El cambio climático ya está teniendo efectos directos en el oso pardo cantábrico. Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León y publicado en la revista ‘Biological Conservation’ concluye que el aumento de las temperaturas limita de forma significativa el movimiento de estos animales, alterando su comportamiento y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más condicionado por la actividad humana.

La investigación, cuyos principales datos han sido difundidos por la Junta y cuyo contenido completo ha sido analizado por este medio, se basa en más de 70.000 posiciones GPS recogidas en 17 osos adultos. Gracias a sensores instalados en los collares, los científicos han podido medir por primera vez la temperatura real que experimentan los animales y su impacto directo en sus decisiones de movimiento.

El resultado es claro: cuanto más calor hace, menos se mueven los osos. Este efecto es especialmente acusado en los ejemplares de mayor tamaño, que tienen más dificultades para disipar el calor corporal. Como consecuencia, tienden a concentrar su actividad en las horas de menor temperatura, reforzando un comportamiento cada vez más nocturno.

Pero el estudio va más allá y apunta a un efecto especialmente relevante: el calor no solo reduce la actividad, sino que limita la capacidad del oso para adaptarse a otros factores de riesgo, como la presencia humana. En condiciones normales, los osos atraviesan más rápido las zonas humanizadas para minimizar el contacto, pero con altas temperaturas esa estrategia se debilita, lo que podría aumentar su vulnerabilidad en entornos fragmentados.

Además, la investigación revela posibles cambios en la dinámica entre individuos. Los osos más pequeños, hembras y machos subordinados, tienden a evitar la noche para reducir encuentros con grandes machos, pero el aumento del calor está empujando a estos últimos a ser aún más nocturnos, lo que puede alterar ese equilibrio natural.

El impacto no se limita al comportamiento. Los científicos advierten de que la reducción de actividad puede afectar al acceso a zonas de alimentación clave y, en consecuencia, a funciones ecológicas como la dispersión de semillas, con posibles efectos en el conjunto del ecosistema.

Frente a este escenario, el estudio señala el papel clave del bosque como refugio térmico. En zonas arboladas, los osos logran mantener mayor actividad incluso con altas temperaturas, lo que refuerza la importancia de conservar y conectar estos espacios en un contexto de calentamiento global.

Los autores también apuntan que, a largo plazo, el oso pardo podría adaptarse a condiciones más cálidas e incluso expandirse hacia nuevas áreas, siempre que disponga de refugios adecuados como zonas de sombra, agua o vegetación densa.

Este trabajo supone un nuevo paso en la comprensión del impacto del cambio climático sobre la fauna salvaje en la cordillera cantábrica y confirma que sus efectos ya no son una previsión futura, sino una realidad que está modificando el comportamiento de una de sus especies más emblemáticas.

El texto se ha elaborado con datos recogidos entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024, antes de los terribles incendios forestales del verano de 2025.

La Junta de Castilla y León vuelve a prohibir el acceso nocturno al hábitat del urogallo (una especie catalogada en peligro de extinción y en situación crítica) en algunas zonas de los municipios leoneses de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes donde se encuentran los 209 ejemplares de esta especie, según el último censo previo a los incendios forestales del verano de 2025, que afectaron gravemente estas zonas.

Así, se prohíbe el acceso, tránsito y estancia de personas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 23.00 horas a 9.00 horas a los llamados cantaderos del urogallo, coincidiendo con la época de celo de esta especie. Es al atardecer cuando los machos llegan a su punto elegido para el celo, donde duermen, y al amanecer comienzan a reclamar a las hembras con su canto característico.

Debido a la concentración de ejemplares alrededor de los cantaderos, la existencia de molestias en esta época es muy perjudicial para la reproducción, ya que podría conllevar el abandono de las zonas de canto por los machos y las hembras.

El urogallo es una especie catalogada en peligro de extinción, y declarada en situación crítica mediante Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El último censo de esta especie contaba únicamente con 209 ejemplares entre la provincia de León y Asturias. Sin embargo, la Junta no ha actualizado esta cifra tras la grave oleada de incendios desatados en agosto de 2025, a pesar de los reiterados requerimientos de este periódico.

Limitaciones por zonas y multas de hasta 200.000 euros

Para evitar molestias a los ejemplares de urogallo en un periodo vital para la reproducción, y previo trámite de audiencia a los propietarios de los terrenos afectados, mediante Resolución de 31 de marzo de 2026 de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ha limitado el acceso en montes de utilidad pública incluidos en las áreas críticas AS-04, AS-10, AS-11, AS-15 y AS-24, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000210 ALTO SIL, OM-05, OM-06, OM-07 y OM-08 en la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000364 OMAÑAS, así como en el área crítica OM-04 situada en un monte particular de esta ZEPA, conforme se definen en el anexo II del plan de recuperación del urogallo cantábrico, y ubicadas en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes.

El incumplimiento de estas medidas está tipificado como infracción grave a la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, pudiendo conllevar multas desde los 5.001 euros hasta los 200.000 euros.

La Junta destaca que la norma aprobada va dirigida a los visitantes, no afectando estas limitaciones a los propietarios de los terrenos, ni a los titulares de derechos sobre su uso, en particular los vecinos que participen en los aprovechamientos vecinales, ni a los titulares de otros aprovechamientos, ni a los responsables del mantenimiento de los servicios públicos municipales o de vigilancia, ni a las personas que participen en otros trabajos expresamente autorizados por la Administración, que tendrán libre acceso a dichas zonas para el desarrollo de las actividades permitidas.

