Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

El Ayuntamiento de Villaquilambre, uno de los de más crecimiento de los aledaños a la capital leonesa, ha iniciado el trámite de información pública de unos de sus más ambiciosos crecimientos urbanísticos. Se trata de un proyecto de actuación y del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación UA‑2 del llamado sector SUR‑29, concretamente en Villaobispo de las Regueras, con el potencial de situarse junto a la Ronda Este LE-20.

En esta zona, que suma una superficie bruta total de casi medio millón de metros cuadrados (498.333,50 m²), dedica una amplia parte de ellos para uso residencial, hasta 135.362,13 m². Se trataría de una de las futuras utilidades principales de este nuevo espacio, ya que la documentación oficial establece una edificabilidad de hasta 1.320 viviendas de nueva construcción, tanto en bloques como también en un amplio número de adosados o pareados, como los ya existentes hace años en la zona.

Pero esta zona irá mucho más allá. En este espacio se ubicará también el nuevo gran centro comercial del entorno de León, el quinto, que en realidad será la duplicación del actual Reino de León al otro lado de la Ronda que alberga desde 2021 firmas como Decathlon o Leroy Merlín. Que se tratará de una ampliación del centro actual se conoce porque el desarrollo del llamado Parque Comercial León II está en manos de Iberian Retail Parks 18 SLU, del mismo grupo empresarial Bogaris que ya se encargó del impulso del anterior gran espacio comercial.

Además, dentro de este nuevo espacio se ha designado una gran parcela para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil que tiene que sustituir al que lleva años operativo en Armunia y que se queda escaso. Cuando sea una realidad, desde el cuartel de la Benemérita se pasará a atender a toda la población del alfoz de León, casi 100 localidades de un total de once ayuntamientos en los que residen 50.000 vecinos. Este proyecto va bastante lento, ya que el origen procede de 2019.

La aprobación inicial de esta nueva gran zona urbanística fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 9 de abril, según recoge el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Lo importante es que echa a andar y para ello el expediente permanecerá expuesto durante un mes para que las personas interesadas puedan consultarlo y presentar alegaciones.

Durante el periodo de información pública, la documentación podrá consultarse tanto en la página web municipal como de manera presencial en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Villaquilambre, donde se encuentra a disposición de vecinos, propietarios y agentes implicados.

Villaquilambre es uno de los municipios del alfoz leonés con mayor dinamismo demográfico y urbanístico. Localidades como Villaobispo, Navatejera o Villaquilambre concentran una parte significativa de la nueva vivienda construida en el área metropolitana de León, lo que ha obligado al Consistorio a activar y gestionar distintos sectores de suelo urbanizable previstos en el planeamiento.

El sector SUR‑29 forma parte de esos ámbitos pendientes de desarrollo, cuyo avance está condicionado a la aprobación de los instrumentos de gestión, como los proyectos ahora sometidos a información pública.

Una vez resueltas las alegaciones que puedan presentarse durante este mes y tras la aprobación definitiva, el Ayuntamiento podrá continuar con la tramitación necesaria para la ejecución material de las obras de urbanización, paso previo al desarrollo edificatorio.

Le llamaron contenedor marrón, para la gestión de la llamada quinta fracción, es decir, para acoger toda la basura orgánica de viviendas y empresas y convertir todos los residuos que se pueden pudrir en abono y compost, y está haciendo honor a su denominación: es un auténtico 'marrón' en manos de las administraciones locales de la provincia de León.

Desde el 1 de enero de 2024 se acabó en España el último plazo legal para cumplir con el pleno funcionamiento de este nuevo sistema, con la implantación en las calles y la gestión completa del quinto contenedor, más sofisticado que el resto. Es decir, hace ya más de dos años que los ayuntamientos y diputaciones se enfrentan a sanciones cuantiosas, de hasta casi 100 euros por tonelada de basura normal generada que acaba acumulada sin separar ni reciclar.

Las calles de cualquier rincón de la provincia son todavía muy ajenos a esta importante novedad con la llegada de un contenedor, mucho más moderno, que debe tener un acceso individual a través de un sistema de tarjetas. Dentro tan sólo se admiten restos de productos 'pudribles', es decir, fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas, las cuales hay que recordar que no van al contenedor azul. España calcula que como media cada ciudadano genera al año una media de 417 kilos de este tipo de residuos domésticos urbanos.

