El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no ha tocado ni un céntimo a mayores su previsión de inversión durante los próximos cinco años.

El Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado este martes el llamado plan Dora III, es decir, su plan quinquenal de inversiones y de tasas aeroportuarias de Aena entre los años 2027 y 2031, con inversiones en la red de aeropuertos española de unos 13.000 millones en esos cinco años, 58 de ellos para los cuatro aeropuertos de Castilla y León. La cifra que le corresponde finalmente al aeródromo civil leonés queda fijada en 16,3 millones, que es exactamente la misma que aparecía en el primer borrador en hace justo un año y que se definió en la última fase de consultas, el pasado mes de febrero.

Eso quiere decir que Gobierno, el Ministerio que dirige Óscar Puente y Aena no han tocado la previsión inversora para León, así como tampoco para ninguno de los otros tres aeropuertos de Castilla y León. Y eso a pesar de que en el caso leonés, la Plataforma 'Más vuelos, más futuro para León' reclamó in extremis a Aena, y a las instituciones públicas leonesas como la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, que conforman el Consorcio en vigor, que el Dora III comprometiera al menos 50 millones de euros en el próximo quinquenio.

Era su cálculo de lo que podría suponer aproximadamente la suma de las inversiones que el primer borrador contenía, que Aena dirigía a actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación. Pero reclamaban a mayores dinero para acometer como mínimo la reclamada terminal de carga para mercancías que un estudio de la Diputación cifró en 43,6 millones, así como entre 3 y 6 millones más sumaría la instalación, también largamente exigida, de un sistema de aproximación avanzado, un ILS 3, para sustituir al de nivel 1 actual que provoca más cancelaciones de vuelos.

Hay que recordar que la propia directora general de Aena, Elena Mayoral, que visitó el aeropuerto leonés de La Virgen del Camino el pasado mes de mayo tras meses de promesas y esperas, ya desvinculó a esta empresa pública y por lo tanto al Ministerio del protagonismo para acometer la terminal de mercancías, que insistió en que requería dos condiciones: la primera, que hubiera empresas de peso que quisieran usarla, y segundo que después la acometieran ellos en virtud a esa demanda. Un jarro de agua fría que la Plataforma, y la oposición en la Diputación, que se mostraron dispuestos a admitir, al contrario que los socios en el Palacio delos Guzmanes, PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Como si nada de eso hubiera pasado, el Ministerio de Transportes ha calcado las cuantías que comprometerá invertir en los cuatro aeropuertos de la Comunidad: 9,8 millones para el de Burgos, 12,7 en Salamanca y 18,5 en el de Valladolid, Villanubla.

El Ministerio ha detallado que los esos casi 13.000 millones totales de inversión hasta 2031 saldrán de los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena. Y el ministro Óscar Puente ha resaltado que el Dora III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año, en aras a una mayor competitividad.

La Plataforma en Defensa de Feve ha decidido trasladar a los tribunales la reivindicación que durante casi dos años ha llevado a las calles, a las instituciones y a los medios de comunicación para reclamar la integración ferroviaria de la antigua línea de vía estrecha en la ciudad de León, prometida hace 16 años.

El colectivo ha anunciado este viernes el inicio de tres acciones judiciales con las que pretende exigir el cumplimiento del Convenio Marco de 2010, el acuerdo que debía culminar la llegada de Feve al centro de la ciudad y cuya ejecución considera paralizada desde hace más de una década.

Su portavoz, César Prieto, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) que la integración de Feve “no es un proyecto a futuro” que dependa de la voluntad política, sino un compromiso jurídico adquirido hace 16 años cuyo cumplimiento, a su juicio, debe exigirse ante los tribunales.

La primera de las acciones es una querella presentada en Madrid por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra una persona con cargo de director general en el Ministerio de Transportes.

Según la plataforma, el procedimiento está relacionado con las dificultades encontradas para acceder a documentación y expedientes administrativos vinculados al proyecto.

La segunda actuación consiste en un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por la supuesta inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco firmado en 2010.

El colectivo ha argumentado que actúa en sustitución procesal del Ayuntamiento de León, al que considera directamente perjudicado por el incumplimiento del acuerdo.

Los responsables de la plataforma han indicado que el consistorio no ha reclamado durante estos años la ejecución efectiva del convenio ni ha mostrado, según su interpretación, oposición a los incumplimientos acumulados.

También critican que el Ayuntamiento no se haya personado en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional pese a que, aseguran, se tramita en beneficio de la propia institución municipal.

La tercera acción judicial se dirige precisamente contra el Ayuntamiento de León y consiste en un recurso contencioso-administrativo presentado ante los juzgados leoneses por la supuesta falta de colaboración municipal en el proceso anterior.

Una deuda pendiente

Durante su comparecencia, Prieto ha repartido responsabilidades entre las distintas administraciones, aunque ha reservado buena parte de sus críticas al Ayuntamiento de León por no haber reclamado, en su opinión, una deuda pendiente del Estado con la ciudad.

Según ha defendido, la única salida pasa por exigir el cumplimiento de un convenio que considera plenamente vigente, aunque reconoció que posteriormente debería ser actualizado para adaptarse a las circunstancias actuales.

La plataforma ha recordado que el proyecto acumula más de 40 millones de euros invertidos y sostiene que la llegada del ferrocarril al centro urbano resulta fundamental para la viabilidad futura de la línea.

También lamenta que se hayan cumplido ya quince años sin servicio ferroviario de Feve en el casco urbano leonés.

Junto al anuncio de las acciones legales, el colectivo ha iniciado una campaña de captación de fondos para sufragar los costes de los procedimientos.

Los diputados del Partido Popular (PP) por León Ester Muñoz y Silvia Franco y por Ourense Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, han registrado una nueva pregunta en el Congreso para conocer qué fecha prevé el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense.

La iniciativa se produce después de que haya concluido agosto sin que se haya publicado la licitación y tras el anuncio del Ministerio esta primavera asegurando que aprobaba el primer tramo, de seis kilómetros. Los parlamentarios populares plantean al Gobierno qué fecha concreta del último cuatrimestre de 2026 contempla para sacar a concurso las obras, cuyo presupuesto asciende a 126 millones de euros.

El proyecto de construcción de este primer tramo quedó aprobado definitivamente en abril de 2026. El BOE publicó el 16 de abril el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia relativo a la resolución del Ministerio por la que se aprobaba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción. El 23 de abril se publicó una corrección de errores del anuncio.

Tras completar este trámite, la licitación de las obras quedó pendiente de su convocatoria. En una respuesta registrada el 11 de junio, el Gobierno señaló que la actuación se encontraba entre las prioridades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “de acuerdo con la planificación vigente y las disponibilidades presupuestarias”, sin establecer una fecha concreta.

La pregunta registrada ahora recuerda además los distintos calendarios anunciados anteriormente para esta actuación. En febrero de 2023, el entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, señaló que el Ministerio trabajaba para licitar ese mismo año las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, con un presupuesto de 126 millones de euros, IVA incluido.

A finales de diciembre de 2023, el ministro de Transportes, Óscar Puente, situó la licitación a finales de 2024. Posteriormente, en octubre de 2025, tras una reunión con el presidente de la Diputación de León, el Ministerio volvió a señalar que el tramo, con un presupuesto de 126 millones de euros, se licitaría antes de finalizar aquel año.

Finalmente, la licitación tampoco se produjo en esos plazos y, ya en 2026, el Gobierno ha señalado que la actuación continúa entre las prioridades del Ministerio. Con agosto ya concluido y el último cuatrimestre del año en marcha, la nueva iniciativa parlamentaria reclama ahora una fecha concreta para la licitación.

El tramo Villamartín de la Abadía-Requejo forma parte de la futura autovía A-76, proyectada para conectar Ponferrada y Ourense y mejorar las comunicaciones por carretera entre el Bierzo, Valdeorras y Ourense. Su licitación supondría el paso del proyecto aprobado a la fase de contratación de las obras.

