En un nuevo giro en la escalada de ataques directos cruzados entre los dirigentes del PSOE provincial, el diputado Javier Alfonso Cendón, y local de la capital leonesa, el alcalde José Antonio Diez, este último ha defendido que la ciudadanía valora positivamente su reciente proximidad con la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés, por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y lo ha contrapuesto a la cercanía de Cendón con los exdirigentes socialistas los exministros y secretarios de Organización en Ferraz Santos Cerdán y José Luis Abalos, así como el asesor de éste, Koldo García, los tres bajo graves acusaciones de corrupción y sentados en el banquillo de los acusados.

Preguntado por el cruce de críticas mutuas que lleva días viviendo una escalada, el regidor leonés contestó directamente a la poco sutil indirecta del líder provincial, cuando le dijo a Diez que “la puerta está abierta para entrar... y para salir”, devolviéndole en envite crítico: “Las puertas siempre están abiertas, para unos y para otros”.

Y a continuación recordó que tiene claro que, como alcalde electo por el PSOE, “mi objetivo y misión, en la que vengo trabajando hace años, es trabajar por León y para los leoneses”. Y “donde él -por Javier Alfonso Cendón- ve connivencia -con la Junta que preside el PP-, ”yo veo acuerdos para mejorar nuestros colegios, el transporte público, nuestro parque tecnológico y otras muchas cosas que estábamos trabajando con la Junta de Castilla y León“. ”Así que bendita sea la connivencia“, quiso zanjar.

Diez contrapuso a continuación su “deseo” de “trabajar con otras administraciones para conseguir lo máximo para esta ciudad”, algo que “defenderé mientras sea alcalde y los leoneses me sigan respaldando”, con la idea que los ciudadanos tienen del secretario general de la provincia y Diputado en el Congreso: “Lo más que conocen es su connvencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos”, en referencia poco sutil a cómo ellos fueron adalides del leonés para encabezar la Ejecutiva Provincial o la lista electoral en las generales. Y a que tras caer Cerdán el propio Cendón fue fulminado de la Ejecutiva nacional de Pedro Sánchez.

Sin embargo, preguntado si cree que la Junta de Castilla y León, y su comentado acercamiento especialmente al polémico consejero de Medio Ambiente, responsable de los terribles incendios del verano de 2025, y único leonés en el Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, José Antonio Diez se mostró más cauto. “No me canso de decirlo: con la Junta de Castilla y León hemos mejorado mucho en muchos proyectos que estaban históricamente parados”, pero a continuación añadió que “también con el Gobierno de España, en el Parador de San Marcos o el Teatro Emperador”.

En resumen, aseguró sentirse “satisfecho con lo que trabajamos con la Junta tanto con el Gobierno de España, aunque me gustaría que hubiera más celeridad. Los ciudadanos entienden que es difícil sacar ciertos proyectos de envergadura, pero encaminados están, que es lo importante”, se mostró más conciliador.

Réplica de Cendón: “Cada vez se parece más a la extrema derecha”

En una respuesta inmediata, Cendón acusó a José Antonio Diez de aplicar en sus críticas criterios de la derecha y a la extrema derecha“, a quienes ve que ”cada vez se parece más. El líder provincial lamentó que en relación con el alcalde leonés “cuando faltan los argumentos, aparece el barro”, es decir, “recurre a la mentira, a la descalificación y al ataque al compañero”, en referencia a sí mismo.

Cree el secretario general del PSOE leonés que Diez “no puede explicar su ausencia en la campaña, ni justificar que haya tenido secuestrados los recursos de la Agrupación al servicio de su interés personal, ni ocultar que solo se le oye para atacar a su propio partido”. Y añade que “lo que nunca hace es alzar la voz frente a la nefasta gestión de la Junta de Castilla y León, el abandono de las infraestructuras o el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios públicos”.

El secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha respondido a las duras críticas del alcalde de León, José Antonio Diez, y lo acusa de llevar años “más centrado en erosionar al partido que en ayudarlo”, en un nuevo episodio de la confrontación interna entre ambos líderes políticos.

En un comunicado remitido a los medios, Cendón ha defendido que “la puerta del PSOE está abierta para entrar... y para salir”. Para quienes quieren trabajar por el partido, pero también “para quienes llevan demasiado tiempo dedicados a meter bulla y a atacar al partido”, apostillando que: “Y, si necesita que se la abramos, se la abrimos”. Un mensaje que llega después de que Diez calificara al dirigente provincial como “un hombre con serios complejos y frustraciones”.

El líder provincial ha rechazado esas acusaciones y ha devuelto la crítica al alcalde, asegurando que la “frustración” no está en la dirección del partido, sino en el propio Diez, a quien ha recordado su derrota en las primarias de 2017, donde obtuvo “apenas 300 votos” frente al respaldo mayoritario que recibió él. También ha aludido al proceso interno de 2025, en el que, según afirma, la militancia volvió a darle su confianza con un 70% de apoyo.

Cendón ha cuestionado además la gestión y los resultados electorales del alcalde en la ciudad de León, al señalar que en las elecciones de 2019 y 2023 la candidatura socialista a nivel estatal obtuvo más votos que la municipal encabezada por Diez. “Esa es la realidad”, ha subrayado, reprochándole que no reconozca esos datos.

El secretario provincial también ha puesto el foco en la implicación del regidor en las campañas electorales, especialmente en las autonómicas, asegurando que “no estuvo donde debía estar”, que no participó en actos y que prefirió mantenerse al margen en un momento clave para el partido.

En su réplica, Cendón ha ido más allá y ha acusado a Diez de utilizar la agrupación local “a su exclusivo servicio personal”, de no compartir información interna y de no respetar los estatutos del partido “ni en la letra ni en el espíritu”.

Asimismo, le ha reprochado una actitud más crítica con el propio PSOE que con sus adversarios políticos, al afirmar que “hace ya mucho tiempo” que no le escucha cuestionar al Partido Popular y que, en cambio, “con quien más cómodo parece sentirse es con Mañueco”.

Este cruce de declaraciones profundiza la división interna en el PSOE leonés, que desde hace años mantiene una tensión constante entre la dirección provincial y la agrupación local de la capital, con episodios recurrentes de enfrentamiento público entre ambos dirigentes.

El histórico exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, vuelve a sentarse este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por una causa de presunta prevaricación administrativa que se remonta a 2007, pero que conecta directamente con una de las etapas más convulsas de la política reciente del municipio minero.

El caso no solo afecta a la gestión de fondos públicos durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, sino que forma parte del ciclo político que acabó con su salida del poder en 2011, tras un inédito pacto entre PP, IU y MASS para desalojarlo de la Alcaldía. Fue precisamente durante ese mandato 'atípico' en lo ideológico cuando se denunció este expediente por el supuesto pago de una obra que nunca se ejecutó , dando inicio a una investigación que ha tardado más de una década en llegar a juicio.

La figura de Demetrio Alfonso lleva marcando la vida política de Fabero desde hace casi cuarenta años. El que fuera regidor del municipio minero desde 1987 a 2011, fue condenado e inhabilitado en 2020 en primera instancia por otro procedimiento por prevaricación, la famosa y nunca puesta en marcha fábrica de ruedas del 'rey del carbón' Victorino Alonso. Un asunto por el que posteriormente, en 2021, fue absuelto por la Audiencia.

No obstante, esto lo mantuvo fuera de la primera línea. Tras los cuatro años del PP con IU y el MASS, el PSOE decidió poner al frente a su concejala de confianza, Mari Paz Martínez, que recuperó en el 2015 el gobierno para los socialistas faberenses y que continúa como regidora, aunque desde 2023 como independiente.

Una controvertida maniobra del PSOE provincial apartó en 2023 del número uno de la candidatura a la entonces alcaldesa Mari Paz Martínez para devolverle el liderazgo a Demetrio, tío del secretario, Javier Alfonso Cendón. La decisión no solo fracturó el socialismo local en dos bloques enfrentados, una división que aún perdura, sino que además llevó a Martínez a ganar las elecciones con una lista independiente, volviendo a dejar al PSOE fuera del Gobierno cuatro años más.

El argumento que esgrimió el PSOE para justificar la expulsión de Mari Paz Martínez fue que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por una presunta prevaricación administrativa que arrastraba desde hace años, por la contratación de varios trabajadores municipales. Lo que nunca se ha explicado públicamente es por qué no se tuvo en cuenta la imputación de la socialista para relevar en el poder a su tío y mantenerle caliente el asiento hasta su vuelta, ni quiénes son los trabajadores municipales cuestionados y si alguno de ellos tiene una relación familiar con Demetrio Alfonso y el propio Javier Alfonso Cendón, como llegó a denunciar públicamente el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero y posteriormente edil del PP en el Consistorio minero Andrés Pérez Marote, quien, por cierto, después de dos comicios consecutivos presentándose como candidato ha desaparecido de las listas electorales.

Pero por rizar un poco más el rizo, en ese momento, Demetrio Alfonso también estaba imputado por presunta prevaricación administrativa en la causa que llega ahora a la Audiencia Provincial de León.

La causa

Según el escrito de acusación de la Fiscalía que lleva al banquillo de nuevo al líder del PSOE en Fabero, los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad, con un proyecto redactado por un ingeniero también acusado y adjudicado a una empresa cuyo responsable figura igualmente como investigado.

El Ministerio Público sostiene que todo el expediente se construyó sobre una base irregular. Así, se firmaron actas de replanteo que, según la acusación, no se correspondían con actuaciones reales, con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad a una obra que no se había iniciado. El mismo día de la adjudicación, el entonces alcalde, el ingeniero y el empresario habrían suscrito el acta de comprobación de replanteo “a sabiendas de su falsedad”.

El punto clave del caso se sitúa el 31 de octubre de 2007, cuando en un plazo que la Fiscalía considera “materialmente imposible” se firmaron tanto la certificación final como el acta de recepción de la obra, dando por ejecutados unos trabajos que, según la acusación, nunca se realizaron. Pese a ello, Demetrio Alfonso aprobó por decreto la certificación y la factura, lo que permitió tramitar el expediente ante la Diputación y obtener el cobro de la subvención.

La Fiscalía considera que los tres acusados actuaron de forma coordinada para generar documentación que no reflejaba la realidad, con el objetivo de justificar el gasto público. Incluso meses después se habría incorporado a la factura la indicación de “pagada”, sin constar el abono efectivo.

El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada en 2012 por el entonces alcalde del PP, José Ramón Cerezales, tras detectar posibles irregularidades en subvenciones municipales. Informes posteriores apuntaron a la inexistencia de las obras, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la apertura de una causa que, tras años de instrucción, llega ahora a juicio con la atenuante de dilaciones indebidas.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el exalcalde tres años y seis meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. Para el ingeniero y el empresario, pide siete meses de prisión y multa.

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, de Coalición por El Bierzo, rompe el acuerdo de gobierno que mantenía con el Partido Popular y seguirá al frente del Ayuntamiento en minoría, tras comunicar la ruptura al concejal 'popular' Vicente Barrio.

El regidor ha evitado profundizar en los motivos de la decisión y se ha limitado a señalar a la agencia EFE que se ha debido a una “pérdida de confianza” en quien ejercía como teniente de alcalde, lo que ha precipitado el fin del pacto.

La nueva situación política abre una etapa de mayor complejidad en la gestión municipal, ya que el equipo de gobierno dependerá del respaldo puntual de otros grupos para sacar adelante los asuntos clave.

Entre ellos figuran los presupuestos municipales, actualmente prorrogados, o la gestión de los Fondos de Cooperación de la Diputación de León.

En este contexto, Ovalle confía en poder alcanzar acuerdos con el resto de formaciones representadas en el pleno, en un consistorio donde el equilibrio de fuerzas es ajustado.

Tras las últimas elecciones municipales, Coalición por El Bierzo y el PSOE obtuvieron tres concejales cada uno, mientras que el PP obtuvo un edil, cuyo apoyo permitió a Ovalle acceder a la Alcaldía mediante un pacto que ahora queda roto.

En un municipio como Arganza, con menos de 5.000 habitantes, no es obligatorio constituir junta de gobierno, por lo que la actividad municipal se articula principalmente a través de plenos trimestrales, donde deberán resolverse las decisiones más relevantes en esta nueva etapa sin mayoría estable. 

Coalición apoya al alcalde

El portavoz del partido Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, ha trasladado este martes su apoyo al alcalde de Arganza, Javier Ovalle, tras la ruptura del acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Según ha explicado Alonso, la decisión no ha sido repentina, sino fruto de un proceso de reflexión ante discrepancias en cuestiones clave para el municipio.

“El alcalde llevaba tiempo valorando un cambio por la pérdida de confianza en el PP en algunos aspectos relacionados con el desarrollo de Arganza”, ha referido.

Desde la formación bercianista consideran que esta nueva etapa en minoría es viable. “Sabemos lo que supone gobernar así, pero confiamos en que lo hará bien”, ha sostenido Iván Alonso.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de mantener el impulso en actuaciones relevantes, especialmente en materia de infraestructuras, citando vías como las de Cacabelos a Canedo, Magaz de Arriba o San Juan de la Mata, además de mejoras en telecomunicaciones.