Son muchos los años oyendo hablar de la obligación que se avecinaba con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, y muy pocos los esfuerzos municipales por cumplir con una imposición que proviene de Europa y que, de hecho, la Comisión Europea, ha financiado, pagando contenedores y campañas de sensibilización. Con estos fondos y los estatales, los principales ayuntamientos en el mejor de los casos han adquirido los contenedores y poco más.

Así ocurre en León capital: los 750 primeros contenedores marrones, cuyo coste ascendió a 815.000 euros, se encuentran almacenados desde hace más de tres meses en la finca del servicio municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha. El retraso es tal, incluso con amenazas de sanción ya del extinto consorcio provincial de residuos Gersul pilotado por la Diputación, que el Consistorio espera ahora que sea la Junta la que saque las castañas del fuego.

Una vez más, la 'Junta B' al rescate

A finales de año se anunció que a través de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que preside el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se invertirían 1,6 millones  -de fondos Next Generatios europeos nuevamente- para construir en la capital una nueva instalación para hacer acopio seguro de todas las basuras orgánicas que se habrán de recoger cuando, aún sin fecha, los contenedores de la quinta fracción sean una realidad que los vecinos puedan utilizar.

Al lado de León, Villaquilambre parece haber avanzado algo más, muy despacio. El Consistorio compromete que antes del verano se colocarán los nuevos 150 contenedores marrones con cerradura electrónica, instalados en las rutas de cogida bilateral, fundamentalmente en los pueblos de Navatejera y Villobispo. La tarjeta electrónica implantada por seguridad y salubridad para el acceso vecinal ya se puede solicitar a través de la web municipal y algunos espacios informativos instalados. La inversión global, incluyendo buzoneo de miles de folletos y acciones escolares de concienciación, supone un desembolso de 750.000 euros, 186.000 de ellos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

San Andrés, siempre a la cola

San Andrés del Rabanedo aún está en mantillas. Recientes todavía los muchos problemas para realizar con una mínima normalidad la basura básica y habitual, el tercer municipio de la provincia no ha dado a conocer ningún avance en la implantación del obligatorio contenedor de la basura orgánica.

Por su parte, el segundo más populoso, el municipio de Ponferrada, al menos le gana algo por la mano a León capital. En febrero el equipo de Gobierno anunciaba al menos una campaña formativa e informativa para los vecinos sobre la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos, instalando algunos pocos contenedores puntuales que no alcanzan ni mucho menos a todo el municipio.

En concreto, La implantación se ha centrado de momento sólo en centros escolares e institutos, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, varios centros cívicos (Flores del Sil, La Placa, Campo, Columbrianos, Cuatrovientos y Fuentesnuevas), el Casco Antiguo, el Museo de la Radio y la vía pública tanto en la zona centro como en el entorno del Centro Comercial El Rosal, además de incluir visitas a grandes productores como establecimientos de hostelería y comercios.

También se anunció una vía de inscripción online en este enlace para recibir el kit necesario. Todo ello fue criticado un mes después, por insuficiente, por la oposición del PSOE, que censuró la “improvisación” y el hecho de que ni siquiera un acuerdo cerrado con la empresa concesionaria FCC para la recogida específica de estos productos del quinto contenedor.

Por último, la Diputación de León -responsable subsidiaria de todos los demás ayuntamientos de la provincia, por debajo de 20.000 habitantes- también afronta esta obligación ambiental con los plazos muy rebasados. Y en su caso es especialmente grave, dado que es esta institución la responsable del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Provincial ubicado en San Román de la Vega, donde, procedentes de toda la provincia, deben llegar y gestionarse todos los residuos orgánicos leoneses y bercianos, sin excepción.

Todavía está en ejecución el proyecto de una amplia y nueva zona de recepción, tratamiento y conversión de todos los residuos orgánicos en compost y fertilizante, un proyecto cifrado en 4,2 millones de euros, encargado a la  la UTE Legio VII que gestiona por contrato las instalaciones, la cual todavía a finales del año pasado pedía más plazo, que la institución le tuvo que denegar.

Las instalaciones provinciales, al detalle

La nueva zona 'marrón' de la planta provincial de basuras debe incorporar una nueva línea de selección y clasificación de la llamada técnicamente  fracción orgánica recogida separadamente (FORS), con sistema de abre-bolsas y separadores magnéticos e inductivos; una nave específica para trituración y mezcla con fracción vegetal; y mejoras en el área de recepción de estas basuras.

