El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

La culminación de las reformas integrales de una de las avenidas más concurridas de la capital leonesa, la avenida Alcalde Miguel Castaño, mantendrá cinco jornadas completas de corte de tráfico en el inicio de este mes de agosto para culminar con las labores finales, de asfaltado. En concreto, según informa el Ayuntamiento de León a través de un comunicado de prensa, los cortes serán entre las glorietas de intersección con la avenida Fernández Ladreda y el barrio de Puente Castro.

La Policía Local de León informa de cortes en la circulación serán en concreto entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto, entre las 8.00 y las 20.00 horas y afectarán al vial en dirección a Puente Castro. Estas afecciones al tráfico vienen derivadas por las obras de mejora de movilidad en esta vía entre Puente Castro y Fernández Ladreda.

Los trabajos previos de fresado, es decir, de retirada de la vieja capa, finalizaron el pasado viernes, quedando abierta la avenida en su totalidad durante el fin de semana, con señalización de obra limitando la velocidad y de peligro de escalón.

Las obras de mejora de la movilidad se reanudan este lunes 3 de agosto con los trabajos de asfaltado, con la previsión de finalizar el 7 de agosto. El horario de trabajo del asfaltado a lo largo de toda la semana será de 08.00 a 20.00 horas, quedando abierta la vía al tráfico a partir de las 20.00 horas y durante toda la noche con normalidad.

Una vez finalizado el asfaltado, la avenida quedará abierta al tráfico pendiente de la señalización horizontal y vertical. La Policía Local recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la decisión de la Junta de Castilla y León de impedir la reapertura de la cantera Peñamala, ubicada entre los ayuntamientos de Corullón y Toral de los Vados-Villadecanes, por su afección al trazado de la futura autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Canteras del Noroeste SL y mantiene íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, que ya había considerado ajustada a derecho la negativa administrativa a autorizar la reanudación de la actividad extractiva.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el pasado mes de abril el proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-76, que unirá Villamartín de la Abadía y Requejo a lo largo de 6,24 kilómetros sobre el trazado de la actual N-120. La actuación cuenta con una inversión prevista de 133,5 millones de euros y es el primer avance concreto de esta infraestructura para mejorar la conexión entre El Bierzo y la provincia de Ourense.

El litigio por la cantera tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de junio de 2022, que rechazó el recurso de alzada puesto por la empresa minera frente a la decisión del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de no autorizar la vuelta a la actividad de la explotación de caliza denominada Peñamala nº 185. La empresa acudió posteriormente a la vía judicial, pero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León como ahora el TSJCyL han respaldado la negativa de la Administración.

La explotación, cuya autorización original se remonta a 1936, permanecía suspendida desde 2005. Cuando la empresa promovió la reapertura de la cantera, el proyecto quedó sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al correspondiente trámite de información pública, durante el cual distintas administraciones emitieron informes sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la Unidad de Carreteras en León advirtió de las posibles afecciones de la cantera tanto a la carretera N-120 como al futuro trazado de la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense.

La sociedad promotora sostuvo en su demanda que la Administración había otorgado un carácter prácticamente vinculante a esos informes de la Unidad de Carreteras, cuando, a su juicio, se trataba únicamente de alegaciones formuladas durante la información pública. Además, denunció que la sentencia de primera instancia había incurrido en incongruencia al no pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto una vez incorporadas medidas correctoras, entre ellas una franja de protección de 150 metros respecto al futuro eje de la autovía.

Sin embargo, el Tribunal Superior rechaza esa interpretación. La Sala considera que la sentencia recurrida sí respondió a todas las cuestiones planteadas y recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental impone de forma obligatoria los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas. Aunque los informes emitidos durante ese procedimiento no tengan carácter vinculante, los magistrados subrayan que la Administración puede y debe valorarlos a la hora de resolver, ya que lo contrario vaciaría de contenido el propio procedimiento ambiental.

La resolución judicial también repasa la evolución de los informes emitidos por la Unidad de Carreteras entre 2016 y 2019. Todos ellos fueron desfavorables al proyecto, al apreciar riesgos para la seguridad vial derivados de las voladuras, la proyección de materiales y las nubes de polvo, además de la incertidumbre sobre la afección al futuro trazado de la A-76. Incluso después de que la empresa incorporara medidas correctoras al estudio de impacto ambiental, el órgano estatal mantuvo que la explotación seguía siendo incompatible con la protección de la infraestructura viaria proyectada.

La Sala descarta igualmente que la Junta asumiera de forma automática el criterio de la Unidad de Carreteras. A juicio de los magistrados, tanto la resolución administrativa como la sentencia de primera instancia analizaron y valoraron esos informes antes de concluir que el proyecto carecía de viabilidad ambiental y administrativa. Además, consideran que la empresa introdujo en apelación cuestiones de fondo distintas de las debatidas inicialmente en el procedimiento judicial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Supongamos que se produce una subida de impuestos y que, de pronto, el Estado recauda treinta mil millones más. ¿Cómo pensáis que afectaría eso a la calidad de los servicios públicos? ¿Dónde pensáis que se emplearía ese dinero?

La cuestión es que es algo perfectamente estudiado y también muy debatido, y la respuesta depende de la fortaleza de la sociedad civil y los hábitos políticos del país. En España, por ejemplo, cuando se ha recaudado más en el impuesto de hidrocarburos, que supuestamente iba a mejorar las carreteras, no se han mejorado las carreteras, porque los impuestos no son finalistas y prácticamente todos los gobiernos prefieren dedicar ese dinero a otra cosa.

Ante un aumento de ingresos, pueden hacerse, por ejemplo, dos cosas: contratar más médicos o subir el sueldo a los que ya hay. Podéis estar seguros de que los que tienen el poder, que son los que ya están dentro, preferirán siempre la segunda opción. Lo mismo pasará con casi todos los sectores, y la presión sindical se dirigiría a mejorar los salarios públicos antes que a mejorar los servicios. No se trata de dar mejor servicio, sino de cobrar más por lo que ya se da. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, pero es lo que sucede en la mayor parte del mundo, porque los que ya están trabajando son los que pueden hacer huelga y tienen capacidad de presión, mientras que los que están fuera y podrían trabajar carecen de capacidad de presión alguna. El eterno problema de los insiders contra los outsiders, y de que los sindicatos tienen pocos incentivos para defender los intereses de los que no están trabajando aún.

