En las últimas fechas he descubierto un León, financiero y económico desconocido por mí y creo que para muchos leoneses y que puede valer, entiendo, para la mayoría de los ciudadanos.

He descubierto gracias a unas conferencias de la ULE sobre la 'Financiación de la defensa en el nuevo contexto geopolítico europeo', un mundo… como decirlo... inédito para un servidor. Justo, en el que se muestra que la ULE tiene muy buena relación con el mundo de la defensa a través de los departamentos tecnológicos e ingeniería. 

A la par que me enteraba de esa importancia, comprendía cómo se podían ampliar las posibilidades de las Tierras Leonesas, en esta industria, que en estos momentos tiene algo más de mil empleados en diez centros específicos.

Por otro lado, he tenido la oportunidad, a la par que una gran satisfacción, de asistir a la entrega de los quintos premios de Aletic (Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), asociación que agrupa a 21 empresas asentadas en nuestra provincia con una plantilla de nueve mil empleados y con la intención de llegar a los diez mil a finales de año. Plantillas evidentemente de alta formación tecnológica universitaria, que han colocado al sector y a estas empresas en alto prestigio nacional e internacional, dado su preparación y perfeccionamiento.

También he tenido oportunidad de asistir a la 20.ª edición de Enise (Encuentro Internacional de Seguridad de la Información) que agrupaba a 190 entidades entre empresas de ciberseguridad e instituciones de 21 países, todo organizado y dirigido por el Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad con sede en León.

Me ha resultado fácil comprender que hemos llegado a esta situación debido a que algunos leoneses, que ocupan puestos de responsabilidad en determinadas empresas en el ámbito de defensa, y de otros que apostaron como empresarios con visión de futuro, por invertir y desarrollar sus ideas en su tierra. Estamos pues ante una situación debida, en gran parte, al empuje leonés y de leoneses. 

En este mundo financiero y tecnológico, se mueven, como he mencionado anteriormente, con gran habilidad y desenvoltura fuera de nuestras límites provinciales y nacionales, teniendo marcada necesidad de utilizar medios aéreos de transportes que... ¡No hay en nuestra casa! Al igual que ocurre para otros sectores productivos como el de Farmacia, en el que León es el tercer centro de producción nacional.

¿Y nuestros políticos qué hacen?

Y mientras tanto nuestros políticos, ni se inmutan ante el hecho de que no se instalen los modernos medios de aterrizaje en nuestro aeropuerto leonés, y, por ejemplo, en el de Granada sí. Ni ante los 12 nuevos destinos que se podían ofertar según determinadas empresas de vuelos. 

Tal proposición supone la posibilidad de desarrollo y por lo tanto de beneficio. El responsable en la Diputación del Consorcio, Octavio González contaba que se denegaron por falta de demanda. Me pregunto a qué valores atiende o sirve

Siguiendo en ese interés político por León, creo que hoy en la comparecencia del ministro Óscar Puente, antes de su dimisión, que había cuarenta proyectos de soterramientos de las líneas férreas –¡o las que fueran!–, una vez más (y no sé de qué nos sorprendemos), León y San Andrés no estaban incluidos.

Se habló también de las comunicaciones de cercanías, la Feve ¿No se puede considerar un cercanías? Y la comunicación La Bañeza-Astorga- León ¿No puede ser otra cercanía? Por el contrario, se destruyen las traviesas existentes, para que el restablecimiento de la vía férrea la Ruta de La Plata sea más costosa y así poder justificar mañana, la imposibilidad de su recuperación.

Estas son las algunas de las ultimas simpatías del PSOE hacia las tierras leonesas.

Pero, por el lado contrario, el PP y Vox que gobiernan este engendro autonómico, tampoco dan muestra de simpatía alguna por nosotros.

Recordemos las necesidades sanitarias de las Tierras Leonesas, tenemos una media menor de médicos y de enfermeras por habitante, y no tan sólo ante las determinadas por las autoridades sanitarias europeas, puesto que nuestros números son peores que otras provincias castellanas. Lo que nos lleva a una alta lista de espera para las operaciones quirúrgicas Así como la escasez de ambulancias fijas en algunos centros urbanos.

Promesas vanas para las tierras leonesas

En el ámbito escolar, se nos prometen institutos como el de Villaquilambre, y se sigue esperando, o el conservatorio se planifica pequeño, que aún sigue en obras. Siendo un problema la escasez de centros de educación o el mal estado de muchos de ellos a lo largo de las Tierras leonesas y no digamos escasez de profesorado.

Mientras se autoriza todo tipo de explotaciones mineras de fosfatos, oro; embalses nuevos reversibles, subir la cota de los pantanos existentes; la instalación de macro vertederos o de macro granjas (la ultima, una macroplanta de 100.000 toneladas de purines, residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, fermentados o con capacidad de fermentar que tienen impacto medioambiental para biometano en Algadefe). Sin tener en cuenta la denominación de los organismos internacionales a las Tierras Leonesa como el Sipam (Sistema Agrosilvopastoril Montañas de León) o las Reservas de la Biosfera.

En definitiva, lo técnico como las escuelas de Adif en San Andrés para Valladolid y la mierda para León. 

Me pregunto qué dicen los ayuntamientos leoneses, ante estas propuestas. ¿Se van a enfrentar a sus superiores negándose ante tales desmanes y negando autorización? ¿O sucumbirán para no desaparecer en las próximas elecciones municipales de las candidaturas?  

O la autorización de un Centro de datos en Monfarracinos (Zamora) dadas sus necesidades de agua, teniendo en cuenta su proximidad a los pantanos del Duero. ¿Por qué no lo colocan en Castilla? Al lado de su canal de agua, que utilizan como atractivo turístico, y de riego, todo gracias al agua que llevan de León

Conclusión a mí como leonés me dan tanto miedo los unos como los otros, dado que ninguno protege o desarrolla las Tierras Leonesas, luego mi alternativa son los candidatos de los partidos autonomista leoneses que se presenta en estas elecciones de carácter nacional.

Ni un viernes sin su multimillonario contrato privatizado de servicios básicos para la ciudad de León por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. La Junta de Gobierno de este viernes ha resuelto contratar, a las mismas dos empresas que hasta ahora, el servicio de conservación, reparaciones, obras de reposición y mantenimiento integral de las calles públicas de la ciudad.

El coste final de adjudicación ha resultado ser de 18,6 millones de euros para un periodo inicial de cuatro años, con opción a una prórroga de un año a mayores, lo que comprometerá al Consistorio hasta el año 2031.

Este contrato privatizado es el que deja en manos de compañías, y no de brigada municipal alguna, el mantenimiento de seguridad, accesibilidad y calidad las calzadas, aceras, plazas, parques, puentes, caminos y pasarelas peatonales de todo el término municipal. Las firmas seleccionadas, entre las cuatro ofertas presentadas a uno de los contratos más jugosos del Consistorio leonés, han vuelto a ser las que ya prestaban este mismo servicio en los últimos cuatro años: la unión temporal de empresas (UTE) formada por Seys Medioambiente SL y Sogesel Desarrollo y Gestión SL.

A través de una nota de prensa, el equipo de Gobierno detalla que el contrato se articula en dos grandes bloques de actuación anuales referidos a los servicios fijos, por un lado, y a las inversiones asociadas a precios unitarios, por otro. Los servicios fijos quedan adjudicados por un importe anual de 2.473.672,82 euros, tras aplicarse una baja del precio inicial de licitación del 13,31%, mientras que el bloque de inversiones asociadas a precios unitarios se sitúa en 1.251.198,43 euros al año tras una baja ofertada del 24,01%. Y es que le contrato partía de una cifra récord de nada menos que 27 millones de euros de licitación.

Aseguran ahora que el importe resultante de ambas bajas se reinvertirá íntegramente dentro del propio contrato para ampliar la extensión de las actuaciones y ejecutar un mayor volumen de obras de reposición en la ciudad. Las intervenciones abarcarán la renovación de pavimentos de calzada y zonas peatonales empleando aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos a base de resinas, contando cada prestación recibida con un plazo de garantía de tres años cuando se terminen los trabajos realizados.

Esta vez el contrato incorpora una novedad tecnológica y ambiental, resulta el Consistorio, ya que contempla el desarrollo, implantación y mantenimiento del software de gestión informatizada y control necesario para dar soporte a la denominada 'Vertical de mantenimiento viario', integrando la conservación física de las calles en el modelo de ‘smart city’ de la capital leonesa.

Igualmente, el contrato compromete a las firmas a aportar una flota de cinco vehículos con etiqueta ECO y el mantenimiento de los mismos puestos de trabajo que ya realizaban este mismo servicio, que suman un total de 16 puestos, entre titulado superior, encargado, responsable de organización, cinco oficiales de primera, otros tantos de segunda y tres peones, según consta en la documentación del contrato.

29 nuevas viviendas en La Lastra

La Junta de Gobierno Local también ha otorgado hoy licencia de obras para la construcción de un edifico de la parcela 31-1R de La Lastra, en la calle Juan Pablo II, donde se van a construir 29 nuevas viviendas. Se suma a numerosas y recientes licencias a mayores en un barrio que, aunque desarrollado hace años, es ahora cuando muestra mayor efervescencia constructiva.

La comarca leonesa de Babia contará con un nuevo espacio para la actividad cultural y asociativa, cambiando el uso y el aspecto de un viejo edificio sanitario actualmente en desuso. Es el Ayuntamiento de San Emiliano el que promueve, en la localidad del mismo nombre, este proyecto para convertir el antiguo inmueble que fue diseñado como consultorio y vivienda del médico en una Casa de Cultura, que recibe por nombre el Hogar del Parque.

Se tratará de un equipamiento público que reunirá salas de lectura, talleres, hemeroteca, espacios de trabajo y una zona destinada a los más pequeños. De momento permanece abierto el período de consulta de los pliegos y presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros y se financia mayoritariamente con fondos del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (Pios) del año 2025 de la Diputación de León.

El proyecto básico y de ejecución ha sido pilotado por la arquitecta Itziar Quirós Urdampilleta y plantea un considerable cambio desde el uso residencial original del inmueble a un equipamiento cultural y asociativo al servicio de los vecinos del municipio.

La intervención se desarrollará sobre el conocido inmueble situado en el número 8 de la calle La Era, dentro del casco urbano de San Emiliano. Y a diferencia de una rehabilitación integral, los trabajos se centrarán fundamentalmente en el acondicionamiento y la redistribución de los espacios interiores, puesto que tanto la estructura como la envolvente exterior ya fueron objeto de actuaciones de rehabilitación que finalizaron hace apenas seis años, en 2020.

Así, la futura Casa de Cultura distribuirá sus instalaciones en dos plantas comunicadas entre sí por una escalera interior. La baja estará dedicada principalmente a la recepción y a los espacios de actividad, con una sala de presentaciones, hemeroteca y taller cultural, además de aseos y otras dependencias auxiliares.

En la planta superior se habilitarán salas de lectura, espacios para el trabajo en grupo y un área infantil, con la intención de que el inmueble pueda acoger tanto actividades culturales como iniciativas formativas y encuentros vecinales. El proyecto contempla también acondicionar los espacios exteriores de la parcela, en un total de caso 400 metros cuadrados, nivelando el terreno, la instalación de césped y la creación de accesos pavimentados al inmueble.