Además, el proceso incluirá doce túneles dedicados exclusivamente al compostaje de la materia orgánica -seis para fermentación y seis para maduración, previa fabricación del compost fertilizante-, mientras que los otros ocho túneles actuales seguirán destinándose a material bioestabilizado procedente de la fracción resto. Los trabajos se suponen en ejecución y llegan también muy tarde con la Ley en la mano, aunque lo cierto es que el panorama en los principales ayuntamientos es tan pobre que el CTR recibirá de momento poco material de este tipo.

El Canal de Arriola, una de las principales infraestructuras de riego vinculadas al río Porma en la provincia de León, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el hallazgo este miércoles 8 de abril de aproximadamente quince animales muertos en uno de sus puntos más conflictivos.

El descubrimiento, realizado nuevamente en el salto del canal a la altura de Paradilla de la Sobarriba, ha motivado que el Partido Animalista (Pacma) y la asociación Sacrificio Cero León hayan presentado denuncias formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y el Seprona de la Guardia Civil.

Entre estos nuevos despojos se encuentran ejemplares de fauna silvestre como corzos y jabalíes, algunos de ellos recientemente fallecidos, junto a restos óseos que evidencian que no se trata de un episodio aislado y que viene de lejos. Las organizaciones denunciantes sostienen que este punto del canal se ha convertido en una “trampa mortal recurrente”, donde los animales caen al agua sin posibilidad de escape y mueren entre grandes sufrimientos, además de muchas veces por hipotermia. Y en un comunicado conjunto, critican una vez más la “absoluta incapacidad” de la CHD para implantar medidas eficaces, como rampas funcionales o vallados adecuados, que eviten la muerte de la fauna.

Salud pública

Más allá del grave impacto sobre la biodiversidad que se acumula durante años, los colectivos alertan también de un posible problema sanitario y medioambiental. Los cuerpos en descomposición permanecen en contacto directo con el agua que posteriormente se destina al riego agrícola. “No solo estamos ante una falta de ética hacia los animales, sino ante un problema medioambiental: este agua contaminada llega directamente a los cultivos de nuestros vecinos”, advierte Natividad Franco, coordinadora de Pacma en León y presidenta de Sacrificio Cero.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de incidentes similares en el mismo canal, año tras año, muy especialmente en primavera, pero no solo. La única solución aplicada por la Confederación en los últimos años, dos plataformas flotantes experimentales instaladas en el verano de 2024 con un coste aproximado de 18.000 euros, ha resultado claramente insuficiente como se demostró ante episodios del año pasado.

Estas estructuras consisten en bidones de plástico que sostienen una rampa recubierta de césped artificial para facilitar la salida de los animales. Sin embargo, ya antes del inicio de la campaña de riego de la pasada primavera, Pacma había advertido de su ineficacia. Nuevas pruebas gráficas y testimonios confirman ahora la persistencia de una elevada mortandad, con acumulaciones de cuerpos, principalmente corzos, en distintos puntos del canal.

Años de desidia y ocultación

El problema, además, no es nuevo. Durante años, tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han mantenido un cruce de responsabilidades sobre la gestión del canal y la adopción de medidas preventivas, sin que se haya ofrecido una solución definitiva. La falta de transparencia también ha sido objeto de críticas, ya que las administraciones han evitado publicar datos completos sobre la mortandad.

No fue hasta la intervención del Procurador del Común cuando se conocieron cifras oficiales: al menos 140 animales muertos en apenas dos años en este canal de 32 kilómetros, gran parte del cual carece de vallado. A pesar de ello, las actuaciones siguen siendo limitadas y, según denuncian los colectivos animalistas, claramente ineficaces.

En su momento, la CHD llegó a descartar inversiones más ambiciosas, valoradas en torno al millón de euros, para mejorar la seguridad del canal. En su lugar, optó por soluciones provisionales como los dispositivos flotantes y aplazó una intervención estructural a medio plazo. Esta pasaría por la modernización del regadío en la zona del Alto Porma, prevista como pronto para 2027, que permitiría soterrar parte de las canalizaciones y dejar en desuso 21 de los 32 kilómetros actuales. El vallado del resto tendría un coste estimado de unos 200.000 euros.

Mientras tanto, Pacma y Sacrificio Cero León reclaman actuaciones inmediatas: la retirada urgente de los despojos de los ejemplares, la instalación de rampas de escape eficaces y medidas de prevención que eviten que el Canal de Arriola siga funcionando como un “corredor de muerte” ante la inoperancia y responsabilidad de las principales administraciones públicas.

