El Ayuntamiento de Villablino saca a concurso un contrato para el suministro de maquinaria con destino al Centro Logístico Comarcal (CLC) de biomasa forestal por un importe 868.780 euros. Las condiciones fueron aprobadas en un pleno extraordinario el día antes de hacerse pública la licitación en el portal de contratación del sector público. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el día 3 de junio.

La maquinaria que se requiere en el contrato y lo presupuestado para cada una de las piezas es la siguiente: un tractor forestal con remolque por 326.700 euros, una astilladora por 326.700 euros y una taladora de cizalla por 215.380 euros. Todas las cantidades detalladas son con los impuestos incluidos.

Esta dotación está destinada al centro logístico de biomasa forestal que está ejecutando el Ayuntamiento de Villablino en la pedanía de Orallo. El proyecto permitirá el acondicionamiento de la biomasa forestal generada en el entorno del municipio, para su almacenaje en las instalaciones del propio centro logístico hasta su envío a los lugares de utilización de la biomasa.

Este proyecto está financiado en su totalidad por la Unión Europea con fondos NextGeneration, con cargo a las ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El Instituto de Transición Justa concedió una ayuda de 1.451.113,34 euros para llevar a cabo el 'Proyecto de ejecución de instalaciones de un Centro Logístico Comarcal de biomasa forestal en Villablino (León)'.

El 13 de enero del pasado año se adjudicó el contrato de obra para la construcción de la infraestructura de este CLC por un importe de 398.893 euros y 83.767,53 euros de IVA, lo cual arrojó un total de 482.660,59 euros, a lo que ahora se añade la dotación de maquinaria.

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

El PSOE de San Andrés del Rabanedo denuncia que, tres años después de haber comprometido su apertura, el vial que conecta el municipio leonés con el Hospital San Juan de Dios, sigue cerrado al tráfico y considera “imperiosa” la apertura de esta conexión.

“No se puede responsabilizar al equipo de Gobierno anterior, ya que dejó el trabajo muy avanzado con el plan de cuatro carriles, y tampoco a la oposición porque no se ha presentado ninguna propuesta a los grupos desde que comenzó el mandato”, aseguran los socialistas del municipio (que gobernaron el municipio leonés durante el mandato anterior) que afirman que ahora la “culpa” recae en de Adif y Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El PSOE denuncia que en un pleno del 30 de abril de este año, el grupo socialista realizó una serie de preguntas al equipo de Gobierno actual de UPL sobre la situación de este vial. “A la pregunta de en qué fecha dio la CHD el visto bueno al proyecto que el equipo de gobierno socialista había remitido el 10 de junio de 2022, proyecto de ampliación en la zona de mármoles Aldeiturriaga, Ana Fernández Caurel dijo que estuvo un año y medio esperando por ello, aunque también dijo no recordar la fecha, pese a que estas preguntas se remiten con anterioridad a la sesión plenaria y el equipo de gobierno tiene la obligación de responder”, afirma.

Ahora, el PSOE asegura que CHD firmó el informe en el que se autorizan las obras el pasado 27 de enero de 2025: “Hace más de un año de aquello, y el equipo de gobierno sigue tirando de relato, pero sin dar soluciones. Tanto es así que, tal y como la alcaldesa aseguró en el seguimiento y control del pasado pleno, tendrán que pedir una prórroga para la ejecución de las obras, al haber vencido el plazo de un año que la CHD había concedido en enero de 2025”.

Además, el PSOE afirma que Adif dio por concluidas las obras el pasado 9 de junio de 2022. Los socialistas aseguran que era necesario un convenio de colaboración que se remitió para su firma al Ayuntamiento el 30 de mayo de 2023: “Si bien afirmó tener problemas para encontrar dicho convenio, ella misma manifestó que lo tenían desde septiembre de 2023, en una entrevista que dio a un medio de comunicación el 17 de ese mes del mismo año”.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de San Andrés asegura que a día de hoy “no se ha enviado propuesta formal alguna a Adif para la subsanación de deficiencias en el vial, y nos reconoció que así era, como también reconoció que el punto clave, que es el paso sobre la presa del Bernesga, está fuera de la zona de actuación de Adif”.

El PSOE recuerda que la alcaldesa se comprometió en un medio de comunicación el pasado 16 de diciembre a abrir el vial en seis meses: “La realidad cambia, la excusa, no”, zanjan los socialistas.

Empezó mal y amenaza con terminar peor. La retrasada y esperada reunión con la cúpula de la empresa pública Aena, que acabó el miércoles con el 'no' ministerial a pilotar como se esperaba la inversión para crear una terminal de mercancías en el aeropuerto de León, ha causado un efecto mariposa en apenas dos días que deja una tormenta política a muchas bandas.

Incluso interna. Porque a la partida de los reproches y las críticas particularmente contra el PSOE y por añadidura sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León se ha unido este viernes el alcalde socialista de León, José Antonio Diez. El regidor atribuyó a su perfil reivindicativo el hecho de no haber ni siquiera invitado a aquella reunión entre el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y la directora general de Aena, Elena Mayoral. Y eso a pesar, recordó, de que el Consistorio tiene “los mismos derechos que la Diputación dentro del Consorcio del Aeropuerto de León”, que conforman sólo estas dos instituciones desde su origen.

“Pensarán, y yo creo que con acierto, que desde luego no iba a ser muy asertivo, sino que iba a seguir siendo muy reivindicativo en relación con la necesidad de la implementación y la puesta en funcionamiento de una terminal de carga del Aeropuerto de León”, aseguro Diez en declaraciones recogidas por Efe. Lamentó además que no haya salido de esa reunión ningún compromiso concreto y ha remarcado que, de haber participado, habría pedido se diese al Aeropuerto de León el mismo trato que a otros territorios como, por ejemplo, el País Vasco con la terminal de carga de Vitoria. “Creo que es muy decepcionante. Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, y dejando sin solución los problemas estructurales que son esenciales para el desarrollo económico y social de León y su provincia”, ha concluido.

Tras esta crítica, fuentes de la Diputación leonesa trataron de explicar el motivo de la no invitación del alcalde y miembro del Consorcio. Recordaron que la visita de Mayoral fue consecuencia y compromiso -casi el único- de la reunión mantenida entre el ministro de Movilidad, Óscar Puente, y la Diputación, tanto PSOE como UPL, que fueron los invitados ahora cuando ese compromiso de visita se cumplió esta semana con medio año de retraso.

Pocas horas antes, el Partido Popular (PP) había cargado con dureza e ironía contra el pobre resultado del encuentro, especialmente con el “papelón” del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, a quien el Gobierno “ha encargado ser el comercial” de la futura terminal de carga del aeropuerto, en relación a la postura de la dirigente estatal de insistir que Aena no ejecuta estas infraestructuras pero comprometiéndose a poner en contacto a la Diputación con las operadoras de carga aérea del país para ver si alguna está interesada en realizar esa inversión.

