El Pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre, celebrado este jueves, ha aprobado una modificación presupuestaria que autoriza el uso de cerca de 400.000 euros para inversiones. En torno a 120.000 euros de ellos se van a destinar a complementar la subvención de la Junta para suelo industrial.

También con cargo a este dinero se van a acometer trabajos de mejora y urbanización de la zona industrial existente en la calle La Cerrada. El equipo de Gobierno remarcó que durante esta legislatura se ha invertido más de medio millón de euros en puesta a punto de espacios industriales en su conjunto.

Además, se incorporan 180.000 euros para destinarlos a la mejora de los recintos diseñados para que los perros puedan hacer sus necesidades, los conocidos como pipican. En el municipio de Villaquilambre existen cerca de 4000 perros censados y con esta inversión se responde a una necesidad muy demandada por los vecinos, remarcan los miembros del Gobierno municipal. Por último, el resto de este remanente se usará para la redacción de proyectos pendientes de redactarse.

La sesión plenaria de hoy también ha aprobado otros temas como la concesión de la Medalla del Mérito a varios agentes de la Policía Local por actuaciones que traspasaron el mero desempeño de sus funciones en colaboración con otros cuerpos policiales.

Se aprobó además la tramitación ante la Junta de Castilla y León de la propuesta de concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León, con carácter colectivo, a favor de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Villaquilambre. También se elevará a la Junta la propuesta de concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León a favor del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Hugo S. M., por una actuación realizada en Navatejera fuera de su jornada laboral.

Se ha autorizado, por otro lado, la modificación de varios puestos de la Relación de Puertos de Trabajo (RTP) municipal para “adaptarlos a las necesidades actuales del municipio”, así como a los requerimientos legales actuales. Así, se incorporan cuatro puestos de jardineros y se modificará la calificación legal de las trabajadoras de las guarderías, pasando de asistentes a técnicos asistentes.

Finalmente, han salido adelante varias mociones. La presentada por al Unión del Pueblo Leonés (UPL) para exigir la supresión de los peajes de las autopistas AP-66 León-Asturias y y AP-71, León-Astorga; la rubricada por el Grupo Socialista y Podemos-Izquierda Unida en favor de la vivienda social de alquiler; y una tercera en la que se solicitaba por parte del Grupo Popular un endurecimiento de la legislación anti ocupación.

Siete metros y medio de voladizo sobre el vacío, con sensación como si se volara, para contemplar el valle de Valdeón. El histórico mirador de Piedrashitas, en el puerto de Panderrueda, ya luce su nueva imagen después de una reforma que ha convertido la estructura de hormigón construida en 1967 en uno de los miradores más singulares de la montaña leonesa.

La intervención que acaba de concluir combina el hormigón original con acero corten y vidrio y permite asomarse al paisaje del Parque Nacional de Picos de Europa desde una plataforma suspendida sobre la ladera. Se encuentra ya ejecutado y abierto al público en uno de los entornos naturales más espectaculares de la Cordillera Cantábrica. El puerto de Panderrueda, situado a 1.450 metros de altitud, se encuentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una zona sometida a distintas figuras de protección ambiental, entre ellas ZEC, ZEPA y Reserva de la Biosfera.

La actuación parte del mirador original de Piedrashitas, construido en 1967 y situado aproximadamente a medio kilómetro del puerto, en dirección noreste. La estructura sólo de hormigón, que durante décadas permitió contemplar el valle de Valdeón y el macizo central de los Picos de Europa, se ha integrado en una intervención de diseño contemporáneo que pretende mantener la identidad de la construcción original.

Sobre el hormigón de hace décadas

La principal novedad es el gran voladizo frontal de 7,50 metros, que permite al visitante avanzar sobre el vacío y obtener una perspectiva abierta del valle. A él se suma un graderío lateral pensado para una contemplación más pausada del paisaje. El acceso se realiza sobre una superficie uniforme apoyada sobre la estructura escalonada de hormigón existente.

El acero corten es el material predominante de la nueva intervención, elegido por su resistencia a las condiciones meteorológicas de la montaña y por su capacidad, según la Junta, para integrarse en el entorno. El vidrio completa el conjunto, especialmente en el extremo del voladizo principal y en parte de las barandillas.

La Junta define el resultado como una “escultura en medio de la naturaleza” y sostiene que la actuación permite recuperar un elemento arquitectónico histórico mediante una combinación de materiales que supera la separación entre naturaleza y artificio.

Una historia de retrasos

Pero detrás de la llamativa nueva imagen del mirador hay también una historia de retrasos. Piedrashitas no es una infraestructura concebida recientemente. Su origen se encuentra en el ambicioso programa turístico que la Junta de Castilla y León presentó en 2017 para impulsar los espacios naturales de la Comunidad mediante 43 infraestructuras singulares y una inversión anunciada de 26 millones de euros.

En aquella relación figuraban once actuaciones para la provincia de León. Entre ellas había nuevos miradores en los Picos de Europa, trineos en Leitariegos, pasarelas flotantes, proyectos de ocio vinculados al embalse de Riaño, un Parque de Aventuras en antiguas instalaciones mineras e incluso la recuperación del palacio de Burón. Buena parte de aquellas promesas quedaron durante años sin materializarse.

Piedrashitas fue uno de los proyectos que finalmente consiguió ser recuperado dentro de la reformulación del programa turístico y, posteriormente, beneficiarse de la financiación europea Next Generation. En 2020, la actuación reaparecía presupuestada en 159.000 euros y con un plazo de ejecución de un año.

La Junta volvió a poner el proyecto en primer plano en 2023. El entonces consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, acudió al puerto de Panderrueda para presentar in situ la reforma y anunció una inversión de 180.000 euros y su finalización para la primavera de aquel año. Aquella previsión tampoco se cumplió. La propia planificación posterior situó la ejecución varios meses más tarde. En paralelo, la inversión conjunta de los dos miradores del entorno, Piedrashitas y Riega de Hoyo, superaba los 465.000 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Así, con abundante retraso, al menos en este caso sí llega al paisaje de los Picos de Europa un nuevo recurso para incentivar el turismo. Junto a Piedrashitas, la actuación contempló también la modernización de Riega de Hoyo, en el término municipal de Posada de Valdeón. Este segundo espacio se encuentra a unos 200 metros del puerto de Panderrueda, hacia el suroeste, en un antiguo descansadero de ganado situado en un bosque de hayas desde el que se divisa el valle de Valdeón.

El nuevo Piedrashitas suma así una infraestructura turística de diseño contemporáneo a uno de los accesos paisajísticos más espectaculares de los Picos de Europa. El mirador ya es una realidad y su voladizo ofrece la imagen espectacular que justificó el proyecto. Y lo demuestra uno de los primeros vídeos que ha dado a conocer la Fundación Patrimonio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

La asociación León Propone ha iniciado una campaña para recabar apoyos a la construcción de un nuevo vial de unos siete kilómetros entre el polígono industrial de Villadangos y la autopista AP-66 entre León y Asturias, con el objetivo de sacar buena parte del tráfico industrial de la N-120 y mejorar las conexiones tanto con las vías de alta capacidad como con el Aeropuerto de León. La organización plantea la infraestructura como una actuación estratégica ante las nuevas ampliaciones del polígono y los proyectos industriales vinculados, entre otros sectores, a la fabricación y mantenimiento de aeronaves y drones.

La propuesta contempla una carretera prácticamente paralela a la N-120 entre San Miguel del Camino y su campo de golf para continuar por detrás de Valverde de la Virgen hasta conectar con la autopista León-Campomanes en las proximidades de Montejos. Allí se construiría un nuevo enlace desde el que también se podría acceder al aeropuerto y a los terrenos situados al norte de sus pistas.

León Propone considera que la necesidad de buscar una alternativa a la N-120 se ha incrementado por el crecimiento del polígono de Villadangos, cuya tercera ampliación ya está en marcha. Según los cálculos aportados por la propia asociación, el complejo genera actualmente desplazamientos vinculados a unas 20.000 personas y alrededor de 7.600 vehículos diarios, cifras que prevé que puedan duplicarse conforme se desarrollen las nuevas fases industriales.

La organización vincula también la reivindicación con la seguridad vial. Asegura que solo durante agosto de 2026 se produjeron cuatro accidentes en la rotonda de acceso al polígono y sostiene que la N-120 soporta actualmente una combinación cada vez más intensa de camiones de mercancías, desplazamientos de trabajadores, tráfico local y vehículos que circulan hacia Astorga, El Bierzo y Galicia sin utilizar la autopista AP-71 que conecta León y Astorga.

Una conexión también pensada para el aeropuerto

El proyecto forma parte de una propuesta más amplia de movilidad planteada por León Propone el pasado marzo en La Virgen del Camino. La asociación divide su estrategia en dos actuaciones. La primera consiste en asfaltar un camino de 658 metros desde el polígono de Trobajo del Camino para proporcionar un acceso más directo al aeropuerto, una actuación sobre la que, según la organización, la Diputación ya ha encargado la redacción de un anteproyecto.