Además, ha valorado el trabajo desarrollado por Ovalle en los últimos años, con logros como el mantenimiento de la escuela y la contención de la pérdida de población.

El voto de los leoneses residentes en el extranjero en las elecciones autonómicas del pasado 15M ha dado la victoria al PSOE, que se impone con claridad en este segmento electoral, mientras que Vox y UPL invierten sus posiciones de tercera y cuarta fuerza respecto a los resultados en la provincia.

Según el acta de escrutinio de la Junta Electoral Provincial de León, los socialistas obtuvieron 874 votos, situándose como la primera fuerza entre los electores ausentes. El Partido Popular se mantiene en segunda posición con 637 apoyos, a una distancia considerable.

La principal novedad se produce en la tercera y cuarta posición. Vox logra 433 votos y se sitúa como tercera fuerza, adelantando a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que se queda en 195 votos y pasa a ocupar el cuarto puesto en el voto exterior.

Por detrás, Izquierda Unida–Sumar obtiene 60 votos, Podemos 61 y Ciudadanos 28, en un reparto muy fragmentado entre el resto de candidaturas. También aparecen formaciones minoritarias como el PACMA (27 votos), Coalición por El Bierzo (31) o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (13). El partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, se quedó con 33.

La participación vuelve a ser muy reducida. De un censo de 53.364 electores leoneses en el extranjero, únicamente votaron 2.472 personas, lo que refleja las dificultades habituales del voto CERA. Además, se registraron 13 votos nulos y 26 en blanco.

El Procurador del Común de Castilla y León da un tirón de orejas al Ayuntamiento de La Bañeza y pide a su alcalde, el 'popular' Javier Carrera, que regule el uso de los perfiles institucionales en redes sociales y desbloquee a los vecinos a los que se les ha impedido el acceso, tras constatar que estas restricciones se han aplicado sin normativa previa ni procedimiento administrativo.

La resolución, emitida tras una queja ciudadana, analiza el bloqueo de usuarios en la cuenta oficial de Facebook del Consistorio, utilizada como canal de información pública sobre actividades municipales. El Procurador concluye que no existe constancia de qué órgano ordenó esos bloqueos ni de que se haya seguido un procedimiento formal, lo que supone una actuación sin respaldo administrativo.

Además, el órgano autonómico cuestiona la falta de normas que regulen el uso de este canal institucional, pese a que se trata de un espacio que la propia administración reconoce como herramienta al servicio del interés general. En este sentido, considera necesario que el Ayuntamiento apruebe una reglamentación clara que establezca tanto las condiciones de uso como las consecuencias en caso de incumplimiento, garantizando los derechos de los usuarios.

El Procurador también pone el acento en la necesidad de respetar principios básicos como la proporcionalidad, la motivación de las decisiones y el derecho de los ciudadanos a conocer las causas de cualquier restricción. De hecho, subraya que los usuarios bloqueados desconocían los motivos de esa medida y que no se les dio la oportunidad de corregir su comportamiento antes de aplicar el veto.

A raíz de esta resolución, Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha reclamado el desbloqueo inmediato de los vecinos afectados y la aprobación urgente de una normativa que regule las redes sociales municipales. La formación leonesista asegura que ya había denunciado en 2025 un uso “partidista y arbitrario” de estos perfiles y considera que el pronunciamiento del Procurador confirma sus críticas.

El concejal de UPL, Roberto Carracedo, ha acusado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, de “censura” y de actuar de forma “autoritaria” y de utilizar las redes institucionales para silenciar críticas vecinales, y ha anunciado que llevará este asunto al próximo pleno municipal para exigir medidas concretas.

La resolución da ahora al Ayuntamiento un plazo para responder si acepta o no las recomendaciones, que pasan por establecer un marco regulador y revisar los bloqueos aplicados hasta el momento. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en el uso de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y en los límites entre la moderación de contenidos y el derecho a la participación ciudadana.

La Junta de Castilla y León volverá a apostar este 2026 por su modelo de celebración del Día de la Comunidad con conciertos gratuitos repartidos por todo el territorio. En el caso de la provincia de León, los elegidos serán Omar Montes, que actuará en la capital leonesa, y Mägo de Oz, que lo hará en Ponferrada, dentro de un programa que incluye un total de doce actuaciones en toda la comunidad.

Los conciertos se celebrarán el 22 de abril a partir de las 21.00 horas, como antesala del 23 de abril, en una fórmula que el Ejecutivo autonómico mantiene desde hace dos años y que sustituye en la práctica el protagonismo institucional que tradicionalmente tenía la celebración en Villalar de los Comuneros.

El programa se completa con conciertos en el resto de territorios de la comunidad, con actuaciones como José Mercé en Ávila, Lia Kali en Burgos, la Orquesta Panorama en Aranda de Duero, Medina Azahara en Miranda de Ebro, Marta Sánchez en Palencia, Beret en Salamanca, Lucho RK en Segovia, Chambao en Soria, Antonio José en Valladolid y Leire Martínez en Zamora, en una apuesta por combinar distintos estilos musicales y atraer a públicos diversos en todas las provincias.

La programación está impulsada por la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, sustituta de la Fundación Villalar, dependiente de la Consejería de la Presidencia, y volverá a contar con artistas de ámbito nacional en todas las capitales de provincia y en otras tres localidades: Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. En el caso leonés, además, los conciertos estarán precedidos por artistas locales, con la actuación de Yoni Gabarre Montoya 'Promesa Flamenca' en León y el grupo Perro Futuro en Ponferrada.

Un modelo que repite pese a la polémica

La Junta repite así un formato que ya generó una fuerte contestación en 2025, cuando organizó conciertos similares en la víspera del 23 de abril con Juan Magán en León y Camela en Ponferrada, en una iniciativa que fue criticada por colectivos sociales y políticos y que derivó en protestas en la capital leonesa.

Aquel modelo de celebración alternativa al acto central de Villalar, impulsado tras la desaparición de la Fundación Villalar, fue interpretado por parte de la sociedad leonesa como un intento de diluir el carácter reivindicativo de la jornada, lo que provocó movilizaciones y actos de protesta.

La polémica no quedó solo en el plano político y social. Meses después, la Fiscalía Provincial de León abrió diligencias para investigar el presunto sobrecoste de aquellos conciertos tras una denuncia presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), que cuestionó los cachés abonados a los artistas y el uso de fondos públicos a través de la fundación autonómica.

Música, deporte y premios para el 23 de abril

Más allá de los conciertos, la programación del Día de Castilla y León 2026 incluirá también actividades deportivas y actos institucionales. El propio 23 de abril se celebrarán carreras populares y marchas solidarias en las mismas localidades, incluida León, donde la salida está prevista a las 10.30 horas.

Estas actividades serán gratuitas y estarán abiertas a la participación ciudadana, con recorridos adaptados a distintos niveles y con un carácter solidario vinculado a la labor de entidades sociales.

Además, el programa se completará con la gala de los Premios Castilla y León, que se celebrará previamente en Valladolid, y con la entrega de los nuevos Premios de Música Folk y Tradicional en Villalar de los Comuneros.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido este modelo asegurando que busca “que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León” a través de la música y la participación ciudadana.

Sin embargo, el recuerdo de la polémica del pasado año y la investigación aún en curso sobre el coste de los conciertos sitúan de nuevo estos actos en el centro del debate político en la Comunidad, también en la provincia de León.

El PSOE presenta una moción de censura en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas para arrebatarle la Alcaldía al PP, con el supuesto apoyo de los dos concejales de la corporación: uno de UPL y un tránsfuga 'popular'. La socialista Vicenta García se propone sustituir en el asiento de alcaldesa a la 'popular' Camino Lozano en el pleno del próximo 30 de marzo.

La iniciativa responde, según explican la corporación socialista provincial en un comunicado, a una situación que consideran “insostenible” en el funcionamiento del Ayuntamiento, marcada por la falta de diálogo y entendimiento. La candidata socialista a asumir la Alcaldía ha señalado que “nuestra intención inicial no era llegar a este punto, pero la situación se ha ido deteriorando hasta hacerlo inevitable”.

García ha denunciado la falta de comunicación de los 'populares', en minoría, con la oposición y las dificultades para desarrollar el trabajo municipal con normalidad. “No hay diálogo ni posibilidad de plantear propuestas o hacer preguntas con normalidad. Así es imposible trabajar por el pueblo y buscar soluciones”, ha afirmado.

La candidata socialista también ha puesto el foco en la gestión del municipio, señalando la falta de avances y de atención a los servicios básicos. “Mansilla necesita más impulso, más cuidado de su día a día y una gestión que esté centrada en mejorar la vida de los vecinos y vecinas”, ha explicado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa basada en el entendimiento, el trabajo conjunto y la atención a las necesidades reales del municipio. “Un pueblo avanza cuando hay unión, diálogo y ganas de hacer cosas. Eso es lo que queremos construir para Mansilla”, ha añadido Vicenta García.

Desde la corporación provincial del PSOE han asegurado que esta moción de censura ha contado con el apoyo de dos concejales no adscritos (del PP y UPL). Sin embargo, más tarde, la corporación municipal ha aclarado que el concejal de UPL forma parte del grupo y que, además, la moción ha sido firmada por los cinco concejales de la oposición.

El concejal tránsfuga del PP es Pablo Pérez Rubio, el que fuera teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Formación y Empleo del PP hasta septiembre de 2024, que se fue del equipo de Gobierno y dejó a la alcaldesa 'popular' en minoría, pero no entregó su acta de edil. Por otro lado, el concejal de UPL es Óscar Barreales, también candidato en la corporación que al parecer, como era solo un concejal leonesista, “se olvidó” de registrar el grupo, por eso aparece en la web del Ayuntamiento como “no adscrito”.

El PP acusa al PSOE de “robarle” la Alcaldía

La todavía alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Camino Lozano (PP), ha cargado con dureza contra la moción de censura presentada por el PSOE, al que acusa directamente de “robar la Alcaldía” pese a no haber sido la fuerza más votada en las elecciones municipales. En un comunicado, los ‘populares’ sostienen que la operación “altera la voluntad de los ciudadanos” expresada en las urnas y responde a “acuerdos de despacho” que, aunque legales, consideran difícilmente justificables desde el punto de vista ético y político.

Desde el equipo de Gobierno saliente defienden que el PP obtuvo una “mayoría clara” en los comicios y que la pérdida de la Alcaldía no obedece a un cambio en el respaldo vecinal, sino a una suma de intereses entre el PSOE, un concejal de UPL y un edil tránsfuga del PP. En este sentido, Lozano pone el acento en el transfuguismo, al considerar que permite “modificar mayorías sin pasar por las urnas” y cuestiona el compromiso adquirido con los votantes.

La alcaldesa reivindica además la gestión realizada durante su mandato, enumerando actuaciones e inversiones en marcha en el municipio, y asegura que el Partido Popular se siente “reforzado de cara al futuro”. A su juicio, serán los vecinos quienes acaben valorando “quién ganó en las urnas y quién llega al gobierno por otros caminos”, en un contexto político que, advierte, tendrá su “juicio final” en futuras citas electorales.

La escena se repite una y otra vez. Una reunión institucional, una foto entre responsables políticos de León y Asturias, declaraciones sobre cooperación, el recuerdo del enorme potencial de las estaciones de esquí leonesas y asturianas y una promesa que vuelve a sonar como novedad pese a llevar casi un cuarto de siglo sobre la mesa: la gestión conjunta.

Esta semana ha ocurrido otra vez. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, han vuelto a prometer que estudiarán la fórmula jurídica para unir la gestión de San Isidro, Leitariegos, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. Y, otra vez, la realidad es que el proyecto sigue sin concretarse.

No se trata de una idea improvisada ni reciente. La cooperación entre las estaciones de la cordillera cantábrica se viene anunciando desde comienzos de siglo, concretamente desde 2002, cuando Asturias ni siquiera había inaugurado aún Fuentes de Invierno, que abrió en 2007. Entonces ya se hablaba de un modelo compartido para aprovechar mejor unos complejos que, sumados, alcanzan alrededor de 81 kilómetros esquiables, una dimensión más que suficiente para competir como marca común en el noroeste peninsular y atraer mercado gallego, portugués y también del centro de España.

Pero esa necesidad de repensar su futuro es hoy todavía mayor que hace veinte años. No solo por la competencia turística o por la despoblación de los valles de montaña, sino también por el impacto cada vez más evidente del cambio climático sobre unas estaciones situadas a cotas relativamente bajas. Las temporadas de 2022-2023 y 2023-2024 fueron las peores de los últimos años para San Isidro y Leitariegos, que apenas lograron mantenerse abiertas algo más de la mitad del calendario previsto. Los expertos apuntan a una combinación clara: aumento de temperaturas, subida de la cota de nieve y una altitud límite que hace que pequeñas variaciones térmicas dejen la nieve fuera de las pistas. En ese escenario, la gestión conjunta ya no se plantea solo como una oportunidad, sino también como una necesidad para diversificar usos y darles vida más allá del invierno.