“No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación en un claro ejemplo de tirar balones fuera”, denunció el partido que es principal oposición en el Palacio de los Guzmanes.

A similares argumentos se han sumado incluso partidos minoritarios y sin representación. Así, Izquierda Unida exigió por escrito compromisos claros a Aena, al tiempo que presentaba una iniciativa al Congreso para tratar de forzar al Gobierno a comprometerse. También Alantre vio “esta negativa como un nuevo agravio para León y para el conjunto del País Llionés”, en una velada mención a UPL, socios del PSOE en la institución.

Ese aluvión de críticas que también han recaído en UPL parece estar detrás de la urgencia con la que su portavoz y vicepresidente en la institución provincial, Roberto Aller, anunció hoy mismo el arranque inminente de la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso al aeropuerto civil, para el que Aena también se puso de lado, el que transcurriría desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés, y pasaría por el de Valverde de La Virgen. Hoy se ha cifrado en algo menos de 700 metros y una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros y UPL la ha calificado como un acceso “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera”, añadieron, “de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”.

Tras esta cascada de reacciones, el presidente de la Diputación emitió una nota de prensa insistiendo en que la reunión con Aena fue bilateral, como le fue antes con el ministro Puente, y quiso rebajar el tono en positivo defendiendo “la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al aeropuerto de León, comenzando por aprovechar los vuelos ya existentes para el transporte de carga y utilizando infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal”, tal y como pidió el miércoles la mandataria de Aena.

La Diputación de León se pone en marcha después de la visita de la directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) al aeropuerto de León, cuando Mayoral dejó en manos de las operadoras la posibilidad de que en la infraestructura leonesa llegue a existir la reclamada terminal de mercancías.

Aquel día, el pasado 6 de mayo, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), se compometió a mejorar los accesos al aeropuerto, sobre los que Aena también descartó responsabilizarse, en concreto ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

Ya apuntó Álvarez Courel que esta construcción estaría condicionada por la cesión de la parte de los terrenos del camino que actualmente ocupa la vía proyectada pertenecientes a San Andrés y Valverde de La Virgen.

Finalmente, este viernes el servicio de Fomento de la Diputación de León ha iniciado la redacción del proyecto para construir este acceso que considera “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”, todo ello después de que Aena descartase responsabilizarse de la construcción de cualquier infraestructura en el aeropuerto.

El acceso a realizar tendría una longitud ligeramente inferior a los 700 metros y con una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros, según los cálculos de los técnicos de la institución provincial.

El nuevo vial pretende actuar como enlace estratégico para el flujo de vehículos pesados y ligeros y dará acceso directo a la rotonda que comunica la antigua y nueva terminal desde el entronque de la avenida Javier Pascual (La Virgen del Camino) y la calle Ermitaño (Trobajo del Camino). De este modo, los usuarios tendrán un acceso directo al Aeropuerto desde el nodo industrial del municipio de San Andrés del Rabanedo y una conexión ágil a la N-120 y a la ronda sur de León (LE-30).

“Mientras otros debaten, esta Diputación ya está sobre el terreno con los técnicos para que el vial sea una realidad cuanto antes”, ha apostillado el vicepresidente primero de la Diputación de León, el leonesista Roberto Aller.

Aller ha instado al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León a “mover ficha” con “la misma celeridad” en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Industrial de Villadangos y con la autopista AP-77. En la misma línea ha incluido en esta llamada a la acción a los empresarios y operadores logísticos: “La institución mantiene una ronda de contactos para asegurar que el volumen de operaciones de carga sea inminente”.

“Nosotros dijimos que haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano para que las operaciones comiencen y no es palabrería” ha incidido un Aller que ha puesto el foco en “lo se puede hacer desde ya” a la par que ha puesto en valor que “la Diputación ha puesto técnicos sobre el terreno de forma inmediata”.

“León se ha cansado de esperar por promesas que nunca llegan de otras administraciones. En la Diputación hemos decidido dejar de mirar al cielo esperando soluciones y si depende de nosotros, se hará; y se hará ya. No vamos a permitir que la desidia ajena bloquee el futuro logístico de nuestra provincia por un minuto más”, ha zanjado el dirigente leonesista.

Se prometió para el año pasado. Se ha celebrado casi con medio año de retraso. Y ha servido para muy pocos avances de futuro y ningún compromiso cierto de mejora. Así se puede resumir la visita institucional hoy de Elena Mayoral, directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), al aeródromo civil leonés ubicado en La Virgen del Camino, fruto de la orden del ministro Óscar Puente después de que tras reunirse con los mandatarios de la Diputación se hablara con fuerza de la necesidad de construir una terminal logística aérea que podría ser la única de todo noroeste. Una plataforma que en un informe técnico el Consorcio del aeropuerto cifró en 43,6 millones de inversión.

En realidad no importa el precio: lo relevante es que Aena, el Ministerio, o el Gobierno central, como se prefiera, no acometerá esta ansiada infraestructura. Esto sí quedó del todo claro al hablar Mayoral ante los medios, asegurando que su construcción no sería competencia estatal sino exclusivamente inversión de las operadoras logísticas, siempre que haya alguna interesada, añadió más. Por eso, el único compromiso adquirido hoy fue poner en contacto a las operadoras de carga aérea del país, que ahora trabajan desde otras pistas, como por ejemplo la exitosa de Zaragoza, con la Diputación de León para ver si suena la flauta.

Mayoral explicó que, de darse este vital condicionante, cabría ejecutar una terminal de nueva construcción -con el precio mencionado que estimó Diputación- o incluso podría aprovechar algo ya existente, como es la antigua terminal de pasajeros del aeródromo leonés, que presentaría condiciones bastante óptimas para empezar, aclaró.

“Encontrando un operador de carga, las infraestructuras están disponibles y, si no, se pueden adaptar en la medida que se necesite”, ha afirmado la responsable de Aena, recordando que el transporte de carga aérea en España está bonificado, añade Efe. Y es que la empresa pública solo alquila el terreno por el tiempo que sea necesario para amortizar esa inversión por parte de las compañías, en el caso de que algún operador la lleve a cabo.

Para sondear y pilotar la búsqueda de ese impulso empresarial a priori inexistente, ya que el volumen de carga de los últimos años en el aeropuerto de León es prácticamente nulo, será la Diputación de León, que preside el Consorcio junto al Ayuntamiento de la capital, el que se encargue de llevar los posibles contactos, previa realización por parte de las operadoras de un plan de negocio para ver qué mercancía quieren mover en León y si aprovechan o no la antigua terminal de pasajeros.