El problema se reproduce a nivel político con otros muchos temas. ¿A dónde iría a parar esa nueva fuente de ingresos? ¿A crear más juzgados o a subir las pensiones? ¿Cuál es el incentivo del político, que lo que quiere es ser reelegido? ¿Mejorar el servicio o comprar votos? En cuanto hay más dinero, se trata siempre de desviarlo a donde produce un mayor rendimiento político, a corto plazo. Por eso nadie construye vivienda pública, por ejemplo.

Y sí, por supuesto que una parte se destinaría a mejorar algunos servicios, pero la cuestión es qué parte y a qué servicios podría ir, porque cuanto más dispersa y compleja es la gestión de un servicio, más reacias son las autoridades a invertir en él. En algunos países la mejora se llevaría el treinta por ciento, en otros el veinte y en otros el cinco. En nuestro caso, como las competencias de sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas y el sistema de financiación autonómica es un circo de tres pistas, cabría esperar alguna mejora en otros temas, pero no precisamente en esos.

Podría mejorarse, tal vez, la justicia, y podría construirse algún AVE más, que es lo que les encanta a los políticos, pero con una estructura como la nuestra, lo más posible sería que el aumento de impuestos redundase en una subida salarial al sector público, subida de las pensiones y una pequeña constelación de obras faraónicas, o no tanto, como aquel plan E de Zapatero que llenó los pueblos de máquinas de hacer gimnasia.

Poco más.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

El Ayuntamiento de Ponferrada y Endesa han firmado este martes el protocolo para cubrir el canal de Cornatel, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda, una actuación presupuestada en cinco millones y cuya ejecución está prevista para 2027.

El proyecto permitirá cubrir alrededor de 200 metros del canal para crear un nuevo espacio urbano con zonas verdes, áreas de descanso, juegos infantiles y un itinerario peatonal accesible que conectará este entorno con el casco histórico.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha definido este acuerdo como “un hito altamente demandado” y recordado que permitirá eliminar una de las principales barreras urbanas de la ciudad.

La financiación se repartirá entre el Ayuntamiento, que aportará el 60% con fondos europeos del programa Ponferrada Inspira, y Endesa, que asumirá el resto hasta un máximo de 1,8 millones, además de prestar asistencia técnica durante el desarrollo de la obra.

Por su parte, la directora territorial de Endesa en el Noroeste, María Giuseppina Biondi, ha explicado que el proyecto supone un “momento histórico” tras más de dos décadas de negociaciones y destacado que permitirá incorporar unos 8.000 metros cuadrados de espacio para uso ciudadano, mejorando al mismo tiempo la integración urbana y la seguridad de la infraestructura hidráulica.

El Ayuntamiento prevé licitar las obras antes de finalizar este año para comenzar su ejecución en marzo de 2027, con un plazo previsto de nueve meses, por lo que la actuación podría estar concluida antes de finalizar el próximo año.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de emergencia para las obras de reparación del firme en diversos puntos de las carreteras A-6, N-120, N-601, N-625 y N-621 en la provincia de León por importe de 7.846.632 euros.

El Gobierno justifica esta declaración porque estas vías presentan deterioro en el firme de algunos tramos; una situación que se ha visto agravada de manera muy significativa durante los periodos de intensas lluvias que se soportaron desde el pasado mes de diciembre y enero y febrero de 2026.

Ante este deterioro, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental ha estimado necesario realizar las siguientes actuaciones: fresado de la mezcla bituminosa existente, según subtramos; reposición del firme con mezcla bituminosa en caliente, así como de reposición de la señalización horizontal.

Los subtramos que se incluyen en esta declaración de emergencia se encuentran incluidos dentro de los siguientes tramos de carretera: Autovía A-6, del kilómetro 277 al 371; carretera N-120, del 313 al kilómetro 347; carretera N-601, del 274 al 322; carretera N-625, del kilómetro 99 al 122 y la carretera N-621, del kilómetro 12 al 25.

El Ayuntamiento de Villablino ha sacado a concurso en estos últimos días la adjudicación de diversas obras correspondientes a la capital municipal, concretamente en las calles Leitariegos, La Fuente y La Paz. Se trata de trabajos que tienen un importe cercano a los 300.000 euros totales y que van a alterar algunas zonas durante lo que queda de verano.

La obra más importante es la renovación de la red de aguas y aceras en la calle Leitariegos, cuya publicación se hizo el pasado día 14, con un presupuesto de 178.327 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Será financiada íntegramente con los Fondos de Cooperación Local 2026 de la Junta de Castilla y León.

Cuatro días antes, el 10 de julio, se hizo pública la licitación de la reforma de las aceras de la calle La Paz, con un presupuesto de 75.414 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. Con una financiación externa que corre a cargo del Fondo de Cohesión Territorial 2026 de la Junta de Castilla y León.

La tercera de las obras corresponde a la creación de una zona de aparcamiento para vehículos de unos 500 metros cuadrados y mejora de la urbanización en la calle La Fuente, con un presupuesto de 37.746 euros, también con un plazo de ejecución de tres meses. La financiación es así mismo externa y se hace con una ayuda de los Remanentes del Plan Provincial del año 2024 de la Diputación de León.

El apartado inversor se completa, de momento, con la adquisición de maquinaria para la dotación del Centro Logístico Comarcal de biomasa de Orallo. Se trata de la compra de una máquina de cadenas taladora de cizalla con un presupuesto de 215.380 euros. Para la que hasta el día 24 de este mes está abierto el plazo para la presentación de ofertas.

Esta es una maquinaria ya sacada a concurso en el pasado mes de mayo que se hacía en tres lotes (a esta le correspondía el lote 3). Y como se desprende del acta de la mesa de contratación firmada el 8 de julio, este lote quedó desierto, por lo que se saca nuevamente a licitación.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6 y del túnel de Montefurado en la N-120 tras una inversión de 24,7 millones.

Los trabajos han afectado, implicando restricciones de tráfico, a nueve túneles de la Red de Carreteras del Estado: los de Neira, Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la A-6 a su paso por Lugo; los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la provincia de León; y el de Montefurado, situado en la carretera N-120, ha informado este viernes el ministerio en un comunicado.

Del presupuesto total, 18,3 millones de euros proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que los 6,4 millones restantes han sido financiados con recursos del Estado para completar actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.

La intervención ha permitido renovar por completo los sistemas de seguridad de los túneles mediante la instalación de nuevos equipos de ventilación y extracción de humos, sistemas de detección de incendios, iluminación de emergencia, videovigilancia y control automático de incidencias, además de actualizar las redes de comunicaciones y los equipos de megafonía.