De manera simultánea a la regulación del acceso, se ha establecido un operativo para la vigilancia de la zona, con la participación de agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y las Patrullas oso y urogallo de la Fundacion del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Igualmente se han colocado señales en los accesos para informar a los visitantes sobre la regulación temporal que se aplica.

Cabe recordar que, a pesar de estas prohibiciones, en el año 2022 se llevó a cabo una investigación por la vía administrativa y otra judicial por la construcción de una vía forestal que atravesaba un cantadero de urogallo. Las máquinas atravesaron la senda sin que llegase a constar autorización para ello. A pesar de ello, este periódico, que contó la noticia en exclusiva, no ha recibido nunca respuesta sobre el desenlace de ambas investigaciones.

Ecologistas en Acción ha cargado con dureza contra las administraciones públicas por su gestión del incendio, declarado en la madrugada del 18 de marzo en una nave con residuos plásticos y neumáticos en la ciudad de La Bañeza, un suceso que, pese a haber reducido la peligrosidad de la nube tóxica en los últimos días, continúa sin darse por extinguido.

La Junta de Castilla y León desactivó el pasado 23 de marzo la situación 1 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (Plancal), al considerar que el riesgo para la población había disminuido de forma significativa. Sin embargo, mantiene un retén de bomberos y medios de extinción ante la persistencia de focos activos y episodios puntuales de humo, que aún obligan a extremar la precaución, especialmente entre personas vulnerables.

Desde la organización ecologista advierten de que el incendio ha provocado durante días una “grave contaminación del aire”, con una nube de humo y cenizas que se ha extendido por amplias zonas del entorno bañezano, alcanzando incluso áreas como el valle del Tuerto, la Sequeda o Astorga. A su juicio, esta situación ha puesto en riesgo la salud de miles de personas y evidencia “una situación inaceptable e insostenible”.

Ecologistas en Acción cuestiona además la falta de información pública sobre el alcance real del siniestro. “¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Por qué no se han comunicado los resultados a la ciudadanía?”, plantean, al tiempo que critican que no se haya informado sobre el volumen de residuos calcinados ni sobre el impacto ambiental generado.

La organización también pone el foco en la posible ilegalidad del depósito afectado y se pregunta por qué el Ayuntamiento de La Bañeza no había actuado previamente para desmantelarlo. En este sentido, denuncian una falta de control e inspección sobre este tipo de instalaciones.

Más allá del caso concreto, los ecologistas enmarcan este incendio en una política autonómica que, aseguran, favorece la llegada de residuos a Castilla y León. Como ejemplo, citan el proyecto de macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en el municipio de San Justo de la Vega y advierten de que este modelo está detrás del aumento de incidentes en instalaciones similares.

“Las normativas y tasas medioambientales no se han adaptado, mientras los mecanismos de control y sanción se debilitan”, sostienen, recordando que en la provincia de León se han registrado episodios similares en los últimos años, como el caso del enorme siniestro Recuperación de Materiales Diversos (RMD), en Ardoncino.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta que “asuma sus responsabilidades”, refuerce las labores de prevención e inspección y aplique de forma efectiva la responsabilidad ampliada del productor en la gestión de residuos, con el fin de evitar que se repitan incendios de estas características.

Arde sobre quemado. La Junta de Castilla y León ha declarado de nivel uno un incendio forestal declarado en la localidad de Lomba, en el municipio de Benuza en la Comarca de la Cabrera. Lo hace en previsión de las complicaciones para la extinción de las llamas, debido a la complejidad orográfica del terreno en el que se desarrolla.

El fuego, iniciado el jueves 27 de marzo a las 09.24 horas, está viendo dificultadas las labores de extinción por la orografía de la zona y la gran presencia de piedras, lo que complica el acceso y el trabajo de los efectivos.

Por ello, la previsión de estabilización supera las 12 horas. La causa probable es intencionada, según la propia Consejería de Medio Ambiente.

A pesar de la evolución del incendio, no existe riesgo para la población ni afecta a masas arboladas cercanas, según la información difundida por fuentes oficiales. En estos momentos, trabajan sobre el terreno varios medios de extinción para contener el avance de las llamas.

El operativo está compuesto por dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, un bulldozer y cinco brigadas helitransportadas entre las que se encuentran la AT Brif y la Brif de Tabuyo. Además, también participan medios aéreos, concretamente dos hidroaviones.

El dispositivo se centra en frenar la propagación en una zona de difícil acceso, donde las condiciones del terreno están condicionando el desarrollo de las labores de extinción.

La Cabrera fue una de las comarcas que más sufrió durante los incendios forestales de este verano con miles de hectáreas calcinadas en la zona cercana a Las Médulas y el sur de la provincia de León, pasando a Zamora y las llamas volviendo del norte de esa provincia a la leonesa pasando de una a otra varios días del mes en que las llamas estuvieron fuera de control, pasando de las 22.000 hectáreas afectadas en la comarca cabreiresa. La estampa del Lago de la Baña era desoladora en septiembre pasado: prácticamente todo lo que podía haber ardido se quemó.

