La polémica reforma del tramo final de la avenida Padre Isla de León sumará este verano un nuevo capítulo y también más gasto de dinero público, todo ello para meter una carretera de puro asfalto en una calle que se remodeló por completo para que fuera oficialmente “de prioridad peatonal”.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León ha confirmado este viernes en el Pleno municipal que será durante el próximo mes de julio cuando se procederá a asfaltar nuevamente la parte central de la calzada destinada al tráfico rodado, una actuación a la que por primera vez le ponen coste oficial: 200.000 euros a mayores de los 1,2 millones ya gastados en su día para obtener el fatal resultado que ahora obliga a volver a actuar. De este modo, el coste final se elevará al final por encima de los 1,4 millones.

La fecha de la nueva intervención y su cuantía fueron hoy desveladas por el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Vicente Canuria, en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en la oposición. Canuria rechazó cualquier responsabilidad “ni externa ni interna”, es decir, ni del Consistorio ni de la empresa, sobre los materiales elegidos y ahora demostrados inapropiados, escudándose en que “hay proyectos, elecciones o decisiones técnicas que algunas veces demuestran no ser acertadas”.

La decisión supone rectificar parcialmente, a causa del grave deterioro acumulado por la elección de las losas del pavimento, una intervención presentada en su día como proyecto de semipeatonalización, “calmado del tráfico”, según la terminología oficial utilizada por el propio Consistorio, y que afectó al tramo comprendido entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana. Lo que antaño se conocía como calle 18 de julio. Las obras finalizaron en septiembre de 2023 tras varias modificaciones y polémicas sobre el diseño inicial, pero desde prácticamente el principio comenzaron las críticas por el nefasto comportamiento del pavimento elegido, el mismo que en otras calles reformadas entonces en León, pero en su caso totalmente peatonales, con menos estrés de tráfico rodado.

Ya durante la ejecución, en gran parte con financiación de fondos europeos, se advirtió de que las baldosas instaladas difícilmente soportaban el paso constante de vehículos, incluidos autobuses y tráfico pesado. La presencia de dos talleres de vehículos no ayudaba tampoco. Aunque la vía quedó limitada oficialmente a 10 kilómetros por hora, la circulación diaria terminó acelerando el deterioro del firme hasta límites hoy incluso hasta peligrosos, dado su mal estado.

Antes de cumplirse un año desde la finalización de las obras ya fue necesaria una primera reparación por roturas y hundimientos del pavimento, con un coste cercano a los 65.000 euros. Después llegaron nuevas intervenciones de mantenimiento que hicieron crecer la factura total hasta los 1,2 millones de euros, incluyendo el presupuesto original de más de un millón adjudicado a la empresa Arcor SL, vinculada a la familia del empresario José Luis Ulibarri.

La situación actual del vial ha terminado llevando al Ayuntamiento a decidir recuperar el asfalto para la zona de circulación de vehículos, en una solución que supone, en la práctica, volver a un sistema similar al existente antes de la remodelación aunque ahora teñido ese asfalto de colores, al estilo diferenciador de la céntrica avenida Ordoño II. La actuación prevista para julio afectará únicamente a la plataforma central de tráfico rodado, manteniéndose las aceras laterales y el diseño urbano implantado con la reforma.

El propio Consistorio ya reconocía meses atrás, en la documentación de los proyectos de mejora urbana aprobados por la Junta de Gobierno, que este tramo presenta un estado “muy deteriorado” y arrastra “necesidades específicas demandadas por la ciudadanía”. Vecinos y conductores llevan tiempo denunciando el mal estado del pavimento, con baldosas rotas, desniveles y zonas hundidas que han generado problemas tanto de accesibilidad como de seguridad.

La solución elegida consistirá en extender una capa de mezcla bituminosa sobre la parte central de la calle, aunque el Ayuntamiento pretende conservar una apariencia visual semejante a la actual mediante un acabado coloreado e impreso. Los trabajos incluirán además el repintado y delimitación del carril bici situado en el lateral izquierdo de la avenida, un espacio que también continúa generando controversia por la frecuente presencia de vehículos estacionados indebidamente y por la actividad de talleres mecánicos en el entorno.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

La Junta de Castilla y León no descarta que la empresa Indra fije su interés en algún emplazamiento de la provincia de León para su anunciado proyecto de una fábrica de nueva creación de vehículos blindados, dado que su inicial interés por Asturias no está de momento avanzando todo lo necesario.

En concreto, el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, ha confiado este jueves en mantener e incluso ampliar los proyectos de Indra en la Comunidad, aprovechando, dijo, la buena sintonía de su anterior director, el vallisoletano José Vicente de los Mozos, pero también con su sustituto, José María Recasens, que conoce “muy bien” la realidad industrial de Comunidad. Por eso, aseguró que “yo espero noticias positivas por parte de Indra hacia Castilla y León”, al ser preguntado por la posible implantación de la factoría de blindados que en el Principado parece encallada. A pesar de todo, el consejero quiso ser cauto y apeló a la “prudencia”, al considerar que corresponde a la propia empresa anunciar cualquier nueva inversión o iniciativa prevista.

“Nuestra oferta es permanente, cualquier oportunidad de inversión es bienvenida y afortunadamente hemos desarrollado bastante suelo industrial para ofrecer, a disposición de cualquier empresa que quiera invertir”, por lo que también “Indra es bienvenida”, subrayó Carriedo. En beneficio de León y de la Comunidad, además, aseguró que “nosotros no tenemos ningún prejuicio respecto al sector de la defensa y la seguridad”, al contrario de “otros ámbitos territoriales donde esto puede estar ocurriendo: no es el caso de Castilla y León”.

También ha recordado tras el Consejo de Gobierno el desarrollo de suelo industrial en provincias como León y ha defendido que Castilla y León ofrece ventajas competitivas por la cualificación de sus trabajadores, la existencia de cadenas de valor consolidadas y la experiencia industrial acumulada.

Indra ya tiene en marcha un proyecto fabril de tecnología de drones, de hecho proyectando la mayor fábrica de drones de uso militar en España, así como de munición bélica, junto a una compañía de Emiratos Árabes, que se implantará con una inversión prevista de unos 20 millones de euros en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, tal y como se anunció hace meses por parte de la compañía, el Gobierno y la propia Junta. También otra planta de última generación para la fabricación de micro-motores de drones en Valladolid y algunos proyectos añadidos en Salamanca, recordó Carriedo.

Ocurrió en varias ocasiones en la pasada década. De hecho, fue el motivo por el cual el Ayuntamiento de León decidió cambiar el modo en el que designaba el ganador del cartel de todas sus fiestas municipales. El plagio, o la excesiva 'inspiración', envolvió varios años diferentes carteles elegidos y por eso se instauró un concurso con jurado.

Y sin embargo, en tiempos en los que parece que el mayor riesgo es el uso de la Inteligencia Artificial generativa, ha vuelto a ocurrir: la Concejalía de Fiestas ha reunido al jurado de este año con pruebas suficientes como para decidir retirar el primer premio al ganador de este año. Se trataba de un leonés, Christian Andrés Gutiérrez, con una obra estilo retro pop festivalero que presentó bajo el título de 'Leomania'.

Ha bastado una comparativa con la obra gráfica de una artista norteamericana –se puede apreciar en detalles de la fotografía de este artículo– para decidir que el autor ha rebasado los límites de la simple inspiración. Y para dejar sin efecto con carácter inmediato la decisión adoptada por el mismo jurado hace apenas dos días. Lo cual, además, significa que el autor perderá la cuantía económica de 1.250 euros.