Entre las mejoras ejecutadas destaca también la construcción de una nueva galería de evacuación en el túnel de Villafranca, así como la adaptación de las ya existentes con sistemas de presurización para facilitar una evacuación segura en caso de emergencia. Asimismo, se han habilitado nuevos sistemas de drenaje para la recogida de vertidos contaminantes y depósitos de contención de sustancias peligrosas.

La actuación se completa con la implantación de un nuevo sistema de gestión desde el Centro de Control de Túneles de Piedrafita, que permitirá supervisar en tiempo real todas las instalaciones y responder con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

Más de una veintena de alcaldes de la provincia de León, pertenecientes a distintos partidos políticos, se han unido este martes en Astorga para reclamar la supresión del peaje de la autopista AP-71 entre León y Astorga. La petición se formalizó durante la tercera reunión del Foro del Manzanal, que reunió en la ciudad maragata a representantes municipales de todo el territorio y sumó además el respaldo de las cámaras de comercio de León y Astorga, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL), la Asociación Provincial de Transportistas, ALTRADIME y ALECO.

Los asistentes defendieron que la eliminación del peaje debe seguir el mismo camino que otras autopistas españolas liberalizadas en los últimos años, al considerar que la actual tarifa constituye un freno para el desarrollo económico de la provincia y dificulta la conexión entre las distintas comarcas leonesas. A su juicio, mantener el peaje penaliza tanto a empresas como a trabajadores y ciudadanos que utilizan habitualmente esta infraestructura.

En el encuentro, celebrado en el Hotel Gaudí de Astorga, participaron los alcaldes de Astorga, León, Valverde de la Virgen, Villadangos del Páramo, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Santa María de la Isla, Quintana del Castillo, Camponaraya, Carracedelo, Fabero, Valle de Ancares, San Andrés del Rabanedo, Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Cacabelos, Montealegre y San Facundo. Además, los ayuntamientos de Santa María del Páramo, Soto de la Vega, Peranzanes, Villablino, Toral de los Vados y Congosto comunicaron su adhesión al manifiesto pese a no poder asistir.

La jornada fue inaugurada por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto. Posteriormente, el empresario José Luis Prada presentó los objetivos del Foro del Manzanal y el economista y profesor universitario Julio Lago expuso los argumentos económicos que, a juicio de la plataforma, justifican la eliminación del peaje. El encuentro concluyó con un coloquio en el que también se abordaron otros asuntos de interés para la provincia, como la promoción del SIPAM, el desarrollo del entorno del Manzanal o la problemática de los incendios forestales, cuestiones que el Foro prevé tratar en futuras reuniones.

El Foro del Manzanal está integrado por personalidades de distintos ámbitos de la sociedad leonesa con el objetivo de impulsar iniciativas de interés general para la provincia. Entre sus miembros figuran la escritora y periodista Marta del Riego Anta, el empresario José Luis Prada, el técnico en telecomunicaciones Antonio Terrado Arias, el gestor cultural Santiago Asenjo, el editor José Antonio Martínez Reñones, el empresario Francisco Rodríguez y el economista Julio Lago.

La hemeroteca y el archivo fotográfico nunca mienten. Si se busca en los de cualquier medio de comunicación, entre los primeros aparecerán grandilocuentes promesas, alarde de títulos y magníficos planes de inversión en materia de carreteras de la Junta de Castilla y León para la provincia de León. Pero si se profundiza en los segundos, la realidad es justo la contraria: no hay fotos de ningún consejero autonómico inaugurando en las dos últimas décadas un sólo metro de autovía.

La cosa no sería más que anecdótica si no fuera porque las promesas de la sucesión de gobiernos del Partido Popular (PP) en la Junta respecto a la mejora de infraestructuras fueron compromisos plasmados en planes oficiales. Programas de obligado autocumplimiento, que recogían cifras de muchos millones y de kilómetros para la provincia leonesa en construcción de autovías nuevas. Sin embargo, el resultado final de ambas ha sido el mismo: cero.

Esta es la triste cuenta final del análisis de una de las planificaciones más mediáticas de lo que va de siglo. Se trataba del Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Teniendo en cuenta las fechas de inicio y final, se puso en marcha siendo consejero de Fomento el leonés Antonio Silván. Y lo tenía que haber rematado su sucesor, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En medio, la crisis

El Plan -todavía disponible en la web de la Junta- recogía compromisos con cifras tan claras como abultadas. En suma, la Junta de Castilla y León se comprometía a ejecutar prácticamente 100 kilómetros (99,2 para ser exactos) de autovías de nueva construcción: en concreto 86,2 kilómetros entre cuatro proyectos de desdoblamiento de carreteras de titularidad autonómica; y otros 13 de desdoblamientos para acceso a las dos principales ciudades, León y Ponferrada. No hay noticia de ninguno de ellos.

Planteado en inversión pública, es decir, en el dinero necesario para esos proyectos, la cifra total era de 424,25 millones de euros en los doce años de duración del Plan. Casi 400 (398,25 millones) era la suma de las cuatro autovías nuevas mencionadas y 26 millones más se dedicarían a los accesos desahogados a las dos capitales. Pero nuevamente se da el mismo nulo resultado final de ambas cuantías.

Para poner en contexto la situación, hay que recordar el estallido de la crisis global a partir del 2008, que trastocó los planes de inversión de todas las administraciones públicas y fue muy notoria también en la Junta de Castilla y León. Podría haber ocurrido que al menos alguno de los proyectos se hubiera demorado pero avanzara de alguna manera y hasta el actual año 2026 se pudiera haber construido, pero tampoco se da el caso: no hay una sola autovía autonómica nueva en dos décadas.

Al detalle, las autovías 'soñadas'

El Plan de Carreteras detalla las cuatro autovías leonesas comprometidas en la página 173. La más cuantiosa era la conversión en vía de alta capacidad de la actual LC-631 entre Toreno y Páramo del Sil, en la comarca de El Bierzo. 182,60 millones previstos para ejecutar 16,6 kilómetros, a causa de una orografía muy compleja.

Por otro lado, la autonómica CL-626, también conocida como el Eje Subcantábrico, aparecía con dos proyectos prometidos: el tramo Villablino-Piedrafita de Babia, con 71,40 millones para 11,9 kilómetros también bastante accidentados; y el tramo La Magdalena-La Robla, otros 40 millones más para 16 kilómetros de doble carril en ambos sentidos.

