El incremento del turismo, el auge del uso de autocaravanas y la necesidad de ganar población y ampliar servicios para vecinos y visitantes es una ecuación que el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, en el Parque Nacional de Picos de Europa, quiere resolver de un plumazo y con el mayor éxito posible. Y tiene un plan en marcha para ello, que incluye infraestructuras con las que el municipio no cuenta pese a una creciente demanda: un aparcamiento de autocaravanas, una zona de baños y aseos, integrado en un pequeño edificio de usos múltiples, e incluso un supermercado de alimentación.

Todo comenzó con la compra por parte del Consistorio, el año pasado, de una amplia finca llamada La Cortina, a los pies del Centro de Visitantes con el que, con décadas de retraso, por fin Oseja pudo contar a partir de finales de la década pasada. Con la adquisición, el Ayuntamiento consiguió disponer de un amplio espacio utilizada para albergar la feria de ganado anual. En realidad se trataba de dos inmuebles, de 3.306 y 289 metros cuadrados respectivamente, en los que con ayuda de fondos europeos de recuperación se gastó ya la suma de 300.000 euros, tal y como se aprobó en abril de 2025.

Tras invertir cerca de 20.000 euros más para mejorar su cerramiento y adecentar la zona, ahora el ingeniero Antonio Fernández Rodríguez ha redactado un proyecto para ubicar dentro de La Cortina un nuevo espacio, principalmente de uso turístico. Se trata de una zona de estacionamiento destinada sobre todo a autocaravanas, de la que carece hasta ahora todo el valle de Sajambre, y que según se aprobó en el último Pleno “extraordinario y urgente” del pasado 20 de agosto requerirá una inversión de 324.000 euros. El proyecto debe estar disponible durante 15 días para su consulta y posibles reclamaciones antes de su aprobación definitiva.

El alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, explica que la inversión es todavía más ambiciosa, ya que prevé la puesta en marcha en este espacio, junto a las zonas de aparcamiento debidamente señalizadas, todo tipo de servicios necesarios para las autocaravanas, tales como toma eléctrica o agua.

La zona de duchas y baños públicos será objeto, añade, de un proyecto nuevo y próximo que ya se ha comenzado a tramitar aparte en una primera fase. Pero lo que sí se se incluye ahora en el proyecto es la construcción de un edificio que pueda ser utilizado como pequeño supermercado.

El planteamiento del equipo de Gobierno es, por un lado, dar servicio de aprovisionamiento a los vecinos de todo el municipio, ya que hace años que no existe una tienda bien surtida abierta al público en todo el valle, tras el cierre del supermercado La Económica, que ya sólo conserva el rótulo, situado junto a la Casa Consistorial. Pero sobre todo, pretenden que ese supermercado tenga clientes más estables estando junto a la zona de autocaravanas, “para que así sea más fácil para que alguien lo pueda explotar”, remarca el regidor. La finca también podría resultar útil para otros eventos del municipio, como el Festival Sequillo Sonoro, un evento musical que augura un creciente éxito.

Los servicios vienen siendo recientemente reclamados en los últimos años. De hecho, ya generó polémica el hecho de que en algunos nuevos aparcamientos muy utilizados, sobre todo en verano, como el del pueblo de Soto de Sajambre, se especificara de manera tajante desde el primer momento que no se permitía la presencia de caravanas ni autocaravanas.

Y no sólo por falta de servicios para ellas, que también: es que el recién aprobado Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) del Parque Nacional de Picos de Europa, después de 20 años de retraso, prohíbe de manera tajante la acampada y pernocta fuera de los núcleos de población, salvo “en los campings legalmente autorizados”, y tan sólo en ellos tampoco se permite “la pernocta en cualquier tipo de vehículo, caravana, autocaravana o similar”. Esa restricción provocó el pasado verano una controversia en Soto, donde muchos caravanistas pretendían pasar la noche, pero se topaban, entre quejas, con recordatorios de la prohibición.

Ahora, por fin Picos de Europa en su vertiente leonesa avanza en servicios muy básicos que otras comunidades que comparten el Parque Nacional, como Asturias y Cantabria, ya hace mucho tiempo que dispusieron, consiguiendo que sus cifras de turistas sean cada año mucho más elevadas.

La Junta de Castilla y León ha aproximado que el nuevo Conservatorio de Música de la Ciudad de León esté disponible para su uso para el próximo curso, el del 2027-2028, una fecha ya comprometida por parte de la administración autonómica y que, sin embargo, no parece rotunda, menos teniendo en cuenta los numerosos retrasos y bloqueos desde que se prometió en el año 2009.

Las obras para este nuevo edificio continúan en el barrio de La Palomera, en la capital de León. Casi dos décadas dura el compromiso de la Junta para crear este nuevo espacio en la ciudad leonesa, después de que la primera promesa tuviese lugar en el año 2009, hace casi dos décadas.

La Junta de Castilla y León aprobó en octubre de 2024 una inversión de 5.634.412 euros para retomar los trabajos de construcción del edificio. Ya entonces se estimaba que las instalaciones estuviesen listas para el “inicio del curso escolar 2027-2028”.

Sin embargo, preguntado al respecto, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, no ha sido tan rotundo: “Esperemos que esté disponible para el próximo curso. Lo importante es que la ciudad de León tiene un conservatorio y que la Junta tiene un compromiso con el Conservatorio”.

Después de contratar en verano de 2020 la construcción de este nuevo edificio, los trabajos comenzaron casi un año después y con tres años de retraso. Las obras se paralizaron en la primavera de 2023 y la Junta tardó más de ocho meses en resolver y adjudicar uno nuevo por 5,6 millones de euros.

La nueva edificación que se ubicará en la Avenida de la Universidad, con una superficie total de 8.725,41 metros cuadrados, y que tendrá cabida para 600 alumnos, de ellos 240 en enseñanza elemental y 360 en enseñanza profesional.

El nuevo edificio contará con 48 aulas: siete de formación general, tres de música de cámara, 32 de enseñanza instrumental, una de contrabajo, una de percusión, una de violonchelo, una de orquesta, una de coro y una de informática. Se contemplan además 12 cabinas, cuatro departamentos, sala de usos múltiples, un auditorio de 400 butacas, dos camerinos, biblioteca y aseos.

La Junta de Gobierno Local de Villaquilambre ha aprobado el proyecto de obras y el expediente de contratación para la urbanización de la parcela destinada a acoger el futuro cuartel de la Guardia Civil. La actuación se desarrollará en Villaobispo de las Regueras y permitirá disponer de un terreno preparado para la posterior construcción de las instalaciones.

La intervención se incluye en la actuación aislada AA-OD-02, prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento urbanístico establece la necesidad de desarrollar esta parcela antes de que pueda edificarse el futuro cuartel.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 754.564 euros y prevé un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos. La actuación consistirá en la creación y urbanización de nuevos viales sobre terrenos que actualmente se dedican a prados, localizados al sur de la calle Zarzales, en la localidad de Villaobispo de las Regueras.