Sus explicaciones (insuficientes)

Ante la primera sospecha de la concejalía que dirige Camino Orejas, con la obra original en poder del Consistorio, esta decidió que era el mismo jurado el que tenía que adoptar la decisión final. En una reunión de urgencia se escucharon los argumentos del firmante de la obra premiada. Este reconoció “haberse inspirado” en el estilo, numerosos trazos y gran parte de la composición misma en el trabajo original, pero argumentaba que lo hacían original sus aportaciones, como la Catedral de León o un tipo de instrumento musical de cuerda distinto, por poner algunos ejemplos.

Tales argumentos no convencieron al jurado, que hicieron valer la parte de las bases del premio en los que se hace hincapié en que “los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos o certámenes, y sus autores serán responsables del cumplimiento de lo establecido en estas normas”. Además, “la responsabilidad ante una reclamación de cualquier tipo sobre autoría o plagio recaerá sobre el participante”, concluyen.

La decisión empaña al autor ahora relegado, científico alimentario de profesión y que, como se había recordado en la nota de prensa municipal, era diseñador gráfico e ilustrador freelance desde 2021. De hecho, también fue ganador del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León en 2024 con la obra ‘León psicodélico’.

Un cambio drástico y los precedentes

Tras esta decisión, que trastoca bastante los planes de la Concejalía, por cuanto hay que cambiar planes no sólo de cartelería sino incluso de programas de mano en pleno proceso de elaboración, ahora la segunda obra premiada, con un accésit, pasará a ser la elegida. Se trata de una obra firmada por Ángela García en el que se diseñan las letras en colores del nombre de las fiestas con un fondo negro.

Fueron varias las ocasiones en los que diferentes fiestas del municipio de León se vieron sacudidas por escándalos de plagio de similares características hace años, junto a otros que se hicieron famosos por su fealdad, incluso provocando un espontáneo e irónico concurso de artistas locales. Así, por ejemplo, en 2018, todavía gobernando el Partido Popular, se descubrió que un trabajo firmado por Óscar López en realidad estaba basado en una imagen copiada, que se podía encontrar de pago en un banco de imágenes en internet y que se había usado en infinidad de ocasiones y formatos, como portadas de libros o cuadernos de notas.

En esta ocasión, el 'marrón' les ha tocado a los miembros del jurado de este año 2026, formado por Camino Orejas López como concejala de Comercio, Consumo y Fiesta; Pablo Álvarez, redactor de La Nueva Crónica; Sandra Santos, cámara de Leonoticias; Ramiro J. López, jefe de Fotografía de El Diario de León; Ana Martínez, directora de Editorial de Editorial MIC; Laura Ges, diseñadora gráfica y creadora digital; Margarita Carnero, directora de la Galería de Arte Armaga León; Virginia Aguado, fotógrafa y Nerea Monterde, segundo accéssit del concurso para la elección del Cartel Anunciador de las Fiestas de Navidad 2025. Ejercía de secretaria Nuria Fernández.

Tras casi medio año, la Junta de Castilla y León ha tenido que admitir que no podrá cumplir su compromiso de que este verano de 2026 la provincia de León, la que más rescates de emergencia en montaña suma de toda la Comunidad, pudiera contar por fin con su propio helicóptero y sus propios rescatadores.

Así se asume hoy tras conocerse que el Gobierno autonómico acaba de aprobar un segundo intento de licitar este proyecto, cifrado en 2,5 millones, después de que el anterior intento en iguales condiciones que se puso en marcha a principios de este año haya resultado desierto, sin empresas interesadas en el contrato.

Los términos apenas cambian. La cuantía sigue siendo la misma, 2.497.278 euros, y la aeronave igualmente operará desde la base leonesa de Sahechores de Rueda, pudiendo intervenir desde allí en cualquier punto de Castilla y León, así como de manera puntual en comunidades autónomas limítrofes cuando sea requerido.

Las bases repiten también las condiciones de que el helicóptero contará con motor biturbina, tren de aterrizaje tipo esquí, capacidad para ocho plazas además del piloto, grúa de rescate, dos camillas y sistemas de comunicación específicos para emergencias. El equipo de rescate, que se incluye en la licitación, estará integrado por piloto, operador de grúa, médico, enfermero-rescatador y segundo rescatador, con presencia física permanente en la base y capacidad de activación todos los días del año.

El contrato será por un año de duración y, de haber tenido éxito el primer intento, debería haber tenido todo el nuevo operativo disponible y a pleno rendimiento desde este mismo mes de mayo de 2026 hasta abril de 2027. Pero por los plazos, ya es evidente que este verano no será todavía posible disponer de este aumento de la protección ante rescates de montaña o emergencias sanitarias extraordinarias.

De este modo,  la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones ha intentado, de momento sin éxito, sumar un nuevo helicóptero y equipo a la única aeronave de rescate de que se dispone hasta ahora en toda la Comunidad, con base en Alcazarén (Valladolid), en un contexto en el que las intervenciones se han multiplicado por cinco en los últimos años, siendo las más numerosas (casi el 60%) rescates de montaña, con León a la cabeza junto a Ávila, según argumentaba hace meses la propia Junta.

De las 40 intervenciones registradas en 2018 se pasó a 188 en 2024, y a 145 en 2025. Casi el 60% de los rescates se realizan en montaña y, en la mayoría de los casos, los afectados presentan lesiones traumáticas. Más de la mitad de las intervenciones requieren además atención sanitaria inmediata, lo que llevó a la Junta a reforzar la medicalización de los rescates, incorporando un médico a bordo del nuevo helicóptero.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dejado a León fuera del reparto provisional de ayudas destinadas a redes urbanas de calor y frío renovables. Se trata de un amplio listado en el que se asignan a nivel nacional 50 millones de euros para fomentar un total de 37 proyectos de redes de calor y frío, con inyección económica proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y del que el único proyecto planteado en la provincia leonesa ha sido denegado.

La propuesta de resolución provisional suma diez proyectos aprobados en la Comunidad, para una potencia energética conjunta de 98,4 megavatios, con el 'riego de 10,6 millones de euros. Pero la provincia de León no obtiene ninguno. Es importante aclarar que no se trata de la llamada Red de Calor que impulsa la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, con total apoyo del Ayuntamiento de la ciudad: se trata en realidad de una iniciativa privada, desconocida públicamente hasta ahora, cuyo nombre es exactamente “Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Leoniomasa de la Red de Calor de León'. Esta iniciativa ha resultado inadmitida por el Ministerio aduciendo un aparente tecnicismo, un defecto documental.

En cambio, el gran y controvertido proyecto público de la Junta, que la sociedad Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente acaba de impulsar con una licitación por un valor de 62 millones de euros para la primera fase de todo el complejo, sigue su propio curso en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal. En su caso la Junta sí detalla que dispondrá de fondos públicos estatales y europeos, a través de los fondos para la Transición Justa de las antiguas cuencas mineras, algo que también ha sido duramente criticado por no ser la ciudad ni por asomo una zona afectada por la traumática clausura de minas y centrales térmicas. En concreto, ILEÓN ya publicó que la inyección se cifra en 22 millones de euros, casi un tercio del coste inicial para arrancar, según la cuantía de las licitaciones.

Sin embargo, la nueva iniciativa privada ha recibido el 'no' de subvención del Ministerio con el argumento oficial de que la compañía solicitante “no aportó el certificado de resguardo de garantía exigido en la convocatoria”. De ahí que el expediente figure como inadmitido por un tecnicismo administrativo, lo que impide que pueda optar a los fondos europeos del programa Renored impulsado por el IDAE. En ningún momento se da a conocer la cuantía de ayuda económica que se había pedido para este caso privado.

