarcan este incendio en una política autonómica que, aseguran, favorece la llegada de residuos a Castilla y León. Como ejemplo, citan el proyecto de macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en el municipio de San Justo de la Vega y advierten de que este modelo está detrás del aumento de incidentes en instalaciones similares.

“Las normativas y tasas medioambientales no se han adaptado, mientras los mecanismos de control y sanción se debilitan”, sostienen, recordando que en la provincia de León se han registrado episodios similares en los últimos años, como el caso del enorme siniestro Recuperación de Materiales Diversos (RMD), en Ardoncino.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta que “asuma sus responsabilidades”, refuerce las labores de prevención e inspección y aplique de forma efectiva la responsabilidad ampliada del productor en la gestión de residuos, con el fin de evitar que se repitan incendios de estas características.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

El concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en fotografía de naturaleza, ha anunciado como ganador del Premio del Público Nuveen 2026 al fotógrafo austríaco Josef Stefan. Su imagen, tomada en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), muestra a un lince ibérico en interacción con su presa.

La fotografía, titulada Flying Rodent, se ha impuesto a otras 23 finalistas seleccionadas entre 60.636 imágenes procedentes de 113 países y territorios, además de las 100 fotografías premiadas en la edición principal anunciada en octubre de 2025.

La selección ha sido realizada por un jurado internacional de expertos en fotografía, conservación, ciencia y vida silvestre, junto con el Museo de Historia Natural de Londres, organizador del concurso.

La fotografía, titulada 'Flying Rodent', se ha impuesto a otras 23 finalistas seleccionadas entre 60.636 imágenes procedentes de 113 países y territorios

Stefan logró la imagen tras dos semanas de observación desde un escondite. En la escena se aprecia a un lince joven lanzando un roedor al aire antes de capturarlo y consumirlo, un comportamiento habitual en la especie que se prolongó durante unos 20 minutos.

Otras cuatro imágenes, entre las más votadas

Entre las fotografías destacadas figuran también la de un grupo de flamencos sobre un fondo industrial en Namibia, una osa polar con sus crías en la bahía de Hudson (Canadá), dos cachorros de oso jugando en una carretera del Parque Nacional Jasper (Canadá) y un ciervo sika (Cervus nippon) transportando la cabeza de un rival tras un enfrentamiento. Se pueden ver en la Agencia SINC.

El lince ibérico es un símbolo vivo de esperanza, que demuestra lo que puede lograrse cuando asumimos la responsabilidad y centramos nuestra atención donde más se necesita

Josef Stefan — Ganador del Premio del Público

Josef Stefan, ganador del Premio del Público, dice: “El camino para capturar esta imagen fue más que una simple aventura fotográfica; fue la búsqueda de un sueño que me ha acompañado durante años: encontrarme con el lince ibérico, uno de los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. A principios de los años 2000, esta especie estaba al borde de la extinción. Hoy hay más de 2 000 ejemplares gracias a los esfuerzos continuos de conservación. El lince ibérico es un símbolo vivo de esperanza, que demuestra lo que puede lograrse cuando asumimos la responsabilidad, actuamos de forma consciente y centramos nuestra atención donde más se necesita. Ganar este premio y poder dar visibilidad a este mensaje es el mayor hito de mis 30 años como fotógrafo de naturaleza”.

Ya fuera mostrando comportamientos fascinantes o transmitiendo una historia impactante, la selección de imágenes de este año ha sido realmente excepcional

Douglas Gurr — Director del Museo de Historia Natural de Londres

Por su parte, el director del Museo de Historia Natural de Londres, Douglas Gurr, señala: “Ha sido maravilloso ver cómo se han ido sumando los votos para elegir el conjunto de fotografías que se mostrarán en nuestra exposición principal aquí, en el Museo de Historia Natural. Ya fuera mostrando comportamientos fascinantes o transmitiendo una historia impactante, la selección de imágenes de este año ha sido realmente excepcional. ¡Gracias a todos los que han votado!”.

La imagen ganadora y las cuatro finalistas se exhibirán hasta el 12 de julio de 2026 en la exposición del certamen en el Museo de Historia Natural de Londres, junto al resto de fotografías premiadas en la edición principal.