Finalmente, se consignaban 104,25 millones de euros más para la nueva autovía entre las ciudades de León y La Bañeza, es decir, en la CL-622, a través de Santa María del Páramo, un total de 41,7 kilómetros, según el Plan. Este caso era muy relevante, ya que formaba parte de la muchas veces prometida y jamás impulsada autovía León-Bragança, es decir, entre la capital leonesa y la ciudad del noreste de Portugal, para ofrecer una crucial salida hacia Europa desde el norte del país vecino y con un gran beneficio logístico para la provincia de León.

El contexto de crisis no fue óbice para que en 2011, el todavía consejero de Fomento Antonio Silván sacara pecho anunciando que la Junta estaba cumpliendo su parte con esta autovía, redactando el estudio informativo precisamente del tramo León-La Bañeza. Nunca más se supo de él, salvo que en 2025 se presupuestaron ridículas cantidades de simple arreglo de las actuales vías hacia Bragança.

Penetraciones por San Andrés, Villaquilambre y Molinaseca

Respecto a los desdoblamientos de acceso a las dos ciudades, se incluían en el Plan comprometido dos autovías, ambas de 4 kilómetros de longitud: tanto en la carretera de La Magdalena CL-632, y por lo tanto por San Andrés del Rabanedo, como en la llamada León-Collanzo, la LE-311, es decir, desde Villaquilambre a la capital leonesa. Dos desdoblamientos que habrían sido vitales para descongestionar el gran tránsito de los dos mayores municipios del alfoz leonés. Cada uno de estos proyectos se cifraba en apenas 8 millones de euros de inversión.

La cifra subía hasta los 10 millones para 5 kilómetros en el acceso a Ponferrada por la carretera LE-142, es decir, por el Camino de Santiago desde cerca de Molinaseca. Ni que decir tiene que tampoco este vial doble de El Bierzo fue nunca una realidad y, al igual que con el resto de los casos, la Junta de Castilla y León tampoco ha vuelto a hablar de aquellos compromisos.

Un nuevo Plan sin nada para León... y en papel mojado

De que se quedaron en papel mojado para siempre da buena cuenta el hecho de que en un hipotético próximo Plan de Carreteras plurianual del Gobierno autonómico, ya con Vox, jamás se recogieron aquellas promesas de nuevas autovías y accesos desdoblados. Hay que remontarse a 2024, siendo ya consejera de Fomento, María González Corral, sucesora de Suárez-Quiñones, para profundizar en el anuncio de un llamado Plan Autonómico de Carreteras 2023-2034, pero e detalle dejaba fuera todos los proyectos para León. Sólo se recogían proyectos concretos a muy largo plazo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria.

Sin embargo, aquí el agravio no se ha consumado: lo cierto es que a pesar de los anuncios no consta que exista ningún nuevo Plan de Carreteras finalmente aprobado por el Gobierno autonómico y en vigor o ejecución. Y es que las únicas inversiones, muy escasas, de la Junta en los últimos años se han limitado a labores de conservación e infraestructuras que, como por ejemplo la variante de Guardo, esperaban desde hacía 15 años, por lo que ahora se planteaba que los fondos mineros -y no fondos propios del presupuesto de la Junta, como en el resto de provincias- salieran al rescate. La pelota queda ahora en el tejado de Cristina Sanchidrián, la recién nombrada consejera Movilidad, Transformación Digital e IA.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 105,1 millones la conservación y explotación de 926,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, con cinco lotes que afectan a vías estatales en las provincias de León, Burgos, Valladolid y Soria.

Según han detallado fuentes gubernamentales oficiales, la cifra que le corresponde a las principales vías estatales de la provincia leonesa asciende a 22,7 millones de euros. Se trata de carreteras tan importantes como la autovía León-Benavente (A-66), las tres rondas de la ciudad de León, como son la Ronda Este (LE-20), la Ronda Sur (LE-30) y la vía de penetración LE-10; la carretera nacional León-Astorga (N-120); la carretera de León a Asturias hasta el puerto de Pajares (N-630); la León-Valladolid (N-601); y la N-621 que va desde Riaño al puerto de San Glorio, límite con Cantabria.

En el caso concreto de la carretera de León a Pajares por los municipios de La Robla, La Pola de Gordón y Villamanín, se incluyen actuaciones adicionales como serán la mejora del balizamiento en la N-630, entre los km 99,6 y 138, en ambas márgenes, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve.

En todos los casos, se trata de contratos que se licitan ahora, en busca de empresas interesadas en ejecutar estos trabajos de conservación y mantenimiento, con un período de duración de tres años pero con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses, por lo que en su máxima extensión podrían alcanzar algo más de cinco años en total.

En un comunicado, el Ministerio ha detallado este lunes que el anuncio, que publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, recoge también actuaciones en la provincia de Burgos por un valor conjunto de algo más de 50 millones de euros, en dos lotes de 34,55 y 15,72 millones, respectivamente, para trabajos en las carreteras A-1, A-11, A-73, N-623 y N-627.

En Soria, hay un único lote de 8,83 millones para trabajos de mantenimiento en la A-2; y en Valladolid, otro lote de 23,3 millones para actuaciones en la A-62, la VA-30, A-11, N-620 y N-122.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Las obras del paso inferior en la LE-20 (Ronda Este) con La Granja que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conllevarán afecciones al tráfico en la zona durante el 13, 14 y 15 de julio, han informado este miércoles fuentes municipales.

Los trabajos se centrarán en la construcción de un anillo interior en la glorieta existente, el asfaltado completo de la misma y la reparación mediante parcheo con hormigón de la calle La Granja.

La Policía Local de León coordinará los cambios en la circulación conforme a las tareas planeadas por la empresa que ejecuta las obras.

El 13 de julio prevén afecciones puntuales por movimientos de maquinaria y camiones, jornada en la que construirán un anillo interior en la glorieta existente, mientras que al día siguiente se centrarán en el asfaltado, por lo que la calle La Granja estará cortada en su tramo de acceso que va de la glorieta del espacio comercial Reino de León hasta la incorporación a la LE-20.

Asimismo, para este día está previsto también el corte del carril interior de la glorieta, unas afecciones que se mantendrán durante la noche del 14 al 15 de julio.

El miércoles, 15 de julio, está previsto que continúen las tareas de asfaltado lo que conllevará que se mantenga el corte de la calle La Granja en el tramo indicado, a los que se unirán los de los accesos al Camino del Vago y a la carretera LE-5508 (acceso a la gasolinera).