La primera reunión oficial del Consorcio de Transporte en el Área Funcional Estable de León, sólo a dos bandas formadas por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, no sirvió este miércoles para aclarar ninguna novedad esencial respecto al futuro sistema que, con un plazo de casi dos años, habrá de integrar y coordinar los autobuses de la capital con los de todo su nutrido alfoz, el área metropolitana que también forman San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Cuadros, Valdefresno, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Onzonilla y Villaturiel.

En palabras del consejero de Movilidad y Transformación Digital en funciones, José Luis Sanz, tras la firma -no pública- del nuevo Consorcio en febrero, en plena precampaña, hoy tan sólo se ponía en marcha una comisión de seguimiento de algunos primeros pasos técnicos que no detallan nada muy esencial ni novedoso. De hecho, a preguntas de los periodistas, no se aclaró dónde se ubicarán los futuros intercambiadores que, como el nuevo de Eras de Renueva, pasarán a sustituir a los puntos más céntricos actuales como Santo Domingo y su entorno, como se da por hecho.

Tampoco se avanzó nada sobre una posible reestructuración de las actuales 37 rutas metropolitanas (buses azules) o de las 13 urbanas de León (buses púrpuras o rojos), reclamada por no pocos ayuntamientos del entorno para mejorar detalles obsoletos desde hace casi décadas, las mismas que hace que se lleva hablando de este nuevo Consorcio. Y respecto a que se supriman algunas paradas en el alfoz leonés, como han manifestado temer algunos alcaldes, Sanz garantizó que eso no ocurrirá y en todo caso se aumentarían: “Lo mínimo es donde estamos ahora y no hay ninguna información que sustente” ese temor, dijo.

¿Gestionar Feve como cercanías? Ni sí ni no

El consejero no quiso detallar igualmente si la Junta daría el paso adelante para asumir la competencia de gestión de la antigua línea de Feve, hoy Renfe Ancho Métrico, cuyo tramo urbano de León lleva 14 años paralizado y sin visos de solución por parte del Ministerio. En este sentido, tras la reclamación de la Plataforma que exige la reapertura, aduciendo que los transportes de cercanías ferroviarias son gestionados por algunas autonomías, Sanz se limitó a asegurar que la Junta “no descarta colaborar” pero sólo si se implican el Ayuntamiento y la Diputación, y una condición aún más explícita: que abandere el proyecto el Gobierno central, “que es quien tiene la competencia”.

Considera que esta opción de dejarlo todo en sus manos es una cuestión “compleja”, dado que “cualquier mejora en la conectividad y en la movilidad necesita la disposición de todas las administraciones para colaborar, incluida la Diputación de León, dado que afecta a una gran cantidad de municipios del valle de Torío y de la Montaña Oriental Leonesa” dijo.

Billete único pero con dudas

En realidad, la única concreción explicada por Sanz fue que al unificarse, por fin, los buses metropolitanos y los urbanos bajo una misma red, el sistema tarifario será único, con un sólo tipo de billete, algo que sin embargo no se ha detallado cómo será posible si en el transporte al alfoz es gratuito a través del nuevo sistema Buscyl pero el de León seguirá excluido de esa gratuidad.

Todos esos detalles explicaron genéricamente el consejero y el alcalde de León, José Antonio Diez, que como mayor detalle reseñaron que el Plan de Movilidad obligatorio tiene un plazo de un año marcado en el convenio, y serán ahora los técnicos los que irán tomando decisiones concretas para la real coordinación el transporte urbano e interurbano.

José Luis Sanz también explicó por qué este Consorcio, el Plan de Movilidad, es sólo bilateral, con la Junta y León, sin presencia de ningún representante de los restantes diez municipios del entorno. “Puede parecer que estan excluidos pero no es así”, ya que “el área metropolitana anteriormente estaba cofinanciada por esos diez ayuntamientos pero desde que se instaló Buscyl ya no hacen ninguna aportación, la ha asumido íntegramente la Junta”. Pero matizó que “sí se cuenta con ellos si alguno tiene interés en integrarse” y en todo caso habrá reuniones de coordinación con alcaldes y “ponencias técnicas” que aún funcionan “para tenerlos al tanto y hacer aportaciones”.

En un nuevo giro en la escalada de ataques directos cruzados entre los dirigentes del PSOE provincial, el diputado Javier Alfonso Cendón, y local de la capital leonesa, el alcalde José Antonio Diez, este último ha defendido que la ciudadanía valora positivamente su reciente proximidad con la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés, por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y lo ha contrapuesto a la cercanía de Cendón con los exdirigentes socialistas los exministros y secretarios de Organización en Ferraz Santos Cerdán y José Luis Abalos, así como el asesor de éste, Koldo García, los tres bajo graves acusaciones de corrupción y sentados en el banquillo de los acusados.

