El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para que la Junta ejerza sus competencias y solucione el conflicto que enfrenta a ganaderos asturianos y leoneses por el uso de los pastos de Puerto de Pinos, en la comarca leonesa de Babia, pero en terrenos que son hace un siglo propiedad de Mieres.

Un conflicto derivado de la compra hace un siglo de los pastos por parte del Concejo mierense, que reguló la actividad ganadera con normas municipales que son ilegales en Castilla y León, según varias sentencias, y que enfrenta al consistorio asturiano con el Ayuntamiento de San Emiliano, sus juntas vecinales y los ganaderos de esta comarca leonesa.

El procurador socialista y alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha subrayado que se trata de “un conflicto territorial, patrimonial y competencial” que afecta tanto a los ganaderos como a las entidades locales de San Emiliano y le ha pedido a la Junta que “ejerza sus competencias”.

Rivas, que ha mantenido una reunión este jueves junto a la vicesecretaria general del PSOE CyL, Nuria Rubio, el procurador socialista Benjamín Fernández y el alcalde de San Emiliano, David Marcello, ha asegurado que es urgente abordar este asunto y que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tiene que cumplir sus compromisos.

El regidor de San Emiliano ha recordado que Mañueco prometió hace “año y medio una solución definitiva que todavía no ha llegado” y ha lamentado que la situación sigue igual: “La semana pasada todavía había unos 200 animales ilegales en los puertos de Pinos”.

La proposición no de ley pide a la Junta de Castilla y León que actúe para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, preserve los derechos de aprovechamiento de pastos y leñas reconocidos en la escritura de 1926 y elabore un informe sobre las alternativas de adquisición pública o, en su caso, expropiación de los terrenos.

Además, plantea crear una mesa de diálogo con la Junta, el Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales afectadas, la Diputación de León y las organizaciones del territorio para alcanzar una solución estable para el Puerto de Pinos.

Los procuradores del PSOE también han adelantado que su grupo prepara también una segunda iniciativa para reclamar a la Junta una mayor implicación y financiación de las Reservas de la Biosfera, que registrará próximamente. Ayer mismo la de Babia acusaba a la Junta de asfixia económica, con impagos que en algunos casos acumulan tres años.

Me apena saber que ha muerto Gonzalo Suárez. Anabel, compañera de aquellos años de la Escuela de Cine de Ponferrada, me lo hizo saber. Después, como suele ocurrir con estas noticias, la muerte se extiende rápidamente por los medios y convierte en noticia pública lo que para quienes tuvimos la fortuna de tratarlo es, de pronto, una ausencia íntima.

Antes de que fuera director honorífico de la Escuela de Cine de Ponferrada ya conocía su nombre, sus películas y esa manera tan suya de entender el cine y la literatura, como si fueran territorios contiguos entre los que pudiera moverse con absoluta libertad.

Por eso quise que fuera él, precisamente él, quien ocupara aquel cargo honorífico. Y tuve la fortuna de compartir con Gonzalo algunos años de aquel proyecto que fue la Escuela: a veces sueño y a veces pesadilla, como suelen ser los sueños cuando intentan convertirse en realidad.

Ya había coincidido con él mucho antes, durante mi etapa universitaria. Recuerdo haberlo visto en Oviedo, quizá incluso en una charla en la que también participó el filósofo Gustavo Bueno, uno de mis maestros. Digo quizá porque la memoria no funciona como un archivo. Conserva escenas, rostros, voces, pero a veces mezcla las fechas y los lugares. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad es mi fascinación por Remando al viento. Todavía la siento.

Hay películas que uno ve y olvida. Y hay otras que se quedan dentro. La de Gonzalo Suárez es de estas últimas. Allí estaba Hugh Grant, todavía lejos de la popularidad que alcanzaría después, interpretando a Lord Byron. Allí estaba Mary Shelley y su criatura, pero también estaban el paisaje, la literatura, los fantasmas, la creación artística y esa frontera incierta entre la realidad y el sueño que tanto parecía interesar a Gonzalo.

Y estaba la música. La Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, de Vaughan Williams, acompañando aquellas imágenes y contribuyendo a crear una atmósfera que todavía recuerdo como envuelta en niebla.

También estaban Daniel Goldstein y Ricardo Steinberg en el sonido. A Ricardo tuve ocasión de conocerlo bien e incluso de invitarlo a aquellas Tardes de Cine que organizaba en Bembibre. Y estaba Wolfgang Burmann, Chinín para los amigos, director artístico de Remando al viento, un hombre entrañable y lúcido con quien tuve ocasión de hablar de cine y de muchas otras cosas. Entre ellas, de Almodóvar, con quien había trabajado en La flor de mi secreto.

Quizá ahí estaba una de las razones por las que aquella Escuela de Cine significó tanto para mí: permitía que quienes primero habían sido nombres vistos en una pantalla acabaran sentados frente a nosotros, hablando, contando historias, tomando un café o compartiendo una comida. Y Gonzalo fue uno de ellos.

Lo recuerdo en el hotel AC de Ponferrada, en restaurantes de la capital del Bierzo, en esos espacios donde los personajes públicos dejan de ser personajes y se convierten simplemente en personas. Allí aparecía su inteligencia, su ironía, su sentido del humor. Y aquella forma tan suya de mirar las cosas de lado, como si nunca terminara de aceptar las convenciones.

No volví a tener contacto con él después de que la Escuela llegara a su fin. Por eso su muerte tiene para mí una tristeza doble: desaparece un cineasta y escritor singular, pero desaparece también una parte de aquellos años en los que Ponferrada quiso ser una ciudad de cine.

Quedan sus películas. Don Juan en los infiernos, El portero, El detective y la muerte, Oviedo Express, Remando al viento... Una filmografía difícil de encerrar en una etiqueta: literaria, sombría, juguetona, extraña, libre.

En El detective y la muerte, basada en un cuento de Hans Christian Andersen, aparecía además Mapi Galán, actriz ponferradina vinculada también a aquella Escuela y a las Tardes de Cine. En Oviedo Express volvía a trabajar con Carmelo Gómez, actor leonés presente también en El portero y El detective y la muerte.

Gonzalo se llamaba a sí mismo 'Cineostia'. Hasta eso tenía algo de declaración de principios: juego, ironía, libertad.

También admiraba a Sam Peckinpah, a quien llegó a conocer. No resulta extraño. Parecía sentirse atraído por aquellos creadores que caminaban por los márgenes y que no tenían demasiado interés en obedecer las reglas.

Quizá por eso resulta tan difícil despedirlo con una definición. ¿Cineasta? ¿Escritor? ¿Director? ¿Novelista? Fue todo eso y algo más difícil de nombrar: alguien que convirtió la creación en una forma personal de mirar el mundo.