Además de acondicionar la parcela para su uso futuro, las obras supondrán el comienzo de los accesos a la nueva zona comercial prevista en este entorno, en paralelo a la ronda. Las calles resultantes se conectarán con las redes de servicios ya existentes en el municipio.

La urbanización permitirá así transformar unos terrenos sin desarrollar en una nueva parcela apta para la construcción, incorporando la infraestructura viaria y los servicios necesarios para su posterior puesta en uso.

Actuación contra las inundaciones en la calle La Cárcaba

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a una actuación en la calle La Cárcaba, dirigida a resolver los problemas de acumulación de agua e inundaciones que se producen en esta zona de Villaquilambre durante los episodios de lluvia intensa.

A esta vía llega actualmente un reguero en tierras que canaliza las aguas procedentes de un pequeño valle. Aunque el trazado de la calle ya se encuentra entubado, se ha detectado que la capacidad de conducción de esta infraestructura resulta insuficiente cuando se registran precipitaciones fuertes.

Esta situación ha llegado a provocar la formación de charcos en la carretera León-Collanzo, con los consiguientes problemas para el tráfico en ese punto. La intervención pretende mejorar la evacuación de las aguas pluviales y evitar que se repitan estas incidencias. Las obras cuentan con un presupuesto superior a 35.000 euros y dispondrán de un plazo de ejecución de dos meses.

La Junta de Castilla y León invertirá 222.382 euros en la instalación de una cubierta sobre la pista deportiva del colegio de Primaria Flores del Sil de Ponferrada. La actuación, impulsada a través de la Consejería de Educación y aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno, mejorará las condiciones de uso de este espacio por parte del alumnado.

El proyecto, que se prometió hace casi dos años, permitirá que la pista pueda seguir utilizándose durante los recreos y en el desarrollo de actividades deportivas con independencia de las condiciones meteorológicas. De esta forma, el centro contará con una zona protegida frente a la lluvia y otros episodios de mal tiempo, una circunstancia especialmente relevante para garantizar la continuidad de la actividad al aire libre durante el curso escolar.

La intervención contempla la cubrición de una superficie de 41 metros de largo por 20 de ancho. La estructura proyectada tendrá un diseño curvo y estará sustentada sobre vigas metálicas y 16 pilares circulares de acero.

La nueva instalación se ubicará sobre la pista deportiva ya existente en el colegio, situado en el número 27 de la avenida de la Marina, en el barrio ponferradino de Flores del Sil.

Obras previstas durante tres meses

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses. Con esta previsión, la Consejería de Educación calcula que la cubierta estará terminada a lo largo del curso escolar 2026-2027.

La financiación de esta obra se enmarca en la estrategia de la Junta para mejorar y adaptar las instalaciones de los centros educativos públicos de Castilla y León. En este caso, la actuación busca ampliar las posibilidades de utilización de una infraestructura habitual en la jornada escolar y favorecer unas condiciones más adecuadas para el alumnado.

La cubierta dará respuesta a la necesidad de mantener operativa la pista en los periodos de descanso y durante las clases o propuestas vinculadas a la actividad física, incluso en jornadas con condiciones meteorológicas desfavorables.

Los pavorosos incendios acaecidos en España el pasado mes de julio –veremos como acaba el de agosto– señalan con dedo acusador múltiples factores e incluso derivadas infumables. Si la palabra prevención no encuentra cabida en el léxico del buen hispano, la palabra extinción tampoco goza de un gran predicamento. Aquí, las personas con mando en plaza viven más preocupadas por otras cuitas que por unos cientos de miles de hectáreas de bosque calcinado , miles de evacuados por el fuego, gastos ingentes o la progresiva desertificación del país.

Las verdaderas preocupaciones llegan cuando urbanizaciones de personas con posibles, esas que han ocupado parte de la España vaciada para asentar sus reales de fin de semana o lucir palmito con sus impresionantes viviendas, son amenazadas por las llamas. Entonces sí, entonces son portada de informativos y grandiosas declaraciones de diestros y siniestros. Si es la Sierra de la Culebra la que arde o lLs Médulas, bueno, se le da cobertura informativa una semana o un par de ellas a lo sumo y después sólo son munición con la que atizarse entre sí políticos estatales y autonómicos. El ciudadano de a pie sólo está para aplaudir o insultar.

Los incendios son la punta de lanza de un problema complejo, un síntoma no una causa. Combatirlos tiene varios frentes, algunos de tanto relieve como el fuego mismo. Muchos de los incendios actuales recaen sobre plantaciones de pinos, algunas de las cuales vienen de los tiempos del régimen anterior, donde la conciencia medioambiental era nula y terrenos erosionados eran repoblados con especies esquilmantes, impidiendo recuperar entornos meteorizados, es decir, condenados a lucir pinos raquíticos, pasto de procesionarias y finalmente sucumbir ante el fuego. Y lo que es válido para pinos, lo es para eucaliptos.

Un invierno y una primavera con abrumadores registros pluviométricos dio paso a un verano seco con temperaturas nunca antes registradas. El binomio perfecto: abundantes lluvias desatan una explosión vegetal. La sequía y el calor desatan fuegos devastadores. Aquella maldición tendenciosa de que África llegaba hasta los Pirineos empieza tomar carta de naturaleza. Terraplanistas, negacionistas y hasta el primo de algún expresidente niegan la evidencia del cambio climático. Otros políticos, autonómicos y estatales, no lo niegan, pero actúan como si lo negaran. Los problemas ambientales no son de su incumbencia.

La presencia de mosquitos, vectores de enfermedades como la Fiebre del Nilo o la Lengua azul, o especies marinas nunca avistadas en nuestras costas, son la prueba palpable de que estamos modificando el planeta a pasos agigantados ante la inacción de quienes deberían evitarlo. Las hambrunas por sequías y los movimientos migratorios consiguientes serán el colofón de tanta indiferencia. El problema es de tal envergadura que hasta la glamurosa Francia se las ha tenido que ver este año con la voracidad de las llamas, y como ella España, Portugal o Grecia.

A nivel nacional hemos tenido que aceptar la llegada de medios de lucha contra incendios venidos de países europeos. Nada se había previsto. En Castilla y León, arde sobre quemado. Zamora en 2022, Zamora y León en 2025 y León y Avila en 2026, han evidenciado, una vez más, la ineptitud de esta comunidad en materia de incendios. Madrid, presidida por una lenguaraz presidenta que presume más que sabe, ha demostrado ser tan incompetente como sus correligionarios castellanoleoneses, con contratos infectos de sus brigadas, incapacidad manifiesta para gestionar esta emergencia o el bochornoso espectáculo de ocultar miserias propias alegando vender un ático para sufragar los daños causados por el fuego.

La sequía presenta otra cara siniestra que no obedece tan sólo a la escasez hídrica. Los huertos del Órbigo languidecen tras decisiones dictatoriales de personajillos que se han apropiado de la gestión del agua. Sin embargo, hasta el verano había embalsados en León excedentes del líquido elemento. ¿Conviene dejar de regar en León para que fluya el agua y así cumplir con el Convenio de Albufeira firmado con Portugal en 1998? Ya señalé en alguna ocasión que en León nos quedaremos con el frío y la nieve mientras el agua discurre plácidamente hacia territorios cuyos representantes velan por sus representados. En León, no cabe temer tal cosa.