Uno de los aspectos que destaca el proyecto será su apuesta por la eficiencia energética, en una comarca con un duro invierno. El edificio está concebido para alcanzar la condición de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo, con aislamiento térmico SATE, ventanas de PVC con certificación Passivhaus y un sistema de ventilación mecánica. A ello se sumará una instalación solar fotovoltaica de 6,30 kilovatios de potencia nominal para autoconsumo, así como un sistema térmico de 12 kilovatios para calefacción y agua caliente sanitaria. También se dejará preparada la instalación para incorporar un punto de recarga de vehículos eléctricos en el futuro.

El calendario establece un plazo de ejecución de obra propiamente dicha de ocho meses, eso sí, contando desde que se haya designado ya a la empresa con mejor oferta en el proceso ahora abierto. En ese plazo se desarrollarán de manera escalonada los trabajos de albañilería, revestimientos, carpintería, fontanería, ventilación, calefacción, electricidad y las telecomunicaciones, centrados básicamente en el interior.

Han pasado casi dos meses desde el inicio del presente curso escolar y más de 5.500 docentes de la provincia de León han sido llamados a la huelga durante este miércoles 4 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT. Las reclamaciones de los profesores y maestros incluyen una mejora en las infraestructuras de los centros educativos. Los defectos se presentan en casi todos los colegios e institutos leoneses, pero en algunos, como es el caso de Cembranos han pasado seis años dando clase en una caseta de obra. A pesar de las promesas de la Junta, la situación sigue bloqueada. 

Aunque no es el único centro que presenta deficiencias estructurales, el del colegio de Cembranos es uno de los casos más preocupantes de la provincia de León. Allí un grupo de niños de Primaria y sus maestros se ven obligados a dar clase en una caseta de obra, instalada hace seis años con el objetivo de que fuese una solución provisional, mientras se terminaban las obras de remodelación del centro. 

Sin embargo, las obras nunca se terminaron, después de que la empresa abandonase el proyecto en el año 2021, dejando la reforma inacabada y provocando que la caseta de obra provisional se haya convertido, a la fuerza, en un aula más del colegio. Se debería haber licitado un nuevo contrato para que una nueva empresa retomase los trabajos, pero la Junta se ha escudado curso tras curso en todos los eternos pasos administrativos que se deben llevar a cabo para que, por fin, la obra salga a nueva licitación. 

Después de seis años de bloqueo burocrático, el delegado territorial de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, aseguró ante la prensa leonesa durante el primer día del presente curso que en las próximas semanas se realizaría un nuevo contrato, lamentando a su vez la ristra de problemas que han condenado a alumnos y sus profesores a una situación dantesca. 

A pesar de ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha reconocido recientemente a este periódico que, aunque se han reformulado las mediciones del proyecto y hay dos empresas interesadas, la licitación no se ha llevado a cabo todavía, dos meses después del inicio del nuevo curso y de las declaraciones de Diego. Aun así, la Delegación Territorial afirma que “se licitará en breve”. 

“Una de las reivindicaciones clave de esta huelga es que los centros educativos estén adecuados a la educación del siglo XXI y que no sean un riesgo ni para el profesorado ni los alumnos”, explica Víctor Bejega, secretario general de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en León. “El caso de Cembranos es muy visual, porque se encuentran en un cubículo de obra, pero tenemos centros con goteras encima de servidores informáticos, salas sin usar repletas de humedades… Es una situación generalizada”. 

Bejega cita otros casos como el colegio Trepalio de San Andrés del Rabanedo, cuyo tejado se hundió en diciembre del año pasado; las humedades que CCOO denuncia en el CEIP San Miguel Arcángel (Ciñera) y el IESO La Pola de Gordón; o el gimnasio del IES Juan del Enzina, en el que si bien se ha intervenido en el suelo del pabellón, no se han solucionado las humedades del techo. 

“La inmensa mayoría de los centros educativos de la provincia de León son antiguos y necesitan labores de mantenimientos muy pormenorizadas y unas inversiones que no se están haciendo. El problema es que cada vez se acumulan los problemas, las calderas tienen cada vez más años, las humedades empeoran y el problema pasa a ser peor”, lamenta Bejega. Todo ello mientras durante el verano la Junta anunció 3.880.247 euros para trabajos de reparación en colegios e institutos de la provincia, entre los cuales no se encuentran los citados aquí. 

“Los docentes están cansados de tener que lidiar con condiciones de precariedad y de tener que poner voluntad ante la falta de recursos”. Sin embargo, los docentes son una de las dos caras de la moneda que paga la dejadez de las administraciones; la otra son los alumnos y sus familias. 

En el caso de Cembranos, las familias ya salieron a protestar frente al colegio en el año 2024, a cuya manifestación siguió una reunión con el actual delegado territorial de la Junta y el director provincial de Educación, Alberto Natal. En aquella reunión los dirigentes explicaron a padres y madres que la situación se había estancado en un proceso burocrático que, sin embargo, ya se ha resuelto. “Vinieron a hacerse la foto”, lamenta una de las madres del colegio. “Es verdad que el procedimiento pendiente es como nos explicaron, pero los plazos van muy extendidos. Las familias estamos muy indignadas porque sentimos que nos están tomando el pelo”, critica. 

Los niños de un curso siguen dando clase en la caseta y ahora que el frío ya ha llegado a la provincia de León comienza la etapa más complicada, y no solo a nivel curricular, sino que es en esta época cuando más reto supone afrontar semejantes condiciones de estudio y trabajo. Los pequeños recurren a llevar alfombras a la caseta que les sirve de aula, para limitar los efectos del suelo frío en contacto con sus pies. 

No solo eso, sino que cada año las deficiencias de espacio del colegio son cada vez mayores. Ahora que ha aumentado el número de alumnos los espacios para el comedor se han quedado pequeños. Sin olvidar que los alumnos de 0 a 3 años siguen teniendo que desplazarse hasta la Casa del Pueblo, cruzando un tramo de carretera nacional, con todo el riesgo que esto supone para las técnicos y los pequeños. 

Respecto a la nueva consejera de Educación de la Junta, recién llegada al puesto, CCOO se abre al diálogo: “Las exigencias son muchas porque las vejaciones han sido muchas. Pedimos a la consejera que se siente a negociar de forma honesta y real, que aborde todos los problemas que tiene la Educación Pública de Castilla y León”, sugiere Bejega. 

Las reclamaciones de los docentes en esta huelga pasan por la actualización del complemento autonómico, la compatibilidad de la carrera profesional con los sexenios, reducción de jornada para mayores de 55 años, reconocimiento de la función de tutor con una mayor retribución económica, mayor número de personal de administración y servicios, reducción de burocracia y mejoras en los centros educativos.

¿Cómo ha podido pasar el accidente de Urda con casi setenta muertos diez meses después del de Adamuz? ¿No se aprendió nada de lo de Angrois? ¿Es seguro viajar en Alta Velocidad en España? Estas preguntas asaltan a todos los españoles (y al mundo entero) tras ver cómo en este siglo unas doscientas personas han muerto por viajar en uno de los mejores y más avanzados sistemas ferroviarios del planeta. ¿Cómo ha sido posible que se haya degradado tanto un servicio ferroviario ejemplar hace 15 años para que dé miedo subirse a un tren en España?

Lo peor es que estos más que lícitos interrogantes no están planteados sobre un misterio. Todos los españoles eran conscientes antes de 2026 que algo estaba pasando en los ferrocarriles españoles, ya que los retrasos se habían vuelto lo común en un país que hacía diez años ponía a gala que ya tenía trenes más puntuales que los británicos. Y esas demoras estaban mostrando que faltaba inversión y mantenimiento. Pero de ahí a casi ciento veinte muertos en menos de un año en la misma línea que inició la red de Alta Velocidad hace casi 35 años, la Madrid-Sevilla, hay un trecho muy largo. Y horroroso.

No pasaban horas de empezar a conocer la magnitud en víctimas del accidente de Urda (las primeras imágenes con vagones desintegrados en la cuneta ya hacían intuir que iba a ser terrorífica), que en los mentideros del sector del ferrocarril se comenzaban a quejar de tres cosas principales: que debería ser imposible en el siglo XXI que choquen dos trenes en la misma vía, y más por alcance; que no podía ser un fallo humano con todos los sistemas de seguridad redundantes, sino técnico; y que todo esto estaba causado por las malas decisiones a la hora de mantener la infraestructura ferroviaria 'debido a la sustitución de los buenos perfiles técnicos por los políticos' en la alta dirección de Adif. Uno de los anteriores directores de comunicación de esta empresa pública, Miguel Ángel Uriondo, lo expuso claramente y sin ambages en esta intervención televisiva que es crucial ver para entender lo que ha ocurrido con la política interna llevada por Óscar Puente.

“No es un fallo humano, sino técnico”

Las dos primeras cuestiones son cosa para que resuelvan los técnicos, y obviamente hay que esperar a los informes para determinar qué pudo fallar en un sistema de seguridad que tiene una cantidad de capas tecnológicas redundantes que deberían haber frenado al AVE que chocó contra el Iryo, incluso ante las decisiones del maquinista y el Centro de Regulación y Control CTC de Atocha.

Pero lo que sí parece claro es que dejar la explicación en que hubo una serie de errores humanos que llevaron al desastre, es algo demasiado sencillo (y burdo según los ingenieros del ramo) que puede venir bien a los políticos para no asumir responsabilidades (y echárselas a los operadores, a los curritos que estaban en Atocha), pero que no hace ningún bien a los pasajeros. Sobre todo porque el sistema de seguridad ferroviario es eminentemente técnico, hasta en lo humano, y más en los protocolos de actuación de los reguladores de tráfico en circunstancias de alta incertidumbre de información y la comunicación entre el centro de Control de Tráfico Centralizado y los maquinistas.

Es decir, que no se puede resolver directamente sin más que el error se dio en la última capa del sistema (los seres humanos, los trabajadores) cuando todo lo demás, lo que jamás debe de fallar porque está diseñado de forma redundante para evitar un choque de trenes en la misma vía, no funcionó. Y más cuando se tiene en cuenta que los protocolos de actuación están diseñados mediante procesos técnicos, porque son en esencia reproducir lo que la tecnología hace, pero con seres humanos. Y aquí está la cuestión, que si los manuales de actuación tienen un vicio oculto (un fallo que no es visible en situaciones muy anómalas), el problema es técnico al final. Social, por fallos en la comunicación ante lo que hay que hacer en estos casos que provocan una alta presión y nerviosismo en los reguladores de tráfico y los conductores de trenes, pero eminentemente técnico; sin ser preferentemente tecnológico.

El comportamiento humano en situaciones estresantes es impredecible, salvo cuando se dan las instrucciones correctas para que esté más controlado. La comunicación entre los operarios durante un momento de crisis es fundamental. La mayoría de los accidentes aéreos se dan, precisamente, por malentendidos entre los pilotos y las torres de control, o por protocolos mal diseñados que ocultan inconsistencias graves en los manuales técnicos. Y eso en un sector, el aéreo, que pondera las trayectorias de sus aparatos en tres dimensiones espaciales. En el ferroviario los trenes van, dijéramos, sólo en dos dimensiones –adelante y atrás una; y la vía en la que están los convoyes, otra– con lo que debería ser más fácil saber dónde y cómo está (si en marcha o parada, y en qué carril) cada unidad.