La segunda, de mucha mayor envergadura, sería el nuevo vial desde Villadangos hasta la AP-66 y su conexión con el aeropuerto. León Propone considera que ambas actuaciones permitirían reforzar conjuntamente las capacidades logísticas del principal polígono industrial de la provincia y de las instalaciones aeroportuarias, especialmente si estas últimas desarrollan actividad de carga.

La asociación pone como ejemplo de ese potencial la futura actividad de AMLS para el mantenimiento de aeronaves y, sobre todo, la fábrica de drones anunciada por Indra, un proyecto que, según la documentación aportada, cuenta con una inversión de 20 millones de euros y prevé alcanzar hasta 200 empleos. León Propone sostiene que el desarrollo de esta industria hace todavía más necesaria una conexión rápida entre Villadangos y el aeropuerto.

La propuesta distribuye la ejecución entre dos administraciones. León Propone plantea que el Estado construya el nuevo enlace y libere de peaje unos tres kilómetros de la AP-66, mientras que correspondería a la Junta de Castilla y León financiar la carretera desde ese punto hasta el polígono de Villadangos. La asociación señala asimismo que el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha contemplado preventivamente este posible vial en la revisión de sus normas urbanísticas.

Para sus promotores, esta alternativa permitiría además reducir el tráfico que actualmente atraviesa La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, además de facilitar los desplazamientos diarios de los trabajadores procedentes de León y su área metropolitana.

León Propone considera que la actuación no sustituye a la reivindicación de eliminar el peaje de la AP-71 León-Astorga, demanda que también respalda, sino que resolvería específicamente los problemas de acceso al área industrial. La asociación argumenta que limitarse a liberar la AP-71 podría generar retenciones en la salida de Villadangos y mantener la presión sobre el tramo de la N-120 hasta el polígono.

La organización pretende recabar el apoyo de organizaciones empresariales y sindicales, trabajadores del polígono y vecinos de los municipios afectados para reclamar a las administraciones que estudien y desarrollen el proyecto a corto plazo. A su juicio, la competitividad futura de Villadangos dependerá no solo de la disponibilidad de suelo industrial, sino también de la capacidad para mejorar sus conexiones con las principales infraestructuras viarias y aeroportuarias de León.

La unidad y la colaboración han marcado este martes los discursos institucionales con motivo del Día del Bierzo, coincidentes en la necesidad de trabajar conjuntamente para afrontar los retos de la comarca, aunque también han evidenciado diferencias sobre las inversiones, la transición energética, los incendios y los servicios públicos.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha afirmado que Ponferrada y el Bierzo deben tener un papel relevante en el futuro del país y no limitarse a adaptarse a los cambios: “Para ello las instituciones tenemos que trabajar juntas”, ha observado.

En la misma línea, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, ha ofrecido colaboración al Ayuntamiento de Ponferrada para abordar las competencias sobre determinadas vías del municipio “y lo haremos sin discusiones ni debates”, ha garantizado.

Al igual que el subdelegado, ha recordado los efectos de la riada de Manzanedo y de los incendios en la Tebaida berciana, y defendido la necesidad de reforzar la prevención.

“Hay que prevenir y hay que hacerlo con rapidez. El Bierzo no está solo, la Diputación está aquí”, ha añadido antes de comprometer el apoyo de la institución provincial a la comarca.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha situado igualmente la unidad como eje de su discurso.

“El Bierzo no necesita enfrentamientos estériles, sino respuestas firmes dejando atrás polémicas vacías entre administraciones”, ha añadido.

Entre otras reivindicaciones, ha planteado la necesidad de avances en la A-76, incluido el primer tramo berciano, así como en el lazo del Manzanal, y pidió una respuesta coordinada ante el problema de los incendios.

El presidente comarcal ha reclamado asimismo una financiación adecuada para el Consejo y, aprovechando que la ofrenda a la Virgen de la Encina ha correspondido este año al Ayuntamiento de Borrenes, ha defendido la creación de un Plan de Gestión único para Las Médulas, para que este espacio patrimonial sea gestionado “con una sola voz”.

Desde el ámbito socialista, el diputado Javier Cendón ha puesto el acento en los avances de la reindustrialización del Bierzo, aunque ha reconocido que no se producen “al ritmo que desearíamos”.

Cendón ha defendido la necesidad de mantener una perspectiva optimista, pero ha pedido continuar trabajando por los servicios públicos, especialmente los sanitarios, y apostado por la unidad de acción de las instituciones para afrontar el futuro de la comarca.

Y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, reclamó una mayor colaboración entre las distintas administraciones y una visión a largo plazo para impulsar los proyectos pendientes de la ciudad, durante el acto institucional de la festividad de la Virgen de la Encina y del LXVIII aniversario del Día del Bierzo, que será el último acto institucional de La Encina del presente mandato.

Morala defendió que los asuntos de ciudad deben situarse por encima de los ciclos electorales y reclamó «una visión de largo plazo de los asuntos verdaderamente importantes», entre ellos las infraestructuras, la actividad económica y la fijación de población.

En este sentido, apostó por un diálogo interinstitucional más fluido, una cooperación administrativa más fructífera y una mayor lealtad política, al tiempo que reclamó la implicación financiera de las administraciones con capacidad para distribuir recursos.

El alcalde puso el foco especialmente en los compromisos vinculados a la transición justa y consideró que las expectativas generadas para el Bierzo todavía no se han materializado completamente. «Se nos habló de transición justa, pero no nos parece que la justicia se haya concretado en la llegada de las empresas prometidas en titulares efímeros de prensa y sus puestos de trabajo», afirmó.

No obstante, Morala planteó su intervención como una invitación a recuperar esos compromisos y defendió que «cuando se quiere, se puede», poniendo como ejemplo algunos avances logrados mediante la colaboración institucional en materia de infraestructuras.

También reclamó a la Diputación de León que mantenga abierta la vía del diálogo para resolver cuestiones relacionadas con sus competencias sobre determinadas vías y localidades del municipio, especialmente por el importante componente rural de Ponferrada.

De cara al tramo final del mandato, el regidor defendió la necesidad de «rematar algunos de esos proyectos» y evitar que la proximidad de un nuevo ciclo electoral condicione iniciativas relevantes para la ciudad.

Cuando se ha cumplido ya algo más de un año de los tres que se prevé que duren las obras para el soterramiento de Ronda Este de León LE-20 en el cruce de La Granja, los trabajos preparatorios han llegado estos días ya muchos metros más lejos, en concreto a las inmediaciones del parque de La Candamia y algunas de sus sendas.

Las máquinas pesadas de la empresa adjudicataria, Copcisa, llevan varias jornadas trabajando a ambos lados del vial de la carretera de circunvalación de la capital, poniendo fin a los últimos restos de vegetación existentes para poder acometer la siguiente fase de los trabajos preliminares. Por eso, ya se aprecian dos grandes espacios sólo de tierra que desembocan a ambos en las sendas, peatonal y ciclista, que están cerca del accesoprincipall de La Candamia.

De este modo, la zona ya no cuenta con ninguno de los muchos arbustos y no pocos árboles que había en este entorno. Una situación que deja un aspecto mucho menos verde y frondoso de lo habitual y que se ve incrementado, además, por el fuerte impacto paisajístico que dejó el incendio forestal ocurrido hace justo un mes, en agosto, entre La Candamia y sobre todo las inmediaciones del Parque de La Granja. Fruto de ese siniestro la vegetación quedó muy dañada y se aprecian numerosos grandes ejemplares de árboles que han sido talados en la zona. Por ambos motivos, deambular por el entorno ya no resulta el placer sombreado que siempre hubo.

Los trabajos del proyecto de soterramiento siguen en la fase preparatoria de los contornos y de momento en la superficie apenas se pueden apreciar algunos cambios en la gran rotonda del cruce de La Granja, por la que cuando las obras concluyan quedará el tráfico de distribución mientras todo el tránsito de la LE-20 pasará por una carretera nueva subterránea que está por ejecutarse.

Todo eso tiene aún un escenario temporal muy amplio, ya que cuando el Ministerio de Transportes firmó el contrato de adjudicación del proyecto, en marzo de 2025, por un importe final de 23,8 millones de euros, se estableció en 36 meses el período de ejecución. Es decir, que no será hasta el año 2028 cuando finalmente el soterramiento sea una realidad, casi 25 años después de haberse puesto en marcha la redacción de un proyecto que resultó maldito y el Gobierno del PP de Mariano Rajoy metió en un cajón por la crisis económica la pasada década.

Los diputados del Partido Popular (PP) por León Ester Muñoz y Silvia Franco y por Ourense Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, han registrado una nueva pregunta en el Congreso para conocer qué fecha prevé el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense.

La iniciativa se produce después de que haya concluido agosto sin que se haya publicado la licitación y tras el anuncio del Ministerio esta primavera asegurando que aprobaba el primer tramo, de seis kilómetros. Los parlamentarios populares plantean al Gobierno qué fecha concreta del último cuatrimestre de 2026 contempla para sacar a concurso las obras, cuyo presupuesto asciende a 126 millones de euros.