Pero entre el deseo político y la realidad se han ido acumulando los años, los cambios de gobierno en León y en Asturias, los estudios, los anuncios, los convenios frustrados, los intereses cruzados y hasta los escándalos de corrupción. El resultado, 25 años después, es que la gestión conjunta sigue siendo una promesa heredada de mandato en mandato.

Cuatro estaciones, un potencial evidente

Sobre el papel, el proyecto tiene lógica. La estación leonesa de San Isidro, inaugurada en 1974, dispone de 34 kilómetros esquiables, 35 pistas y 15 remontes, con cotas entre 1.500 y 2.100 metros. Leitariegos, abierta en 1975, suma 7,44 kilómetros, 15 pistas y 7 remontes, entre los 1.513 y los 1.800 metros. En Asturias, Valgrande-Pajares, inaugurada en 1954, cuenta con 30,9 kilómetros, 38 pistas y 7 remontes, entre 1.375 y 1.890 metros. Fuentes de Invierno, la más reciente, abrió en 2007 con 8,7 kilómetros, 15 pistas y 5 remontes, entre 1.487 y 1.950 metros.

La fotografía del mapa también empuja hacia esa colaboración. San Isidro y Fuentes de Invierno están literalmente una al lado de la otra. Valgrande-Pajares se encuentra a solo cinco minutos en coche de Arbas del Puerto, en León, y a 55 minutos de la capital leonesa, menos tiempo del que se tarda en llegar desde León ciudad a San Isidro y bastante menos que a Leitariegos. Esta última, además, es la estación más occidental de las cuatro y la más próxima para esquiadores del Bierzo, de Galicia y del norte de Portugal.

La suma de las cuatro permitiría presentar una oferta unificada de montaña y nieve en la cordillera cantábrica, con más variedad de pistas, más capacidad de atracción y más posibilidades de especialización. Pero además, el cambio climático obliga a mirar más allá del esquí puro. Las estaciones leonesas llevan años viendo cómo se acortan sus temporadas y ya no llegan a abril como ocurría no hace tanto. Meteorólogos y expertos señalan que su altitud, mucho más baja que la de grandes complejos como Sierra Nevada, las sitúa en una posición especialmente vulnerable: cuando suben las temperaturas, la nieve se queda por encima de sus cotas. De ahí que la gestión conjunta y la inversión no puedan pensarse solo en clave invernal. El Movimiento Ciudadano por Leitariegos y colectivos asturianos insisten en ello: las estaciones deben funcionar también en verano, como complejos de montaña capaces de generar actividad, empleo y fijación de población en valles muy castigados por la despoblación.

El origen: cuando Asturias quiso hablar de unión antes incluso de abrir Fuentes de Invierno

La historia arranca a comienzos de los 2000. Cuando el Principado empezó a diseñar Fuentes de Invierno, ya planteó la conveniencia de coordinar su futuro con las estaciones leonesas. Aquello no sentó bien en León. El entonces presidente de la Diputación, José Antonio Díez, del PP, no recibió de buen grado que Asturias tratase de imponer una gestión de servicios común antes incluso de que la estación asturiana fuera una realidad.

A partir de ahí, lo que parecía una discrepancia inicial se convirtió en una constante histórica: Asturias y León compartiendo el diagnóstico, pero sin llegar a rematar el acuerdo. Desde Javier García Prieto hasta Gerardo Álvarez Courel, pasando por Isabel Carrasco, Marcos Martínez Barazón, Emilio Orejas, Juan Martínez Majo y Eduardo Morán, todos los presidentes de la institución provincial leonesa, de PP y PSOE, han defendido en algún momento una fórmula conjunta. Ninguno la ha culminado.

Javier García Prieto: primeros años de una idea recurrente

Con Javier García Prieto al frente de la Diputación entre 2003 y 2007, la idea de la colaboración seguía latente mientras Asturias daba forma a Fuentes de Invierno. No llegó a materializarse un gran paso definitivo, pero sí quedó asentado el marco discursivo que después repetirían todos: que las estaciones no debían verse como competencia entre sí, sino como una oportunidad conjunta para el turismo de nieve y para la economía de montaña.

La teoría parecía clara ya entonces. Lo que faltaba era concretarla en infraestructuras compartidas, modelo de explotación, estrategia comercial y voluntad real de asumir costes y beneficios entre ambas administraciones.

Isabel Carrasco: del gran anuncio al convenio que nunca fue

La etapa de Isabel Carrasco es probablemente la más simbólica de todas porque fue la del gran titular. En 2012, la presidenta de la Diputación y la consejera asturiana Ana González anunciaron que trabajarían para la “unión total” de Fuentes de Invierno y San Isidro a medio plazo. Se habló de estudios técnicos, de gestión única, de forfait conjunto y de crear uno de los grandes complejos de esquí del país. También se colocó en el centro la línea eléctrica de San Isidro, construida por la Diputación leonesa con un coste que se disparó desde unos cinco millones iniciales hasta cerca de doce y finalmente alrededor de catorce millones.

Aquel acuerdo, presentado como el comienzo de la fusión, escondía sin embargo un problema de fondo: Asturias nunca aceptó las condiciones económicas que León daba por hechas. Mientras desde la Diputación se habló de una aportación asturiana de entre cuatro y cinco millones de euros por el enganche eléctrico, el Principado sostenía que la necesidad real de Fuentes de Invierno era de menos de 1,5 millones. Aquella diferencia abismal acabaría siendo descrita desde Asturias como “la cuenta de la vieja”.

Es decir, mientras en público se hablaba de entendimiento y cooperación, en privado el acuerdo económico estaba lejos de cerrarse. El convenio se presentó como un avance decisivo, pero en realidad no quedó rematado en términos asumibles para ambas partes.

Marcos Martínez Barazón: promesas, San Isidro y la sombra de la corrupción

Tras el asesinato de Isabel Carrasco en 2014, Marcos Martínez Barazón asumió la Presidencia de la Diputación durante apenas unos meses. También él mantuvo viva la promesa de unión de las estaciones con Asturias, pero aquella etapa terminó abruptamente con su detención por el caso Púnica, por el que terminó condenado.

La caída de Barazón contaminó por completo cualquier posible avance relacionado con San Isidro. No solo porque su interlocución con Asturias quedó rota, sino porque la propia estación leonesa aparecía en conversaciones, correos y contratos presuntamente amañados vinculados a cafeterías, planes de dinamización y adjudicaciones. En 2023, la Audiencia Nacional lo condenó por un delito continuado de prevaricación, junto a otros responsables, en la pieza leonesa de Púnica.

El Gobierno asturiano, que ya rechazaba pagar cinco millones por la conexión eléctrica, dejó claro entonces que no era que hubiera paralizado el acuerdo, sino que nunca había llegado a concretarse de verdad. Con el presidente leonés detenido y luego encarcelado provisionalmente, el proyecto de unión tuvo que volver, otra vez, a la casilla de salida.

Emilio Orejas y Juan Martínez Majo: la “Gran Estación del Norte”

Después de Barazón, Emilio Orejas ocupó la Presidencia de forma transitoria hasta las elecciones de 2015. Y en aquella transición, el PP leonés volvió a abrazar la gran promesa blanca. Orejas y quien sería después presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, defendieron junto al PP asturiano la fusión de Fuentes de Invierno y San Isidro bajo la idea de “La Gran Estación del Norte”.

La propuesta hablaba de ampliar en 18 kilómetros el dominio esquiable y alcanzar un complejo de unos 50 kilómetros potenciales, con capacidad para cuatro mil usuarios por jornada. Se insistió entonces en las bondades económicas del proyecto: atraer mercado de Galicia y Portugal, abrirse a Cantabria y Madrid, dinamizar hostelería y comercio y frenar la despoblación de la montaña.

También se llegó a perfilar un esquema económico para el enganche eléctrico asturiano a la línea de San Isidro. Pero, una vez más, aquello quedó en proyecto político y promesa electoral. Ni 'la gran estación' llegó ni la gestión conjunta se implantó. El problema seguía siendo el mismo: había titulares y declaraciones, pero no un acuerdo estable, ejecutable y blindado entre administraciones.

Eduardo Morán: fondos europeos y otro “paso más”

Tras el regreso del PSOE a la Diputación en 2019, Eduardo Morán recuperó el discurso de la colaboración con Asturias. En 2021 se reunió con Adrián Barbón y se habló de concurrir juntos a fondos europeos con un proyecto compartido para San Isidro y Fuentes de Invierno. Se presentó como uno de los encuentros más importantes de los últimos años y como un paso concreto hacia esa conexión tantas veces aplazada.

Pero la historia volvió a repetirse. El proyecto siguió vivo en el plano político y declarativo, pero sin una concreción final. Ni la gestión unificada llegó ni se dio el salto a un verdadero modelo común de explotación, promoción y servicios. Otra vez, un “paso más” que no fue a ninguna parte.

Gerardo Álvarez Courel: misma promesa, esta vez con cable

El actual presidente, Gerardo Álvarez Courel, ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa. Esta semana se ha escenificado un avance real, aunque muy limitado respecto al viejo sueño conjunto: Fuentes de Invierno ya está conectada eléctricamente a la línea de alta tensión de San Isidro y ha apagado por fin sus generadores de gasoil.

El acuerdo definitivo llega después de años de retraso y en condiciones económicas muy distintas a las defendidas por la vieja dirección 'popular' de la Diputación. Asturias pagará cerca de 1,8 millones en diez años, muy lejos de los alrededor de cinco millones que se pretendieron en tiempos de Carrasco y Barazón. Es, sin duda, un paso tangible. Pero no es la gestión conjunta prometida desde hace un cuarto de siglo.

En la reunión entre Courel y Barbón se volvió a hablar de estudiar el encaje jurídico adecuado para la gestión compartida de las cuatro estaciones, no solo San Isidro y Fuentes, sino también Leitariegos y Valgrande-Pajares. El lenguaje es el de siempre: aspectos técnicos, jurídicos y económicos; voluntad clara; seguir trabajando; ir de la mano. Todo suena razonable. También suena conocido.

Desde el propio territorio, sin embargo, la reacción mezcla esperanza con cautela. Jonatan Gutiérrez, empresario del valle y uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano por Leitariegos, considera que el anuncio es “esperanzador”, pero recuerda que llega en pleno contexto electoral. “Credibilidad puede haber, pero ahora hay que demostrar que esta vez va en serio. Eso se verá cuando empiecen a aparecer publicaciones en el BOP y en el BOPA”, señala.

Gutiérrez recuerda además que algunos avances han tardado décadas en materializarse. “Se ha tardado 19 años en dar luz eléctrica a Fuentes de Invierno. Cuando algo llega después de tanto tiempo tampoco hay mucho que celebrar”, resume.

Lo único que sí existe ya: el forfait compartido

En estos años, lo que sí se ha logrado es una fórmula conjunta para la compra de forfaits. Es un avance, pero menor comparado con lo prometido durante tanto tiempo. Porque la gestión conjunta de verdad implicaría mucho más: una marca única, una promoción coordinada, planificación de inversiones, estrategia turística común, posible agencia de viajes, servicios compartidos, especialización de estaciones y una visión conjunta del territorio.

Eso es precisamente lo que reclaman ahora los movimientos sociales y empresariales de ambos lados de la cordillera cantábrica. No solo un abono compartido, sino una estructura de gestión y promoción unificada.

Las estaciones, una a una: fortalezas y carencias

El propio Movimiento Ciudadano por Leitariegos y colectivos asturianos han señalado las necesidades de cada estación. Y ese listado explica también por qué la gestión conjunta no puede ser solo una consigna política.

Valgrande-Pajares precisa completar la segunda fase de sus mejoras, con sendas, miradores y telebike; actuaciones en pistas; reparación y actualización de edificios públicos; modernización de la nieve artificial y trabajos de urbanización, saneamiento, alumbrado y asfaltado.

Fuentes de Invierno necesita un edificio de servicios en la zona media, un hangar en la zona baja, completar la electrificación, mejorar la nieve artificial y ampliar el dominio esquiable.

San Isidro reclama actualizar el sistema de nieve artificial e innivar al menos una pista por sector; actuar en pistas, drenajes y zonas debutantes; potenciar Salencias para maximizar días de apertura; y renovar remontes, muchos de ellos con una vida útil media cercana a 40 años. También se plantea licitar fórmulas para una unión física con Fuentes de Invierno.

Leitariegos, por su parte, necesita una nueva máquina pisapistas, poner plenamente operativo su sistema de nieve artificial y relanzar el viejo proyecto del telesilla cuatriplaza que sustituya al vetusto telesilla La Laguna.