Me gusta pensar que, para alguien que hizo del cine una manera de mirar, la muerte no tiene por qué ser necesariamente un final. Tal vez sea otro plano. Otro fundido. Otra imagen que desaparece lentamente de la pantalla mientras permanece, en algún lugar, la luz que la hizo posible.

El escritor Fulgencio Argüelles protagoniza este lunes, 28 de septiembre, una nueva cita del programa Días de diario y correspondencia 2026 en La Casona de San Feliz de Torío. El autor estará acompañado por el editor y promotor de esta iniciativa, Héctor Escobar, en un acto que comienza a las 20.00 horas.

Argüelles centrará su intervención en la correspondencia con la naturaleza y hablará de su libro más reciente, La belleza de los ruidos, cuya imagen de cubierta es obra del fotógrafo leonés José Ramón Vega.

Nacido en 1955, Fulgencio Argüelles estudió Psicología en Madrid y regresó a Cenera, en Asturias, lugar de su infancia y juventud. Su primera novela, Letanías de lluvia, recibió el Premio Azorín en 1992. Desde entonces ha publicado diversas novelas, entre ellas Recuerdos de algún vivir—Premio Principado de Asturias 2000—, El palacio azul de los ingenieros belgas (Acantilado, 2003) —Premio Café Gijón—, No encuentro mi cara en el espejo (Acantilado, 2014), El otoño en la casa de los sauces (Acantilado, 2018), Noches de luna rota (Acantilado, 2022) y El desván de las musas dormidas (Acantilado, 2025).

“Los ruidos de la infancia son los más hermosos de la tierra”, escribe Argüelles a propósito de La belleza de los ruidos, el libro en torno al que pivotará su intervención de este lunes en La Casona de San Feliz.

Un montañero ha fallecido este jueves tras precipitarse por una ladera en las inmediaciones del pico Torre Cerredo [Torre Cerréu en asturleonés, el idioma propio de la zona], en el concejo asturiano de Cabrales; mientras que prácticamente a la vez se conoció que una mujer francesa de 54 años había resultado herida grave en un accidente registrado poco después en el Jou Sin Tierre. Los dos sucesos, ocurridos en la zona de los picos de los Urrieles en el Macizo Central de los Picos de Europa, obligaron a desplegar un complejo operativo aéreo de rescate en los Picos de Europa, al producirse con apenas veinte minutos de diferencia.

Según informa el Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (encargado de los rescates) la primera alerta fue recibida por el 112 asturiano a las 13.27 horas. El aviso comunicaba que una persona se había despeñado desde una altura estimada de entre 40 y 60 metros en la zona de Torrecerredo. El Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA movilizó de inmediato el helicóptero medicalizado para acudir al lugar.

Cuando la aeronave se dirigía al primer rescate, a las 13.45 horas el centro de coordinación recibió una segunda petición de ayuda, trasladada por el 112 de Castilla y León. La llamada había sido realizada por una montañera francesa que había sufrido una grave lesión en una pierna en el Jou Sin Tierre y no podía continuar la marcha. La comunicación se interrumpió por la falta de cobertura en la zona, por lo que su acompañante tuvo que desplazarse para lograr contactar de nuevo con los servicios de emergencia.

El helicóptero del SEPA llegó primero a Torrecerredo, donde el médico-rescatador confirmó a las 14.18 horas el fallecimiento del excursionista. Los integrantes del operativo permanecieron en la cumbre custodiando el cuerpo hasta la llegada, a las 15.28 horas, de un helicóptero de la Guardia Civil con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, que se hicieron cargo del fallecido para su traslado a la morgue de La Morgal.

Tras quedar liberado del primer servicio, el helicóptero del servicio de emergencias asturiano voló al Jou Sin Tierre para rescatar a la mujer, que presentaba una posible fractura de tibia y peroné. La montañera fue estabilizada e izada a la aeronave antes de ser trasladada al Hospital del Oriente, en Arriondas, donde ingresó a las 16.28 horas.

Un ciudadano de Oviedo ha conseguido que la Justicia le dé la razón al reclamar la devolución de los pagos del peaje del Huerna (autopista León-Asturias), según ha informado La Voz de Asturias. El hombre presentó una demanda civil a través del Juzgado de Instancia de Oviedo, que ha considerado que la empresa que gestiona el peaje, Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA), debe devolverle tres pagos en el peaje de la AP-66.

Así, la Justicia reconoce a Ignacio Menéndez Rodríguez que AUCALSA debe devolverle 72,50 euros que pagó por los tres trayectos y que ahora sienta un precedente judicial para usuarios de esta autopista que conecta la provincia de León con el Principado de Asturias.

Menéndez Rodríguez ha explicado a La Voz de Asturias que decidió iniciar el proceso de demanda civil a través del Juzgado por las facilidades económicas y logísticas, ya que no es necesario contar con un abogado y se puede presentar por internet. El ovetense añade que presentó los justificantes de pagos, alegando además que en esos momentos la AP-66 contaba con tramos cortados, reducción de la velocidad de circulación y carriles únicos tras un desprendimiento.

La sentencia considera que cobrar el peaje íntegro sin informar debida y previamente sobre el estado de la vía constituye una práctica no consentida. Además, el documento explica que la señalización del peaje del Huerna no cumple con los requisitos exigidos.

Protesta sindical

Todo ello en un contexto de protestas convocadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León y Asturias durante el jueves 24 de septiembre a la entrada del peaje de la autopista León-Asturias. Decenas de personas han acudido a la concentración para reclamar el fin del pago de la AP-66, que provoca además un importante perjuicio económico para aquellas personas que tienen que atravesarla.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. 

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

CCOO de León y Asturias volverán a llevar a la carretera su rechazo al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna, con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a la entrada del peaje de La Magdalena. Los dos sindicatos mantienen desde hace meses una campaña conjunta para reclamar el fin del pago por utilizar esta vía, que consideran una barrera económica y territorial entre León y Asturias.

La protesta se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y contará con la participación de delegados y delegadas de ambas organizaciones. Está prevista una pequeña asamblea en la que intervendrán la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. Los sindicatos también repartirán octavillas y material informativo entre los usuarios de la autopista.

CCOO sostiene que el peaje afecta especialmente a quienes utilizan la autopista de forma habitual para trabajar, estudiar o desplazarse entre León y Asturias, además de a transportistas y familias. El sindicato reclama que deje de cobrarse por una infraestructura que, según denuncia, mantiene actualmente restricciones y obras mientras se continúa pagando la tarifa íntegra. La concesionaria Aucalsa mantiene el peaje de la AP-66 hasta 2050 según la información del Ministerio de Transportes.

El coste del viaje, además, se ha incrementado este año. Desde enero de 2026, el trayecto completo para vehículos ligeros cuesta 16,20 euros, aunque se mantienen determinadas bonificaciones para usuarios frecuentes y vehículos pesados.