Y sin embargo, las cosas fallan.

Prácticamente la gran mayoría de españoles han oído ya los audios del centro de control de Atocha hablando con los maquinistas (incluso el de otro conductor de tren indicando que algo se estaba haciendo mal con la orden de marcha, que debería haber sido a velocidad vista), y han notado la confusión que hay entre el factor (el operario regulador de tráfico) y un compañero (que bien pudiera ser uno de los supervisores del Control de Tráfico Centralizado), para al final dar una instrucción errónea al maquinista del AVE, no comunicarle que la del Iryo aseguraba que seguía parada... y lo que parece peor, que otro aseguraba que las normas decían que no podía arrancar a marcha normal, sino más lenta; lo que se llama 'marcha a la vista': ir a 40 kilómetros por hora, para ver trenes delante (o cualquier otro obstáculo en la plataforma de vía) con suficiente tiempo para frenar.

Algunos expertos se extrañaron de que en ese momento no se estuviera usando el sistema de comunicación a tres vías, que se usa en otros sectores como el aéreo o el nuclear (y en otros muchos más de alta seguridad operativa como las factorías químicas) para certificar que se está haciendo lo correcto por parte de quien da la orden y el que la ejecuta.

En este momento parece claro que –aunque el manual sí indicaba, aparentemente con claridad, que los conductores que advirtieron de que no se podía ir a 'marcha normal' en esas circunstancias tenían razón–, de alguna manera, se produjo un fallo en la comunicación y en la confirmación de todos los actores de la situación que llevó al desastre. Y bien puede ser lo que Raquel Ogando indica en su tuix de abajo: que tras haberse acostumbrado a hacer las cosas al arrebullón por las prisas de los cargos políticos de exigir a los reguladores de tráfico que muevan los trenes lo más rápido posible, y comprobar durante una larga temporada que no ha pasado nada malo... aumenta una desidia que eleva de tal forma el nivel de confianza en que no va a pasar nada, que se relaja la atención... creyendo que mágicamente se solventan las cosas, hasta que no ocurre lo de todos los días y se provoca una desgracia. Es lo que se llama la 'normalización de la desviación'; que lo que no debería hacerse nunca, se termina haciendo en todo momento al bajar la guardia inconscientemente sin darse cuenta de que es una verdadera temeridad. Merece la pena ver el pequeño vídeo a continuación para entender que la relajación en los protocolos y abandonar la cultura de la seguridad termina llevando –indefectiblemente y para desgracia de todos–, al desastre.

También es muy recomendable leer este artículo de Roger Senserrich, un gran conocedor de las operativas de control aéreas y ferroviarias, en el que muestra una conclusión de un informe de la extinta hace poco CIAF (la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) de Adif. Este organismo monitorizó el lenguaje usado en las comunicaciones de los CTC con los conductores de trenes... y su conclusión es que “el resultado fue espantoso”. De hecho la conclusión de la comisión es contundente: “Tanto la recurrencia de sucesos en los que las comunicaciones juegan un papel decisivo en la génesis del riesgo, como los resultados del sondeo realizado, ponen de manifiesto que las carencias en las comunicaciones operativas no constituyen hechos aislados, sino que configuran un factor de carácter sistémico dentro del sistema ferroviario”.

El mismo Senserrich da en la clave: “Dudo mucho que esta sea la primera vez que la CIAF, un responsable de seguridad de ADIF, un representante sindical o alguien con más autoridad que un tipo con un boletín sobre trenes hayan mencionado esto, y me gustaría saber por qué demonios la red española de ferrocarriles sigue operando así. Porque esta es la clase de prácticas de seguridad que si se siguen, evitan accidentes”.

O sea, que si el manual del protocolo de actuación no contempla ciertas técnicas de comunicación ya validadas por otros sectores que necesitan operativas de alta seguridad, está obsoleto y falla el diseño técnico de la respuesta... porque no se ha incorporado la técnica social adecuada para responder de la forma más segura al problema anómalo que se plantea en ese momento, mal. Y si encima se ha relajado tanto la cultura de seguridad que importa muy poco seguir los protocolos, o hacerles caso, peor; porque nadie se dará cuenta antes de que hay que revisar ese protocolo para que no ocurran desgracias.

Y este es el gran problema. Que se agrava al poner como responsable de seguridad en las operaciones de Adif a un periodista (sí, han leído bien), que sin ser ingeniero y mucho menos experto en un campo tan complejo y crucial no cabe esperar que resuelva la relajación en los protocolos de la última capa de control, la humana. Y al final, de tanto ir el cántaro a la fuente, ocurre lo que ocurre.

“Lo de tener protocolos de comunicación estrictos y claros [...] obliga a todos los actores a confirmar qué están haciendo explícitamente. Que en Urda estos protocolos no se siguieran es señal de una cultura de seguridad con unas lagunas tremendas, y es algo que, casi seguro, contribuyó a que se produjera el accidente”, concluye Roger Senserrich en su artículo sobre el tema.

Dejar al humano que en una situación compleja, estresante y en el que se le presiona, que resuelva... sin saber muy bien qué hacer o cómo se debe de comunicar para tener en claro que se pueda corregir la decisión tomada porque otros se lo corrijan y esa información le llegue a él y a los involucrados en la operación de regulación del tráfico en momentos de presión cuando todo lo automático ha fallado sin saber por qué ni qué está pasando en las vías... es un fallo clamoroso del sistema.

Por tanto, técnico.

Políticos por encima de los técnicos

La tercera queja planteada por los profesionales del sector –la que sobrevuela en la plantilla de Adif sobre la sustitución de perfiles técnicos por personas designadas por política que no tienen el perfil más adecuado para gestionar la infraestructura ferroviaria–, es algo que, paradójicamente, tienen que resolver... los políticos. ¿Qué ha ocurrido en Adif para que se hayan ido yendo los mejores técnicos, los que tenían lo que se define con el barbarismo expertising (vamos, la experiencia de años) para planificar mejor el mantenimiento de la infraestructura y, sobre todo, saber lo que NO se tenía que hacer pese a las presiones políticas?

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes, creada tras la entrada en tiempos del Gobierno del PSOE con Zapatero en 2005, con la división de la antigua Renfe –que paradójicamente se creó en 1941 para aglutinar todas las quebradas compañías ferroviarias de España, hasta entonces privadas, para unificar el servicio y la gestión de las vías férreas– que pasó a Renfe Operadora; la que hoy se encarga de gestionar los billetes de los viajeros y las unidades de la flota estatal: las máquinas y vagones de los convoyes que llamamos coloquialmente trenes. Posteriormente, en 2013, Adif también heredó la infraestructura de la extinta Feve. Su misión principal es la construcción de líneas de ferrocarril, la administración de la infraestructura, la gestión del tráfico ferroviario, el cobro de cánones y la realización de las obras encomendadas por el Gobierno.

Esto significó una división que no gustó ya nada entonces –en el primer año de Zapatero, pero que venía diseñada por el de Aznar– en el sector ferroviario. Y a lo largo de estos 21 años las tensiones entre los cargos políticos que se iban introduciendo y los puestos técnicos de toda la vida fueron incrementándose, hasta tal punto que cuando llegaron las restricciones presupuestarias aumentó más aún por la necesidad imperiosa de decidir qué se hacía o no por la falta de dinero. Esto fue provocando que a lo largo del tiempo el Gobierno fuera perdiendo la paciencia con los técnicos de la casa, que ponían toda clase de restricciones a sus decisiones políticas sobre qué debía tener prioridad (sobre todo preocupados por los posibles efectos del desgaste de la infraestructura en la seguridad), y a lo largo del tiempo fueron apartándolos en favor de gente que no les ponía problemas: directivos no especializados designados por los representantes públicos.

Tras lo de Angrois en 2013, un accidente provocado por no estar operativo el sistema ETCS-ERTMS que debía haberlo estado (un punto de coincidencia con el accidente de Urda), se pensó que la situación se solventaría. Pero hasta 2018 los presidentes de Adif fueron Juan Bravo Rivera y Gonzalo Ferrer Moltó, dos técnicos de alto perfil... en Hacienda y Administración General del Estado, mostrando que aún importaba más el dinero, y qué hacer con el poco que tenían, que el mantenimiento tecnológico de las infraestructuras ferroviarias. En 2018 entró Isabel Pardo de Vera (una antigua ingeniera de Adif que había salido de la empresa por discrepancias con la política adoptada), que fue sustituida por otra de la casa (cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Infraestructuras en 2021), María Luisa Domínguez, que hasta entonces era nada menos que la directora General de Planificación Estratégica y Proyectos en ADIF.

Esta última, una técnico de la casa muy valorada dentro de Adif, fue destituida por sorpresa en 2023 justo en la primera semana que llegó Óscar Puente al ministerio de Fomento con una decisión muy llamativa: porque el nuevo ministro lo hizo el día antes de que se abriera la obra más importante de la Historia del ferrocarril español, la Variante de Pajares, con lo que no pudo ni asistir a la inauguración. Una enorme ofensa en toda regla que indignó a la mayoría de trabajadores de la empresa pública, conscientes de lo que significaba.

Las dos primeras mujeres en presidir Adif, de una indudable altísima competencia técnica, sufrieron resistencias monumentales de los puestos politizados cuando primaban llevar a cabo las decisiones técnicas necesarias para intentar mejorar el estado de las vías, que habían sufrido mucho desgaste desde 2008 debido a las restricciones presupuestarias que causaron la falta de mantenimiento. Hasta tal punto fue la cosa, y el acoso, que hoy la segunda ya no trabaja en Adif; y ni siquiera en España, sino para la operadora ferroviaria de Canadá.

Si ya las tensiones internas entre los técnicos de la casa y los cargos políticos eran grandes, en los últimos años el poco halagüeño panorama ha escalado de tal manera que muchos de ellos, hartos del ninguneo de los avisos de que ciertas decisiones podían comprometer la seguridad de la circulación y temerosos de que, encima, les cayera a ellos la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir sin que los de perfil político asumieran ninguna –como se vio en el caso de Angrois, que el único culpable terminó siendo el maquinista–, comenzaron a abandonar el tren. Ya fuera para irse a otros destinos, empresas o países (como el caso de María Luisa Domínguez), o adelantando su retirada para cobrar la pensión y olvidarse de tanta incompetencia en la cúpula a la hora de efectuar trámites burocráticos que antes se hacían en una semana y ahora se tardan meses, e incluso hasta años. Y esto también es clave: la tasa de jubilación es alta y la de reposición es baja en la empresa estatal, con lo cual se está perdiendo el expertising, la experiencia y conocimientos claves para enseñar a los nuevos operarios; que, obviamente, no saben lidiar igual de bien con la complejidad de la red ferroviaria española que los veteranos.

El 'Síndrome de las Cajas de Ahorros'

El caso es que esto puede ir explicando el sentimiento pesimista generalizado que sobrevuela a la plantilla de Adif. Ser conscientes de que, con ciertas decisiones políticas por encima de las técnicas, no se está trabajando de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de lo que hasta hace 20 años eran unos ferrocarriles españoles que habían alcanzado la excelencia. Y lo que es peor, de forma inadecuada para la seguridad de los viajeros para que encima les echen la culpa.