La Policía Local ha apuntado que los conductores encontrarán señalización informativa en los tramos previos a la zona afectada por las obras y recomienda a los conductores utilizar vías alternativas, preferentemente la LE-30 o el eje sur de la ciudad con el fin de minimizar las afecciones al tráfico derivadas de los trabajos.

También está previsto reforzar el servicio policial en la zona de intervención para garantizar la adecuada vigilancia, regulación y control de la circulación durante el desarrollo de las obras.

Los conductores que utilicen habitualmente la Autovía del Noroeste (A-6) entre Ponferrada y Galicia deberán armarse de paciencia durante los próximos tres meses. El Ministerio de Transportes ha iniciado una nueva fase de las obras de rehabilitación del firme, valoradas en 8,8 millones de euros, que obligará a realizar cortes de carril y, en varios periodos, cierres completos de la calzada sentido Madrid con desvíos por la carretera nacional N-6.

Las actuaciones se desarrollarán entre los kilómetros 407 y 480,5 de la A-6, en las provincias de León y Lugo, y se prolongarán previsiblemente hasta el 6 de octubre. El objetivo es renovar de forma integral el firme de este tramo, muy utilizado tanto por el tráfico de largo recorrido como por los desplazamientos diarios entre El Bierzo y Galicia.

La primera afección ya está en marcha en el entorno del límite provincial y Lugo. A partir del 13 de julio comenzarán los cortes de mayor duración, que irán desplazándose progresivamente hacia Ponferrada. Entre el 13 de julio y el 5 de agosto los trabajos afectarán al tramo comprendido entre los kilómetros 479,5 y 469; posteriormente, entre el 21 de julio y el 10 de agosto, se actuará entre los kilómetros 469 y 455,5; desde el 27 de julio hasta el 3 de septiembre, entre los kilómetros 455,5 y 432; del 31 de agosto al 21 de septiembre, entre los kilómetros 438,5 y 420; y, finalmente, entre el 10 de septiembre y el 6 de octubre, entre los kilómetros 420 y 407.

Durante las distintas fases, el tráfico se gestionará de dos maneras según el tramo. En algunos periodos se habilitará un desvío provisional para mantener un carril por sentido utilizando la calzada contraria, mientras que en otros habrá cortes completos de la calzada afectada y los vehículos deberán abandonar la autovía para continuar por la N-6, siguiendo la señalización instalada para la ocasión.

El Ministerio de Transportes recomienda a los usuarios consultar el estado del tráfico antes de viajar y extremar la precaución al circular por las zonas en obras, donde se reducirá la velocidad y se producirán cambios temporales en la circulación para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores.

Por imposición extremista diestra, el Vox Pollán, hoy vicepresidente primero del gobierno autonómico que hubo de colocar Mañueco, va a desregular lo regulado al grito (nacional español) de 'los patriotas primero'… aquí, en el ente, me temo que vaya a ser: '¡Lo castellano primero! Y de nada nos valdrá en infantil réplica soltar '¡Castellano el que no bote!' –¡Con saltito incluido o no!– cual réplica.

Hemos podido ver fotografiados juntos a Mañueco y a Pollán, en estudiada composición con el acuerdo de legislatura –¡En verde!– y al pronto me recordó lo de aquel personaje de película que se ponía verde al cobrar fuerza, el increíble Hulk, potente y bestia… lo de hoy, no sé el porqué el tono.

A Pollán como vice primero, no lo quiere Mañueco de ejerciente sustituto; así que a dedo ha determinado que la vice segunda, por defecto, sea su sustituta ante supuesta ausencia ocasional.

¿Y Suárez-Quiñones?

Mas, para la desregulación de mi anunciada situación anímica, no es el causante precisamente él, sino que viene dada por el cambio de lugar y sitio del que fue consejero autonómico, Suárez-Quiñones, al que el fuego que le quemaba hasta el pelo, y como tal aparecía en los carteles, tuvo que refugiarse en los cuarteles, sí, esos del 'no quiero verlo, y así no existe'. Gesto que le fue premiado por su mentor, Mañueco, saliendo al quite ante el público, llenando espacio en tan hábil como engañosa defensa.

Que ocurrió con el mutis del ínclito personaje de León, es lógico preguntarse. Es fácil intuirlo, cuando el indignado paisanaje, quemado como el paisaje hasta el horizonte, fue asumiendo el daño, y, aventado el humo, en un contexto de necesidad reparadora, llegaron ayudas económicas prontas... ¡Sin saber de dónde arrebataban el dinero! Y, que oportunas, actuaron de tampón.

Los damnificados en general prestos a olvidar, unos por afinidad, otros por estulta cotidianeidad, rutina absurda, llegaron a borrar de su mente el daño, hasta el punto de volver a votar casi en mayoría al PP, y precisamente en casi todos los lugares donde ardieron hasta las ideas. Interesadamente se olvida todo... ¡Y hasta con prontitud si llega el caso!

Hoy, en el nuevo gobierno autonómico, premio al silencio y la obediencia del que dirán que representa a lo leonés, volverá a tener una consejería, Suárez-Quiñones (¡Otra que no arda! pero que, por múltiple y 'desregulada', tal vez por impericia contable, nos puede quemar más a los ciudadanos.

La que dejó abrasada, Medio Ambiente y Energía, será ocupada por María González Corral, que viene de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. De oca a oca, y trae en su cartera, lo que algunos consideran “gran labor”: machacar con lo de Tierra de Sabor. Una marca impuesta que confunde, y que para nosotros los leoneses es... ¡Tierra de pavor! La Región Leonesa y sus productos, escandallados castellanoleoneses, en algunos casos, como los quesos, siendo el 80% leoneses; es un enorme agravio que favorece a la facción absorbente castellanizadora del ente autonómico. Es su dinámica. ¿Cómo no lo vemos todos?

Suárez-Quiñones asume el encargo, que por fidelidad y buenas maneras partidistas, ponen en sus manos. No importan los resultados anteriores: su mentor, y jefe a toda hora, el señor Mañueco... ¡Le recomienda! Ahora en una Consejería múltiple, a saber: Industria, Universidades, Comercio y Empleo. ¡Ahí es nada!

Un puesto para un sabelotodo político de amplio espectro, de fácil conformar y muy buenas tragaderas.