El reparto de los que sí

El listado provisional difundido por el Ministerio recoge un total de doce proyectos presentados en Castilla y León. De ellos, diez han sido aprobados y dos inadmitidos. Además del caso leonés, también ha sido rechazado el proyecto Red de Calor con biomasa en Aspanias Burgos, en Alfoz de Quintanadueñas (Burgos), en su caso por no presentar la documentación de subsanación requerida.

Sin embargo, la provincia burgalesa concentra el mayor volumen de ayudas aprobadas en la Comunidad. La capital recibirá 1.445.360 euros para el proyecto ‘Burgos ampliación central’ y otros 2.366.703,73 euros para ‘Burgos ampliación red’. Además, Aranda de Duero contará con dos actuaciones subvencionadas: 1.128.274,60 euros para la ampliación de su red de calor y 601.037,11 euros para una ampliación de central de generación renovable con biomasa.

Palencia suma dos expedientes aprobados. El primero, para la ampliación de la red de distribución de calor de la capital palentina, que recibirá 299.797,99 euros; y el segundo, denominado ‘Red de calor y frío renovable-Palencia’, con una ayuda de 607.152,52 euros.

También ha sido aprobada una ampliación de red de distribución de calor en Ávila, con una subvención propuesta de 954.616,33 euros. En Salamanca, el proyecto ‘Hefesto Villares’, ubicado en Villares de la Reina, recibirá 431.188,85 euros.

La provincia de Soria incorpora dos actuaciones subvencionadas. Por un lado, la ampliación de la red de calor de Soria capital obtendrá 1.268.675,42 euros. Por otro, el proyecto ‘Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Ólvega’ contará con 1.558.508,05 euros.

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NOTA DE RECTIFICACIÓN. En la versión inicial de esta noticia, de fecha 27 de mayo, se dio por hecho, a causa de un error de interpretación, que el proyecto cuya subvención europea rechazaba el Ministerio era el de la Red de Calor de la Junta de Castilla y León. El consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado el jueves 28 del mismo mes que se trata en realidad de dos proyectos distintos.

La asociación Unidad Leonesa ha convocado una manifestación para el 24 de junio, día festivo en León por ser el día de San Juan, con el objetivo de exigir a la Junta de Castilla y León que rectifique su respaldo económico a los proyectos históricos impulsados por el Ayuntamiento soriano de San Esteban de Gormaz en torno a la denominada Curia de 1187. La organización considera que las subvenciones autonómicas contribuyen un “agravio histórico más” y ayudan a cuestionar el papel exclusivo de León como Cuna del Parlamentarismo, una condición avalada por la Unesco desde 2013, mediante la inclusión de los Decreta de 1188 en el programa Memoria del Mundo.

La movilización surge tras conocerse, tras publicarlo ileon.com, que la Junta concedió cerca de 232.000 euros en ayudas para iniciativas de divulgación patrimonial y turística vinculadas a la Curia Regia celebrada en San Esteban de Gormaz en 1187, un acontecimiento que desde el municipio soriano se presenta como antecedente de las primeras experiencias parlamentarias de la península. Entre los proyectos financiados figura la creación de un centro de interpretación y otras actuaciones destinadas a reforzar la promoción histórica de ese episodio medieval.

Unidad Leonesa sostiene que esa interpretación entra en conflicto con el reconocimiento otorgado a las Cortes de León de 1188, consideradas por la Unesco el testimonio documental más antiguo del parlamentarismo europeo. Durante una rueda de prensa, representantes de la asociación insistieron en que la reunión celebrada en San Esteban de Gormaz no puede equipararse a las Cortes convocadas un año después por Alfonso IX en León, al entender que en el encuentro castellano no existió participación política efectiva de los distintos estamentos ni un sistema de representación semejante al que quedó reflejado en los Decreta leoneses.

El portavoz de la entidad, Hermenegildo López, calificó la decisión de la Junta como una “metedura de pata” y reprochó al Ejecutivo autonómico que financie iniciativas que, a su juicio, “pisotean” la verdadera historia y generan confusión sobre un hecho histórico ya reconocido por organismos nacionales e internacionales. López recordó además que fue la propia Junta la que reconoció oficialmente a León como Cuna del Parlamentarismo hace más de una década y defendió que existe abundante documentación histórica que acredita la singularidad de las Cortes leonesas de 1188.

La asociación subraya que su crítica “no va dirigida contra los castellanos” ni contra San Esteban de Gormaz, sino contra lo que considera una utilización inadecuada de fondos públicos para promocionar una interpretación histórica que atribuye carácter parlamentario a una reunión convocada, según su versión, para comunicar cuestiones dinásticas relacionadas con la Corona castellana.

Junto a la reivindicación histórica, la convocatoria del 24 de junio servirá también para reclamar un mayor reconocimiento de la identidad leonesa y reiterar las demandas autonomistas que la asociación viene defendiendo desde hace años. La secretaria de la entidad, Gemma Tagarro, afirmó que la movilización llega porque “nuestra historia no nos la roba nadie” y es el momento de “dar un puñetazo en la mesa” para exigir respeto para la historia del antiguo Reino de León y denunciar lo que considera una progresiva invisibilización de su legado dentro de la actual Comunidad autónoma.

Durante la presentación de la protesta, distintos miembros de Unidad Leonesa acusaron además a la Junta de favorecer económicamente proyectos vinculados a la historia castellana mientras, según denuncian, no existe un apoyo equivalente para la promoción y divulgación del patrimonio histórico leonés. Por ello reclaman una rectificación pública del Gobierno autonómico y la retirada de cualquier referencia que pueda situar a San Esteban de Gormaz como origen del parlamentarismo en detrimento de las Cortes celebradas en León en 1188, a pesar de que la Junta finalmente ha querido resolver la situación obligando a incluir en la exposición panel que aclare que la única Cuna del Parlamentarismo fue León, algo que el colectivo considera insuficiente.

La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

La Diputación de León acaba de resolver, con una celeridad poco habitual, de menos de dos meses, la convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para ayudarles económicamente en la redacción de planes de actuación por incendios forestales. Unos planes de autoprotección que eran obligatorios desde el año 2013 pero que la Junta, competente en la materia, y las diputaciones se dieron cuenta de que casi nadie ejecutaba a raíz de los brutales incendios de agosto del año pasado, sin precedente histórico alguno, que llegaron a sumar 135.500 hectáreas, pueblos arrasados y cuatro muertos.

La convocatoria se resuelve ocho meses después de los siniestros que arrasaron además cerca de un 10% del total de la superficie forestal de la provincia leonesa. Partía de una partida económica de 400.000 euros públicos reflejados en el presupuesto de la Diputación leones apara este año, como partida estelar, y de ella han conseguido repartir finalmente un total de 278.497 euros. Es decir, poco más de 30% se quedará sin ejecutar.

Tal y como ha informado la Diputación a través de un comunicado, que concederá ayudas finalmente a 104 municipios cumplidores de la provincia, de los 116 obligados a contar con los planes Infocal de protección, con el objetivo de colaborar en la elaboración de estos documentos, que permitirán “mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles incendios forestales”.

La institución explica que no haber conseguido llegar a ayudar a todos los municipios no es un problema suyo, sino que de los 12 ayuntamientos que se han quedado fuera de la convocatoria impulsada en marzo, “once no presentaron la solicitud y uno de ellos lo hizo fuera de plazo”, sin especificar en ningún momento los que no han cumplido.