El arreglo con parcheo del asfalto, cunetas y señalización nueva de una de las carreteras nacionales en peor estado de la provincia de León, la N-630 en el tramo León-Benavente, entre León capital y el sur de la geografía leonesa, ya tiene precio definitivo puesto y empresa seleccionada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer hoy la adjudicación definitiva de los trabajos y la contratación por un importe final de inversión de 6,74 millones de euros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) anuncia este miércoles la formalización del contrato a favor de la empresa que presentó la mejor oferta, una UTE formada por Padecasa Obras y Servicios, compañía con sede en Ávila, y la zamorana Aglomex S.A. El precio final que será invertido y al que se ha adjudicado supone una rebaja de algo más del 14% por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 7,86 millones de euros, tal y como anunciaba hace nueve meses personalmente el ministro Óscar Puente.

El máximo responsable de Transportes aseguraba entonces que el Gobierno atendía con este proyecto de “rehabilitación estructural” la “demanda de la ciudadanía para mejorar la circulación y la seguridad en este tramo”. Lo cierto es que el proyecto databa de hace algo más de un año, aprobado en julio de 2025, pero no fue hasta noviembre que el Ministerio puso en marcha la licitación inicial, justo unos pocos días antes de que a mediados de que el 21 de noviembre se convocara una marcha de protesta en coche por la maltrecha y peligrosa N-630 desde Valencia de Don Juan hasta la Subdelegación del Gobierno en pleno centro de la capital leonesa.

Ahora, debería ser inminente ya el inicio de los trabajos, que llevan más de una década reclamándose a los distintos gobiernos por parte de los municipios y los conductores del sur de la provincia leonesa.

El arreglo a ejecutarse se contempla en algo más de 51 kilómetros, exactamente los que separan los puntos kilométricos 153 y 204 o, lo que es lo mismo, entre la localidad de Onzonilla, muy cerca de León capital, al límite provincial con Zamora, por lo que transcurre íntegramente en la provincia de León.

El proyecto adjudicado prevé la rehabilitación superficial del firme de la calzada en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro evidente de la vía, por lo que no será una capa asfáltica nueva en la totalidad del recorrido.

Parcheos en zonas determinadas

En esos puntos detectados, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 centímetros, lo que afectará a las capas superficiales de rodadura e intermedia, se remarca. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 metros, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

Según ya se especificaba el año pasado en una nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes, para “favorecer una economía circular” se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Además, en algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos ya rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, aunque como tal no necesiten esa rehabilitación.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

El Gobierno ha justificado el estiramiento en el tiempo, la prórroga de seis meses del contrato para redactar el estudio de viabilidad del trayecto ferroviario León-Ponferrada, por la necesidad de disponer de datos actualizados de demanda y uso de la línea. Unos datos que asegura que dependen de terceros y que han provocado una demora en los trabajos contratados hace justo dos años, en 2024., a la empresa WSP Spain Apia SA, el ramal español de la multinacional sueca WSP Europe AB.

Esa es la respuesta que consta ante una pregunta parlamentaria formulada por las diputadas del Partido Popular (PP) de León Ester Muñoz y Silvia Franco sobre el retraso acumulado en este estudio, considerado estratégico para la provincia de León y la comarca de El Bierzo, ya que debe abogar por la solución que acabe con el embudo que supone el llamado Lazo del Manzanal.

Las parlamentarias recordaban que el contrato adjudicado en mayo de 2024 contaba con un plazo inicial de ejecución de 18 meses, expirado hace medio año, y preguntaban al Ejecutivo las condiciones de la prórroga aprobada y las garantías de cumplimiento del nuevo calendario, el cual, por cierto, se desconoce.

En su respuesta, el Gobierno señala que la ampliación del plazo se debe principalmente a la elaboración del estudio de demanda, una fase clave del proyecto que requiere información actualizada sobre tráfico y servicios, cuya disponibilidad depende de fuentes externas. Según el Gobierno, esta circunstancia ha ralentizado el avance del conjunto de los trabajos más allá de lo inicialmente previsto. No obstante, subraya que la demora “no es imputable al contratista”, sino a factores ajenos vinculados a la obtención de datos necesarios para el análisis.

El estudio es vital para analizar distintas opciones para mejorar las prestaciones del corredor ferroviario León-Ponferrada, entre ellas actuaciones sobre el trazado actual, la posible incorporación de un nuevo recorrido de alta velocidad para viajeros o la implantación de una línea de altas prestaciones para tráfico mixto en el entorno del denominado Lazo del Manzanal“, uno de los puntos negros hoy en día insalvables de la red ferroviaria en la provincia.

Un precedente idéntico, también negativo para León

La estrategia de dilación de los plazos y la de no ofrecer una nueva fecha segura para la conclusión del estudio es idéntica a la que el Ministerio también ha utilizado en otra reivindicación esencial para la provincia: la reapertura de la vieja línea ferroviaria del oeste, la Ruta de la Plata, que se cerró en 1985 entre Plasencia (Extremadura) y Astorga (León). En este caso concreto, la 'culpa' de la falta de colaboración y datos se la achaca el Ministerio a algunos ayuntamientos que no han respondido en tiempo y forma.

El corredor León-Ponferrada es una infraestructura considerada estratégica para la vertebración territorial del noroeste peninsular y para la mejora de las conexiones ferroviarias en Castilla y León, especialmente en el acceso a la comarca berciana, así como la conexión con Galicia y sus puertos de mar. Y no sólo no se culmina en tiempo y forma el estudio de viabilidad, ni se ofrece certeza de nueva fecha, sino que por otra parte se impulsa otro contrato de mejoras muy puntuales en la línea, de 3,8 millones de euros, con un dilatadísimo plazo de ejecución que llevaría hasta el año 2029.

La respuesta del Ejecutivo llega en un contexto de creciente interés político e institucional sobre el futuro de esta línea ferroviaria y sus posibilidades de modernización, especialmente en relación con el tránsito por el puerto del Manzanal, identificado como uno de los principales cuellos de botella de la red ferroviaria.

“Lo grave no es solo que se prorrogue el contrato, sino que, después de reconocer esa prórroga, el Ministerio siga sin ofrecer fechas ciertas, sin concretar el horizonte real y sin mover un dedo para desbloquear una decisión clave para el futuro ferroviario de nuestra provincia”, aseguran las parlamentarias populares leonesas.

Empezó mal y amenaza con terminar peor. La retrasada y esperada reunión con la cúpula de la empresa pública Aena, que acabó el miércoles con el 'no' ministerial a pilotar como se esperaba la inversión para crear una terminal de mercancías en el aeropuerto de León, ha causado un efecto mariposa en apenas dos días que deja una tormenta política a muchas bandas.

Incluso interna. Porque a la partida de los reproches y las críticas particularmente contra el PSOE y por añadidura sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León se ha unido este viernes el alcalde socialista de León, José Antonio Diez. El regidor atribuyó a su perfil reivindicativo el hecho de no haber ni siquiera invitado a aquella reunión entre el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y la directora general de Aena, Elena Mayoral. Y eso a pesar, recordó, de que el Consistorio tiene “los mismos derechos que la Diputación dentro del Consorcio del Aeropuerto de León”, que conforman sólo estas dos instituciones desde su origen.

“Pensarán, y yo creo que con acierto, que desde luego no iba a ser muy asertivo, sino que iba a seguir siendo muy reivindicativo en relación con la necesidad de la implementación y la puesta en funcionamiento de una terminal de carga del Aeropuerto de León”, aseguro Diez en declaraciones recogidas por Efe. Lamentó además que no haya salido de esa reunión ningún compromiso concreto y ha remarcado que, de haber participado, habría pedido se diese al Aeropuerto de León el mismo trato que a otros territorios como, por ejemplo, el País Vasco con la terminal de carga de Vitoria. “Creo que es muy decepcionante. Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, y dejando sin solución los problemas estructurales que son esenciales para el desarrollo económico y social de León y su provincia”, ha concluido.

Tras esta crítica, fuentes de la Diputación leonesa trataron de explicar el motivo de la no invitación del alcalde y miembro del Consorcio. Recordaron que la visita de Mayoral fue consecuencia y compromiso -casi el único- de la reunión mantenida entre el ministro de Movilidad, Óscar Puente, y la Diputación, tanto PSOE como UPL, que fueron los invitados ahora cuando ese compromiso de visita se cumplió esta semana con medio año de retraso.

Pocas horas antes, el Partido Popular (PP) había cargado con dureza e ironía contra el pobre resultado del encuentro, especialmente con el “papelón” del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, a quien el Gobierno “ha encargado ser el comercial” de la futura terminal de carga del aeropuerto, en relación a la postura de la dirigente estatal de insistir que Aena no ejecuta estas infraestructuras pero comprometiéndose a poner en contacto a la Diputación con las operadoras de carga aérea del país para ver si alguna está interesada en realizar esa inversión.