En el caso de Leitariegos, además, el malestar social por la falta de inversiones y por la gestión diaria ya ha salido este mismo invierno de los despachos y de los comunicados para trasladarse a la propia estación. En febrero, más de doscientas personas protagonizaron una protesta inédita en el complejo lacianiego para reclamar a la Diputación mejoras urgentes, denunciar colas y problemas de funcionamiento pese a haber nieve, y exigir que se ejecuten de una vez los compromisos arrastrados desde el plan inversor aprobado en 2018. La movilización dejó claro hasta qué punto la estación se percibe en Laciana no como un equipamiento accesorio, sino como un motor económico fundamental para el valle y una infraestructura cuyo deterioro o mala gestión tiene consecuencias directas sobre el empleo, la hostelería y la actividad de toda la comarca.

Desde el movimiento ciudadano insisten en que el debate no se limita a mejorar instalaciones, sino también a repensar el modelo de gestión. “Con estaciones públicas al cien por cien todo se vuelve mucho más lento: contrataciones, licitaciones, inversiones o presupuestos”, apunta Gutiérrez. A su juicio, una posible vía sería un sistema mixto de gestión privada con participación pública, similar al de otros complejos españoles, aunque reconoce que un cambio de este tipo “difícilmente podría materializarse antes de diez años, incluso aunque ahora exista voluntad política”.

No se trata, por tanto, de cuatro estaciones que solo necesiten una buena campaña publicitaria. Necesitan inversiones, modelo, continuidad y una apuesta real. Y ese es precisamente otro de los grandes déficits del último cuarto de siglo: la promesa de unión no ha ido acompañada de una hoja de ruta estable de modernización.

El factor económico: una oportunidad que todos repiten

Todos los presidentes, todos los partidos y todos los colectivos coinciden en la misma idea: las estaciones son motores económicos para valles muy castigados por la despoblación. Ahí tampoco hay discusión. Lo que cambia es el grado de compromiso real para convertir esa afirmación en una política sostenida.

Los datos que manejan los defensores de una marca común son contundentes. Según el estudio encargado en su día por la Cámara de Comercio de Oviedo para Valgrande-Pajares, y actualizado por los colectivos sociales al año 2026, Pajares podría superar los 100.000 usuarios, San Isidro rondar o rebasar los 125.000 y Leitariegos y Fuentes de Invierno alcanzar unas 75.000 cada una. En conjunto, las cuatro podrían superar los 375.000 usuarios solo en invierno, generar un valor añadido bruto superior a 56 millones de euros y crear más de mil puestos de trabajo.

Más allá de si esas cifras se cumplen o no en su integridad, lo relevante es que la oportunidad económica lleva años siendo conocida. Las estaciones no solo son pistas y remontes: son alojamiento, hostelería, comercio, empleo directo e indirecto, fijación de población y actividad para territorios periféricos. Y también, una puerta natural para atraer esquiadores de Galicia y del norte de Portugal, muy próximos geográficamente a estos complejos.

Ahora bien, incluso ese potencial económico obliga a revisar el modelo. Si la nieve natural cada vez dura menos días y las temporadas se acortan por efecto del calentamiento y de la subida de la cota, el futuro de estas instalaciones no puede descansar únicamente en el esquí. La rentabilidad y la supervivencia de los valles pasan también por convertirlas en destinos de montaña durante todo el año, con usos complementarios, actividades de verano y una oferta turística más amplia. Es decir, la gestión conjunta no solo permitiría sumar kilómetros esquiables y promoción, sino también replantear un modelo que el cambio climático está empujando a transformarse.

Aramón, una gestión compartida de cuatro estaciones en Aragón

Cuando se habla de que la gestión conjunta es posible, no se hace en abstracto. Ya existe un ejemplo en España. En Aragón, Aramón puso en marcha en 2002 una gestión compartida de varias estaciones: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Las cuatro estaciones conforman “el dominio esquiable más grande de España”, según su página web, sumando 294 kilómetros esquiables, 250 pistas y 78 remontes.

La comparación no es exacta, porque ni el volumen ni el contexto territorial son los mismos, pero sí demuestra una cosa: que una marca única y una explotación coordinada son viables si existe voluntad política, acuerdo institucional y planificación. Si en Aragón pudo construirse una estructura conjunta hace más de veinte años, la pregunta inevitable en León y Asturias es por qué aquí se sigue hablando de lo mismo como si siempre fuera algo insólito.

Para los colectivos de la montaña, el ejemplo aragonés demuestra que la clave no es solo unir estaciones, sino dotarlas de una estrategia común. “Aramón ha creado una marca reconocible que da unidad a todas sus estaciones y las convierte en referencia nacional”, señala Gutiérrez. En su opinión, en León y Asturias sigue pesando una visión distinta: “Allí las estaciones se ven como una inversión y aquí todavía muchas veces se presentan como un gasto, cuando en realidad generan turismo, empleo, actividad económica en los valles y fijan población”.

Un cuarto de siglo de promesas sin cumplir

La gestión conjunta de las estaciones de esquí de León y Asturias no ha fracasado por falta de diagnóstico. Tampoco por falta de promesas. La han prometido, con matices distintos, todos los presidentes de la Diputación desde 2003 hasta hoy. La han defendido gobiernos del PP y del PSOE. Ha aparecido en convenios, campañas electorales, reuniones bilaterales, proyectos a fondos europeos y actos institucionales. Se ha presentado como clave contra la despoblación, como oportunidad turística, como motor económico y como evidencia de sentido común.

Y, sin embargo, sigue sin llevarse a cabo. Lo único concreto que puede exhibirse hoy, 25 años después de que Asturias empezara a pensar Fuentes de Invierno y de que se hablara ya de cooperación, es un forfait compartido y una conexión eléctrica que ha tardado más de una década y media en resolverse. Todo lo demás sigue en el terreno del estudio, de la intención, del “encaje jurídico”, del “modelo adecuado”, del “paso más”.

La misma pregunta, otra vez

Los promotores sociales de la nieve y la montaña lo han expresado esta semana con claridad: el camino no puede ser otro que la inversión y la apuesta decidida, pero no con promesas que no se cumplen como hasta ahora. Porque a estas alturas el problema ya no es imaginar el potencial. El potencial es evidente. El problema es que el proyecto lleva un cuarto de siglo enterrado bajo anuncios, retrasos y oportunidades perdidas.

León y Asturias vuelven a prometer que estudiarán la gestión conjunta de sus estaciones. Otra vez. Como hace cinco años. Como hace diez. Como hace quince. Como hace veinte. Como casi desde el arranque del siglo. El sueño blanco sigue ahí, pero continúa sin hacerse realidad.

Aun así, en los valles de la cordillera la sensación no es de resignación, sino de vigilancia. “Estamos esperanzados, pero a la expectativa”, resume Gutiérrez. Para él, el futuro pasa por construir una imagen común de las estaciones, especializar cada una en distintas actividades y aprovecharlas durante todo el año. “Cuando hay nieve pedimos que todo funcione bien, y cuando no la hay necesitamos alternativas: bikepark, senderismo, turismo familiar o actividades de montaña. Si conseguimos atraer gente todo el año, habrá empleo, actividad en los pueblos y más posibilidades de fijar población”.

Castilla y León encara a partir de los comicios de este 15 de marzo su XII legislatura autonómica sin rastro de que una mujer pueda asumir la Presidencia de esa Comunidad tras 43 años de andadura, aunque por primera vez hay un partido con representación parlamentaria, la UPL, que ha situado a una como candidata, Alicia Gallego.

A una semana de las elecciones y con una agenda de campaña repleta de alusiones y referencias al Día Internacional de la Mujer que se conmemora este domingo, la política al más alto nivel sigue siendo un ámbito vedado para las mujeres en Castilla y León.

La presencia de las mujeres al frente de las instituciones y administraciones de Castilla y León ha avanzado, aunque muy despacio, desde las elecciones del domingo 8 de mayo de 1983 que dieron paso a la primera legislatura. En esas primeras Cortes autonómicas de 84 procuradores solo se sentaron tres mujeres, todas del PSOE; y en ese primer gobierno de la Comunidad, el del socialista Demetrio Madrid, la presencia femenina fue nula.

En la última legislatura 34 mujeres se sentaron en los 81 escaños de las Cortes autonómicas, aunque años antes, fue en la novena cuando se alcanzó la paridad, con 42 procuradoras y otros tantos procuradores.

María Jesús Ruiz: La primera vicepresidenta

Lo mismo sucedió en los siguientes Ejecutivos de José Constantino Nalda (PSOE), y de los 'populares' José María Aznar y Jesús Posada, y hubo que esperar hasta el segundo Gobierno de Juan José Lucas (PP), a partir de julio de 1995, para encontrar a las primeras consejeras: Isabel Carrasco y Josefa Fernández Arufe.

El actual gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco cuenta con cuatro mujeres sentadas en los diez asientos de su Consejo de Gobierno, incluida la consejera de Familia y vicepresidenta, Isabel Blanco; y las mujeres llegaron a ser cinco en el tercer gobierno de Juan Vicente Herrera (PP).

La primera vicepresidenta de la Junta fue la soriana María Jesús Ruiz en el segundo gobierno de Juan Vicente Herrera, que ocupó el cargo entre octubre del 2004 a julio del 2007.

Rosa Valdeón: la primera portavoz de la Junta

También fue en un Gobierno de Juan Vicente Herrera en el que por primera vez una mujer ocupó la portavocía de la Junta, Rosa Valdeón, en el 2015, que también fue vicepresidenta hasta que presentó su dimisión en setiembre del 2016, tras un incidente de tráfico en el que dio positivo en alcoholemia.

La primera mujer presidenta de uno de los tres poderes de la Comunidad, el Legislativo, fue la salmantina Josefa García Cirac, del PP, en junio del 2011, a la que luego siguió Silvia Clemente en junio del 2015, política que ahora concurre a los comicios del 15 de marzo al frente de la nueva formación Nueve Castilla y León.

Y en el poder judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desde abril del 2025 ocupa su Presidencia la magistrada leonesa Ana del Ser.

Isabel Carrasco y María José Salgueiro

El rastreo femenino en responsabilidades en la comunidad conduce a la política leonesa Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y que ya en octubre de 1987 fue nombrada delegada territorial de la Junta en León por José María Aznar, fue la primera presidenta de una Diputación en la Comunidad, la de León, en 2007, y la primera en presidir el PP leonés, en el 2004.

Otro de los nombres propios femeninos es el de María José Salgueiro, del PP, que fue la primera mujer en presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León, uno de los órganos de autogobierno de la comunidad, entre el 2003 y el 2007; y también la primera mujer delegada del Gobierno en Castilla y León, entre el 2015 y el 2018.

Y en las alcaldías, la primera mujer en ocupar una alcaldía en una capital de provincia fue la también popular Dolores Ruiz-Ayúcar, que ocupó la de Ávila entre 1995 y 1999. Hay tres capitales de provincia, Valladolid, León y Salamanca que no han tenido todavía a ninguna mujer al frente de sus respectivos Ayuntamientos.

Además del Ejecutivo de Castilla y León, también se resisten a tener una mujer a su frente el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común o el Consejo Económico y Social.

La vicepresidenta y portavoz nacional del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), Cristina García, ha abogado por una cuerdo político tras afirmar que su formación es una firme defensora de la “conservación del lobo” y se puede convivir con él si que se le acorrale.

Ha abogado por un acuerdo político con el consenso de toda la ciudadanía para que “el lobo pueda seguir cazando en su hábitat y no se le acorrale como se está haciendo”.

Sobre las expectativas electorales para el próximo 15 de marzo en Castilla y León, García se ha mostrado optimista dentro de las grandes dificultades que un partido como Pacma tiene para conseguir representación política.

No obstante “cada vez recibimos más apoyo y calor de la gente que quiere ir dejando atrás ciertas prácticas culturales con los animales, por lo que esperamos que se vea reflejado en las urnas”, ha puntualizado.

Estas manifestaciones las ha realizado García, acompañada por la cabeza de lista del Pacma en León, Natividad Franco, durante un paseo informativo y de reparto de propaganda electoral por el centro de la capital leonesa.

Natividad Franco ha explicado que la formación tiene tres pilares como son “la protección animal, la del planeta y las personas”.

En la protección animal, Franco ha destacado que son el único partido en la comunidad y en el país que defiende a todos los animales sin excepción, junto a numerosas propuestas para la protección del medioambiente para conseguir el objetivo de un “planeta sostenible” sin olvidar a las personas centradas en la consecución de una “educación basada en valores y ética”.

Franco también ha recordado que la formación seguirá luchando contra los eventos taurinos que en la provincia “se siguen celebrando en muchas localidades”, así como cualquier festejo con animales.

Solicitarán a las administraciones la retirada de subvenciones en este sentido, ha explicado, antes de pedir un cambio de políticas medioambientales para evitar los incendios forestales que afectaron a León el pasado verano.

Sixto Martínez (Orallo, Laciana) vuelve a encabezar una candidatura autonómica por León en un escenario distinto al de 2022. Entonces lo hizo bajo la marca de IU–Podemos; ahora, con Podemos–Alianza Verde, concurrirá por separado a IU–Sumar en unas elecciones marcadas por la disputa del voto progresista y por el empuje del leonesismo en la provincia.