La Diputación se echa mejorar accesos a sus espaldas

“Los aviones de pasajeros pueden empezar a transportar mercancías, luego se podría empezar ya”, apuntó optimista el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, ignorando aquel dato de que casi cero toneladas han sido movidas desde o hacia León en décadas. Por eso, en presencia también del Delegado del Gobierno, el leonés Nicanor Sen, primero habló de “buenas noticias en cuanto a las posibilidades que tiene el transporte de carga desde el aeropuerto leonés”, aunque a continuación admitió que la visión “positiva quizá no sea todo lo positiva que esperábamos”.

Como tampoco Aena se 'mojó' en la creciente petición de mejorar varios de los accesos a la pista leonesa, fue Courel el que se comprometió también a que “se descongestione el paso de vehículos por el centro de la Virgen del Camino”, ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

La única condición: que San Andrés y Valverde de La Virgen pongan de su parte los terrenos necesarios “del camino actual”. A todo esto, no se pronunció en público, aunque estuvo presente, el vicepresidente de la institución y diputado provincial, Roberto Aller (UPL), que mantiene “un pacto que goza de buena salud” en el Palacio de los Guzmanes, basado en gran medida en la mejora de infraestructuras por parte del Gobierno. Posteriormente, en una nota de prensa, UPL se atribuyó a su presión el hecho mismo de la reunión de hoy pero se mostró “prudente dentro de la satisfacción”, así como “vigilante” de cara a los siguientes pasos.

Mejor sistema de aproximación, tampoco

A preguntas de los periodistas sobre el posible aumento del sistema de aproximación al aterrizaje ILS del aeropuerto de León, actualmente de categoría I, frente al nivel III de otros muchos aeródromos, como el de Asturias o Valladolid, la directora general de Aena aseguró que es un asunto que “se está analizando”, sin más. Pero matizó que, aunque se hiciese ese cambio, no significaría que ya no se desviaría ningún avión, puesto que estos desvíos dependen de las condiciones meteorológicas y de la pericia de los pilotos.

Y además, otro escollo:  que “no solamente es la infraestructura en tierra”, sino que “hay una serie de obstáculos alrededor del aeropuerto que no harían viables en estos momentos las maniobras necesarias de aproximación”. Eso, y que todo lo que se refiere al control aéreo depende del Ministerio de Defensa, así como sus instalaciones militares o la Base Aérea misma. Finalmente, quiso quitar hierro a los efectos de la baja categoría del ILS, echando manos de la estadística oficial de Aena que hizo que el año pasado sólo se anularan “un 1%” de aterrizajes por la niebla en la pista leonesa.

Cuando el pasado otoño el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se reunió con más de dos años de retraso con representantes del equipo de Gobierno de la Diputación de León (PSOE y Unión del Pueblo Leonés), apenas hubo un compromiso seguro en el calendario: la visita oficial de la directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) al aeródromo civil de León, situado en La Virgen del Camino. Muy en concreto, la Diputación buscaba el primer compromiso oficial para comenzar a desarrollar una terminal de mercancías que, con un coste estimado de 43,6 millones de euros, podría convertir la pista leonesa en el único espacio de carga y descarga aeronáutica de todo el noroeste español.

Casi medio año de retraso después, por fin el presidente de la institución, Gerardo Álvarez Courel, aseguró en el último Pleno que la mandamás de Aena, Elena Mayoral, cumpliría con esa visita “en una o dos semanas”. De momento no se ha fijado fecha en las agendas oficiales pero los colectivos que promueven sacar el máximo rendimiento económico al aeródromo leonés de cara a su futuro ya tienen claros sus deberes. Y van más allá incluso de la terminal de mercancías.

Tras la celebración de una jornada reciente de análisis de las necesidades del aeropuerto leonés, en las que además de Aena quedó claro que será vital la implicación del Ejército, ya que el aeródromo es de control militar por la cercana Base Aérea, la organización León Propone ha diseñado con todo lujo de detalle lo que a su juicio requiere el aeropuerto leonés para su definitivo despegue. Coincide en gran medida con una beligerante 'Plataforma Más Vuelos, Más Futuro para León'.

Las principales peticiones, amén de la consabida terminal de carga y descarga, pasa por que se comiencen a diseñar, proyectar y lo antes posible presupuestar nuevos accesos a la pista aérea leonesa, porque la actual, atravesando La Virgen del Camino, es un cuello de botella poco menos que insalvable.

León Propone sugiere con todo lujo de detalles dos propuestas muy concretas y que ven factibles. La primera plantea crear un acceso rápido al aeropuerto desde la carretera N-120 (León-Astorga), aprovechando un camino ya existente por detrás de Confiterías del Bernesga. Han calculado que sólo sería necesario asfaltar unos 658 metros hasta conectar con la rotonda del aparcamiento de la terminal y un coste inferior al millón de euros. Este vial, defienden, facilitaría también el uso de una parcela de 17.000 metros cuadrados propiedad de Aena, con acceso directo a pista y capacidad para varias aeronaves tipo Boeing 737. La Diputación está dispuesta a estudiar su ejecución y el Consorcio del aeropuerto ya ha respaldado la iniciativa.

La segunda conexión que ven vital es más ambiciosa y compleja, una nueva carretera de unos siete kilómetros que conecte el exitoso polígono industrial de Villadangos del Páramo con la zona norte del aeropuerto. Aprovechando infraestructuras existentes y futuras, como la ampliación del polígono en marcha y la autopista León-Asturias AP-66, permitiendo además descongestionar la N-120. Esta vía abriría el acceso a más de 1,2 millones de metros de suelo con potencial para desarrollar la ansiada gran terminal de carga -que también defienden- u otras actividades aeroportuarias, como mantenimiento de aeronaves o almacenamiento de combustibles sostenibles. Esta inversión carece aún de cifra.

Ambas propuestas se enclavarían, a la fuerza, en el viejísimo y sólo esbozado en precampaña electoral de la Ronda Norte de León, la que debería cerrar hace décadas pero todavía sin éxito el anillo de circunvalación de la ciudad y canalizar todo el tráfico del amplio alfoz de la capital. Técnicamente estaría en fase de evaluación ambiental, tras su exposición pública, pero de plazos no hay noticias y se ha llegado a hablar un poco a ciegas de una inversión de unos 94,3 millones de euros. Pero su desarrollo requiere la colaboración de Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación y ayuntamientos, entre otras muchas dificultades.

A día de hoy, la realidad es que para todas estas necesidades que los colectivos y algunos partidos políticos ven imprescindibles y bastante urgente, Aena tan sólo ha diseñado invertir en los próximos años 16,3 millones de los 57,2 millones comprometidos en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, en el amplio horizonte hasta 2031. Y ni un solo céntimo en principio para ninguno de estos proyectos que León reclama. Por todo ello, la dilatada visita de la directora general de Aena se ve como el momento en el que sobre todo el Gobierno mostrará por fin su apuesta o desdén respecto al aeropuerto leonés.