Preguntado por el cruce de críticas mutuas que lleva días viviendo una escalada, el regidor leonés contestó directamente a la poco sutil indirecta del líder provincial, cuando le dijo a Diez que “la puerta está abierta para entrar... y para salir”, devolviéndole en envite crítico: “Las puertas siempre están abiertas, para unos y para otros”.

Y a continuación recordó que tiene claro que, como alcalde electo por el PSOE, “mi objetivo y misión, en la que vengo trabajando hace años, es trabajar por León y para los leoneses”. Y “donde él -por Javier Alfonso Cendón- ve connivencia -con la Junta que preside el PP-, ”yo veo acuerdos para mejorar nuestros colegios, el transporte público, nuestro parque tecnológico y otras muchas cosas que estábamos trabajando con la Junta de Castilla y León“. ”Así que bendita sea la connivencia“, quiso zanjar.

Diez contrapuso a continuación su “deseo” de “trabajar con otras administraciones para conseguir lo máximo para esta ciudad”, algo que “defenderé mientras sea alcalde y los leoneses me sigan respaldando”, con la idea que los ciudadanos tienen del secretario general de la provincia y Diputado en el Congreso: “Lo más que conocen es su connvencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos”, en referencia poco sutil a cómo ellos fueron adalides del leonés para encabezar la Ejecutiva Provincial o la lista electoral en las generales. Y a que tras caer Cerdán el propio Cendón fue fulminado de la Ejecutiva nacional de Pedro Sánchez.

Sin embargo, preguntado si cree que la Junta de Castilla y León, y su comentado acercamiento especialmente al polémico consejero de Medio Ambiente, responsable de los terribles incendios del verano de 2025, y único leonés en el Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, José Antonio Diez se mostró más cauto. “No me canso de decirlo: con la Junta de Castilla y León hemos mejorado mucho en muchos proyectos que estaban históricamente parados”, pero a continuación añadió que “también con el Gobierno de España, en el Parador de San Marcos o el Teatro Emperador”.

En resumen, aseguró sentirse “satisfecho con lo que trabajamos con la Junta tanto con el Gobierno de España, aunque me gustaría que hubiera más celeridad. Los ciudadanos entienden que es difícil sacar ciertos proyectos de envergadura, pero encaminados están, que es lo importante”, se mostró más conciliador.

Réplica de Cendón: “Cada vez se parece más a la extrema derecha”

En una respuesta inmediata, Cendón acusó a José Antonio Diez de aplicar en sus críticas criterios de la derecha y a la extrema derecha“, a quienes ve que ”cada vez se parece más. El líder provincial lamentó que en relación con el alcalde leonés “cuando faltan los argumentos, aparece el barro”, es decir, “recurre a la mentira, a la descalificación y al ataque al compañero”, en referencia a sí mismo.

Cree el secretario general del PSOE leonés que Diez “no puede explicar su ausencia en la campaña, ni justificar que haya tenido secuestrados los recursos de la Agrupación al servicio de su interés personal, ni ocultar que solo se le oye para atacar a su propio partido”. Y añade que “lo que nunca hace es alzar la voz frente a la nefasta gestión de la Junta de Castilla y León, el abandono de las infraestructuras o el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios públicos”.

Los visitantes de uno de los puntos turísticos de más éxito y afluencia de la provincia de León, la impresionante Cueva de Valporquero, podrán después de años disponer de un lugar donde tomar un pequeño refrigerio al tiempo que disfrutan de la Montaña Central de León y sus secretos más profundos. Pero lo que suena como una buena noticia en realidad es un pequeño jarro de agua porque el servicio será un punto frío: a través de máquinas de 'vending', expendedoras de cafés, refrescos, sándwiches o bolsas de patatas fritas.

La Diputación de León, que gestiona el maravilloso laberinto subterráneo de la Cueva de Valporquero, ha terminado por resignarse y asume ya que el edificio de la cafetería, bar y restaurante seguirá cerrado a cal y canto, como viene ocurriendo en los últimos años. Y no por falta de intentos y de ofrecer unas condiciones muy ventajosas. Pero la crisis que atenaza a buena parte de la hostelería rural de León puede más que las condiciones inmejorables ofertadas por la institución provincial.