Graduado en Geografía e Historia y vinculado durante años al mundo rural y al activismo social, Martínez sitúa la sanidad, especialmente en el medio rural, como el eje principal de su campaña. En una conversación con ILEÓN, defiende revertir privatizaciones, reforzar la prevención de incendios con un operativo estable, abrir un debate político sobre el encaje territorial de León y cuestiona la “transición justa” en las comarcas mineras, donde en el último año se han sucedido accidentes con víctimas mortales.

La entrevista fue realizada el viernes 27 de febrero, antes de la escalada de tensión internacional y de los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, así como de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, al Gobierno de España.

En 2022 concurrió en coalición con IU y ahora Podemos y Alianza Verde van por un lado e IU–Sumar por otro. ¿Qué ha pasado para que la izquierda vaya dividida en León y qué le dice a quienes puedan sentirse desconcertados?

Esto tiene que ver con trayectorias y con culturas políticas distintas según los territorios. En sitios como Extremadura hay una historia de trabajo conjunto y no se entiende la izquierda sin esa unión; en Aragón y en Castilla y León no ha ocurrido lo mismo. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y, como pasa en el fútbol, todo el mundo tiene su opinión sobre la alineación. En todo caso, la negociación era autonómica porque estas son elecciones autonómicas. Nunca se sabe si será un error o no, pero lo que sí sería un error es que un votante de izquierdas se quede en casa. Y eso en la derecha casi nunca pasa, como si tienen que ir a buscarlos en furgonetas o en autobuses. Hay que tener la costumbre de votar siempre.

Lo que sería un error es que cualquier votante de izquierdas se quede en casa

¿Y no cree que la división en la izquierda quizá desincentiva al votante de acudir a votar?

Creo que no. La gente tiene miedo al PP y a la ultraderecha; ya se vio lo que pasó cuando gobernaron con Vox, y no sé qué hemos hecho en el medio rural para que se les ocurriera dejarles la Consejería de Agricultura y Ganadería: fueron incapaces hasta de gestionar la PAC. También se está viendo en Europa. Yo creo que la gente está mentalizada de que hay que votar para parar esa derecha y esa ultraderecha. Y, además, la gestión de los últimos 40 años en esta provincia ha sido nefasta: han creado autonomías de primera, de segunda, de tercera y luego está León. No sé qué tienen contra nosotros, pero siempre estamos un poquito más allá de la tercera.

¿Qué diferencia el proyecto de Podemos del de Izquierda Unida?

Siendo sincero, soy una persona que no me fijo en los programas electorales de otros partidos. Pero hay una diferencia política: IU está en un Gobierno donde se dice sí a la OTAN, se incrementa el gasto en armamento y, a nuestro juicio, no se planta con claridad ante Israel, y eso no pasaba cuando estaba Unidas Podemos. En lo autonómico, nosotros tenemos clara la línea: sanidad, educación, vivienda y servicios sociales, que son las competencias de la Junta y ahí es donde incidimos. Si buscas diferencias, supongo que mínimas.

Se habla mucho del espacio y el espacio ya estaba hecho. Se llamaba Unidas Podemos y tuvimos un montón de diputados en el Congreso. Estuvimos en un Gobierno y todo el mundo sabe quién lo rompió.

En estas elecciones autonómicas, ¿cuál es la propuesta de Podemos para la provincia de León?

Esa pregunta es la que más me gusta. La política es muy fácil. Primero es gestionar un dinero público. Hay unas cosas que se dan por hechas. Lo de no prevaricar, no robar, etcétera, etcétera. Pero al final lo que se trata es de conseguir que llegue el estado de bienestar a todo el mundo. En una provincia donde sabéis que aproximadamente el 90% del entorno es rural, no podemos generar una provincia de dos velocidades.

Las personas que tienen un hospital en León capital, aunque sea muy mejorable, o en Ponferrada, pagan los mismos impuestos que pago yo en mi pueblo Orallo donde no hay ni consultorio rural ni escuela y la chica de ayuda a la dependencia va en su coche y se las tiene que arreglar con una nevada impresionante. Así generamos una provincia de distintas velocidades.

Para nosotros, la estrella de nuestro de nuestro programa, sin ninguna duda, es la sanidad. Porque la sanidad de Mañueco mata y la sanidad que nosotros proponemos salva vidas. La situación sanitaria en León es dantesca, vergonzosa. El Hospital El Bierzo de Ponferrada es el que más lista de espera tiene de Castilla y León. Es impresionante.

Tenemos unas médicas tremendas, unas auxiliares tremendas, unas enfermeras tremendas, pero el PP dice que “no quieren trabajar”. No, no, no es que no quieran trabajar, ¡es que no les pagáis! Formarlos cuesta un dinero, a nuestras universidades, becas aunque sean mínimas, y luego se van a trabajar a Inglaterra o a Alemania por casi el doble de lo que hay aquí. Y te dice algún consejero del Partido Popular: “Si me traes un médico, lo contrato”. Hombre, ¡págale. Págale y no se irá!

Hay dos hospitales públicos donde faltan muchos medios materiales y muchos medios humanos y seis privados. Las listas de espera no se acaban con los hospitales privados. Tenemos un hospital en Villablino que costó cientos de millones de euros de fondos Miner y que se ha convertido en una residencia de ancianos privada. Es vergonzoso, es patético. Y encima se está cayendo a trozos.

La sanidad de Mañueco mata y la sanidad que nosotros proponemos salva vidas

La obsesión de esta gente es privatizar. Han privatizado el Servicio de Emergencias del 1-1-2, han privatizado el servicio de las ambulancias, la cafetería del hospital, inyectan cientos de millones de euros en la sanidad privada, en la educación privada... Es un modelo y ese no es nuestro modelo, es justo el contrario. Ese modelo siempre acaba enriqueciendo a los mismos, porque cuando luego investigas esos chiringuitos privados, si no son suyos, están coparticipados.

La gente está muy enfadada, especialmente en esta provincia. Se aprovechó el COVID para cerrar los consultorios del medio rural. Y ahora el que está abierto tiene el letrero toda la semana de “No hay médico” o “No hay enfermera”.

Los servicios no llegan a nuestra ruralidad. Ahí es donde tienes que invertir. Si tú conviertes el hospital de Villablino en lo que iba a ser, las listas de espera y las saturaciones de León y de Ponferrada mejoran de un plumazo.

La línea programática de alguien que se presente a una candidatura en León no puede ser otra que la sanidad. Si queréis hablamos de las residencias. Una persona mayor se pasa trabajando toda la vida y se tiene que ir a una residencia y casi siempre tiene que trabajar la familia para pagarla, porque cuesta 2.000 euros. Pero bueno, ¡dónde hay una pensión de 2.000 euros! Esto es el debate de siempre, público y privado, público y privado. Y nosotros defendemos lo público hasta debajo del agua.

Nos interesa obviamente la educación, que es muy mejorable. Nos interesan otra serie de cuestiones como la vivienda, los jóvenes, pero la estrella de un programa en León tiene que ser la sanidad. De entrada, esas serían las medidas de choque en León. Son posibles, están ahí y se pueden hacer ya.

La situación sanitaria en León es dantesca, vergonzosa

¿Considera que el Partido Popular tiene una estrategia de vaciamiento del medio rural?

Sin duda. Ahorrar en los servicios.Yo soy graduado en Geografía e Historia y mi tesis de fin de carrera versó sobre eso. Me pateé gran parte de la provincia y la gestión es inadecuada. Tienen una estrategia, porque el mundo rural dispone de miles de millones en el ecosistema, en bosques, en pastos, y no los gestionan. Rajoy intentó cargarse de un plumazo las juntas vecinales. Eso tiene un porqué.

El 88% del territorio tiene unos bosques impresionantes, unos pastos impresionantes, una riqueza impresionante y lo gestionan las juntas vecinales. Eso es mucho dinero al que no tienen acceso. Si las juntas vecinales dejan de depender de los Ayuntamientos y pasaran a control de la Junta, lo gestionarían ellos.

Sin duda hay una estrategia de vaciamiento del mundo rural para ahorrar en servicios

Y, luego, han utilizado a León como vertedero de las macro. Hubo explotaciones a cielo abierto, que es para ver qué restauración hicieron, los sinvergüenzas. Si analizamos el agua igual tenemos un poco la explicación de por qué los casos de cáncer en sitios como Laciana y como El Bierzo duplican y triplican los de otros lugares. Porque han envenenado los manantiales. Porque los cambios de aceite y demás se vertían directamente en el suelo. Porque hay balsas de decantación que no se han reparado y que no se han restaurado. Porque hay escombreras que siguen contaminando...

Por supuesto que es un plan y lo llevan a rajatabla. El problema es que yo creo que las leonesas y los leoneses ya hemos dicho basta, ya se acabó. Y ahora suenan otras macro, macroplantas de biogás, de fotovoltaicas... El plan continúa. Y no, ese no es el futuro que nosotros queremos. El de la contaminación y acabar con nuestros ecosistemas. Luego ya, la gestión de incendios que se ha hecho me parece...

¿Qué opinión le merece lo que pasó con los incendios: la gestión de la Junta de Castilla y León y cuál es la alternativa?

Mi pueblo ardió y los voluntarios apagamos el fuego, y el otro día tuve que escuchar a 20 centímetros de mi cara de una miembro del Partido Popular decir que había sido una gestión modélica en Europa. No había escuchado semejante barbaridad en toda mi vida.

No había medios aéreos. Las brigadas, por supuesto, también las han privatizado. Eran críos, cobraban 800 euros, estaban 16 horas trabajando y tenían un bocata que yo me lo comía con 3 años. Las condiciones en las que estaba esa gente eran inhumanas.

Todo el mundo conoce las palabras de este hombre que no le importa que le graben. Ha dicho [el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones] públicamente que es caro e innecesario mantener el operativo contraincendios todo el año. Frente a eso, nosotros lo que pensamos es que tiene que haber bomberos forestales en cada comarca. Los incendios se apagan en invierno, hay que hacer cortafuegos, hay que hacer planes silvopastorales, hay que limpiar los montes... Eso no significa, como dicen en la extrema derecha, talar bosques. No, limpiar es otra cosa.

La gestión es nefasta y, bueno, también tengo una opinión sobre dónde debería estar el máximo responsable o los máximos responsables de esa gestión, que son Quiñones y [Alfonso Fernándes] Mañueco, [el presidente de la Junta]. Yo creo que deberían estar 'a la sombrecita' de un calabozo, porque han muerto cuatro personas en León, miles de animales salvajes que nunca vamos a saber las cifras porque no quieren y han muerto cientos de animales domésticos de explotaciones que tienen que cerrar, que prometieron pagar, no se sabe tampoco qué cuantía porque eso lo establecen ellos, pero a día de hoy no se ha cobrado. Yo creo que aquí hay una responsabilidad.

El problema es que en la política de este país no hay responsabilidades, no hay dimisiones. Quiñones debería haber dimitido de inmediato, debería haber dado la cara, pero ahora saca leyes que contradicen a la Unión Europea, como poder cazar en esos lugares y poder pastar con nuestros animales. Yo creo que todo el mundo sabe que en 5 años ese terreno no se puede tocar. Y, otra cuestión que nos causa pánico, es qué restauración van a hacer ahí. Esperemos que no aparezcan los típicos pinos que les encantan en la Junta.

En la política de este país no hay responsabilidades. Quiñones y Mañueco deberían estar 'a la sombrecita' de un calabozo por la gestión de los incendios

Viene de una comarca [Laciana] marcada por la minería del carbón, y este pasado año hemos tenido siete muertos en la provincia de León en accidentes mineros que ya no tocaban, por decirlo de alguna manera. La transición justa parece que no ha llegado o que ha fallado. ¿Cómo lo valoráis desde Podemos?

La transición justa no ha llegado y no se la espera. Yo creo que ni siquiera éramos conscientes de que había explotaciones de ese tipo. La Junta sabía cuándo se cerraban las minas y se finiquitaban las centrales, ¿dónde están esas alternativas? No han llegado. En Podemos lo que decimos es que no podemos esperar a que lleguen. Tenemos que generar un nuevo modelo productivo y tiene que que salir de los productos que tenemos aquí: la ganadería, el turismo sostenible... ¡No hay otra!

Para eso son fundamentales cuestiones como el parque agroalimentario de El Bierzo, para que las ocho marcas de calidad que tienen, una de las comarcas que debería ser la despensa de medio país, sean muchas más. Es fundamental la terminal de carga del aeropuerto de León, la Feve... Y aquí es donde los consejeros te dicen, “Uy, madre, pero qué inculto, la Feve es de ámbito estatal y la terminal es de Aena, también ámbito estatal”. Bueno, anda. Como si no hubiese consorcios y mil maneras de intervenir la Junta. El parque agroalimentario, de hecho, es una promesa suya y ahí sigue en el limbo.