Hace unos días nos sorprendió el subdelegado del gobierno con unas declaraciones diciendo que el gobierno, “como no”, tiene en “estudio y planificación” de todos o casi todos los proyectos anclados en el tiempo, esperando como solucionarlos mejor. Es decir, lo que nos llevan mintiendo desde hace décadas; mientras que fuera de nuestro territorio leonés todo son soluciones, ¡aquí son estudios!

El subdelegado no deja de ser un empleado del PSOE, como los representantes políticos en la Diputación, no están por votación de los leoneses, sino colocados a dedo por el partido, luego su disposición, es defender a su empresa y a quien debe su sueldo y prebendas.

Todos ellos cumplen honestamente con su función de gestión, sin más; ninguno se esfuerza en mejorar su cometido, dado que en su empresa (partido) les han transmitido –vamos a decir– el deseo de no enmendar los problemas existentes, porque a la provincia de León la tienen destinada a una producción masiva de energía, para que la disfruten, en otras latitudes, mientras aquí apoyan la despoblación para que no haya protestas ante las instalaciones de plantas de biometano, convirtiendo nuestra tierra leonesa en un vertedero nacional, e incluso de Europa. Y macroplantas de placas fotovoltaicas, además de los molinos de viento

Pasan olímpicamente de las siete Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco, la mayor concentración del mundo, la mayoría en la Cordillera Cantábrica, además del reconocimiento internacional de la montaña leonesa como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), que, dicho sea de paso, nuestros políticos leoneses han ignorado, o, insensatamente, les resbala el tema. 

El Estado, descaradamente eludiendo infraestructuras

Están descaradamente eludiendo la terminal de carga aérea; no les preocupa la falta de energía eléctrica industrial en nuestra tierra, como denuncian las fuerzas económicas y empresariales leonesas, a pesar del interés de las empresas por situarse en tierras ñeonesas, y las ya establecidas, por ampliar su capacidad de producción. Vamos que nos están aplicando aquello de en casa del herrero cuchillo de paro. 

Sin entrar en las mejoras de las comunicaciones con Portugal por Rihonor o desde Ponferrada a Asturias o Monforte, entre otras ya conocidas, como la Ruta de la Plata o solución del Manzanal, paradores de San Marcos, y de Riaño, elevación del segundo edificio del Incibe, soterramiento del ferrocarril en San Andrés, por eso hay que desprestigiar a la regidora municipal que no acepta otra solución alternativa al enterramiento, etcétera, etcétera.

La Junta no es que sea mejor

Claro que, en la otra administración, la autonómica, nos prometieron empresas públicas y dotadas con personal cualificado para un operativo antiincendios, y siguen contratando empresas privadas. O se despreocupan de los techos conocidos como de Teitu, en Villar del Monte en la zona de la Cabrera. ¡Esta no es una comarca castellana a la que cuidar! O nos llevan a Valladolid el circuito de Ciberseguridad, proyecto tecnológico vinculado al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Estas personas que dirigen la administración autonómica, son los mismos que durante siete años administraron la de España, y no sólo no solucionaron los problemas que teníamos, y que se mantienen, sino que además negociaron el eje atlántico, que se está ejecutando, aislando a la provincia de León. ¿Con estos mimbres podemos confiar que solucionen nuestros problemas si llegan a dirigir la administración central?

Llegado a este punto la conclusión como siempre es la misma: autonomía propia, para poder administrarnos los leoneses, con nuestros intereses, y no supeditarse a los de aquellos que actualmente nos administran.

Solución: diseñar ya la autonomía de León

Pero no vale simplemente reclamar de palabra la autonomía, hay que diseñarla ya, un estatuto de autonomía leonesa, ponerlo en marcha desde las administraciones que gobernamos los leoneses, y buscar los caminos de aprobación de la Constitución española. Exigir el cumplimiento de nuestros Decretas, como lo son otros, herederos de los nuestros.

Y no tolerar más mentiras ni engaños de los políticos nuestros, o que nos visiten como enviados de las administraciones. Una vez nos pueden engañar. Dos veces, puede pasar, porque somos buenos, y admitimos errores. Un servidor, no pasa por más mentiras y engaños, por la sencilla razón que, el no tener master, ni títulos universitarios y posibles lagunas culturales, no implica ser gilipollas. Y mis paisanos creo que la gran mayoría tampoco lo son.

A mi modo de ver, debemos dejar claro a nuestros políticos –¡Elegidos por nuestros votos!– Que no podemos soportar más tomaduras de pelo, levantándose de la mesa, o saliendo de la sala, cuando empiezan con los cuentos de que están estudiando, analizando, los problemas. ¡No tienen intención de solucionar nada, por las razones que he expuesto anteriormente! 

Queremos soluciones, y no más mentiras ni engaños.

Post Scriptum: Estimado lector, estimados leoneses, o nos ponemos serios pidiendo lo que nos corresponde, o seguirán riéndose de nosotros, teniendo que ir nuestros hijos a trabajar a otras regiones, sin poder disfrutar de sus alegrías, o apoyarles en sus contrariedades. Incluida la perdida que te llamen, los nietos, Guelu o abolu frecuentemente y no sólo por Semana Santa o Navidades.

Hace un año, el 28 de abril, la provincia de León y toda la península ibérica se pararon por unas cuantas horas. Las que duró el gran apagón que sufrió el sistema eléctrico de España y Portugal, un asunto que sigue pendiente de dilucidar culpas mientras el operador del sistema Red Eléctrica y las principales eléctricas se echan culpas mutuas.

El 'cero absoluto', como se denomina en el argot energético, ocurrió a partir de las 12:32 horas cuando se fue el sistema eléctrico. Las comunicaciones aguantaron a duras penas un poco más pero acabaron cayendo y generando uno de los principales problemas de la jornada, que en términos generales se saldó sin incidentes graves en España y en la provincia leonesa. Solo en el Valle de Sajambre y alguna otra pequeña localidad autosuficiente ni se enteraron de la movida.

Ese 28 de abril se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, no especialmente buenos con un repunte, y la Universidad de León celebraba con un par de días de retraso el Día de San Isidoro, su patrón, un acto que pese a la ausencia de electricidad no se vio especialmente afectado.

Tras el apagón absoluto las instituciones se organizaron para verificar los posibles sucesos, como ciudadanos atrapados en ascensores entre otros, mientras los ciudadanos paseaban, los comercios esperaban un poco por si volvía pronto la luz y se intentaba obtener información por alguno de los canales a los que se podía acceder. Las redes móviles aguantaron un poco al principio pero en términos generales se acabaron cayendo por lo prolongado del corte.