No es, obviamente, que los ingenieros y trabajadores de Adif no lo hagan lo suficientemente bien en los trabajos que les encargan para garantizar que no haya accidentes –siguen siendo excelentes profesionales pese a las limitaciones que sufren y que ven aumentar cada año de cara a hacer bien su trabajo–, sino que las decisiones de los directivos más afines a los políticos que han ido colonizando Adif, hacían que se gastara el dinero allí donde todos veían que era secundario. En acciones que le importaban al Gobierno por algún favor que quería hacer a otros políticos o para conseguir más votos. La comidilla más negativa era que se veía venir una catástrofe. Y en 2026 han ocurrido dos gravísimas que no sólo les han dejado devastados, porque quien trabaja en el ferrocarril ama el sector como muy pocos otros, sino que son conscientes de que esto es una de las puntillas más nocivas al prestigio de una tecnología Marca España, la de la Alta Velocidad, que hasta 2025 se podía vender como puntera en el mundo entero.

En 2013 prácticamente desapareció otro gran concepto de lo que hoy consideraríamos Marca España de la de verdad, de la que construyó el país. Se extinguieron 43 de las 45 cajas de ahorro –entidades finacieras provenientes de los pósitos y montes de piedad para ayudar a los más pobres creadas a primeros del siglo XIX– tras la crisis inmobiliaria de 2008. Fulminadas por la exposición masiva al sector inmobiliario y una deficiente gestión de riesgos provocada por un cáncer interno que todos tenían claro desde hacía años: la politización de sus órganos de gobierno, ya que sus consejos de administración estaban ocupados por representantes políticos, empresariales y sindicales sin experiencia bancaria profesional.

Las circunstancias de Adif comienzan a parecerse sospechosamente a ese problema, a aquel 'Síndrome de las Cajas de Ahorro' que acabó con ellas, debido a los nefastos efectos que causó la progresiva politización de sus altos directivos. Perfiles sin conocimiento del sector que terminan desviando con pequeñas decisiones sumadas una detrás de otra el foco de las inversiones de verdad necesarias en primer lugar con decisiones exclusivamente técnicas.

Esto no quiere decir que estos perfiles nombrados a dedo por encima de criterios técnicos de ingeniería ferroviaria tomen las decisiones a sabiendas de que están perjudicando la seguridad de los viajeros. Sería absurdo acusarles de ello, como también sería decir que los cargos políticos de las cajas pretendían su desaparición, pese a las nefastas consecuencias de su mala gestión (sobre todo porque dejaron de cobrar y tener esos puestos). Pero en un sector que mueve tantos miles de millones (el Ministerio de Transportes concentra el mayor volumen de inversión real directa del Estado debido a su competencia sobre las grandes obras de infraestructuras del país con la red ferroviaria, las carreteras, puertos y aeropuertos) es muy, muy goloso poder ser nombrado en un cargo en el que se puede repartir juego con muchas empresas y, por ende, como parte de la carrera política, hacer muchos favores.

Favores que igual no hacen ninguno a las infraestructuras de ferrocarril, que necesitan de una atención precisa y rigurosa como un paciente con problemas emergentes de salud necesita a un médico de verdad y no a un curandero. O pequeños favores que terminan desviando la atención de lo importante en todo momento, que es garantizar la seguridad de los viajeros e impedir accidentes. Más cuando una pequeña inversión, o fijarse en tener a punto lo necesario en la fecha prevista (como haber tenido a tiempo el sistema ERTMS que lleva cinco años esperando la línea Madrid-Sevilla que se active) podrían haber evitado accidentes tan graves como el de Adamuz (46 muertos), por mucho que fuera altamente extraño que ocurriera con la mínima probabilidad de que pase un tren, cuando ha descarrilado otro segundos antes. O este último, tan horrorizante como indignante, por lo increíble de que pueda ocurrir en un ferrocarril del siglo XXI una aparentemente imposible cadena de errores tecnológicos y humanos que provocó el impensable para un ferroviario choque de trenes en la misma vía en Urda. El segundo en la misma línea de Alta Velocidad en 2026 en el que ha habido 69 fallecidos.

Y a estos hay que añadir los 80 de Angrois en 2013. Casi doscientos muertos en el ferrocarril español en pleno siglo XXI. Y con el diagnóstico de todos los expertos de que es absolutamente necesario afrontar, y con la mayor rapidez posible, que la política de infraestructuras ferroviaria de este país necesita un reinicio total –incluso planteándose cerrar temporalmente líneas enteras mientras se revisan–, con criterios técnicos bien pensados y que no estén al albur de las decisiones políticas del momento. Más cuando se produce una riada de muertos en accidentes de tráfico absolutamente irracionales para cualquiera que conozca mínimamente el sector ferroviario.

Hasta que pasa. Y no una, si no dos veces en un año. Y hasta tres veces en menos de 15 años.

Si los que más conocen la red ferroviaria española detectan que los síntomas del 'Síndrome de las Cajas de Ahorros' se están cronificando en su empresa más importante, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, hay que hacer algo.

Lo difícil del asunto es que quien tiene que acordar cómo hacerlo son los políticos. Pero parece clarísimo que es hora de actuar contra ese tipo de mal, no vaya a ser que el resultado sea mucho peor que aquel rescate financiero.

Si es que con el luctuoso incremento de desgracias mortales en siniestros impensables en cualquier red ferroviaria de un país avanzado... no lo ha sido ya.

El Gobierno de España sigue sacando contratos para conocer la afección real de las obras de la Variante de Pajares, la mayor obra de ingeniería ferroviaria del país con 4.000 millones de coste, a la comarca del Alto Bernesga de León, que ha sufrido el mayor 'robo' de agua de Europa según han denunciado los vecinos de la vertiente leonesa

En el año 2023, poco antes de la entrada en funcionamiento del trazado ferroviario, el Gobierno de España aceptaba corregir y compensar los graves desperfectos causados por la obra, que desviaron prácticamente un 'río' interno que regaba de agua los valles leoneses hacia Asturias. Lo hacía tras años de lucha de la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que lograron que el Ministerio para la Transición Ecológica aceptara en 2017 modificar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de la variante ferroviaria y estudiara los efectos de la misma.

Este 2026, 22 años después de colocarse la primera piedra de las obras bajo el Gobierno de José María Aznar, aunque como tal empezaron en condiciones en el 2005, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central sigue buscando saber qué salió mal ambientalmente. Económicamente ya se sabe que aquellas obras se presupuestaron en 1.085 millones de euros y con plazo de ejecución de 5 años, siendo finalmente de 4.000 millones el coste y casi 20 años de obras.

La sociedad semipública Tragsa es en quien ha recaído la elaboración de los informes del estado ambiental de la vertiente leonesa, reconocida como Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. En total se han convocado cuatro contratos, con varios lotes, el último hace apenas unas semanas y tras el fracaso de una convocatoria anterior.

El último versa sobre el estado de los prados de los valles afectados. Tragsa sacó una licitación en julio por importe de 25.000 euros que quedó desierta y ha vuelto a licitarlo, con plazo hasta el 11 de noviembre. Y este proviene a su vez del primer gran contrato adjudicado por Tragsa donde nadie quiso analizar el estado de los pastos.

A la tercera, el contrato busca determinar, en primer lugar, qué Hábitats de Interés Comunitario (HIC) de prados dependen de acuíferos, manantiales o aguas superficiales conectadas, y comprobar si pueden utilizarse como bioindicadores de una posible afección hídrica de la Variante de Pajares. El estudio se desarrollará en una zona de 16.194 hectáreas en los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón además de un pequeño enclave de Sena de Luna, y dentro de espacios protegidos como la ZEC Montaña Central de León y la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

El trabajo busca comparar la situación actual de los prados con su evolución desde el año 2000, analizando su estado cuantitativo y cualitativo, las amenazas que sufren y su estado de conservación. El pliego contempla además trabajos sobre biomasa, estado y productividad en distintos momentos temporales, junto con análisis bibliográficos y mediante imágenes de satélite.

Otro contrato de la pasada primavera, también de Tragsa, ya buscaba analizar otras variables ambientales del estado de la zona tras las obras ferroviarias y la pérdida de agua. Por 92.000 euros encargó la realización de un inventario de fauna ‘in situ’. El lote 1, adjudicado a IMATEC Innovación por 22.324,50 euros, estudiará los mamíferos terrestres; el lote 2, para Biosfera Consultoría Medioambiental por 18.537,20 euros, analizará los mamíferos semiacuáticos; el lote 3, adjudicado a la Asociación Herpetología Española por 22.738,32 euros, se centrará en la herpetofauna —anfibios y reptiles—; y el lote 4, nuevamente para Biosfera por 29.003,70 euros, realizará el inventario de ictiofauna, es decir, de las especies de peces.

Todos los lotes buscan identificar especies que puedan actuar como bioindicadoras de una posible afección de acuíferos, manantiales y aguas superficiales. Entre los mamíferos terrestres figuran lobo, gato montés, gineta, marta, turón, rebeco y oso pardo; entre los semiacuáticos, desmán ibérico y nutria; y entre anfibios y reptiles destacan la salamandra rabilarga, sapillo pintojo ibérico, rana patilarga, rana bermeja, lagartija serrana y lagarto verdinegro, además de otras especies. El inventario de peces incluye barbo común, bermejuela y boga del Duero. El contrato exige estudiar su distribución, abundancia, amenazas y estado de conservación y, sobre todo, determinar cuáles dependen de los recursos hídricos que se pretenden analizar.

Y el primer contrato puesto en marcha este año se dividió en tres lotes, destinados a estudiar otros indicadores ambientales. El que analizaba los pastos y prados de interés comunitario, incluida su biomasa, productividad y estado de conservación desde el año 2000, quedó desierto. Los otros dos lotes sí fueron adjudicados a Biosfera Consultoría Medioambiental SL: uno estudiará las turberas, mediante análisis de su vegetación, turba y agua, y el otro los hábitats de ribera, evaluando su conectividad, regeneración y estado ecológico. Los contratos tenían un plazo de ejecución de diez meses desde su formalización, el 18 de junio de 2026.

Los pueblos de la montaña de León buscan saber, dos décadas después, que ha pasado con su agua y cómo ha afectado a su patrimonio natural. En alrededor de un año, si se cumplen las fechas previstas, se deberían tener los datos del estado para luego, tal y como se indica, “definir medidas correctoras, compensatorias y mitigadoras” que compensen los graves daños de la Variante de Pajares.

El Ayuntamiento de León ha recibido el galardón Innovation in Politics Awards 2026 por el proyecto de autoconsumo energético 'León Smart Solar City', ha informado este sábado el Consistorio en un comunicado.

El premio reconoce el ambicioso proyecto municipal desplegado de un mapa solar, que no solo busca mitigar el cambio climático y sus efectos, sino blindar las arcas municipales frente a los vaivenes del mercado eléctrico mediante un sistema pionero de autoconsumo colectivo con almacenamiento energético.

Esto ha propiciado la concesión de uno de los principales y más prestigiosos reconocimientos del continente a la innovación pública que concede The European Capital of Democracy, entidad que reconoce cada año proyectos públicos que impactan positivamente sobre la vida de las personas y fortalecen la democracia.

La obtención del premio se dio a conocer este viernes en el transcurso de una gala celebrada en la ciudad portuguesa de Cascais, donde la iniciativa leonesa ha competido en la categoría de Protección Medioambiental tras haber logrado superar una criba entre más de 300 proyectos procedentes de 35 países de toda Europa.