El pasado año 2025, que acabó sumando 61.312 visitantes oficiales según el recuento de final de temporada, se había anunciado con esperanzas la reapertura de la cafetería de manos de una empresa asturiana, única que se presentó al concurso público. Para hacerlo más jugoso, incluso se establecía en las bases una compensación económica al concesionario para que cobrara 0,20 euros por turista si, por los motivos que fueran, la campaña bajara de un suelo 50.500 turistas durante toda la temporada, de marzo a diciembre. Y además con ciertas garantías de continuidad, por un período posible de hasta cuatro años. Poco duró la alegría, igual que ya había pasado antes: La firma acabó renunciando tras algunas deficiencias relevantes en el servicio, problemas adminisrativos con el personal y desencuentros de pagos con la propia institución.

Condiciones a la mínima y todo incluido... y ni por esas

Justo dos año atrás la institución ahora gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) había hecho un primer intento, tras las críticas de la oposición del Partido Popular (PP), intento al que nadie se presentó. En 2024 se optó por rebajar a la mínima expresión las condiciones económicas, con un precio mínimo anual de apenas 359 euros de salida. Se llegó hasta el punto de incluso algunos consumos eran asumidos por la Diputación, que también ofrecía el mobiliario y equipamiento completos, y hasta realizaron obras de mejora. El establecimiento ofrecía un total de 390 metros cuadrados para una ocupación máxima total de 159 personas, sumando las 70 en la zona de cafetería, otras 56 del comedor y 28 más en la terraza exterior, con vistas magníficas.

A pesar de que un conocido hostelero con negocio abierto en el cercano pueblo de Cármenes se interesó en una fase avanzada, este buscó y rebuscó empleados locales interesados en trabajar en cafetería y cocina. Pero como en otros muchos casos rurales en la provincia leonesa, las condiciones de distancia -a unos 50 kilómetros de León capital- o la imposibilidad de que si alguien quisiera vivir en las proximidades no encontrara alquiler alguno disponible, terminó de truncar el enésimo intento.

Bebidas calientes y frías, sándwiches y snaks

El área de Turismo de la Diputación se ha cansado de intentarlo, encadenando años de falta de un servicio básico de restauración. Ese es el motivo por el que en esta nueva temporada de 2026 acaba de decidir ofrecer un básico, a través de máquinas expendedoras, para las oleadas de turistas a la joya subterránea de León. A finales de marzo el socialista Octavio González, el diputado provincial de Turismo y también alcalde de Vegacervera, municipio al que pertenece el pueblo de Valporquero, ha firmado un decreto para buscar a la empresa que se encargue de instalar, reponer y mantener una serie de máquinas de vending, en las que se ofrezca algunos tipos de bebidas, calientes y frías, y algunos pocos alimentos o snaks.

Se trata de una autorización demanial, que podrá ampliarse hasta 2029 a satisfacción de ambas partes y a base de prórrogas, para al menos tres máquinas. Su emplazamiento será el mismo edificio de servicios múltiples de la Cueva, en la primera planta, con acceso directo para el público e igualmente acceso a baños públicos. La zona suma unos 80 metros cuadrados, habrá alrededor mesas y sillas e incluso la empresa que se alce con el contrato dispondrá de un espacio de unos 12 metros más como almacén.

Las máquinas deberán funcionar al menos toda la temporada de apertura de la Cueva en todos los horarios máximos de apertura de la taquilla, de 10 a 18.00 horas, y en concreto de forma ininterrumpida todos los días entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, cuando la afluencia es mayor con diferencia.

A 2 euros como máximo un café: todos los precios

La Diputación también establece unos precios máximos que la empresa elegida no podrá superar. Como por ejemplo, 2 euros por cualquier tipo de café o agua de medio litro, 2,50 por chocolate, refrescos o zumos pequeños, 2,20 por infusiones o 3,50 euros por bebidas isotónicas. En cuanto a referencias máximas para sólidos, los sándwiches y bocadillos no podrán superar los 3,50 euros, 2,50 chocolatinas o galletas y 2,50 euros la bolsa de patatas fritas y similares. En las bases no se contempla la venta de bebida alcohólica alguna.