Criterio por número de pueblos y la lista de los que más

Las ayudas cubren, por razones de interés público, el 100% del presupuesto presentado por los ayuntamientos solicitantes, con un máximo de 1.800 euros por plan y cien euros más por cada uno de los pueblos que tenga el municipio beneficiario.

Por ese motivo, de entre los municipios que más reciben destaca Riello, que percibirá 5.690 euros para la elaboración de planes en sus 39 localidades, Vega de Valcarce, con 4.000 euros para 22 localidades, Valderrueda, con 3.899 euros para 21 localidades, así como Boñar, Gradefes, Santa Colomba de Somoza y Villamanín, que obtendrán 3.700 euros cada uno.

Ahora, los planes deberán elaborarse en formato digital utilizando la aplicación específica para la digitalización de guías de respuesta y planes de actuación de ámbito local por incendios forestales para garantizar que la información contenida en ellos pueda ser interoperable y consultable por las distintas administraciones competentes. Se trata de esta web, un recurso que no tiene uso público ni tampoco acceso detallado para particulares y que está en manos de la Fundación Cesefor, fruto de ayudas europeas y su alianza estratégica con la Junta de Castilla y León.

Otro detalle llamativo es que los municipios beneficiarios están ahora obligados a realizar medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de León durante un periodo mínimo de 30 días naturales, así como a justificar la ayuda económica, fijada en una fecha que concluye el próximo 31 de octubre de 2026.

“Como sabéis, yo tampoco mantenía una relación excepcionalmente fluida con el presidente Zapatero”. “Yo sé que no les gustaba mucho”. “Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”. Ha tardado algo más de tres días en reaccionar públicamente y estas han sido algunas de las primeras y muy intencionadas palabras del alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, al tsunami político que ha supuesto la imputación judicial por corrupción del expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

El regidor de la capital, una recurrente voz crítica interna en el PSOE, incluso con un enfrentamiento poco disimulado con la Ejecutiva provincial y su líder, Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Zapatero, valoró la noticia como “de una preocupación extrema y de una gran decepción”, algo, dijo, que cree que comparten “prácticamente la mayoría de los leoneses”. Y personalmente añadió que además “a mí me genera una enorme y una profunda decepción”.

Y es que considera que “leyendo detenidamente el auto del juez (de la Audiencia Nacional), hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas”. “Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, y hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia, pero evidentemente son cosas que preocupan y preocupan mucho”.

Diez continuó su valoración más bien íntima pero también en clave de repercusión política esgrimiendo que “a mí lo que me gustaría es que esto se resuelva lo más rápidamente posible, por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada, por el propio presidente Zapatero”... “Y por el resto de diputados”, añadió, en una poco disimulada referencia al líder Cendón, diputado nacional por León, que recientemente le enseñó la puerta de salida del Partido Socialista al actual alcalde para que no repitiera como candidato en las municipales del año que viene, a lo que este retó con que le echaran de la formación en una creciente escalada de confrontación.

Este mismo mes, el regidor, por ejemplo, defendió públicamente que era más defendible su proximidad a la Junta de Castilla y León (PP) y sus recientes inversiones en la ciudad que la de Cendón a los exdirigentes socialistas, ministros y secretarios de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o su asesor Koldo García, los tres sentados en el banquillo de los acusados. Zapatero se sumaría ahora a la lista de acorralados por la Justicia bajo acusación de corrupción. Pero también han sido varios los encontronazos públicos de Diez con el propio Zapatero, tras las críticas del expresidente a la creciente oleada de aspiración de un autobogierno y una autonomía propia para León, sin Castilla.

En este contexto, el regidor remarcaba eso de que “igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”, en referencia a que era vox pópuli que en la voluntad de Cendón de buscar un sustituto para el próximo cartel electoral socialista en León, prescindiendo del crítico Diez por ejemplo vía primarias (una vía empleada ya en Gijón), era una maniobra en la que el propio Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Ante este nuevo giro radical, el alcalde se limitó a razonar que “como todo en la vida, hay quien está más cercano y ahí quien está más alejado... Si apuestas bien, bien; si apuestas mal, no lo sé”: otro indisimulado recadito para Cendón.

Y de haber alguna implicación interna, aseguró que “las consecuencias respecto a esta acción de la justicia, si hay que tomarlas o no, tendrán que derivarse, evidentemente, desde arriba, desde la Ejecutiva Federal”. “Yo, únicamente, desear que sea lo menos posible (para Zapatero) y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es sumamente preocupante”.

La ciudad de León iba a saldar una vieja deuda, a cerrar una sangrante herida histórica abierta, con un exconcejal socialista del Ayuntamiento 'paseado' a manos de pistoleros falangistas y enterrado en una fosa en el pueblo de Mansilla de las Mulas tras triunfar el golpe de Estado de 1936. Pero finalmente no podrá ser. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncia que, a pesar de haberse otorgado todos los parabienes, al final el Ayuntamiento ha vetado con diferentes excusas que se celebre en sus instalaciones un simbólico acto de entrega a familiares de los restos desenterrados en Mansilla de cuatro de ellos. Y eso a pesar de que uno, Miguel Carro Llamazares, fue concejal en el Consistorio leonés.

Según denuncia hoy la organización, el pasado 29 de abril la asociación solicitó formalmente un espacio para llevar a cabo la entrega de los restos a las familias y Alcaldía ofreció la participación del alcalde, el socialista José Antonio Diez, “en el acto que se celebraría en el Salón de Plenos el viernes 5 por la mañana”, no un sábado porque “las bodas se celebran los sábados”.

Según el relato público de la asociación memorialista, encargada hace un año de la exhumación que desenterró a Carro y otros tres cuerpos de las decenas de represaliados por el franquismo en Mansilla, con la respuesta oficial municipal ARMH pudo en marcha toda la coordinación, incluido el desplazamiento de familiares incluso desde otras comunidades autónomas.

La sorpresa ha llegado “esta semana”, cuando “la Alcaldía se ha puesto en contacto con la asociación para decir que el acto no se podía celebrar en esas condiciones, en esa fecha y en ese lugar”, lamenta la organización. Y los argumentos esgrimidos han sido varios: “que no se puede hacer una entrega de restos en un espacio municipal, que se va a celebrar una boda ese día y a esa hora, o que no se ha logrado un acuerdo con los grupos municipales”, asegura la asociación en una nota de prensa.

La indignación ha prendido, al recordar la ARMH que su organización “ha hecho entrega de ese tipo de restos en diversos ayuntamientos sin ningún problema, uno de los últimos en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña”. También recordando que “fue la propia Alcaldía la que determinó que se celebrase el acto un viernes porque las bodas eran los sábados”. “Y con respecto al acuerdo con los grupos municipales, un acto de este tipo puede ser decretado desde la Alcaldía”, concluyen, desmontando lo que consideran un abanico de excusas.

Más presión para Paradores por San Marcos

Lejos de achantarse, la asociación ha optado por incrementar la presión. Lo ha hecho solicitado por registro la cesión de un espacio al Parador de San Marcos“ para celebrar este simbólico acto familiar, teniendo en cuenta que de allí, cuando era uno de los más terribles campos de concentración del régimen golpista, ”que fueron sacados los cuatro hombres que fueron asesinados y enterrados en una fosa común en Mansilla de Las Mulas“.