El proyecto, cofinanciado con un millón de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, ha supuesto una inversión del Ayuntamiento de León de 2,5 millones.

Esta inversión ha supuesto la puesta en marcha de un circuito que generará 3,9 millones de kilovatios hora al año de energía verde. Este volumen de producción limpia equivale al consumo anual de unas 118 viviendas y, sumando todas las fases de optimización, permitirá reducir drásticamente la factura de la luz municipal.

Tras conocer la concesión del premio otorgado a León, el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha expresado que este “no es solo un reconocimiento ambiental, es la prueba clara de que las ciudades europeas y el municipalismo local tenemos la llave para liderar la transición hacia la soberanía energética y la innovación pública”.

Una red inteligente

La gran novedad técnica que ha llamado la atención al jurado europeo no radica solo en la captura de la luz solar, sino en cómo se gestiona y se distribuye esa energía.

La primera fase del plan ha supuesto la instalación de 2.481 nuevas placas fotovoltaicas repartidas estratégicamente en 13 ubicaciones municipales como los pabellones de San Esteban, Margarita Ramos, La Torre y Luis Vives, los polideportivos de Quevedo y La Granja, el CEAS Ventas Este o el centro cívico Ventas Oeste.

De estas instalaciones, diez cuentan con modernos sistemas de almacenamiento físico mediante baterías de última generación, lo que supone avanzar en el gran límite que hasta ahora tenía la gran energía solar tradicional, ya que ahora el excedente de electricidad producida a mediodía que no se gasta en ese instante ya no se exporta a la red en su totalidad, sino que se guarda para consumirla fuera de horas solares.

Gracias a este colchón tecnológico, que suma una capacidad de almacenamiento de 1.970 kilovatios hora, el Ayuntamiento de León logrará abastecer a más de 100 puntos de consumo municipales.

La regulación actual permite que la energía generada en la cubierta de un pabellón viaje de forma virtual en un radio de hasta cinco kilómetros a la redonda, alimentando oficinas, colegios públicos, pabellones deportivos o dependencias de servicios sociales de la misma zona que carecen de tejado propio para poner placas.

El objetivo final del proyecto es ambicioso, cubrir el 85% de las necesidades energéticas en los espacios municipales que registran un mayor gasto.

Estas nuevas instalaciones se integran y complementan la infraestructura fotovoltaica preexistente en la ciudad, que ya roza las 5.000 placas operativas o en fase de construcción sumando puntos emblemáticos como el edificio municipal de Ordoño II, el Parque de Bomberos, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) o las piscinas de La Palomera, a los que se suman el Palacio de Congresos y la Pérgola Bioclimática.

Mucho antes de que el hombre soñara con la imprenta, las máquinas de vapor o los aviones, fruto de una tradición de siglos que superar con creces incluso la misma concepción de España tal y como se la conoce, el ganado, los perros y los pastores ya habían inventado lo que con el tiempo serían las carreteras, las autovías y las líneas ferroviarias.

Miles de cabezas recorría distancias entonces casi interminables siguiendo una red de caminos que conectaba los pastos del norte con las dehesas del sur de la Península, al estilo de como lo hicieran para el resto de actividades humanas las calzadas romanas. La diferencia es que por esas rutas ganaderas viajaban cada año, siguiendo el palpitar de las estaciones, rebaños enteros, con un itinerario repleto de sabiduría natural y transmitido de generación en generación.

La trashumancia hizo economía pero también transmitió cultural y ayudó a coser territorios separados por cientos de kilómetros. En esta épica historia, el León que fue Reino y hoy provincia, ocupa un lugar privilegiado. Y ese lugar acaba de recibir, al menos sobre el papel, la protección máxima que se merece.

Tiene un nombre farragoso y gris: Se llama Real Decreto 925/2026. Lo ha impulsado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Pero esconde muchas novedades. Lo primero es que establece, por primera vez de manera formal, una Red Nacional de Vías Pecuarias, y por fin concreta qué itinerarios forman parte de ella.

La suma en toda España es mareante, de 11.390 kilómetros, suma de cañadas reales, ramales y rutas que atraviesan distintas comunidades autónomas e incluso conectan territorios de Portugal o Francia. El Gobierno pone así en un mapa oficial esta histórica logística ganadera, una referencia cartográfica oficial. Lo que es casi más importante: pone las herramientas jurídicas para defender estos caminos como patrimonio público.

Ya gozaba la trashumancia en sí misma del más alto grado de protección desde que en 2023 la Unesco la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, afectando no sólo a España sino a otras latitudes como Albania, Andorra, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo o Rumanía. Pero ahora España toma conciencia formal de la trascendencia de esta red histórica, de las autovías que siguen haciendo posible la trashumancia.

Por eso, la trascendencia va más allá de la ganadería. Se valora su papel vital como auténticos caminos de biodiversidad, corredores naturales que permiten conectar hábitats, facilitar el desplazamiento de especies y el intercambio genético entre animales, vegetales y poblaciones. Incluso el paso del ganado lanar o de otro tipo contribuye a controlar la vegetación y así prevenir los incendios forestales. Son joyas de miles de kilómetros que ahora alcanzan, por fin, la máxima protección.

Tres de las grandes cañadas nacen en León

La importancia histórica de la provincia queda reflejada en tres de los principales itinerarios incluidos en la red. La Cañada Real Leonesa Occidental parte de Soto y Amío y se prolonga hasta Encinasola (Huelva). La Cañada Real Leonesa Oriental tiene su origen la Montaña Oriental, en los pastos cantábricos de Maraña, y alcanza Montemolín (Badajoz). Y la Cañada Real de la Plata, también conocida como Zamorana, comienza en Riello y termina en Herreruela (Cáceres).

Sus dimensiones dan una idea del peso de León en este patrimonio. Según las longitudes recogidas en el nuevo inventario nacional, las tres cañadas rozan los 1.000 kilómetros de recorrido cada una: la Real Leonesa Occidental exactamente 1.079,88 kilómetros, ramales incluidos; la Cañada Real de la Plata o Zamorana suma 1.043,90 kilómetros; y la Leonesa Oriental, 919,57 kilómetros. En conjunto, las tres vías superan los 3.000 kilómetros de recorrido en España.

Los municipios de la trashumancia

Sus trazados dibujan, además, un mapa que también conecta buena parte de la provincia. La Cañada Real Leonesa Occidental atraviesa municipios como Soto y Amío, Carrocera, Cuadros, Sariegos, San Andrés del Rabanedo, la capital de la provincia, León, Valdefresno, Villaturiel, Mansilla de las Mulas y Santas Martas, antes de continuar hacia el sur por Villamoratiel de las Matas, Santa Cristina de Valmadrigal, Matadeón de los Oteros, Valverde-Enrique y penetrar en Valladolid en Izagre.

La Cañada Leonesa Oriental discurre por el entorno montañoso de Maraña, Acebedo, Burón, Riaño, Boca de Huérgano y Prioro, además de Valderrueda y Cea, continuando desde ahí por la provincia de Palencia. Por su parte, la Cañada Real de la Plata conecta Riello con localidades como Valdesamario, Quintana del Castillo, Llamas de la Ribera, Villamejil, Villaobispo de Otero, Astorga, San Justo de la Vega, Valderrey, Riego de la Vega, Santa María de la Isla, Palacios de la Valduerna, La Bañeza, Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río, Quintana del Marco y Alija del Infantado, en su ramal principal. Pero hay alternativas que atañen a otros municipios como Carrizo, Cimanes del Tejar, Villadangos del Páramo, Bustillo, Urdiales del Páramo, Santa María del Páramo o Laguna Dalga, Valdelafuentes del Páramo, Villazala, Regueras de Arriba, Soto de la Vega y de vuelta a La Bañeza.

Como ocurre en Madrid con gran alarde mediático, es habitual, varias veces al año, la llamativa estampa de ver atravesar miles y miles de ovejas la ciudad de León. Y es que figura en el inventario de la Cañada Real Leonesa Occidental, con un tramo de 1.698 metros que están pendiente de clasificación. Una trascendencia que hace que también aparezcan denominaciones tradicionales como “Cordel de León” y “Cañada Real Leonesa” en muchos de los municipios.

Protección más efectiva para unos caminos históricos

Desde esta semana, con el real Decreto, mucho está llamado a cambiar. Hasta ahora, la vieja Ley de Vías Pecuarias de 1995 sí contemplaba la existencia de una Red Nacional. Pero no había catálogo de los itinerarios concretos. El nuevo real proporciona una referencia común para identificar las grandes rutas, coordinar su gestión y así mejorar su protección.

Uno de los aspectos más importantes es su blindaje contra las ocupaciones y su pérdida progresiva como terreno público. La norma obliga a coordinar la cartografía de Catastro y de Registro de la Propiedad, con representaciones gráficas georreferenciadas que permitan identificar los límites de las vías pecuarias y las parcelas colindantes afectadas por los deslindes. También promueve su inscripción registral como dominio público, una herramienta que puede resultar determinante cuando surjan conflictos sobre la titularidad o los límites de los caminos.

Otro detalle es que garantiza que jamás se cortará un paso: Si una obra o una infraestructura, por ejemplo una autovía o un canal de riego, obliga a modificar el trazado de una vía pecuaria, será obligatorio habilitar una alternativa que mantenga la continuidad de la ruta.

El Estado toma las riendas

Para todo ello, el Estado toma más riendas ahora. Refuerza su papel en la coordinación de las decisiones que afectan a esta red. Porque aunque la gestión ordinaria corresponde a las comunidades autónomas, a partir de ahora el Ministerio deberá emitir un informe obligatorio y preceptivo cuando llegue cualquier ante propuestas de desafectación, cambio de trazado o de terrenos.

Incluso se crea un Comité de Vías Pecuarias, destinado a mejorar la cooperación entre las administraciones estatales y autonómicas, así como de un Fondo Documental que facilite la conservación y consulta de la información histórica y cartográfica. El ordenado caos que ha llegado a ir de boca en boca tiene los días contados.

El Ministerio defiende que la publicación de los mapas y datos en el Banco de Datos de la Naturaleza permitirá, además, que administraciones locales, investigadores, ganaderos y ciudadanos tengan acceso a información común sobre los itinerarios. Una herramienta especialmente útil en territorios donde la recuperación de caminos tradicionales, el mantenimiento de los pastos y la conservación de la actividad ganadera dependen de conocer con precisión por dónde discurren estas rutas.

Una herencia muy viva en la Montaña leonesa

La protección de las vías pecuarias no es sólo una mirada nostálgica sobre el pasado. En León, la trashumancia sigue latiendo, especialmente en comarcas de Montaña y territorios vinculados a los movimientos estacionales del ganado. No importa cuánto haya avanzado la tecnología: el deambular de los ganados ha sobrevivido a todo tipo de transformaciones económicas y sociales y protegido así ancestrales valores ambientales. Las cañadas, veredas, cordeles, abrevaderos y descansaderos son las piezas físicas que han permitido mantener la ganadería extensiva y todo lo que viaja con ella a lo largo del tiempo.

Desde ahora, las herramientas, el mapa y las normas más protectoras ya están por fin. Queda que la administración demuestre su eficacia real para que estos caminos, como arterias vitales, no se pierdan entre infraestructuras, ocupaciones ni abandono. En gran medida, además, todo el mundo rural del país que ha sobrevivido hasta aquí dependerá de ello.