Dejó dicho el papa Francisco que el agua acabaría siendo motivo de más disputas que en el petróleo en el presente siglo. Eso es cierto para todo el orbe, menos para León. Aquí no necesitamos nada y el agua tampoco. ¿Cómo? ¿Que por lo ‘bajinis’ o en el bar mostramos nuestro malestar con que una provincia con suficiente agua se vea privada de ella y se le niegue hasta el riego doméstico? ¡Seamos altruistas! Si hasta tenemos nuestro particular trasvase Tajo-Segura (léase canal de Payuelos), que permite regar la remolacha o la alfalfa de la lujuriosa Valladolid, mientras en el pajizo León se nos agostan hortalizas y frutales.

Renegados hay en España, como los aragoneses, que se oponen a desviar aguas del Ebro a destinos tan alejados como la huerta de Murcia, sus campos de golf y otras instalaciones turísticas. No, no. En León somos “muy españoles y mucho españoles” y lo damos todo. Me pregunto yo, conste que, sin acritud, qué sucedería si la pertinaz sequía afectara al río Esla y toda su vega, principalmente de la margen izquierda, hasta el extremo de hipotecar la pervivencia de la agricultura en toda esa vasta comarca. ¿Se suspendería el trasvase de Payuelos? ¿No? ¡Eso es patriótica magnanimidad! Se necesita mucha presencia de ánimo para ver como tu agua viaja hacia otros lares mientras tú agonizas de sed.

El controvertido cambio climático, el calentamiento global, la sequía consecuente y los subsiguientes incendios, están implementados por una clase política totalmente incompetente, cuyo mejor servicio al planeta sería irse a sus casas, dejarnos en paz con sus discusiones y dar paso a savia nueva, savia concienciada con lo que inevitablemente perdemos año tras año. Claro es que, a lo mejor, la España vaciada debería intervenir y aspirar a algo más que recibir ayudas compensatorias con cada traspiés. Esto es válido para todo el país menos para León.

Aquí somos leales súbditos de Castilla y León. Y con eso nos basta.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La explosión turística de la localidad de Riaño, corazón de la Montaña Oriental leonesa, continúa deparando anuncios de inversión para la mejora de algunas de sus más destacadas ofertas para el ocio, el deporte y la aventura. Y ahora le toca el turno al embarcadero del pantano de Riaño, el principal 'puerto de mar' montañés del que parte, por ejemplo, el barco turístico que cada año bate récords de gente dispuesta a disfrutar de los llamados 'fiordos de León'.

El tiempo que hace que el embarcadero se habilitó, y su mucho uso, han hecho que la instalación situada junto al pueblo nuevo de Riaño requiera de una serie de urgentes mejoras. Por eso, se ha diseñado una transformación integral con una inversión económica que se cifra en 340.761 euros. Eso sí, de momento no ha habido éxito por parte de la Junta de Castilla y León para poner en marcha estas obras, ya que un primer intento ha quedado desierto, al no presentarse en tiempo y forma ofertas de empresas.

Es por eso que la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, haya vuelto a intentar su licitación. Un expediente que desde el primer momento se ha anunciado con cargo al llamado Fondo de Transición Justa, el antiguamente llamado Plan del Carbón, que debería destinarse a reflotar las antiguas cuencas mineras tras le cierre de las minas, y eso a pesar de que la zona está muy lejos de cualquier explotación de este tipo.

En su proyecto, la Junta busca la renovación de los accesos al embarcadero sobre el pantano, la sustitución el deteriorado pavimento actual, el acondicionamiento de todo el entorno con zonas verdes, la instalación de mobiliario, un nuevo sistema de iluminación y además la creación de un nuevo mirador sobre el embalse.

Los detalles del proyecto, uno a uno

La actuación prevé un tiempo de tres meses para realizar todas estas obras, aunque tales mejoras ya no llegarán a tiempo para el disfrute en este verano del creciente aumento de las actividades náuticas. Según refleja el proyecto, sobre el que ILEÓN ha trabajado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial con verificación humana, la reforma arrancaría con la demolición del pavimento de hormigón existente en la zona de acceso, actualmente en muy mal estado e incluso con grietas, y contempla excavar y abrir una nueva caja para posteriormente construir una calzada de hormigón impreso coloreado de 20 centímetros de espesor sobre una base de zahorra artificial.

El nuevo pavimento quedará delimitado mediante bordillos de hormigón prefabricado y permitirá mejorar tanto las condiciones de acceso como la seguridad de los usuarios. En la zona más próxima al agua se construirá además un murete de hormigón armado con un perfil de acero estructural destinado a facilitar el anclaje de pasarelas, útiles y otros elementos vinculados al uso recreativo y náutico del embarcadero.

Una de las actuaciones de mayor impacto visual será la construcción de un nuevo mirador en una plataforma que actualmente permanece sin acondicionar. Tendrá una estructura de perfiles de acero, barandillas también de acero y suelo de rejilla metálica tipo Tramex, configurándose como un nuevo punto de observación del embalse y del paisaje montañoso que rodea Riaño.

El entorno del mirador también será transformado. La zona verde será acondicionada con césped y se instalarán bancos y mesas de madera para crear un espacio de estancia y descanso, idóneo para comer allí. Y el desnivel hacia el embalse quedará protegido mediante una valla de madera tratada.

El proyecto refleja también una nueva red de alumbrado público con canalizaciones bajo tierra para la instalación de columnas de cuatro metros de altura con iluminación ornamental conectada a la red municipal. El mirador incluirá tiras de luces LED integradas bajo sus barandillas y la zona próxima al embalse dispondrá de luminarias solares independientes, que le darán un especial aspecto nocturno.

En el entorno de la zona se concentran actividades recreativas vinculadas al pantano de Riaño, entre ellas el alquiler de motos de agua, canoas y barcos, especialmente el barco turístico que lleva más de una década de explotación exitosa. De ahí que se haga hincapié en la mejora y seguridad de los accesos a lo que ya se haconvertidod en un atractivo turístico de primer orden en la provincia leonesa y la Montaña Oriental.

Intento a la segunda

La Fundación Patrimonio Natural ha vuelto a sacar el contrato a licitación después de que el primer intento quedado desierto este mismo verano. El expediente FPNCYL-28/2026 se publicó el 8 de julio y estableció el 3 de agosto como fecha límite para presentar ofertas. Sí se llegó a presentar una empresa pero llegó fuera de plazo, por lo que la Mesa de Contratación propuso declarar desierto el concurso e inmediatamente ha puesto en marcha otro con nuevos plazos.