La situación de la autopista ha generado también actuaciones administrativas. El Gobierno del Principado mantiene abierto un expediente a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las obras y las restricciones que afectan a la circulación. Entre las cuestiones analizadas figuran la reducción de carriles, las limitaciones de velocidad, la congestión y la información disponible para los usuarios.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. La propuesta no incluyó, pese a una enmienda de UPL, la eliminación del peaje de la AP-71 León-Astorga, que continúa siendo también de pago.

La concentración del jueves servirá también para que los responsables de CCOO expliquen las próximas actuaciones de la campaña contra el peaje del Huerna. Los secretarios generales de los sindicatos atenderán a los medios a las 11.30 horas, en el entorno del peaje de La Magdalena.

Una mujer de 71 años, de nacionalidad noruega, ha fallecido este sábado tras despeñarse mientras realizaba la Ruta del Cares, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, han informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes, el suceso se ha producido sobre las 13:00 horas a cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde la localidad de Poncebos. La Ruta del Cares es el camino más famoso del Parque Nacional y une Poncebos, en Asturias, y Caín, en León.

El 112 Asturias ha recibido varias llamadas alertando del suceso, algunas de las cuales indicaban que la mujer se estaba poniendo una mochila de gran tamaño y que, tras desestabilizarse, se despeñó.

A las 14:20 horas, el 112 ha confirmado el fallecimiento de la mujer, cuyo cadáver se encontraba en una zona de difícil acceso y ha sido recuperado con un helicóptero y, posteriormente, trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del SEPA y el grupo de rescate y la aeronave del Instituto Armado. 

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71).

El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia. UPL planteó una enmienda que pedía incluir también entre los pagos a suprimir por completo la autopista León-Astorga, algo a lo que el Grupo Popular se negó, motivo por el que finalmente no se incluyó.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamó hoy a la Junta una “presión real y permanente” para eliminar los peajes de las autopistas León-Asturias (AP-66) y León -Astorga (AP-71), mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enrocó en las Cortes en que lleva años reclamando al Gobierno la liberalización de estas autopistas y que la Junta pondrá en marcha algunas bonificaciones para usuarios habituales de la Comunidad.

El enfrentamiento se produjo este jueves durante una sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, en la que la portavoz y líder de UPL, Alicia Gallego, reclamó a Mañueco una actuación más contundente ante el Gobierno de España para acabar con los peajes que afectan a las conexiones de León con Asturias y con Astorga.

Gallego recordó que UPL ha defendido de forma reiterada la liberalización de la autopista del Huerna y la León-Astorga y que dos iniciativas de la formación fueron aprobadas por unanimidad en las Cortes en 2021 y 2024. A su juicio, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han mantenido una situación que perjudica económica y demográficamente a León, mientras otras autopistas del país han quedado libres de peaje.

La procuradora leonesista puso especialmente el foco en la AP-71, al considerar “un absurdo diario” que exista una autopista de peaje con poco tráfico mientras la N-120 soporta una elevada circulación de vehículos pesados. Según defendió, esta situación incrementa el riesgo de accidentes y perjudica a las comarcas situadas en el eje León-Astorga.

Respecto a la AP-66, Gallego denunció el coste que supone atravesar la Cordillera por una autopista cuyo peaje, según recordó, debería haber desaparecido en 2021 y cuya concesión prolongó el Gobierno popular de Aznar hasta octubre de 2050.

También se sumó a las críticas de las condiciones actuales de la infraestructura, después del desprendimiento ocurrido en 2024 y las posteriores obras de modernización de los túneles, que han provocado restricciones y desvíos mientras los usuarios continúan abonando íntegramente el peaje. Asturias ha puesto en marcha una multa a Aucalsa, la empresa concesionaria, algo que Castilla y León dice no descartar pero no impulsa.

UPL reclamó además que, mientras no se produzca la liberalización definitiva, la Junta articule “de forma urgente” mecanismos de bonificación autonómica que cubran íntegramente el coste de los peajes para los usuarios afectados. Gallego reclamó igualmente inspecciones y, si fuera necesario, sanciones a la concesionaria para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

Mañueco insistió en la necesidad de eliminar los peajes, aunque rechazó que la Junta haya permanecido inactiva. “Ha sido constante la reclamación que le hemos hecho al Gobierno de España en la supresión de los peajes”, afirmó el presidente autonómico, que aseguró haber trasladado personalmente esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos ministros.

El presidente de la Junta aseguró además que Castilla y León ha trabajado “codo con codo” con los gobiernos de Asturias y Galicia para reclamar al Ejecutivo central que atienda el dictamen de la Unión Europea sobre los peajes. “Creo que es importante la liberalización de los peajes. En eso coincidimos y no pasa nada”, señaló Mañueco en respuesta a Gallego.

Mañueco amplió, no obstante, la reivindicación al conjunto de las autopistas de peaje que afectan a Castilla y León. “Desde Castilla y León reclamamos la supresión de los peajes, de todos los peajes, no solo de algunos peajes”, sostuvo, y citó además de las conexiones León-Asturias y León-Astorga otras vías de pago como las conexiones con Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia.

El presidente autonómico insistió en la promesa de que “vamos a trabajar para que en los presupuestos de 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación”, afirmó. Y finalmente también reclamó a UPL su propia responsabilidad política al pactar en la Diputación de León con el PSOE, como vaticinó que ocurrirá tras las próximas elecciones municipales: “Ustedes serán el sostén indudable del Partido Socialista que es quien está sosteniendo los peajes de la provincia de León y de nuestra Comunidad autónoma”, concluyó.

Alguien encendió el fuego que originó el incendio forestal de Pendilla de Arbas casi a medianoche el pasado viernes, en la Montaña Central leonesa, y que en las últimas horas se ha reavivado por culpa del viento una vez que ha atravesado ya la frontera provincial leonesa y despliega las principales llamas por la vertiente de Asturias.

Por primera vez, fuentes oficiales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León consignan el origen de este complicado siniestro como “intencionado”, al constatar que en el momento en el que tuvo lugar su origen, en torno a las 23.40 horas del pasado viernes, no había tormenta alguna en la zona. Llama la atención, además, que en montes de esta localidad del Ayuntamiento de Villamanín ya se produjera otro grave incendio forestal, que alcanzó el nivel 2, hace casi un año, en la segunda mitad del mes de septiembre de 2025, que llegó a poner en riesgo alguna población.

En el siniestro presente, las fuertes rachas de viento registradas durante la tarde del sábado reavivaron el fuego provocando que superara algunas de las líneas de defensa establecidas por los equipos de extinción. Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, los trabajos desarrollados durante buena parte de la jornada por el operativo Infocal, apoyado por maquinaria pesada, habían permitido contener la evolución del incendio, aunque la situación cambió notablemente con la llegada de fuertes vientos asociados a la inestabilidad atmosférica. En la zona había aviso amarillo por tormentas.