Los familiares respaldan esta petición por considerar de un “enorme valor simbólico que la entrega de los restos a las familias se llevase a cabo en el mismo lugar en el que los cuatro republicanos estuvieron detenidos y del que fueron extraídos por pistoleros falangistas” que acabaron con sus vidas sin que nadie pagara jamás por ello. La petición registrada está sobre la mesa del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como se ha enviado copia a los responsables del Parador de San Marcos y a la propia Presidencia de Paradores de España.

Hace cerca de un año fue en un ayuntamiento leonés, el de Mansilla, entonces con gobierno y alcaldesa del Partido Popular (PP), donde no hubo problemas en realizar un Pleno extraordinario en desagravio y memoria de los únicos cuatro 'paseados' que fueron localizados en su cementerio, de entre los muchos que se sabe que recibieron los balazos mortales de falangistas descontrolados y con la total permisividad del régimen fascista. Diferentes testimonios hablan de escenas desgarradoras, con frases como que “los mataron como a conejos”.

Demás de los emocionados testimonios de los familiares, y la presencia de muchos de ellos, por unanimidad se acordó el futuro honor de dedicarles una calle del municipio: la futura Calle Vecindario Represaliado en 36.

Los cuatro que han sido identificados

La fosa excavada por la ARMH esperaba más, pero al menos pudo identificar ya sin duda, según cotejó después con el ADN de sus descendientes, los restos mortales de cuatro fusilados a traición un 18 de diciembre de 1936. Para el caso del Ayuntamiento de León, es especialmente relevante el perfil de Miguel Carro Llamazares, concejal del Ayuntamiento de León, presidente de la Agrupación Socialista de la capital y miembro de UGT. Fue detenido en agosto de 1936, como su amigo, alcalde y periodista Miguel Castaño. Tras su muerte, las autoridades franquistas confiscaron y subastaron su patrimonio para hacer frente a una deuda que le había sido impuesta por la irónica acusación de “traición”. También destaca José Fuertes Martínez, un joven abogado de 24 años natural de Trobajo del Camino y militante de Izquierda Republicana, que igualmente fue detenido y encarcelado en San Marcos. Además de la represión sufrida, sus bienes permanecieron embargados hasta 1959, después de que se le impusiera una multa de 1.000 pesetas.

La relación de represaliados recuperados incluye a Fernando Blanco Sandoval, de 25 años, tipógrafo, editor del semanario socialista Iskra y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en León, una de las organizaciones juveniles más activas del movimiento obrero y republicano en la provincia durante la Segunda República. Junto a él se ha identificado a Mariano López López, natural de Matapozuelos (Valladolid), que trabajaba como mozo ferroviario y simpatizaba con el Frente Popular. Tenía 36 años cuando fue detenido de forma ilegal y después igualmente ejecutado extrajudicialmente.

Más de 20 calles de honor franquista permanecen

Hay que recordar, ante la negativa institucional del equipo de Gobierno a albergar este acto de desagravio y memoria histórica, que en la ciudad permanecen por inacción de grupo socialista y su alcalde, José Antonio Diez, más de 20 calles que incumplen desde hace 19 años la Ley de Memoria Histórica, y después la de Memoria Democrática, al mantener nombres de destacados personajes del régimen franquista. Entre ellos, nombres como Generalísimo Franco, General Millán Astray, General Sanjurjo, General Yagüe o José Antonio, por Primo de Rivera, fundador de la Falange que el dictador abrazó. Hace años que no ofrece compromisos ni fechas concretas para el cumplimiento de la mencionada Ley.

Por su parte, Paradores Nacionales, la red estatal de hoteles de lujo histórico que tiene en San Marcos uno de sus joyas de cinco estrellas por decisión del propio Franco en la década de los 60, sigue en el punto de mira por no haber atendido apenas a las voces que exigen identificar el monumento plateresco como Lugar de Memoria, por haber sido sede de uno de los peores campos de concentración del país, con hasta 12.000 hacinados al mismo tiempo y sumando cerca de 40.000 cautivos en toda su existencia, según cifra José Cabañas con datos oficiales del régimen.

La ARMH encabeza esas voces, que se han llegado a contar por cientos de firmas, que censuran que el Estado aún esconde el horror allí vivido, exigiendo cuando menos una placa exterior de desagravio, más allá del acto exclusivo e íntimo celebrado en 2021 todavía en plena pandemia y protagonizado por el artífice de la Ley de Memoria, José Luis Rodríguez Zapatero. Y el fin de agravios constantes como los que se han convertido en escándalo en recientes fechas.

“Es inequívoco, así lo dijo el presidente de la Junta de Castilla y León, que la Cuna del Parlamentarismo europeo está en León: en el año 1188 se celebraron las primeras Cortes de León, que es la primera reunión que tiene como referencia una Cuna del Parlamentarismo europeo, convocado por el rey Alfonso IX de León. Así se ha conseguido que se decrete por parte de la Unesco y así lo venimos defendiendo desde la Junta de Castilla y León”.

El portavoz del Gobierno provisional de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reconoció hoy a preguntas de ILEÓN que León tiene en exclusiva el reconocimiento de 'Cortes del Parlamentarismo' y que no San Esteban de Gormaz, como defendía el ayuntamiento soriano en la promoción de su proyecto de un Centro de Interpretación Turístico de su curia de 1187 titulado 'Puerta de las Cortes, Castilla 1187'. Fue la propia Junta en 2011 la que concedió esta figura a la capital leonesa, homenaje al que se sumaron las Cortes Generales Españolas en 2019 y ratificó el Rey de España en la reunión del Parlamento Europeo en San Isidoro de León el pasado 2025, consolidando esta marca política.

Sin embargo, la propia Junta invertirá 200.000 euros en la sala expositiva de la localidad soriana para que recuerde a los turistas que su curia regia convocada por Alfonso VIII de Castilla tuvo convocados medio centenar de miembros de ciudades en ella. “Eso no quita para que hayamos convocado una orden de ayudas a iniciativas de carácter cultural que desarrollan municipios de pequeño tamaño, en este caso de poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, a las que se ha presentado el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en Soria”, explicó Carriedo, sin dar importancia a la monumental polémica que creó la propaganda municipal en la que aseguraban que fueron las primeras Cortes del occidente europeo. Este extremo no fue tal, ya que aquellos ciudadanos estuvieron presentes sólo para actuar de testigos, no electos y con voto estamental como en el Reino de León a partir de 1188.

El portavoz de la Junta indicó que lo que había pasado es que el municipio castellano “recibió una ayuda para un proyecto cuya denominación definitiva es 'San Esteban de Gormaz, Puerta de la historia'. Y entre las exigencias para este proyecto es que uno de los paneles se van a referir al reconocimiento de León como Cuna del Parlamentarismo, y nuestros paneles van a estar ubicados también allí en San Esteban de Gormaz como elemento de referencia, siendo aspectos relativos a la historia de San Esteban de Gormaz. Y en este proyecto de 'San Esteban de Gormaz, Puerta de la historia' va a haber un panel específico y un reconocimiento al hecho cierto que es el que nos mueve: que la Cuna del Parlamentarismo europeo está en León”.

De esta manera la Junta quiere solventar la polémica imponiendo en San Esteban de Gormaz un panel en el que se especifique claramente que la Cuna del Parlamentarismo está en León, pero sin embargo no critica que el municipio soriano se arrogara esta figura representativa política que ella misma dio a León y no entró a valorar el error de asegurar que unos ciudadanos presentes representando a sus localidades no tuvieran voto como en León; es decir, no tuvieran representatividad por mucho que la comunicación de este proyecto soriano sí lo afirmara.