Esta obra se quedará pequeña en comparación con otro proyecto de alto calado turístico, igualmente impulsado por la Fundación de la Junta y también con fondos mineros, pero que en su caso ha generado una gran controversia en la zona. Un proyecto que prevé la mayor explotación turística de una zona mucho más desconocida y actualmente inaccesible del pantano, la zona del valle de Anciles, y que ha generado al mismo tiempo críticas de detractores por el efecto de masificación que puede plantear su diseño, así como apoyos a un mayor impulso económico del municipio, al margen de su alta protección medioambiental.

En espera del gran -y criticado- proyecto en Anciles

Ese otro proyecto contempla la inversión de 3,6 millones para que dos empresa catalanas ejecuten varias infraestructuras de gran calado. Por ejemplo, una pasarela colgante de unos 250 metros sobre el embalse para conectar las orillas más próximas y superar los acantilados. Tendrá altura suficiente para el paso de veleros y su montaje requerirá helicópteros y embarcaciones. Se completará con 300 metros de plataformas metálicas ancladas a la roca, una escalera metálica de 85 metros y un nuevo embarcadero o pantalán.

El itinerario lineal partirá del aparcamiento de la N-621 y recorrerá el Valle de Anciles hasta el embarcadero final, desde donde se podrá regresar en barco turístico. Incorporará senderos adaptados, soluciones de ingeniería integradas en el paisaje y nuevos puntos de observación para facilitar el recorrido por una zona de orografía accidentada.

También se ejecutará un mirador elevado en Los Yedrales, mediante pórticos de madera laminada, y se adecuará el Mirador de los Osines. La red de rutas incluirá la mejora de 4.385 metros de senda existente y la apertura de otros 990 metros, con firme compactado, señalización, balizamiento, medidas de seguridad y mobiliario para los visitantes.

El plazo de un año de este otro contrato, formalizado el pasado verano, hace pensar que podrían estar culminándose los trabajos, siempre que no se produzcan retrasos. En todo caso, si sale adelante la reforma del embarcadero del pueblo, juntos los dos proyectos están llamados a multiplicar el atractivo de Riaño y su entorno inmediato en principio puede que antes de que concluya este año 2026.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

El Ayuntamiento de León está ejecutando las obras de mejora de eficiencia energética del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) con una inversión de siete millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La intervención, centrada en reducir el gasto de energía con la renovación de las cubiertas y carpintería exterior, ha pasado este jueves por la instalación de su torre, que fue retirada en 2014. El edificio, protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por su valor arquitectónico, ha recuperado así su volumetría con un doble objetivo. Por un lado, de modo funcional esta estructura albergará en su interior las máquinas de climatización y por otro, permitirá recuperar la imagen original del edificio.

La intervención en este edificio con múltiples usos busca su modernización y adecuación integral con una inversión focalizada en la mejora de la eficiencia energética y utilización.

Para ello, el Ayuntamiento de León ha proyectado una serie de actuaciones que remedian las deficiencias en la climatización, el escaso aislamiento térmico, la ausencia de protección solar, funcionalidad, acústica, conservación, seguridad de utilización y accesibilidad del edificio con el fin de ampliar su vida útil y mejorar el confort de sus usuarios según las exigencias actuales.

Los valiosos restos arqueológicos romanos de Ad Legionem al sur de la capital leonesa, junto al barrio de Puente Castro, han sido protagonistas por partida doble en la Comisión Territorial de Patrimonio celebrada este jueves en León.

Por un lado, para certificarse definitivamente que no afecta a estos restos el gran proyecto de varias macroplantas energéticas que forman parte de la llamada Red de Calor que ejecuta la propia Junta con una inversión por el momento de 62 millones de euros y gran rechazo vecinal en la zona. Y por otro para determinar que, en cambio, sí impactaría directamente sobre ellos el proyecto de un amplio aparcamiento de camiones que había diseñado en ese el entorno una empresa de transportes. Por este motivo, Patrimonio deniega el permiso necesario a la compañía, bloquea así su ejecución y evita que se causen posibles daños en el yacimiento subterráneo.

Ad Legionem es una amplia zona que alberga lo que queda de la traza de la antigua vicus militar, el asentamiento civil vinculado al campamento de la Legio VII, en el que vivían comerciantes, artesanos, familiares de militares y otros habitantes que daban servicio a la amplia presencia romana en la zona. Sus dimensiones todavía no delimitadas del todo entre los barrios de La Lastra y Puente Castro, según confirmaron hoy tanto el delegado territorial, Eduardo Diego, como la jefa del Servicio Territorial de Cultura y Patrimonio en León, Noelia Vallejo, en la rueda de prensa tras la Comisión de Patrimonio.

Sin embargo, el informe final de la fase en ejecución que ha sido conocido por la Comisión de manos por parte de la empresa pública Somacyl, que ejecuta estas polémicas obras, determina que las catas arqueológicas realizadas en el proyecto de la Red de Calor, junto al cementerio municipal de León y delimitado por los ríos Torío y Bernesga, no tocan Ad Legionem.

Con esa información, tal y como detalló después una nota de prensa, la Comisión “ha autorizado la fase inicial del proyecto de ejecución” de las conducciones de la Red de Calor, es decir, también casi 30 kilómetros de tuberías que discurrirán por numerosas calles del sur de la capital para distribuir en la zona la energía que generarán las macroplantas de incineración de biomasa, nitrógeno verde y placas solares.

Curiosamente, esta autorización llega cuando en realidad las obras en la zona ya llevan meses en marcha y ejecución, generando por ejemplo polémicas como un gran talado de árboles para construir una pasarela que cruce el río Torío. Lo que sí recuerda la Junta en este caso al Ayuntamiento de León de que es necesaria e imprescindible una autorización por parte del Ayuntamiento de León para toda esta infraestructura, ya que impacta directamente en la zona protegida por el paso del Camino de Santiago, Bien de Interés Cultural (BIC) protegido y Patrimonio de la Humanidad.

Tímido avance en la Ronda Noroeste

También la Comisión de Patrimonio informó favorablemente el estudio informativo para la construcción en el futuro de la ansiada Ronda Noroeste de León, es decir, la continuidad décadas después de la Ronda Este entre el Hospital de León y La Virgen del Camino a través de San Andrés del Rabanedo. Ese estudio está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del trámite inicial de la futura Evaluación de Impacto Ambiental, aunque quien ejecutaría esta compleja obra sería el Ministerio de Transportes, que sin marcar plazos estimó un presupuesto de 94 millones de euros la última vez que se habló del proyecto, en 2023, en víspera preelectoral.

Según la Junta, el proyecto “incorpora las medidas de protección patrimonial propuestas”, todavía en una fase inicial, aseguró Eduardo Diego, quien remarcó la previsión de ejecutar sondeos arqueológicos ya en puntos más concretos cuando la tramitación y el proyecto mismo de ejecución avancen.

Otros asuntos

En otros puntos, la Comisión de Patrimonio autorizó la rehabilitación de las cubiertas del claustro y de la torre-mirador del Convento Premostratense de Villoria de Órbigo, declarado BIC, y que necesita esta intervención para solucionar los problemas de filtraciones mediante la sustitución de los elementos más dañados, la renovación de la estructura de madera, la mejora del aislamiento y la reposición de canalones.