El proyecto de construcción de este primer tramo quedó aprobado definitivamente en abril de 2026. El BOE publicó el 16 de abril el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia relativo a la resolución del Ministerio por la que se aprobaba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción. El 23 de abril se publicó una corrección de errores del anuncio.

Tras completar este trámite, la licitación de las obras quedó pendiente de su convocatoria. En una respuesta registrada el 11 de junio, el Gobierno señaló que la actuación se encontraba entre las prioridades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “de acuerdo con la planificación vigente y las disponibilidades presupuestarias”, sin establecer una fecha concreta.

La pregunta registrada ahora recuerda además los distintos calendarios anunciados anteriormente para esta actuación. En febrero de 2023, el entonces secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, señaló que el Ministerio trabajaba para licitar ese mismo año las obras del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, con un presupuesto de 126 millones de euros, IVA incluido.

A finales de diciembre de 2023, el ministro de Transportes, Óscar Puente, situó la licitación a finales de 2024. Posteriormente, en octubre de 2025, tras una reunión con el presidente de la Diputación de León, el Ministerio volvió a señalar que el tramo, con un presupuesto de 126 millones de euros, se licitaría antes de finalizar aquel año.

Finalmente, la licitación tampoco se produjo en esos plazos y, ya en 2026, el Gobierno ha señalado que la actuación continúa entre las prioridades del Ministerio. Con agosto ya concluido y el último cuatrimestre del año en marcha, la nueva iniciativa parlamentaria reclama ahora una fecha concreta para la licitación.

El tramo Villamartín de la Abadía-Requejo forma parte de la futura autovía A-76, proyectada para conectar Ponferrada y Ourense y mejorar las comunicaciones por carretera entre el Bierzo, Valdeorras y Ourense. Su licitación supondría el paso del proyecto aprobado a la fase de contratación de las obras.

El Ayuntamiento de León ha dado hoy un paso más en el camino de la total privatización de servicios de mantenimiento y obras en infraestructuras públicas de la ciudad, en este caso con un nuevo y millonario contrato que supondrá un gasto de casi 7,3 millones de euros hasta el año 2030 para privatización del mantenimiento de jardines, riegos, fuentes y juegos infantiles o deportivos de los parques.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para poner en marcha la contratación que dé continuidad al programa plurianual de obras de reposición, adecuación y mejora de lo que en el comunicado de prensa se denomina “infraestructura verde” en el municipio de León.

La licitación parte de un presupuesto inicial de 7.272.000 euros repartido en cinco anualidades, aunque este 2026 será ya muy escaso por lo avanzado del año, y hasta 2030. Por ese motivo, este año inicial la cuenta será de 168.000 euros y el resto de los ejercicios supondrá un coste anual de 1.810.000 euros anuales, que es lo que la empresa o empresas contratadas recibirán en los ejercicios 2027, 2028 y 2029. Para el último ejercicio restará la cifra de los últimos 1.650.000.

El contrato, remarcan en la nota de prensa, permitirá “articular intervenciones de forma progresiva mediante órdenes de actuación específicas según las necesidades detectadas en parques, plazas ajardinadas, arbolado urbano, medianas, taludes y márgenes fluviales” de competencia municipal, o lo que es lo mismo, se trabajará en zonas e infraestructuras que de antemano no están definidas.

Además de la redacción de los proyectos ejecutivos y la ejecución material de las obras por parte de personal que no dependerá del Ayuntamiento, las actuaciones van desde la renovación de sistemas de riego eficientes a la colocación de pavimentos, mejora de áreas infantiles y deportivas, reposición de mobiliario urbano, fuentes de agua y la mejora del arbolado y parterres.

No es ni mucho menos el único contrato para parecidos cometidos. Todavía hasta 2029 se supone que permanece vigente otro multimillonario contrato privatizado, aprobado en 2022 y de 37 millones de euros, que llevarían este tipo de trabajos a manos de empresas aún los siguientes tres años.

Reforma energética de la piscina de El Ejido

La Junta de Gobierno también ha aprobado hoy convocar un concurso de proyectos para la rehabilitación energética integral del Complejo Deportivo Salvio Barrioluengo, el de la piscina climatizada del barrio de El Ejido, con el objetivo de transformarlo en una instalación de cero emisiones y optar a financiación estatal del programa Innovae.

El concurso contará con 16.000 euros en premios y prevé, si se obtiene la ayuda, un contrato de 267.000 euros para la redacción y dirección de las obras en 2027 y 2028. La futura intervención tendrá un coste máximo de 4,3 millones de euros, se avanza.

También se ha aprobado la contratación, mediante renting con opción de compra, de dos nuevas baldeadoras de propulsión 100% eléctrica para reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos en León. El contrato cuenta con un presupuesto de 123.420 euros anuales durante cuatro años y una opción final de compra de 87.120 euros, con un valor estimado total de 480.000 euros. Las máquinas se destinarán especialmente al baldeo de zonas peatonales y Zonas Acústicamente Saturadas.

Señalizar itinerarios en bici en la ciudad

Los nuevos vehículos, de cero emisiones, permitirán reducir el consumo de combustible, los costes de mantenimiento y la contaminación acústica y ambiental, dentro del proceso de renovación de la flota municipal.

Por último, el Ayuntamiento ha adjudicado por 11.253 euros el diseño y elaboración de nueva señalética para los itinerarios ciclistas urbanos. Se instalarán 30 paneles y 30 postes que informarán de distancias y tiempos de desplazamiento en bicicleta, incluyendo la señalización del Camino de Santiago en los tramos coincidentes.

El arreglo con parcheo del asfalto, cunetas y señalización nueva de una de las carreteras nacionales en peor estado de la provincia de León, la N-630 en el tramo León-Benavente, entre León capital y el sur de la geografía leonesa, ya tiene precio definitivo puesto y empresa seleccionada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer hoy la adjudicación definitiva de los trabajos y la contratación por un importe final de inversión de 6,74 millones de euros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) anuncia este miércoles la formalización del contrato a favor de la empresa que presentó la mejor oferta, una UTE formada por Padecasa Obras y Servicios, compañía con sede en Ávila, y la zamorana Aglomex S.A. El precio final que será invertido y al que se ha adjudicado supone una rebaja de algo más del 14% por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 7,86 millones de euros, tal y como anunciaba hace nueve meses personalmente el ministro Óscar Puente.

El máximo responsable de Transportes aseguraba entonces que el Gobierno atendía con este proyecto de “rehabilitación estructural” la “demanda de la ciudadanía para mejorar la circulación y la seguridad en este tramo”. Lo cierto es que el proyecto databa de hace algo más de un año, aprobado en julio de 2025, pero no fue hasta noviembre que el Ministerio puso en marcha la licitación inicial, justo unos pocos días antes de que a mediados de que el 21 de noviembre se convocara una marcha de protesta en coche por la maltrecha y peligrosa N-630 desde Valencia de Don Juan hasta la Subdelegación del Gobierno en pleno centro de la capital leonesa.

Ahora, debería ser inminente ya el inicio de los trabajos, que llevan más de una década reclamándose a los distintos gobiernos por parte de los municipios y los conductores del sur de la provincia leonesa.

El arreglo a ejecutarse se contempla en algo más de 51 kilómetros, exactamente los que separan los puntos kilométricos 153 y 204 o, lo que es lo mismo, entre la localidad de Onzonilla, muy cerca de León capital, al límite provincial con Zamora, por lo que transcurre íntegramente en la provincia de León.

El proyecto adjudicado prevé la rehabilitación superficial del firme de la calzada en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro evidente de la vía, por lo que no será una capa asfáltica nueva en la totalidad del recorrido.

Parcheos en zonas determinadas

En esos puntos detectados, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 centímetros, lo que afectará a las capas superficiales de rodadura e intermedia, se remarca. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 metros, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

Según ya se especificaba el año pasado en una nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes, para “favorecer una economía circular” se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Además, en algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos ya rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, aunque como tal no necesiten esa rehabilitación.

'Ad Legionem VII Geminam', situado en lo que hoy es Puente Castro, es ahora un yacimiento de tan alto interés cultural para la Junta que no sólo prohibió en junio la construcción de la ampliación del polémico vial planteado por encima (cosa que sí permitió en 2013), sino que instó al Ayuntamiento de León a que cambie el Plan General de Ordenación Urbana para protegerlo “para su futura puesta en valor”, incluyendo compensaciones a los propietarios de los terrenos.

“Se estima necesario que en este caso el Ayuntamiento de León elabore o modifique los instrumentos de planeamiento necesarios para garantizar dicha protección y la posible futura puesta en valor de toda el área del yacimiento, en concreto debe llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la compensación a todos aquellos propietarios que tengan derechos adquiridos en el ámbito afectado con un aprovechamiento equivalente en suelos de titularidad municipal”. Así de claro es el segundo punto del orden del día de la reunión de la Comisión Provincial de Patrimonio reunida en el mes de junio pasado y al que ha tenido acceso ILEÓN.