Si todo va bien en cuanto a plazos -apenas semana y media ya para presentar ofertas-, y la maldición hostelera de Valporquero no se repite, antes del verano llegará casi con seguridad el fin de la esperanza de poder volver a ver abierta la cafetería de la Cueva. Sin embargo, la frialdad de unas máquinas será casi un premio de consolación a poco que no deje del todo huérfanos, hambrientos y sedientos, a visitantes y también empleados, como lleva años ocurriendo.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. La Semana Santa de la capital leonesa seguirá discriminando de manera abrumadora la participación igualitaria de hombres y también de mujeres en las cofradías y hermandades, hasta el punto de que un tercio de las congregaciones existentes no admiten la libre participación en idénticas condiciones de ambos sexos. Una situación que, si se aplica la doctrina gubernamental activada en el caso de una cofradía de Sagunto que sigue votando 'no' a la apertura podría hacer que aquí se acaba perdiendo la valiosa Declaración de Interés Internacional, como ya se encamina a ocurrir con el Interés Nacional de Semana Santa de esta localidad valenciana.

La continuidad de la actual situación en León se desprende de las primeras declaraciones públicas del Obispo de León, Luis Ángel de las Heras, a raíz de reactivarse con fuerza esta polémica hace apenas una semana. Y es que mientras el prelado leonés ha asegurado hoy que “el Obispado siempre promueve la igualdad y quiere que haya una participación equitativa y abierta a unos y otros” (sexos), por otro lado matiza con rotundidad que “en ningún momento el Obispado va a imponer nada”.

Es decir, De las Heras descarta directamente una decisión cuya, de la máxima autoridad eclesial de la Diócesis, como en su día sí impulsaron obispos como los de semanas santas tan representativas como Zamora o Sevilla, impulsando una igualdad real en todas las congregaciones penitenciales como, por otra parte, están obligadas por precepto constitucional al aprobar o actualizar sus estatutos. De ahí que el Gobierno, desde dos ministerios, el de Industria y Turismo y el de Igualdad, hayan anunciado mano dura contra estas discriminaciones por sexos.

Nadando entre dos aguas, el obispo leonés ha insistido a preguntas de los periodistas en que “propiciaremos que haya esta apertura” pero “sin imponer nada, porque eso no es ni nuestro estilo ni el estilo de esta sociedad de estos tiempos”.

Una situación con poca comparación

Hay que recordar que de las 16 existentes, siguen siendo cinco las cofradías de la Semana Santa leonesa que mantienen aún fórmulas de discriminación en la participación: en tres de ellas -Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Redención y Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio- las mujeres no pueden procesionar como cofrades de pleno derecho (‘papones’ en León), quedando como mucho relegadas al papel de ‘manolas’. Una cuarta, Minerva y Veracruz, al menos sí lo ha sometido a votación interna el año pasado, venciendo la opción de abrir la participación en igualdad, si bien el cambio aún no se aplica. Y en un caso más extraordinario aún, la Cofradía de María del Dulce Nombre es una hermandad exclusivamente femenina en la que los hombres no pueden desfilar ni pujar desde su fundación hace 35 años.

La semana Santa leonesa es de Interés Turístico Internacional desde el año 2002, con mención especial a dos hitos seculares de la Cofradía del Dulce Nombre: La Ronda, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, y la Procesión de los Pasos y el momento de El Encuentro. Eso quiere decir que el próximo se conmemorarán los 25 años de esta máxima distinción que tanto ha impulsado el turismo y el conocimiento de los actos pasionales de la capital.

La Diputación de León asegura que ha comenzado ya, por fin, la labor de la prometida Oficina de Expropiaciones para iniciar los trámites que permitan disponer de los terrenos para el arreglo urgente de la carretera LE-5523 en Antimio de Arriba (municipio de Chozas de Abajo), como exige una Plataforma vecinal desde hace meses.

Así lo ha transmitido el vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, perteneciente a Union del Pueblo Leonés (UPL), que ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, y los representantes de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba, impulsores y miembros de la Plataforma.

Durante el encuentro, Aller les ha explicado cuál es el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina hasta Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que la recién creada Oficina de Expropiaciones es “una iniciativa que hemos puesto en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias”, explican en una nota de prensa.

Aller ha trasladado a los representantes municipales que ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones; sin embargo, ha querido recordar que “estos trámites llevan tiempo, aunque nosotros realizamos un gran esfuerzo por mejorar ésta y todas las vías de la provincia”. Desde el área de Infraestructuras se calcula que se pueda contar con los terrenos “durante este verano”.

En este sentido, Aller ha afirmado que “en cuanto esto esté solucionado, podremos poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía”.