La Comisión también ha dado el visto bueno al proyecto de señalización de la Ruta de los Eremitorios Medievales del Valle Medio del Esla, promovido por el Ayuntamiento de Villasabariego, para facilitar la visita y comprensión de enclaves como las Cuevas Menudas, las Cuevas de Santa Marina y la Cueva de los Moros. La actuación contempla nuevos elementos de señalización, mejora de accesos y paneles informativos.

También se da el 'sí' al proyecto de reparación de la cornisa y la sustitución de las tejas del alero del Palacio de los Ceas, actual sede de la Audiencia Provincial de León, obligando a emplear materiales de las mismas características y reutilizar el mayor número posible de piezas originales. Esta intervención se suma al proyecto de restauración de la fachada autorizado el pasado mes de junio.

Dentro de las actuaciones de conservación, la Comisión ha dado luz verde también la restauración de la imagen de San Antonio de Padua, perteneciente a la iglesia de San Martín del Agostedo, en Santa Colomba de Somoza. En el ámbito arqueológico, se ha autorizado la intervención en la Torre de la Reina del castillo de Laguna de Negrillos, promovida por el Ayuntamiento, con el objetivo de avanzar en el conocimiento histórico del monumento. Los trabajos incluirán el estudio de los paramentos interiores y una excavación arqueológica para documentar las distintas fases constructivas del edificio.

Por último, se ha informado favorablemente la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la conservación, consolidación y rehabilitación de la ermita de Santiago Apóstol de Fasgar, en Murias de Paredes. La actuación permitirá recuperar la imagen del templo, construido en el siglo XIII, mediante trabajos sobre la cubierta, los muros y otros elementos arquitectónicos con materiales tradicionales.

Finalmente, la Comisión ha informado favorablemente la primera fase del proyecto de eliminación de aguas limpias del sistema de saneamiento del Bierzo Bajo, promovido por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La actuación, que incluye 52 intervenciones en varios municipios de la comarca, contempla medidas de control para garantizar la protección de bienes culturales próximos como el yacimiento arqueológico de La Edrada, en Cacabelos, y el Monasterio de Santa María de Carracedo.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

La culminación de las reformas integrales de una de las avenidas más concurridas de la capital leonesa, la avenida Alcalde Miguel Castaño, mantendrá cinco jornadas completas de corte de tráfico en el inicio de este mes de agosto para culminar con las labores finales, de asfaltado. En concreto, según informa el Ayuntamiento de León a través de un comunicado de prensa, los cortes serán entre las glorietas de intersección con la avenida Fernández Ladreda y el barrio de Puente Castro.

La Policía Local de León informa de cortes en la circulación serán en concreto entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto, entre las 8.00 y las 20.00 horas y afectarán al vial en dirección a Puente Castro. Estas afecciones al tráfico vienen derivadas por las obras de mejora de movilidad en esta vía entre Puente Castro y Fernández Ladreda.

Los trabajos previos de fresado, es decir, de retirada de la vieja capa, finalizaron el pasado viernes, quedando abierta la avenida en su totalidad durante el fin de semana, con señalización de obra limitando la velocidad y de peligro de escalón.

Las obras de mejora de la movilidad se reanudan este lunes 3 de agosto con los trabajos de asfaltado, con la previsión de finalizar el 7 de agosto. El horario de trabajo del asfaltado a lo largo de toda la semana será de 08.00 a 20.00 horas, quedando abierta la vía al tráfico a partir de las 20.00 horas y durante toda la noche con normalidad.

Una vez finalizado el asfaltado, la avenida quedará abierta al tráfico pendiente de la señalización horizontal y vertical. La Policía Local recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la decisión de la Junta de Castilla y León de impedir la reapertura de la cantera Peñamala, ubicada entre los ayuntamientos de Corullón y Toral de los Vados-Villadecanes, por su afección al trazado de la futura autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Canteras del Noroeste SL y mantiene íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, que ya había considerado ajustada a derecho la negativa administrativa a autorizar la reanudación de la actividad extractiva.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el pasado mes de abril el proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-76, que unirá Villamartín de la Abadía y Requejo a lo largo de 6,24 kilómetros sobre el trazado de la actual N-120. La actuación cuenta con una inversión prevista de 133,5 millones de euros y es el primer avance concreto de esta infraestructura para mejorar la conexión entre El Bierzo y la provincia de Ourense.

El litigio por la cantera tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de junio de 2022, que rechazó el recurso de alzada puesto por la empresa minera frente a la decisión del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de no autorizar la vuelta a la actividad de la explotación de caliza denominada Peñamala nº 185. La empresa acudió posteriormente a la vía judicial, pero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León como ahora el TSJCyL han respaldado la negativa de la Administración.

La explotación, cuya autorización original se remonta a 1936, permanecía suspendida desde 2005. Cuando la empresa promovió la reapertura de la cantera, el proyecto quedó sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al correspondiente trámite de información pública, durante el cual distintas administraciones emitieron informes sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la Unidad de Carreteras en León advirtió de las posibles afecciones de la cantera tanto a la carretera N-120 como al futuro trazado de la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense.

La sociedad promotora sostuvo en su demanda que la Administración había otorgado un carácter prácticamente vinculante a esos informes de la Unidad de Carreteras, cuando, a su juicio, se trataba únicamente de alegaciones formuladas durante la información pública. Además, denunció que la sentencia de primera instancia había incurrido en incongruencia al no pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto una vez incorporadas medidas correctoras, entre ellas una franja de protección de 150 metros respecto al futuro eje de la autovía.

Sin embargo, el Tribunal Superior rechaza esa interpretación. La Sala considera que la sentencia recurrida sí respondió a todas las cuestiones planteadas y recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental impone de forma obligatoria los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas. Aunque los informes emitidos durante ese procedimiento no tengan carácter vinculante, los magistrados subrayan que la Administración puede y debe valorarlos a la hora de resolver, ya que lo contrario vaciaría de contenido el propio procedimiento ambiental.

La resolución judicial también repasa la evolución de los informes emitidos por la Unidad de Carreteras entre 2016 y 2019. Todos ellos fueron desfavorables al proyecto, al apreciar riesgos para la seguridad vial derivados de las voladuras, la proyección de materiales y las nubes de polvo, además de la incertidumbre sobre la afección al futuro trazado de la A-76. Incluso después de que la empresa incorporara medidas correctoras al estudio de impacto ambiental, el órgano estatal mantuvo que la explotación seguía siendo incompatible con la protección de la infraestructura viaria proyectada.

La Sala descarta igualmente que la Junta asumiera de forma automática el criterio de la Unidad de Carreteras. A juicio de los magistrados, tanto la resolución administrativa como la sentencia de primera instancia analizaron y valoraron esos informes antes de concluir que el proyecto carecía de viabilidad ambiental y administrativa. Además, consideran que la empresa introdujo en apelación cuestiones de fondo distintas de las debatidas inicialmente en el procedimiento judicial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Supongamos que se produce una subida de impuestos y que, de pronto, el Estado recauda treinta mil millones más. ¿Cómo pensáis que afectaría eso a la calidad de los servicios públicos? ¿Dónde pensáis que se emplearía ese dinero?

La cuestión es que es algo perfectamente estudiado y también muy debatido, y la respuesta depende de la fortaleza de la sociedad civil y los hábitos políticos del país. En España, por ejemplo, cuando se ha recaudado más en el impuesto de hidrocarburos, que supuestamente iba a mejorar las carreteras, no se han mejorado las carreteras, porque los impuestos no son finalistas y prácticamente todos los gobiernos prefieren dedicar ese dinero a otra cosa.

Ante un aumento de ingresos, pueden hacerse, por ejemplo, dos cosas: contratar más médicos o subir el sueldo a los que ya hay. Podéis estar seguros de que los que tienen el poder, que son los que ya están dentro, preferirán siempre la segunda opción. Lo mismo pasará con casi todos los sectores, y la presión sindical se dirigiría a mejorar los salarios públicos antes que a mejorar los servicios. No se trata de dar mejor servicio, sino de cobrar más por lo que ya se da. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, pero es lo que sucede en la mayor parte del mundo, porque los que ya están trabajando son los que pueden hacer huelga y tienen capacidad de presión, mientras que los que están fuera y podrían trabajar carecen de capacidad de presión alguna. El eterno problema de los insiders contra los outsiders, y de que los sindicatos tienen pocos incentivos para defender los intereses de los que no están trabajando aún.

El problema se reproduce a nivel político con otros muchos temas. ¿A dónde iría a parar esa nueva fuente de ingresos? ¿A crear más juzgados o a subir las pensiones? ¿Cuál es el incentivo del político, que lo que quiere es ser reelegido? ¿Mejorar el servicio o comprar votos? En cuanto hay más dinero, se trata siempre de desviarlo a donde produce un mayor rendimiento político, a corto plazo. Por eso nadie construye vivienda pública, por ejemplo.

Y sí, por supuesto que una parte se destinaría a mejorar algunos servicios, pero la cuestión es qué parte y a qué servicios podría ir, porque cuanto más dispersa y compleja es la gestión de un servicio, más reacias son las autoridades a invertir en él. En algunos países la mejora se llevaría el treinta por ciento, en otros el veinte y en otros el cinco. En nuestro caso, como las competencias de sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas y el sistema de financiación autonómica es un circo de tres pistas, cabría esperar alguna mejora en otros temas, pero no precisamente en esos.

Podría mejorarse, tal vez, la justicia, y podría construirse algún AVE más, que es lo que les encanta a los políticos, pero con una estructura como la nuestra, lo más posible sería que el aumento de impuestos redundase en una subida salarial al sector público, subida de las pensiones y una pequeña constelación de obras faraónicas, o no tanto, como aquel plan E de Zapatero que llenó los pueblos de máquinas de hacer gimnasia.

Poco más.

La ampliación del polígono industrial 'El Páramo' da un paso decisivo después de años de retrasos administrativos. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la Orden AGR/667/2026, de 16 de julio, por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental formula el informe ambiental estratégico favorable para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa María del Páramo, concluyendo que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no necesitará someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La resolución supone un importante avance para una actuación largamente reivindicada por el Ayuntamiento paramés y que permanecía bloqueada desde hace años por la necesidad de obtener distintos informes. El Consistorio aprobó el pasado mes de marzo el inicio del expediente de modificación urbanística para impulsar la ampliación del polígono, cuyo suelo industrial se encuentra prácticamente agotado, iniciando de forma simultánea la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización para tratar de acortar los plazos.

La modificación urbanística permitirá recalificar los terrenos colindantes al actual polígono, que pasarán de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable de Uso Industrial con ordenación detallada. Además, se ordenará el sector industrial U.9 'El Val', se reorganizarán las conexiones con el polígono existente y se reclasificará otra parte del ámbito como Sistema General de Espacios Libres para reforzar la protección ambiental del entorno.

La ampliación contempla incorporar cerca de 187.000 metros cuadrados, unas 18,7 hectáreas, de nuevo suelo industrial, una superficie adquirida por el Ayuntamiento hace varios años con el objetivo de responder a la demanda empresarial y favorecer la implantación de nuevas empresas. El diseño prevé parcelas de gran tamaño, una nueva entrada principal desde la carretera LE-6523, mejoras en la movilidad interior, cerca de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones y un carril verde y ciclista de conexión con la circunvalación.

Durante la tramitación ambiental se solicitaron informes a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Carreteras, la Agencia de Protección Civil, los servicios territoriales de Medio Ambiente, Agricultura y Movilidad, la Diputación de León o Ecologistas en Acción. La Confederación concluye que el ámbito no afecta a cauces públicos ni presenta riesgo de inundación, aunque condiciona el desarrollo a ejecutar actuaciones pendientes en la red de saneamiento y al cumplimiento de los requisitos sobre vertidos. Por su parte, el Servicio Territorial de Movilidad plantea estudiar la mejora de la intersección entre la CL-622 y la LE-6523 ante el incremento de tráfico previsto, mientras que Medio Ambiente determina que la actuación no afecta a espacios de la Red Natura 2000, aunque fija condiciones para proteger las vías pecuarias existentes.

Tras analizar todos los informes, la Junta concluye que la modificación urbanística no provocará afecciones ambientales relevantes, no compromete espacios protegidos y sus efectos serán limitados y reversibles. Por ello, el informe ambiental estratégico determina que basta con la evaluación simplificada realizada y que no es preciso continuar con una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se incorporen las condiciones fijadas por los organismos consultados.

La publicación de esta orden supone un cambio de escenario respecto a la situación que denunciaba el Ayuntamiento en los últimos años. En 2023, el Consistorio llegó a criticar el bloqueo de la recalificación de estos terrenos agrícolas, adquiridos en 2019, mientras otros proyectos sobre suelo de similares características, como instalaciones fotovoltaicas, avanzaban con mayor rapidez. Ahora, con el visto bueno ambiental publicado en el Bocyl, la ampliación del polígono supera uno de los trámites más relevantes para hacer realidad un proyecto considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico de Santa María del Páramo y su comarca.

El Ayuntamiento de Ponferrada y Endesa han firmado este martes el protocolo para cubrir el canal de Cornatel, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda, una actuación presupuestada en cinco millones y cuya ejecución está prevista para 2027.

El proyecto permitirá cubrir alrededor de 200 metros del canal para crear un nuevo espacio urbano con zonas verdes, áreas de descanso, juegos infantiles y un itinerario peatonal accesible que conectará este entorno con el casco histórico.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha definido este acuerdo como “un hito altamente demandado” y recordado que permitirá eliminar una de las principales barreras urbanas de la ciudad.

La financiación se repartirá entre el Ayuntamiento, que aportará el 60% con fondos europeos del programa Ponferrada Inspira, y Endesa, que asumirá el resto hasta un máximo de 1,8 millones, además de prestar asistencia técnica durante el desarrollo de la obra.