El documento recomienda expresamente al Ayuntamiento de León buscar una alternativa al trazado para evitar los terrenos en los que se localizan los restos del vicus romano, lo que se vendría a considerar un 'barrio' o pequeña aglomeración urbana adyacente a la cannaba, la zona comercial que se creaba pegada al castrum militar. La propuesta se apoya en las evidencias arqueológicas y científicas acumuladas durante los últimos años, que, según recoge el propio informe, han permitido “reconsiderar la importancia del enclave” y su relación directa con el campamento romano de la Legio VII Gemina, el segundo que, tras su desaparición, dio lugar a la ciudad de León dentro de las murallas tardorromanas que la unidad militar construyó en el siglo III después de Cristo.

La Ponencia Técnica de Patrimonio planteó así al Ayuntamiento a adaptar el planeamiento urbanístico para garantizar la protección integral del área arqueológica y posibilitar su futura puesta en valor, que es lo que reclamaban entre otros la Asociación ProMonumenta e Izquierda Unida. Entre las medidas apuntadas está esa modificación del PGOU y la compensación, mediante aprovechamientos equivalentes en suelos municipales, de los propietarios que tengan derechos adquiridos en el ámbito afectado, de acuerdo con la legislación urbanística. El informe recuerda además las obligaciones de las entidades locales en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural establecidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Negativa a ampliar el vial que sí permitió en 2013

La Junta decidió impedir la ampliación panificada del vial “por su grave afección al yacimiento romano”, negando la autorización para la diseñada prolongación entre las glorietas de la calle La Flecha y la avenida de San Froilán, en Puente Castro como prolongación de la avenida de La Lastra. El informe considera que tanto la infraestructura como los trabajos de control arqueológico solicitados supondrían “una afección grave e irreversible” sobre el yacimiento romano de 'Ad Legionem', que comprometerían “su posible puesta en valor en el futuro”.

Esto, sin embargo, contrasta con la decisión tomada en 2013 de permitir que se taparan los trabajos arqueológicos que comenzaron en 2010 que sacaron a la luz los restos del vicum romano, permitiendo la creación de un vial por encima para dar salida al puente sobre el Torío para dar salida al barrio de la Lastra de León ciudad hacia el pueblo de Puente Castro. La Junta no ha ofrecido a ILEÓN una explicación de por qué razón en este momento sí se ha denegado ampliarlo y entonces se permitió, en contra de la movilización popular.

Declararlo, ahora, Bien de Interés Cultural

Otra de las decisiones que llaman la atención es que la propia Comisión de Patrimonio Provincial “estime necesario” el reclamar a la propia Junta de Castilla y León de la que depende que se inicie el expediente BIC de un yacimiento que, ahora, sí considera tan importante como para dotarle de la protección que no le dio en su momento pese a que los trabajos arqueológicos de 2010 mostraron lo que se considera un unicum en la península ibérica, un yacimiento sin parangón y del que no hay otro igual.

Casi quince años después, sin más información de por qué ahora sí se toma esta decisión, en el último punto de la resolución de junio los técnicos apuntaron “solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural que inicie el procedimiento para declarar 'Ad Legionem VII Geminam' Bien de Interés Cultural, como Área Patrimonial con la categoría de Zona Arqueológica ”dado que como resultado de las excavaciones realizadas en dicho ámbito y a la vista de los informes arqueológicos que obran en el expediente se considera que posee la suficiente relevancia como para obtener el máximo nivel de protección que otorga la actual normativa en materia de patrimonio cultural“.

Los técnicos consideran ahora que las excavaciones de 2010 y los informes incorporados al expediente acreditan una relevancia suficiente para otorgarle el máximo nivel de protección previsto por la normativa autonómica. La declaración como BIC es una reivindicación que se remonta al menos a 2013 por parte de la ciudadanía y una sonora reclamación de ProMonumenta y aunque aquel año la propia Junta anunció en las Cortes de Castilla y León que estaba realizando estudios para delimitar el yacimiento con vistas a iniciar ese expediente, el resultado fue que se olvidó por completo y la excavación terminó bajo el vial de salida del puente del Torío hacia La Lastra conectando el pueblo con la capital.

El yacimiento de 'Ad Legionem' se encuentra en Puente Castro, a unos 2,5 kilómetros del antiguo recinto campamental romano de León. Las excavaciones realizadas en 2010, precisamente con motivo del proyecto del vial que sí se terminó realizando por encima, intervinieron sobre una superficie superior a 4.500 metros cuadrados y sacaron a la luz un amplio entramado urbano organizado mediante calles e insulae (las casas romanas con varios pisos).

Los estudios arqueológicos lo identifican como un asentamiento civil estrechamente vinculado a la presencia militar romana y a la Legio VII Gemina, con una ocupación desarrollada fundamentalmente entre los siglos I y III. La propuesta de junio de la Junta supondría, si es asumida finalmente por la Comisión Territorial en Valladolid –que no hay que olvidar que es la que decide en última instancia puesto que León no tiene las competencias autonómicas en Cultura y Patrimonio–, abandonar el nuevo trazado planteado sobre el yacimiento y abrir, cinco lustros, después la vía administrativa para reforzar de forma permanente su protección.

Lo que no parece tener remedio es recuperar lo excavado en el año 2010 y tapado en 2013. Eso quedará 'protegido' bajo el asfalto con total seguridad, así que habría que encontrar de nuevo presupuesto para una segunda campaña de excavaciones en la zona y así poder musealizar lo que se encontrara tal y como reclama ProMonumenta y sugieren los técnicos de la Delegación Territorial de Patrimonio. Sin embargo, eso dependería de un dinero para financiar esos trabajos que ni está, ni se le espera.

Como ya ocurriera para garantizar algunos de los principales actos de la pasada Semana Santa, las obras de reforma del pavimento de la arteria monumental principal de la ciudad de León, la calle Ancha, se 'congelarán' para que se puedan desarrollar con total normalidad los actos centrales de la fiesta de San Froilán, la más tradicional de la capital. La fiesta se celebra el domingo 4 de octubre.

Así, por ejemplo, el desfile de cientos de pendones de pueblos de la provincia en dirección a la Catedral de León tendrán el paso franco, aunque en uno de los últimos tramos, la más cercana a la Seo, se tendrá que hacer sobre un suelo todavía de hormigón y por su parte central. Igual que discurrieron los pasos procesionales de Semana Santa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, recién incorporado de sus vacaciones, detalló esta previsión en los trabajos que ejecuta la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, con una inversión de 2,7 millones de euros y como compensación por la ejecución de la llamada y polémica Red de Calor en el barrio sureño de Puente Castro.

Entre esa previsión, el regidor garantizó que “en los próximos días”, en todo caso antes de la Feria Modernista de León en el entorno de la Casa Botines y el Museo de Gaudí que se celebrará el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, la ejecución del nuevo pavimento se habrá rematado y retirado las vallas. También consideró muy avanzados los trabajos en la misma Plaza de la Catedral, relegando ya como última fase la que afecta al tramo desde esa Plaza de Regla por la calle Ancha.

En todo caso, Diez recordó que cuando acaben todas las obras se irá retomando el tránsito, pero exclusivamente peatonal, de modo que el tráfico rodado debe esperar “al menos” otros dos meses para poder discurrir por estas zonas recién pavimentadas.

El motivo es garantizar el correcto asentamiento del nuevo suelo, tanto de las grandes losas laterales como de los pequeños adoquines centrales. Una situación que por tanto seguirá condicionando el normal funcionamiento del acceso a garajes de propietarios del Casco Histórico y sobre todo de los camiones y furgonetas de suministros de los muchos establecimientos de hostelería de la zona.

Un tráfico pesado y muy abundante a primera hora de cada mañana, especialmente cerca del fin de semana. Será ya muy cerca de final de año cuando se podrá retomar esa normalidad de tráfico, aunque restringido. Muy lejos ya del plazo que situaba el final de obra tras el presente verano.

Por último, el alcalde leonés consideró que los trabajos están dando un “resultado muy positivo” , aún admitiendo las “lógicas molestias” que provoca toda obra y más en una zona tan sensible monumental y turísticamente.

La Diputación de León busca, “dentro de la legalidad”, una fórmula jurídica para evitar que decenas de ayuntamientos de la provincia tengan de devolver a partir de diciembre parte del dinero recibido del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025 por haber ejecutado o justificado a tiempo el uso de los fondos. Una situación que fuentes provinciales señalan que podría afectar alrededor del 25% de los municipios de forma total o parcial.

El plazo de justificación del dinero de ese plan, el primero que se aprobaba de forma bianual para facilitar su gestión a los municipios, ha pillado a alrededor de medio centenar de los 208 ayuntamientos que pueden acceder sin haber finiquitado sus obligaciones, tanto de ejecución de obras como de justificación.

El plan aprobado en marzo de 2024 obtuvo el voto favorable tanto del equipo de gobierno de PSOE-UPL como de la oposición de PP y Vox. Las principales novedades fueron su bianualidad, y que se permitía no solo hacer obras sino incluso pagar la compra de inmuebles para que pasen a ser de titularidad municipal o algunos gastos corrientes bajo determinadas condiciones como mantenimiento o alquiler de un inmueble o de materiales, entre otras.