La transición justa no ha llegado y no se la espera. Tenemos que generar un nuevo modelo productivo con lo que tenemos

Y, entroncando con esto, están los macroproyectos energéticos.

Parece que es inevitable avanzar hacia un modelo de energías más limpias para cumplir los objetivos del cambio climático, pero a la vez se generan muchas tensiones en los territorios por la magnitud de estos proyectos.

¿Cuál es la propuesta de Podemos sobre estos macroproyectos?

¿Sabes cuál es la confusión? Que las energías renovables no todas son limpias. Ese es el gran error, y Podemos apuesta por las energías renovables. El macro no es la solución. Ni macrogranjas en el ámbito agropecuario, ni macroplantaciones de placas solares ni de molinos gigantescos...

Con 1.200 juntas vecinales, lo primero que hay que hacer es apoyar a esas juntas vecinales y lo segundo las comunidades energéticas. Por qué en mi pueblo hay un salto de agua que pertenece a, me da igual la multinacional que sea, y no puede ser un salto de agua que explote, gestione y dé energía prácticamente gratuita al pueblo. Por qué se echa la gente las manos a la cabeza cuando decimos que necesitamos una empresa pública de energía en León.

Tenemos a Ciuden, que es un centro de I + D + i, que dependiendo de cuál sea el Gobierno lo apoya y lo deja subsistir o si llega otro lo asfixia y no le da dinero. Por qué las centrales de biomasa no son un poco más pequeñas, se captura CO2 y no se contaminan... Ya tuvimos empresas públicas de energía, lo que pasa que alguien se ocupó de privatizarlas, a lo mejor es que luego iban a trabajar a esas empresas. No sé, seré yo mal pensado.

El ‘macro’ no es la solución: ni macrogranjas ni macroplantas

En las elecciones del 2022 consideraba que Podemos era la formación más leonesista de las Cortes de Castilla y León. En un momento en el que el leonesismo está más en boga quizá que nunca, y también que puede ser decisivo en la provincia, ¿cuál es la posición de Podemos de cara a este 15M?

Nosotros lo tenemos muy claro. Apostamos por un referéndum, una consulta, o llamémosle como queramos. Además estamos convencidos de cuál sería el resultado. Estoy convencido de que León no quiere estar en esta Autonomía, porque nos están echando.

Hay que hacer varios matices y varios apuntes. El Bierzo, por ejemplo, sería necesario potenciar el Consejo Comarcal, porque a un berciano el tema del leonesismo tampoco le gusta mucho. Ellos tienen otro sentimiento... Somos una provincia inmensa y muy diversa, y eso lo único que hace es enriquecer. Hay que potenciar las comarcas.

Apostamos por un referéndum. León no quiere estar en esta Autonomía, porque nos están echando

Y, luego, lo que nosotros no vamos a querer nunca es un Reino de León. Suena un poco extraño, en Podemos el tema 'Reino' nos cruje bastante. Los antecedentes de nuestra monarquía tampoco dan para mucho más. Hay gente que habla de un leonesismo y de repente meten a Zamora y a Salamanca. Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo bastante tengo con ser candidato por León y con hablar de mi provincia.

Creo que hay un leonesismo cada vez más profundo aquí y además provocado por este Gobierno de la Junta de Castilla y León que nos maltrata políticamente, nos aísla y que tiene un plan de acabar con todo lo rural. Es verdad que ese plan no se circunscribe solamente a León, hacen lo mismo en otras provincias, pero creo que hay que hacer esa consulta y votar, porque hay una percepción en la calle.

¿Cómo debería ser ese referéndum o consulta y cómo la Autonomía de León?

Yo creo que deberíamos preguntarle a los leoneses y a las leonesas, indudablemente. Se han hecho muchísimas consultas y muchísimos Ayuntamientos han hecho ya los trámites hace años y han hablado de ese leonesismo. No tendría sentido preguntarlo en Ceuta ni creo que tampoco en Segovia.

Cuando algunos hablan de Reino de León, imagino que Salamanca y Zamora muy felices tampoco están en esta Autonomía, pero que se lo pregunten a ellos. Nosotros bastante tenemos con con lo nuestro.

Si Podemos fuese llave para formar un Gobierno autonómico, ¿estaría dispuesto a facilitar la presidencia del PSOE? Y, ¿cuáles serían las líneas rojas en caso de que la respuesta fuese afirmativa?

Nosotros ya formamos un Gobierno con ellos. Lo que pasa es que el PSOE a veces es socialista y a veces es otra cosa. Nosotros gobernamos muy bien con ellos cuando son un poquito socialistas. Desde luego lo que están haciendo en el Gobierno central son unas líneas rojas clarísimas. Tienen que dar la cara respecto al tema de la OTAN, al conflicto de Israel y a todas las cuestiones que no se puede uno poner de perfil.

Es especialmente sangrante el conflicto del genocidio que los israelitas están llevando a cabo en Palestina. Cómo apoyan a Donald Trump o se callan sin tener en cuenta que esa cabeza pensante puede invadir mañana a cualquiera. No es cuestión de Venezuela o Irán, es que mañana puede invadir a Bélgica porque a saber lo que habrá ahí dentro de esas neuronas medio apagadas. Entonces, las líneas rojas las marca el propio PSOE. Lo que es bastante evidente es que nosotros no facilitaríamos el Gobierno a otras formaciones.

Ya gobernamos con el PSOE y no facilitaríamos el Gobierno a otras formaciones

¿Y línea rojas que se tuvieran que cumplir en León?

Esa consulta sería una línea roja, pero ahí el PSOE también está muy dividido, porque el alcalde de León sí que apuesta por ello y, sin embargo, el PSOE como partido autonómico no. Y que sea muy claro. No nos sirve un PSOE que divague, que se ponga de perfil. Queremos saber cuál es su opinión sobre el mundo rural, también apoyan los macroparques, sabemos lo que han firmado o dónde se han abstenido como en el tema Mercosur, que la gente habla muy poco de ello, pero el Mercosur se va a cargar al campo, por ejemplo, de Castilla y León. De momento está paralizado gracias a a Podemos en la Unión Europea. Tendríamos que tener una negociación seria y asegurar que se cumplan nuestras premisas, que son muy claras.

La consulta leonesista es una línea roja

Durante esta campaña se está produciendo un gran desembarco de 'primeras espadas' de los partidos mayoritarios tanto en León como en Castilla y León, ¿qué campaña va a hacer Podemos en la provincia?

Ya han venido el otro día a la manifestación de la Sanidad en Valladolid Ione [Belarra] e Irene [Montero]. La agenda de estas personas es prácticamente día a día, pero siempre nos hemos sentido muy apoyados.

En el 2022 vino Pablo Iglesias y no tengo ninguna duda de que ahora nos van a apoyar. De todas maneras, tampoco es algo especialmente significativo. Creo que estamos en un momento en que las campañas son otra cosa. Los mítines espectaculares que llenaban estadios de fútbol se han acabado. La gente no quiere eso. Ahora hay que adaptarse.

Ahora hay campañas en redes sociales, en prensa, esta entrevista... Lo que hay que insistir es en que la gente se lea los programas y, sobre todo, tenía que haber un notario para obligar a cumplirlos, porque el papel lo acepta todo.

La precampaña autonómica ha llevado este miércoles al PSOE de León hasta Camponaraya, donde la candidata socialista a las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, ha cargado contra la Junta por los retrasos en infraestructuras hidráulicas y de regadío que, según ha advertido, están “poniendo en riesgo miles de hectáreas de cultivo” en El Bierzo.

Rubio, acompañada por el también candidato Benjamín Fernández, el senador Salvador Vidal y el alcalde de Camponaraya y expresidente de la Diputación, Eduardo Morán, ha señalado que mientras el Gobierno de España está realizando “la mayor inversión en modernización de regadíos de las últimas décadas”, la Junta de Castilla y León estaría incumpliendo sus compromisos y retrasando actuaciones de su competencia.

La candidata socialista ha afirmado que el Ejecutivo central “está cumpliendo con los agricultores del Bierzo, invirtiendo y ejecutando obras clave”, mientras que el Gobierno autonómico “vuelve a fallar y abandona al campo leonés”. Ha advertido de que los retrasos no son meramente administrativos, sino que se traducen en “pérdidas económicas reales para agricultores y cooperativas” que ven comprometidas sus campañas.

Por su parte, el senador Salvador Vidal ha detallado que en actuaciones como la Margen Izquierda del Porma o el Canal de Arriola, el Estado ha finalizado su parte y garantiza el riego desde el 1 de abril, pero la Junta no ha ejecutado infraestructuras básicas como balsas, estaciones de bombeo o procesos de concentración parcelaria. Vidal ha calificado de “inaceptable” que el ITACYL acumule retrasos mientras el PP solicita el apoyo del sector agrario berciano.

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, ha puesto el foco en el Canal Bajo del Bierzo, donde la falta de ejecución de un bypass por parte de la Junta estaría afectando directamente a cultivos frutales y hortícolas. Según ha explicado, en algunas zonas los propios agricultores se están viendo obligados a asumir trabajos ante la falta de actuación autonómica.

Los socialistas han enmarcado estas críticas en el contexto preelectoral, contraponiendo “dos modelos distintos”: el del Gobierno central, que según sostienen invierte y ejecuta, y el de la Junta del PP, al que acusan de prometer sin cumplir. A su juicio, el futuro del sector agrario berciano pasa por un cambio político en Castilla y León.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ha acusado al equipo de gobierno de Marco Morala de pretender frenar el pago de deuda con el objetivo de obtener liquidez a corto plazo, una decisión que, a su juicio, “agrava la situación financiera” del Consistorio y compromete su estabilidad futura.

Ramón, en rueda de prensa, aseguró que la liquidación del cuarto trimestre de 2025 confirma las advertencias que el PSOE viene realizando desde el inicio del mandato y que, según afirmó, no han sido atendidas.

A su entender, el actual Ejecutivo municipal acumula incumplimientos tanto del acuerdo de gobierno como del pacto alcanzado con los socialistas para aprobar los presupuestos de 2024.

En su intervención, el portavoz socialista criticó además decisiones como la “venta de suelo a la carta” y cuestionó la gestión patrimonial del equipo de Morala. “Es el PP de siempre”, afirmó, al tiempo que advirtió de que la herencia económica que dejará este mandato será “muy complicada”.

Ramón auguró también que el Ayuntamiento deberá asumir una deuda superior a los 10 millones de euros derivada de los contratos de agua y basura, lo que calificó como “una patada hacia adelante” de la que “alguien tendrá que hacerse responsable”.

Por su parte, la concejala socialista Mabel Fernández denunció el incumplimiento reiterado de los principios de sostenibilidad financiera y de la regla de gasto, una situación que, según sostuvo, se arrastra desde el inicio del actual mandato.

Fernández recordó que la sostenibilidad financiera implica la capacidad del Ayuntamiento para afrontar sus deudas a corto plazo con recursos propios y aseguró que el equipo de gobierno ha gastado por encima de los ingresos “desde el primer momento”.

Según explicó, los servicios económicos municipales ya advirtieron de esta situación al liquidar el presupuesto de 2023, con un informe que reflejaba un incremento del gasto de cuatro millones de euros y situaba al Consistorio en un déficit superior a los 2,6 millones.

Ante ello, se elaboró un Plan Económico Financiero que obligaba a contener el gasto, reducir contratos menores y reforzar los mecanismos de control y transparencia para recuperar la salud económica que, según recordó, el Consejo de Cuentas había reconocido en 2023 tras la reducción de deuda.

Sin embargo, Fernández sostiene que las advertencias no han sido atendidas y acusó al alcalde de presidir “un gobierno de despilfarro improductivo”. De hecho, aseguró que tras apenas un año de mandato fue necesario aprobar un nuevo plan de ajuste.

Izquierda Unida (IU) ha pedido este lunes la dimisión del alcalde de Valdelugueros y diputado provincial del PP, Emilio Orejas, tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar y depurar su padrón municipal por empadronamientos irregulares. La formación considera que el fallo judicial deja en una situación “políticamente insostenible” al regidor, que lleva más de 25 años al frente del Consistorio.

La petición llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León estimara íntegramente el recurso presentado por tres concejales del PSOE y anulara la negativa del Ayuntamiento a revisar el padrón. La sentencia ordena iniciar expedientes de baja de oficio respecto de las personas identificadas que no residen habitualmente en el municipio y condena al Consistorio a pagar las costas.

Más de 500 empadronados y 178 tarjetas sanitarias

El procedimiento judicial partía de la denuncia presentada en 2021 por tres ediles socialistas, que alertaban de un padrón “inflado” en un municipio golpeado por la despoblación. Entre los datos analizados por el juez figura un contraste significativo: más de 500 personas empadronadas frente a solo 178 tarjetas sanitarias activas, en una población mayoritariamente envejecida.

El magistrado consideró este desfase un “indicio vehemente” de residencia ficticia y subrayó que el padrón no puede utilizarse con fines instrumentales, sino que debe reflejar la residencia habitual real. Durante el juicio, al menos dos personas reconocieron que su empadronamiento respondía a la necesidad de cumplir requisitos administrativos para obtener licencias de caza en el coto local, y no a una estancia efectiva en el municipio.