Hoy hay otro incendio en la zona del lago y en la localidad de Voznuevo, en Boñar.

Cuatro Valles trabaja por el desarrollo de varias comarcas de la provincia de León y para ello las localidades de Canales y Murias de Paredes han acogido esta semana dos jornadas centradas en la transformación digital de sectores clave para el medio rural, como el turismo y la ganadería.

Ambas iniciativas forman parte del programa Centr@Tec, impulsado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) en colaboración con AIR Institute, con el objetivo de acercar soluciones tecnológicas prácticas a las pequeñas y medianas empresas del entorno rural. Lazona sobre la que trabaja Cuatro Valles está ntegrada por veinticinco municipios leoneses de las comarcas de Laciana, Babia, Luna, Omaña, Torío, Bernesga y La Cepeda con un total de 291 núcleos de población, lo que supone el 20% de la superficie de la provincia de León con casi treinta mil habitantes.

El martes 24 de marzo, el espacio de coworking de Canales-La Magdalena fue escenario del desayuno tecnológico ‘Ruta digital para el turismo local: capta, fideliza y escala’, en el que participaron 16 profesionales del sector turístico. Durante la sesión se abordaron estrategias para mejorar la visibilidad online, optimizar la captación de clientes y aplicar herramientas tecnológicas que refuercen la competitividad en un contexto cada vez más digitalizado. Asimismo, se dieron a conocer las ayudas y servicios que ofrece el Icecyl para apoyar estos procesos de modernización.

Al día siguiente, el miércoles 25 de marzo, la Casona de los Condes de Luna, en Murias de Paredes, acogió el desayuno tecnológico ‘Geolocalización y monitorización: las claves para digitalizar el sector ganadero’, que reunió a 15 ganaderos interesados en incorporar soluciones innovadoras en sus explotaciones. En esta jornada se presentaron herramientas avanzadas de monitorización y geolocalización aplicadas a la ganadería extensiva, orientadas a optimizar recursos, mejorar la gestión diaria y favorecer el bienestar animal. Los asistentes conocieron además ejemplos reales de implantación tecnológica en el sector.

Estas jornadas reflejan el creciente interés de los sectores productivos de la comarca por adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. La participación de profesionales del turismo y la ganadería evidencia la apuesta del territorio por la innovación, la sostenibilidad y el refuerzo de su competitividad.

A través de iniciativas como estas, el programa Centr@Tec continúa impulsando la transformación digital en el medio rural, facilitando herramientas y acompañamiento para que las empresas puedan afrontar con éxito los desafíos del mercado actual.

La sede de la Fundación Sierra Pambley (FSP) en Villablino acoge este sábado 28 de marzo los actos de celebración en Laciana de La Hora del Planeta, un evento organizado por el grupo local WWF Alto Sil con la colaboración de la FSP.

Con motivo de La Hora del Planeta, una iniciativa en España de WWF que cumple 20 años, “habrá un pequeño visionado de cortos y, después, un juego para los asistentes”. Se trata de Arrojando luz a oscuras, “una propuesta divertida para todas las edades con la que reflexionar” sobre el cuidado del planeta“.

La actividad, pensada tanto para público adulto como para familias con menores, comienza a las 19.00 horas. Con la garantía que, en caso de mal tiempo, habrá alternativa bajo techo para poder realizarla igualmente.

Además de las actividades de divulgación y juegos, los organizadores ofrecerán a los asistentes un tentempié antes de finalizar la conmemoración del evento, que persigue la sensibilización de la población sobre las necesidades de protección del entorno.

En su web, WWF asegura que “durante veinte años, este movimiento mundial ha demostrado que cuando millones de personas actuamos juntas, el mundo cambia de verdad. Lo que comenzó solo como un gesto simbólico se ha convertido en el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes”, dice WWF en su web.

Hoy ya es habitual que cientos de ciudades de todo el mundo participen en el gesto simbólico de apagar durante una hora las luces de sus edificios y monumentos más emblemáticos en apoyo a este movimiento, nacido en Sídney (Australia) en 2007.

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel para un hombre acusado de provocar un incendio forestal en el municipio de Borrenes el 13 de septiembre de 2025, en un suceso que, según el Ministerio Público, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego.

De acuerdo con el escrito de acusación, el acusado, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió fuego de manera intencionada a la vegetación utilizando un mechero en cuatro puntos distintos situados a ambos de una carretera, en torno a las 17.56 horas de ese día.

El incendio fue observado directamente por un testigo, que alertó a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El hombre permaneció privado de libertad los días 13 y 14 de septiembre y se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de ese mismo mes, situación que la Fiscalía interesa mantener hasta la celebración del juicio oral.

El fuego no quedó extinguido hasta la mañana del 14 de septiembre, aunque fue controlado la tarde anterior. La superficie afectada ascendió a 2,96 hectáreas, de las cuales 2,60 correspondían a monte particular y 0,36 a terreno de cultivo.

El Ministerio Público subraya además que el incendio se produjo en una zona clasificada como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), donde en ese momento estaba activado el nivel alto de alerta, lo que incrementaba el potencial peligro del fuego. Asimismo, destaca que las llamas se originaron a escasa distancia de edificaciones, generando riesgo para la población.