También se prometió menos burocracia para canalizar las obras y las justificaciones, ya que los ayuntamientos podían presentar hasta cuatro proyectos de obras para ejecutar, que tienen que ser aprobados por un pleno provincial, lo que siempre.

Los plazos del plan eran finalizar las obras como máximo en octubre del 2025 y la justificación de las mismas hasta el 1 de diciembre de ese año. Pero el bajo cumplimiento de los ayuntamientos hizo que estas fechas se ampliaran un año más, como viene siendo habitual, con fecha límite para ejecutar del 31 de octubre del 2026 y de justificación del 1 de diciembre de 2026. Pese a que esa ampliación se aprobó en un pleno provincial de julio del año pasado, buena parte de los consistorios no han ejecutado los fondos por diversos motivos.

Un alcalde con todavía una pequeña parte de los fondos pendientes explica a ILEÓN que los ayuntamientos tienen problemas de contratación y burocracia, especialmente los más pequeños con escasas dotaciones de personal, lo que puede motivar muchos de los incumplimientos. Aunque reconoce que puede haber casos de “dejadez” considera que la mayor parte de los ayuntamientos se encuentran limitados por la falta de oferentes en los contratos y lo largo del proceso para acabar llevando una ejecución con los medios propios, si se tienen, del consistorio.

Según ha podido conocer este periódico, desde Intervención de la Diputación se ha emitido un informe que descarta una prórroga al plan de obras 2024-2025 por no permitir la ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, exactamente la que se ha aplicado del 2025 al 2026. Pero desde el equipo de gobierno de PSOE y UPL se insiste a ILEÓN que siendo conscientes del problema que se puede generar se trabaja en lograr una solución, recalcando que esta tendrá que estar amparada en la legalidad en todo caso.

El reparto del viejo plan primaba a los municipios más pequeños por población ya que los de menos de 250 habitantes recibían 200.000 euros y los de menos de 500, 231.000 euros. El ayuntamiento más grande, Villaquilambre, recibió 572.000 euros. La devolución total o parcial de los ayuntamientos más pequeños, los más afectados por el incumplimiento, les pueden dejar en una dificil situación económica. Que haya ajustes y devoluciones de los planes de obras por no ajustarse a lo solicitado u otras cuestiones se ha dado siempre, pero nunca en la cuantía a la que se puede enfrentar este año la Diputación.

Nuevo plan bianual con un año más

El pasado mes de junio, coincidiendo con el fin del anterior plan, la Diputación Provincial aprobaba las bases de un nuevo plan bianual de obras (2026-2027) para los 208 municipios bajo su ámbito, todos los de menos de 20.000 habitantes. La cantidad es similar al anterior plan, algo menos de 60 millones de euros en un nuevo reparto por población: desde 200.000 euros para municipios de hasta 250 habitantes hasta 572.000 euros para los de entre 5.001 y 20.000.

El dinero podrá destinarse nuevamente a las redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado, pavimentación y accesos, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto, colegios, consultorios médicos, actuaciones turísticas o mobiliario, entre otras inversiones, pero quedan excluidos los gastos corrientes y las obras de mero mantenimiento salvo algunas excepciones. Los municipios con la recaudación delegada en la Diputación recibirán automáticamente un anticipo del 90% de la subvención, mientras que el resto podrá solicitar un adelanto del 70%.

Los plazos en este caso son de un año más. El nuevo plan de obras señala que “el plazo para la realización de las inversiones subvencionadas finaliza el 31 de octubre de 2028”, y tres meses más para justificar. Además se podría ampliar incluso un año y medio más ya que los plazos se han alargado, también para la justificación de en lo que se ha gastado el dinero.

Entre las obligaciones de los municipios beneficiarios del nuevo plan deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y la Diputación de León ya ha ejecutado retirada de fondos por no difundir gracias a quién se paga la obra, como en las subvenciones a las ferias de la provincia.

Más de un centenar de personas procedentes de los valles del Bernesga, Torío, Curueño, Porma y Esla se dieron cita ayer, martes 25 de agosto, en el salón de actos del Colegio Público de La Vecilla, que se quedó pequeño ante la elevada asistencia, para participar en el acto 'Salvemos la Montaña'.

El encuentro sirvió para analizar la proliferación de grandes proyectos industriales y energéticos que se están proyectando sobre el territorio bajo el argumento de una supuesta «transición energética» y que, según los participantes, están siendo impulsados sin valorar suficientemente sus efectos sobre los recursos naturales, la población y el futuro del medio rural.

Biomasa: la madera no puede convertirse en el nuevo carbón

Durante el acto se abordaron cuatro grandes amenazas que afectan directamente a la montaña leonesa. Uno de los asuntos tratados fue el creciente uso de la biomasa forestal como fuente de energía, ante la consideración por parte de las administraciones de la madera como un recurso energético estratégico.

Los participantes alertaron del riesgo de convertir los bosques en una fuente masiva de combustible para producir calor, electricidad o combustibles sintéticos, especialmente en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad.

Se puso como ejemplo el proyecto de centro logístico de biomasa previsto en Almanza, cuyo radio de acción podría extenderse por buena parte de los bosques de la montaña oriental.

La preocupación expresada durante el encuentro es que una explotación energética intensiva de la masa forestal termine favoreciendo la sustitución de bosques autóctonos por plantaciones de crecimiento rápido y reduzca la capacidad de los ecosistemas para actuar como sumideros de carbono.

Biogás: importar residuos a nuestros pueblos

Otro de los proyectos analizados fue la central de biogás proyectada en Vidanes, con una capacidad prevista de tratamiento superior a 80.000 toneladas anuales de residuos, lodos y otros subproductos.

Uno de los principales motivos de preocupación es que buena parte de estos materiales no se generan en el propio territorio, lo que podría convertir a la montaña leonesa en receptora de residuos procedentes de otras zonas.

Los asistentes alertaron además del posible efecto llamada que este tipo de instalaciones puede generar sobre otras actividades industriales vinculadas a la producción de residuos, como las macrogranjas.

La pregunta planteada durante el acto fue clara: ¿queremos generar riqueza en nuestros pueblos o convertirlos en el lugar donde otros vienen a gestionar sus residuos?

La amenaza de la minería de fosfatos

También se informó sobre los permisos de investigación minera de fosfatos admitidos por la Junta de Castilla y León en los cinco valles representados en el encuentro.

Los participantes alertaron especialmente de los impactos asociados a este tipo de minería a cielo abierto, por la alteración de los terrenos y la generación de residuos mineros, entre ellos fosfoyesos que pueden contener metales pesados y elementos radiactivos.

Además, las cuadrículas de investigación afectarían a zonas de elevado valor ambiental, incluyendo espacios vinculados a la Red Natura 2000 y lugares tan emblemáticos como las Hoces de Vegacervera.

Para los colectivos presentes, resulta especialmente preocupante que se planteen actividades extractivas de estas características en algunos de los espacios naturales más valiosos de la montaña leonesa.

El agua: un recurso cada vez más escaso

El cuarto gran asunto tratado fue el de los proyectos de bombeo reversible previstos en los embalses de Riaño y Bárcena y, especialmente, el proyecto previsto en el río Curueño.

Este último contempla la captación de agua en el término de La Vecilla para su bombeo hasta una balsa inferior situada en las proximidades de Aviados y, posteriormente, mediante una central en caverna, hasta otra balsa superior situada a unos 1.500 metros de altitud, entre Correcillas y Valdorria.

Los participantes consideran que un proyecto de estas dimensiones debe analizarse teniendo en cuenta la situación hídrica actual y las previsiones para las próximas décadas.

Con reducciones previstas de las precipitaciones, aumentos de la evapotranspiración, menor recarga de los acuíferos y una disminución de las precipitaciones en forma de nieve, el agua está llamada a convertirse en uno de los recursos más estratégicos del futuro.

Por ello, se defendió que sus usos prioritarios deben ser, en primer lugar, el abastecimiento humano, la agricultura y el mantenimiento de los ecosistemas, y que cualquier proyecto industrial o energético debe quedar subordinado a estas necesidades.

Además, se recordó que el río Curueño ya soporta actualmente una detracción de caudal derivada del trasvase Curueño-Porma, por lo que cualquier nueva captación debería analizarse teniendo en cuenta sus efectos acumulativos sobre el río y sobre los regantes.

Coordinarción para defender el territorio

El encuentro concluyó con un amplio debate entre los asistentes, en el que quedó patente la necesidad de extender este tipo de actos informativos a las zonas directamente afectadas y a León capital, así como de mejorar la coordinación entre los diferentes colectivos y plataformas.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la coordinación de los recursos jurídicos disponibles, el contacto con las Juntas Vecinales afectadas y la preparación de posibles movilizaciones en el futuro.

El acto de La Vecilla pone de manifiesto una preocupación que cada vez se extiende a más territorios de la provincia: la imposición de proyectos dirigidos a llevarse nuestros recursos, destruyendo irreversiblemente nuestro medio. Proyectos de los que no solo no se informa a la población local, sino que evitan promover cualquier debate científico o social.