Desde primera hora del apagón un 'gabinete de crisis' funcionó en la Subdelegación del Gobierno para coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, iniciando un proceso de verificar que no había problemas en puntos clave como los hospitales o residencias de mayores, que deben tener generadores de emergencia. Allí se coordinaron la Diputación, los ayuntamientos de la provincia con que se iba contactando o hasta la Junta de Castilla y León. Pese a tener las competencias en materia de emergencias y protección civil el Gobierno autonómico no activo un Cecopi provincial aunque sí había activado el nivel 2 autonómico, que es donde se coordinan los efectivos como sí hizo en verano con los graves incendios forestales. En el caso de León dejó funcionar al 'gabinete de crisis' y la coordinación en manos del Ejecutivo central, que no activó el nivel 3 de emergencias que les hubiera puesto al frente.

El mayor problema de la jornada fueron las comunicaciones, con la red móvil muy inestable porque con el transcurrir de las horas se apagaban estaciones bases móviles y las comunicaciones se hacían imposibles. Una de las anécdotas de la jornada fue que para poder mantener la conexión con El Bierzo se tuvo que movilizar vehículos de la Policía Nacional entre Astorga y el Manzanal ante el fallo de un repetidor en la zona y para mantener las comunicaciones.

También hubo que tirar del sitema REMER, una red de radioficionados voluntarios que colaboran con el Sistema Nacional de Protección Civil, que prestaron una ayuda fundamental para por ejemplo conocer cómo estaba la situación en el Hospital de El Bierzo, sin ningún incidente destacable. Ese fallo en las comunicaciones ha sido la principal incidencia encontrada en León, con algún incumplimiento de las obligaciones de tener sistemas energéticos alternativos en lugares sensibles.

A primera hora de la tarde empezó a volver el suministro a varias zonas de la provincia, reactivando la red eléctrica en zonas de El Bierzo, incluyendo parte de Ponferrada, y en torno a las siete y media de la tarde comenzó a recuperarse en la capital leonesa, y así paulatinamente a otras localidades. En Laciana no se pudo recuperar el suministro hasta prácticamente un día después del apagón.

De los aprendizajes destaca el concepto de 'isla energética', que derivado de los apagones por la nieve, hizo que el municipio de Oseja de Sajambre no se viera afectado, ya que su sistema puede ser autónomo. Y cómo el sistema de emergencia funciona al haber dejado un tren enuno de los túneles de la variante de Pajares, activando un operativo que rescató a las decenas de pasajeros afectados.

A pie de calle el apagón dejó inactividad, interrumpiendo la vida diaria y afectando en particular a la actividad económica. Una jornada atípica que estuvo acompañada de un buen tiempo que los leoneses disfrutaron en la calle. “Nos hemos acostumbrado tanto a estas nuevas tecnologías que si nos falla alguna pues estamos fatal”, reflexionaba una mujer entrevista por ILEÓN en esa jornada. Un año después la vida sigue, pese a Donald Trump, más o menos igual.

Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la autovía León-Burgos (A-231), en la provincia leonesa, se ha saldado con al menos una persona herida tras la colisión entre dos camiones a la altura del término municipal de Santas Martas. El siniestro se produjo en el kilómetro 18 de la vía, en la circulación en sentido Burgos, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió el aviso a las 12.34 horas, momento en el que se alertaba de que un camión había impactado contra otro vehículo pesado que se encontraba parado en la calzada por motivos que no se han facilitado. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación, que quedó condicionada en todo un carril, y esclarecer las circunstancias del suceso.

Como consecuencia de la colisión, un varón de unos 50 años precisó asistencia sanitaria tras presentar síntomas de mareo, según se advirtió en un primer momento. El 1-1-2 dio aviso a Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), que se encargó de atender al herido en el lugar del accidente. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado ni si fue necesario su traslado a algún centro sanitario.

El siniestro provoca desde primera hora de la tarde relevantes afecciones al tráfico en la zona. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha establecido un estrechamiento entre los kilómetros 18 y 19 de la A-231, en sentido creciente hacia Burgos, con el carril derecho afectado. Esta incidencia permanece activa desde las 13.07 horas en el término municipal de Santas Martas, lo que obliga a extremar la precaución a los conductores que circulan por este tramo.

El Gobierno acaba de adjudicar obras por valor de 22,4 millones de euros en la Base Aérea de la Virgen del Camino, junto a León capital, para dos proyectos cuya adjudicación ha sido publicada este jueves, y que tienen como objetivo la construcción de instalaciones y pistas para la llegada del nuevo megadron militar Sirtap que fabrica la compañía Airbus, anunciado a finales del año pasado.

Las obras incluyen tres plataformas con sus rodaduras asociadas de acceso a pista, con un presupuesto de 19,8 millones, que servirán de apoyo a la operación de la aeronave del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado Táctico de Altas Prestaciones (Sirtap), un gran dron militar diseñado y fabricado en España por Airbus.

El plazo de las obras es de un año y el objetivo es asegurar una operativa eficiente para estos sistemas de defensa de los ejércitos de Aire y Tierra, han informado fuentes de la Administración General del Estado. Este contrato ha recaído en la unión temporal de empresas (UTE) formada por Grupo Render Industrial Ingeniería y Montajes SL y Asch Infraestructuras y Servicios SA.

Por otro lado, se construirá un edificio para albergar un hangar de estructura fija para impartir el ciclo formativo de grado medio en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos, con una adjudicación por valor de otros 2,5 millones a mayores. La empresa elegida para su construcción es Extraco, Construcciones e Proxectos SA. En este caso las obras durarán catorce meses y el objetivo es reforzar la capacidad docente de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA) con sede en la base aérea leonesa.

Con los plazos anunciados, se estima que toda esta nueva infraestructura esté terminada y disponible antes del verano del próximo año, 2027.

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha destacado la importancia de esta inversión para la provincia de León al subrayar que se trata de un “impulso decisivo para el desarrollo económico, industrial y tecnológico del territorio, al tiempo que refuerza el papel estratégico de León en el ámbito de la defensa y la innovación aeronáutica”.

Asimismo, ha señalado que la llegada y consolidación de programas como el Sirtap “no solo modernizan nuestras capacidades, sino que también generan oportunidades de empleo cualificado y favorecen la colaboración con el tejido empresarial”.

En relación con el ámbito formativo, el delegado ha puesto en valor que la ampliación de las infraestructuras de la Academia Básica del Aire y del Espacio “permitirá seguir formando a profesionales altamente cualificados, contribuyendo al arraigo de talento y al fortalecimiento de un sector con gran proyección de futuro”, concluye en la nota de prensa.

El Gobierno de España ejecuta ya por valor de casi 10 millones de euros su prometido plan de restauración hidrológico-forestal tras los incendios registrados en 2025 en la provincia de León, en concreto con una inversión global de 9.763.943,16 euros. Estas actuaciones, distribuidas en 14 intervenciones sobre ocho grandes incendios y que afectan a 24 localidades, buscan estabilizar el terreno, recuperar la cubierta vegetal y reforzar la resiliencia del medio natural frente a futuros episodios.