Tampoco criticó que el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que fue el que aprobó esa ayuda, asegurara que se había “manipulado políticamente la situación ya que San Esteban de Gormaz no afirma que sea la Cuna del Parlamentarismo”, cuestión que ILEÓN desmintió poniendo las capturas de pantalla de la nota de prensa municipal del ayuntamiento soriano y la web del proyecto que se puede ver justo aquí debajo.

Son señales de tráfico que no existían hace apenas unos meses y, sin embargo, ya comienzan a formar parte del paisaje urbano de la ciudad de León. La capital leonesa estrena estos días alguna de las primeras señales que la Dirección General de Tráfico (DGT) convirtió en obligatorias por primera vez en verano del pasado año tras un período inicial después de la actualización del catálogo de señales del Reglamento General de Circulación, la última desde 2023.

Las principales novedades se atienen a importantes y recientes cambios tecnológicos y sociales de movilidad, con la multiplicación de circulación de otros tipos de vehículos muy diferentes a los habituales. Y uno de ellos, por ejemplo, son los vehículos de movilidad personal, los llamados VMP, que simplificadamente se conocen como patinetes eléctricos, en todas sus modalidades.

Este tipo de vehículos se ven ahora acotados en su posibilidad de circular con carácter nacional por ciertos puntos, especialmente en calles o plazas peatonales, y se regulan por una señal que antes no existía, como es la señal R-118. Su dibujo no deja mucho lugar a dudas de que principalmente limita el tránsito de los patinetes eléctricos: un círculo rojo de prohibición y el dibujo de uno de ellos, enchufe eléctrico incluido, se encargan de dejarlo muy claro. Y quienes no se habitúen a su presencia y circulen por estos puntos ahora prohibido se atendrán a la consiguiente multa. Las sanciones actuales oscilan entre 100 y 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Es precisamente esta señal una de las primeras que ha aparecido en una zona bien sensible de la ciudad León y que comienza a llamar la atención. Se ha colocado en la confluencia de la calle de San Pedro, justo detrás de la Catedral de León, en la confluencia con la avenida José María Fernández, arteria principal del populoso barrio de El Egido. Allí, donde hasta hace poco aparecía una simple señal de prohibición de paso en sentido a la Catedral, se ha colocado en la parte superior una de esas nuevas señales restringiendo la circulación de patinetes eléctricos. Y hay que recordar a los conductores de este tipo de vehículos que no ver la señal, o desconocer la restricción que impone, no exime de recibir una multa.

La R-118, que ya se estudia en las autoescuelas tras su incorporación oficial al Código por parte de la DGT (que comenzó a anunciarse en 2019), es una señal de prohibición de acceso, reconocible por su formato circular con borde rojo y un pictograma asociado a un patinete eléctrico. Si, como es el caso de León, aparece al inicio de una calle, o en un tramo o zona en concreto, se prohíbe la circulación, no solo de patinetes, sino de cualquier vehículo de movilidad personal (VMP), como también puede ser los monociclos.

Las restricciones de la ordenanza municipal

En el lugar donde se ha instalado ocurre que la restricción ya estaba antes en vigor por parte de la nueva ordenanza municipal de León, que entró en vigor de manera formal a principios de este año 2026. La ordenanza se puede consultar completa en este enlace. Aunque de momento no es muy conocido por los usuarios, en ella se establecen muy específicamente tres puntos de prohibición expresa de circulación de VMP o bicicletas, y uno de ellos es el que ahora la nueva señal de la DGT identifica: la Plaza de Regla o de la Catedral de León, y su entorno inmediato de la calle Ancha y la calle de San Pedro.

Los otros dos puntos son el puente peatonal de San Marcos y la calle Emilio Hurtado, una zona de mucho tránsito hacia y desde la zona universitaria de León. La Policía de Tráfico del Ayuntamiento de León comenzó el año con una campaña de endurecimiento de estas restricciones y multó a 162 conductores de patinetes eléctricos en apenas dos semanas de la nueva normativa, 38 de ellos a menores de 16 años, que expresamente tienen prohibido utilizar este tipo de vehículos en la ciudad. La nueva señal de la DGT ahora refuerza esa prohibición de paso junto a la Catedral.

Los más viejos del lugar -y son muchos- lo recuerdan: Fue hace tres décadas cuando comenzaron a sonar las voces reivindicativas pidiendo que entre Mansilla de las Mulas y Gradefes hubiera algún otro puente de paso de tráfico sobre el río Esla, interconectar las carreteras N-621 y LE-213, para no dejar a decenas de pueblos leoneses abocados diariamente un rodeo insufrible en sus comunicaciones.

Esta semana, de golpe, y sorprendentemente muy en silencio, ha llegado el impulso definitivo a este nuevo y vital puente que, según el trazado elegido al final por la Junta de Castilla y León, conectará de manera directa los pueblos de la Aldea del Puente y San Miguel de Escalada. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) desvelaba este miércoles que la Junta se otorgaba a sí misma la evaluación de impacto ambiental favorable. Lo que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no ha contado es que, además, la obra por fin se ha licitado.

Fue este martes 19 por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el arranque del futuro contrato de ejecución del paso sobre el río Esla fija por fin lo que puede ser su coste real: prácticamente 7 millones de euros. Se trata de una cifra que es casi la mitad de la primera cuantificación aireada por la Junta, al menos de 4 millones. Claro que el retraso acumulado es abrumador.

El proyecto original ya se mencionaba en un documento de compromiso inversor que resultó tener un abrumador grado de incumplimiento: el llamado Plan Regional de Carreteras de Castilla y León 2008-2020. Fue impulsado por el entonces consejero de Fomento, el leonés Antonio Silván. Bajo su largo mandato nada avanzó sobre el puente, para desesperación de los municipios afectados, Villasabariego, Valdepolo y Gradefes. Tuvo que llegar el relevo en la Consejería de Fomento, con el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que a bombo y platillo anunciara el desbloqueo de esta infraestructura en 2016 -hace una década-, que costaría en torno a 5 millones de euros, al 50% pagado entre la Junta y la Diputación. Esta fue la nota oficial.

Siguiendo la pista de los retrasos, en 2018 la Consejería realizó un informe previo con la cuantía de inversión de 4,5 millones y en 2019 se aprobó el estudio informativo, planteando tres posibles alternativas de paso. El proyecto definitivo de marzo de 2023 ya sufría el sobrecoste del paso del tiempo, cuantificándose en casi 6 millones de euros (9.501.183 euros exactamente). Y no ha sido hasta octubre de 2025 que se ha realizado el informe previo a la licitación de las obras ahora impulsada. Una licitación que finalmente sale por un precio de 6.946.850,10 euros.

Entre medias, no sólo los sucesivos alcaldes de la comarca leonesa criticaban el ritmo del nuevo puente. El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y hoy alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, atacaba con dureza a la Junta por sus incumplimientos en 2020. Y volvía contra el Gobierno autonómico las propias cifras de Quiñones cuando lo presentó en 2016, diciendo entonces que ese puente beneficiaría a unos 2.500 vecinos vecinos de 20 pueblos y acortaría en media hora el trayecto a León, con “un ahorro de 40.400 horas de desplazamiento al año”. Santos hizo la cuenta de 20 años de retraso: el 'castigo' a los vecinos había sido de 808.000 horas o, lo que es lo mismo, 93 años.

Los detalles de una obra relevante

Los detalles técnicos de una obra que será relevante vienen detallados en la evaluación de impacto ambiental. La alternativa 2 seleccionada contempla una carretera de nueva construcción de algo más de dos kilómetros (2.151 metros de longitud) y plantea la ejecución de un viaducto de 330 metros sobre el cauce del Esla, entre los puntos kilométricos 0,635 y 0,965.