Como sucedió el pasado año, un colectivo vecinal del barrio de La Corradina en el municipio de Villablino vuelve a hacer pública su denuncia por el “abandono y la desidia” con que los responsables municipales tratan a los residentes en este barrio, “como si fuésemos unos parias”, aseguran.

En septiembre del pasado año ILEON recogió las demandas y quejas de los vecinos del barrio, ante lo que consideraban la inacción de los gestores municipales a las peticiones presentadas por escrito en el registro municipal para mejorar aspectos como la limpieza o el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en la barriada.

El 27 de julio de este año presentaron de nuevo en el registro municipal un escrito con sus demandas y peticiones, en el que detallaban sus reclamaciones: mejora de los accesos “con innumerables baches y socavones”, desbroce y limpieza de maleza en zonas ajardinadas y laterales de las calles, control de los vertidos en los contenedores para evitar los malos olores especialmente en el verano y los espacios adyacentes para permitir al servicio de recogida de basuras poder hacer su trabajo sin obstáculos; vallas rotas y sin reponer, limpieza adecuada de las calles.

Finalizaban su escrito con una reflexión y reivindicación: “Pedimos poder vivir en un barrio aceptable y acondicionado como merecemos, al igual que otros vecinos del municipio, puesto que los impuestos son los mismos para todos, así deberían ser los servicios”. Adjuntaron a su escrito varias fotografías documentando los aspectos de sus quejas, algunas de las cuales ilustran esta información. Al constatar que no se han tenido en cuanta hasta la fecha sus quejas, concluyen, han decidido airear públicamente sus demandas y reclamaciones.

Se prometió a principios de 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo volvió a comprometer hace justo un año, durante los peores incendios de la historia de la provincia de León. Pero no será hasta 2028, como pronto, con tres años de retraso, cuando el Gobierno amplíe como prometió la base aérea estatal de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) situada en la localidad leonesa de Tabuyo del Monte.

El Consejo de Ministros autorizó este martes 25 de agosto la modificación de los límites de gasto para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, lo que permitirá financiar esta actuación, según ha informado a través el Ejecutivo a través de un comunicado recogido por Efe.

Esta operación se incluye entre las inversiones de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinadas a mejorar los medios estatales de lucha contra los incendios forestales. La actuación contempla una inversión de 3,73 millones de euros en el año 2027 y 4,47 millones más en 2028, hasta alcanzar los 8,2 millones de euros comprometidos.

El objetivo, remarcan, es acondicionar y ampliar la base de helicópteros de las Brif con base en Tabuyo del Monte, mejorar las condiciones y capacidades de una infraestructura desde la que se presta apoyo en la lucha contra los incendios forestales.

El acuerdo aprobado contempla, entre otras actuaciones, la contratación de medios aéreos pesados de apoyo a las comunidades autónomas y el funcionamiento del dispositivo estatal de preparación, prevención y extinción de incendios forestales.

El problema estriba en que ya se comprometió esta inversión a principios de 2025, a través de la Subdelegación del Gobierno, con dinero proveniente de fondos eurpeos de recuperación. Un compromiso que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó como principal compromiso en su visita precisamente a esa base de las Brif en Tabuyo en septiembre del pasado año, todavía activa la brutal oleada de incendios que acabó arrasando sólo en la provincia leonesa 135.000 hectáreas forestales.

Obras prometidas para este enero pasado

Sánchez aseguró entonces que la obra comenzaría el mes de enero de este año 2026 y que los trabajos durarían alrededor de un año y medio. Se diseñó la habilitación de un complejo en torno al actual edificio principal, la supresión de alguna edificación actual y todas las intervenciones necesarias para cumplir la normativa vigente en diversos aspectos. En conjunto, se vendía una mejora sustancial de las condiciones de los alrededor de 75 trabajadores (unos 60 bomberos y más de una docena de profesionales de otras categorías) que prestan servicio en la base.

La reforma consta de tres fases, de forma que se puedan mantener operativo el dispositivo de un recinto que ocupa una superficie global de 135.000 metros cuadrados y que se puso en marcha en 1993 en la localidad perteneciente al municipio de Luyego como parte del despliegue de las cerca de 40 dispuestas en toda España pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El incremento del turismo, el auge del uso de autocaravanas y la necesidad de ganar población y ampliar servicios para vecinos y visitantes es una ecuación que el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, en el Parque Nacional de Picos de Europa, quiere resolver de un plumazo y con el mayor éxito posible. Y tiene un plan en marcha para ello, que incluye infraestructuras con las que el municipio no cuenta pese a una creciente demanda: un aparcamiento de autocaravanas, una zona de baños y aseos, integrado en un pequeño edificio de usos múltiples, e incluso un supermercado de alimentación.

Todo comenzó con la compra por parte del Consistorio, el año pasado, de una amplia finca llamada La Cortina, a los pies del Centro de Visitantes con el que, con décadas de retraso, por fin Oseja pudo contar a partir de finales de la década pasada. Con la adquisición, el Ayuntamiento consiguió disponer de un amplio espacio utilizada para albergar la feria de ganado anual. En realidad se trataba de dos inmuebles, de 3.306 y 289 metros cuadrados respectivamente, en los que con ayuda de fondos europeos de recuperación se gastó ya la suma de 300.000 euros, tal y como se aprobó en abril de 2025.

Tras invertir cerca de 20.000 euros más para mejorar su cerramiento y adecentar la zona, ahora el ingeniero Antonio Fernández Rodríguez ha redactado un proyecto para ubicar dentro de La Cortina un nuevo espacio, principalmente de uso turístico. Se trata de una zona de estacionamiento destinada sobre todo a autocaravanas, de la que carece hasta ahora todo el valle de Sajambre, y que según se aprobó en el último Pleno “extraordinario y urgente” del pasado 20 de agosto requerirá una inversión de 324.000 euros. El proyecto debe estar disponible durante 15 días para su consulta y posibles reclamaciones antes de su aprobación definitiva.

El alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, explica que la inversión es todavía más ambiciosa, ya que prevé la puesta en marcha en este espacio, junto a las zonas de aparcamiento debidamente señalizadas, todo tipo de servicios necesarios para las autocaravanas, tales como toma eléctrica o agua.

La zona de duchas y baños públicos será objeto, añade, de un proyecto nuevo y próximo que ya se ha comenzado a tramitar aparte en una primera fase. Pero lo que sí se se incluye ahora en el proyecto es la construcción de un edificio que pueda ser utilizado como pequeño supermercado.

El planteamiento del equipo de Gobierno es, por un lado, dar servicio de aprovisionamiento a los vecinos de todo el municipio, ya que hace años que no existe una tienda bien surtida abierta al público en todo el valle, tras el cierre del supermercado La Económica, que ya sólo conserva el rótulo, situado junto a la Casa Consistorial. Pero sobre todo, pretenden que ese supermercado tenga clientes más estables estando junto a la zona de autocaravanas, “para que así sea más fácil para que alguien lo pueda explotar”, remarca el regidor. La finca también podría resultar útil para otros eventos del municipio, como el Festival Sequillo Sonoro, un evento musical que augura un creciente éxito.

Los servicios vienen siendo recientemente reclamados en los últimos años. De hecho, ya generó polémica el hecho de que en algunos nuevos aparcamientos muy utilizados, sobre todo en verano, como el del pueblo de Soto de Sajambre, se especificara de manera tajante desde el primer momento que no se permitía la presencia de caravanas ni autocaravanas.

Y no sólo por falta de servicios para ellas, que también: es que el recién aprobado Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) del Parque Nacional de Picos de Europa, después de 20 años de retraso, prohíbe de manera tajante la acampada y pernocta fuera de los núcleos de población, salvo “en los campings legalmente autorizados”, y tan sólo en ellos tampoco se permite “la pernocta en cualquier tipo de vehículo, caravana, autocaravana o similar”. Esa restricción provocó el pasado verano una controversia en Soto, donde muchos caravanistas pretendían pasar la noche, pero se topaban, entre quejas, con recordatorios de la prohibición.

Ahora, por fin Picos de Europa en su vertiente leonesa avanza en servicios muy básicos que otras comunidades que comparten el Parque Nacional, como Asturias y Cantabria, ya hace mucho tiempo que dispusieron, consiguiendo que sus cifras de turistas sean cada año mucho más elevadas.

La Junta de Castilla y León ha aproximado que el nuevo Conservatorio de Música de la Ciudad de León esté disponible para su uso para el próximo curso, el del 2027-2028, una fecha ya comprometida por parte de la administración autonómica y que, sin embargo, no parece rotunda, menos teniendo en cuenta los numerosos retrasos y bloqueos desde que se prometió en el año 2009.

Las obras para este nuevo edificio continúan en el barrio de La Palomera, en la capital de León. Casi dos décadas dura el compromiso de la Junta para crear este nuevo espacio en la ciudad leonesa, después de que la primera promesa tuviese lugar en el año 2009, hace casi dos décadas.