Los trabajos, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027, se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León al intervenir sobre montes comunales que son de titularidad autonómica. Las medidas incluyen el control de la erosión, la restauración de cauces y riberas, la retirada y tratamiento de biomasa quemada, la prevención de plagas forestales y la reparación de infraestructuras forestales y rurales.

Estas intervenciones resultan especialmente relevantes en zonas de pendiente, donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor tras los incendios. Con ellas se pretende no solo reparar los daños ocasionados, sino también evitar consecuencias posteriores como inundaciones o la pérdida de fertilidad del suelo, favoreciendo así la regeneración natural de los ecosistemas afectados.

El plan se despliega en distintos puntos de la provincia, entre ellos las áreas dañadas por los incendios de Fasgar-Igüeña, La Uña, Porto-La Baña, Anllares y Gestoso, Barniedo, Canalejas, Molezuelas-Castrocalbón y Yeres-Llamas de Cabrera, muchas de ellas enclavadas en espacios de alto valor ecológico.

Dentro de este conjunto de actuaciones, la restauración en la zona de Fasgar-Igüeña cuenta con una inversión específica de 500.073,37 euros. Los trabajos, que se desarrollan en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, se centran en el control de la erosión, la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora del drenaje y de las infraestructuras forestales.

Como curiosidad, según la cifra oficial del Ministerio este incendio afectó a 6.973 hectáreas, incluidas áreas de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, así como hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, criticada por la gestión de los medios aquel verano, así como después por ocultar o minimizar los datos, cuantificó sólo 5.014 hectáreas.

En el marco de estas actuaciones, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitó este miércoles la zona junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y representantes municipales, en una jornada de seguimiento de los trabajos en marcha, y donde hizo el recuento de las investiones acumuladas hasta ahora.

La historia ambiental del noroeste es un rosario de despropósitos grandes y pequeños, muchos de ellos gestados desde la Administración. El último fue Altri, impulsado desde la trastienda de la Xunta de Galicia y, conviene recordarlo, contó con el beneplácito de PP, PSOE y BNG en el parlamento gallego y en la Diputación de Lugo. Rectificar es algo meritorio. Tenemos ahora delante una nueva cuenta en el rosario que rectificar, pero no sé si se llegará a tiempo. La catástrofe parece ya inevitable.

La autovía A-76, Ponferrada-Orense, fue aprobada en el parlamento español hace más de dos décadas al amparo de otro despropósito 'marco', el Plan Galicia, fruto de otra brutalidad, el Prestige, que ya apenas recuerda nadie. Lo advertimos entonces: tras la marea negra llegaría la marea gris. El caso es que, de nuevo, todos los grupos políticos gallegos con representación en Madrid aprobaron la barbaridad que se iniciará, aparentemente, en breve.

¿Por qué es una brutalidad y un despropósito?

El apoyo unánime de los grupos políticos a este proyecto revela hasta qué punto determinadas inercias políticas son compartidas entre fuerzas que dicen defender modelos diferentes de país. Frente a un modelo que prioriza a las grandes constructoras y a las subvencionadas industrias automovilísticas y petroleras, es necesario apostar por alternativas eficientes, sostenibles y justas, basadas en el transporte público, en la optimización de lo ya existente y en la inversión en el territorio. Es importante no tomar más el pelo a los vecinos.

La A-76 no es una solución: es un problema, una aberración, un atentado ecológico y territorial. No sé si estamos a tiempo de detenerla. Rectificar es, siempre, de sabios.

Este artículo se publicó originalmente en gallego en Nòs Diario

La Gerencia Regional de Salud, de la Junta de Castilla y León, ha anunciado hoy la adjudicación en prácticamente seis millones de euros, con un plazo de ejecución de dieciocho meses -año y medio-, la Unidad de Reanimación Postquirúrgica del Hospital de León.

Según la Consejería de Sanidad, esta actuación permitirá renovar y ampliar la actual Unidad de Reanimación, que pasará de doce a dieciséis camas y se ubicará en la primera planta del edificio sur del Hospital. Se trata de una obra previa e imprescindible para que, cuando la nueva Reanimación entre en funcionamiento, allá por finales de 2027, Sacyl comience a acometer en el espacio liberado la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que prometió en todos los hospitales de Castilla y León en 2020, en plena pandemia. De hecho, se ha ampliado en todos los centros excepto en el de León, a pesar de prometerse entonces, y en este caso el retraso será de ocho años en el mejor de los escenarios.

Sin entrar en los constantes incumplimientos, la Consejería de la Junta se ciñe a que esta intervención permitirá incrementar de manera notable la capacidad de cuidados intensivos del Hospital, al pasar de dieciséis a veintiocho camas, lo que supone un aumento de doce plazas respecto al número actual.

En conjunto, entre la nueva Unidad de Reanimación y la ampliación de la UCI cuando sea una realidad, el complejo hospitalario aumentará su dotación total de camas críticas de 28 a 44 “para reforzar la atención a pacientes que requieren vigilancia continuada”, ya sea tras una intervención quirúrgica o durante la evolución de patologías graves que precisan soporte vital avanzado.

El proyecto adjudicado a la empresa Ferrovial exactamente por un importe de 5.959.161,51 euros, incluye tanto la ejecución de las obras como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, y forma parte de la estrategia de modernización de infraestructuras sanitarias de la Junta de Castilla y León. Una estrategia que contemplaba estas actuaciones ya en el año 2022, reinterándose después, siempre sin cumplir, año tras año.

La Unidad de Reanimación se construirá en concreto principalmente en la planta baja del mismo edificio, actualmente zona de aparcamiento cubierto que se cerrará y habilitará para el nuevo uso, de una serie de unidades y servicios que se encuentran en la zona en la que estará la Reanimación.

La Diputación de León asegura que ha comenzado ya, por fin, la labor de la prometida Oficina de Expropiaciones para iniciar los trámites que permitan disponer de los terrenos para el arreglo urgente de la carretera LE-5523 en Antimio de Arriba (municipio de Chozas de Abajo), como exige una Plataforma vecinal desde hace meses.

Así lo ha transmitido el vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, perteneciente a Union del Pueblo Leonés (UPL), que ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, y los representantes de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba, impulsores y miembros de la Plataforma.

Durante el encuentro, Aller les ha explicado cuál es el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina hasta Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que la recién creada Oficina de Expropiaciones es “una iniciativa que hemos puesto en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias”, explican en una nota de prensa.

Aller ha trasladado a los representantes municipales que ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones; sin embargo, ha querido recordar que “estos trámites llevan tiempo, aunque nosotros realizamos un gran esfuerzo por mejorar ésta y todas las vías de la provincia”. Desde el área de Infraestructuras se calcula que se pueda contar con los terrenos “durante este verano”.

En este sentido, Aller ha afirmado que “en cuanto esto esté solucionado, podremos poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía”.