Las velocidades medias cercanas a los 32 kilómetros por hora y rachas de hasta 55 kilómetros por hora registradas ayer favorecieron así nuevos avances del fuego y que este saltara las líneas de defensa por el flanco este.

El incendio permanece en situación operativa de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y afecta a una zona de alta montaña situada en el límite entre León y Asturias, junto al puerto de Pajares, caracterizada por sus fuertes pendientes y difícil accesibilidad, publica Efe.

La evolución de las llamas ha obligado además a retirar durante la tarde a los medios aéreos que participaban en las labores de extinción debido a las dificultades para operar con seguridad en esas condiciones meteorológicas.

Durante la noche han continuado desplegados una decena de medios de extinción, entre ellos técnicos, agentes medioambientales y celadores, centrados en las labores de vigilancia y control de los puntos más activos del incendio. La escarpada orografía de la zona ha dificultado además la utilización de maquinaria pesada durante las horas nocturnas.

Más medios

A primera hora de este domingo se han reincorporado efectivos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif). La Asociación de Trabajadores de las Brif (ATBRIF) ha informado a través de sus redes sociales de la activación a las 09.46 horas de un Equipo de Trabajo Especializado (TED) de la Brif de Tineo en Asturias para intervenir en este incendio, en el que ya participaban las Brif de Tabuyo del Monte, que continúa con un helicóptero inutilizado.

Las previsiones meteorológicas para las próximas horas apuntan a una disminución de la intensidad del viento, que podría descender hasta los siete kilómetros por hora, con temperaturas mínimas cercanas a los 13 grados y una humedad relativa que previsiblemente no alcanzará el 70%. Aunque la Junta reconoce que no se trata de unas condiciones óptimas para la extinción, considera que permitirán trabajar con mayores garantías para intentar cerrar el flanco este del incendio en territorio leonés.

Mando unificado

Ante la extensión del incendio a ambos lados de la cordillera Cantábrica, durante la jornada del sábado se constituyó un mando unificado entre Asturias y Castilla y León para coordinar la actuación de los distintos operativos de extinción. A lo largo de la emergencia han participado más de cuarenta medios de distintas administraciones, incluidos efectivos de las Brif del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Por otro lado, desde la mañana de este domingo se ha rebajado a nivel de “controlado” el peligroso incendio de Sosas de Laciana que comenzó el pasado jueves muy cerca de esta población y requirió de numerosos medios humanos, técnicos y aéreos para atajar su peligrosidad, la cual forzó incluso el confinamiento temporal de los vecinos de esta localidad.

Agradecimiento de Sosas y nuevo siniestro en Valderdín

La Junta Vecinal y los vecinos de Sosas han trasladado públicamente su agradecimiento a los organismos, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad y voluntarios que participaron en la extinción del incendio forestal. En un comunicado, la pedanía lacianiega ha destacado la respuesta “ejemplar, rápida y determinante” desplegada durante una situación que califican de “extrema gravedad” y que mantuvo en vilo a los habitantes de la localidad ante el riesgo de que el fuego alcanzase el núcleo urbano. El incendio se originó por un accidente en una zona muy próxima a las casas.

Por último, este domingo se registra un nuevo incendio en la provincia, en montes de la localidad de Valverdín, en el municipio de Cármenes, en la montaña de la cuenca del Torío. Permanece activo desde poco antes de las once el mediodía, de momento con una cuadrilla terrestre y un vehículo motobomba sobre el terreno, según figura en la información que actualiza la Junta de Castilla y León.

Dos jóvenes leoneses de 23 años de edad, naturales de Villablino y Ponferrada, respectivamente, han fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera AS-15, entre las localidades de Cerredo y La Collada, en el municipio asturiano de Degaña. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y volcó en una zona boscosa a la altura del punto kilométrico 103.

El aviso fue recibido por el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 Asturias a las 1.15 horas, a través de un aviso del 1-1-2 de Castilla y León. La primera información comunicaba que había un coche volcado en una zona boscosa y que aparentemente no había nadie en su interior. Sin embargo, poco después el alertante informó de que sí había personas dentro del vehículo.

De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), con base en Cangas del Narcea, que acudieron al lugar con un furgón multisocorro y un vehículo de primera salida. También se solicitó, a través del 1-1-2 de Castilla y León, la colaboración de los bomberos del parque comarcal de Villablino.

La sala del 1-1-2 Asturias informó igualmente del accidente a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (Samu), que activó al médico y una ambulancia de soporte vital básico de la zona, además de la UVI móvil con base en Cangas del Narcea.

Una vez en el lugar, los bomberos tuvieron que abrir un acceso hasta el vehículo siniestrado para permitir la llegada del personal sanitario hasta los ocupantes. Los servicios sanitarios confirmaron entonces el fallecimiento de los dos jóvenes, únicos ocupantes, informa Efe, que es quien le identifica como leoneses.

Tras recibir la correspondiente autorización, los bomberos procedieron a la excarcelación de ambos cuerpos del vehículo, que se encontraba volcado. Para realizar esta operación fue necesario retirar los asientos, la puerta y el pilar central del automóvil por el lado del acompañante. La intervención se prolongó durante varias horas y los efectivos del Sepa dieron por finalizado el servicio a su regreso a la base de Cangas del Narcea, a las 7.49 horas.

Un preocupante incendio forestal declarado a última hora de este pasado viernes en Pendilla de Arbas, en el municipio leonés de Villamanín, poco antes de la medianoche, ha obligado a movilizar rápidamente un importante número de medios de extinción a lo largo de la mañana de este sábado. El siniestro se sitúa en una zona alejada de la población de Pendilla. Se originó en la frontera con el Principado y ya desde esta tarde ha desplazado su frente más activo a la Comunidad vecina, donde continúan centrados los principales esfuerzos de extinción, según ha informado este sábado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Pasadas las tres de la tarde de este sábado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León declaró este siniestro como Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por la causa de considerar que se tardarán más de 12 horas en estabilizar sus llamas.

Según datos oficiales que actualiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó a las 23.40 horas y permanece activo, permaneciendo en investigación las causas que lo pudieron originar.

La magnitud del operativo desplegado desde las primeras horas da cuenta de la atención que está recibiendo el incendio. Desde su inicio se han asignado 23 medios, entre ellos dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y cuatro equipos helitransportados, de la propia Junta y también del Gobierno, es decir, Elif y Brif (estos de la base de Tabuyo del Monte, en León, así como la de Tineo en Asturias), además de otros efectivos. Por cierto, que las Brif de Tabuyo han lamentado tener que desplazarse de dos viajes porque no disponen de uno de sus helicópteros, que está “inoperativo”.

En estos momentos trabajan en la zona cinco agentes medioambientales o celadores y hasta ocho aeronaves, un notable dispositivo aéreo para tratar de controlar cuanto antes las llamas en este enclave de la Montaña Central leonesa.