La sentencia también declara nula la negativa del Ayuntamiento a facilitar acceso telemático a la documentación solicitada por los concejales denunciantes, al entender que vulneró su derecho fundamental de participación política.

IU: “Un daño a la limpieza democrática”

En su comunicado, Izquierda Unida sostiene que la resolución judicial confirma “una gestión opaca y contraria a la legalidad” y subraya que la depuración del padrón afecta directamente a la limpieza del proceso democrático en el municipio. La formación recuerda además que no es la primera vez que Orejas se enfrenta a un fallo de este tipo: en 2011 ya fue obligado judicialmente a dar de baja a 136 empadronados irregulares, cerca del 30% de la población total en aquel momento.

IU considera que el hecho de que el Ayuntamiento no recurriera la sentencia refuerza la gravedad de los hechos y reclama “asumir responsabilidades políticas inmediatas”. A su juicio, mantener al alcalde en el cargo tras este pronunciamiento judicial “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”.

Un alcalde con larga trayectoria provincial

Emilio Orejas gobierna Valdelugueros desde 1999 y es uno de los alcaldes con mayor trayectoria de la provincia. En 2014 asumió la Presidencia de la Diputación de León tras la detención de Marcos Martínez Barazón en el marco de la trama Púnica, y ejerció el cargo hasta junio de 2015. En la actualidad continúa como diputado provincial del Partido Popular.

La sentencia no acuerda directamente las bajas padronales para evitar indefensión, pero obliga al Ayuntamiento a abrir los correspondientes expedientes con audiencia a los interesados y a ajustar el padrón a la realidad residencial. El proceso administrativo deberá iniciarse ahora bajo la supervisión de lo ordenado por el juzgado.

Mientras tanto, el debate político en la Montaña Central se reabre con la exigencia de responsabilidades y con un padrón cuya depuración efectiva sigue pendiente.

La política municipal de San Andrés del Rabanedo ha entrado en una semana de escalada de tensión justo cuando el calendario empieza a apretar en clave electoral. En el tercer Ayuntamiento de la provincia en número de habitantes, a los problemas estructurales de funcionamiento, con vacantes en puestos clave y una plantilla tensionada, se le suma ahora un choque abierto en las comisiones informativas previas al Pleno de la semana que viene, con cruces de acusaciones, expulsiones denunciadas por la oposición y un Gobierno en minoría de UPL que coloca el foco en el “bloqueo” del resto de grupos.

Este pasado jueves, el PP ha denunciado la expulsión de su portavoz de la comisión de Servicios Generales y habla de “insultos” por parte del concejal leonesista Alejandro Calvo. Por otro, IU-Podemos ha enviado este viernes una nota de prensa en la que denuncia la expulsión de su portavoz de la comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno, que dirige Andrés Vidales (UPL), vinculándolo a la falta de transparencia y al debate sobre la grabación de las sesiones.

En paralelo, el equipo de Gobierno de UPL ha respondido con un comunicado en el que carga contra todos los partidos de la oposición salvo Ciudadanos y la concejala tránsfuga que abandonó el grupo 'popular' pero no entregó el acta. Los acusa de bloquear “cuestiones clave” y pone como ejemplos la tasa de residuos y el edificio Araú, dos asuntos que vuelven a convertirse en campo de batalla político, entre medias verdades y mentiras manifiestas.

Un Ayuntamiento “a base de parches”, con el debate político al rojo vivo

San Andrés del Rabanedo llega a final de semana con un cóctel institucional difícil de digerir: carencias de personal en puestos sensibles, tensión política en comisiones y un cruce de comunicados que retrata un Gobierno en minoría (UPL) que sitúa el problema en la oposición, y una oposición que denuncia prácticas de expulsión y falta de transparencia.

La situación interna del Consistorio es compleja. El Ayuntamiento busca arquitecto técnico mediante una comisión de servicios temporal tras la jubilación del titular el pasado verano, una figura que acumulaba una larga lista de competencias estratégicas. Al mismo tiempo, el puesto de secretario se cubre con carácter interino y el de interventor de forma accidental desde 2024. De las tres figuras de habilitados nacionales, solo Tesorería está cubierta en propiedad. A ello se suma que la estabilización de 101 trabajadores municipales interinos sigue sin resolverse más de un año después de que venciera el plazo legal fijado por la Ley, con una tasa de interinidad cercana al 43%.

El diagnóstico se completa con un dato que agrava el escenario: el absentismo laboral ronda el 14% de la plantilla. De los aproximadamente 270 trabajadores municipales, el mes de febrero arrancó con 37 empleados de baja. En un Ayuntamiento donde varias plazas clave están cubiertas de forma provisional y la estructura administrativa arrastra años de precariedad organizativa, cada ausencia tiene un impacto directo en el funcionamiento diario de los servicios públicos.

En ese clima, el equipo de Gobierno ha difundido una nota en la que llama a la “responsabilidad”, pide “fin del bloqueo” y acusa a “buena parte” de la oposición de mantener una estrategia de desgaste que “paraliza iniciativas fundamentales”. La oposición, por su parte, sostiene que el problema no es el bloqueo, sino la falta de planificación, de consenso y de garantías jurídicas en las propuestas que se llevan a comisión y a Pleno.

Dos expulsiones en comisiones y una palabra que se repite: “respeto”

La escalada se produce después de varios episodios en comisiones informativas esta semana. Por un lado, el Gobierno niega “trato vejatorio” hacia la portavoz del PP, Noelia Álvarez, y asegura que es ella quien interrumpe, incumple tiempos y falta al respeto, hasta el punto de que, según su versión, se la habría expulsado ya “de dos comisiones y de un Pleno” tras reiteradas llamadas al orden. Desde el equipo de Gobierno sostienen que las presidencias de las comisiones están obligadas a garantizar el correcto desarrollo de las sesiones y que no se puede permitir, afirman, que se conviertan en espectáculos o en debates fuera de turno.

La versión del PP es diametralmente opuesta. Los ‘populares’ hablan de “insultos” y “trato vejatorio” por parte del concejal de UPL Alejandro Calvo cuando su portavoz preguntaba por contrataciones vinculadas a una subvención de la Junta y por trabajos municipales en competencias de otras administraciones. Para el principal grupo de la oposición, no se trata de un problema de formas sino de fondo: denuncian que se intenta impedir o desacreditar la labor de fiscalización que corresponde a la oposición y piden el cese del edil leonesista.

Por otro, IU-Podemos ha denunciado este viernes la expulsión de su portavoz, Laura Fernández, de la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno a cargo del leonesista Andrés Vidales, después de anunciar que grabaría la sesión. La formación de izquierdas considera la medida “desproporcionada” y la enmarca en un problema de transparencia: recuerda que el Pleno aprobó por unanimidad una moción para grabar las comisiones, pero sostiene que ese acuerdo aún no se ha implementado. IU argumenta que la decisión de registrar la sesión respondía precisamente a la necesidad de dejar constancia de intervenciones y criterios cambiantes, mientras que el Gobierno entiende que esa grabación no estaba autorizada en ese momento y que vulneraba el funcionamiento interno acordado.

La palabra que se repite en todos los comunicados es “respeto”, pero cada parte la utiliza con un significado distinto: para el Gobierno, respeto a la presidencia y a las normas de funcionamiento; para la oposición, respeto al derecho a preguntar, grabar y ejercer control político sin temor a ser expulsado de la sala.

El argumentario de UPL: tasa de basura y Araú como ejemplos de “bloqueo permanente”

Como defensa, el Gobierno municipal resalta en su comunicado dos ejemplos de lo que llama “bloqueo permanente”. El primero es la tasa vinculada al tratamiento de residuos, anteriormente conocida como tasa de Gersul, que reconoce que es de “obligado cumplimiento”, pero que nunca han aprobado. No hacerlo supone dejar de ingresar “en torno a un millón de euros anuales”, algo que según UPL es responsabilidad de la oposición, a pesar de que la medida lleva dos años sin llegar siquiera a debatirse y votarse en Pleno.

En 2023 la ordenanza fue rechazada por el voto en contra de PP y PSOE, ante la alerta del impacto que tendría obligar a las juntas vecinales a pagar por bienes ya cedidos al propio Ayuntamiento. En 2024 el equipo de Gobierno intentó aprobarla por la vía de urgencia, pero ni siquiera prosperó la comisión previa por falta de apoyos y Alcaldía terminó desistiendo del procedimiento. En 2025 se volvió a intentar introducirla también por urgencia en el último Pleno del año, sin haber pasado por el debate ordinario en comisión informativa, y la oposición volvió a tumbar esa urgencia. El resultado es que el Ayuntamiento asume por tercer ejercicio el coste del servicio, en contra de lo que marca la Ley, pero la ordenanza nunca ha culminado una tramitación completa ni ha logrado cerrar las discrepancias técnicas y políticas existentes.

El segundo es la apertura del edificio Araú. UPL sostiene que la oposición ha bloqueado la “ampliación de usos” que, según el equipo de Gobierno, era necesaria para “permitir su salida a licitación” y desbloquear su apertura.

También aquí el trasfondo es más complejo. Araú fue rehabilitado con cerca de seis millones de euros de fondos públicos estatales para un uso sociocultural concreto. Cuando el equipo de Gobierno planteó ampliar esos usos para poder ceder el inmueble de forma gratuita y por un largo periodo a la Fundación UAPO, legado de 'Spiriman', la oposición exigió informes completos y garantías jurídicas. El Ministerio de Vivienda recordó por escrito la obligación de mantener un uso público acreditado durante 50 años y advirtió de que no podía derivarse hacia un uso privativo. En el Pleno en el que se votó la ampliación, el punto llegó con dictamen negativo en comisión y con informes contradictorios, y fue rechazado por la mayoría de la corporación. No se votó en contra de abrir el edificio, sino en contra de hacerlo en las condiciones planteadas.

En paralelo, la nota de UPL subraya algunas actuaciones de su mandato: la convocatoria de diez plazas de empleo público “tras años sin una sola convocatoria” y el inicio de una comisión de servicios para cubrir la plaza de arquitecto técnico, además de programas de empleo vinculados a subvenciones que, según el Gobierno, generan “en torno a 40 puestos de trabajo” temporales.

Frente a ello, la estabilización de 101 trabajadores interinos sigue sin resolverse más de un año después de vencer el plazo legal y puestos clave como Secretaría o Intervención continúan cubriéndose de manera provisional. Dos interpretaciones enfrentadas sobre los mismos hechos que, en pleno clima preelectoral, elevan el tono de una legislatura marcada por la minoría del Gobierno y la dificultad para sacar adelante sus iniciativas.

Lo que denuncia IU: grabar comisiones, “cambios de criterio” y miedo a la inseguridad jurídica

El debate ahora, para IU, no es la tasa de basura o Araú, sino el funcionamiento interno del equipo de Gobierno leonesista en el tercer Ayuntamiento de la provincia. Su nota sitúa la expulsión de su portavoz en una dinámica que considera “alarmante”: expulsiones por intervenciones críticas o por plantear preguntas incómodas, algo que, en su opinión, limita el debate democrático y desnaturaliza el papel de las comisiones informativas como espacios de control y fiscalización del Gobierno.

IU enmarca lo ocurrido no como un hecho aislado, sino como parte de un clima de creciente tensión en el que, sostienen, se reduce el margen de intervención de la oposición. La formación insiste en que las comisiones no son órganos meramente formales, sino el lugar donde se analizan expedientes, se solicitan aclaraciones técnicas y se anticipan posibles problemas jurídicos antes de que los asuntos lleguen al Pleno.

IU justifica la decisión de grabar por la existencia, según afirma, de “constantes cambios de criterio” y “comentarios contradictorios” en la presidencia de la comisión, y sostiene que buscaba “proteger” sus derechos como representante pública. Recuerda además que el Pleno aprobó por unanimidad la grabación de las comisiones y considera que la falta de aplicación de ese acuerdo genera inseguridad jurídica y opacidad. Desde su perspectiva, registrar la sesión no era un desafío a la autoridad de la presidencia, sino una medida de autoprotección ante posibles interpretaciones posteriores de lo ocurrido.

Para IU, el debate trasciende el episodio concreto: afecta, dicen, a la calidad democrática del Ayuntamiento y a la garantía de que los acuerdos plenarios como el de grabar las comisiones se cumplan efectivamente.

Una corporación partida y un relato en disputa: quién bloquea a quién

La fotografía política de San Andrés esta semana es la de una corporación partida. UPL, que gobierna con seis concejales en minoría, habla de una “alianza” entre grupos ideológicamente distintos para tumbar iniciativas y pide a la oposición “altura de miras” para sacar adelante asuntos que califica de “estratégicos” para el municipio. En su relato, una estrategia de desgaste político por parte de la oposición.