Ya se ha fotografiado con la 'CEOE'… de Castilla y León. Primer aviso, centralizando esfuerzo para que todo siga igual. ¿Con qué responsables del panorama decadente leonés ha hablado? ¿Los empresarios leoneses, en particularidad regional leonesa, no tenían nada que sugerir? Un retrato vale más que mil palabras.

Industria. El desmantelamiento último del noroeste leonés, entendido como nodo logístico, para ser ubicado a gran escala, por dotación económica, en Valladolid, nos ha cerrado puertas y posibilidades. Cuando más, ya lo he dicho, gozamos del escueto posicionamiento como nodo secundario. ¡Estamos en el bajo, nos están preparando el sótano, justo al nivel de las mazmorras!. Pero a él ya le ha puesto el señor Mañueco, ascensor y ascenso... y... ¡A medrar! ¿Por qué negarnos a verlo así?

¿El industrioso consejero, que se dice de León, qué va a traer para aquí? Lo suyo es docilidad en tanto se nos esquilma en lo socioeconómico. En verdad camino que ya lo tienen bien practicado, se trata, pues, de continuar colonizando.

Me ha resultado dolorosamente curioso –¡Por lo demás!–, leer a la Rectora de la ULE, tildar (uso tal verbo, por inducir a lo negativo) como “un acierto” lo de integrar Universidades junto a Industria, Empleo y Comercio. Es más, “ve como positivo el nombramiento-encargo que desde el ente autonómico han hecho a Suárez-Quiñones, por estar vinculado a León” ¡Extraña confianza en la persona y en el ente centralista acaparador!

¡Hay presencia y lazos que matan!

Demuestra alegría ante este nombramiento, invoca su pasado como profesor, y de leonés: una apertura gratuita al hombre, olvidando su desequilibrio político al estimar que siendo esto, es decir de León, va a mirar por nosotros...

¡Sí, sí, de soslayo!

Así las cosas: ¡Hay que plantear el Lexit!

Medio millar de personas de personas han salido a las vías este caluroso domingo 5 de julio para insistir al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, que el histórico tren de Feve vuelva a llegar al centro de la ciudad de León, casi quince años después de que dejara de hacerlo por unas obras que iban a mejorar el trazado y provocaron que nunca más pasaran trenes.

Esta manifestación de este domingo es la tercera gran protesta convocada por la Plataforma en Defensa de Feve León, que ha realizado a pie durante los últimos días el recorrido de un centenar de kilómetros entre Guardo (Palencia) y León, con último tramo entre el apeadero de La Asunción-Universidad a las afueras de la ciudad y la histórica Estación de Matallana ubicada en el centro.

Los ciudadanos han vuelto a expresar la necesidad de que los trenes del viejo ferrocarril de vía estrecha, hoy bajo la marca Cercanías Renfe, vuelvan hasta el centro de la ciudad para mejorar la conexión y ofrecer de verdad un servicio ferroviario de calidad a los ciudadanos. Fue en septiembre de 2011 cuando dejaron de pasar los trenes y en el año 2024 nacía la plataforma revindicativa que organizó una protesta masiva en noviembre del 2024.

Isabel López, portavoz de la Plataforma en Defensa de Feve de León, ha agradecido a todas las personas que han participado en la protesta entre Guardo y León, “Vamos a dar gracias a toda la gente que la experiencia ha sido más que una experiencia, una experiencia social”. “No hay motivos, no hay razones para que no se desbloquee, lo vamos a conseguir”, aseguró cuando la marcha llegaba a la ciudad leonesa para insistir en que el Gobierno de España debe dar una solución para que los trenes recuperen el histórico trazado. “Pretendemos sacar el tráfico del centro de las ciudades y dejamos en tren a dos kilómetros. Es que no tiene sentido. Nadie entiende qué es lo que está pasando aquí”, abundó.

En la manifestación de este caluroso domingo han participado representantes de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León -PSOE, PP, UPL y Vox- así como varios alcaldes del tramo ferroviario que une la ciudad leonesa con la montaña.

Entre tanto el Ministerio de Transportes ha intentado implantar una solución mediante autobuses por el trazado rechazada por la plataforma y todos los ayuntamientos leoneses del trazado, al entender que es una solución incompleta y que no deja ver la solución prometida, llegar en tren hasta el centro de León desde la Montaña (o incluso Palencia o País Vasco), tal y como era el trazado original que tiene casi 135 años. Mientras tanto se han planteado diversas opciones, como trenes híbridos y la mejora definitiva del trazado, sin respuesta del Gobierno hasta el momento.

La plataforma, desde que comenzó a exigir una solución definitiva en 2024, no ha descansado con acciones de protesta, desde jornadas informativas a una segunda gran manifestación o cortes semanales de calles en el centro de León para recordar que desde hace 15 años en León hay algo pendiente: que el tren de Feve vuelva al centro de la ciudad. Y anuncian que seguirán en la lucha.

15 años sin trenes de Feve en el centro de la ciudad

El 11 de septiembre de 2011 marcó un antes y un después para la antigua línea de Feve en León. Ese día dejaron de llegar los trenes a la estación de Matallana con la promesa de que el corte sería temporal para ejecutar la integración ferroviaria y un innovador sistema de tren-tranvía que conectaría el norte de la provincia con el centro de la ciudad. Quince años después, los viajeros siguen terminando su recorrido en La Asunción-Universidad y completando el último tramo en autobús.

El origen del proyecto se remonta a los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Feve diseñó un ambicioso plan que incluía cuatro líneas tranviarias y la compra de trenes-tranvía. Sin embargo, el cambio político de 2011, con la llegada del PP al Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de León, supuso un giro radical. Los recortes económicos llevaron a descartar el proyecto y, además, se cuestionó la contratación de los convoyes, que se acabaron cancelando.

Otro momento decisivo llegó en 2015, cuando el Gobierno del PP de Mariano Rajoy excluyó el tramo urbano de Feve en León de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), una decisión publicada en el BOE que ha condicionado desde entonces cualquier intento de recuperar el servicio ferroviario hasta el centro de la ciudad bajo supuestos problemas de seguridad. En todos estos años tiempo no se ha podido dar a luz un informe que devuelva el tráfico ferroviario al tramo urbano bajo diversas excusas.

El resultado a día de hoy es un proyecto convertido en símbolo del bloqueo institucional y con responsabilidades repartidas entre distintos gobiernos y administraciones durante tres lustros. PSOE y PP impulsaron, modificaron o paralizaron decisiones clave en distintos momentos, mientras León continúa sin recuperar una conexión ferroviaria que sigue siendo una de las grandes reivindicaciones de usuarios, ayuntamientos y de la Plataforma en Defensa de Feve.

Un año después del incendio forestal de Puercas, donde ardieron más de 4.000 hectáreas, cuatro años después de los incendios de Losacio y Ferreras de Arriba, donde ardieron entre ambos unas 60.000 hectáreas, todo sigue parecer igual en la Sierra de la Culebra, en el noroeste de Zamora, corazón del País Leonés.

Recorrer en bicicleta los cien kilómetros que unen estas tres localidades partiendo de Villardeciervos, pasando por Tábara y Otero de Bodas entre otras, donde el fuego de estos incendios les afectó de pleno, no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, poco o nada cambió desde entonces. Montones de leña quemada ejercen de escolta en demasiadas carreteras, paisajes sin un solo árbol y con las huellas de las máquinas que los retiraron, monolitos recordando la tragedia y los nombres de los muertos, porque sí, los muertos tienen nombre y apellidos, son las consecuencias de una tragedia que algún iluminado fotografiado en plena zona quemada en mocasines quiso solucionar montando unos conciertos que tuvieron que ser suspendidos por el enfado de los habitantes de estas tierras.

La población no es muy abundante en esta zona, digamos que no lo es en todo el oeste, y claro, nada es casual. En la cercana Sanabria llevan reivindicando desde 2018 una mejor atención sanitaria y que no recorten frecuencias en las paradas de sus trenes. En Tábara no se cansan de hacer lo mismo, pero como indiqué, todo sigue igual, recortes y más recortes en servicios públicos. A pesar de ello, lo que parece importarle a aquellos que jamás trabajaron ni cotizaron fuera de cargos públicos parece ser la denominada “prioridad nacional” y la regularización de inmigrantes, pese a que el sindicato de la patronal agrícola y la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (ALEOP), dos ejemplos de organizaciones nada sospechosas de comulgar con ideas de izquierdas, lo vean con buenos ojos. Ya saben, el problema de la inmigración en Riomanzanas o Bercianos de Aliste.

Entre San Martín de Tábara y Losacio, justo en la curva de la antigua estación de tren, donde se observan más molinos eólicos que en toda la Comunidad de Madrid, hay un cartel señalizando la vía férrea Zamora-Orense. Alguien, no se sabe quién, decidió dejar por escrito el sentir de demasiada gente en ese letrero: 'El oeste, perros apaleados pero fieles'. Mientras escribo estas líneas, un nuevo incendio asola el norte del País Leonés, concretamente en Sena de Ḷḷuna, donde se encuentra uno de los puentes más fotografiados del Estado y que forma parte de una autopista con un peaje ilegal y que sufrimos cada año quienes vivimos a un lado y al otro del cordal. Lo dramático de esta situación es que para el nuevo responsable de incendios forestales de la Junta de Castilla y León las labores constantes de mantenimiento, limpieza y desbroce preventivo fuera de la época veraniega no son una prioridad, siguiendo la línea de su antecesor, cuando dijo que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Los datos demuestran que la Junta de Castilla y León recortó en prevención de incendios un 86% desde 2009 hasta 2022

Sí, en esta tierra todo sigue igual, como indicaba el letrero. Mientras las luces de la Villa y Corte ciegan a las personas que allí nos representan y las alfombras a orillas del Pisuerga desestabilizan a quienes dicen llevar hasta allí nuestra voz, aquí parecemos conformarnos con un oeste abandonado y despreciado como si fuese un castigo divino. Sin infraestructuras, sin sanidad y educación públicas y con apuestas por una privada que casi nadie puede pagarse, aunque crea que sí, con demasiados empleos precarios y eventuales…

Recuerden, perros apaleados pero fieles.

“Si la calidad del servicio no se corresponde con las circunstancias, es razonable que el peaje se reduzca de forma sustancial”. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se pronuncia en estos términos la misma semana en que se ha conocido que habrá nuevas restricciones al tráfico en la autopista León-Asturias (AP-66) hasta noviembre, en este caso derivadas de la ejecución de obras en el túnel del Negrón. “De hecho, la normativa europea va en esa dirección. Y el Gobierno (de la nación) no está actuando”, dice Fernández Carriedo, quien, sin embargo, evitó precisar si el Ejecutivo autonómico se plantea emprender acciones legales por la suspensión o la supresión del pago, algo que ya ha hecho el Principado de Asturias.

La Junta asegura que su postura es “coincidente” con la del Principado, con el que mantiene una “relación muy fluida” que extiende para asuntos vinculados al Corredor Atlántico con la Xunta de Galicia, señaló el portavoz al aludir a contactos recientes del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con sus homólogos asturiano y gallego, el socialista Adrián Barbón y el popular Alfonso Rueda, respectivamente.

No obstante, Fernández Carriedo evitó concretar si la Junta estudia adoptar medidas legales para reclamar la suspensión temporal o la supresión definitiva del polémico peaje, cuya prórroga hasta 2050 ya ha sido considerada ilegal por parte de la Comisión Europea. Asturias ya confirmó a principios de junio la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estos pagos, al tiempo que impulsa medidas para reclamar su suspensión o la aplicación de mecanismos de compensación ante la “sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en distintos puntos de la autopista”.

Lo que sí plantea la Junta al Gobierno de la nación es la creación de bonificaciones para “viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León” de manera que “puedan tener algún tipo de reducción en el coste de estos peajes”. El caso es que, con carácter general y en determinadas condiciones, el Ejecutivo central aprobó en octubre de 2024 descuentos para viajeros habituales.

El Gobierno autonómico enmarca esta última solicitud, la de bonificar a usuarios recurrentes de autopistas empadronados en Castilla y León, en un política en materia de transportes que también incluye la apuesta por la reducción del precio de los bonos de la alta velocidad ferroviario, en los tramos de obligación de servicio público, y por el uso gratuito de las líneas de autobús interurbano dentro de la comunidad a través del programa Buscyl.

Hasta noviembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó esta semana de la ejecución de una nueva fase de los trabajos en el túnel del Negrón, que obligará a cerrar alternativamente una de las dos calzadas y a desviar toda la circulación por la otra, que funcionará con tráfico bidireccional entre los kilómetros 82,3 y 88.

La primera fase afectará a la calzada en sentido Asturias durante los meses de julio y agosto. Posteriormente, entre septiembre y noviembre, será la calzada en sentido León la que permanezca cerrada para continuar con la ejecución de las galerías del túnel del Negrón. Los desvíos estarán debidamente señalizados y permitirán mantener abierta la autopista mientras avanzan los trabajos.