Pese al amplio despliegue, el incendio se mantiene por ahora en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, el nivel más bajo de la escala, y no consta que haya sido necesario elevarlo desde que comenzó el fuego.

Continúa en la provincia además el incendio de Sosas de Laciana, activo con mucha fuerza desde su origen el pasado jueves, que de momento consta como activo después de haber estado en un primer momento en nivel de IGR 2, amenazando la localidad de Sosas, que tuvo que ser temporalmente confinada.

Todo comenzó un 27 de agosto de 1926. En esa fecha, el alcalde del concejo asturiano de Mieres, José Sela y Sela, y Luis de Azcárate, por la Fundación Sierra Pambley, firmaron un acuerdo ante notario. El segundo se desprendía de golpe de 900 hectáreas de su propiedad, varios parajes situados en la comarca leonesa de Babia, los cuales acaba de heredar la Fundación de manos del filántropo Francisco Fernández Blanco Sierra Pambley, alma de la Institución Libre de Enseñanza. Y el primero sacrificaba con una auténtica millonada de la época, 415.600 pesetas, el presupuesto municipal.

Pero la inversión era a cambio de algo muy grande: el concejo asturiano estaba comprando un buen 'cacho' de León, de su montaña. Literalmente. Aquel regidor es considerado todavía hoy un 'héroe' local porque entonces, exactamente igual que ahora, Mieres, a pesar del verde aspecto de sus prados infinitos, carecía de pastos de verano para su ganado. Las vacas no tenían qué llevarse a la boca y rumiar. Y es que sus terrenos los dedicó en exclusiva a derechos mineros: el carbón, motor de su mayor riqueza histórica, prevalecía sobre todo lo demás. La subasta convocada para adquirir lo que se conoció desde entonces como puerto de Pinos resultó providencial.

Fue esta la escena y este el motivo por el que hace un siglo exacto Mieres adquirió aquella gran propiedad, nacida de la unión de parajes como Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla, Los Navares y Vega de Gorgaveros. 900 hectáreas, casi 13 kilómetros cuadrados y unos de los mejores pastos de montaña de España, extraordinariamente nutritivos. Ya entonces el contrato ponía límites a su consumo y explotación: daba para unas 630 vacadas o 5.050 ovejas.

La letra pequeña que lo cambió todo

La carísima operación económica -la subasta había arrancado en 315.625 pesetas- resolvía sobre el papel para siempre un eterno problema de los ganaderos de la cuenca asturiana del Caudal. Pero ese papel, y el acuerdo firmado, contenía una letra pequeña que lo complicaría todo y convertiría la aparente solución definitiva en un conflicto que ha cumplido este verano todo un siglo de tensión. Una 'guerra' ganadera y también territorial que se ha enquistado y aventura una complejísima solución.

Esa letra pequeña provenía del benefactor, que al morir impulso en su herencia que si alguna vez Pinos se vendía no le causara perjuicios a los pequeños pueblos leoneses, babianos, del municipio de San Emiliano. Se trata de las localidades de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán. Se trataba de proteger unos derechos que provenían de siglos atrás, quizá de la Edad Media, de cuando la poderosa Colegiata de San Isidoro en León capital era dueña y señora de esa parte de la montaña, antes de que la expropiara la desamortización de Mendizábal.

Así que, respetando sus deseos, esos derechos permanecieron intactos en la compra-venta. El contrato de 1926 lo recogió de manera pormenorizada: los ganaderos de Candemuela y Villargursán pueden llevar ganado vacuno y caballar al Puerto o Vega de Río Tuerto, con una excepción para Villargursán, cuyos vecinos también pueden introducir ganado cabrío. Pinos tiene derecho a pastar con sus vacas y caballos en La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla y los Navares, mientras que Pinos y San Emiliano comparten el aprovechamiento de la Vega de Gorgaveros.

Pero ante tanto detalle, una falta de él causa el siguiente problema: la escritura de compraventa de 1926 no fija un número máximo concreto de cabezas de ganado para estos pueblos. Sólo establece una condición fundamental: los vecinos únicamente pueden llevar su “ganado propio”. Es decir, no se fija un cupo numérico pero impide la trampa de que los ganaderos leoneses introduzcan ganado ajeno, o incluso hagan negocio con ello. Y todo eso, ojo, en una propiedad que no es suya, un terreno que nadie duda de que es de Mieres.

Si todo está tan claro, incluso por contrato; si está perfectamente acotado quién y cuándo puede llevar su ganado a los pastos frescos; si la propiedad no admite duda, entonces ¿por qué el conflicto, por qué un siglo de tensión? Pues se trata de una acusación mutua que cruza la Cordillera que separa León de Asturias.

El primero que llegue

Mieres tiene acotado en el tiempo el período en que sus ganaderos pueden subir las cabezas a los pastos, cada primero de junio. Y acusan a sus colegas babianos, los de los pueblos con derechos históricos, de que ellos lo hacen mucho antes y literalmente se comen lo mejor de los verdes prados. Estos aducen que no les afecta restricción temporal alguna. Y claro, al final más de un año y de dos saltan las chispas.

A esto se ha sumado el uso, disfrute y, según las pedanías leonesas, “abuso” del concejo mierense en su propia casa. El Concejo o sus profesionales del campo ha usado el puerto de Pinos, en algunos casos, como si se tratara de una calle la localidad. Incluso con menos legalidad. Porque en la zona abundan diferentes construcciones de piedra, hay caminos acotados, un pequeño embalse, muros y vallados, un edificio recreativo y común llamado -para remarcar quién es el dueño- Casa Mieres y hasta una pequeña ermita en honor a la Virgen de las Nieves, donde cada año los asturianos se reúnen en torno a una fiesta tradicional.

El problema es que el Ayuntamiento de San Emiliano no ha otorgado, que se sepa, jamás la más mínima licencia para nada de lo que allí hay construido. Lo ha levantado la impunidad, la costumbre, el tiempo y la dejadez.

Durante el franquismo, bastante tenía la zona para reponerse de haber sido arrasada por ser primera línea de Guerra Civil en el llamado Frente Norte. Con la dictadura casi nadie levantaba la voz. Si hubo encontronazos, nunca trascendieron, se dirimieron con total discreción pública. Pero ya en Democracia todo comenzó a cambiar. Lo primero tiene un efecto psicológico y práctico directo: Mieres tiene acceso de tráfico cómodo por carretera asfaltada. Sin embargo, los pueblos leoneses disponen de un auténtico camino de cabras que se lleva más de 40 años exigiendo convertir en carretera a la Junta de Castilla y León, y sólo ahora parece haber voluntad y compromiso de presupuesto.