Cuatro Valles trabaja por el desarrollo de varias comarcas de la provincia de León y para ello las localidades de Canales y Murias de Paredes han acogido esta semana dos jornadas centradas en la transformación digital de sectores clave para el medio rural, como el turismo y la ganadería.

Ambas iniciativas forman parte del programa Centr@Tec, impulsado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) en colaboración con AIR Institute, con el objetivo de acercar soluciones tecnológicas prácticas a las pequeñas y medianas empresas del entorno rural. Lazona sobre la que trabaja Cuatro Valles está ntegrada por veinticinco municipios leoneses de las comarcas de Laciana, Babia, Luna, Omaña, Torío, Bernesga y La Cepeda con un total de 291 núcleos de población, lo que supone el 20% de la superficie de la provincia de León con casi treinta mil habitantes.

El martes 24 de marzo, el espacio de coworking de Canales-La Magdalena fue escenario del desayuno tecnológico ‘Ruta digital para el turismo local: capta, fideliza y escala’, en el que participaron 16 profesionales del sector turístico. Durante la sesión se abordaron estrategias para mejorar la visibilidad online, optimizar la captación de clientes y aplicar herramientas tecnológicas que refuercen la competitividad en un contexto cada vez más digitalizado. Asimismo, se dieron a conocer las ayudas y servicios que ofrece el Icecyl para apoyar estos procesos de modernización.

Al día siguiente, el miércoles 25 de marzo, la Casona de los Condes de Luna, en Murias de Paredes, acogió el desayuno tecnológico ‘Geolocalización y monitorización: las claves para digitalizar el sector ganadero’, que reunió a 15 ganaderos interesados en incorporar soluciones innovadoras en sus explotaciones. En esta jornada se presentaron herramientas avanzadas de monitorización y geolocalización aplicadas a la ganadería extensiva, orientadas a optimizar recursos, mejorar la gestión diaria y favorecer el bienestar animal. Los asistentes conocieron además ejemplos reales de implantación tecnológica en el sector.

Estas jornadas reflejan el creciente interés de los sectores productivos de la comarca por adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. La participación de profesionales del turismo y la ganadería evidencia la apuesta del territorio por la innovación, la sostenibilidad y el refuerzo de su competitividad.

A través de iniciativas como estas, el programa Centr@Tec continúa impulsando la transformación digital en el medio rural, facilitando herramientas y acompañamiento para que las empresas puedan afrontar con éxito los desafíos del mercado actual.

Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra “anticientífica” en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una “cuota cero” de matanzas.

“La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos”, denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que “no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea” y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una “decisión política” que abre la puerta a más matanzas de lobos que “probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola”.

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que “abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea”, dicen.

“Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE”, indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus “no ha alcanzado un estado de conservación favorable” en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que “ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos” sobre cuántos lobos mueren cada año.

Rebaja de la protección al lobo

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de “estrictamente protegido” a sólo “protegido”, tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El PP permitió cazar lobos al norte del Duero

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León del 27 de marzo al 6 de abril de 2026.

La previsión meteorológica actual indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas por debajo del 30 %, vientos por encima de los 30 kilómetros por hora e inestabilidad atmosférica en capas bajas, han informado este jueves fuentes de la Consejería.

Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, así como de la propagación, elevando el peligro de incendios forestales por encima de la media esperada.

La consejería ha solicitado a la población colaboración para que extreme la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar situaciones de riesgo que puedan producir un incendio forestal.

Esta declaración implica que se reforzarán los medios del operativo Infocal para atajar los conatos que puedan producirse.

Se ha reforzado el personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, se mantienen cuadrillas helitransportadas en todas las bases y todas las autobombas. También hay activados cuadrillas terrestres, unidades de brigada y autobomba y retenes de maquinaria.

Medidas preventivas

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden FYM/510/2013 por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.

Se suspenden las autorizaciones concedidas para estas fechas de quema en monte y en los terrenos rústicos a menos de 400 metros del mismo, quema de matorral, de pastos, restos agrícolas, forestales y otros restos de vegetación.

Sí podrán hacerse, como hasta ahora, las quemas de restos vegetales acumulados en pequeños montones situados en terrenos labrados, huertos y prados, que requieren comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente, pero con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha de realización de la quema y el aviso al agente medioambiental de la zona antes de iniciar la quema.