Además, el Ministerio advierte de que podrán producirse cortes de carril en el resto de túneles incluidos en la actuación —Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Oblanca, Cosera y Barrios— de lunes a las 6.00 horas hasta los viernes a las 13.00 horas, siempre fuera del tramo afectado por el corte principal del Negrón.

Las obras forman parte del proyecto de modernización integral de los siete túneles de la AP-66 entre León y Campomanes, una actuación presupuestada en 76,36 millones de euros, financiada con fondos públicos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya se iniciaron hace un año provocando cortes de carretera en verano.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) continúa encabezonado con la construcción en la capital leonesa de una nueva y moderna pasarela sobre el río Bernesga, una gran estructura metálica y acristalada de 2 millones de euros a poco más de cien metros de otras dos ya existentes. El nuevo puente de diseño es, de hecho, de uno de los dos proyectos “irrenunciables” para negociar y aprobar, casi a año pasado, los presupuesto del Ayuntamiento de León, donde el PSOE en minoría necesita de sus votos.

A justo un año de que finalice el mandato el proyecto de la pasarela parecía abocado al fracaso total. Era más que una percepción. Ya por dos ocasiones su diseño y ejecución había quedado desierto: ninguna empresa se había presentado a los concursos públicos impulsados primero por el propio Consistorio y después por la empresa pública Somacyl, de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento encomendó una tarea aparentemente imposible ya. Más teniendo en cuenta polémicas añadidas como la denunciada por la oposición del PP en León, que desveló que para su construcción se talarían 26 árboles en ambas veras del río.

Todo parecía abocado a quedarse en papel mojado hasta que Somacyl ha dado a conocer la adjudicación a dedo de la pasarela. Ha recaído en una habitual contratista del Ayuntamiento, la leonesa Geoxa General de Construcciones, unida a una compañía madrileña, API Movilidads, y otra de Murcia, Ecocivil Electromur. Geoxa es propiedad de Juan María Vallejo Fernández, el presidente de la Patronal provincial, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). En la documentación se explica que el contrato literal por el “procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, designación directa, se pone en marcha “habiendo quedado desierta la licitación” inicial.

Sin embargo, la cuantía apenas baja un ápice de los dos millones anunciados en su momento al encomendar a Somacyl la construcción de la megapasarela, ya que el importe final se eleva a los mismos 1.998.861,44 euros en los que se había licitado, ni un céntimo menos. Aunque sea la conocida como 'Junta B' la que se encargue de todos los trámites, como esta adjudicación directa, en realidad el coste saldrá íntegramente de las maltrechas arcas municipales, inmersa en serios problemas de liquidez por las sentencias del cobro de las tasas de reciclaje de basuras.

La nueva pasarela, muy cercana al Puente de Los Leones, presentada a finales del pasado año, será para uso de peatones y también de ciclistas. Fue diseñada por otra contratación directa, por 100.000 euros, después de otros intentos infructuosos que provenían incluso de 2024 y que en no pocos casos adolecían de algunos importantes defectos. La forma final que se dio a conocer cuenta con una original en forma de S, de un total de 92 metros de longitud y cinco metros de ancho, con acristalado lateral y en buena parte cubierto con una pérgola. En aquella rueda de prensa el alcalde Diez y el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, sellaron un acuerdo para que el proyecto, esencial para UPL, saliera por fin adelante.

El Centro Penitenciario provincial de León, ubicado en Mansilla de las Mulas, ha culminado una inversión cercana a 2,5 millones destinada a la modernización integral de sus sistemas de seguridad, comunicaciones y gestión, una actuación que se completa con el refuerzo de los programas de reinserción social.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha visitado esta semana las instalaciones para conocer las mejoras tecnológicas ejecutadas y los proyectos de tratamiento, formación y empleo que se desarrollan en el centro, acompañado por la nueva directora, Nélida de Andrés.

La actuación, gestionada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), supone una de las principales inversiones realizadas en la prisión leonesa en los últimos años y persigue reforzar tanto la seguridad como la eficiencia operativa del establecimiento. Entre las principales novedades destaca la renovación completa del sistema de interfonía, ahora basado en tecnología IP, que sustituye a los antiguos intercomunicadores y facilita la comunicación entre internos y funcionarios. Asimismo, se ha implantado un nuevo sistema de detección de incendios, considerado clave para mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.

El proyecto incluye además la creación de una red IP multiservicio preparada para futuras ampliaciones, la instalación de un sistema centralizado de gestión y la renovación de las pantallas táctiles en las cabinas de vigilancia, desde las que se controla la apertura de puertas y los accesos al recinto.

Durante la visita, Alaiz también ha comprobado el funcionamiento de los nuevos sistemas digitales de gestión de accesos desde la torre de control, lo que permite una supervisión más eficiente y segura de los movimientos dentro de la prisión, así como la incorporación de medios tecnológicos para reforzar la seguridad perimetral.

Reintegración

A estas actuaciones se suma la puesta en marcha de una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, en línea con los objetivos de sostenibilidad y modernización de los servicios públicos.

Junto a las mejoras tecnológicas, el recorrido ha servido para poner en valor el modelo de intervención del centro penitenciario, centrado en la preparación de los internos para su futura reintegración en la sociedad.

En el edificio sociocultural, el subdelegado ha visitado los espacios destinados a la radio, la televisión y la biblioteca, que forman parte de la oferta educativa y cultural dirigida a fomentar el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales.

Asimismo, como se explicó en una nota de prensa, ha recorrido uno de los talleres productivos en los que los internos desarrollan actividad laboral en el marco de los programas impulsados por Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, orientados a mejorar su cualificación profesional y facilitar su acceso al mercado laboral una vez cumplida la condena.

La visita ha concluido en el módulo 6, dedicado a un programa de deshabituación de drogas, donde los internos participan de forma voluntaria en un tratamiento intensivo basado en la responsabilidad y el compromiso personal para superar las adicciones.

El subdelegado ha agradecido la labor de los profesionales del centro y destacado que las prisiones “son espacios de oportunidades”, subrayando que la modernización de infraestructuras debe ir acompañada del fortalecimiento de los programas de formación, tratamiento y empleo.

En este sentido, ha insistido en que el objetivo del sistema penitenciario es favorecer la reinserción social, combinando seguridad, innovación tecnológica y atención especializada, al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores y se amplían las oportunidades de integración de las personas privadas de libertad.