Los daños derivados del incendio ascienden a un total de 9.520,58 euros. De esa cantidad, 8.715,45 euros corresponden a los costes directos de extinción asumidos por la Junta de Castilla y León, mientras que 805,13 euros se atribuyen al impacto ambiental causado en los terrenos afectados.

Los hechos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de incendio forestal cualificado, del que considera al acusado autor directo. No obstante, aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante, al entender que el procesado actuó con su capacidad volitiva parcialmente afectada por la ingesta previa de sustancias psicoactivas, aunque sin merma de sus facultades cognitivas.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la imposición de una multa de veinte meses y veinte días, con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que el acusado indemnice a la Junta de Castilla y León con 8.715,45 euros por los gastos de extinción, así como a los propietarios de los montes afectados con 805,13 euros por los daños ambientales, cuya identificación concreta se realizará en fase de ejecución de sentencia.

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León y propone como prueba la declaración del acusado, testigos presenciales, agentes de la Guardia Civil, peritos medioambientales y forestales, así como la reproducción de documentación y material audiovisual recabado durante la investigación.

Un incendio forestal se ha desatado el viernes 27 de marzo entre las localidades de Lomba y Silván, en la comarca leonesa de Cabrera. Todavía no se conocen las causas que pueden haberlo provocado.

Las llamas comenzaron pasadas las 9 horas del viernes, y varios efectivos todavía trabajan en la extinción de este incendio del municipio de Benuza. Concretamente, son ocho efectivos en total, entre los que destacan dos helicópteros y dos cuadrillas de Brif, dependientes del Gobierno de España.

Además, todavía se encuentra activo otro incendio desatado la pasada noche del jueves 26 de marzo en el municipio de Villamañán, concretamente en Villacalbiel-San Esteban. Aallí se encuentra un agente medioambiental.

Ya son una veintena los incendios forestales que se han desatado en la provincia de León en lo que llevamos de año, aunque ninguno de gran gravedad, afectando solamente a un total que ronda las 60 hectáreas.

La Reserva de la Biosfera de Babia ha dado un paso significativo en el refuerzo de su gobernanza con la constitución oficial de su Consejo Científico, un órgano llamado a asesorar en la toma de decisiones clave sobre conservación, investigación y desarrollo sostenible. Tras una reunión preliminar celebrada de forma telemática a finales de enero de 2026, este miércoles 25 de marzo ha tenido lugar la primera sesión presencial, en la que se han sentado las bases del futuro Plan de Acción o Plan Estratégico para el periodo 2026-2031.

El nuevo Consejo Científico nace con el objetivo de aportar respaldo técnico y académico a la gestión de la Reserva, en línea con los principios del Programa MaB (El Hombre y la Biosfera) de la UNESCO. En este primer encuentro, sus integrantes han abordado las líneas estratégicas que orientarán el documento que regirá la planificación del espacio durante los próximos cinco años, considerado un instrumento clave para garantizar una gestión eficaz y adaptada a los retos actuales.

La creación de este órgano pone de relieve la voluntad de integrar el conocimiento científico actualizado en la planificación territorial y en la conservación de los valores naturales y culturales de Babia. El Consejo está formado por especialistas de distintos ámbitos del conocimiento, vinculados a universidades y centros de investigación, lo que permitirá un enfoque multidisciplinar en la toma de decisiones.

El presidente de la Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia y alcalde de San Emiliano, David Marcello Román, ha subrayado la importancia de este paso al considerar que “la creación de un Consejo Científico representa un avance clave para fortalecer la gestión, al dotarla de una base rigurosa, objetiva y multidisciplinar”. En este sentido, ha destacado que la integración de disciplinas como la ecología, la economía, la sociología o la planificación territorial favorecerá decisiones más informadas y eficaces.

Desde la dirección de la Reserva se incide en que este nuevo enfoque permitirá anticipar mejor los desafíos ambientales y sociales, diseñar estrategias sostenibles a largo plazo y compatibilizar la conservación del patrimonio natural con el desarrollo económico del territorio. Con ello, el Consejo Científico se configura como una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado de Babia en los próximos años, reforzando su valor tanto como espacio protegido como motor de oportunidades para la población local.

El Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de Babia está integrado por Borja Jiménez Alfaro, profesor titular de la Universidad de Oviedo, vicedirector del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC) y director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón; David González-Álvarez, doctor en Arqueología e investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC (INCIPIT-CSIC); Eugenia Rendueles Álvarez, doctora en Veterinaria, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, investigadora y docente del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León; Sara Alcalde Aparicio, doctora en Edafología y profesora de la Universidad de León; Alipio García de Celis, doctor en Geografía por la Universidad de León y profesor jubilado de la Universidad de Valladolid; Ignacio Prieto Sarro, doctor en Geografía por la Universidad de León y director del Servicio de Cartografía de la Universidad de León; y María Jesús Sánchez Muñoz, doctora en Geografía por la Universidad de Salamanca y profesora de la Universidad de León.

Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra “anticientífica” en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una “cuota cero” de matanzas.

“La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos”, denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que “no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea” y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una “decisión política” que abre la puerta a más matanzas de lobos que “probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola”.

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que “abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea”, dicen.

“Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE”, indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus “no ha alcanzado un estado de conservación favorable” en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que “ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos” sobre cuántos lobos mueren cada año.

Rebaja de la protección al lobo

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de “estrictamente protegido” a sólo “protegido”, tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El PP permitió cazar lobos al norte del Duero

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León del 27 de marzo al 6 de abril de 2026.

La previsión meteorológica actual indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas por debajo del 30 %, vientos por encima de los 30 kilómetros por hora e inestabilidad atmosférica en capas bajas, han informado este jueves fuentes de la Consejería.

Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, así como de la propagación, elevando el peligro de incendios forestales por encima de la media esperada.

La consejería ha solicitado a la población colaboración para que extreme la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar situaciones de riesgo que puedan producir un incendio forestal.

Esta declaración implica que se reforzarán los medios del operativo Infocal para atajar los conatos que puedan producirse.

Se ha reforzado el personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especialistas en extinción, se mantienen cuadrillas helitransportadas en todas las bases y todas las autobombas. También hay activados cuadrillas terrestres, unidades de brigada y autobomba y retenes de maquinaria.

Medidas preventivas

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden FYM/510/2013 por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.

Se suspenden las autorizaciones concedidas para estas fechas de quema en monte y en los terrenos rústicos a menos de 400 metros del mismo, quema de matorral, de pastos, restos agrícolas, forestales y otros restos de vegetación.

Sí podrán hacerse, como hasta ahora, las quemas de restos vegetales acumulados en pequeños montones situados en terrenos labrados, huertos y prados, que requieren comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente, pero con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha de realización de la quema y el aviso al agente medioambiental de la zona antes de iniciar la quema.

El lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego requiere de la correspondiente autorización.

No existen restricciones específicas en este periodo para las labores agrícolas.

Prohibiciones todo el año

Se recuerda que, durante todo el año, está prohibido en el monte y a menos de 400 metros del monte la quema de rastrojos; hacer hogueras y fogatas; encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras; tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo; la quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulació de residuos de cualquier tipo.

Tampoco se puede arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles o mecheros, entre otros; aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos, de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales.

La Junta de Castilla y León confía en que la población siga extremando la prudencia en sus actividades de trabajo y ocio al aire libre para evitar el inicio de un posible incendio y, en caso de producirse, alerte a través del 112.

Recuerda que la realización de actividades no permitidas puede causar incendios que ocasionen un grave riesgo para las vidas humanas, poblaciones y otros bienes, así como para el patrimonio natural y cultural, y que, además, pueden ser acciones constitutivas de delito, por lo que se efectúa un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitarlas. 

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a Pascual para explotar agua mineral natural del sondeo ‘Jamuz’, en Quintana y Congosto, y embotellarla bajo la marca ‘Bezoya Jamuz’. La resolución, publicada este jueves en el Bocyl, culmina un proceso iniciado en 2021 y autoriza la primera fase de la planta impulsada por la sociedad Sierra de Lobos S.L.

El proyecto permite extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año, es decir, 500 millones de litros, con un caudal de hasta 40 litros por segundo. En la práctica, supone un consumo diario de unos 1,37 millones de litros, equivalente al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas.

La inversión inicial supera los 21,5 millones de euros y se basa en un sondeo de más de 60 metros de profundidad con varias líneas de embotellado. El plan completo prevé hasta tres fases y podría duplicar la extracción de agua en el futuro, aunque cualquier ampliación queda condicionada a que no haya afecciones sobre el acuífero.

Durante la tramitación, y a preguntas de ILEÓN cuando el proyecto aún estaba en fase administrativa, desde el grupo empresarial responsable de marcas como Leche Pascual señalaban que “hemos iniciado un proyecto de prospección de un manantial en la provincia de León”, subrayando que se trataba de un proceso “sujeto al habitual proceso de la autorización administrativa”. Entonces, la compañía lo definía como “una posibilidad de futuro, de medio o largo plazo”, y aseguraba que “aún no tenemos una posición definitiva tomada”, al encontrarse en fase de estudio.

Fuerte oposición social

La autorización llega tras una tramitación marcada por la contestación social. Se registraron más de 700 alegaciones formales, por parte de asociaciones ecologistas y plataformas vecinales.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y Amigos del Valle del Jamuz han alertado del riesgo de “reducción considerable de los recursos hídricos” y de su impacto en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería.

También cuestionan el perímetro de protección del acuífero, que afecta a miles de hectáreas y permitiría limitar usos en fincas privadas, lo que consideran una “hipoteca” sobre el territorio.

Más incertidumbre tras los incendios

El expediente incorpora además un elemento añadido de preocupación: el impacto de los incendios forestales de 2025 sobre el acuífero. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe específico en octubre de este pasado año, en plena tramitación, sobre posibles afecciones en la provincia.

Desde el punto de vista técnico, la Junta respalda el proyecto con informes de la propia Confederación y del Instituto Geológico y Minero de España, que avalan la compatibilidad de esta primera fase con el Plan Hidrológico, aunque con condiciones.

Entre ellas, un seguimiento del acuífero durante al menos un año, controles periódicos de caudal y presión y la obligación de no afectar a abastecimientos ni a zonas sensibles.