El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego requiere de la correspondiente autorización.

No existen restricciones específicas en este periodo para las labores agrícolas.

Prohibiciones todo el año

Se recuerda que, durante todo el año, está prohibido en el monte y a menos de 400 metros del monte la quema de rastrojos; hacer hogueras y fogatas; encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras; tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo; la quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulació de residuos de cualquier tipo.

Tampoco se puede arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles o mecheros, entre otros; aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos, de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales.

La Junta de Castilla y León confía en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 112.

Recuerda que la realización de actividades no permitidas puede causar incendios que ocasionen un grave riesgo para las vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como para el patrimonio natural y cultural, y que, además, pueden ser acciones constitutivas de delito, por lo que se efectúa un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitarlas. 

La ganadería extensiva se confirma como una herramienta eficaz para conservar la biodiversidad y reducir los riesgos asociados al avance del matorral en los ecosistemas de montaña. Así lo constata un estudio desarrollado en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, cuyos resultados acaban de publicarse en la Revista Agroecología.

La investigación evalúa el impacto del pastoreo en dos áreas piloto —Casares de Arbas y Folledo— integradas en el proyecto 'Pastoreo en las Redes', impulsado por Enagás y Red Eléctrica de España (Redeia) con el asesoramiento técnico de Agrovidar.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza cómo el manejo planificado de vacas y yeguas en zonas situadas bajo tendidos eléctricos y sobre gasoductos contribuye a controlar el crecimiento del matorral, mantener el paisaje en mosaico y promover la biodiversidad vegetal y de artrópodos. Para ello, se compararon parcelas pastoreadas y zonas control sin ganado, mediante tres muestreos realizados en primavera, verano y otoño de 2023.

Los resultados muestran un patrón claro: allí donde ha habido ganado, la vegetación ha evolucionado hacia un predominio del sustrato herbáceo y una mayor riqueza florística.

En ambas localidades se registraron más especies y más familias botánicas en los pastos manejados, con un pico notable a principios del verano, cuando se alcanza el máximo desarrollo vegetativo. Las familias Fabaceae, Asteraceae y Poaceae —esta última con mayor cobertura vegetal— fueron las más representadas.

Según el estudio, firmado por María Barco, Ramiro Palacios, Gonzalo Villalba e Inés Andreu, la acción combinada de siega mecánica previa, trasterminancia, instalación de puntos móviles de agua y sal, y manejo dirigido mediante vallados permite que el ganado frene con eficacia el rebrote del matorral, especialmente en áreas donde antes se habían detectado coberturas superiores al 80% y alturas de hasta cuatro metros en especies como Cytisus scoparius.

El pastoreo, indican los autores, no solo reduce biomasa combustible y facilita el mantenimiento de infraestructuras energéticas, sino que también incrementa la disponibilidad de pasto, mejora la estructura del suelo y contribuye a fijar carbono.

Sin embargo, el efecto sobre las comunidades de artrópodos resulta más complejo. Aunque tanto la abundancia como la riqueza de insectos fueron altas, no se observaron diferencias significativas entre áreas con y sin pastoreo.

La respuesta fue “neutra”, condicionada por factores como la climatología, la altitud, la dominancia de determinadas especies herbáceas y la carga ganadera. El orden Diptera fue claramente mayoritario, con porcentajes superiores al 70% en varios muestreos, estando compuesto sobre todo por moscas de las familias Muscidae, Anthomyiidae y Bibionidae. Su abundancia y resiliencia lo sitúan, según el artículo, como un potencial bioindicador del manejo ganadero.

El estudio recuerda que la relación entre pastoreo y polinizadores es objeto de amplio debate científico: las intensidades moderadas pueden favorecerlos, mientras que las elevadas o el corte para heno pueden disminuir su presencia. En este caso concreto, pese al aumento de la diversidad vegetal, la fuerte dominancia de gramíneas —tolerantes al pastoreo— podría haber limitado cambios mayores en la comunidad de invertebrados.

Los autores subrayan que, aunque el diseño experimental es exploratorio, los resultados ofrecen una primera evidencia sólida de que el ganado extensivo puede actuar como un agente de gestión ecológica eficaz en áreas de montaña. Para obtener conclusiones más robustas, proponen prolongar el estudio en el tiempo y aumentar la replicación espacial.