Por su parte, la directora territorial de Endesa en el Noroeste, María Giuseppina Biondi, ha explicado que el proyecto supone un “momento histórico” tras más de dos décadas de negociaciones y destacado que permitirá incorporar unos 8.000 metros cuadrados de espacio para uso ciudadano, mejorando al mismo tiempo la integración urbana y la seguridad de la infraestructura hidráulica.

El Ayuntamiento prevé licitar las obras antes de finalizar este año para comenzar su ejecución en marzo de 2027, con un plazo previsto de nueve meses, por lo que la actuación podría estar concluida antes de finalizar el próximo año.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de emergencia para las obras de reparación del firme en diversos puntos de las carreteras A-6, N-120, N-601, N-625 y N-621 en la provincia de León por importe de 7.846.632 euros.

El Gobierno justifica esta declaración porque estas vías presentan deterioro en el firme de algunos tramos; una situación que se ha visto agravada de manera muy significativa durante los periodos de intensas lluvias que se soportaron desde el pasado mes de diciembre y enero y febrero de 2026.

Ante este deterioro, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental ha estimado necesario realizar las siguientes actuaciones: fresado de la mezcla bituminosa existente, según subtramos; reposición del firme con mezcla bituminosa en caliente, así como de reposición de la señalización horizontal.

Los subtramos que se incluyen en esta declaración de emergencia se encuentran incluidos dentro de los siguientes tramos de carretera: Autovía A-6, del kilómetro 277 al 371; carretera N-120, del 313 al kilómetro 347; carretera N-601, del 274 al 322; carretera N-625, del kilómetro 99 al 122 y la carretera N-621, del kilómetro 12 al 25.

El Ayuntamiento de Villablino ha sacado a concurso en estos últimos días la adjudicación de diversas obras correspondientes a la capital municipal, concretamente en las calles Leitariegos, La Fuente y La Paz. Se trata de trabajos que tienen un importe cercano a los 300.000 euros totales y que van a alterar algunas zonas durante lo que queda de verano.

La obra más importante es la renovación de la red de aguas y aceras en la calle Leitariegos, cuya publicación se hizo el pasado día 14, con un presupuesto de 178.327 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Será financiada íntegramente con los Fondos de Cooperación Local 2026 de la Junta de Castilla y León.

Cuatro días antes, el 10 de julio, se hizo pública la licitación de la reforma de las aceras de la calle La Paz, con un presupuesto de 75.414 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. Con una financiación externa que corre a cargo del Fondo de Cohesión Territorial 2026 de la Junta de Castilla y León.

La tercera de las obras corresponde a la creación de una zona de aparcamiento para vehículos de unos 500 metros cuadrados y mejora de la urbanización en la calle La Fuente, con un presupuesto de 37.746 euros, también con un plazo de ejecución de tres meses. La financiación es así mismo externa y se hace con una ayuda de los Remanentes del Plan Provincial del año 2024 de la Diputación de León.

El apartado inversor se completa, de momento, con la adquisición de maquinaria para la dotación del Centro Logístico Comarcal de biomasa de Orallo. Se trata de la compra de una máquina de cadenas taladora de cizalla con un presupuesto de 215.380 euros. Para la que hasta el día 24 de este mes está abierto el plazo para la presentación de ofertas.

Esta es una maquinaria ya sacada a concurso en el pasado mes de mayo que se hacía en tres lotes (a esta le correspondía el lote 3). Y como se desprende del acta de la mesa de contratación firmada el 8 de julio, este lote quedó desierto, por lo que se saca nuevamente a licitación.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6 y del túnel de Montefurado en la N-120 tras una inversión de 24,7 millones.

Los trabajos han afectado, implicando restricciones de tráfico, a nueve túneles de la Red de Carreteras del Estado: los de Neira, Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la A-6 a su paso por Lugo; los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la provincia de León; y el de Montefurado, situado en la carretera N-120, ha informado este viernes el ministerio en un comunicado.

Del presupuesto total, 18,3 millones de euros proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que los 6,4 millones restantes han sido financiados con recursos del Estado para completar actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.

La intervención ha permitido renovar por completo los sistemas de seguridad de los túneles mediante la instalación de nuevos equipos de ventilación y extracción de humos, sistemas de detección de incendios, iluminación de emergencia, videovigilancia y control automático de incidencias, además de actualizar las redes de comunicaciones y los equipos de megafonía.

Entre las mejoras ejecutadas destaca también la construcción de una nueva galería de evacuación en el túnel de Villafranca, así como la adaptación de las ya existentes con sistemas de presurización para facilitar una evacuación segura en caso de emergencia. Asimismo, se han habilitado nuevos sistemas de drenaje para la recogida de vertidos contaminantes y depósitos de contención de sustancias peligrosas.

La actuación se completa con la implantación de un nuevo sistema de gestión desde el Centro de Control de Túneles de Piedrafita, que permitirá supervisar en tiempo real todas las instalaciones y responder con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

Más de una veintena de alcaldes de la provincia de León, pertenecientes a distintos partidos políticos, se han unido este martes en Astorga para reclamar la supresión del peaje de la autopista AP-71 entre León y Astorga. La petición se formalizó durante la tercera reunión del Foro del Manzanal, que reunió en la ciudad maragata a representantes municipales de todo el territorio y sumó además el respaldo de las cámaras de comercio de León y Astorga, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL), la Asociación Provincial de Transportistas, ALTRADIME y ALECO.

Los asistentes defendieron que la eliminación del peaje debe seguir el mismo camino que otras autopistas españolas liberalizadas en los últimos años, al considerar que la actual tarifa constituye un freno para el desarrollo económico de la provincia y dificulta la conexión entre las distintas comarcas leonesas. A su juicio, mantener el peaje penaliza tanto a empresas como a trabajadores y ciudadanos que utilizan habitualmente esta infraestructura.

En el encuentro, celebrado en el Hotel Gaudí de Astorga, participaron los alcaldes de Astorga, León, Valverde de la Virgen, Villadangos del Páramo, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Santa María de la Isla, Quintana del Castillo, Camponaraya, Carracedelo, Fabero, Valle de Ancares, San Andrés del Rabanedo, Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Cacabelos, Montealegre y San Facundo. Además, los ayuntamientos de Santa María del Páramo, Soto de la Vega, Peranzanes, Villablino, Toral de los Vados y Congosto comunicaron su adhesión al manifiesto pese a no poder asistir.

La jornada fue inaugurada por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto. Posteriormente, el empresario José Luis Prada presentó los objetivos del Foro del Manzanal y el economista y profesor universitario Julio Lago expuso los argumentos económicos que, a juicio de la plataforma, justifican la eliminación del peaje. El encuentro concluyó con un coloquio en el que también se abordaron otros asuntos de interés para la provincia, como la promoción del SIPAM, el desarrollo del entorno del Manzanal o la problemática de los incendios forestales, cuestiones que el Foro prevé tratar en futuras reuniones.