Sin evaluación ambiental

El expediente descartó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, aunque impone medidas de control y obliga a realizar un nuevo estudio hidrogeológico tras el primer año para evaluar la evolución del acuífero.

Las críticas, sin embargo, también alcanzan al modelo de negocio. Colectivos opositores advierten de la huella hídrica añadida del agua embotellada, especialmente por la fabricación de envases de plástico.

Pese a todo, la Junta ha dado luz verde al proyecto al considerar acreditada su viabilidad técnica y legal. La planta arranca ahora con límites y vigilancia, pero en un contexto de fuerte controversia social y debate sobre el uso intensivo del agua en el medio rural leonés.

La ganadería extensiva se confirma como una herramienta eficaz para conservar la biodiversidad y reducir los riesgos asociados al avance del matorral en los ecosistemas de montaña. Así lo constata un estudio desarrollado en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, cuyos resultados acaban de publicarse en la Revista Agroecología.

La investigación evalúa el impacto del pastoreo en dos áreas piloto —Casares de Arbas y Folledo— integradas en el proyecto 'Pastoreo en las Redes', impulsado por Enagás y Red Eléctrica de España (Redeia) con el asesoramiento técnico de Agrovidar.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza cómo el manejo planificado de vacas y yeguas en zonas situadas bajo tendidos eléctricos y sobre gasoductos contribuye a controlar el crecimiento del matorral, mantener el paisaje en mosaico y promover la biodiversidad vegetal y de artrópodos. Para ello, se compararon parcelas pastoreadas y zonas control sin ganado, mediante tres muestreos realizados en primavera, verano y otoño de 2023.

Los resultados muestran un patrón claro: allí donde ha habido ganado, la vegetación ha evolucionado hacia un predominio del sustrato herbáceo y una mayor riqueza florística.

En ambas localidades se registraron más especies y más familias botánicas en los pastos manejados, con un pico notable a principios del verano, cuando se alcanza el máximo desarrollo vegetativo. Las familias Fabaceae, Asteraceae y Poaceae —esta última con mayor cobertura vegetal— fueron las más representadas.

Según el estudio, firmado por María Barco, Ramiro Palacios, Gonzalo Villalba e Inés Andreu, la acción combinada de siega mecánica previa, trasterminancia, instalación de puntos móviles de agua y sal, y manejo dirigido mediante vallados permite que el ganado frene con eficacia el rebrote del matorral, especialmente en áreas donde antes se habían detectado coberturas superiores al 80% y alturas de hasta cuatro metros en especies como Cytisus scoparius.

El pastoreo, indican los autores, no solo reduce biomasa combustible y facilita el mantenimiento de infraestructuras energéticas, sino que también incrementa la disponibilidad de pasto, mejora la estructura del suelo y contribuye a fijar carbono.

Sin embargo, el efecto sobre las comunidades de artrópodos resulta más complejo. Aunque tanto la abundancia como la riqueza de insectos fueron altas, no se observaron diferencias significativas entre áreas con y sin pastoreo.

La respuesta fue “neutra”, condicionada por factores como la climatología, la altitud, la dominancia de determinadas especies herbáceas y la carga ganadera. El orden Diptera fue claramente mayoritario, con porcentajes superiores al 70% en varios muestreos, estando compuesto sobre todo por moscas de las familias Muscidae, Anthomyiidae y Bibionidae. Su abundancia y resiliencia lo sitúan, según el artículo, como un potencial bioindicador del manejo ganadero.

El estudio recuerda que la relación entre pastoreo y polinizadores es objeto de amplio debate científico: las intensidades moderadas pueden favorecerlos, mientras que las elevadas o el corte para heno pueden disminuir su presencia. En este caso concreto, pese al aumento de la diversidad vegetal, la fuerte dominancia de gramíneas —tolerantes al pastoreo— podría haber limitado cambios mayores en la comunidad de invertebrados.

Los autores subrayan que, aunque el diseño experimental es exploratorio, los resultados ofrecen una primera evidencia sólida de que el ganado extensivo puede actuar como un agente de gestión ecológica eficaz en áreas de montaña. Para obtener conclusiones más robustas, proponen prolongar el estudio en el tiempo y aumentar la replicación espacial.

'Pastoreo en las Redes' también incorpora una dimensión social: la remuneración directa a las pastoras encargadas del manejo, lo que contribuye a diversificar las fuentes de ingreso, impulsar el relevo generacional y vincular el pastoreo con servicios ecosistémicos de alto valor ambiental.

En un contexto de abandono de la ganadería extensiva y aumento del riesgo de incendios forestales, la investigación defiende que la continuidad del pastoreo es clave para estabilizar los ecosistemas y garantizar respuestas positivas a largo plazo tanto en la vegetación como en el funcionamiento del territorio.

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.

Un proyecto realizado en colaboración con Ecovidrio enmarcado dentro del plan integral para reciclar vidrio en la capital leonesa, que tiene el objetivo de incrementar la recogida selectiva de envases de vidrio en la ciudad ha sido presentado esta mañana. El alcalde de León, José Antonio Diez, lo hizo acompañado de Jon Fernández, concejal de Modernización y Servicio de Limpieza junto a Óscar García, presidente de la Asociación de Hosteleros de León y Ricardo Sevilla, subdirector de la zona Centro-Norte de Ecovidrio.