Quejas, protestas y habituales accidentes

Los usuarios de la carretera llevan meses de quejas y también organizando protestas, exigiendo el cumplimiento político del compromiso de que la Oficina de Expropiaciones realice las complejas gestiones para disponer de los terrenos que muchos ayuntamientos pequeños no pueden asumir, al menos sin graves retrasos. Y es que los conductores y vecinos de muchos de los pueblos afectados denunciaban el estado altamente peligroso de un vial que efectivamente se cobra víctimas cada poco tiempo, como ocurrió sin ir más lejos hace apenas una semana en la LE-5523, según certificó el 1-1-2, una salida de vía de un turismo que dejó una mujer de 86 años herida y con traslado al Hospital de León.

La Diputación de León ha dado por finalizadas las obras de acondicionamiento de la carretera LE-5208, que une la LE-713 con Arganza pasando por Magaz de Arriba, tras una inversión de 503.824 euros destinada a modernizar este eje viario.

El vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, fue el encargado de recepcionar los trabajos, ejecutados entre Magaz de Abajo (Camponaraya) y Magaz de Arriba (Arganza), una actuación que además permite completar la urbanización del primero de estos núcleos.

La intervención ha supuesto la mejora de más de un kilómetro de carretera (1.078 metros), centrada en la renovación de un firme que presentaba un importante desgaste y en el ensanche de la vía, que pasa de unos cuatro metros a alcanzar entre cinco y seis, facilitando así el cruce de vehículos con mayor seguridad.

Las obras se han desarrollado en varios tramos diferenciados. En la travesía de Magaz de Abajo, donde se actuó en más de la mitad del recorrido, se combinaron trabajos de asfaltado con la construcción de aceras y la renovación de servicios básicos, como redes de agua, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado.

En el tramo intermedio, entre ambas localidades, se llevó a cabo el ensanche de la carretera, junto al refuerzo del firme y la mejora de los sistemas de drenaje. Finalmente, en la travesía de Magaz de Arriba, se realizaron actuaciones puntuales para mejorar el pavimento.

El proyecto se completó con la instalación de señalización y elementos de seguridad, con el objetivo de optimizar la circulación en este punto de la red provincial.

Las obras, iniciadas en julio de 2024, han concluido en enero de 2026, reforzando la funcionalidad de esta vía y mejorando las condiciones de seguridad para los usuarios.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la licitación de las obras para mejorar la carretera LE-213 entre Puente Villarente y Casasola de Rueda, una actuación que llega ocho meses después de que fuera anunciada y que contará con un presupuesto de casi 7 millones de euros y dos años y medio de plazo de ejecución.

El contrato, autorizado en el Consejo de Gobierno, fija una inversión de 6.946.850 euros y un plazo de ejecución de 30 meses para intervenir en un tramo de cerca de 18 kilómetros que conecta esta vía autonómica con la N-601.

El proyecto contempla una actuación integral sobre la carretera, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad vial como las condiciones de circulación. Entre las actuaciones previstas se incluyen el ensanchamiento de la plataforma, la renovación del firme, la mejora de la señalización y el balizamiento, así como la adecuación de varias intersecciones.

Se trata de una intervención demandada en este eje viario del sur de la provincia leonesa, utilizado habitualmente por vecinos de la zona, que ahora inicia su tramitación administrativa tras varios meses desde su anuncio inicial.

Tras casi 15 años de bandazos, compromisos y retrasos, el futuro del actual aparcamiento en superficie y en precario de Santa Nonia, en pleno centro de León, comienza a cobrar forma poco a poco. Al menos en las planificaciones.

Esa forma que hoy ha detallado como nunca hasta ahora Gerardo Álvarez Courel, el presidente socialista de la Diputación de León, institución propietaria del terreno, será la de un parking subterráneo que tendrá tres plantas bajo tierra, muy esperado ante la falta de plazas de aparcamiento en el centro de la capital. Pero también en altura habrá un edificio de cinco plantas, “baja más cuatro”, dijo el presidente, y por lo tanto una más que las que ahora tienen los edificios que la rodean en la misma mano de la vía: la biblioteca pública, el actual Conservatorio de Música o el edificio de Correos.

Courel, preguntado entre críticas por la oposición del Grupo Popular, a causa de la lentitud de una solución al actual solar, justificó que todavía se trata con el Ayuntamiento de León de delimitar con precisión el solar exacto, del que ya se tuvieron que ganar metros respecto a Correos en algunos replanteos, para promover ya un proyecto sobre “una parcela real” que ha sido, dijo, muy difícil de resolver. Porque estaba “de aquella manera”, le recriminó al último Gobierno del PP en 2018 y por ende a su antecesor del PSOE, y ha resultado ser un infierno calcular la edificabilidad, dado que “la mitad de la calle Lancia es propiedad de la Diputación”.

También anunció que el edificio futuro “queremos que sea emblemático y especial”. Y para ello, tras reunirse ayer con el Colegio de Arquitectos, han acordado sacar un concurso de ideas al que ya saben que destinarán, de momento por reserva de crédito, la cantidad de 50.000 euros. “Se designará un tribunal y queremos que a quien gane se le contrate también el proyecto, con un límite, pero sin dispendios, por si viene un arquitecto que cobre tres millones”.

Como detalle que el proyecto deberá incluir, añadió otro también llamativo: que el nuevo gran inmueble a construirse se conectará físicamente, de una manera aún por definir, con el actual Conservatorio, edificio que previsiblemente la Junta de Castilla y León abandonará en pocos meses al terminar por fin, tras casi 19 años de promesas, la nueva sede del centro educativo superior en el barrio de La Palomera.

De este modo, además de la inversión en el nuevo edificio del actual aparcamiento de Santa Nonia, avanzó que se tendrá que inyectar también dinero a la reforma del viejo Conservatorio, dado que, según critica el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, la Junta durante décadas apenas ha realizado mantenimiento básico en el inmueble y requiere amplia inversión para aislamiento y eficiencia energética o movilidad, entre otros. El uso de ambos está por decidirse por parte de la institución provincial pero en buena medida será para albergar diferentes servicios administrativos de la Diputación en una zona céntrica y accesible.

El presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente segundo, el leonesista Valentín Martínez, han presentado este martes el Plan de Cooperación Municipal 2026-2027, y la quinta fase del reparto del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que se aprobará este miércoles en Pleno, con cerca de 75 millones, como ejemplo de buena gestión por parte del equipo de Gobierno bipartito.

Courel ha explicado que se debatirá la aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal (PPCM) que, como el anterior, “también tendrá carácter bienal para 2026 y 2027, y que está dotado con casi 60 millones de euros”. Una inversión en la que los 208 municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes recibirán entre un máximo de 572.000 euros y un mínimo de 200.000 euros.