Un reglamento municipal... fuera del municipio

Además, el Ayuntamiento de Mieres, siendo alcalde el socialista Vital Álvarez-Buylla, aprobó en mayo de 1980 un Reglamento para el Gobierno, Uso y Disfrute del Puerto de Pinos “que el Iltmo, Ayuntamiento de San Emiliano posee en término de San Emiliano, provincia de León”, remarca textualmente. Es este:

El documento ordenaba decisiones muy precisas, como poner un guarda con sueldo, organizar el uso ganadero, pero también de montañeros y turistas, sacar a concurso el bar-cantina “y otros negocios”, incluso con literas para uso hostelero, censar, marcar y organizar el pasto de todo el ganado mierense e incluso la actitud de los vaqueros, fijar la gestión de emergencias e incluso de la fiesta anual.

Gran parte de estas competencias, aducen ahora las pedanías leonesas -organizadas por primera vez judicialmente y con un apoyo del Ayuntamiento de San Emiliano que jamás tuvieron- son totalmente irregulares e invaden competencias que no corresponden a un municipio no sólo de otra provincia sino de otra comunidad autónoma.

El año en que (casi) todo cambió

Y con los nuevos argumentos, esas tensiones, como era de esperar, se dispararon. Un hito fue el año 2006, cuando Mieres envió incluso a agentes de su Policía Local a regular el tráfico y garantizar la seguridad el día de la fiesta. Y saltaron las alarmas porque excedían su jurisdicción. A partir de ahí los pueblos babianos fueron tomando mayor conciencia de que en tantas cosas el concejo asturiano carecía de competencias básicas, por más que fueran los propietarios.

Y la 'guerra' se convirtió en una batalla judicial nunca vivida, denuncia tras denuncia. Ante los tribunales, casi siempre ha ganado la vertiente leonesa, tras muchos años de sentencias y recursos. Sería imposible resumirlas todas y de todas Mieres siempre se defiende, alguna vez con éxito solo puntual. Al final, los más altos tribunales, tanto de Castilla y León como de Asturias, han decantado mayoritariamente la balanza hacia San Emiliano.

Por el lado exclusivamente ganadero, también han cambiado mucho las cosas. Primero porque el número de cabezas que de un lado y de otro ansían el pasto de Pinos es casi insostenible. La ganadería extensiva se ha multiplicado en los pueblos de Babia, se ha convertido en un gran negocio, y ellos saben que tienen derecho de pasto sin restricciones de tiempo. A pesar de que el contrato de compra-venta hablaba hace un siglo de una capacidad para 630 vacadas en la zona.

Las cabezas de Mieres suman en torno a 1.500 también. El encontronazo cuando cada 1 de junio suben las reses asturianas es de órdago. La Guardia Civil siempre tiene que hacer acto de presencia para que la sangre no llegue al río.

Además, el pasado 2025, 99 años después de que Pinos fuera propiedad de Mieres, fue el primero que el Gobierno de Castilla y León hizo valer su autoridad de sanidad animal y decidió no entregar las guías sanitarias a las reses mierenses. Como resultado, sobre el papel ninguna podía pacer allí. El año pasado la restricción ya estuvo en vigor. Aún así aparecieron numerosas vacas y algunos dueños, identificados por los agentes, resultaron multados por la Junta de Castilla y León, aunque tras los consiguientes recursos no consta aún una sola sanción por ello.

Dos alcaldes para un “problema sobrevenido”

Así las cosas, cualquier posible solución a un problema que es a la vez territorial, patrimonial, ganadero y por supuesto social no parece muy factible dentro de este segundo siglo de conflicto. No lo ve muy claro el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (Izquierda Unida), que sin embargo ha prefierido no hacer declaraciones a ILEON. Tampoco el de San Emiliano, David Marcello (PSOE), que sólo concede que les une una cosa: que ambos han de gestionar un “problema sobrevenido” y enquistado, con muchísimas aristas, y en el que cada cual, como gestores, “haríamos lo mismo que el otro si estuviéramos en su situación, creo que nos entendemos”. Al menos en eso.

Sobre el papel parece haber dos caminos. El primero es que todo siga igual, marcándose y sobre todo cumpliéndose una serie de pactos. Es decir, Mieres dueña de Pinos en un territorio ajeno pero dejando pastar a su antojo a los pueblos babianos como el contrato marca. El problema es que lo último no lo admitirían los ganaderos de Mieres, sería una propiedad sobre la que no tendrían prioridad alguna. Y San Emiliano tampoco está satisfecha con que un pedazo de su municipio sea de otro ayuntamiento, donde, recuerda el regidor, “todo lo que se ha hecho es ilegal, pasos, asfaltados, edificios... todo”.

La otra opción se resume con una palabra muy gruesa: expropiación. El concejo asturiano no la admite: las 900 hectáreas son suyas de pleno derecho, defienden. En cambio, el lado leonés apuesta claramente por ello. Pero no ve intención alguna del único que puede hacer algo: “Sin la Junta de Castilla y León aquí no se resuelve nada”, zanja Marcello. Y pese a constantes buenas palabras, van décadas una práctica inacción. El alcalde leonés cree que se podría hablar de fijar un justiprecio, “incluso por encima si es necesario”, porque no ve otro posible escenario que ponga fin a una anomalía de un siglo.

Los alcaldes de distintos territorios españoles afectados por el cierre de actividades mineras y energéticas han reclamado este viernes, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red de Municipios en Transición Justa de la FEMP celebrada en Igüeña, la creación de un fondo presupuestario estatal estable para afrontar su futuro.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Ibias (Asturias) y presidenta de la Red, Gemma Álvarez, quien ha defendido la necesidad de mantener el compromiso de las administraciones con unos territorios que, según recordó, durante décadas sostuvieron el desarrollo energético del país.

“Estos municipios no tienen la capacidad tractora de otros”, ha señalado Álvarez, quien ha advertido de que necesitan el respaldo económico de las administraciones para compensar la posible disminución de los fondos procedentes de Europa.

En este sentido, ha recordado que “hay municipios con cero euros de inversión y es una deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas con ellos”, porque fueron “el sostén del país durante muchos años”.

Durante el encuentro los representantes individuales han aprobado una declaración institucional en la que la Red reclama que la transición energética se traduzca en reindustrialización, empleo y nuevas oportunidades para las comarcas afectadas por el cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas e instalaciones energéticas.

Álvarez ha explicado que la situación de estos territorios ya ha sido trasladada a las instituciones europeas y ha avanzado que volverán a plantearla a finales de este mes en Alemania, con el objetivo de reclamar “una transición real en todos los municipios”.

El documento también pide que las empresas promotoras de proyectos industriales y energéticos cumplan sus compromisos de empleo, inversión, desarrollo industrial y retorno social, así como incentivos específicos para favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Entre las medidas propuestas figura también que el Instituto para la Transición Justa elabore un informe anual de evaluación sobre el grado de ejecución de las inversiones, el empleo generado y el impacto económico de las intervenciones en cada territorio.