“Las circunstancias meteorológicas que vivimos”. Ese es el motivo que argumenta el Goberno del Partido Popular (PP) y Vox en la Junta de Castilla y León para tener que invertir ahora algo más de 400.000 euros en climatizar el centro de salud de Bembibre, en la comarca de El Bierzo, a pesar de ser un edificio construido hace menos de cuatro años. Una situación denunciada por ELBIERZO.ELDIARIO a principios de este mes.

El Ejecutivo autonómico aprobó este jueves en Consejo de Gobierno la autorización para poner en marcha el proyecto de nueva climatización del edificio, poryecto que depende de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de l Bierzo y que conllevará una inversión de 401.387 euros, explicó al término de la reunión el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Tal y como detalló, el proyecto contempla la instalación de “dos nuevos equipos de aerotermia para dar servicio a la nueva red hidráulica de fancoils” y destinados a cubrir las necesidades tanto de calefacción como de refrigeración del centro sanitario de la Junta. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo previsto de ejecución que anuncian será de cuatro meses, aunque computarán desde que se produzca la adjudicación a una empresa, paso que todavía queda lejos. El plazo de presentación de ofertas ha terminado hace apenas tres días.

Los periodistas recordaron al portavoz que este centro sanitario es nuevo y, aunque con varios años de retraso sobre lo prometido, se había concuido y abierto en enero del año 2023. La inversión que fue necesaria para comenzar su servicio se elevó a 4.563.000 euros. En base a esta cifra, el nuevo proyecto de climatización supondrá a mayores un 8,8% de aquel presupuesto total.

Preguntado por ello, y sobre si es que el edificio se ejecutó sin climatización alguna o ha fallado el sistema diseñado a priori, Carriedo se limitó a defender la bondad de la nueva inversión, asegurando que se acometía por “las circunstancias meteorológicas que vivimos”, así como también por “las nuevas tecnologías que nos permiten mejorar en nuestras instalaciones”. Un proyecto, abundó, que se acometerá porque la Junta está “siempre pendiente de cuál es la necesidad y las mejoras que piden los profesionales y los ciudadanos, y abordarla”.

Aunque hoy no se detalló en el acuerdo adoptado, los fondos económicos para la nueva climatización del edificio casi recién estrenado será con cargo a los fondos del Programa de Salud Bucodental 2026-2027. En concreto, aprovechará los fondos para adecuar la Unidad de Salud Bucodental y, de paso, todo el edificio por los problemas de refrigeración que presenta.

Uno de los rincones más tradicionales de la localidad rural de Villamañán, en el sur de la provincia de León, afronta desde ahora mismo un importante cambio de cara, una remodelación integral, que se centra en concreto en la Plaza de la Leña. Un proyecto que no sólo cambiará la imagen de este espacio rodeado de casas porticadas sino también incluso su forma de uso tradicional.

El Ayuntamiento de Villamañán acaba de adjudicar -a la empresa leonesa Obras y Viales Pellitero SL- el contrato para la actualización de este espacio del Casco Histórico de la villa leonesa. El coste final de la ejecución se eleva a 375.000 euros, financiados con cargo a los planes Píos y de Cooperación de la Diputación leonesa, y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Como la formalización del contrato ha sido firmada por el alcalde, José Marcos Fernández, el pasado 21 de octubre, comienza a correr un plazo de obras que deben estar rematadas poco antes del inicio del verano de 2027, en el mes de junio.

La intervención, diseñada por el estudio bilbaino de Nistal Arquitectos, busca convertir la plaza en un entorno más accesible, ordenado y adaptado tanto a la vida cotidiana, como a las celebraciones y actividades tradicionales del municipio, que precisamente se dan cita especial durante los veranos. El espacio que será objeto de las obras abarcará una superficie de casi 3.000 metros cuadrados (2.814,77 en concreto).

El cambio más visible que destaca del proyecto sobre una plaza hoy de aspecto muy habitual, con carretera de asfalto alrededor de una plazoleta central de acera tradicional y una pequeña fuente decorativa, será la creación de una plataforma que será prácticamente continua. En ella se dará prioridad para los peatones y se reducirá muy sensiblemente el espacio destinado al tráfico.

Así, el proyecto quitará los viales de circulación situados en los lados norte y sur de la plaza, frente al Café Casino y en la parte trasera de la Casa Consistorial, respectivamente. Y la única zona de estacionamiento quedará concentrada en una única banda del lado oeste. Y la eliminación de las aceras y bordillos permitirá extender el pavimento hasta las fachadas de los tradicionales soportales de este espacio, una de sus señas de identidad.

La actuación también busca resolver los problemas de accesibilidad actuales, algunas pendientes superiores al 10%, desniveles y deformaciones del pavimento provocadas por las raíces del arbolado, apenas cuatro ejemplares de plátano. Se prevé reorganizar la topografía mediante plataformas que serán escalonadas, con barandillas, que reducirán las inclinaciones al 2-3% en la mayor parte de la plaza.

La actuación también pondrá fin a elementos como la vieja fuente-jardinera, los parterres elevados y los peldaños que dificultan el tránsito, con el objetivo de facilitar el paso a personas con movilidad reducida lo más posible.

La renovación mantendrá una estética acorde con el entorno histórico, defiende el proyecto y el Ayuntamiento. La zona central peatonal se pavimentará con adoquín románico envejecido en tonos tierra, mientras que los viales de los lados se distinguirán por un adoquín gris, en continuidad con el de la contigua Plaza Mayor. El diseño incorporará además bandas transversales de granito gris para ordenar visualmente el espacio. También se restaurarán las bases de las columnas de madera de los soportales, retirando revestimientos antiguos para recuperar su aspecto original.

Pensando en los eventos

La plaza se proyecta como un espacio abierto y versátil, preparado para acoger el mercado tradicional que allí se celebra, ferias, conciertos, verbenas y celebraciones populares, como las Fiestas de la Zarza. Para facilitar la organización de estas actividades, se instalarán cajas de conexión eléctrica integradas en el entorno, que permitirán alimentar los puestos, escenarios y equipos. La idea es no depender a partir de ahora de instalaciones provisionales.

La intervención incluye también mejoras ambientales y de eficiencia energética. Se plantea conservar dos de los árboles existentes y se plantarán otros once de hoja caduca, distribuidos longitudinalmente para proporcionar sombra durante los meses cálidos y permitir la entrada de luz en invierno. Así, el espacio verde será aumentado. Por su parte, el alumbrado se renovará con farolas de diseño urbano de 4,5 metros de altura y luminarias tipo LED de bajo consumo, dotadas de sistemas de telegestión y regulación astronómica, además de balizas encastradas en los muros.

Hay al menos siete tramos de carreteras provinciales de León que permanecen 'ingresadas en la UCI', dado su estado lamentable y muy peligroso. Siete carreteras que esperan como agua de mayo el cumplimiento de uno de las principales promesas novedosas del actual mandato en la Diputación de León: la creación de lo que se dio en llamar Oficina de Expropiaciones.

Se trataba en origen de un departamento de nueva creación en la institución provincial para hacer lo que los pequeños ayuntamientos no pueden, por falta de recursos: expropiar con celeridad y solvencia los terrenos que resultan imprescindibles para poner ese suelo a disposición de la propia Diputación y acometer así cuanto antes las mejoras de los viales del mundo rural leonés.

Sin embargo, cumple ya un año la promesa de haber impulsado ese departamento expropiatorio, que el vicepresidente y diputado provincial de Infraestructuras, Roberto Aller, garantizó “para finales de año”. Del año 2025. Y esto conlleva un segundo incumplimiento a mayores: que la oficina no será tal sino que el servicio se privatizara desde su origen, se contratarán los servicios de una empresa para realizar esas expropiaciones y todos los trámites necesarios. Esa privatización fue desvelada por el equipo de Gobierno provincial de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) el pasado mes de mayo.

A pesar del tiempo transcurrido, el servicio todavía está lejos de ser una realidad. Y el propio Aller, en el último Pleno provincial, admitió la urgencia de su actuación porque están en espera “siete carreteras muy necesarias”. Detalló incluso que únicamente faltaba “un informe”, un formalismo, para sacar la licitación pública para seleccionar a la compañía que se encargue de estas labores de expropiación.

“Cuanto antes” fue el último vago compromiso del vicepresidente leonesista. Y no consta que ni siquiera se haya dado ese paso, al que deben seguir todavía los plazos de presentación de ofertas, la decisión de la mesa de contratación y la designación de la empresa finalmente elegida, con la que firmar el contrato para que se ponga por fin a trabajar en los gruesos expedientes de expropiación bloqueados, un proceso con sus propios plazos legales a mayores.

En este tiempo de mucho retraso han sido varias las voces, tanto de plataformas e instituciones locales que luchan por el arreglo de sus carreteras principales de la red de la Diputación, como de otros partidos políticos, urgiendo que el servicio de expropiaciones de terrenos se ponga a trabajar. Este es le caso de la Plataforma de Chozas de Abajo, que sigue alertando del trazado totalmente peligroso de la carretera LE-5523, que ya supera su tercer año de espera para la inversión de cerca de un millón de euros en una reforma integral.

La cuestión es que este retraso de la Oficina de Expropiaciones está causando una paradoja: la Diputación leonesa dispone de planes millonarios, con más fondos que nunca, para asumir estos proyectos de arreglos imprescindibles de carreteras de su red pero el dinero sigue sin poder ser usado, ni contratados los proyectos, ni mucho menos iniciar las obras, precisamente porque no se tienen a disposición los terrenos para, por ejemplo, acometer los ensanches de las calzadas. Una situación que ha hehco que también eleven su queja por el incumplimiento el Partido Popular (PP) en la oposición del Palacio de los Guzmanes.

La empresa pública Adif pretende retirar y destruir 35.000 traviesas ferroviarias en buen estado procedentes de la renovación de la línea convencional entre León y La Granja, en la comarca de El Bierzo, un material que podría reutilizarse para recuperar el ramal de mercancías entre Astorga y La Bañeza. Así lo denuncia la asociación Corredor Oeste, que reclama paralizar cualquier actuación que impida conservar estos elementos y trasladarlos a terrenos ferroviarios de Astorga-San Andrés para su posterior aprovechamiento.

La organización advierte de que la decisión supondría perder una oportunidad para impulsar la actividad industrial y logística en el centro de la provincia, especialmente tras el cierre de la azucarera de La Bañeza. Según sostiene, el proyecto de reapertura del ramal es la principal alternativa planteada para facilitar la implantación de nuevas empresas en la zona.

Corredor Oeste asegura que ha inspeccionado y fotografiado las traviesas retiradas de la línea entre León y Astorga y que una parte de ellas ni siquiera ha cumplido diez años de vida útil, al haber sido fabricadas en 2018 y 2023. En un comunicado de prensa, la asociación considera que desechar estos materiales públicos, en lugar de reutilizarlos, supondría un derroche económico, especialmente cuando existe una propuesta concreta para destinarlos a una infraestructura ferroviaria.

La entidad afirma que, según las respuestas parlamentarias que ha consultado, Adif prevé sustituir la totalidad de los materiales, pero no ha aprobado su traslado ni su almacenamiento para el proyecto de Astorga-La Bañeza. Para evitar su destrucción, propone acopiarlos en Astorga-San Andrés, donde asegura que la empresa ferroviaria dispone de 50.000 metros cuadrados de terreno.