La Junta de Castilla y León aprobó en octubre de 2024 una inversión de 5.634.412 euros para retomar los trabajos de construcción del edificio. Ya entonces se estimaba que las instalaciones estuviesen listas para el “inicio del curso escolar 2027-2028”.

Sin embargo, preguntado al respecto, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, no ha sido tan rotundo: “Esperemos que esté disponible para el próximo curso. Lo importante es que la ciudad de León tiene un conservatorio y que la Junta tiene un compromiso con el Conservatorio”.

Después de contratar en verano de 2020 la construcción de este nuevo edificio, los trabajos comenzaron casi un año después y con tres años de retraso. Las obras se paralizaron en la primavera de 2023 y la Junta tardó más de ocho meses en resolver y adjudicar uno nuevo por 5,6 millones de euros.

La nueva edificación que se ubicará en la Avenida de la Universidad, con una superficie total de 8.725,41 metros cuadrados, y que tendrá cabida para 600 alumnos, de ellos 240 en enseñanza elemental y 360 en enseñanza profesional.

El nuevo edificio contará con 48 aulas: siete de formación general, tres de música de cámara, 32 de enseñanza instrumental, una de contrabajo, una de percusión, una de violonchelo, una de orquesta, una de coro y una de informática. Se contemplan además 12 cabinas, cuatro departamentos, sala de usos múltiples, un auditorio de 400 butacas, dos camerinos, biblioteca y aseos.

La Junta de Gobierno Local de Villaquilambre ha aprobado el proyecto de obras y el expediente de contratación para la urbanización de la parcela destinada a acoger el futuro cuartel de la Guardia Civil. La actuación se desarrollará en Villaobispo de las Regueras y permitirá disponer de un terreno preparado para la posterior construcción de las instalaciones.

La intervención se incluye en la actuación aislada AA-OD-02, prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento urbanístico establece la necesidad de desarrollar esta parcela antes de que pueda edificarse el futuro cuartel.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 754.564 euros y prevé un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos. La actuación consistirá en la creación y urbanización de nuevos viales sobre terrenos que actualmente se dedican a prados, localizados al sur de la calle Zarzales, en la localidad de Villaobispo de las Regueras.

Además de acondicionar la parcela para su uso futuro, las obras supondrán el comienzo de los accesos a la nueva zona comercial prevista en este entorno, en paralelo a la ronda. Las calles resultantes se conectarán con las redes de servicios ya existentes en el municipio.

La urbanización permitirá así transformar unos terrenos sin desarrollar en una nueva parcela apta para la construcción, incorporando la infraestructura viaria y los servicios necesarios para su posterior puesta en uso.

Actuación contra las inundaciones en la calle La Cárcaba

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a una actuación en la calle La Cárcaba, dirigida a resolver los problemas de acumulación de agua e inundaciones que se producen en esta zona de Villaquilambre durante los episodios de lluvia intensa.

A esta vía llega actualmente un reguero en tierras que canaliza las aguas procedentes de un pequeño valle. Aunque el trazado de la calle ya se encuentra entubado, se ha detectado que la capacidad de conducción de esta infraestructura resulta insuficiente cuando se registran precipitaciones fuertes.

Esta situación ha llegado a provocar la formación de charcos en la carretera León-Collanzo, con los consiguientes problemas para el tráfico en ese punto. La intervención pretende mejorar la evacuación de las aguas pluviales y evitar que se repitan estas incidencias. Las obras cuentan con un presupuesto superior a 35.000 euros y dispondrán de un plazo de ejecución de dos meses.

La Junta de Castilla y León invertirá 222.382 euros en la instalación de una cubierta sobre la pista deportiva del colegio de Primaria Flores del Sil de Ponferrada. La actuación, impulsada a través de la Consejería de Educación y aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno, mejorará las condiciones de uso de este espacio por parte del alumnado.

El proyecto, que se prometió hace casi dos años, permitirá que la pista pueda seguir utilizándose durante los recreos y en el desarrollo de actividades deportivas con independencia de las condiciones meteorológicas. De esta forma, el centro contará con una zona protegida frente a la lluvia y otros episodios de mal tiempo, una circunstancia especialmente relevante para garantizar la continuidad de la actividad al aire libre durante el curso escolar.

La intervención contempla la cubrición de una superficie de 41 metros de largo por 20 de ancho. La estructura proyectada tendrá un diseño curvo y estará sustentada sobre vigas metálicas y 16 pilares circulares de acero.

La nueva instalación se ubicará sobre la pista deportiva ya existente en el colegio, situado en el número 27 de la avenida de la Marina, en el barrio ponferradino de Flores del Sil.

Obras previstas durante tres meses

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses. Con esta previsión, la Consejería de Educación calcula que la cubierta estará terminada a lo largo del curso escolar 2026-2027.

La financiación de esta obra se enmarca en la estrategia de la Junta para mejorar y adaptar las instalaciones de los centros educativos públicos de Castilla y León. En este caso, la actuación busca ampliar las posibilidades de utilización de una infraestructura habitual en la jornada escolar y favorecer unas condiciones más adecuadas para el alumnado.

La cubierta dará respuesta a la necesidad de mantener operativa la pista en los periodos de descanso y durante las clases o propuestas vinculadas a la actividad física, incluso en jornadas con condiciones meteorológicas desfavorables.

Los pavorosos incendios acaecidos en España el pasado mes de julio –veremos como acaba el de agosto– señalan con dedo acusador múltiples factores e incluso derivadas infumables. Si la palabra prevención no encuentra cabida en el léxico del buen hispano, la palabra extinción tampoco goza de un gran predicamento. Aquí, las personas con mando en plaza viven más preocupadas por otras cuitas que por unos cientos de miles de hectáreas de bosque calcinado , miles de evacuados por el fuego, gastos ingentes o la progresiva desertificación del país.

Las verdaderas preocupaciones llegan cuando urbanizaciones de personas con posibles, esas que han ocupado parte de la España vaciada para asentar sus reales de fin de semana o lucir palmito con sus impresionantes viviendas, son amenazadas por las llamas. Entonces sí, entonces son portada de informativos y grandiosas declaraciones de diestros y siniestros. Si es la Sierra de la Culebra la que arde o lLs Médulas, bueno, se le da cobertura informativa una semana o un par de ellas a lo sumo y después sólo son munición con la que atizarse entre sí políticos estatales y autonómicos. El ciudadano de a pie sólo está para aplaudir o insultar.

Los incendios son la punta de lanza de un problema complejo, un síntoma no una causa. Combatirlos tiene varios frentes, algunos de tanto relieve como el fuego mismo. Muchos de los incendios actuales recaen sobre plantaciones de pinos, algunas de las cuales vienen de los tiempos del régimen anterior, donde la conciencia medioambiental era nula y terrenos erosionados eran repoblados con especies esquilmantes, impidiendo recuperar entornos meteorizados, es decir, condenados a lucir pinos raquíticos, pasto de procesionarias y finalmente sucumbir ante el fuego. Y lo que es válido para pinos, lo es para eucaliptos.

Un invierno y una primavera con abrumadores registros pluviométricos dio paso a un verano seco con temperaturas nunca antes registradas. El binomio perfecto: abundantes lluvias desatan una explosión vegetal. La sequía y el calor desatan fuegos devastadores. Aquella maldición tendenciosa de que África llegaba hasta los Pirineos empieza tomar carta de naturaleza. Terraplanistas, negacionistas y hasta el primo de algún expresidente niegan la evidencia del cambio climático. Otros políticos, autonómicos y estatales, no lo niegan, pero actúan como si lo negaran. Los problemas ambientales no son de su incumbencia.

La presencia de mosquitos, vectores de enfermedades como la Fiebre del Nilo o la Lengua azul, o especies marinas nunca avistadas en nuestras costas, son la prueba palpable de que estamos modificando el planeta a pasos agigantados ante la inacción de quienes deberían evitarlo. Las hambrunas por sequías y los movimientos migratorios consiguientes serán el colofón de tanta indiferencia. El problema es de tal envergadura que hasta la glamurosa Francia se las ha tenido que ver este año con la voracidad de las llamas, y como ella España, Portugal o Grecia.

A nivel nacional hemos tenido que aceptar la llegada de medios de lucha contra incendios venidos de países europeos. Nada se había previsto. En Castilla y León, arde sobre quemado. Zamora en 2022, Zamora y León en 2025 y León y Avila en 2026, han evidenciado, una vez más, la ineptitud de esta comunidad en materia de incendios. Madrid, presidida por una lenguaraz presidenta que presume más que sabe, ha demostrado ser tan incompetente como sus correligionarios castellanoleoneses, con contratos infectos de sus brigadas, incapacidad manifiesta para gestionar esta emergencia o el bochornoso espectáculo de ocultar miserias propias alegando vender un ático para sufragar los daños causados por el fuego.