La Red defiende que sus municipios no reclaman un trato de favor, sino “el reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos”.

La declaración resume su reivindicación en una idea: “La descarbonización debe ir acompañada de reindustrialización”.

El PSOE de Gijón ha puesto en marcha su proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Tres aspirantes habían dado el paso hasta este jueves y ahora se abre el plazo para lograr los avales para ir al proceso de primarias. Son la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez; el concejal y miembro de la Ejecutiva Local José Ramón Tuero; y la abogada y exgerente de la Unión de Comerciantes Carmen Moreno, estos dos últimos relacionados con León. Este viernes se ha apuntado a la batalla política el exconcejal Alberto Ferrao, por lo que habrá cuatro contendientes.

Siempre se dice que la ciudad de Gijón es la 'playa de León' y las conexiones de la mayor ciudad asturiana con la provincia son varias. Desde que la Cámara de Comercio que participa en el consorcio del recinto ferial de la ciudad marítima a ser un lugar de presentación de actividades como Gijón Bonito dedicado al sabroso pescado. Y las primarias del PSOE de Gijón no podían ser menos, con dos precandidatos con una importante relación con León.

Carmen Moreno nació en León en 1960 y con ocho años se trasladó a vivir a Asturias. En Gijón ha desarrollado una labor profesional como histórica presidente de la Unión de Comerciantes durante tres décaas, cargo que dejó el año pasado para jubilarse. Apuesta por “volver a conectar el Ayuntamiento con la vida real de vecinas y vecinos”.

La relación de José Ramón Tuero con León es más profunda, ya que es donde dio pasos fundamentales en política, siendo alcalde de Mansilla de las Mulas entre 1999 y 2003, e incluso aspirando a liderar el PSOE leonés tras la salida de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría federal del partido en el año 2000 frente a Miguel Martínez, que acabó ganando aquel congreso de forma amplia. Tras dejar la alcaldía de Mansilla, Tuero regresó a Asturias donde fue concejal en Gijón entre 2007 y 2012, director general de Deportes del Principado entre 2012 y 2019 y desde entonces de nuevo concejal en la ciudad gijonesa. Tuero ha prometido “menos despachos y más calle” para recuperar el poder en Gijón para el PSOE, uno de sus históricos feudos ahora en manos de Carmen Moriyón.

La tercera apuesta es un miembro del actual Ejecutivo asturiano de Adrián Barbón, la viceconsejera de Turismo Lara Martínez, que ya ha sido concejala en el Ayuntamiento de Gijón y fue la número 2 en la lista socialista de las elecciones del 2023. Martínez tiene una trayectoria profesional ligada a la gestión cultural y durante el pasado mandato fue gerente de la empresa municipal Divertia Gijón. Se la considera la candidata 'oficial' tanto de la dirección del PSOE en Asturias como de la dirección de la agrupación local.

El cuarto aspirante se ha conocido este viernes, el que fuera concejal entre 2019 y 2023 Alberto Ferrao y actual secretario de Cultura de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que dirige Adrián Barbón, maestro y militante del PSOE desde el 2008. Ha presentado su candidatura “con ilusión, con una candidatura libre, abierta a la participación, con compromiso y conocimiento de ciudad y de partido”.

El calendario del PSOE de Gijón contempla la presentación formal de candidaturas entre el 4 y el 7 de septiembre y la recogida de avales del 9 al 16, con un mínimo que se situará previsiblemente entre el 15% y el 20% de la militancia. La campaña se desarrollará del 17 al 25 de septiembre y la primera votación tendrá lugar el día 26. Si ninguno de los aspirantes logra el respaldo necesario, se celebrará una segunda vuelta el 3 de octubre. Unos 1.300 militantes de la Agrupación Municipal Socialista tendrán derecho a voto.

Anteriores y polémicas primarias

En 2022, el PSOE de Gijón acabó forzando unas primarias pese a que la entonces alcaldesa, Ana González, había manifestado su intención de repetir como candidata. La regidora llegaba desgastada por algunas decisiones de su mandato, especialmente la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la peatonalización de El Muro, y tampoco controlaba la agrupación local, cuyo secretario general, Monchu García, pertenecía a otra familia interna. Para activar las primarias eran necesarias 592 firmas de militantes y sus promotores consiguieron 662, posteriormente validadas por la dirección federal del partido. Ante ese escenario, González renunció finalmente a presentarse.

Las primarias se celebraron entre Luis Manuel Flórez 'Floro', exdirector de Proyecto Hombre, y Ana Puerto, que contaba con el respaldo de González. Floro se impuso con 504 votos frente a los 382 de Puerto, en un proceso que evidenció la fuerte división interna del socialismo gijonés. En las municipales de 2023, Floro consiguió que el PSOE fuera la fuerza más votada, pero la suma de PP, Foro y Vox permitió recuperar la Alcaldía a Carmen Moriyón y puso fin al gobierno socialista en Gijón.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido que el proyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias elaborado durante la Guerra Civil sea trasladado desde el Archivo General Militar de Ávila al Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicado en Salamanca. La formación leonesista plantea esta alternativa después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamase que el documento, descubierto recientemente por el historiador asturiano Pablo Martínez Corral, fuese trasladado a Asturias.

UPL ha registrado para ello una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León con la que insta al Gobierno de España a llevar el documento a Salamanca. Los leonesistas justifican su petición en que “es un documento de tipo civil y fue elaborado durante la Guerra Civil española”, por lo que consideran que “tiene más sentido que se custodie en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, en vez de en un archivo militar en Ávila”. Añaden además que Salamanca era una de las cuatro provincias incluidas en aquel proyecto autonómico, junto a Zamora, León y Oviedo, la actual Asturias.

La formación considera que el proyecto constituye “un documento histórico relevante tanto para la Región Leonesa como para Asturias” y sostiene que su contenido “pone en evidencia una vez más la existencia de la regionalidad leonesa integrada por Salamanca, Zamora y León, que hoy algunos sectores pretenden diluir bajo un mantra castellanista intentando absorber nuestra personalidad histórica como región”. UPL reivindica igualmente que “en León, Zamora y Salamanca ni somos castellanos, ni somos asturianos, somos leoneses”, al tiempo que defiende la colaboración con Asturias, Castilla, Galicia, Extremadura y Portugal.

El documento fue localizado hace unas semanas entre los fondos del Archivo General Militar de Ávila y habría sido elaborado entre 1936 y 1937. Consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y planteaba la creación de un territorio autónomo formado por Asturias, León, Zamora y Salamanca, gobernado por el Consejo Regional de Asturias y León. El proyecto contemplaba unas Cortes propias, capacidad legislativa y competencias en ámbitos como sanidad, obras públicas, enseñanza, seguros sociales o minería, además de una hacienda regional nutrida principalmente mediante impuestos cedidos por el Estado. También preveía la figura de un presidente encargado de representar al territorio ante las instituciones de la República.