Para salvar toda la posible zona de inundación, el puente tendrá formado por 10 pilares y 11 vanos, en una carretera de calzada única con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de un metro. Su trazado partirá de la carretera N-625 (Mansilla-Cistierna) la altura de La Aldea del Puente, y enlazará con la carretera provincial LE-5625 en un punto intermedio entre los pueblos de Vega de los Árboles y San Miguel de la Escalada. Allí, además, permitirá dar continuidad a la carretera LE-5632, que conecta con Sahelices del Payuelo desde la N-625.

El principal objetivo del proyecto es reducir drásticamente los tiempos y distancias de comunicación entre los pueblos de ambas márgenes del río, como San Miguel de Escalada, Quintana de Rueda o La Aldea del Puente, pasando de recorridos actuales de unos 30 kilómetros a trayectos inferiores a cinco.

Como impactos, destacan que la carretera atravesará el río Esla y varias zonas de cultivo, además de coincidir parcialmente con el Monte de Utilidad Pública número 953, denominado ‘Riberas del Río Esla’, en el municipio de Gradefes. También afectará a varias infraestructuras rurales, con incidencia sobre 36 parcelas, seis caminos y ocho obras de riego.

En cuanto a las afecciones territoriales, el proyecto prevé un cruce con la vía pecuaria conocida como Colada de Villomar y discurre junto a la Colada el Priorato. Y muy importante: le separará algo más de un kilómetro de los valiosos restos del Monasterio de San Miguel de Escalada del siglo X, una construcción mozárabe única, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Gobierno ha justificado el estiramiento en el tiempo, la prórroga de seis meses del contrato para redactar el estudio de viabilidad del trayecto ferroviario León-Ponferrada, por la necesidad de disponer de datos actualizados de demanda y uso de la línea. Unos datos que asegura que dependen de terceros y que han provocado una demora en los trabajos contratados hace justo dos años, en 2024., a la empresa WSP Spain Apia SA, el ramal español de la multinacional sueca WSP Europe AB.

Esa es la respuesta que consta ante una pregunta parlamentaria formulada por las diputadas del Partido Popular (PP) de León Ester Muñoz y Silvia Franco sobre el retraso acumulado en este estudio, considerado estratégico para la provincia de León y la comarca de El Bierzo, ya que debe abogar por la solución que acabe con el embudo que supone el llamado Lazo del Manzanal.

Las parlamentarias recordaban que el contrato adjudicado en mayo de 2024 contaba con un plazo inicial de ejecución de 18 meses, expirado hace medio año, y preguntaban al Ejecutivo las condiciones de la prórroga aprobada y las garantías de cumplimiento del nuevo calendario, el cual, por cierto, se desconoce.

En su respuesta, el Gobierno señala que la ampliación del plazo se debe principalmente a la elaboración del estudio de demanda, una fase clave del proyecto que requiere información actualizada sobre tráfico y servicios, cuya disponibilidad depende de fuentes externas. Según el Gobierno, esta circunstancia ha ralentizado el avance del conjunto de los trabajos más allá de lo inicialmente previsto. No obstante, subraya que la demora “no es imputable al contratista”, sino a factores ajenos vinculados a la obtención de datos necesarios para el análisis.

El estudio es vital para analizar distintas opciones para mejorar las prestaciones del corredor ferroviario León-Ponferrada, entre ellas actuaciones sobre el trazado actual, la posible incorporación de un nuevo recorrido de alta velocidad para viajeros o la implantación de una línea de altas prestaciones para tráfico mixto en el entorno del denominado Lazo del Manzanal“, uno de los puntos negros hoy en día insalvables de la red ferroviaria en la provincia.

Un precedente idéntico, también negativo para León

La estrategia de dilación de los plazos y la de no ofrecer una nueva fecha segura para la conclusión del estudio es idéntica a la que el Ministerio también ha utilizado en otra reivindicación esencial para la provincia: la reapertura de la vieja línea ferroviaria del oeste, la Ruta de la Plata, que se cerró en 1985 entre Plasencia (Extremadura) y Astorga (León). En este caso concreto, la 'culpa' de la falta de colaboración y datos se la achaca el Ministerio a algunos ayuntamientos que no han respondido en tiempo y forma.

El corredor León-Ponferrada es una infraestructura considerada estratégica para la vertebración territorial del noroeste peninsular y para la mejora de las conexiones ferroviarias en Castilla y León, especialmente en el acceso a la comarca berciana, así como la conexión con Galicia y sus puertos de mar. Y no sólo no se culmina en tiempo y forma el estudio de viabilidad, ni se ofrece certeza de nueva fecha, sino que por otra parte se impulsa otro contrato de mejoras muy puntuales en la línea, de 3,8 millones de euros, con un dilatadísimo plazo de ejecución que llevaría hasta el año 2029.

La respuesta del Ejecutivo llega en un contexto de creciente interés político e institucional sobre el futuro de esta línea ferroviaria y sus posibilidades de modernización, especialmente en relación con el tránsito por el puerto del Manzanal, identificado como uno de los principales cuellos de botella de la red ferroviaria.

“Lo grave no es solo que se prorrogue el contrato, sino que, después de reconocer esa prórroga, el Ministerio siga sin ofrecer fechas ciertas, sin concretar el horizonte real y sin mover un dedo para desbloquear una decisión clave para el futuro ferroviario de nuestra provincia”, aseguran las parlamentarias populares leonesas.

Un mazazo. Y sin embargo, un apoyo incondicional. Las primeras reacciones políticas del entorno más inmediato del PSOE en la provincia de León, el feudo de origen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, han aunado en la mañana de este martes sentimientos como la perplejidad, el consabido respeto por la Justicia y sin embargo el apoyo a capa y espada de la labor política del mandatario y toda su trayectoria hasta ahora. Todo ello tras saberse muy de sopetón la noticia de su imputación judical por parte de la Audiencia Nacional.

El más madrugador en su reacción pública, marcando la senda de los que decidieron salir a la palestra a continuación, ha sido precisamente uno de los principales validos de Zapatero, el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón. En la red social X, el líder provincial socialista no deja un resquicio a su lealtad política y personal, afirmando tajante: “Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero”.

Argumenta el hecho de darle “todo mi apoyo” con el hecho de que “su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática”, en referencia a los siete años en los que fue presidente del Ejecutivo. Y además, quiso curarse en salud con antelación sospechando las furibundas críticas que llegaría a continuación de conocerse la noticia de su imputación judicial, algo que denominó un “intento de linchamiento político o mediático”, frente a lo cual, Cendón manifiesta su “respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia”. “En política hay momentos en los que hay que estar”, afirma, y el también diputado nacional por la provincia de León asegura estar sin fisuras del lado del expresidente del Gobierno.

Totalmente en esta corriente, también ha madrugado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, para apuntalar la opinión de apoyo incondicional a Zapatero. “Siempre me ha demostrado que es una persona íntegra y honesta”, remarca la también procuradora en las Cortes de Castilla y León, quien igualmente se centra en el hecho de que “además” ha demostrado ser en toda su dilatada carrera política, la mayor parte de ella en León, “un extraordinario compañero”.

De momento, otros destacados nombres del socialismo leonés no han manifestado su reacción a la impactante noticia conocida hoy, cuando el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado formalmente a primera hora investigado (imputado) por un presunto triple delito de corrupción por el llamado Caso Plus Ultra, y prácticamente al mismo tiempo en que agentes de la UDEF registraban el despacho del expresidente en la sede socialista de Ferraz y los de otras tres empresas, una de ellas la de sus propias hijas.