“No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación en un claro ejemplo de tirar balones fuera”, denunció el partido que es principal oposición en el Palacio de los Guzmanes.

A similares argumentos se han sumado incluso partidos minoritarios y sin representación. Así, Izquierda Unida exigió por escrito compromisos claros a Aena, al tiempo que presentaba una iniciativa al Congreso para tratar de forzar al Gobierno a comprometerse. También Alantre vio “esta negativa como un nuevo agravio para León y para el conjunto del País Llionés”, en una velada mención a UPL, socios del PSOE en la institución.

Ese aluvión de críticas que también han recaído en UPL parece estar detrás de la urgencia con la que su portavoz y vicepresidente en la institución provincial, Roberto Aller, anunció hoy mismo el arranque inminente de la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso al aeropuerto civil, para el que Aena también se puso de lado, el que transcurriría desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés, y pasaría por el de Valverde de La Virgen. Hoy se ha cifrado en algo menos de 700 metros y una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros y UPL la ha calificado como un acceso “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera”, añadieron, “de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”.

Tras esta cascada de reacciones, el presidente de la Diputación emitió una nota de prensa insistiendo en que la reunión con Aena fue bilateral, como le fue antes con el ministro Puente, y quiso rebajar el tono en positivo defendiendo “la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al aeropuerto de León, comenzando por aprovechar los vuelos ya existentes para el transporte de carga y utilizando infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal”, tal y como pidió el miércoles la mandataria de Aena.

Las obras de mejora del firme en varios túneles del puerto de Piedrafita, en la autovía A-6, una actuación que afecta a tramos de las provincias de Lugo y León y que moviliza una inversión total de 24,7 millones de euros, provocará cortes al tráfico a partir del próximo lunes, 11 de mayo.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha indicado que entre el 11 y el 20 de mayo se registrarán cortes alternativos de calzada entre los kilómetros 408,5 y 418, que afectarán a ambos sentidos de circulación en distintos tramos y jornadas.

En concreto, se producirán cortes en la calzada izquierda en sentido Madrid y en la calzada derecha en sentido A Coruña en los túneles de Villafranca y Trabadelo durante los primeros días de actuación, mientras que en La Escrita las restricciones se concentrarán entre el 18 y el 20 de mayo.

Durante el periodo de obras, el tráfico será desviado por la carretera nacional N-6, que estará señalizada para garantizar la seguridad de los conductores y de los equipos de trabajo.

En la provincia leonesa, las intervenciones en la A-6 se centran en los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita, donde se está llevando a cabo la renovación del firme como parte del proceso de modernización de la infraestructura.

Estas actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cubren 18,3 millones de euros, mientras que el resto de la inversión se destina a mejoras complementarias, como la actualización de sistemas de ventilación en los túneles.

Se prometió para el año pasado. Se ha celebrado casi con medio año de retraso. Y ha servido para muy pocos avances de futuro y ningún compromiso cierto de mejora. Así se puede resumir la visita institucional hoy de Elena Mayoral, directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), al aeródromo civil leonés ubicado en La Virgen del Camino, fruto de la orden del ministro Óscar Puente después de que tras reunirse con los mandatarios de la Diputación se hablara con fuerza de la necesidad de construir una terminal logística aérea que podría ser la única de todo noroeste. Una plataforma que en un informe técnico el Consorcio del aeropuerto cifró en 43,6 millones de inversión.

En realidad no importa el precio: lo relevante es que Aena, el Ministerio, o el Gobierno central, como se prefiera, no acometerá esta ansiada infraestructura. Esto sí quedó del todo claro al hablar Mayoral ante los medios, asegurando que su construcción no sería competencia estatal sino exclusivamente inversión de las operadoras logísticas, siempre que haya alguna interesada, añadió más. Por eso, el único compromiso adquirido hoy fue poner en contacto a las operadoras de carga aérea del país, que ahora trabajan desde otras pistas, como por ejemplo la exitosa de Zaragoza, con la Diputación de León para ver si suena la flauta.

Mayoral explicó que, de darse este vital condicionante, cabría ejecutar una terminal de nueva construcción -con el precio mencionado que estimó Diputación- o incluso podría aprovechar algo ya existente, como es la antigua terminal de pasajeros del aeródromo leonés, que presentaría condiciones bastante óptimas para empezar, aclaró.

“Encontrando un operador de carga, las infraestructuras están disponibles y, si no, se pueden adaptar en la medida que se necesite”, ha afirmado la responsable de Aena, recordando que el transporte de carga aérea en España está bonificado, añade Efe. Y es que la empresa pública solo alquila el terreno por el tiempo que sea necesario para amortizar esa inversión por parte de las compañías, en el caso de que algún operador la lleve a cabo.

Para sondear y pilotar la búsqueda de ese impulso empresarial a priori inexistente, ya que el volumen de carga de los últimos años en el aeropuerto de León es prácticamente nulo, será la Diputación de León, que preside el Consorcio junto al Ayuntamiento de la capital, el que se encargue de llevar los posibles contactos, previa realización por parte de las operadoras de un plan de negocio para ver qué mercancía quieren mover en León y si aprovechan o no la antigua terminal de pasajeros.

La Diputación se echa mejorar accesos a sus espaldas

“Los aviones de pasajeros pueden empezar a transportar mercancías, luego se podría empezar ya”, apuntó optimista el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, ignorando aquel dato de que casi cero toneladas han sido movidas desde o hacia León en décadas. Por eso, en presencia también del Delegado del Gobierno, el leonés Nicanor Sen, primero habló de “buenas noticias en cuanto a las posibilidades que tiene el transporte de carga desde el aeropuerto leonés”, aunque a continuación admitió que la visión “positiva quizá no sea todo lo positiva que esperábamos”.

Como tampoco Aena se 'mojó' en la creciente petición de mejorar varios de los accesos a la pista leonesa, fue Courel el que se comprometió también a que “se descongestione el paso de vehículos por el centro de la Virgen del Camino”, ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

La única condición: que San Andrés y Valverde de La Virgen pongan de su parte los terrenos necesarios “del camino actual”. A todo esto, no se pronunció en público, aunque estuvo presente, el vicepresidente de la institución y diputado provincial, Roberto Aller (UPL), que mantiene “un pacto que goza de buena salud” en el Palacio de los Guzmanes, basado en gran medida en la mejora de infraestructuras por parte del Gobierno. Posteriormente, en una nota de prensa, UPL se atribuyó a su presión el hecho mismo de la reunión de hoy pero se mostró “prudente dentro de la satisfacción”, así como “vigilante” de cara a los siguientes pasos.

Mejor sistema de aproximación, tampoco

A preguntas de los periodistas sobre el posible aumento del sistema de aproximación al aterrizaje ILS del aeropuerto de León, actualmente de categoría I, frente al nivel III de otros muchos aeródromos, como el de Asturias o Valladolid, la directora general de Aena aseguró que es un asunto que “se está analizando”, sin más. Pero matizó que, aunque se hiciese ese cambio, no significaría que ya no se desviaría ningún avión, puesto que estos desvíos dependen de las condiciones meteorológicas y de la pericia de los pilotos.

Y además, otro escollo:  que “no solamente es la infraestructura en tierra”, sino que “hay una serie de obstáculos alrededor del aeropuerto que no harían viables en estos momentos las maniobras necesarias de aproximación”. Eso, y que todo lo que se refiere al control aéreo depende del Ministerio de Defensa, así como sus instalaciones militares o la Base Aérea misma. Finalmente, quiso quitar hierro a los efectos de la baja categoría del ILS, echando manos de la estadística oficial de Aena que hizo que el año pasado sólo se anularan “un 1%” de aterrizajes por la niebla en la pista leonesa.

Cuando el pasado otoño el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se reunió con más de dos años de retraso con representantes del equipo de Gobierno de la Diputación de León (PSOE y Unión del Pueblo Leonés), apenas hubo un compromiso seguro en el calendario: la visita oficial de la directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) al aeródromo civil de León, situado en La Virgen del Camino. Muy en concreto, la Diputación buscaba el primer compromiso oficial para comenzar a desarrollar una terminal de mercancías que, con un coste estimado de 43,6 millones de euros, podría convertir la pista leonesa en el único espacio de carga y descarga aeronáutica de todo el noroeste español.

Casi medio año de retraso después, por fin el presidente de la institución, Gerardo Álvarez Courel, aseguró en el último Pleno que la mandamás de Aena, Elena Mayoral, cumpliría con esa visita “en una o dos semanas”. De momento no se ha fijado fecha en las agendas oficiales pero los colectivos que promueven sacar el máximo rendimiento económico al aeródromo leonés de cara a su futuro ya tienen claros sus deberes. Y van más allá incluso de la terminal de mercancías.

Tras la celebración de una jornada reciente de análisis de las necesidades del aeropuerto leonés, en las que además de Aena quedó claro que será vital la implicación del Ejército, ya que el aeródromo es de control militar por la cercana Base Aérea, la organización León Propone ha diseñado con todo lujo de detalle lo que a su juicio requiere el aeropuerto leonés para su definitivo despegue. Coincide en gran medida con una beligerante 'Plataforma Más Vuelos, Más Futuro para León'.

Las principales peticiones, amén de la consabida terminal de carga y descarga, pasa por que se comiencen a diseñar, proyectar y lo antes posible presupuestar nuevos accesos a la pista aérea leonesa, porque la actual, atravesando La Virgen del Camino, es un cuello de botella poco menos que insalvable.

León Propone sugiere con todo lujo de detalles dos propuestas muy concretas y que ven factibles. La primera plantea crear un acceso rápido al aeropuerto desde la carretera N-120 (León-Astorga), aprovechando un camino ya existente por detrás de Confiterías del Bernesga. Han calculado que sólo sería necesario asfaltar unos 658 metros hasta conectar con la rotonda del aparcamiento de la terminal y un coste inferior al millón de euros. Este vial, defienden, facilitaría también el uso de una parcela de 17.000 metros cuadrados propiedad de Aena, con acceso directo a pista y capacidad para varias aeronaves tipo Boeing 737. La Diputación está dispuesta a estudiar su ejecución y el Consorcio del aeropuerto ya ha respaldado la iniciativa.

La segunda conexión que ven vital es más ambiciosa y compleja, una nueva carretera de unos siete kilómetros que conecte el exitoso polígono industrial de Villadangos del Páramo con la zona norte del aeropuerto. Aprovechando infraestructuras existentes y futuras, como la ampliación del polígono en marcha y la autopista León-Asturias AP-66, permitiendo además descongestionar la N-120. Esta vía abriría el acceso a más de 1,2 millones de metros de suelo con potencial para desarrollar la ansiada gran terminal de carga -que también defienden- u otras actividades aeroportuarias, como mantenimiento de aeronaves o almacenamiento de combustibles sostenibles. Esta inversión carece aún de cifra.

Ambas propuestas se enclavarían, a la fuerza, en el viejísimo y sólo esbozado en precampaña electoral de la Ronda Norte de León, la que debería cerrar hace décadas pero todavía sin éxito el anillo de circunvalación de la ciudad y canalizar todo el tráfico del amplio alfoz de la capital. Técnicamente estaría en fase de evaluación ambiental, tras su exposición pública, pero de plazos no hay noticias y se ha llegado a hablar un poco a ciegas de una inversión de unos 94,3 millones de euros. Pero su desarrollo requiere la colaboración de Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación y ayuntamientos, entre otras muchas dificultades.

A día de hoy, la realidad es que para todas estas necesidades que los colectivos y algunos partidos políticos ven imprescindibles y bastante urgente, Aena tan sólo ha diseñado invertir en los próximos años 16,3 millones de los 57,2 millones comprometidos en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, en el amplio horizonte hasta 2031. Y ni un solo céntimo en principio para ninguno de estos proyectos que León reclama. Por todo ello, la dilatada visita de la directora general de Aena se ve como el momento en el que sobre todo el Gobierno mostrará por fin su apuesta o desdén respecto al aeropuerto leonés.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, aseguró que su formación está “ofendida por las gracietas” tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la idiosincrasia de la Región Leonesa y ha asegurado que “de momento” se reunirán con el PP.

“De momento vamos a reunirnos con el PP. El PSOE ha intentado hablar con nosotros, pero estamos bastante ofendidos con las gracietas de Óscar Puente y de Carlos Martínez”, ha señalado Gallego en declaraciones a la Agencia EFE.

El ministro, especialmente en su etapa como alcalde de Valladolid, tuvo varios enfrentamientos tanto con la Unión del Pueblo Leonés como con el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), por declaraciones que fueron identificadas como provocaciones hacia la identidad de la Región Leonesa.

Provocaciones de Óscar Puente

Puente, en diciembre de 2019, como regidor de Valladolid, se mostró crítico con la aprobación de la moción en favor de la autonomía leonesa en el Ayuntamiento de León, que calificaba de “aventura” que “no se había meditado”.

“Salamanca y Zamora, las dos provincias que debían acompañar en la aventura a León ya han dicho que no quieren ir en ese barco. Parece que la iniciativa no se ha meditado lo suficiente y trata de poner la venda sobre la herida sin haber pensado claramente en cuáles son las causas de que esa herida esté ahí”, aseguraba.

A su juicio, el hecho de plantear la moción que defendía que León saliese de la actual Comunidad Autónoma era una consecuencia de querer “culpar al de fuera” por no verse “capaces de arreglar su propia situación”.

“Cuando no tienen una solución a los problemas de su tierra buscan un culpable fuera que les sirva de justificación para su incapacidad de resolver los problemas que tiene su tierra. Esa es la explicación más razonable”, aseguró.

Críticas infundadas a los leoneses

Además, en junio de 2024, en una entrevista en Onda Cero, Puente aseguró que León necesitaba “políticos con mejores ideas” y el pasado noviembre, durante su participación en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila) el ministro obvió a León en el nombre de la Comunidad Autónoma, lo que le valió las críticas de varios colectivos leonesistas.

En esa fiesta Puente recordó un verso de una canción del Nuevo Mester de Juglaría que reza “desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar” y añadió que “Castilla va a renunciar por fin a la mediocridad”.

“Hacer gracietas o el payaso constantemente no es propio de un ministro”, ha señalado Gallego.

Insulto a lo leonés de Carlos Martínez

Al mismo tiempo, Gallego ha mostrado su descontento con las declaraciones del candidato del PSOE Carlos Martínez durante estas elecciones, tanto por omitir la ‘y’ en el nombre de la Comunidad Autónoma, como por asegurar que “León era una Castilla dentro de la propia Castilla”.

Ya en precampaña la UPL criticó que el PSOE afirmase que “habría que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia” unas semanas antes de la intervención de Puente en Candeleda.

“O no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad de la Región Leonesa” afirmaron entonces desde la UPL.

Todas estas declaraciones, ha asegurado Gallego, “no le hacen gracia ni al partido, ni a los votantes”.

Reunión este jueves con Mañueco sin pedir puestos

La UPL, ha insistido, “no va a regalar votos, ni va a dar cheques en blanco, pero eso no significa que busquemos puestos. La Mesa de las Cortes es importante, pero no para un reparto de cargos sino para una toma de decisiones”, ha insistido.

La formación se reunirá este jueves con Alfonso Fernández Mañueco con la premisa de apoyar “lo que sea bueno para la Región Leonesa”.

Además, Gallego ha anticipado que aprovecharán la jornada del jueves para mantener contactos con Soria Ya, con quien trabajaron “a gusto” y con Por Ávila, para tratar de llegar a un acuerdo que desemboque en la creación de un grupo mixto “con el objetivo de que los tres podamos tener la mayor visibilidad”. 

No al autobús eléctrico y sí a una “integración plena” de la línea de Feve en la ciudad. El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes una moción en la que defiende que en tren regrese a la Estación de Matallana. Y lo ha hecho por unanimidad, un “consenso” que, para el portavoz socialista, Vicente Canuria, viene a suponer un “refrendo” al “gran apoyo social” a esta postura mostrado en movilizaciones como la que el pasado 18 de enero reunió a miles de personas por las calles de la capital leonesa.

La moción reclama a la Secretaría de Estado de Transportes una reunión urgente de la comisión de seguimiento del Convenio Marco para la integración de la línea de Feve en la ciudad, firmado en 2010, y de los sucesivos acuerdos y convenios de su desarrollo. El firme apoyo a estos convenios es también una forma de oponerse frontalmente a la alternativa del autobús eléctrico puesta sobre la mesa por el Gobierno de la nación. “Este Ayuntamiento no llevará a cabo ninguna medida que impida o ralentice el cumplimiento de estos”, reza la moción, en alusión a los acuerdos previos.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PSOE destacó la importancia histórica del ferrocarril de Feve no sólo para las comunicaciones internas de la capital de la provincia, sino para el desarrollo de la Montaña Leonesa. “Todos defendemos la integración”, proclamó Canuria, quien incluso sugirió la conveniencia de implementar mejoras dotacionales y de frecuencias para garantizar la sostenibilidad económica de la línea.

La solución del autobús eléctrico es “una tomadura de pelo para los leoneses”, dijo el portavoz municipal de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino. “Ya está bien de que los leoneses parezcamos de segunda división en la política”, abundó tras reafirmar que su formación estará a favor de “cualquier medida que adopte” el equipo de Gobierno para “impedir el empecinamiento” del Ministerio de Transportes con “ese autobús eléctrico”.

El propio López Sendino introdujo el único elemento de discordia en este punto, aprobado por unanimidad. Fue cuando dijo agradecer que el alcalde, el socialista José Antonio Diez, “se diese cuenta de su error cuando, en sus primeras declaraciones, estaba de acuerdo con el autobús eléctrico”. “Eso no es cierto”, deslizó ya al momento el regidor, que luego terció en el debate para aclara que se limitó a “recoger” y “trasladar” la propuesta. “Rápidamente no hubo ni consenso ni acuerdo ni idoneidad”, zanjó para concluir: “Yo nunca dije que estuviera de acuerdo”.

No hubo más intervenciones. El alcalde dio paso a la votación. Y el punto quedó aprobado por unanimidad.

La empresa pública Aeropuertos Españolas y Navegación Aérea (Aena), del Ministerio de Transportes, tiene previsto invertir 57,2 millones de euros en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, 16,3 de ellos en el aeródromo civil de León, ubicado en La Virgen del Camino, durante el periodo 2027-2031, una inversión notablemente superior a los 16,5 millones totales que definió el plan quinquenal anterior, 2022-2026.

Así lo ha concretado Aena en una nota de prensa para dar a conocer el detalle de las infraestructuras previstas en todos los aeródromos de España, para atender demandas de tráfico futuras y cumplir con requisitos de seguridad y mantenimiento, así como facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios en los que se ubican, ha informado Aena en nota de prensa. Se trata del detalle del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que en toda España supondrá una inversión global de 13.000 millones de euros.

Lo único nuevo en el caso de León es la cifra de los 16,3 millones de euros, ya que el pasado mes de septiembre, hace seis meses, el listado de las mejoras e inversiones previstas ya se había detallado y no ha cambiado en nada. Ese dinero, frente a los 1,7 millones del plan anterior aún en ejecución, prevé actuaciones en el campo de vuelo y plataforma como el recrecido de la pista, nuevos vehículos para la seguridad operacional, y elementos de campo para los sistemas de información y comunicación.

No se reflejan aquí otras mejoras que se reclaman desde hace años, como el aumento de categoría del sistema de aproximación a la pista ILS, que en León sigue en nivel 1 y al que la Plataforma Más Vuelos culpa de la cancelación y desvío de algunas operaciones, algo que hoy ha negado el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, comparando con otros aeródromos españoles. Tampoco recoge la terminal de mercancías, que haría del aeródromo leonés el único del noroeste para este cometido, que la Diputación ha diseñado y exige desde el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, cifrado en 43,6 millones.

No será el aeropuerto con más inversión de Castilla y León pero tampoco habrá mucha distancia con el de Valladolid, que prevé recibir 18,5 millones de euros -en el anterior plan fueron 6,9 millones- para mejora de procesos y calidad en el área terminal como mejoras en la sala de embarque, climatización, accesos peatonales o renovación de aseos. También se acometerán actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con instalación LED en pistas y rodaduras; se mejorará la seguridad en equipamientos y con actuación en el pavimento de plataformas SEI y hangares; y se dispondrá de elementos de campo en sistemas de información y comunicación.

En Salamanca los 12,7 millones previstos -fueron 3,4 en el quinquenio anterior- irán destinados a mejorar el edificio de la terminal en cuanto a la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable; también se adecuará el pavimento de la zona SEI, y se mejorará la seguridad y los sistemas de información y comunicaciones.

Finalmente, el aeropuerto de Burgos contará con una inversión de 9,7 millones de euros, frente a los 4,5 millones precedentes, que supondrá reforzar los equipamientos de seguridad, vehículos SEI y el control perimetral, además de regenerar la calle de rodaje de los hangares. Aena invertirá también en actuaciones de sostenibilidad, como calderas y climatización, y en elementos de campo para los sistemas de información y comunicaciones.

Subida de tarifas

Aena ha explicado que para acometer estas inversiones, que ascienden finalmente a 12.888 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos del país, se propone un incremento medio anual de la tarifa. De este modo, para cuatro aeropuertos de Castilla y León será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos aplicando incentivos.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en esta propuesta de DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante los últimos cinco meses. Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

Además, Aena ha explicado que también se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.

Un 75% de las empresas de la provincia de León considera que una terminal de mercancías aéreas en el aeropuerto civil de León sería “útil para su actividad”. La cifra la ha aireado hoy el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, al tiempo que ha asegurado haber urgido por vía oficial el cumplimiento de la prometida visita de la presidenta de la empresa pública Aena, Elena Mayoral, como fue el único compromiso con fecha firme tras el encuentro de mandatarios de la Diputación leonesa con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en octubre del año pasado.

La firmeza consistía en que Mayoral acudiría antes de finalizar el año pasado en persona a León para valorar el proyecto de la terminal de mercancías leonesa, que sería la primera de todo el noroeste, y que la institución cifra en 43,6 millones de euros. Pero concluyendo febrero ni siquiera ese compromiso se ha materializado.

La oposición de Partido Popular (PP) y Vox se lo ha afeado hoy al presidente en el Pleno provincial y ha sido cuando Álvarez Courel ha dado a conocer algunos detalles de la encuesta empresarial nutrida con datos, aseguró, que ha recabado la patronal leonesa, es decir, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Cámara de Comercio.

Más cifras de esa 'encuesta' fueron que el 93,8% de las compañías radicadas en la provincia de León realizan exportaciones y el 86,7% lo hacen con una periodicidad mensual, actualmente casi todo por carretera ante las nulas opciones alternativas, más allá de algo por mar a través de puertos como El Musel en Gijón, pero cantidades anecdóticas.

Esa conclusión de que tres de cada cuatro empresas leonesas creen que usarían una terminal en el aeropuerto de La Virgen del Camino en el caso de construirse fue señalada por Álvarez Courel como la “carta de presentación” que la institución que cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) necesitaban para planteárselo de manera formal a Aena y el Ministerio de Óscar Puente. Porque en el Pleno del mes anterior argumentaba que necesitaban esas cifras para convencer al Gobierno de ejecutar la terminal con datos de potencial uso que justifican las millonarias inversiones cuantificadas. Las cifras y plazos se contenían en el propio estudio de viabilidad pactado entre PSOE y UPL como uno de los puntales de su acuerdo de Gobierno en el Palacio de los Guzmanes. Aquel documento data de 2024.

El presidente aseguró que ya se ha elevado una invitación formal por carta a Elena Mayoral, en cumplimiento, aunque sea ya tardío, del compromiso ministerial con Puente, para mantener una reunión bilateral que preferente sea en las condiciones de las que se habló con el ministro: visitando la 'jefa' de Aena el aeropuerto leonés de cuya promoción se encarga el Consorcio que pilotan Diputación y Ayuntamiento de León.

En esta cita sería cuando la institución aprovecharía también para reclamar nuevas inversiones y mejoras que el aeropuerto necesita, muy especialmente si se ejecuta la terminal de carga y descarga aeronáutica, pero incluso al margen de ella. Muy especialmente una mejoría del sistema de aproximación ILS, del que León hace años que funciona con nivel 1, siendo 3 el máximo, por ejemplo operativo en el aeropuerto vecino de Valladolid, a donde han de desviarse numerosos vuelos cuando la visibilidad se ve comprometida en la lista leonesa.

Al hilo de las protestas por esta baja infraestructura de ayuda al aterrizaje tanto de la Plataforma Más Vuelos y partidos en la oposición, Álvarez Courel recordó en la sesión que el ILS categoría 1 es el operativo actualmente en la siguiente lista de aeropuertos españoles: Alicante-Elche 'Miguel Hernández', Almería, Badajoz, Barcelona-El Prat, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, Gran Canaria, Ibiza, Jerez, León, Logroño, Pamplona, Reus, Salamanca, Sevilla, Santander, Tenerife Norte, Asturias, Vigo y Albacete, “según fuente del Senado de España”. “Y parece que el único aeropuerto donde hay vuelos desviados es León”.

El presidente insistió varias veces en recordar que la Diputación, como parte del Consorcio Provincial, promociona los vuelos sacando concurso públicos y recabando ofertas de compañías, de momento sólo Air Nostrum, pero no es responsable de la infraestructura, inversiones o mejoras en las instalaciones civiles de La Virgen, ya que eso está en manos de la red Aena, del Ministerio.

A pesar de la gran contestación social, de la unánime protesta política provincial y de la sucesión de exigencias de que se cumpla lo prometido cuando se cerró la línea hace 15 años, que vuelva el tren de Feve al centro de la ciudad de León, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente continúa adelante con su plan de soterrar las vías ya instaladas para que el tramo urbano lo cubra un autobús eléctrico.

La escalada de presión protagonizada en los últimos meses ha forzado a todos los alcaldes de la línea en la provincia, desde la Montaña Oriental a la ciudad, a rechazar el planteamiento de tráfico rodado hasta la avenida Padre Isla y estación de Matallana. Pero el Ministerio mantiene que es la única alternativa posible a medio plazo, como lo decisión unilateralmente y a escondidas hace meses y después trató de convencer a los regidores de los municipios afectados, a pesar de que quedó sólo apoyando esta alternativa el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel.

Pero la oposición real al autobús en vez de tren ha dejado de ser verbal, y por momentos cambiante, para materializarse por primera vez de manera clara. Ha ocurrido la semana pasada, cuando el Ayuntamiento de la capital ha recibido por vía oficial el proyecto llamado 'Adaptación de la traza tranviaria de León para la circulación de autobuses eléctricos. Tramo: estación de Asunción / Universidad-Estación de Matallana'. Lo ha elaborado la consultora de ingeniería pública Ineco, dependiente del propio Ministerio de Puente, y el PP leonés alertó hace poco de que las mediciones de su personal delataban que continuaban adelante con la criticada intención.

Un proyecto impulsado 'a traición'

Una vez revisado el proyecto y su contenido, el equipo de Gobierno asegura que ya ha habido un análisis técnico y la resolución final es contraria a los planes ministeriales. Primero porque la alternativa del bus fue “adoptada unilateralmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y anunciada públicamente a través de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible”. Cabe recordar que el número dos de Puente, el secretario de Estado, José Antonio Santano, acudió a León a reunirse con los alcaldes cuando en realidad hacía meses que había puesto en marcha la solución rodada, algo que ocultó.

Pero sobre todo el rechazo se basa en que “los técnicos municipales no consideran compatibles con los acuerdos y convenios suscritos previamente para la integración del ferrocarril en la ciudad de León ni con la planificación urbanística que se vería sensiblemente afectada con la propuesta de reconversión del trazado ferroviario en una vía para un autobús eléctrico”. En resumen, el Consistorio rechaza el proyecto por insistir en autobús en vez de tren o tranvía.

Una moción exigente

El equipo de Gobierno que dirige el alcalde socialista José Antonio Diez no da más detalles de en qué fechas ha ocurrido esto ni datos del contenido del proyecto, como plazos o inversión, pero la decisión se ha desvelado en el texto de una moción conjunta, la enésima, que se presentará por consenso y seguro se volverá a aprobar en el Pleno municipal leonés del este viernes 27 de febrero.

La moción trata de ser categórica en su parte dispositiva a la hora de rechazar la impopular solución rodada y exige al Ministerio “el cumplimiento de los acuerdos y convenios establecidos para la integración ferroviaria en la ciudad de León”, hasta el punto de “comunicar que este Ayuntamiento no llevará a cabo ninguna medida que impida o ralentice el cumplimiento de estos”.

Además, reclama a la Secretaría de Estado de Transportes una reunión urgente de la comisión de seguimiento del Convenio Marco para la integración de la línea de Feve en la ciudad, firmado en 2010, y de los sucesivos acuerdos y convenios de su desarrollo. Se trata de “estudiar los pasos a seguir para la consecución de integración pleno de la línea hasta el final de ésta”, es decir, material ferroviario o tranviario hasta la estación de Matallana.

La integración de la antigua Feve en el corazón de León suma un nuevo capítulo a su ya larga lista de despropósitos administrativos. La Plataforma en Defensa de Feve ha hecho públicas dos resoluciones oficiales, ambas del Gobierno, que se contradicen frontalmente sobre una cuestión clave: si el tramo urbano entre León y La Asunción-Universidad, hasta donde está condenado a llegar el tren desde hace 15 años, forma parte o no de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

Por un lado, ADIF responde a través del Portal de Transparencia que ese tramo “no está excluido” de la RFIG y que simplemente tiene el tráfico “suspendido”, añadiendo que no se ha incoado expediente alguno de exclusión. Sin embargo, la Dirección General del Sector Ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, sostiene justo lo contrario. En respuesta a otra solicitud de información, afirma que el tramo entre León y La Asunción-Universidad “está expresamente excluido” del Catálogo de líneas y tramos de la RFIG aprobado en 2015, y que esa decisión se adoptó cuando la línea estaba sin servicio por las obras de “tranviarización” iniciadas tras el convenio de 2010.

Para la Plataforma, la situación es clara: “La magnitud de la chapuza política de Feve crece a medida que se investigan los 15 años de vicisitudes” que el proyecto lleva acumulando, de momento sin vías de solución a pesar de una unánime presión vecinal, social y también política, con gran éxito de las últimas manifestaciones.

¿Suspendido o excluido?

La diferencia no es menor. Si el tramo sigue dentro de la RFIG, su gestión y eventual reactivación, prometida tras el cierre de la línea en 2011, dependen directamente del Estado. Si fue excluido formalmente, el escenario jurídico y competencial cambia, y con él las responsabilidades políticas y financieras.

ADIF subraya que no existe acuerdo del Consejo de Ministros que haya dispuesto su exclusión formal y que la ausencia de tráfico se debe a una situación de suspensión. Por el contrario, el Ministerio sostiene que en 2013, al tramitarse el catálogo de la red, se decidió no incluir ese tramo, decisión que fue informada favorablemente por la Junta de Castilla y León, que expresó su “conformidad” con la relación de líneas incluidas. Todo ello teniendo en cuenta que esa aparente exclusión directa del tramo urbano tuvo el rango de publicación oficial en el BOE en 2015, bajo el Gobierno del PP con Mariano Rajoy, tal y como publicó entonces ILEÓN y se puede aún comprobar.

La Plataforma considera que esta contradicción evidencia “escasa colaboración entre administraciones” y una preocupante falta de claridad en un asunto que afecta directamente a la movilidad en la ciudad de León.

Reuniones en campaña

En paralelo a esta nueva polémica, la Plataforma anuncia que solicitará reuniones con todos los candidatos a la presidencia de la Junta durante la precampaña y campaña electoral para abordar el futuro de Feve, un conflicto que recuerdan ha generado “el mayor movimiento social” en Castilla y León en los últimos años.

También mantienen su ofrecimiento técnico para facilitar un diálogo entre la Junta y el Ministerio que permita desbloquear la integración ferroviaria pendiente desde hace más de una década.

Mientras tanto, continuarán con sus actos reivindicativos. Este sábado, como todos, volverán a realizar el corte simbólico en Padre Isla, a la altura de la antigua estación, de 13.30 a 14.00 horas, en una protesta que se repite semana tras semana como recordatorio de que el problema de Feve.

El Partido Popular (PP) de León confía ya sólo en la Junta de Castilla y León para que la antigua línea de Feve recupere la llegada del tren o tranvía a la céntrica estación de Matallana en la capital y le pide al Gobierno autonómico, en víspera electoral, que tome las riendas para buscar una solución.

En una nota de prensa, los populares quieren dar un paso adelante “ante la inacción del Gobierno Central, que apuesta por enterrar las vías para poner en marcha un autobús eléctrico” y ante la evidencia de que “la Diputación que actúa como palmero de la solución propuesta por el Ministerio de Transportes” de Óscar Puente. Por eso, aseguran que reclamarán al Gobierno autonómico “que salga de las urnas del próximo mes de marzo” -tras las elecciones convocadas el 15 de marzo- que se implique en “buscar la solución adecuada para mantener este servicio”, aunque sin especificar abiertamente la prometida llegada de un tranvía por la traza urbana de la ciudad.

En la nota, que el partido atribuye a Ricardo Gavilanes, actualmente coordinador autonómico de la campaña en toda la Comunidad, se remarca que las soluciones son factibles porque hay “muestras claras de que existen la tecnología y los vehículos” adecuadas en otras partes de España y del mundo como las que exigen los leoneses, tras la masiva protesta del pasado domingo en la capital. “Pensar que la solución del autobús eléctrico es la mejor y, sobre todo, reiterar que es provisional es atentar contra la inteligencia y, sobre todo, querer seguir engañando a los leoneses como en los últimos años”, remarcan.

Gerardo Álvarez Courel se ha convertido en el “único defensor” de la propuesta del Gobierno tras la reunión que mantuvo, acompañado por el vicepresidente primero, Roberto Aller (UPL), con el ministro Óscar Puente en el mes de octubre. A posteriori, propició un encuentro del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con los alcaldes afectados, que rechazaron la propuesta del autobús eléctrico, pese a lo cual el presidente de la institución provincial se erigió en el principal valedor de la propuesta “a corto plazo”.

Contra Courel (PSOE) y también UPL

El PP también censura la actitud del presidente socialista de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, como “único defensor” de la propuesta ministerial, mientras cogobierna la institución provincial con Unión del Pueblo Leonés (UPL). Y de paso critica también a la formación leonesista, preguntándose “dónde está la UPL” que ha mostrado, de una manera pública, su rechazado a la propuesta del Gobierno pero “no tensa” al PSOE en su pacto en la Diputación “ni su apoyo en el Ayuntamiento de León”.

El comunicado asegura que el PP “ha intensificado en los últimos meses su labor política para exigir al Gobierno que el tren de Feve llegue al centro de León”, remarcando que fue ya un compromiso vital del pacto PSPE-UPL de 2019 por PSOE y UPL para alcanzar el Gobierno de la Diputación “con la ‘bendición’ del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos”. Entre esa labor política, recuerdan la moción popular aprobada en junio en la Comisión de Transportes del Senado, defendida por Antonio Silván. Y un mes antes, las Cortes de Castilla y León, donde Gavilanes era portavoz del Grupo Popular, “respaldaron de manera unánime esta petición siguiendo las peticiones de la Plataforma en Defensa del Tren de FEVE que ya había iniciado las movilizaciones”. También los votos del PP han apoyado varias propuestas idénticas “tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de León, con el retorno del tren al centro como algo ”innegociable“.

Las “mentiras” del PSOE leonés... y decisiones del pasado

El PP reitera las “mentiras” del PSOE de León, que lleva meses asegurando que el tren llegará al centro de León, por boca del secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, que “llegó, incluso, a asegurar que los trenes estaban comprados, algo que, meses más tarde, se comprobó que era falso”.

También reiteran los populares que la normativa necesaria para que pudieran circular los trenes estaba en su punto final, “casi pendiente de la resolución del Consejo de Ministros”, pero “no se ha publicado ni se conoce que se esté preparando”. Se refieren, sin mencionarlo, a la drástica decisión de un Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente y Ana Pastor de ministra, cuando en 2015 expulsaron al tramo urbano de Feve en León de la Red de Interés General, imposibilitando legalmente desde entonces el tránsito ferroviario, algo que ningún Gobierno posterior ha revertido.

CCOO de León y Asturias han pedido suprimir el peaje del Huerna por ser “ilegal, abusivo e injusto” y por “condenar al noroeste a vivir en la Edad de Piedra” mediante una campaña que ya se ha publicado en redes sociales y que tiene como protagonistas a dos políticos, 'Picapuente' y 'Picacascos'.

A Picapuente lo definen como “un político con malas pulgas empeñado en que el noroeste de la península permanezca en la Edad de Piedra” y a Picacascos, como aquel que “regaló el futuro de las tierras astures y leonesas por cincuenta millones de años”.

Con estos personajes como protagonistas, el sindicato ha lanzado una campaña para pedir la salida de estos territorios de la Edad de Piedra mediante la supresión de un peaje “injusto, ilegal y abusivo”.

Así lo ha descrito la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, en una rueda de prensa en la sede del sindicato en León en la que ha denunciado que la prórroga de este peaje, con un coste superior a los dieciséis euros, es contraria a derecho según manifestó hace cuatro años la Unión Europea.

A este respecto el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha agregado que la UE “aseguró entonces que la prórroga de este peaje es contraria a derecho porque vulnera muchos principios y supone un agravio para León y para Asturias”.

“El peaje debería haber acabado en 2021 pero se amplió hasta 2050 y en esos años la concesionaria habrá obtenido 2.600 millones de euros de beneficios a costa de los conductores de León y Asturias”, ha señalado Zapico.

La Unión Europea, ha proseguido, reconoce “unos beneficios desproporcionados a la empresa privada” a los que el sindicato ha pedido “poner límite”.

“Hay que limitar la explotación privada de las infraestructuras públicas”, ha agregado Elena Blasco, quien ha afirmado que por esa carretera pasan 12.000 vehículos diarios de forma “casi obligada” porque la alternativa es un puerto de montaña.

Y ha añadido que es “uno de los peajes más caros de España”, una autopista que, además, “desaparece en cinco puntos a lo largo de sus cien kilómetros por la falta de un carril” por lo que es “un precio demasiado alto por una autopista que ni siquiera cumple los estándares de calidad”.

Varios miles de personas salieron este domingo a las calles de León capital para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que abandone la idea de poner autobuses eléctricos en lugar de trenes en el entorno de la Estación de Matallana de Feve (Ferrocarriles de Vía Estrecha), un punto que lleva desde 2011 cerrado al paso de los ferrocarriles.

La movilización, la segunda masiva en poco más de un año, incluyó fórmulas como la creación de una cadena humana ha unido el apeadero de La Asunción-Universidad a lo largo de todo el trazado de raíles hasta la Estación de Matallana para visibilizar el respaldo social a esta reivindicación, que demuestra que la lucha que implica desde la capital leonesa hasta la Montaña Oriental está muy viva.

La plaza de San Marcelo fue el punto final de la marcha, en la que pudieron verse carteles de zonas implicadas en el trazado, así como banderas de León y alguna ikurriña, representativas de un histórico trazado ferroviario que une León y Bilbao.

Casi quince años de retrasos e incumplimientos dan para mucha frustración, reparto de culpas y también un doble camino: o lucha o resignación. Con el símbolo del desastre de infraestructuras que supone la actual situación de desidia de la línea ferroviaria de la antigua Feve, un proyecto que nació hace 132 años en la provincia leonesa y que impulsó su mayor desarrollo histórico, León continúa de momento aferrada a la lucha.

Sin embargo, esa pelea se ve empañada a veces por una rivalidad e inmediatez política de cruce de responsabilidades que se nutre a partes iguales de medias verdades, no pocas falsedades y bastante mala memoria. Pero los documentos y decisiones, las culpas, tienen nombres, apellidos, claves y fechas. De modo que señalar por qué hemos llegado hasta aquí, sin que en los últimos 15 años la línea permanezca plenamente operativa y completa, con trenes circulando desde Bilbao por la Montaña Oriental leonesa y hasta el corazón de León, es una vía abierta y tiene luz al final del túnel. Viajemos por esta cronología de la desidia.

Todo iba bien hasta que en los últimos coletazos del Gobierno del socialista leonés José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el mandato de 'su' alcalde Francisco Fernández, antes de 2011 diseña y anuncia un ambicioso proyecto de tranvía en León que integraría Feve y se ramificaría por toda la capital a través de cuatro líneas en total. Todas sus fases costarían cerca de 300 millones de euros y estarían completas en 2016.

Una vez diseñado todo, otro veterano socialista leonés, Ángel Villalba, se convierte en todopoderoso presidente de la empresa pública Feve en el año 2008, en pleno estallido de la crisis. No fue óbice para que bajo su mandato se cabalgaran una serie de contratos millonarios: por un lado para una ambiciosa integración ferroviaria desde el norte de la ciudad de la vía estrecha y por otro para comenzar a contratar los trenes-tranvía (tren-tram).

De 16 a 62,3 millones para los tren-tram

Según demostraron posteriores sentencias, con litigios de más de una década, Villalba encadenó en unos pocos meses una fiebre de contratos, que arrancaron en diciembre de 2009: Feve licitó por 16 millones cuatro unidades de tren-tram. El concurso quedó desierto, nadie se presentó. Por eso se contrataron de manera directa en mayo de 2010 a la compañía Vossloh España SA (que después y hasta hoy sería Stadler Rail Valencia).

En escasas semanas, el Consejo de Administración de Feve compromete la compra de al menos 24 máquinas más, otras cuatro a mayores en abril de 2011 y dos contratos de piezas por un valor conjunto de casi 8 millones, el último pocos días después de la destitución de Villalba, en los albores del año 2021. La Audiencia Nacional haría años más tarde la cuenta final: en año y medio se contrataron 'a dedo' a la misma compañía material rodante y mecánico por valor de 62,3 millones de euros.

Vuelco total hacia el PP

Por el camino, a pesar de tenerlo todo diseñado, el PSOE perdió todo su poder en el fatídico 2011, tomando el relevo el PP en todas las instituciones, Gobierno y Ayuntamiento incluidas. Pero de momento, los ambiciosos planes ferroviarios y tranviarios de León se mantuvieron. Por eso, el 11 de septiembre de 2011 se marcó para siempre en el calendario de León como el día del cierre de la línea hasta la céntrica estación de Matallana, para que comenzaran todas las obras y contratos. Ese día dejaron de pasar los trenes de siempre. No tardarían en levantarse físicamente las vías y un autobús de Alsa comenzó a traer y llevar a los pasajeros desde y hasta la estación de La Asunción, en el extrarradio. Igual que continúa.

Tras prometer frenar la crisis, el PP liderado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con el alcalde Emilio Fernández en León y su después sucesor y entonces consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, desenfundó la tijera presupuestaria. Fueron muchos los proyectos de la 'era Zapatero' afectados y a Feve en León le pesó de dos maneras: por un lado, declarando inviables las cuatro líneas de tranvía tanto económica como técnicamente. Tan sólo se mantuvo la promesa del tramo de 1,8 kilómetros entre Matallana y la Universidad (La Asunción). De 71 millones de presupuesto original pasó a 11 millones.

Por otro, el fugaz relevo de Villalba al frente de Feve antes de que desapareciera e integrara en Renfe-Operadora, Marcelino Oreja Arburua, bajo el mandato de la ministra popular Ana Mato, dice detectar “irregularidades gravísimas” en los contratos con Vossloh España SA: se ha inflado un 1.150% el número de trenes contratados. Sin embargo el Ministerio de Fomento tarda un año en dictaminar la nulidad del contrato para los tren-tram, y ni siquiera lo firma la ministra. Bajo este criterio, la Audiencia Nacional en mayo de 2015 le da la razón a la compañía y sentencia que los contratos leoneses de Villalba no son nulos, continúan.

La decisión histórica del adiós

Pero ese mismo mayo de 2015 el Gobierno del PP toma, de tapadillo, vía Boletín Oficial del Estado, una decisión que se ha demostrado irreversible para maldición de la línea ferroviaria leonesa: expulsa el tramo urbano de Feve en la capital del Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). ILEÓN lo publicó en primicia pero los mandatarios locales, autonómicos y nacionales disimularon, e incluso lo desmintieron.

No es hasta 2016 que el Ministerio retoma las obras de integración y vuelven a instalarse las vías, aunque los trabajos, con abundantes parones, se dan por culminados en 2018, eso sí, sin ni siquiera entregar Adif la obra al Ayuntamiento de León como se había acordado. En ese mismo 2018 el Ministerio, que se había empecinado en quitarse de encima los millonarios e inflados contratos de los tranvías, que considera innecesarios, recibe en marzo una nueva sentencia de la Audiencia que ahora le da la razón: son nulos de pleno derecho.

Más categórico es difícil: “Resulta evidente, a juicio del tribunal, que la adjudicación inicial adoleció de nulidad de pleno derecho, y que esa nulidad se transmite a los actos posteriores, cuyo origen es esa inicial adjudicación, constituyendo sucesivos hitos tendentes a desarrollar el previo concierto alcanzado entre Feve y Vossloh, en el marco de ese procedimiento negociado sin publicidad”. Para el Alto Tribunal, “la actuación del Consejo de Administración de Feve (dirigido por Villalba) se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, puesto que debió emplear el procedimiento abierto o restringido con la correspondiente licitación pública de los contratos.

Envalentonada por tanta dureza, la compañía Vossloh, ahora Stadler Rail Valencia SAU, todavía reclama ante los jueces algunos millones de indemnización. Pero pierde para siempre en 2010 y lo ratifica el Supremo en 2021.

Los tranvías, circulando en México

Recientemente, la Asociación Ferroviaria Reino de León, con cierta vinculación al Partido Popular, aseguró haber encontrado algunos de los tren-tram leoneses, los fabricados por Stadler, funcionando en otro continente. En concreto dos vehículos ligeros híbridos -electro-diésel-, Citylink LRVs, con capacidad para 284 pasajeros cada uno, cubriendo la línea del corredor interoceánico en el estado de Puebla, México.

Fueron los que se encargaron irregularmente para León y cuyos contratos anuló el propio PP. Por eso la empresa ya era libre de comerciar con ellos y sacarles algo de partido, visto que no iban a conseguir indemnización. Y es que la Audiencia y el Supremo, aún resaltando las irregularidades manifiestas de los contratos originales, eximieron finalmente de Ángel Villalba, igual que hizo también una investigación del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, jamás volvió a la primera línea de la política.

Otra vez la pelota en el tejado socialista

En el verano de 2018 una moción de censura quita del poder nacional a Rajoy (PP) para situar al socialista Pedro Sánchez, que no demuestra tener mucha prisa por cumplir las promesas de reabrir el tramo urbano de Feve. Sin trenes ni tranvías, y con una gran degradación por falta de mantenimiento, la obra realizada languidece.

Hasta que en una visita de 2021, del entonces ministro de Transportes del PSOE, José Luis Ábalos, para apuntalar el pacto con Unión del Pueblo Leonés (UPL) para cogobernar la Diputación leonesa, anuncia una solución normativa vía Real Decreto para volver a incorporar el tramo abandonado como ferroviario. En pocos meses, otro jarro de agua fría: Adif admite que este paso imprescindible resulta “imposible”.

Vagas promesas pero apenas cambia nada en el segundo Gobierno de Sánchez, cuando nace la Plataforma en Defensa de Feve, que mantiene protestas crecientes y documenta lo que cree que son argumentos para el cierre definitivo de la línea: cientos y cientos de incidencias, desde retrasos a cancelaciones, de averías a descarrilamientos.

Hasta que con Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, como ministro de Transportes, brota el nuevo y actual argumento: en tanto que no existen tranvías sólo eléctricos, y los diésel están prohibidos en el centro, hay que dar salida a la obra realizada en la vieja traza ferroviaria de la ciudad. Por eso, retomando un planteamiento de la efímera ministra Raquel Sánchez, se propone enterrar las vías instaladas para crear sobre ellas una 'carretera' por la que pueda circular un autobús de baterías hasta la estación de Matallana.

Una propuesta que se acaba de desvelar que el Ministerio, desde Adif, puso en marcha en verano del año pasado pero oculto, cinco meses antes de acudir a León a convencer a los 14 alcaldes del trazado por la provincia. Estos, tras los bandazos iniciales de alguno de ellos, como el alcalde de León, José Antonio Diez, ahora firman negarse de manera tajante, en vísperas de una nueva manifestación.

Hasta aquí los datos objetivos y demostrables sobre todas las responsabilidades en uno de los más alocados fracasos de las administraciones para un servicio público que era vital para vertebrar la provincia de León y que sigue en vía muerta. Y a partir de aquí, cuenta nueva a futuros avance o bandazos que cada cierto tiempo sigue dando esperanza o amenazando al viejo tren de la Feve.