El nuevo 'Plan Integral León Recicla Vidrio' supondrá ampliar el sistema de recogida de vidrio a 170 establecimiento hosteleros de la capital leonesa, frente a los 60 actuales, y mejorar además el sistema de recogida de los vecinos de las nuevas calles peatonales y de otras zonas de la ciudad.

El programa denominado 'EcoVares', que ha presentado este lunes el alcalde de León, José Antonio Diez, se ha realizado en colaboración con Ecovidrio y la Asociación Hostelería de León, y pondrá en marcha a partir de este lunes un servicio de recogida puerta a puerta en la hostelería de la zona centro para facilitar el reciclaje de envases de vidrio.

Cinco días a la semana

Esa recogida se hará cinco días a la semana (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo), para lo que se entregarán de forma gratuita medios adaptados que faciliten el reciclaje.

Además, se han previsto diversas acciones, como una campaña informativa para explicar el funcionamiento del servicio y recordar la obligatoriedad de la separación selectiva; y, en las últimas semanas, los establecimientos hosteleros han recibido la visita de un formador ambiental que, a través de una encuesta ha podido conocer de primera mano las necesidades del sector.

El plan integral 'León Recicla Vidrio' estima un importante incremento en la recogida de residuos de envases de vidrio en la ciudad y pretende marcar un antes y un después en las cifras de reciclaje de los leoneses para situar a la ciudad entre las capitales de provincia más recicladoras de España.

Los barrios que tendrán preferencia

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de León y Ecovidrio pondrán en marcha un plan en los barrios de San Claudio, Centro y Eras de Renueva, en 17 unidades censales y 9.900 domicilios.

Así, los más de 15.600 vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas informándoles de la obligatoriedad de separar selectivamente según las ordenanzas municipales y se instalarán puntos de información en zonas de gran afluencia para movilizar y concienciar a la ciudadanía.

Instalación de 21 contenedores

Adicionalmente, fruto del análisis realizado, se instalarán 21 contenedores complementarios a los contenedores ya existentes en calle para ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje a los ciudadanos.

El alcalde de León ha destacado que “los leoneses depositan de media más de 2.200 toneladas de vidrio en los contenedores verdes contribuyendo de forma notable a la reutilización de un producto que es cien por cien reciclable”.

Cifras, ha añadido, que con este nuevo plan integral “se pueden incrementar y para ello trabajamos con Ecovidrio para también, y más importante, hacer más sencillo el depósito de este tipo de envases por parte de los hosteleros, que son quienes más vertido de envases generan, y de la ciudadanía en general”.

“Modelo urbano más verde y circular”

Por su parte, Ricardo Sevilla, subdirector de la zona Centro-Norte de Ecovidrio, ha afirmado que este ambicioso plan permitirá a la ciudad de León “liderar la transición hacia un modelo urbano más verde y circular”.

“La corresponsabilidad de los ayuntamientos es clave para avanzar en la correcta gestión de los residuos y desde Ecovidrio queremos aplaudir la valentía y el compromiso que ha demostrado el consistorio leonés al impulsar este plan conjunto, que combina innovación, análisis de datos y acciones de concienciación para mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio”, ha añadido.

Durante 2025 en la ciudad de León se reciclaron 2.284 toneladas de envases de vidrio en los 469 contenedores verdes repartidos por toda la ciudad, con una media de 18,51 kilos de vidrio reciclado por habitante.

Robles contra el fuego. Alumnos de dos colegios de Ponferrada han participado en hacer realidad la campaña 'Tu ayuda cuenta' al plantar 150 robles en la ribera del río Sil para luchar contra el fuego como recordatorio de que la naturaleza siempre vuelve a resurgir tras los terribles incendios forestales de este verano que asediaron la comarca berciana y la provincia de León.

La actividad fue posible gracias a una campaña de recaudación que recaudó 1.000 euros para la compra de los plantones, con el objetivo de contribuir a la regeneración del entorno tras los incendios registrados el pasado verano.

Iván Rodríguez, presidente de la agrupación, ha destacado que la acción busca convertirse en “un símbolo de la recuperación” de los montes “lo antes posible”, al tiempo que ha remarcado la importancia de involucrar a los más jóvenes para que aprendan a valorar y cuidar la naturaleza.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, ha subrayado la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la protección del medio ambiente: “Debemos lograr que las generaciones futuras sean conscientes de que el cambio climático también depende de nuestras acciones”.

En la misma línea, el concejal de Comercio, David Pacios, ha agradecido la colaboración del sector comercial en este tipo de iniciativas, destacando que lo más importante es la concienciación “y qué mejor manera de hacerlo que con los más pequeños”.

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León se ha convertido esta semana en punto de encuentro internacional para el estudio de los incendios forestales con la visita de un grupo de especialistas de la Universidad Estatal de Oregón (OSU), referentes en gestión del fuego en Estados Unidos.

Los investigadores trabajan junto al Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León en un análisis comparado sobre la dinámica de los incendios en ambos países, en un contexto marcado por problemas comunes como el abandono rural o la proliferación de vegetación que favorece la propagación del fuego.

La catedrática de la Universidad de León, Leonor Calvo, ha enmarcado esta visita en una colaboración previa entre ambas instituciones. “Estamos desarrollando programas conjuntos para predecir el comportamiento de los incendios y trasladar ese conocimiento a nuestros ecosistemas”, ha explicado.