La sequía presenta otra cara siniestra que no obedece tan sólo a la escasez hídrica. Los huertos del Órbigo languidecen tras decisiones dictatoriales de personajillos que se han apropiado de la gestión del agua. Sin embargo, hasta el verano había embalsados en León excedentes del líquido elemento. ¿Conviene dejar de regar en León para que fluya el agua y así cumplir con el Convenio de Albufeira firmado con Portugal en 1998? Ya señalé en alguna ocasión que en León nos quedaremos con el frío y la nieve mientras el agua discurre plácidamente hacia territorios cuyos representantes velan por sus representados. En León, no cabe temer tal cosa.

Dejó dicho el papa Francisco que el agua acabaría siendo motivo de más disputas que en el petróleo en el presente siglo. Eso es cierto para todo el orbe, menos para León. Aquí no necesitamos nada y el agua tampoco. ¿Cómo? ¿Que por lo ‘bajinis’ o en el bar mostramos nuestro malestar con que una provincia con suficiente agua se vea privada de ella y se le niegue hasta el riego doméstico? ¡Seamos altruistas! Si hasta tenemos nuestro particular trasvase Tajo-Segura (léase canal de Payuelos), que permite regar la remolacha o la alfalfa de la lujuriosa Valladolid, mientras en el pajizo León se nos agostan hortalizas y frutales.

Renegados hay en España, como los aragoneses, que se oponen a desviar aguas del Ebro a destinos tan alejados como la huerta de Murcia, sus campos de golf y otras instalaciones turísticas. No, no. En León somos “muy españoles y mucho españoles” y lo damos todo. Me pregunto yo, conste que, sin acritud, qué sucedería si la pertinaz sequía afectara al río Esla y toda su vega, principalmente de la margen izquierda, hasta el extremo de hipotecar la pervivencia de la agricultura en toda esa vasta comarca. ¿Se suspendería el trasvase de Payuelos? ¿No? ¡Eso es patriótica magnanimidad! Se necesita mucha presencia de ánimo para ver como tu agua viaja hacia otros lares mientras tú agonizas de sed.

El controvertido cambio climático, el calentamiento global, la sequía consecuente y los subsiguientes incendios, están implementados por una clase política totalmente incompetente, cuyo mejor servicio al planeta sería irse a sus casas, dejarnos en paz con sus discusiones y dar paso a savia nueva, savia concienciada con lo que inevitablemente perdemos año tras año. Claro es que, a lo mejor, la España vaciada debería intervenir y aspirar a algo más que recibir ayudas compensatorias con cada traspiés. Esto es válido para todo el país menos para León.

Aquí somos leales súbditos de Castilla y León. Y con eso nos basta.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La explosión turística de la localidad de Riaño, corazón de la Montaña Oriental leonesa, continúa deparando anuncios de inversión para la mejora de algunas de sus más destacadas ofertas para el ocio, el deporte y la aventura. Y ahora le toca el turno al embarcadero del pantano de Riaño, el principal 'puerto de mar' montañés del que parte, por ejemplo, el barco turístico que cada año bate récords de gente dispuesta a disfrutar de los llamados 'fiordos de León'.

El tiempo que hace que el embarcadero se habilitó, y su mucho uso, han hecho que la instalación situada junto al pueblo nuevo de Riaño requiera de una serie de urgentes mejoras. Por eso, se ha diseñado una transformación integral con una inversión económica que se cifra en 340.761 euros. Eso sí, de momento no ha habido éxito por parte de la Junta de Castilla y León para poner en marcha estas obras, ya que un primer intento ha quedado desierto, al no presentarse en tiempo y forma ofertas de empresas.

Es por eso que la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, haya vuelto a intentar su licitación. Un expediente que desde el primer momento se ha anunciado con cargo al llamado Fondo de Transición Justa, el antiguamente llamado Plan del Carbón, que debería destinarse a reflotar las antiguas cuencas mineras tras le cierre de las minas, y eso a pesar de que la zona está muy lejos de cualquier explotación de este tipo.

En su proyecto, la Junta busca la renovación de los accesos al embarcadero sobre el pantano, la sustitución el deteriorado pavimento actual, el acondicionamiento de todo el entorno con zonas verdes, la instalación de mobiliario, un nuevo sistema de iluminación y además la creación de un nuevo mirador sobre el embalse.

Los detalles del proyecto, uno a uno

La actuación prevé un tiempo de tres meses para realizar todas estas obras, aunque tales mejoras ya no llegarán a tiempo para el disfrute en este verano del creciente aumento de las actividades náuticas. Según refleja el proyecto, sobre el que ILEÓN ha trabajado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial con verificación humana, la reforma arrancaría con la demolición del pavimento de hormigón existente en la zona de acceso, actualmente en muy mal estado e incluso con grietas, y contempla excavar y abrir una nueva caja para posteriormente construir una calzada de hormigón impreso coloreado de 20 centímetros de espesor sobre una base de zahorra artificial.

El nuevo pavimento quedará delimitado mediante bordillos de hormigón prefabricado y permitirá mejorar tanto las condiciones de acceso como la seguridad de los usuarios. En la zona más próxima al agua se construirá además un murete de hormigón armado con un perfil de acero estructural destinado a facilitar el anclaje de pasarelas, útiles y otros elementos vinculados al uso recreativo y náutico del embarcadero.

Una de las actuaciones de mayor impacto visual será la construcción de un nuevo mirador en una plataforma que actualmente permanece sin acondicionar. Tendrá una estructura de perfiles de acero, barandillas también de acero y suelo de rejilla metálica tipo Tramex, configurándose como un nuevo punto de observación del embalse y del paisaje montañoso que rodea Riaño.

El entorno del mirador también será transformado. La zona verde será acondicionada con césped y se instalarán bancos y mesas de madera para crear un espacio de estancia y descanso, idóneo para comer allí. Y el desnivel hacia el embalse quedará protegido mediante una valla de madera tratada.

El proyecto refleja también una nueva red de alumbrado público con canalizaciones bajo tierra para la instalación de columnas de cuatro metros de altura con iluminación ornamental conectada a la red municipal. El mirador incluirá tiras de luces LED integradas bajo sus barandillas y la zona próxima al embalse dispondrá de luminarias solares independientes, que le darán un especial aspecto nocturno.

En el entorno de la zona se concentran actividades recreativas vinculadas al pantano de Riaño, entre ellas el alquiler de motos de agua, canoas y barcos, especialmente el barco turístico que lleva más de una década de explotación exitosa. De ahí que se haga hincapié en la mejora y seguridad de los accesos a lo que ya se haconvertidod en un atractivo turístico de primer orden en la provincia leonesa y la Montaña Oriental.

Intento a la segunda

La Fundación Patrimonio Natural ha vuelto a sacar el contrato a licitación después de que el primer intento quedado desierto este mismo verano. El expediente FPNCYL-28/2026 se publicó el 8 de julio y estableció el 3 de agosto como fecha límite para presentar ofertas. Sí se llegó a presentar una empresa pero llegó fuera de plazo, por lo que la Mesa de Contratación propuso declarar desierto el concurso e inmediatamente ha puesto en marcha otro con nuevos plazos.

Esta obra se quedará pequeña en comparación con otro proyecto de alto calado turístico, igualmente impulsado por la Fundación de la Junta y también con fondos mineros, pero que en su caso ha generado una gran controversia en la zona. Un proyecto que prevé la mayor explotación turística de una zona mucho más desconocida y actualmente inaccesible del pantano, la zona del valle de Anciles, y que ha generado al mismo tiempo críticas de detractores por el efecto de masificación que puede plantear su diseño, así como apoyos a un mayor impulso económico del municipio, al margen de su alta protección medioambiental.

En espera del gran -y criticado- proyecto en Anciles

Ese otro proyecto contempla la inversión de 3,6 millones para que dos empresa catalanas ejecuten varias infraestructuras de gran calado. Por ejemplo, una pasarela colgante de unos 250 metros sobre el embalse para conectar las orillas más próximas y superar los acantilados. Tendrá altura suficiente para el paso de veleros y su montaje requerirá helicópteros y embarcaciones. Se completará con 300 metros de plataformas metálicas ancladas a la roca, una escalera metálica de 85 metros y un nuevo embarcadero o pantalán.

El itinerario lineal partirá del aparcamiento de la N-621 y recorrerá el Valle de Anciles hasta el embarcadero final, desde donde se podrá regresar en barco turístico. Incorporará senderos adaptados, soluciones de ingeniería integradas en el paisaje y nuevos puntos de observación para facilitar el recorrido por una zona de orografía accidentada.

También se ejecutará un mirador elevado en Los Yedrales, mediante pórticos de madera laminada, y se adecuará el Mirador de los Osines. La red de rutas incluirá la mejora de 4.385 metros de senda existente y la apertura de otros 990 metros, con firme compactado, señalización, balizamiento, medidas de seguridad y mobiliario para los visitantes.

El plazo de un año de este otro contrato, formalizado el pasado verano, hace pensar que podrían estar culminándose los trabajos, siempre que no se produzcan retrasos. En todo caso, si sale adelante la reforma del embarcadero del pueblo, juntos los dos proyectos están llamados a multiplicar el atractivo de Riaño y su entorno inmediato en principio puede que antes de que concluya este año 2026.