Un proyecto de 25 millones de euros que podría ejecutarse en un año

La asociación defiende que la recuperación del ramal de tren entre sendas ciudades de León presenta ventajas administrativas y económicas porque aprovecharía el trazado ferroviario existente. Según sus estimaciones, la actuación no necesitaría expropiaciones ni un estudio informativo o una evaluación de impacto ambiental, y podría entrar en servicio en aproximadamente un año desde el comienzo de las obras, con una inversión estimada de 25 millones de euros.

Corredor Oeste recuerda además el precedente del ramal ferroviario de Villadangos, en el que Adif reutilizó materiales procedentes de otras líneas. Por ello, considera que la misma solución podría aplicarse en el tramo Astorga-La Bañeza, siempre que se conserven los elementos aprovechables y se tramite el proyecto. La organización sostiene que las propias oficinas de Adif en León podrían desarrollar la actuación, pero denuncia que no han recibido instrucciones desde Madrid para impulsar la iniciativa ni para garantizar la conservación de los materiales.

Siete ayuntamientos y la Diputación respaldan la reapertura

La recuperación del ramal cuenta con el respaldo institucional de los ayuntamientos de La Bañeza, Astorga, Riego de la Vega, Valderrey, Palacios de la Valduerna, Santa María de la Isla y San Justo de la Vega. Los siete municipios han aprobado mociones a favor de la reapertura, al igual que la Diputación de León, que dio luz verde a la propuesta por unanimidad, incluidos los representantes socialistas.

Las instituciones reclamaron al Ministerio de Transportes y a ADIF que recuperasen el tramo para el transporte de mercancías y que reutilizasen los materiales sobrantes de la renovación ferroviaria. Corredor Oeste denuncia que ese consenso está siendo ignorado por el Gobierno central, pese a que el proyecto pretende contribuir a la reindustrialización de una zona especialmente afectada por el cierre de la azucarera.

La asociación advierte de que la falta de conexión ferroviaria puede dificultar la implantación de empresas industriales y logísticas en el entorno de Astorga, incluidas compañías de los sectores civil y militar que, según afirma, han mostrado interés por la zona. También señala que el retraso de la reapertura integral de la línea Astorga-Plasencia, que sitúa en el horizonte de 2050, hace necesario estudiar alternativas que permitan actuar antes para generar actividad económica y empleo.

Ante esta situación, Corredor Oeste exige a Adif y al Ministerio de Transportes que paralicen de inmediato cualquier destrucción de las traviesas y del resto de los materiales aprovechables, así como que los trasladen a Astorga-San Andrés para garantizar su conservación.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León a aprovechado una Junta de Gobierno más este viernes para anunciar un nuevo proyecto de obras públicas pero privatizadas, en manos de empresas, en este caso para invertir 430.000 euros en eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar la seguridad de los peatones en 22 'puntos negros' de la ciudad, en diferentes barrios. El proyecto ha recaído en la empresa Excarbi SL, que dispondrá de un plazo de 12 meses, un año, para ejecutarlos, es decir, que tendrá que estar todo ejecutado en noviembre de 2027.

Las actuaciones se distribuirán entre las calles Renueva, Gaspar Díez, Perales, Caitano Bardón, José María Pereda, Virgen de Velilla, Brianda de Olivera, Obispo Panduro, Jesús Alfredo Negro, Doctor Fernández Picón, Abad de Santullán, Cabeza de Vaca, San Pedro del Castro, Sancho el Gordo, Santa Teresa, San Juan de Sahagún y Fernando I, en su conexión con Séneca. También se actuará en el entorno del Parque de las Artes, la plaza de San Lorenzo, la avenida de La Serna, el en dos puntos concretos del espacio libre público de acceso desde la avenida del Ingeniero Sáenz de Miera y la propia avenida, en el entorno el estadio Reino de León.

El contrato, cofinanciado a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, busca acabar con un listado urgente de problemas de accesibilidad peatonal. Por eso, incluyen la adaptación de pasos de peatones, el rebaje de bordillos, la instalación de pavimento podotáctil y el ensanche o la nivelación de aceras y zonas ajardinadas.

En detalle

En el entorno de La Palomera se adaptarán varios pasos de peatones en las calles Profesor Xaime Andrés y Dante, así como en sus conexiones con Escritora Eva González, Joaquín López Robles y Doctor Jacinto Sáez. En la calle Caitano Bardón se ampliarán las aceras mediante avances a ambos lados de la calzada, una intervención destinada a acortar la distancia que deben recorrer los peatones al cruzar. Las obras incluirán nuevos sumideros y señalización.

El contrato contempla asimismo la construcción de pasos de peatones elevados en la calle San Juan de Sahagún, a la altura del número 14, y en la intersección de las calles Perales, Espejo y Bailén. En estos puntos se busca moderar la velocidad de los vehículos y mejorar la continuidad de los recorridos peatonales y ciclistas.

Otras intervenciones se centrarán en eliminar desniveles y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida. Para ello, se rebajarán bordillos y se instalará pavimento podotáctil en las calles José María Pereda, en su conexión con Santo Toribio de Mogrovejo; Virgen de Velilla; Brianda de Olivera; Obispo Panduro; Abad de Santullán, junto a Reyes Leoneses; plaza de San Lorenzo, y Santa Teresa.

También se rectificarán y nivelarán aceras en los accesos de las calles Jesús Alfredo Negro y Doctor Fernández Picón, con el objetivo de evitar interrupciones en los itinerarios peatonales. En la avenida de La Serna, a la altura del Centro de Menores El Alba, se adaptará el paso de peatones recientemente creado mediante nuevos rebajes y baldosas podotáctiles.

La actuación llegará igualmente a las inmediaciones del colegio Javier, donde se ampliará la acera de la calle San Pedro del Castro y se habilitará un nuevo paso de peatones en el paseo del Parque. En la calle Sancho el Gordo, uno de los ejes de conexión entre las estaciones de autobuses y ferrocarril y los juzgados, se creará otro cruce adaptado a la altura de Conde Saldaña. Además, se habilitará un paso en la intersección de Fernando I con Séneca, tras la apertura de la Ronda Interior.

Renovación del entorno del estadio de fútbol

Una parte del presupuesto se destinará a mejorar los espacios públicos y los accesos al estadio municipal de fútbol Reino de León y a la avenida Ingeniero Sáenz de Miera donde se enmarca. En esta zona se sustituirá el pavimento de baldosa deteriorado por uno nuevo de adoquín, con mayor capacidad de carga sobre la losa de hormigón.

Los trabajos incluirán también el acondicionamiento de la zona verde junto al aparcamiento, que se delimitará con loseta hidráulica, y la estabilización del talud sur mediante un acabado de piedra hormigonada de bajo mantenimiento. Esta intervención permitirá integrar los arquetados eléctricos en la solución constructiva prevista.

Además, se construirá un nuevo tramo de acera sobre la zona ajardinada contigua para dar continuidad al itinerario peatonal y mejorar la seguridad de quienes acceden al estadio, especialmente durante los encuentros y otros acontecimientos deportivos. En ese mismo entorno se habilitará un nuevo paso de peatones.

Coalición por el Bierzo (CB) ha anunciado en un comunicado que, una vez más, no presentará candidaturas al Congreso ni al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión fue adoptada por unanimidad por su Junta Ejecutiva, que anima a sus afiliados y votantes a elegir la opción que consideren más favorable para los intereses de la comarca.

La formación bercianista pide a los partidos que concurran a los comicios que incluyan en sus programas compromisos concretos con El Bierzo y que sus propuestas se traduzcan en actuaciones verificables.

Entre las reivindicaciones pendientes, CB cita la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense, el Lazo del Manzanal y la conexión ferroviaria de alta velocidad, además de la pérdida de tejido industrial y la falta de alternativas para impulsar la reindustrialización. La formación considera que los territorios alejados de los grandes núcleos urbanos quedan relegados en la política nacional y critica que conceptos como transición justa o España vaciada no se hayan traducido en soluciones efectivas para la comarca.

CB apunta que continuará analizando los programas electorales y reclama a las candidaturas que concreten sus propuestas para el desarrollo económico y las infraestructuras de El Bierzo.

Veinticinco contra uno. Todos los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, contra el criterio del máximo responsable del cumplimiento de la legalidad administrativa en la Diputación de León. La suma unánime de los 25 votos del Gobierno provincial de PSOE y UPL, así como de la oposición de PP y Vox, ha permitido hoy aprobar en un Pleno extraordinario y de acuciante urgencia el reparo que el interventor del Palacio de los Guzmanes, Rafael Benito y Benítez de Lugo, ponía para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de los 60 millones de euros del Plan de Cooperación de los años 2024 y 2025. Un plazo que, aunque muy amplio, y aunque ya se había prorrogado un año, asfixiaba a más de 70 municipios leoneses, que se arriesgaban a perder el dinero concedido para proyectos de infraestructuras importantes para sus pueblos.

El plenario apoyó por unanimidad final un 'estiramiento' formal de esos plazos, como solución in extremis para permitir que el Plan de Cooperación se ejecute en su totalidad, a pesar de que el veto formal de Intervención podría haber sido levantado sólo por el presidente, Gerardo Álvarez Courel. Pero de este modo, la decisión se arropó como política y compartida, como se encargaron de manifestar todos los portavoces de los cuatro grupos representados en el Palacio. Y de este modo, se desbloqueaba “dentro de la legalidad”, como la institución defendía hace escasos meses, un complejo entuerto administrativo que iba a devenir en la pérdida de millonarias inversiones si no se buscaba una solución antes de fin de año.

Eso sí, para conseguirlo, había que pasar por encima del criterio formal del interventor, que estaba presente en la sesión. Él, con la normativa en la mano, y en un informe oficial al respecto, defendía que no cabía prórroga alguna ni a las obras en sí ni a su justificación por no permitir la Ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, que era sólo de dos años y expiraba en apenas dos meses y medio.

Ahora, con el 'sí' de todos, el calendario establece como fecha límite para la realización de las inversiones el 16 de agosto de 2027 y el plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente se extiende hasta el 16 de septiembre de 2027.

Valentín Martínez, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de quien depende precisamente el área de Cooperación que repartió un plan de obras histórico por su volumen de inversión de 60 millones, agradeció todo el apoyo político para retirar la amenaza de los plazos inminentes “con plenas garantías, técnicas y jurídicas”. Y al igual que relataban desde la oposición David Fernández, del PP, o Fernando Prieto Olite, de Vox, relataba las diversas causas, todas ajenas a la institución, que estaban asfixiando a los municipios a la hora de conseguir culminar sus inversiones de aquella doble anualidad 2024-2025.

Así, relató casos de “falta de contratistas”, conllevando a “obras que quedan desiertas” y deben volver a licitarse “con nuevos expedientes de contratación”, o “falta de personal” en las compañías que sí conseguían las adjudicaciones. Y para rematar, “incrementos constantes de precios” por “la inestabilidad” internacional, o la falta de personal como secretarios o intervención en los Consistorios.