En la misma línea, el profesor de la Universidad Estatal de Oregón, Sergio Arispe, ha subrayado el alcance global del problema. “Los incendios forestales y la población afectada son un desafío a nivel mundial, tanto en nuestra región como aquí en España”.

Reforzar la cooperación científica

Arispe ha destacado que el objetivo principal es reforzar la cooperación científica para mejorar la prevención. “Queremos trabajar en herramientas que ayuden a evitar grandes incendios que están afectando a nuestros pueblos”, ha señalado.

Uno de los ejes de trabajo es la teledetección. “La Universidad de León tiene mucha experiencia en datos de satélite y lo que buscamos es integrarlos para que los gestores puedan anticiparse y actuar mejor, tanto antes como después de los incendios”, ha añadido.

El equipo estadounidense está integrado por especialistas en gestión del fuego, ecología del paisaje, extensión agraria y sistemas de pastoreo. “La mejor forma de afrontar estos grandes retos es mediante una colaboración internacional amplia”, ha insistido Arispe.

La visita refuerza la proyección internacional de la Universidad de León y consolida al Campus de Ponferrada como un referente en investigación aplicada en el ámbito forestal y en la búsqueda de soluciones frente a un problema cada vez más complejo.

La Universidad de León (ULE) reúne a investigadores, administraciones públicas, empresas y propietarios forestales en una jornada técnica centrada en el futuro del chopo, una especie clave en la economía forestal de la provincia y del noroeste peninsular. El encuentro ha servido para abordar uno de los principales retos del sector: cómo adaptar las plantaciones a un contexto marcado por el cambio climático y por nuevas exigencias industriales.

La jornada, celebrada en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, ha puesto el foco en la mejora genética del chopo como herramienta esencial para garantizar su viabilidad. Los expertos han coincidido en que los recursos genéticos forestales son la base para desarrollar plantaciones más productivas y resistentes, capaces de soportar condiciones climáticas cambiantes sin perder rendimiento.

En este sentido, se ha subrayado la necesidad de actualizar los materiales de reproducción y los clones utilizados en las plantaciones. Desde el sector industrial se ha advertido de que esta adaptación no es solo una cuestión ambiental, sino también económica, ya que de ella depende la competitividad de la madera de chopo frente a otros productos y mercados.

Otro de los puntos clave del encuentro ha sido la coordinación entre todos los actores implicados. Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica han insistido en que la colaboración entre administraciones, comunidad científica y sector productivo es imprescindible para garantizar una gestión sostenible de los recursos forestales y mejorar la resiliencia de los montes.

La jornada no se quedó en el plano teórico. Los participantes visitaron viveros y plantaciones en la provincia para conocer sobre el terreno cómo se están aplicando estos avances, desde la producción de planta hasta los ensayos clonales y las técnicas de manejo forestal. Estas experiencias prácticas evidencian que la innovación ya está en marcha, aunque todavía requiere una mayor transferencia al conjunto del sector.

El encuentro concluyó con un consenso claro: el futuro del chopo pasa por reforzar la investigación, actualizar los materiales genéticos y consolidar una estrategia común entre ciencia, administración e industria. Solo así, apuntan los expertos, será posible mantener un cultivo que tiene un peso relevante en el medio rural y que puede jugar un papel clave en la economía sostenible de los próximos años.

La asociación Promonumenta ha publicado un libro en el que recoge el estudio realizado sobre los daños causados por los incendios forestales del verano de 2025 en el patrimonio de la provincia de León, un episodio que supuso la mayor devastación ambiental y patrimonial conocida hasta la fecha en el territorio.

La obra, titulada 'Incidencia de los incendios de 2025 en el patrimonio de la provincia de León', ha sido editada a través de Amazon y está firmada por la propia asociación. El trabajo ha sido coordinado por el socio David Gustavo López, con la colaboración de la presidenta Marina Sánchez y de los asociados Luis Arias, Chema Vicente, Darío Álvarez, Miguel Ángel Arias y Ramón Fernández Calderón.

Según recoge el estudio, los incendios registrados entre agosto y septiembre de 2025 arrasaron 129.836 hectáreas en la provincia leonesa, lo que representó el 78% de toda la superficie quemada en Castilla y León durante ese año.

Estas conclusiones forman parte del ‘Informe sobre la incidencia en el Patrimonio Cultural y Natural de los incendios de agosto 2025 en la provincia de León’, un trabajo que analiza de forma detallada el impacto del fuego desde distintas perspectivas. El estudio pone el foco tanto en el patrimonio natural como en el histórico-artístico y etnográfico, ámbitos que, según Promonumenta, suelen quedar relegados en los procesos de reconstrucción tras grandes incendios.

El libro traslada ese análisis a una publicación accesible para el público general, con el objetivo de visibilizar las consecuencias que este tipo de catástrofes tiene sobre el patrimonio más allá de la pérdida forestal.

La publicación tiene un precio de venta al público de 16 euros, con algunas ofertas que lo sitúan en 15,60 euros, IVA incluido, y los beneficios se destinarán íntegramente a Promonumenta. El libro puede adquirirse a través de Amazon, con envío a domicilio en un plazo aproximado de tres días.