'Pastoreo en las Redes' también incorpora una dimensión social: la remuneración directa a las pastoras encargadas del manejo, lo que contribuye a diversificar las fuentes de ingreso, impulsar el relevo generacional y vincular el pastoreo con servicios ecosistémicos de alto valor ambiental.

En un contexto de abandono de la ganadería extensiva y aumento del riesgo de incendios forestales, la investigación defiende que la continuidad del pastoreo es clave para estabilizar los ecosistemas y garantizar respuestas positivas a largo plazo tanto en la vegetación como en el funcionamiento del territorio.

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.

Robles contra el fuego. Alumnos de dos colegios de Ponferrada han participado en hacer realidad la campaña 'Tu ayuda cuenta' al plantar 150 robles en la ribera del río Sil para luchar contra el fuego como recordatorio de que la naturaleza siempre vuelve a resurgir tras los terribles incendios forestales de este verano que asediaron la comarca berciana y la provincia de León.

La actividad fue posible gracias a una campaña de recaudación que recaudó 1.000 euros para la compra de los plantones, con el objetivo de contribuir a la regeneración del entorno tras los incendios registrados el pasado verano.

Iván Rodríguez, presidente de la agrupación, ha destacado que la acción busca convertirse en “un símbolo de la recuperación” de los montes “lo antes posible”, al tiempo que ha remarcado la importancia de involucrar a los más jóvenes para que aprendan a valorar y cuidar la naturaleza.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, ha subrayado la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la protección del medio ambiente: “Debemos lograr que las generaciones futuras sean conscientes de que el cambio climático también depende de nuestras acciones”.

En la misma línea, el concejal de Comercio, David Pacios, ha agradecido la colaboración del sector comercial en este tipo de iniciativas, destacando que lo más importante es la concienciación “y qué mejor manera de hacerlo que con los más pequeños”.

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León se ha convertido esta semana en punto de encuentro internacional para el estudio de los incendios forestales con la visita de un grupo de especialistas de la Universidad Estatal de Oregón (OSU), referentes en gestión del fuego en Estados Unidos.

Los investigadores trabajan junto al Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León en un análisis comparado sobre la dinámica de los incendios en ambos países, en un contexto marcado por problemas comunes como el abandono rural o la proliferación de vegetación que favorece la propagación del fuego.

La catedrática de la Universidad de León, Leonor Calvo, ha enmarcado esta visita en una colaboración previa entre ambas instituciones. “Estamos desarrollando programas conjuntos para predecir el comportamiento de los incendios y trasladar ese conocimiento a nuestros ecosistemas”, ha explicado.

En la misma línea, el profesor de la Universidad Estatal de Oregón, Sergio Arispe, ha subrayado el alcance global del problema. “Los incendios forestales y la población afectada son un desafío a nivel mundial, tanto en nuestra región como aquí en España”.

Reforzar la cooperación científica

Arispe ha destacado que el objetivo principal es reforzar la cooperación científica para mejorar la prevención. “Queremos trabajar en herramientas que ayuden a evitar grandes incendios que están afectando a nuestros pueblos”, ha señalado.

Uno de los ejes de trabajo es la teledetección. “La Universidad de León tiene mucha experiencia en datos de satélite y lo que buscamos es integrarlos para que los gestores puedan anticiparse y actuar mejor, tanto antes como después de los incendios”, ha añadido.

El equipo estadounidense está integrado por especialistas en gestión del fuego, ecología del paisaje, extensión agraria y sistemas de pastoreo. “La mejor forma de afrontar estos grandes retos es mediante una colaboración internacional amplia”, ha insistido Arispe.

La visita refuerza la proyección internacional de la Universidad de León y consolida al Campus de Ponferrada como un referente en investigación aplicada en el ámbito forestal y en la búsqueda de soluciones frente a un problema cada vez más complejo.

Una de las fábricas más llamativas por su actividad y su volumen de negocio de la provincia de León, la de La Balinesa, dedicada a los ahumados sobre todo de salmón en el pequeño pueblo de La Antigua, en la comarca de El Páramo, se encuentra inmersa en una controversia en su intento desarrollar un proyecto para multiplicar su producción.