Durante el último mandato, una de las novedades más importantes del PPCM ha sido el importante aumento de la inversión ya que, según ha apuntado Valentín Martínez, “antes de llegar la corporación actual, este Plan contaba únicamente con unos 20 millones de euros al año”. Otra de las novedades durante este periodo ha sido el carácter bienal del Plan, que se mantiene en este ejercicio, que “facilita a los ayuntamientos la planificación de las obras, su justificación, y también contar con mayor liquidez a corto plazo”, ha señalado Martínez.

Con estas ayudas, los beneficiarios pueden llevar a cabo diferentes inversiones, realizar obras y contratar suministros, siendo los ayuntamientos los responsables de contratar las obras, mientras que los criterios para la concesión de las subvenciones estarán basados en las cifras de población, ha recogido Efe.

Asimismo, también se aprobará la quinta fase del Plan PIOS -quedará al menos una más- que la Diputación puso en marcha el pasado año y que ha supuesto una inversión de otros 60 millones de euros que se destinan íntegramente a los pueblos. A falta de la restante, “los municipios leoneses han podido realizar más obras y contratar más servicios para hacer que nuestros pueblos cuenten con los servicios necesarios para que los leoneses que residen en el medio rural puedan contar con la posibilidad de seguir desarrollando su vida en ellos”, ha explicado Courel. En esta ocasión, se reparten 13,5 millones de euros para un total de 48 ayuntamientos, que llevarán a cabo 136 actuaciones.

El Pleno de mañana también lleva la aprobación del convenio con la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para la ejecución del polémico proyecto de infraestructuras turísticas asociadas al embalse de Riaño, como la pasarela de Bachende, la ruta al Valle de Anciles y un embarcadero, todo ello en la Montaña Oriental Leonesa. Un proyecto adelantado por ILEÓN y que ha supuesto un encontronazo entre detractores, por su gran impacto, y defensores, por venir a incentivar un mayor turismo. El proyecto supone una inversión de 3,7 millones de euros, de los que el 30% lo aporta la Diputación (1,1 millones de euros) en virtud del convenio firmado con la Junta.

Por último, también se aprobará el presupuesto de la aportación de 108.000 euros de la Diputación al Banco de Tierras del Bierzo, para la anualidad de 2026, también en función de otro convenio, en este caso con el Consejo Comarcal del Bierzo, que suplementa el resto hasta los 130.000 euros finales.

“En resumen, se trata de un Pleno de gran calado en el que se evidencia, de nuevo, que la Diputación es el verdadero motor de la economía de la provincia en sectores como los servicios y dotaciones para los municipios, el turismo o la agricultura”, resumió el presidente Álvarez Courel.

Ha roto todos los récords de éxito veraniego, convirtiéndose en un referente de todo el norte de España. Pero el 'parque acuático' de Valencia de Don Juan, al sur de la provincia leonesa, quiere demostrar que no tiene techo y apuesta por una nueva inversión para que su gran centro de ocio aumente en experiencias, adrenalina, vértigo y diversión.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, tal y como lo anunció el alcalde el verano pasado, ha puesto en marcha ya la contratación para instalar instalación de dos nuevos toboganes acuáticos en la zona de ocio del municipio. El proyecto supondrá una inversión que superará el medio millón de euros, en concreto un precio de licitación a las empresas interesadas que parte de 506.000 euros.

La actuación contempla al unísono la redacción del proyecto -aunque ya se detalla mucho en los pliegos para instalación de los llamados 'toboganes con hidrofrenado y elementos auxiliares', así como la construcción e instalación de los mismos, con un presupuesto base que con IVA asciende en concreto a 505.999,99 euros.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de marzo de 2026, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dos toboganes de gran altura, gran caída y largo recorrido

El proyecto prevé la construcción de dos grandes toboganes que partirán desde una altura nunca vista en las instalaciones actuales: una plataforma elevada a 12 metros de altura. El emplazamiento elegido es en el sureste del actual tobogán rápido y de la piscina de olas, dentro de lo que hace pocos años era todavía el campo de fútbol. Actualmente el espacio está ocupado por una zona verde y elementos de esparcimiento, por lo que las obras incluirán movimientos de tierra, cimentaciones, canalizaciones hidráulicas y eléctricas, pavimentación y restauración del entorno.

Uno de los toboganes tendrá un recorrido recto de al menos 40 metros de largo en descenso, mientras que el segundo, el que más dará que hablar, alcanzará al menos 90 metros de longitud. La sensación principal de este último serán dos bucles que harán que los usuarios den un giro de 360 grados en ambos recodos, rodeando parcialmente al otro tobogán para crear un recorrido todavía más espectacular.

Ambos se diseñarán de tipo tubular, con algunos tramos abiertos y otros cerrados para mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar la iluminación interior suficiente. Estarán fabricados en fibra con tratamientos específicos para reducir la fricción y aumentar la durabilidad, destacan también los pliegos.

Un usuario cada 20 segundos

Las cifras iniciales estiman que el conjunto de los dos nuevos toboganes tendrá capacidad para al menos 360 usuarios por hora, con una frecuencia estimada de un usuario cada 20 segundos en cada tobogán. Para ello, las nuevas atracciones se apoyarán en una torre o plataforma estructural que se alzará 12 metros, equipada con escaleras, barandillas y sistemas de control de acceso para que los socorristas y encargados puedan regular el aforo de la instalación.

El diseño está abierto a más ampliaciones futuras, en concreto la estructura podría albergar hasta dos toboganes más en el futuro, uno a la misma altura de 12 metros y otro a una cota intermedia de seis metros, ampliando así todavía más y sin grandes costes añadidos la capacidad del parque acuático.

Además, dentro de la propia estructura se integrará una sala técnica para el sistema de bombeo, filtrado y tratamiento del agua, junto con depósitos de compensación y equipos de control para garantizar las condiciones sanitarias del circuito.

Para cuando se abran las ofertas de las empresas interesadas en su construcción y se adjudiquen las obras, el plazo para poder ejecutarlas será como máximo de seis meses desde la firma del contrato, incluyendo un primer mes para la redacción y aprobación del proyecto técnico definitivo, lo que no permite garantizar a priori que las dos nuevas y vertiginosas atracciones puedan estar en funcionamiento para este verano de 2026.

Tras su puesta en servicio, la empresa adjudicataria deberá encargarse también del mantenimiento preventivo y correctivo durante la primera temporada de funcionamiento, hasta el final de ese verano, rezan los pliegos. Finalmente, la instalación contará además con tres años de garantía para la obra y los equipos, con requisitos técnicos y ensayos de seguridad previos a su apertura al público. Un público siempre fiel al parque acuático de Valencia de Don Juan, que proviene cada vez más incluso de otras provincias y autonomías, como Asturias, Galicia o Cantabria, y que hacen de este lugar un epicentro esencial de la diversión veraniega de la provincia de León.