El proyecto, que nunca llegó a aprobarse tras la derrota republicana en la Ofensiva del Norte de octubre de 1937, habría sido elaborado presumiblemente por las autoridades del Consejo de Asturias y León y planteaba una organización autonómica permanente para el escenario posterior a una eventual victoria republicana, no únicamente para gestionar el territorio controlado durante la contienda. Frente a la petición asturiana de trasladarlo al Principado, UPL defiende así Salamanca como destino por albergar el Archivo General de la Guerra Civil y por formar parte también del territorio incluido en aquel proyecto estatutario.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su discrepancia con la Junta de Castilla y León por sus reticencias a trasladar a Asturias la documentación del proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y la Región Leonesa redactado durante la Guerra Civil, recientemente descubierto en el Archivo General Militar de Ávila. Frente al argumento del Gobierno autonómico de PP y Vox de preservar la “unidad de los archivos”, el dirigente socialista defiende que la procedencia de los documentos justifica su custodia en Asturias.

“Con respeto, discrepo”, ha respondido Barbón en sus redes sociales después de conocerse la postura de Castilla y León. El presidente asturiano argumenta que los archivos “corresponden al Consejo de Asturias y León” y recuerda que el Principado conserva actualmente el despacho de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, además de otros materiales pertenecientes a aquel organismo. “Dada la composición del Consejo, lo lógico es que esos archivos estén en Asturias”, sostiene.

Barbón incide especialmente en el valor histórico de lo encontrado. “Se trata además del primer proyecto de Estatuto conocido de autonomía de Asturias y León”, señala antes de cuestionar directamente su actual ubicación: “Ávila, en ningún caso, parece el mejor lugar para albergar ese proyecto y las actas de dicho Consejo”. El Gobierno asturiano ya había anunciado su intención de solicitar formalmente que las actas y documentos incautados al Consejo Regional de Asturias sean trasladados al Archivo Histórico de Asturias para quedar allí a disposición de investigadores.

Castilla y León defiende que permanezca en Ávila

La posición choca con la expresada esta semana por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió «la unidad del archivo y la unidad de los archivos». El Ejecutivo autonómico sostiene que conservar conjuntamente la documentación en Ávila facilita su protección y el trabajo de historiadores e investigadores.

Carriedo aprovechó además las preguntas sobre el hallazgo para reivindicar el actual modelo autonómico. Frente a las lecturas históricas o políticas que pueda suscitar la existencia de un proyecto que planteó unir Asturias con León, Zamora y Salamanca, el portavoz aseguró que los ciudadanos pueden sentirse «muy orgullosos» del recorrido realizado por Castilla y León durante el actual periodo democrático.

Las relaciones entre los presidentes del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco son buenas, con ambos asistiendo a las tomas de posesión del otro, la última en Valladolid en junio de este año. Pese a la distancia política los dos gobiernos han compartido posturas como financiación autonómica o infraestructuras y en su coincidencia en diversos foros públicos han destacado las buenas relaciones entre ambas autonomías.

Un proyecto para unir Asturias, León, Zamora y Salamanca

La disputa institucional por los papeles tiene su origen en un documento hasta ahora desconocido localizado por el historiador Pablo Martínez Corral en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata de un proyecto denominado 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', elaborado durante la Guerra Civil y relacionado con la experiencia política del Consejo Soberano de Asturias y León, una institución política que funcionó de forma independiente durante unos meses de 1937.

El borrador consta de 18 artículos y varias disposiciones transitorias y constituye el primer proyecto conocido de un Estatuto conjunto para Asturias y la Región Leonesa. Su artículo inicial planteaba una Región Autónoma asentada sobre la base histórica del reino asturleonés e integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, aunque el territorio republicano del momento no abarcaba todas ellas.

No llegó a entrar en vigor y los investigadores llaman a no confundirlo con un Estatuto aprobado: el documento carece de fecha, firma y constancia documental de aprobación. Su importancia reside, sin embargo, en demostrar que en plena contienda existió un intento de convertir la organización excepcional surgida en el Frente Norte en una estructura autonómica estable dentro de la Segunda República.

El diseño era ambicioso. Contemplaba unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios, además de Hacienda propia, Tribunal de Casación, Policía y Orden Interior. Entre sus competencias figuraban obras públicas, ferrocarriles, carreteras, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de recursos naturales, e incluso recogía facultades para la expropiación y socialización de empresas y riquezas naturales. El proyecto permanecía, en cualquier caso, integrado en la República española y no respondía a un planteamiento independentista.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este sábado su malestar por la situación en la que se encuentra la Autopista del Huerna (AP-66), principal acceso entre Asturias y León, una vía que “no está en condiciones” para que se cobre peaje después que anoche permaneciera cortada varias horas por un desprendimiento en uno de sus túneles.

La autopista permaneció cortada desde pasadas las 22.00 horas de ayer hasta esta madrugada a consecuencia de un desprendimiento en el interior de uno de los túneles del Negrón, que no causó daños personales y que obligó a desviar la circulación a través del puerto de Pajares (N-630) hasta que se habilitó la segunda boca, en la que se realizan obras de mantenimiento.

En declaraciones a los periodistas durante su asistencia en Pola de Laviana a la 57.ª edición del Descenso Folclórico del Nalón, Barbón ha asegurado que prefería ser “corto y conciso” para subrayar que esta incidencia “da la razón al Gobierno de Asturias al decir que esa carretera no está en condiciones y, por tanto, no está prestando el servicio” por el que se paga el peaje.

A su juicio, esta circunstancia da la razón a la posición política de su Gobierno de defender que lo que se está cobrando “es una injusticia absoluta” y ha garantizado que seguirán luchando “con todas las fuerzas” para acabar con esa situación.

Multa de 1,1 millones

El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a la concesionaria Aucalsa por infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras, un expediente en el que se ha personado el Ministerio de Transportes.

Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 % del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada en materia de consumo en Asturias.

Recursos contra la prórroga del peaje

El Gobierno asturiano ha anunciado además un recurso ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar el peaje desde 2021, cuando concluía su vigencia, hasta 2050, un órgano ante el que también recurrirán la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado.

Además, el Principado enviará una comunicación a la Comisión Europea, que cuestionó la legalidad de las prórrogas de los peajes de la AP-66 y de la AP-9 en Galicia, para que agilicen el procedimiento sancionador hacia España y se convierta en una demanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Mientras, en Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, no se ha conocido opinión alguna sobre el último problema que ha tenido cerrada esta noche la Autopista AP-66, no se ha impuesto ninguna sanción a la concesionaria Aucalsa y aunque prometió ayudas para rebajar el peaje al final no cumplira la promesa de bonificar el peaje de la autopista León-Asturias exigiendo que el Gobierno Central la libere del mismo.