El Foro del Manzanal está integrado por personalidades de distintos ámbitos de la sociedad leonesa con el objetivo de impulsar iniciativas de interés general para la provincia. Entre sus miembros figuran la escritora y periodista Marta del Riego Anta, el empresario José Luis Prada, el técnico en telecomunicaciones Antonio Terrado Arias, el gestor cultural Santiago Asenjo, el editor José Antonio Martínez Reñones, el empresario Francisco Rodríguez y el economista Julio Lago.

La hemeroteca y el archivo fotográfico nunca mienten. Si se busca en los de cualquier medio de comunicación, entre los primeros aparecerán grandilocuentes promesas, alarde de títulos y magníficos planes de inversión en materia de carreteras de la Junta de Castilla y León para la provincia de León. Pero si se profundiza en los segundos, la realidad es justo la contraria: no hay fotos de ningún consejero autonómico inaugurando en las dos últimas décadas un sólo metro de autovía.

La cosa no sería más que anecdótica si no fuera porque las promesas de la sucesión de gobiernos del Partido Popular (PP) en la Junta respecto a la mejora de infraestructuras fueron compromisos plasmados en planes oficiales. Programas de obligado autocumplimiento, que recogían cifras de muchos millones y de kilómetros para la provincia leonesa en construcción de autovías nuevas. Sin embargo, el resultado final de ambas ha sido el mismo: cero.

Esta es la triste cuenta final del análisis de una de las planificaciones más mediáticas de lo que va de siglo. Se trataba del Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Teniendo en cuenta las fechas de inicio y final, se puso en marcha siendo consejero de Fomento el leonés Antonio Silván. Y lo tenía que haber rematado su sucesor, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En medio, la crisis

El Plan -todavía disponible en la web de la Junta- recogía compromisos con cifras tan claras como abultadas. En suma, la Junta de Castilla y León se comprometía a ejecutar prácticamente 100 kilómetros (99,2 para ser exactos) de autovías de nueva construcción: en concreto 86,2 kilómetros entre cuatro proyectos de desdoblamiento de carreteras de titularidad autonómica; y otros 13 de desdoblamientos para acceso a las dos principales ciudades, León y Ponferrada. No hay noticia de ninguno de ellos.

Planteado en inversión pública, es decir, en el dinero necesario para esos proyectos, la cifra total era de 424,25 millones de euros en los doce años de duración del Plan. Casi 400 (398,25 millones) era la suma de las cuatro autovías nuevas mencionadas y 26 millones más se dedicarían a los accesos desahogados a las dos capitales. Pero nuevamente se da el mismo nulo resultado final de ambas cuantías.

Para poner en contexto la situación, hay que recordar el estallido de la crisis global a partir del 2008, que trastocó los planes de inversión de todas las administraciones públicas y fue muy notoria también en la Junta de Castilla y León. Podría haber ocurrido que al menos alguno de los proyectos se hubiera demorado pero avanzara de alguna manera y hasta el actual año 2026 se pudiera haber construido, pero tampoco se da el caso: no hay una sola autovía autonómica nueva en dos décadas.

Al detalle, las autovías 'soñadas'

El Plan de Carreteras detalla las cuatro autovías leonesas comprometidas en la página 173. La más cuantiosa era la conversión en vía de alta capacidad de la actual LC-631 entre Toreno y Páramo del Sil, en la comarca de El Bierzo. 182,60 millones previstos para ejecutar 16,6 kilómetros, a causa de una orografía muy compleja.

Por otro lado, la autonómica CL-626, también conocida como el Eje Subcantábrico, aparecía con dos proyectos prometidos: el tramo Villablino-Piedrafita de Babia, con 71,40 millones para 11,9 kilómetros también bastante accidentados; y el tramo La Magdalena-La Robla, otros 40 millones más para 16 kilómetros de doble carril en ambos sentidos.

Finalmente, se consignaban 104,25 millones de euros más para la nueva autovía entre las ciudades de León y La Bañeza, es decir, en la CL-622, a través de Santa María del Páramo, un total de 41,7 kilómetros, según el Plan. Este caso era muy relevante, ya que formaba parte de la muchas veces prometida y jamás impulsada autovía León-Bragança, es decir, entre la capital leonesa y la ciudad del noreste de Portugal, para ofrecer una crucial salida hacia Europa desde el norte del país vecino y con un gran beneficio logístico para la provincia de León.

El contexto de crisis no fue óbice para que en 2011, el todavía consejero de Fomento Antonio Silván sacara pecho anunciando que la Junta estaba cumpliendo su parte con esta autovía, redactando el estudio informativo precisamente del tramo León-La Bañeza. Nunca más se supo de él, salvo que en 2025 se presupuestaron ridículas cantidades de simple arreglo de las actuales vías hacia Bragança.

Penetraciones por San Andrés, Villaquilambre y Molinaseca

Respecto a los desdoblamientos de acceso a las dos ciudades, se incluían en el Plan comprometido dos autovías, ambas de 4 kilómetros de longitud: tanto en la carretera de La Magdalena CL-632, y por lo tanto por San Andrés del Rabanedo, como en la llamada León-Collanzo, la LE-311, es decir, desde Villaquilambre a la capital leonesa. Dos desdoblamientos que habrían sido vitales para descongestionar el gran tránsito de los dos mayores municipios del alfoz leonés. Cada uno de estos proyectos se cifraba en apenas 8 millones de euros de inversión.

La cifra subía hasta los 10 millones para 5 kilómetros en el acceso a Ponferrada por la carretera LE-142, es decir, por el Camino de Santiago desde cerca de Molinaseca. Ni que decir tiene que tampoco este vial doble de El Bierzo fue nunca una realidad y, al igual que con el resto de los casos, la Junta de Castilla y León tampoco ha vuelto a hablar de aquellos compromisos.

Un nuevo Plan sin nada para León... y en papel mojado

De que se quedaron en papel mojado para siempre da buena cuenta el hecho de que en un hipotético próximo Plan de Carreteras plurianual del Gobierno autonómico, ya con Vox, jamás se recogieron aquellas promesas de nuevas autovías y accesos desdoblados. Hay que remontarse a 2024, siendo ya consejera de Fomento, María González Corral, sucesora de Suárez-Quiñones, para profundizar en el anuncio de un llamado Plan Autonómico de Carreteras 2023-2034, pero e detalle dejaba fuera todos los proyectos para León. Sólo se recogían proyectos concretos a muy largo plazo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria.

Sin embargo, aquí el agravio no se ha consumado: lo cierto es que a pesar de los anuncios no consta que exista ningún nuevo Plan de Carreteras finalmente aprobado por el Gobierno autonómico y en vigor o ejecución. Y es que las únicas inversiones, muy escasas, de la Junta en los últimos años se han limitado a labores de conservación e infraestructuras que, como por ejemplo la variante de Guardo, esperaban desde hacía 15 años, por lo que ahora se planteaba que los fondos mineros -y no fondos propios del presupuesto de la Junta, como en el resto de provincias- salieran al rescate. La pelota queda ahora en el tejado de Cristina Sanchidrián, la recién nombrada consejera Movilidad, Transformación Digital e IA.