Los planes de la nueva compañía portuguesa del grupo Brasmar que en 2019 adquirió la empresa de origen netamente leonés parecen ser excesivamente ambiciosos, al menos desde el punto de vista del consumo de agua subterránea, que necesitan multiplicar casi por diez para incrementar la producción. Pero se da la circunstancia de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) lo rechaza, argumentando que incrementaría en exceso el volumen de aguas sucias, residuales, demasiadas para el escaso aguante que tiene la red de alcantarillado del Ayuntamiento de La Antigua, donde se siguen vertiendo, y que acaban en el cauce del llamado Reguero Grande, como se autorizó desde 2008. A su juicio técnico, la contaminación estaría servida.

Sin embargo, resulta paradógico que la Junta de Castilla y León no vea inconveniente alguno. Es por eso que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, con firma del delegado territorial, Eduardo Diego, concediera el visto bueno ambiental a la ampliación de la fábrica de ahumados de La Balinesa, zanjando que bajo su punto de vista el proyecto no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente.

Hace justo un año

Según información oficial facilitada por CHD, la compañía solicitó hace justo un año, el 17 de marzo de 2025, incrementar de forma muy notable el volumen de agua autorizado, pasando de los 4.950 metros cúbicos anuales de que dispone hasta ahora hasta los 45.555,9. Al aumento del proceso industrial la empresa asegura que también incorporaría parte de esa agua a usos de abastecimiento de la factoría. Sin embargo, el organismo de cuenca resolvió el 9 de octubre de 2025 proponer la denegación de esta petición tras los informes técnicos desfavorables.

La Confederación concluye que el sistema de depuración municipal de La Antigua en el que se vierte no está dimensionado para asumir el aumento de caudal previsto respecto a sus aguas sucias. Los técnicos advierten de que esto supondría un incremento significativo de aguas residuales, con el consiguiente riesgo ambiental.

Ante esta situación, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica apunta como alternativa más óptima que la empresa tramite una autorización de vertido independiente, en una red distinta que esté adaptada a la magnitud de su actividad industrial. Mientras tanto, la denegación impide también la ejecución del nuevo sondeo de captación de aguas subterráneas planteado por la empresa, si bien deja la puerta abierta a una nueva solicitud que subsane los problemas detectados.

Un llamativo 'sí' autonómico

En ese contexto, ha resultado llamativo que la Junta haya emitido el 4 de marzo de 2026 un informe de impacto ambiental favorable, tal y como lo publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Y es que este departamento, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, considera que el proyecto de La Balinesa no generaría efectos adversos significativos si se cumplen las condiciones establecidas y presentadas por la empresa.

La Junta ha analizado en detalle el proyecto, que incluiría la perforación de un nuevo sondeo de 250 metros de profundidad con revestimiento para proteger las aguas subterráneas y evitar la contaminación entre acuíferos, junto con la instalación de sistemas de gestión de lodos y residuos de perforación mediante contenedores impermeabilizados y retirada por gestores autorizados. También indicaba que habría medidas para prevenir vertidos accidentales de aceites, combustibles o sustancias peligrosas, considerando la alta permeabilidad del terreno, así como se controlará el caudal extraído mediante caudalímetros y se regulará el consumo en periodos de sequía.

El documento autonómico concluye que el impacto global sería “puntual y reversible” y por lo tanto concluye que “compatible” y de baja intensidad, en una zona ya transformada y con capacidad de absorción ambiental, argumentan. Tan poco impacto posible ven que de hecho se ha tramitado con carácter de procedimiento simplificado.

Eso sí, la propia resolución autonómica recuerda expresamente que quien 'manda' es la Confederación Hidrográfica del Duero y por eso subraya que cualquier uso del agua sin la correspondiente concesión supondría una infracción administrativa, de modo que con el 'no' de CHD poco importa el 'sí' de la Junta.

El Gobierno de España tumba la instalación de dos parque eólicos proyectados entre las comarcas leonesas de La Cabrera y El Bierzo y Valdeorras, en Orense. Se trata de 'Bierzo Wind I' y 'Bierzo Wind II' (de 6 y 2 aerogeneradores, respectivamente), cuyo impacto ambiental es tan desfavorable que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que no seguirán adelante, y así se refleja en la publicación del BOE de este miércoles 18 de marzo.

El proyecto ha sido promovido la empresa Ekain Renovables, SL, filial de la firma petrolera italiana por excelencia, ENI. En un principio los trámites para su aprobación se presentaron por separado a finales del año 2023, pero finalmente, se tramitaron juntos con un presupuesto de 55,7 millones de euros. Sus infraestructuras de evacuación se extendían por los términos municipales de Encinedo, Benuza y Puente de Domingo Flórez en la provincia de León y Carballeda de Valdeorras y Rubiá en la de Orense.

Durante el proceso de información pública, se recibieron numerosas alegaciones de vecinos y grupos ecologistas, que mostraban su preocupación por la instalación de aerogeneradores de más de 200 metros de altura y las 79 torres de alta tensión de 40 metros de altura “en pleno corazón de Cabrera”.

El órgano ambiental tuvo que requerir la subsanación del expediente en septiembre de 2025, debido a la falta de informes preceptivos de la Junta de Castilla y León y a la existencia de un informe desfavorable inicial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que el proyecto es ambientalmente inviable. La resolución concluye que la instalación de los parques causaría impactos adversos significativos e irreversibles sobre el paisaje de alta montaña y sobre especies de fauna protegidas y en peligro de extinción, como el águila real, el aguilucho cenizo, la perdiz pardilla y el oso pardo. A pesar de las medidas correctoras propuestas por el promotor, los informes de los organismos competentes ratificaron que el proyecto afectaría gravemente la biodiversidad y la integridad de los corredores entre espacios de la Red Natura 2000.

El entorno del Teleno, un terreno muy afectado por los incendios en los últimos años, ha sido el lugar en el que este sábado se ha llegado a la meta de las marchas convocadas por el colectivo de bomberos forestales bajo el lema ‘El monte no olvida’, todavía bajo el impacto de los fuegos del pasado verano.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) convocó estas marchas reivindicativas, que recorrieron territorios calcinados por los incendios forestales. La provincia leonesa ha tenido un protagonismo notable en unas citas que también han pasado por puntos de Burgos, Zamora y Ávila.

La ruta Pobladura de la Sierra-Filiel (12,4 kilómetros) ha servido este sábado para poner el punto final a esta iniciativa, concebida como un acto de memoria y dignidad tras los efectos devastadores de los incendios forestales del pasado verano.

Desde el colectivo organizador se ha realizado un agradecimiento a la participación en estas marchas, convocadas también para visibilizar la realidad del colectivo de trabajadores en la extinción de incendios.

La Junta de Castilla y León someterá a información pública una nueva relación, a mayores, de bienes y derechos afectados por la ejecución del declarado proyecto regional La Robla Green, el complejo energético que se desarrolla en el municipio leonés de La Robla. Se trata del macroparque que aúna generación de metanol renovable e hidrógeno verde, incineración de biocombustible y captura de CO2.

La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incorpora nuevas parcelas necesarias para ejecutar los enlaces y conexiones previstos en la fase final de urbanización. En concreto, ya en la primavera del año pasado se comenzó la expropiación de un total de 89 fincas y la suma conjunta de 16,3 hectáreas para las futuras instalaciones.

Ahora, la nueva la relación de fincas afectadas aumenta en otras 33, muchos de ellos públicos o de grandes empresas, como Enagás o Naturgy, para su ocupación durante el transcurso de las obras o para paso de tendidos eléctricos y servidumbres.

El proyecto, impulsado por Desarrollos Renovables Abies SL y desarrollado estratégicamente por el grupo Reolum, cuenta con una inversión estimada de 850 millones de euros y prevé generar más de 1.000 empleos en su fase de construcción y 200 puestos de trabajo estables durante su operación, prevista para el primer trimestre de 2028.

La Robla Green está concebido como un proyecto integral que combina cuatro instalaciones de última generación, diseñadas para trabajar de manera sinérgica y maximizar la eficiencia en la generación de energía verde. Contará con una planta de cogeneración de biomasa, capaz de producir 400 GWh anuales de electricidad renovable; una central de captura de CO₂, que permitirá disponer de dióxido de carbono verde como insumo industrial; una planta de producción de e‑metanol verde, con capacidad para fabricar 140.000 toneladas anuales de este combustible sintético de bajas emisiones.

Y con una cuarta instalación complementaria ligada al procesamiento energético y la gestión de subproductos, integrada dentro del ecosistema tecnológico del complejo.

Este modelo aspira a convertir a La Robla en un referente europeo de innovación industrial, transición energética y economía circular, con un complejo que integra producción térmica renovable, captura de carbono y síntesis de combustibles verdes en un mismo nodo.

El anexo incluye más de cuarenta parcelas, propiedad de particulares, empresas y administraciones como el Ayuntamiento de La Robla, varias juntas vecinales, Naturgy Generación Térmica, Reolum Renovables, Inversiones Río Pisuerga, Enagás Transporte del Norte y la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otros. Las afecciones van desde ocupaciones temporales superiores a los mil metros cuadrados hasta diversas servidumbres de paso o infraestructuras.

Durante los próximos 15 días hábiles, cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones o solicitar rectificaciones sobre la relación publicada. El trámite puede realizarse por registro electrónico o en los lugares previstos en la Ley 39/2015, y las alegaciones presenciales deberán dirigirse al Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta, en Valladolid.

Una vez finalizado el periodo de información pública y resueltas las alegaciones, la Administración continuará con la firma de las actas previas de ocupación, paso imprescindible para avanzar en la construcción de una infraestructura energética en la Montaña Central leonesa.

La Junta Vecinal de Piedralba, localidad perteneciente al municipio leonés de Santiago Millas, en la comarca de Maragatería, ha conseguido la victoria en una batalla, que todavía no la guerra completa, contra la instalación de una planta destinada a la gestión de lodos procedentes de depuradoras.

En concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha comunicado ha comunicado a la Pedanía la suspensión temporal de la autorización de uso excepcional en suelo rústico que había otorgado la propia la Junta de Castilla y León. Según se indica en la documentación, la medida se mantendrá vigente mientras se resuelve el recurso administrativo presentado por la propia entidad local menor, en el que se denuncian presuntas irregularidades y diversos incumplimientos legales en la tramitación del proyecto. Unas quejas y unos trámites de recurso que comparte con organizaciones como Ecologistas en Acción. La decisión se otorga en concreto a causa de no haber contestado la Junta en el plazo establecido de un mes, por lo que se considera silencio administrativo.

La decisión supone, según trasladan desde la Junta Vecinal en un comunicado, un avance relevante dentro de la oposición que vecinos y colectivos de la zona mantienen desde el inicio frente a esta iniciativa empresarial, ubicada en el entorno de la ciudad de Astorga, donde mantienen una amplia campaña de sensibilización. La paralización cautelar permite frenar por el momento la puesta en marcha de la instalación, considerada por sus detractores incompatible con la protección del entorno rural y con la calidad de vida de los habitantes del área.

Desde la plataforma vecinal y la propia junta de Piedralba subrayan que la suspensión representa una “buena noticia” para el conjunto de la comarca, aunque advierten de que la batalla administrativa y social continúa. “Es un paso más en la defensa de nuestro modo de vida y nuestra comarca, pero aún queda mucho trabajo para evitar lo que consideramos un atropello”, señalan en el comunicado tras la resolución, que data del pasado 24 de febrero.

Los opositores al proyecto sostienen que este tipo de instalaciones pueden acarrear impactos ambientales y paisajísticos significativos, además de posibles riesgos para la salud pública. Entre las consecuencias que citan se encuentran el incremento del tráfico pesado, la generación de malos olores, potenciales afecciones a los acuíferos y una progresiva degradación del entorno natural y agrícola.

En este sentido, los vecinos reiteran su rechazo frontal a que la comarca pueda convertirse en un destino para este tipo de infraestructuras. “No estamos dispuestos a ser un territorio de sacrificio ni a que la comarca de Astorga se convierta en el basurero regional”, defienden, en relación con numerosos proyectos de todo tipo de residuos en el entorno de la ciudad de Astorga.

La Junta Vecinal de Piedralba ha reafirmado, además, su intención de continuar vigilante durante todo el proceso administrativo y de seguir trabajando junto a los vecinos para impedir que la planta pueda implantarse sin garantías ambientales suficientes ni el consenso de la población afectada.