IU responde desde el terreno de la transparencia y el control democrático: si el Pleno acordó grabar comisiones, sostienen, ese compromiso debería cumplirse y no convertirse en motivo de expulsión. Y el PP, tras la expulsión de su portavoz, ha puesto el acento en el respeto institucional y en la obligación de permitir el control de la acción de gobierno sin descalificaciones personales.

En medio, los grandes asuntos del Ayuntamiento siguen sin resolverse mientras el cruce de acusaciones ocupa el espacio público. A pocas semanas de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el tono se eleva y la línea que separa la gestión municipal del pulso preelectoral se vuelve cada vez más difusa, en un Consistorio donde gobernar en minoría y fiscalizar desde la oposición se ha convertido en un equilibrio cada vez más frágil.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha pedido el cese inmediato del concejal de Servicios, Alejandro Calvo (UPL), por el trato vejatorio e insultos a la portavoz 'popular', Noelia Álvarez, a la que ha expulsado de la comisión informativa, ha informado el PP en una nota de prensa.

Los 'populares' han denunciando que el enfrentamiento se ha producido al preguntar Álvarez por las condiciones en las que están trabajando las 20 personas contratadas por el Ayuntamiento gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León y que han puesto de manifiesto “varias anomalías en su contratación y en el ejercicio de su trabajo diario”.

Además la portavoz 'popular' preguntó por qué trabajadores municipales están podando árboles situados en servicios que pertenecen a otras administraciones públicas.

Según la misma versión, el concejal leonesista negó la existencia de un contrato para la poda, cuando figura en la documentación facilitada al grupo del PP, y comenzó a “verter diversos insultos, calumnias, faltas de respeto y afirmaciones despectivas” hacia la edil 'popular', relativas tanto a su trayectoria política como vida personal. Para el PP, Alejandro Calvo “ha convertido la mentira y la manipulación en su gestión”.

Ante esta situación, desde el PP se ha solicitado a la alcaldesa, Ana María Fernandez Caurel, que destituya de inmediato al concejal al considerar que este tipo de comportamientos “son intolerables”.

“No se puede permitir el trato vejatorio que el concejal de UPL ha tenido con la portavoz 'popular' y todo porque no le gusta lo que le preguntas”, han explicado desde el PP, que ha añadido que no es la primera vez que esto sucede. 

La Justicia declara ilegal la negativa del Ayuntamiento de Valdelugueros a revisar su padrón municipal y obliga al Consistorio a depurar de inmediato los empadronamientos irregulares detectados. La sentencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso este medio, estima por completo el recurso presentado por tres concejales del PSOE y condena al Consistorio que dirige Emilio Orejas (PP) a iniciar expedientes de baja de oficio y a pagar las costas.

El fallo, dictado el 11 de diciembre de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, anula la resolución de la Alcaldía de 6 de octubre de 2021 y el acuerdo plenario de marzo de 2022 que aprobó la revisión del padrón sin atender antes las denuncias. Para el juez que ha llevado el caso, el padrón no reflejaba la “realidad residencial” del municipio y el Ayuntamiento actuó de forma contraria a Derecho al inadmitir las solicitudes de revisión.

Más de 500 empadronados y solo 178 tarjetas sanitarias

El procedimiento parte de la denuncia presentada en 2021 por tres concejales socialistas. Sostenían que el padrón estaba inflado desde hacía años y que no se correspondía con la realidad de un municipio golpeado por la despoblación.

Entre los datos más llamativos figuraba un desfase difícil de explicar: más de 500 personas empadronadas frente a únicamente 178 tarjetas sanitarias activas en una población envejecida. El juez considera este contraste un “indicio vehemente” de residencia ficticia, contrario a la lógica en un entorno rural donde la mayoría de vecinos son personas mayores que precisan atención sanitaria.

Empadronados para poder cazar

La prueba testifical resultó clave. Dos de las personas señaladas reconocieron ante el juez que su empadronamiento no respondía a una residencia habitual, sino a la necesidad de cumplir un requisito administrativo para obtener licencias de caza en el coto local. Admitieron que no solían dormir en el municipio y que vivían realmente en otras localidades.

La sentencia subraya que el padrón no es un trámite voluntario que pueda usarse con fines instrumentales, sino la constatación administrativa de un hecho: residir habitualmente en el municipio. Estas declaraciones, a juicio del magistrado, desvirtúan la presunción de legalidad de la actuación municipal.

Dudas sobre otros empadronamientos

El juez también analiza el caso de otra persona empadronada en una vivienda vinculada al entorno familiar del alcalde 'popular' y expresidente y actual diputado provincial de la Diputación de León entre el mes de noviembre del 2014 y el mes de junio de 2015. Aunque defendió que pasaba varios días a la semana en el municipio, la sentencia aprecia dudas razonables sobre la residencia efectiva, dada la distancia con su lugar de trabajo en otra comunidad autónoma y los errores detectados en la dirección inscrita.

Para el magistrado, estos indicios eran suficientes para que el Ayuntamiento hubiese abierto un expediente de comprobación en lugar de rechazar de plano la revisión solicitada por la oposición.

Vulneración del derecho de los concejales

El fallo no se limita al padrón. También declara nula la resolución de 29 de octubre de 2021 por la que el Ayuntamiento denegó a los concejales el acceso telemático a la documentación solicitada, alegando carencias técnicas.

El juez entiende que esa negativa vulneró el derecho fundamental de participación política del artículo 23 de la Constitución, al obstaculizar la labor de control de la oposición, y recuerda que la Administración está obligada a facilitar la información en formato electrónico cuando es técnicamente posible.

Un precedente en 2011 y las alertas del INE

No es la primera vez que el alcalde y expresidente provincial 'popular' Emilio Orejas se enfrenta a una sentencia por el padrón. En 2011 ya fue obligado judicialmente a dar de baja a 136 empadronados irregulares, cerca del 30% de la población total, en vísperas de las elecciones municipales.

Además, en febrero de 2023 el Instituto Nacional de Estadística incluyó a Valdelugueros en el listado de municipios leoneses con incrementos “significativos y no justificados” en el censo electoral, lo que permitió abrir la vía de impugnación ante la Junta Electoral.

Qué ordena ahora el juzgado

La sentencia estima íntegramente el recurso de los ediles socialistas, anula las resoluciones impugnadas y condena al Ayuntamiento a iniciar de forma inmediata expedientes de revisión de oficio y baja padronal respecto de las personas identificadas y de aquellas que reconocieron no residir habitualmente en el municipio.

El juez no acuerda directamente las bajas para evitar indefensión, pero obliga al Consistorio a tramitar los expedientes con audiencia a los interesados y a ajustar el padrón a la realidad.

La valoración del despacho Cordal

El abogado Víctor Álvarez Bayón, del despacho Cordal, que ha dirigido el procedimiento, lamenta que hayan sido necesarios casi cinco años de litigio para alcanzar esta resolución y que el municipio afronte procesos electorales con el padrón todavía pendiente de depuración efectiva.

Destaca además que el Ayuntamiento no ha recurrido la sentencia y que durante años se impidió a los concejales acceder al padrón con excusas como la supuesta inexistencia de medios técnicos, pese a que, según sostiene, sí existían. A su juicio, “merece la pena pelear estos asuntos” porque afectan directamente a la limpieza del proceso democrático y a la transparencia institucional.

Un alcalde por 'herencia' y con peso provincial

Emilio Orejas 'heredó' la Alcaldía de Valdelugueros de su padre, Miguel Orejas, en un relevo familiar que consolidó una continuidad política en el municipio de la Montaña Central. Desde 1999 sostiene el bastón de mando del Ayuntamiento, lo que le convierte en uno de los regidores con mayor trayectoria de la provincia.

Su carrera dio el salto al primer plano institucional en 2014. Tras el asesinato de la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y la posterior detención de su sucesor, Marcos Martínez Barazón, en el marco de la trama Púnica —por la que fue condenado y encarcelado—, Orejas asumió la Presidencia de la Diputación. Ocupó el cargo entre noviembre de 2014 y junio de 2015, en uno de los periodos más convulsos de la política provincial reciente.

Aunque su paso por la Presidencia fue breve, mantuvo su peso orgánico e institucional dentro del Partido Popular. En la actualidad continúa siendo diputado provincial en la Diputación de León por el PP, al tiempo que sigue al frente de la Alcaldía de Valdelugueros, cargo que desempeña desde hace más de un cuarto de siglo.

El PP de León centrará la campaña “en las personas” con una apuesta por “servicios públicos de calidad, baja fiscalidad y generación de empleo”, ha indicado la cabeza de lista María José Álvarez Casáis durante la presentación de la candidatura provincial este sábado en la capital.

Esta apuesta supone insistir, según Álvarez, en la trayectoria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta que ha permitido que “en Castilla y León seamos líderes en educación, en servicios sociales y dependencia y tener el segundo sistema sanitario mejor valorado” de España.

Con ello, ha proseguido, “nos permite afrontar el reto de convertirnos en una de las tres mejores comunidades del país”. “Somos ambiciosos”, ha recalcado la candidata del PP por León, quien ha abundado en que “van a trabajar, hablar con los ciudadanos y escuchar a la gente” porque “cuentan con el aval de haber cumplido lo prometido con más gestión y menos ruido”.

La cabeza de lista ha recordado las propuestas de la Junta para mejorar la vida de los leoneses, como el transporte público gratuito Buscyl, medidas para facilitar la conciliación como el bono infantil y bono concilia, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y las ayudas para el relevo generacional para los autónomos, entre otras.

Una apuesta por las personas que, según ha incidido, ofrece unos servicios públicos de calidad, una reducción de la fiscalidad y la generación de actividad que permita la creación de puestos de trabajo, otro de los avales que ha resaltado de la acción del gobierno de Fernández Mañueco en los últimos años.

También se ha referido a medidas para incentivar la actividad económica en la provincia, como han sido la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que se ha convertido en el desarrollo de suelo industrial más importante de Castilla y León, el Parque Tecnológico de León y el Polígono Industrial de El Bayo.

A ello ha sumado los proyectos “concretos y realizables” en La Llanada, en Ponferrada, así como los nuevos polígonos industriales de Villablino y Cistierna con más de 100 millones de euros de inversión en desarrollos de actividad económica.

Un ejemplo claro del compromiso con León, ha añadido, es el impulso de la nueva Facultad de Medicina y la puesta en marcha de la Policlínica Universitaria en el Campus de Ponferrada, dos iniciativas que “ya tienen consignación” en los presupuestos de la Junta tras el acuerdo firmado con la Universidad de León.

Una declaración de intenciones en la que la candidata, arropada por su candidatura en la que no se encuentra el actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha traslado la ilusión y ganas de trabajar de toda la lista electoral popular en la provincia de León.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha constituido una Junta Gestora en El Bierzo tras la dimisión del hasta ahora secretario comarcal del partido y procurador autonómico, José Ramón García, junto a otros dos miembros de la dirección berciana. La formación leonesista intenta así reconducir la situación interna abierta esta semana por las discrepancias en la elaboración de la lista electoral para las autonómicas del próximo 15 de marzo.

La decisión llega un día después de que García, Alfredo López Valdesoiro y María Dolores Álvarez anunciaran su salida de los cargos orgánicos del partido en la comarca, denunciando un cambio “unilateral” en la candidatura y acusando a la dirección de actuar al margen de los estatutos. En esa comparecencia, el todavía procurador autonómico vinculó su dimisión a la pérdida de peso del Bierzo en la lista y a la actuación de “una persona concreta” dentro de la dirección de UPL, sin llegar a decir ningún nombre.

En el comunicado remitido este martes, la formación que lidera Alicia Gallego evita entrar en el fondo del conflicto y pone el acento en la continuidad orgánica y política en El Bierzo. UPL asegura que la nueva gestora tendrá como objetivo “seguir trabajando y reivindicando las necesidades de la comarca”, a la que define como “una parte esencial de la Región Leonesa que no vamos a permitir que se quede atrás” .

El partido defiende además su trayectoria reciente en El Bierzo, citando iniciativas impulsadas desde las Cortes autonómicas como la rehabilitación del castillo de Cornatel, la puesta en marcha de la Unidad de Ictus en el Hospital El Bierzo, la ampliación del servicio de ambulancia en Puente de Domingo Flórez o la protección de elementos etnográficos como el lavadero de La Recuelga y los cortines de Fonfría, entre otras actuaciones.

UPL avanza también que la candidatura autonómica en la que trabaja la dirección incluirá a tres personas de El Bierzo, una más que en las elecciones de 2022, aunque subraya que la propuesta definitiva deberá ser aprobada por el Consejo General del partido, órgano que aún no se ha convocado. Los nombres de quienes integrarán la Junta Gestora berciana se darán a conocer “en los próximos días”.

La constitución de esta gestora busca cerrar filas y proyectar estabilidad interna en un momento clave para la formación leonesista, que parte con expectativas de mantener o mejorar su representación autonómica, pero que afronta la recta final hacia las elecciones con una crisis abierta en una de las comarcas políticamente más sensibles de la provincia.