Diez no, Giménez sí

Por el momento, el alcalde de León, José Antonio Diez, últimamente muy enfrentado al Partido Socialista en multitud de declaraciones públicas, ha declinado de manera tajante hacer ningún tipo de declaración de reacción tras conocerse la noticia, según ha transmitido el Gabinete de Alcaldía.

Quien sí se ha pronunciado, no menos sorprendido, es el veterano José Pepe Giménez, quien fuera ocho años secretario de Organización con Rodríguez Zapatero al frente del PSOE leonés, y después senador por León coincidiendo ya con el líder en el Gobierno. Una dilatada etapa, asegura, en la que “jamás le vi absolutamente ningún detalle, la más mínima sospecha de nada lejanamente deshonesto, ningún tipo de incidencia”.

De hecho, Giménez remarca que bajo su mandato, el Gobierno de dos legislaturas “no sumó un solo caso de corrupción, cero”, algo altamente improbable “aunque solo sea pensando en el altísimo número de nombramientos” que se producen en un Gobierno. Por ello, y porque es consciente de que “que te señalen como imputado ya conlleva un descrédito” público, muchas veces injustificado, Giménez confía en que se imponga la cordura más pronto que tarde.

Desde Soria, el nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, expresó también su apoyo al expresidente del Gobierno: “Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo”. A través también de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Martínez ha expresado su cansancio ante “la política de la condena anticipada, insinuaciones y del 'todo vale' para desgastar”. “Sigo creyendo en la política de principios, en la presunción de inocencia y en el respeto democrático”, ha concuído.

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, exalcalde de Ponferrada y responsable de la agrupación local, también empleó X para desear “que la justicia investigue lo que tenga que investigar, pero me parece muy injusto y duro lo que hoy estáis sufriendo”, le transmitió en primera persona al expresidente del Gobierno. Y es que, añadió, “siento por ti el mayor de los respetos personal y político, además de un profundo aprecio personal”, al tiempo que aireaba una fotografía de ambos juntos en un acto político.

Finalmente, un día después de conocerse la noticia, el presidente socialista de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, confía en que Zapatero “podrá demostrar perfectamente su inocencia”, lamentamos que vivamos, dijo, “en una época política en la que parece que uno ya es culpable solo porque alguien le denuncie”

Admitió que la imputación judicial al expresidente, alguien tan cercano al socialismo de León, “no es agradable”, pero afirmó “yo, como leonés, me siento orgulloso del presidente que tuvimos entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero”, que también en la actualidad “cuenta con todo mi apoyo, porque hasta que no se demuestre lo contrario todo el mundo es inocente.

La Junta de Castilla y León ha hecho esperar varias semanas a ganaderos de leche de toda la Comunidad para deshojar la margarita de si podrían o no acogerse a la línea de ayudas económicas, de hasta 300.000 euros en tres años, para compensar los sobrecostes económicos de recogida de leche en zonas aisladas y de montaña.

El retraso se ha debido a que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha tenido que rectificar, casi tres semanas después, tras percatarse de un serio error en la publicación oficial de las bases reguladoras de estas subvenciones. Y es que el texto original publicado en abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) estaba incompleto y carecía de información esencial para su aplicación práctica.

La convocatoria arrancó con la publicación original el pasado 27 de abril, cuando vio la luz la Orden AGR/372/2026, destinada a regular las subvenciones de mínimis (es decir, sin obligación de notificación a Europa) dirigidas a apoyar la recogida de leche tanto de vaca como de oveja y cabra en explotaciones ubicadas en áreas especialmente desfavorecidas. Se trata de cuadras más aisladas por la orografía, la dispersión geográfica o las dificultades climáticas, y a las que les resulta complicado encontrar quien les recoja la leche producida en sus explotaciones. Sin embargo, la norma apareció sin los anexos fundamentales que permitían identificar qué municipios podían acogerse al sistema e incluso cómo debían formalizarse las peticiones oficiales.

La corrección de errores no llegó hasta el 14 de mayo: fue en esa fecha cuando la Consejería reflejó por fin en el BOCyL los importantes anexos omitidos. Entre ellos, en el Anexo I figuraba ya la relación oficial de los municipios donde los ganaderos se pueden acoger. Se trata de un total de 633 ayuntamientos considerados “zonas de montaña” a efectos de estas ayudas. El Anexo II también contiene por fin el modelo obligatorio para presentar.

La omisión provocó durante semanas una situación de incertidumbre administrativa para el sector, ya que los potenciales beneficiarios no podían comprobar con seguridad si sus explotaciones se encontraban incluidas dentro del ámbito territorial subvencionable ni preparar correctamente la documentación técnica exigida para futuras convocatorias.

El fallo no perjudicó formalmente los plazos de presentación de solicitudes, dado que con lo publicado en primer término no se había abierto la convocatoria concreta de ayudas. Pero la ausencia de los anexos vitales hacía técnicamente imposible preparar correctamente la documentación.

El reparto por provincias: Soria y Ávila, las que más

La distribución territorial de las ayudas refleja especialmente el peso de las provincias de montaña. Soria encabeza el listado con 114 municipios incluidos, seguida de Ávila con 113,. Por debajo del centenar se sitúan ya las provincias de Segovia (con 94 ayuntamientos), Burgos (93) y León (87). Completan el mapa Salamanca, con 78 municipios; Palencia, con 28; y Zamora, con 26. Valladolid no tiene ninguno.

Conforme a las bases por fin completas, estas ayudas buscan compensar el incremento de costes logísticos que soportan las empresas encargadas de recoger la leche en explotaciones alejadas de los grandes centros de transformación, donde los largos desplazamientos, las carreteras de montaña y las dificultades meteorológicas elevan considerablemente los gastos de transporte.

La medida pretende además contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en zonas rurales especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, garantizando que las industrias lácteas continúen prestando servicio en áreas donde la recogida resulta menos rentable.

Ayudas dirigidas a los “primeros compradores”

Los beneficiarios directos de estas subvenciones serán las empresas registradas como “primeros compradores” de leche, siempre que figuren inscritas tanto en Infolac como en el sistema Letra Q y hayan mantenido los contratos de recogida durante todo el año anterior a la convocatoria.

La cuantía de la ayuda se calculará mediante un sistema de puntos vinculado a cada productor al que se recoja leche. Las cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) recibirán 3 puntos por productor, mientras que el resto de empresas obtendrán 1,5 puntos. A ello se sumarán puntos adicionales en función de la distancia entre la explotación y el centro lácteo, con incrementos que oscilan entre 0,25 y 2 puntos extra para trayectos superiores a diez kilómetros y que alcanzan el máximo cuando se superan los 100 kilómetros.

La normativa también establece límites de producción para poder acceder a la ayuda. Quedan excluidas las explotaciones de vacuno que superen los 360.000 litros anuales y las de ovino o caprino que rebasen los 100.000 litros. Se presupone que con estos volúmenes consiguen la recogida sin problema. Tampoco podrán recibir compensaciones las recogidas efectuadas a menos de diez kilómetros del comprador.

Además, al tratarse de ayudas acogidas al régimen europeo de mínimis, ningún beneficiario podrá superar la cantidad de 300.000 euros en ayudas a lo largo de un periodo de tres ejercicios fiscales.

Dejamos aquí el listado completo de los municipios y la documentación para formalizar las solicitudes: