Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.

La Diputación de León ha publicado hoy dado el banderazo de salida a la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, su principal plan de obras para los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia. Repartirá una dotación total de casi 60 millones (59.645.000 euros), una cifra considerada histórica para la financiación de obras, servicios básicos e infraestructuras municipales.

El plan está dirigido a los 208 ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes -fuera quedan León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo-. Su objetivo es garantizar la prestación de servicios mínimos, mejorar las infraestructuras locales y favorecer el desarrollo económico y social de los municipios, según rezan las bases por fin activadas para este año 2026, aunque ya esté bien mediado, y el próximo ejercicio.

Aunque la convocatoria corresponde al periodo 2026-2027, la financiación tendrá carácter plurianual. El grueso de la inversión, el 90%, se concentrará en esos dos ejercicios: 35.787.000 euros en 2026 y 17.893.500 euros en 2027. El calendario se completa con 5.964.500 euros en 2029, año previsto para el cierre administrativo y el pago final de las ayudas, una vez presentadas las facturas y certificados obligatorio. El año 2028 quedará principalmente para que los ayuntamientos puedan ejecutar físicamente las actuaciones, que según las bases deberán estar finalizadas como máximo el 31 de octubre de 2028. La justificación de la subvención tiene como plazo máximo el 31 de enero de 2029, si no se prorroga.

Un baremo por población y amplio abanico de proyectos

La asignación de fondos hace años que se rige por un baremo objetivo, no competitivo entre municipios ni tampoco al albur del reparto por partidos políticos, como ocurría hasta hace apenas una década. El sistema hora se fija en función de la población de cada municipio, tomando como referencia los datos del INE de enero de 2026. Así, como establecen las bases, los ayuntamientos de hasta 250 habitantes recibirán 200.000 euros; los de 251 a 500 habitantes, 231.000 euros; los de 501 a 1.000, 300.000 euros; los de 1.001 a 3.000, 372.000 euros; los de 3.001 a 5.000, 446.000 euros; y los de 5.001 a 20.000 habitantes, 572.000 euros.

Cada ayuntamiento podrá presentar como máximo de cuatro actuaciones, que deberán ajustarse a los fines admitidos en la convocatoria. Entre las inversiones subvencionables figuran obras de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a núcleos de población, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto en edificios municipales, actuaciones en centros escolares y consultorios médicos, promoción turística de interés local, adquisición de mobiliario para edificios de servicio público y honorarios técnicos, estos últimos con un límite del 5% del presupuesto.

Quedan expresamente fuera de la financiación los gastos corrientes, como personal o facturas de luz, las obras de simple mantenimiento, salvo en colegios y consultorios, y las actuaciones destinadas a fines comerciales de venta.

El plazo para presentar solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, contabilizando desde el lunes 22 de junio. Las solicitudes deberán incorporar memorias o proyectos redactados por técnicos competentes, acreditación de la titularidad de los inmuebles y, cuando proceda, informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera.

Adelanto de hasta el 90%

La convocatoria también contempla mecanismos para facilitar que la aprobación no estrangule la economía de los ayuntamientos. Por eso, se plantea como siempre que los municipios que tengan delegada la recaudación en la Diputación recibirán un anticipo automático del 90% de la ayuda concedida, mientras que el resto podrá solicitar un anticipo del 70%.

Además, entre las obligaciones, los municipios beneficiarios deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y verdaderamente no pocas veces la Diputación lo aplica si comprueba que no se ha identificado la procedencia del dinero concedido con esos carteles.

El miércoles 24 de junio finaliza el curso 2025-2026 en Primaria y en el caso de los alumnos y sus padres del colegio de Cembranos ,integrado en el Centro Rural Agrupado de Villacedré. Esto significa que en unos días se cumple un año más, y ya van cinco, en el que la obra de ampliación y mejora del centro se ve paralizada, obligando incluso a que los pequeños tengan que dar clase en una caseta de obra. 

Ni las protestas, las reuniones o las promesas por parte de la Junta de Castilla y León han dado una solución a los niños y sus familias, que prevén que también durante el próximo curso (que sería el sexto) las pésimas condiciones educativas se repitan. 

La más grave de ellas es la caseta de obra convertida en aula en la que dan clase sobre todo los alumnos de tercero de primaria. Como es lógico, esta estructura no está preparada para acoger a niños y niñas: “Pasan frío en invierno y calor en verano”, critican los padres. Además, el patio sigue rodeado de materiales de obra, junto a los que tienen que jugar los niños, aunque algunos se retiraron a lo largo del año 2024. 

Además, el aula destinada a los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) está en un edificio distinto, a 300 metros del colegio, en la Casa del Pueblo, que carece de patio exterior y hace que los pequeños tengan recorrer 300 metros y cruzar una carretera nacional (N-630) para participar en actividades comunes del colegio, lo que “representa un riesgo adicional”.

La situación se remonta al año 2021, cuando se realizó la contratación de esta obra de ampliación que dotaría al colegio de dos nuevas aulas, aseos y un porche cubierto. La empresa, Diversa Desarrollo e Innovación S.L, contaba con un presupuesto de 329.921,75 euros (con IVA) y un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, la adjudicataria abandonó la obra y cinco años después la Junta no ha licitado un nuevo contrato porque no se ha rescindido el anterior. 

Una de las excusas tras las que se ha justificado la administración autonómica por este retraso ha sido la falta de trámites como el informe favorable del Consejo Consultivo, dependiente de la propia administración autonómica, por lo que, en realidad, la responsabilidad de este retraso a la hora de licitar una nueva obra, siempre ha sido de la Junta. 

De todos modos, recientemente el Consejo Consultivo ha emitido el informe favorable que se suponía que bloqueaba el avance de los trámites y, sin embargo, las obras no se han licitado. El portavoz de la Junta, preguntado al respecto por este periódico, no ha querido facilitar ni aproximar una fecha para esta nueva licitación, por lo que se prevé que las obras no finalizarán este verano y el curso que viene será ya el sexto en el que los niños tengan que acudir a clase en estas dramáticas condiciones.

Las obras no solo no han progresado, sino que ahora el colegio cuenta con otras deficiencias de espacio con las que el proyecto original tampoco contaba, como es una ampliación para el comedor del colegio, que se les ha quedado pequeño al centenar de niños que tienen que hacer uso de este servicio. Esto les obliga a llevar a cabo numerosos turnos de comidas para que todos los niños puedan comer cada día en el centro. 

Además, claro está, de reclamar el desbloqueo definitivo los padres y madres de la Ampa del centro piden una vez más que la Junta les escuche de nuevo para que, antes de esa nueva y eternamente postergada licitación, se incluya también la ampliación del colegio.

Aunque el delegado territorial de la Junta en León se reunió con ellos el curso pasado, las madres y padres critican que este encuentro no ha servido de nada y piden más reuniones directas con miembros de la Junta, sin descartar retomar las protestas de nuevo durante el próximo curso.

La Diputación de León prevé finalizar este fin de semana los trabajos de estabilización de la carretera LE-4212, en el Valle de Fornela, después de que la riada provocada por las tormentas del pasado lunes dejara cortada esta vía de acceso a varias localidades de la zona. La institución provincial ya ha conseguido reabrir uno de los dos carriles y continúa trabajando en el acondicionamiento de la carretera.

El episodio tormentoso provocó el desbordamiento del arroyo Vegas Verdes, que taponó el pontón situado en el cruce de la carretera y ocasionó importantes arrastres de materiales, depósitos y procesos de erosión que afectaron a la plataforma de la vía. La LE-4212 constituye el único acceso pavimentado a las localidades de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano y Guímara.

Según ha explicado el vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, en estos momentos se trabaja “sin descanso” para asegurar la carretera, por la que además circulan habitualmente camiones de gran tonelaje. El responsable provincial ha indicado que la estabilización del vial podría quedar concluida este mismo fin de semana, permitiendo avanzar posteriormente en las labores de retirada de los materiales que todavía permanecen sobre la carretera.

Paralelamente, el área de Infraestructuras ya tramita una obra de emergencia que se ejecutará una vez concluyan estas primeras actuaciones. El proyecto contempla la limpieza del cauce, la construcción de un muro de escollera, la reconstrucción de la plataforma, la reposición del firme, la instalación de barreras de seguridad y el pintado de la señalización horizontal.

Desde la Diputación destacan que la actuación se ha desarrollado con la máxima rapidez para recuperar las comunicaciones con los pueblos del Valle de Fornela y garantizar que la carretera pueda volver a prestar servicio con las debidas condiciones de seguridad para los vecinos de la zona.

Dos de las infraestructuras más esperadas en el entorno de León y San Andrés del Rabanedo entraron este jueves en servicio de manera simultánea. El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif anunció a través de sendas notas de prensa la apertura del nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo y del vial y puente de San Juan de Dios que une León con San Andrés.

La coincidencia de ambas aperturas en la misma jornada ha sido sin convocatorias públicas, pese a la presencia del director general de Adif y el alcalde de León en la apertura del vial de Trobajo del Cerecedo, que une la localidad con la N-630 que va hacia el polígono industrial de Onzonilla.

En el caso de Trobajo del Cerecedo, la nueva infraestructura sustituye al anterior paso sobre la línea de alta velocidad Valladolid-Palencia-León. El puente, financiado por Adif Alta Velocidad con una inversión de 3,5 millones de euros, cuenta con mayores dimensiones, dos carriles de circulación y aceras más amplias para mejorar la seguridad de peatones y vehículos. La nueva estructura elimina la pila central existente entre las vías, lo que permitirá aumentar la velocidad de circulación de los trenes y mejorar la capacidad de explotación de la línea ferroviaria.

Por su parte, el nuevo vial de San Juan de Dios pone en servicio una conexión largamente demandada en San Andrés del Rabanedo. Una obra que fue finalizada en el año 2021 y que hasta ahora ha estado sin abrir, con duras críticas de la oposición del municipio por su apertura de forma “temeraria”. La actuación incluye un nuevo vial, un paso superior y una glorieta que unen la avenida San Ignacio de Loyola y la carretera CL-623 con el cruce de las calles Pontona y Jesús Nazareno. La infraestructura dispone de cuatro carriles en parte de su recorrido, aceras y carril bici, además de un puente de 43 metros de longitud.

El acuerdo entre Adif y el Ayuntamiento de San Andrés contempla, han señalado en nota de prensa, además la construcción de una futura pasarela peatonal sobre la presa del Bernesga, cuyas obras ya están contratadas y que permitirá completar la conexión para los peatones antes de final de año.

Pese a la relevancia de ambas actuaciones y al simbolismo de su apertura simultánea, ni Adif ni los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo organizaron inauguraciones oficiales ni convocaron a los medios de comunicación para asistir a la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras, que han comenzado a funcionar de manera discreta.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado luz verde para licitar las obras de mejora de ocho tramos de carreteras de la provincia de León como es el caso de la autopista León-Asturias (A-66). En total, la adjudicación a la provincia de León asciende a 34,37 millones de euros.

Además de la provincia de León el Consejo de Ministros ha aprobado otros contratos para llevar a cabo actuaciones en la red de carreteras de Burgos, Soria y Valladolid; a quienes corresponden obras por valor de 75,75 millones de euros, 19,2 millones de euros y 35,28 millones de euros respectivamente.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prorrogarlos otros dos años y otra prórroga adicional de 9 meses.

Tramos de carreteras de la provincia de León

En concreto, en la provincia de León se mejorarán los tramos de A-66 entre los km 143 y 196; la LE-30 entre los km 0 y 9; la LE-11 entre los km 0 y 11; la LE-20 entre los km 143 y 148; 6 km de la N-120 en varios tramos entre los km 302 y 315; la N-601 entre los km 322 y 325; la N-630 entre los km 99 y 143, y 153 y 204; y la N-621 entre los km 9 y 25.

Asimismo, se acometerá la mejora del balizamiento de la Carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

El Partido Popular de San Andrés vaticina, viendo las obras de mantenimiento que Adif está realizando en la glorieta en el municipio del vial de San Juan de Dios, que “parece que haya una apertura inminente” mientras que critica al equipo de Gobierno municipal de la UPL de “reírse de la oposición” porque –de abrirse al tráfico– “lo hará sin pasos de peatones, sin rebajes, sin ancho suficiente sobre la presa del Bernesga para doble circulación y sin paso para los peatones que debería haber construido UPL y con un carril bici que termina en un precipicio”.

La portavoz del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, ha advertido de que la apertura del vial que conectará el entorno del hospital San Juan de Dios con el Ayuntamiento, en las actuales condiciones, pondrá en riesgo la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores. Según denuncia, el vial podría entrar en servicio sin pasos de peatones ni rebajes, con una anchura insuficiente sobre la presa del Bernesga para la doble circulación y sin el paso peatonal comprometido por UPL, además de contar con un carril bici que “termina en un precipicio”.

En los últimos días, Adif ha colocado señales nuevas para sustituir a las que estaban llenas de pintadas, ha revisado la iluminación de las farolas y ha procedido a desbrozar la maleza que invadía la calzada sobre la presa del Bernesga, actuaciones que la formación popular interpreta como la antesala de una apertura inminente del vial. Álvarez considera que estas intervenciones son “insuficientes” si no se corrigen antes las deficiencias de diseño y accesibilidad que, a su juicio, siguen presentes.

La edil popular trasladará estas quejas a la comisión de Urbanismo de este miércoles, donde pedirá explicaciones al equipo de Gobierno por la decisión de abrir el vial sin garantizar, según sostiene, unas condiciones de seguridad adecuadas. “Nos preocupa, y mucho, la seguridad de los ciudadanos”, aseveró Álvarez, que reclama que no se dé ningún paso más hasta que se cumpla estrictamente la normativa de tráfico, accesibilidad y seguridad vial.

Para la reapertura de este vial, terminado en 2021, es necesario que Adif entregue la propiedad del mismoa los ayuntamientos implicados, tanto León como San Andrés del Rabanedo. En el caso del Paseo del Ferrocarril en León, éste estuvo terminado sin poder pasearse por él hasta que, un año después, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias cedió el vial peatonal al municipio leonés.

Duras críticas a la UPL

La portavoz del Partido Popular ha mostrado su preocupación ante lo que parece ser la “apertura inminente” del vial de San Juan de Dios sin solucionar ni una sola de las deficiencias detectadas y avaladas por un informe de la Policía Local. Durante esta mañana, operarios de diferentes empresas han revisado el alumbrado público, cambiado las señales verticales, muchas de ellas con pintadas o en muy mal estado, y segado la maleza de la presa del Bernesga que cubría parte de la calzada. A esto hay que unir que la pasada semana, operarios municipales desbrozaron las rotondas, hoy completamente secas, y recogieron hierba seca y basura que llevaba meses acumulándose en el vial. “Adif saca brillo a un vial que va a generar muchos problemas y lo veremos en cuanto se abra, si es que al final sucede”, explicó la portavoz popular, Noelia Alvarez.

La edil del PP acusó a la Unión del Pueblo Leonés de “reirse de la oposición y de los ciudadanos”. De hecho, remarcó que todos los meses en las comisiones informativas y en los plenos, el PP ha preguntado por la apertura del vial así como por las obras pendientes en la presa del Bernesga sin obtener respuesta alguna, ni por la alcaldesa ni por el concejal de Urbanismo. “Explicaciones que tendrán que dar esta semana, les guste o no”, añadió al tiempo que aseguró que los leonesistas tendrán que responder a la cascadas de dudas que se han generado con esta actuación. “Nada ha cambiado pero ahora se abre”, dijo. 

Noelia Álvarez se preguntó que va a pasar con la seguridad de peatones y conductores, teniendo en cuenta que no se ha subsanado ni una sola de las deficiencias denunciadas por el Ayuntamiento y, en teoría, solicitadas a Adif para su subsanación. Un vial que deja una calzada con un precipicio para los ciclistas, aceras sin rebaje, sin pasos de peatones, una rotonda con un radio muy reducido y al que se suma ahora el paso de la presa del Bernesga, sin aceras para los peatones, y cuyos dos carriles sólo tienen capacidad muy justa para un turismo en cada sentido. La UPL tendrá que explicar qué va a pasar con los peatones cuándo ha tenido dos años de plazo para ejecutar la ampliación de la presa y una pasarela peatonal, tal y como concedió Confederación Hidrográfica del Duero. “¿Y qué ha hecho la UPL? Nada. Esa es un gestión. Nada”, criticó la portavoz popular. 

La apertura del vial, que lleva cerrado cinco años, supondrá un alivio muy importante para el barrio de Pinilla. “Sin embargo nos surgen muchas dudas sobre la seguridad porque se abrirá en precario y esto va a suponer un problema muy importante para los conductores, peatones y ciclistas”. Además, la edil popular ha señalado que, una vez abierto, lo tendrá que recepcionar el Ayuntamiento. “¿En qué condiciones lo hará? ¿Incumplimiento la normativa urbanística y de seguridad vial?”, se preguntó la portavoz popular.

La esperada reforma integral de la carretera autonómica LE-213 entre Puente Villarente y Casasola de Rueda parece dar dos pasos decisivos con la activación del expediente para las expropiaciones necesarias y la licitación de las obras, que acumulan ya ocho años de retraso en la tramitación administrativa.

La Consejería de Movilidad de la Junta ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la relación final de parcelas afectadas y la convocatoria para el levantamiento de las actas de la ocupación en los municipios de Villasabariego y de Gradefes, un trámite imprescindible para poder iniciar una actuación largamente demandada por su nefasto estado de conservación. En total serán 242 fincas, la mayoría de ellas (180) en Gradefes.

El proyecto detalla que la actuación afecta a un tramo de casi 18 kilómetros de la LE-213, desde el enlace con la carretera nacional N-601 en Puente Villarente hasta el cruce con la LE-5636 en Casasola de Rueda, atravesando o dando servicio a localidades como Villafañe, Palazuelo de Eslonza, Villarmún, Santa Olaja de Eslonza, Mellanzos, Rueda del Almirante y Casasola de Rueda.

Además, el contrato ha sido ya por fin sacado a licitación pública por la Junta, con un importe actualizado de prácticamente 7 millones (6.946.850,10 euros). Se contempla un plazo de ejecución de 30 meses, es decir, dos años y medio de obras desde que se adjudiquen los trabajos. Tras ocho años de espera, el coste se ha multiplicado ya que en 2018 la primera orden de estudio contemplaba exactamente 4,5 millones, que ascendieron a prácticamente 6 millones en 2023, y que ahora vuelve a incrementarse en otro millón más tras prometerse activar en 2025, justo cuando vecinos y el Consistorio de Gradefes anunciaron fuertes protestas por la peligrosidad de la vía.

Una vez más, los árboles

Uno de los aspectos más sensibles de la intervención será la afección al arbolado que acompaña a buena parte del recorrido de la carretera y que constituye una de las imágenes más características de este corredor viario. El proyecto consultado por ILEÓN contempla la eliminación de aquellos ejemplares que resulten estrictamente necesarios para garantizar el ensanche de la plataforma y mejorar la seguridad vial, especialmente en el tramo comprendido entre Casasola de Rueda y Gradefes. Ya hace años, en 2004, hubo sonoras protestas por la desaparición de buena parte de ellos en algunas obras de seguridad acometidas en este mismo trazado.

Entre los nuevos puntos afectados por posibles talas figura una alineación de árboles situada al norte de Casasola de Rueda que aparece catalogada como elemento protegido en las normas urbanísticas. La documentación técnica recoge que la Junta mantuvo conversaciones con el Ayuntamiento para posibilitar la retirada de los ejemplares imprescindibles, argumentando razones de seguridad vial y mejora del trazado, contando además con la correspondiente autorización ambiental. Ecologistas en Acción se viene oponiendo a que estos ejemplares de chopera se talen.

La necesidad de la actuación viene determinada por el deterioro acumulado de una carretera que actualmente dispone de una anchura media de apenas 5,5 metros, con dos carriles estrechos, sin arcenes y con bermas irregulares. El firme presenta numerosos desperfectos, entre ellos baches, pérdida de material, fisuras, agrietamientos y deformaciones, mientras que tanto la señalización como el balizamiento requieren una renovación completa. Aunque el drenaje general funciona adecuadamente, muchas cunetas presentan acumulaciones de sedimentos y vegetación que reducen su eficacia, remarca el proyecto.

Ensanche, variantes en pueblos y reciclaje de neumáticos

Para corregir estas deficiencias, la Junta proyecta una ampliación generalizada de la plataforma hasta alcanzar una sección tipo 6/7, con carriles de tres metros de anchura, arcenes de medio metro y bermas laterales también de medio metro. El ensanche se ejecutará mayoritariamente por uno de los márgenes de la carretera para minimizar afecciones, aunque se prevén transiciones y soluciones específicas en distintos puntos del recorrido. Asimismo, se renovará completamente el firme mediante mezclas bituminosas en caliente, con preferencia por materiales que incorporen polvo de caucho procedente de neumáticos usados.

El proyecto también incluye seis pequeñas variantes que rodeen algunos pueblos, que suman 860 metros de longitud, además de la remodelación de cuatro intersecciones con otras carreteras que se consideran especialmente conflictivas. Así, los accesos a Villarratel y al cementerio de Mellanzos, así como al valle de Valduvieco y al monasterio de San Miguel de Escalada, un monumento histórico protegido con muchas visitas, se resolverán mediante glorietas partidas. Por su parte, los accesos a Rueda del Almirante y a Casasola de Rueda contarán con carriles específicos para los giros a la izquierda.

En las travesías de los pueblos de Puente Villarente, Villafañe, Palazuelo de Eslonza, Villarmún, Santa Olaja de Eslonza y Mellanzos se renovará el firme manteniendo la geometría actual, ya que las aceras han sido objeto de actuaciones recientes. En cambio, en Casasola de Rueda sí se prevé la construcción de un nuevo tramo de acera para reforzar la seguridad peatonal.

Las obras se completarán con la limpieza y mejora de las cunetas, la ampliación de las obras de drenaje transversal, la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, barreras de seguridad metálicas y de madera, balizamiento, hitos kilométricos y captafaros, además de la reposición de todos los servicios e infraestructuras afectados por la ejecución de los trabajos.

Representantes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Galici, y de las principales patronales, han anunciado este jueves que pedirán a la Comisión Europea (CE) que presione a España con un procedimiento de sanción para que cumpla el dictamen motivado sobre las autopistas de peaje AP-9 y AP-66, la León-Asturias.

Para este fin se han reunido en Santiago de Compostela, donde han constituido la Alianza del Noroeste, en la que también participa el movimiento En-Colectivo, que inició la denuncia en el año 2019 contra la ampliación de estas concesiones. Hay que recordar que en el caso de la León-Asturias o autopista del Huerna, fue el Gobierno de José María Aznar (PP) el que prolongó hasta 2050 un peaje que expiraba en 2021.

Fruto de esta denuncia, admitida a trámite en el año 2021, comenzó un expediente que culminó en julio de 2025 con la emisión de un dictamen motivado que califica como ilegales las ampliaciones de las concesiones de estas vías decididas a principios de los años 2000.

Según han denunciado en conferencia de prensa, el Gobierno no ha hecho nada desde la emisión del dictamen “de obligado cumplimiento”, por lo que los ciudadanos y los transportistas de estos territorios del noroeste peninsular siguen pagando las consecuencias.

Por este motivo, tras la firma del documento que constituye esta alianza entre administraciones, organizaciones patronales y sociedad civil, una de las primeras medidas será pedir por carta una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

De este modo, según ha explicado el consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo Rodríguez, los firmantes de la Alianza pretenden que la Comisión Europea presione a España e incluso la “amenace” con sanciones si continúa con el incumplimiento del dictamen motivado emitido el pasado mes de julio, hace casi un año.

El procedimiento en el TJUE demoraría el proceso hasta ocho o nueve años

La vía elegida es un paso “intermedio” para aumentar la presión sobre España, ha dicho Calvo, ya que el asunto terminará por acabar en la justicia europea, un procedimiento que dilataría el proceso y continuaría perjudicando durante años a transportistas y ciudadanos en general.

De hecho, el promotor del colectivo que inició la denuncia ante las autoridades europeas, Diego Maraña, ha asegurado que la llegada del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo al que tendría que remitirlo la Comisión, “dilataría el proceso entre ocho y nueve años”.

Maraña ha destacado que la Alianza nace con los objetivos de exigir que se cumpla la legalidad; impulsar la anulación de la ampliación de las concesiones de ambas vías y que sean gratis para todos los usuarios. “Es una gran oportunidad para que en julio de 2027 estas demandas sean una realidad para todos los ciudadanos de estas tres regiones”, ha asegurado.

Factor de competitividad, crecimiento y cohesión

Tanto los representantes políticos como los empresariales han destacado que la demanda no solo es justa y legal, sino que además contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas situadas en el noroeste; mejoraría su crecimiento, la movilidad de sus ciudadanos y cohesionaría los territorios.

Todos han incidido en que esta alianza persigue hacer ver al Gobierno que independientemente del color político de los ejecutivos de cada comunidad o de los intereses empresariales en uno u otro territorio existe “unidad de acción” y una demanda conjunta de toda la sociedad sobre esta cuestión.

Tanto la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue, como la secretaria general de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez Loranca -el consejero estaba en la nueva toma de posesión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco-, y el propio Alejandro Calvo, del Principado asturiano, han lamentado que hayan tenido que acudir a los tribunales para el Gobierno les deje acceder a la documentación del expediente abierto por Bruselas y también al posicionamiento de España.

Allegue, además, ha insistido en que el Parlamento gallego pidió por unanimidad al Gobierno el rescate y la transferencia de la AP-9 a Galicia y con la “financiación correspondiente”; es decir, sin costes para las arcas autonómicas, ha dicho.

El caso asturleonés: una “salvaguarda” para que la justicia se pronuncie sobre el fondo

El consejero asturiano, Alejandro Calvo, ha destacado, además, que en el caso de su comunidad hay una “salvaguarda”, que es el recurso ante el Tribunal Supremo.

Asturias, ha explicado, parte de una situación previa, y es que ya había solicitado la revisión del expediente de la ampliación de la concesión de la AP-66, que les fue denegado por “razones temporales” sin entrar en el fondo de la cuestión.

Por eso ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo con el fin de que en caso de que la vía de la justicia europea se dilate en el tiempo sea el tribunal español el que entre en el fondo de la cuestión en un plazo más breve.

A la reunión de este jueves en Santiago han asistido también Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); Juan María Vallejo Fernández. presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele); y María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios.

Las cosas del Parque (Nacional de Picos de Europa) van despacio. Después de más de dos décadas de promesas, proyectos y retrasos administrativos, el gran aparcamiento previsto junto al flamante Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa en Posada de Valdeón afronta uno de sus últimos trámites ambientales cruciales, un paso que acerca definitivamente el inicio de unas obras largamente reclamadas en valle leonés, tan protegido como necesitado de recursos turísticos.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) acaba de admitir a trámite y someter a información pública la solicitud de autorización de vertido presentada por la Junta de Castilla y León para las escorrentías pluviales que generará el futuro estacionamiento. El expediente, iniciado por la Consejería de Medio Ambiente en septiembre de 2024, había requerido diversa documentación complementaria por parte de la Administración autonómica, que fue aportada y completa a comienzos de 2025.

La resolución supone un nuevo avance para una actuación considerada estratégica en uno de los principales puntos de acceso al Parque Nacional, donde la falta de aparcamiento se ha convertido desde hace años en uno de los principales escollos durante los meses de mayor afluencia turística, en verano.

El proyecto, promovido por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla la creación de un amplio estacionamiento junto al Centro de Visitantes, por fin inaugurado en 2023 con un retraso de décadas.

La inversión del aparcamiento, obra ya adjudicada, asciende a 737.025 euros y permitirá habilitar en total 132 plazas de estacionamiento, la mayoría para turismos, además de cinco plazas para autobuses y espacios para motocicletas, vehículos eléctricos y personas con movilidad reducida. La compañía elegida para los trabajos ha sido Construcciones y Obras Valbuena, con sede en Valladolid, como se conoció hace ya más de medio año. Pero hasta no solventar el expediente de los vertidos la ejecución queda todavía en el aire.

El desbloqueo definitivo

La autorización de vertido era uno de los condicionantes pendientes dentro de una compleja cascada de permisos exigidos por encontrarse la actuación en uno de los espacios naturales más protegidos de España. Y es que el aparcamiento, como el Centro de Visitantes, se sitúa íntegramente dentro del ámbito del Parque Nacional de Picos de Europa, en una zona incluida además en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como en diversos espacios de interés medioambiental vinculados al río Cares, a cuyas aguas verterá esta nueva zona a construirse.

La propia Confederación recuerda que el titular ya dispone desde el pasado 12 de enero de 2026 de la autorización para ejecutar las obras en la zona de policía de los ríos Cares y Arenal, otro de los permisos imprescindibles para poder materializar el proyecto.

Ahora, el organismo estatal considera que las instalaciones proyectadas para el tratamiento de las aguas de escorrentía son, en principio, suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del río Cares y ha concluido que el vertido es compatible con las normas de calidad exigidas para este cauce. Por ello, determina que “procede continuar la tramitación del expediente, sometiéndolo a información pública y recabando el informe de la Comunidad Autónoma”.

Tratamiento previo antes de llegar al río Cares

La solicitud se refiere exclusivamente a las aguas pluviales procedentes de los más de 5.000 metros cuadrados de superficie pavimentada del proyectado aparcamiento. Según la documentación técnica, las escorrentías serán recogidas y tratadas mediante un sistema compuesto por pozo general, cámara arenero-separadora de flotantes, depósito de retención de primeras lluvias con capacidad efectiva de 30 metros cúbicos, cámaras de control y canalización final hasta el río Cares.

La Confederación considera que estas instalaciones permitirán controlar los sólidos en suspensión y otros contaminantes asociados al arrastre superficial de las zonas asfaltadas antes de que el agua alcance el cauce.

Una reivindicación histórica

La puesta en marcha de este aparcamiento completará una infraestructura turística cuya historia se remonta a comienzos de siglo. Si el Centro de Visitantes de Valdeón tardó 22 años en hacerse realidad y abrió finalmente sus puertas en el verano de 2023 tras una inversión superior a 9,6 millones de euros, el estacionamiento asociado ha acumulado también años de compromisos y retrasos administrativos.

La necesidad de la actuación se hizo aún más evidente tras la apertura del centro, ya que Posada de Valdeón carece de espacios específicos de estacionamiento capaces de absorber la llegada de visitantes durante los meses de verano, puentes y festivos. La afluencia turística se concentra actualmente en un entramado urbano de calles estrechas y capacidad muy limitada, generando problemas recurrentes de tráfico y estacionamiento, y múltiples quejas de los vecinos.

Para reducir el impacto visual en un entorno especialmente sensible, el proyecto prevé dos plataformas escalonadas, pantallas vegetales, zonas ajardinadas y muros de piedra que permitan integrar la infraestructura en el paisaje del valle.

El Partido Popular (PP) en la oposición del Ayuntamiento de León censura el estado de abandono, plagado de “hierbajos”, que presentan en la actualidad un total de seis rotondas en las que el equipo de gobierno de José Antonio Diez (PSOE) se gastó 358.000 euros hace poco más de un año. Son seis glorietas que fueron objeto de una actuación de mejora estética y que actualmente presentan una imagen muy alejada de los objetivos anunciados por el Ayuntamiento cuando se puso en marcha el proyecto, lamentan, porque “presentan un preocupante estado de abandono”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha señalado que los vecinos y conductores que pasan cerca de estas rotondas les llama la atención la abundante presencia de hierbajos, maleza sin controlar, acumulación de suciedad e incluso residuos en distintos puntos de unas infraestructuras que fueron presentadas por el equipo de gobierno municipal como una apuesta por la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

El proyecto, adjudicado a comienzos del año 2025, contemplaba la renovación y embellecimiento de las rotondas ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con la calle Los Aluches; Avenida La Lastra con calle Cirujano Rodríguez; Avenida La Lastra con calle San Froilán; calle Emilio Hurtado-acceso a las piscinas municipales de La Palomera; calle Policarpo Mingote con calle San Antonio; y finalmente calle Policarpo Mingote con calle Nazareth. Se destacó que cada una de ellas tendría su propio diseño y abundarían los guiños al león rampante, los reyes de León o el rosetón de la Catedral, entre otros.

“Resulta difícil entender que una inversión de esta magnitud no vaya acompañada de un plan eficaz de mantenimiento que garantice la conservación de los espacios públicos”, lamenta el PP, porque consideran que “la proliferación de vegetación descontrolada y la falta de limpieza transmiten una sensación de abandono que deteriora a imagen de la ciudad y cuestiona la eficacia de la gestión realizada”. “Una más en al hoja de servicios de José Antonio Diez”, zanjan.

El portavoz popular recuerda que su grupo municipal ya aconsejó que se utilizara vegetación, como en la mayor parte de municipios, donde han ido aumentado el número de árboles y elementos decorativos naturales. “Frente a la tendencia en otras ciudades que optan por plantas locales y resistentes, en León se eligen rotondas duras. Las plantas autóctonas se adaptan mucho mejor al clima de cada zona, permitiéndoles lucir un aspecto urbano atractivo y minimizando las tareas de mantenimiento”, asegura en un comunicado.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

La polémica reforma del tramo final de la avenida Padre Isla de León sumará este verano un nuevo capítulo y también más gasto de dinero público, todo ello para meter una carretera de puro asfalto en una calle que se remodeló por completo para que fuera oficialmente “de prioridad peatonal”.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León ha confirmado este viernes en el Pleno municipal que será durante el próximo mes de julio cuando se procederá a asfaltar nuevamente la parte central de la calzada destinada al tráfico rodado, una actuación a la que por primera vez le ponen coste oficial: 200.000 euros a mayores de los 1,2 millones ya gastados en su día para obtener el fatal resultado que ahora obliga a volver a actuar. De este modo, el coste final se elevará al final por encima de los 1,4 millones.

La fecha de la nueva intervención y su cuantía fueron hoy desveladas por el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Vicente Canuria, en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en la oposición. Canuria rechazó cualquier responsabilidad “ni externa ni interna”, es decir, ni del Consistorio ni de la empresa, sobre los materiales elegidos y ahora demostrados inapropiados, escudándose en que “hay proyectos, elecciones o decisiones técnicas que algunas veces demuestran no ser acertadas”.

La decisión supone rectificar parcialmente, a causa del grave deterioro acumulado por la elección de las losas del pavimento, una intervención presentada en su día como proyecto de semipeatonalización, “calmado del tráfico”, según la terminología oficial utilizada por el propio Consistorio, y que afectó al tramo comprendido entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana. Lo que antaño se conocía como calle 18 de julio. Las obras finalizaron en septiembre de 2023 tras varias modificaciones y polémicas sobre el diseño inicial, pero desde prácticamente el principio comenzaron las críticas por el nefasto comportamiento del pavimento elegido, el mismo que en otras calles reformadas entonces en León, pero en su caso totalmente peatonales, con menos estrés de tráfico rodado.

Ya durante la ejecución, en gran parte con financiación de fondos europeos, se advirtió de que las baldosas instaladas difícilmente soportaban el paso constante de vehículos, incluidos autobuses y tráfico pesado. La presencia de dos talleres de vehículos no ayudaba tampoco. Aunque la vía quedó limitada oficialmente a 10 kilómetros por hora, la circulación diaria terminó acelerando el deterioro del firme hasta límites hoy incluso hasta peligrosos, dado su mal estado.

Antes de cumplirse un año desde la finalización de las obras ya fue necesaria una primera reparación por roturas y hundimientos del pavimento, con un coste cercano a los 65.000 euros. Después llegaron nuevas intervenciones de mantenimiento que hicieron crecer la factura total hasta los 1,2 millones de euros, incluyendo el presupuesto original de más de un millón adjudicado a la empresa Arcor SL, vinculada a la familia del empresario José Luis Ulibarri.

La situación actual del vial ha terminado llevando al Ayuntamiento a decidir recuperar el asfalto para la zona de circulación de vehículos, en una solución que supone, en la práctica, volver a un sistema similar al existente antes de la remodelación aunque ahora teñido ese asfalto de colores, al estilo diferenciador de la céntrica avenida Ordoño II. La actuación prevista para julio afectará únicamente a la plataforma central de tráfico rodado, manteniéndose las aceras laterales y el diseño urbano implantado con la reforma.

El propio Consistorio ya reconocía meses atrás, en la documentación de los proyectos de mejora urbana aprobados por la Junta de Gobierno, que este tramo presenta un estado “muy deteriorado” y arrastra “necesidades específicas demandadas por la ciudadanía”. Vecinos y conductores llevan tiempo denunciando el mal estado del pavimento, con baldosas rotas, desniveles y zonas hundidas que han generado problemas tanto de accesibilidad como de seguridad.

La solución elegida consistirá en extender una capa de mezcla bituminosa sobre la parte central de la calle, aunque el Ayuntamiento pretende conservar una apariencia visual semejante a la actual mediante un acabado coloreado e impreso. Los trabajos incluirán además el repintado y delimitación del carril bici situado en el lateral izquierdo de la avenida, un espacio que también continúa generando controversia por la frecuente presencia de vehículos estacionados indebidamente y por la actividad de talleres mecánicos en el entorno.

El Ayuntamiento de León ha hecho este jueves 28 de mayo oficial la cesión del suelo por 75 años de la parcela que albergará el nuevo Centro de Formación en la capital leonesa, destinado a la cualificación y profesionalización de trabajadores y futuros profesionales del sector de la construcción que se ubicará en el entorno del centro comercial Espacio León.

El edificio está previsto que esté terminado para el año 2028 y se prevé que llegue a formar a 1.800 alumnos al año con una inversión próxima a los tres millones de euros, tal y como ha informado el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega Corrales, quien ha aprovechado para agradecer al Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León su colaboración: “Está claro que cuando hay colaboración entre las Administraciones las cosas salen”, ha celebrado.

En concreto, la parcela en el Área 17 tiene un tamaño mayor a los 10.000 metros cuadrados con 600 metros cuadrados dedicados a aulas, salas de reuniones, despachos de profesorado, zona administrativa, aseos, vestuarios, una zona de descanso para los alumnos y un archivo. El resto del centro será una zona no climatizada de 900 metros cuadrados con talleres y almacenes. Además, constará de una amplia campa.

“Tenemos prisa porque el sector tiene prisa y por eso se está trabajando en la definición de los procesos para las contrataciones desde el inicio”, ha explicado Vega Corrales.

Por su parte, José Antonio Diez ha destacado la importancia de este acuerdo “que es un paso más de los numerosos dados por el Ayuntamiento de León en los últimos años para poner suelo público a disposición de las administraciones y entidades para que el uso de este genere beneficios para toda la ciudadanía”.

Junto a los firmantes del acuerdo, en el acto de firma del convenio también han estado presentes la vicepresidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y secretaria general de CCOO del Hábitat Castilla y León, Lourdes Herreros García, la vicepresidenta de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León y secretaria general de UGT FICA CyL, María Alejandra Vega Hernández, el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, Julio Gil Iglesias, y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén.

La Diputación de León destinará cerca de 14 millones de euros a programas de empleo, mantenimiento de servicios públicos e inversiones municipales en la provincia a través del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, el Plan de Ocupabilidad para Piscinas y Playas Fluviales, el Fondo de Cohesión Territorial y la séptima fase del Plan Provincial de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS). La Comisión de Cooperación dio este martes el visto bueno a las bases y repartos de estas líneas de ayudas, que se ratificarán este miércoles en el Pleno provincial y que suman en conjunto 13,9 millones de euros.

La principal partida corresponde al Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2026, dotado con 8,18 millones de euros, destinado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para facilitar la contratación de personal a lo largo de todo el año. La financiación se repartirá entre los presupuestos de 2026 y 2027 y permitirá subvencionar contrataciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo ejercicio.

El reparto de las ayudas se realizará en función de la población de cada municipio, con cuantías que oscilan entre los 30.054 euros para localidades de hasta 250 habitantes y los 60.107 euros para las que cuentan con entre 5.001 y 20.000 vecinos. La medida beneficiará a más de dos centenares de ayuntamientos de la provincia y permitirá sufragar contratos de entre dos y doce meses de duración.

A esta línea se suma el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para Piscinas y Playas Fluviales, que contará con 669.750 euros para subvencionar la contratación de personal durante la temporada estival. De esta cantidad, 627.000 euros se repartirán entre ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y otros 42.750 euros entre juntas vecinales.

Las ayudas, vinculadas a un convenio con la Junta de Castilla y León para fomentar el empleo de personas desempleadas inscritas en el Ecyl, cubrirán contrataciones realizadas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026. Cada piscina municipal o playa fluvial autorizada para el baño recibirá una asignación fija de 7.125 euros. Según destacó el diputado de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios, Valentín Martínez, entre ambos programas de empleo los ayuntamientos podrán incorporar a cerca de un millar de trabajadores.

La institución provincial también ha aprobado el reparto de los 2,12 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial 2025 entre 134 ayuntamientos. El programa está financiado conjuntamente por la Diputación, la Junta de Castilla y León y los propios municipios, con aportaciones del 25%, 50% y 25%, respectivamente.

Estas ayudas tendrán como prioridad actuaciones destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y combatir los problemas derivados de la sequía, mediante obras de ampliación y mejora de redes y captaciones. En aquellos municipios que acrediten no tener dificultades de suministro, los fondos podrán emplearse en otras infraestructuras y servicios municipales obligatorios, como pavimentación o alumbrado público.

Por último, la Diputación distribuirá algo más de 3,1 millones de euros correspondientes a la séptima fase del PIOS entre nueve ayuntamientos. Este plan, impulsado durante el actual mandato y dotado globalmente con 60 millones de euros, busca reforzar la capacidad inversora de los municipios para ejecutar obras y mejorar servicios básicos en el medio rural.

Para esquiar... dentro de algunos meses

La Junta de Gobierno de la Diputación de León ha aprobado además una inversión de 2,1 millones de euros destinada a reforzar las instalaciones de las estaciones invernales de San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos. El paquete de actuaciones incluye la adquisición de dos nuevas máquinas pisapistas, el suministro de materiales para la revisión del telesilla de Cebolledo y la renovación del seguro de asistencia a esquiadores, con el objetivo de mejorar la seguridad, la operatividad y la calidad de los servicios que ofrecen ambos complejos de montaña.

La actuación de mayor cuantía será la compra de una nueva máquina pisapistas para cada estación, con un presupuesto global de 1,7 millones de euros. El contrato se dividirá en dos lotes: uno de 833.000 euros para San Isidro y otro de 886.480 euros para Leitariegos. A ello se suman 224.000 euros para el suministro de materiales destinados a la revisión de las pinzas del telesilla de Cebolledo, una intervención considerada esencial para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de esta infraestructura de transporte de esquiadores.

La Junta de Castilla y León sorteará después del verano un total de cien viviendas colaborativas en el barrio de La Palomera de León capital en cuya construcción se han invertido trece millones de euros y que saldrán a un precio “muy asequible” para dar oportunidades de acceso a la vivienda a menores de 36 años.

Lo ha avanzado el consejero de Vivienda en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al ser preguntado por este asunto en un acto en el que ha participado este lunes en León capital.

Se trata de un centenar de pisos de 60 metros, con dos habitaciones, dos baños, salón-cocina y terraza construidos por la Junta de Castilla y León por un valor de 13 millones de euros.

Las obras terminarán en julio y después del verano se realizará el sorteo ante notario, ha explicado el consejero, quien ha celebrado que se haya cumplido con los plazos que se habían dado tanto en este edificio como en otro, en construcción, en el barrio de La Serna, consistente en 31 viviendas que saldrán a la venta, también para jóvenes, con un descuento del veinte por ciento. Sin embargo, nada ha dicho el consejero sobre el proceso ni el plazo para que los interesados puedan presentarse.

“Todas estas obras avanzan a buen ritmo y se van a cumplir los plazos que se habían comprometido”, ha celebrado el consejero, quien ha hablado también de las obras de los accesos al polígono industrial del Villadangos del Páramo que finalizarán antes de verano.

El grupo municipal del PP ha recordado que hace tres años, en el último día de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2023, el alcalde de León, José Antonio Diez, presentó un ambicioso proyecto valorado en 35 millones de euros para reformar el entorno de la estación de tren de León. Tres años después, el portavoz 'popular', David Fernández, denuncia que esta promesa fue un “engaño” para los leoneses, ya que nada se ha ejecutado de este proyecto que, además, el alcalde socialista pretendía que financiase el Gobierno de España.

El proyecto constaba de una especie de corredor desde la que conectaba la actual estación de ferrocarril con la estación de autobuses (que pretendía mejorar la que ya se encuentra conectada por una conexión peatonal, la “solución intermodal”, financiada por la Junta de Castilla y León por 700.000 euros y que el alcalde ya ha reconocido que no es una solución satisfactoria). En este caso, el corredor implicaría la construcción, por parte de Adif, de un aparcamiento subterráneo con plantas de profundidad, un hotel de cuatro estrellas que incluía un restaurante panorámico, un edificio de 'coworking' jurídico y mediación, nuevos espacios comerciales y un intercambiador para sacar de Santo Domingo a varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos (que, finalmente, se llevó a cabo en Eras de Renueva). Este último aspecto del 'megaproyecto' ya lo había propuesto el PP en 2019.

El PP ha llevado a cabo esta denuncia desde el propio entorno de la antigua estación de tren de la capital leonesa, donde iban a llevarse a cabo las reformas que finalmente no se han hecho realidad: “Ese proyecto estrella ha demostrado ser un tremendo engaño de José Antonio Diez a los leoneses. Desde aquel día hay una absoluta ausencia de noticias sobre este proyecto”.

El PP asegura que se ha interesado reiteradamente por este proyecto: “La respuesta” del Equipo de Gobierno “fue una mezcla de balones fuera, de culpas ajenas y, por supuesto, una absoluta ausencia de información”, critica Fernández. Del mismo modo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, ha asegurado que también se preguntó al Gobierno de España por el estado de este proyecto, sin una respuesta informativa útil.

“Estamos ante un intento de engaño total por parte de José Antonio Diez a los leoneses, porque la realidad es que esto es algo más que una promesa incumplida. Diez buscó el voto de los leoneses con un anuncio que simplemente eran una serie de infografías para darle veracidad a un proyecto que realmente era sólo humo. Lo hizo, además, sabiendo que no existía ningún compromiso por parte del Gobierno de España para pagar esos 35 millones de euros en los que él valoraba el proyecto que estaba anunciando”, critica Fernández, quien zanja: “No le cogen el teléfono como para darle 35 millones de euros”.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza de León denuncia la situación que presenta el gimnasio del instituto público Juan del Enzina, que presenta unas “condiciones lamentables” e incluso peligrosas que impiden la utilización del espacio. Una situación que lleva años produciéndose ante la dejadez, denuncian, de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León.

Desde CCOO señalan un conjunto de deficiencias, muchas de las cuales se deben a una falta de mantenimiento y de inversión para la conservación y mejora del centro. Uno de los elementos denunciados es la situación de la cubierta del gimnasio, cuyos materiales constructivos “no son los más adecuados para León y presentan un elevado índice de degradación por la exposición a las condiciones climatológicas”. Aseguran y demuestran con varias fotografías que parte del tejado, debido a su composición material, ha sufrido deformaciones que provocan balsas de agua, lo que unido al deterioro de la impermeabilización de las placas aislantes, genera filtraciones de agua hacia el interior del gimnasio.

En el interior, esas filtraciones “generan escorrentías y oxidaciones en el techo del gimnasio, así como humedades y un goteo constante hacia el suelo del mismo”. Y ahí surge otro problema: el suelo del gimnasio se ha levantado por completo, llegando a pudrirse parte del material y generando la inutilización de la instalación deportiva y un alto grado de insalubridad en la misma. El único recurso posible de los docentes ha sido durante años que gran parte de los cursos se tenga que impartir la asignatura de Educación Física en el patio exterior, incluso cuando las condiciones climatológicas no lo hacen recomendable.

El portavoz de CCOO Enseñanza, Víctor Bejega, denuncia además en un comunicado que las tuberías y sistemas de desagüe del tejado también presentan deficiencias, llegando a separarse alguna de las piezas y provocando que el agua del tejado se descargase hacia el interior del edificio.

No están mucho mejor las fachadas del edificio, “tanto del gimnasio como de la entrada principal del centro, que presenta importantes problemas de humedades y falta de algunas de las placas que conforman la fachada del patio”, desprendidas hace tiempo, y por fortuna sin causar heridas a nadie.

Bejega ve “esta situación como otro ejemplo más de los muchos que vamos denunciando periódicamente y que constatan la falta de inversión, recursos y mantenimiento en los centros educativos de la provincia” por parte de la Junta. “La asfixia económica a la educación pública se traduce en presupuestos muy limitados y totalmente insuficientes para acometer las labores reales de mantenimiento y las obras de renovación y reparación en muchos centros, lo que provoca situaciones tan dantescas como la del gimnasio de un instituto en pleno centro de León”.

Denuncia y “colegios de los horrores”

CCOO confirma que ha presentado ya el informe de denuncia en la Dirección Provincial de Educación de León para exigir el arreglo con carácter de urgencia todas las deficiencias detectadas, e insisten en que se ponga fin a la serie de “colegios de los horrores” que sigue creciendo en la provincia. Bejega añade que “como hemos venido señalando de forma recurrente, una Educación Pública de calidad requiere más personal, más recursos y unas instalaciones y espacios educativos acordes, sin humedades ni riesgos. Cuando la noticia del mal estado de un centro educativo deja de ser excepcional para convertirse en habitual, hay que señalar a quienes son responsables y exigirles medidas urgentes

El Gobierno ha justificado el estiramiento en el tiempo, la prórroga de seis meses del contrato para redactar el estudio de viabilidad del trayecto ferroviario León-Ponferrada, por la necesidad de disponer de datos actualizados de demanda y uso de la línea. Unos datos que asegura que dependen de terceros y que han provocado una demora en los trabajos contratados hace justo dos años, en 2024., a la empresa WSP Spain Apia SA, el ramal español de la multinacional sueca WSP Europe AB.

Esa es la respuesta que consta ante una pregunta parlamentaria formulada por las diputadas del Partido Popular (PP) de León Ester Muñoz y Silvia Franco sobre el retraso acumulado en este estudio, considerado estratégico para la provincia de León y la comarca de El Bierzo, ya que debe abogar por la solución que acabe con el embudo que supone el llamado Lazo del Manzanal.

Las parlamentarias recordaban que el contrato adjudicado en mayo de 2024 contaba con un plazo inicial de ejecución de 18 meses, expirado hace medio año, y preguntaban al Ejecutivo las condiciones de la prórroga aprobada y las garantías de cumplimiento del nuevo calendario, el cual, por cierto, se desconoce.

En su respuesta, el Gobierno señala que la ampliación del plazo se debe principalmente a la elaboración del estudio de demanda, una fase clave del proyecto que requiere información actualizada sobre tráfico y servicios, cuya disponibilidad depende de fuentes externas. Según el Gobierno, esta circunstancia ha ralentizado el avance del conjunto de los trabajos más allá de lo inicialmente previsto. No obstante, subraya que la demora “no es imputable al contratista”, sino a factores ajenos vinculados a la obtención de datos necesarios para el análisis.

El estudio es vital para analizar distintas opciones para mejorar las prestaciones del corredor ferroviario León-Ponferrada, entre ellas actuaciones sobre el trazado actual, la posible incorporación de un nuevo recorrido de alta velocidad para viajeros o la implantación de una línea de altas prestaciones para tráfico mixto en el entorno del denominado Lazo del Manzanal“, uno de los puntos negros hoy en día insalvables de la red ferroviaria en la provincia.

Un precedente idéntico, también negativo para León

La estrategia de dilación de los plazos y la de no ofrecer una nueva fecha segura para la conclusión del estudio es idéntica a la que el Ministerio también ha utilizado en otra reivindicación esencial para la provincia: la reapertura de la vieja línea ferroviaria del oeste, la Ruta de la Plata, que se cerró en 1985 entre Plasencia (Extremadura) y Astorga (León). En este caso concreto, la 'culpa' de la falta de colaboración y datos se la achaca el Ministerio a algunos ayuntamientos que no han respondido en tiempo y forma.

El corredor León-Ponferrada es una infraestructura considerada estratégica para la vertebración territorial del noroeste peninsular y para la mejora de las conexiones ferroviarias en Castilla y León, especialmente en el acceso a la comarca berciana, así como la conexión con Galicia y sus puertos de mar. Y no sólo no se culmina en tiempo y forma el estudio de viabilidad, ni se ofrece certeza de nueva fecha, sino que por otra parte se impulsa otro contrato de mejoras muy puntuales en la línea, de 3,8 millones de euros, con un dilatadísimo plazo de ejecución que llevaría hasta el año 2029.

La respuesta del Ejecutivo llega en un contexto de creciente interés político e institucional sobre el futuro de esta línea ferroviaria y sus posibilidades de modernización, especialmente en relación con el tránsito por el puerto del Manzanal, identificado como uno de los principales cuellos de botella de la red ferroviaria.

“Lo grave no es solo que se prorrogue el contrato, sino que, después de reconocer esa prórroga, el Ministerio siga sin ofrecer fechas ciertas, sin concretar el horizonte real y sin mover un dedo para desbloquear una decisión clave para el futuro ferroviario de nuestra provincia”, aseguran las parlamentarias populares leonesas.

El Ayuntamiento de Villablino saca a concurso un contrato para el suministro de maquinaria con destino al Centro Logístico Comarcal (CLC) de biomasa forestal por un importe 868.780 euros. Las condiciones fueron aprobadas en un pleno extraordinario el día antes de hacerse pública la licitación en el portal de contratación del sector público. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el día 3 de junio.

La maquinaria que se requiere en el contrato y lo presupuestado para cada una de las piezas es la siguiente: un tractor forestal con remolque por 326.700 euros, una astilladora por 326.700 euros y una taladora de cizalla por 215.380 euros. Todas las cantidades detalladas son con los impuestos incluidos.

Esta dotación está destinada al centro logístico de biomasa forestal que está ejecutando el Ayuntamiento de Villablino en la pedanía de Orallo. El proyecto permitirá el acondicionamiento de la biomasa forestal generada en el entorno del municipio, para su almacenaje en las instalaciones del propio centro logístico hasta su envío a los lugares de utilización de la biomasa.

Este proyecto está financiado en su totalidad por la Unión Europea con fondos NextGeneration, con cargo a las ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El Instituto de Transición Justa concedió una ayuda de 1.451.113,34 euros para llevar a cabo el 'Proyecto de ejecución de instalaciones de un Centro Logístico Comarcal de biomasa forestal en Villablino (León)'.

El 13 de enero del pasado año se adjudicó el contrato de obra para la construcción de la infraestructura de este CLC por un importe de 398.893 euros y 83.767,53 euros de IVA, lo cual arrojó un total de 482.660,59 euros, a lo que ahora se añade la dotación de maquinaria.