Por el PSOE, Santiago Dorado insistió en que la alternativa a la aprobación de hoy, dejar los plazos como estaban, sería “dejar caer todos los proyectos” de inversión bloqueados, lo que sería “un fracaso y un castigo injusto a nuestros pueblos”. Algo que el popular Fernández recordó que su grupo llevaba “medio año insistiendo” instando a que los 208 municipios agraciados “no perdieran un solo euro”.

Así, como una piña política, en cuestión de minutos, y frente a la estricta legalidad que defendía el interventor provincial, los votos a favor han marcado una moratoria que deja respirar a todos los consistorios leoneses.

La ampliación del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Cubillos del Sil, en El Bierzo, continúa sin financiación prevista por la Junta de Castilla y León. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro ha denunciado la ausencia de una partida económica específica, tanto anual como plurianual, en el borrador de los Presupuestos autonómicos para 2027, pese a tratarse de una actuación que consideran urgente para resolver la falta de espacios adecuados en el colegio.

Las familias recuerdan que la ampliación del centro fue un compromiso adquirido por la anterior consejera de Educación en sede parlamentaria, por lo que consideran especialmente preocupante que no se haya contemplado financiación para ejecutar el proyecto. “Las palabras y los compromisos institucionales deben traducirse en hechos concretos y en una dotación económica”, reclaman desde el AMPA, que insiste en que las actuales instalaciones no permiten atender en condiciones adecuadas todas las necesidades de la comunidad educativa.

Ante esta situación, la asociación exige a la Junta que modifique el borrador presupuestario e incorpore una partida directa y suficiente para acometer la ampliación del colegio, acompañada de una planificación y unos plazos concretos. Las familias advierten de que, si la inversión vuelve a quedar fuera de las cuentas autonómicas, existe un riesgo real de que las obras no lleguen a ejecutarse ni en 2027 ni en 2028, prolongando una situación que califican de “insostenible”.

“El alumnado, las familias y toda la comunidad educativa merecen una solución real, no nuevos compromisos sin respaldo económico”, subraya el AMPA de Cubillos del Sil. La asociación reclama voluntad política y financiación para evitar que el centro vuelva a quedar relegado en las prioridades de la Administración autonómica. “No podemos permitir que nuestro colegio caiga en el olvido”, concluyen las familias, que insisten en la necesidad de cumplir lo prometido y poner en marcha la ampliación sin más demoras.

El Partido Popular de León ha denunciado este sábado que se cumplen cuatro años de la presentación de la plataforma logística de Torneros sin que hayan comenzado las obras de urbanización. Los populares califican el proyecto como “el gran fiasco y la gran estafa” del Gobierno de España en la provincia, después de que en octubre de 2022 se anunciara una inversión inicial de 25 millones de euros y el inicio de los trabajos para 2023.

“Las parcelas siguen como un erial y ni se han licitado las obras, ni hay dinero en los presupuestos para ello”, critica el PP, que sostiene que la infraestructura ya ni siquiera figura entre los planes del Ejecutivo. Los 'populares' recuerdan que durante la presentación, celebrada en el Parador de San Marcos, se avanzó que las primeras empresas podrían instalarse en Torneros en 2024, un calendario que no se ha cumplido.

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de León de acumular promesas incumplidas sobre un proyecto impulsado inicialmente durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En particular, cuestiona las declaraciones del secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, quien, según los populares, aseguraba hace un año que únicamente estaba pendiente la licitación de las obras.

Los 'populares' recuerdan que en febrero de 2020 el PSOE anunció que las obras se licitarían aquel verano, mientras que en 2022 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió a ubicar en Torneros una terminal de la Red Básica Transeuropea, lo que permitiría acceder a financiación europea. En octubre de ese mismo año, Sepes presentó un proyecto dividido en cuatro fases, con una inversión prevista de hasta 50 millones de euros.

Desde el PP también cuestionan que no se haya materializado el anunciado traslado de los talleres de Renfe a este enclave y consideran que Torneros se ha convertido en un ejemplo de los compromisos industriales que, según denuncian, el Gobierno central mantiene pendientes con León.

Frente a esta situación, los populares destacan las inversiones de la Junta de Castilla y León en suelo industrial, que cifran en más de 100 millones de euros ejecutados en actuaciones como la ampliación del polígono de Villadangos, el Parque Tecnológico de León y el polígono de El Bayo. Según el PP, Villadangos cuenta ya con más de 5.000 trabajadores y se ha consolidado como un referente logístico del noroeste. “Esto no son promesas ni compromisos. Son realidades”, concluyen.

Un monumental puente de piedra de 250 años de antigüedad que diga adiós al actual tráfico rodado de vehículos y recupere su uso exclusivamente peatonal, como hito del Camino de Santiago a su paso por León capital. Ese es el plan que ha diseñado el Ayuntamiento de León para el Puente del Castro, el paso sobre el río Torío en el sur de la ciudad, acceso principal del Camino de Santiago Francés por el barrio de Puente Castro. Porque hace mucho tiempo que ni peregrinos ni vecinos pueden transitar por él al caber exclusivamente los vehículos sobre su calzada, que se corresponde con la carretera N-601.

Esta finalidad sólo peatonal es la que aparece recogida en el Plan Especial del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Municipio de León, aprobado hace ya casi dos años, y que fue acompañado de una serie de proyectos de mejoras, valorados en unos 20 millones de euros, de puntos concretos de la ciudad por los que atraviesa la Ruta Jacobea.

Uno de esos puntos sensibles es precisamente este Puente del Castro, que data del año 1778, y que necesita labores urgentes de restauración por su estado, ya que los últimos trabajos municipales datan de hace al menos 15 años. Por eso, el actual equipo de Gobierno del PSOE ha puesto en marcha el proceso para acometer su reforma.

El método elegido ha sido sacar un concurso de ideas y proyectos para elegir el que más convenga, que será seleccionado por un jurado. Así se ha decidido hoy en la Junta de Gobierno local, especificándose que la futura ejecución de las obras dispondrá de un presupuesto total de casi 600.000 euros (exactamente 597.558 euros).

Las partidas económicas

De esta cantidad se reservará la cuantía para el concurso de ideas de 60.193,49 euros y de ellos, 12.396,69 son los que se destinarán este año en concepto de premios y primas de los participantes. El resto del dinero “corresponderá al posterior contrato de servicios para la redacción del proyecto definitivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud”, remarcan en una nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa es seleccionar en concurrencia de varios planteamientos “la propuesta técnica, metodológica y paisajística más idónea para consolidar y devolver el esplendor a un elemento patrimonial y de ingeniería singular” como es el acceso principal entre la capital leonesa y Puente Castro, hito además del Camino de Santiago, que sólo sobre este puente de piedra suma 150 metros de trazado. Se busca, remarcan, conseguir “una entrada más amable, accesible y digna para vecinos y peregrinos”.

El proyecto concibe el Puente del Castro como un punto clave de articulación urbana que conecta el corredor fluvial del río Torío con el sistema general de espacios libres de la ciudad. De este modo, la propuesta ganadora deberá integrar criterios de alta accesibilidad, protección frente al cambio climático y estricto cumplimiento del principio medioambiental de no causar un perjuicio significativo, reforzando el atractivo turístico, cultural y social del barrio de Puente Castro.

Una solución que topó con el 'León romano' y se bloquea

Pero una cosa es esta restauración y otra distinta, más a medio o incluso largo plazo, la futura recuperación sólo peatonal del acceso, ya sin coches sobre el puente. Y es que el Plan del Camino de Santiago municipal considera que se trata de lo que llama una “propuesta vinculada”. En este caso, estaría vinculada a dar otra solución factible al tráfico rodado, la cual no está cerca de materializarse.

El documento oficial contempla cuál sería la principal alternativa darle continuidad a la avenida de La Lastra, ejecutada en parte desde el barrio leonés del mismo nombre pero que no está completa por otro serio escollo patrimonial: el hallazgo arqueológico de muy importantes restos romanos del llamado 'Vicus militar de Ad Legionem'. Y a pesar de que ya hace años que allí se ejecutó en 2013 con inmensa polémica la carretera de doble carril desde La Lastra, sepultando esos restos, recientemente la Junta de Castilla y León obliga al Ayuntamiento leonés a garantizar su protección, cambiando si es necesario para ello su propio Plan urbanístico.

Esta situación puede provocar un bloqueo de muchos años para desbloquear un tránsito rodado que debería sustituir al que se sigue realizando sobre el valioso puente de estilo clasicista, con rasgos barrocos en sus bóvedas de cañón y vanos de luces cortas. Y eso que el propio Plan del Camino de Santiago de la capital vigente admite de la irregularidad de que “los caminantes se ven obligados a desviarse del itinerario histórico, antes del puente, mediante un camino alternativo por la calle Victoriano Martínez y la nueva pasarela peatonal sobre el río Torío”. “Esta ruta”, remarcan “se aparta del trazado que delimita el Conjunto Histórico”.

La actuación de restauración sobre el puente que hoy arranca se suma a otras recientemente iniciadas también. La última, hace sólo una semana, con más de 1,5 millones destinados a la reforma integral de la avenida de Madrid y el monumento del Crucero jacobeo en el mismo barrio de Puente Castro. Y también en los últimos días ha causado revuelto, y no pocas críticas, al conocerse que otro proyecto incluido en el Plan, el del rollo de Santa Ana, supondrá la desaparición de la actual fuente de agua que está en el centro de la avenida Alcalde Miguel Castaño. Una iniciativa a la que Unión del Pueblo Leonés (UPL), que mantiene amplios apoyos con el equipo de Gobierno socialista, se ha mostrado abiertamente en contra, exigiendo que no se ejecute.

La compañía i-DE, la distribuidora de Iberdrola, da por concluida la reforma integral de su centro de transformación de la calle Ancha, en pleno centro del Casco Histórico de la capital leonesa. Una obra que supuso modernizar una infraestructura histórica, impulsada a mediados del pasado siglo XX, con el objetivo de reforzar la capacidad de distribución eléctrica en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

El centro de transformación se encuentra enclavado en un espacio de especial valor patrimonial y urbano, al integrarse en tres ámbitos de especial relevancia y la máxima protección: el Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, el entorno de la Catedral de León y el Casco Antiguo. En este contexto, la intervención ha contemplado la renovación completa de la instalación, situada en concreto en la confluencia de la calle Ancha con las calles Cervantes y Conde Luna.

La empresa explica que la actuación permite mejorar la capacidad de distribución de energía eléctrica en toda la zona, alcanzando una ahora potencia instalada de 630 kVAs, lo que contribuirá a ofrecer “un suministro más robusto, actualizado y preparado para atender las necesidades presentes y futuras de este entorno urbano” leonés.

Esta obra se ha ejecutado justo ahora para solaparse con la obra de reurbanización con nuevo pavimento de toda la calle Ancha y las céntricas plazas aledañas de Botines y Plaza de Regla, de la Catedral de León. Un proyecto para mejorar la peatonalización de todo el entorno que ejecuta la Junta de Castilla y León a través de la empresa Somacyl, por valor de 2,7 millones de euros, en compensación por el proyecto de la llamada y polémica Red de Calor en el barrio de Puente Castro en el sur de la ciudad.

i-DE asegura que el resultado final de sus trabajos ha sido concebido para “integrarse de forma respetuosa en este enclave monumental”, de manera que la solución técnica sea también “acorde, desde el punto de vista estético y patrimonial, con el valor histórico y urbano del entorno”.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.