Quejas, protestas y habituales accidentes

Los usuarios de la carretera llevan meses de quejas y también organizando protestas, exigiendo el cumplimiento político del compromiso de que la Oficina de Expropiaciones realice las complejas gestiones para disponer de los terrenos que muchos ayuntamientos pequeños no pueden asumir, al menos sin graves retrasos. Y es que los conductores y vecinos de muchos de los pueblos afectados denunciaban el estado altamente peligroso de un vial que efectivamente se cobra víctimas cada poco tiempo, como ocurrió sin ir más lejos hace apenas una semana en la LE-5523, según certificó el 1-1-2, una salida de vía de un turismo que dejó una mujer de 86 años herida y con traslado al Hospital de León.

El Ayuntamiento de León tendrá que afrontar una vieja deuda de hace ocho años, un 'recado' envenenado que procede de la heredada de la última Corporación municipal del Partido Popular (PP). Supondrá un desembolso obligado por una sentencia judicial que superará los 100.000 euros, relacionada con el viejo proyecto de la primera fase de reforma del Parador Nacional de la capital leonesa, en León conocido como Hostal de San Marcos.

En concreto, el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde socialista, José Antonio Diez, deberá devolver más de 100.000 euros, entre la cuantía principal, intereses y costas judiciales. El dinero tendrá que ser ingresad en la cuenta de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la reforma del Parador de San Marcos en el año 2018. Se trata de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la cual que corrigió el cálculo de varios impuestos municipales a aquella obra, en concreto en abril de hace ocho años. Aunque la resolución judicial fue dictada el 26 de septiembre de 2022, ha cobrado plena actualidad después de que la Junta de Gobierno Local acordara su ejecución en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo: de este modo, la Corporación asume que ya no hay forma de pleitear más e impedir el pago.

El fallo de 2022 obliga al Consistorio a rehacer las liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la Tasa por Licencia Urbanística (TLU). El Alto Tribunal autonómico dio la vuelta a una decisión judicial previa, que desestimaba la reclamación de la UTE. Pero las dos empresas, ambas del grupo FCC -FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas-, consideraban que se inflaron indebidamente las bases imponibles sobre las que aplicar ambos tributos durante la tramitación de las obras del emblemático monumento leonés, después de años de incumplimientos y retrasos en esa reforma.

Como consecuencia, finalmente el TSJ reconoce a las compañías el derecho a recuperar exactamente 98.923,30 euros abonados en exceso al Ayuntamiento, una cantidad que supera con creces los 100.000 euros se suman los intereses legales de tantos años y las costas del proceso que formaron parte de la condena final.

El origen del litigio se remonta a las liquidaciones complementarias giradas por el Ayuntamiento en relación con la primera fase de las obras de reforma del Hostal de San Marcos. Aquellos trabajos habían sido prometidos en origen por el Gobierno central socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciados con retraso por el popular de Mariano Rajoy y retomado después por otro socialista de Pedro Sánchez, pero en todo momento ejecutadas durante el mandato local del PP, siendo alcalde Antonio Silván y Agustín Rajoy, primo del presidente estatal, como el concejal de Hacienda y Régimen Interior que firmó los cobros mal calculados. La UTE recurrió dichos cálculos al considerar que se habían incluido conceptos improcedentes en la base imponible, elevando artificialmente la cuantía a pagar.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León inadmitió el recurso al entender que la UTE carecía de legitimación activa, al no ser el sujeto pasivo directo del impuesto, condición que consideraba que le correspondía a Paradores de Turismo de España como promotor de la obra, y no haber interpuesto recurso previo en su propio nombre. Sin embargo, el TSJ en un auto consultado por ILEÓN revocó este criterio y dio la razón a las empresas, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que reconoce legitimación a quienes asumen contractualmente el pago de los tributos o actúan como sustitutos del contribuyente al ejecutar la obra.

Más allá de la cuestión formal, el núcleo del conflicto residía en cómo se determinó la base imponible del impuesto de construcción y de la tasa urbanística. El tribunal establece que ambos tributos deben calcularse exclusivamente sobre el coste de ejecución material de la obra, excluyendo partidas como los gastos generales y el beneficio industrial, los honorarios profesionales -entre ellos los derivados del seguimiento arqueológico que obligatoriamente hubo que hacer -y que deparó algunas sorpresas- y los costes de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos.

Asimismo, la sentencia determina que debía aplicarse la baja de adjudicación, que se cifró en 25,16% menos, incluso en las liquidaciones provisionales, al reflejar el coste real y efectivo de la obra. Como resultado de estas correcciones, la base imponible se reducía desde más de 17 millones de euros iniciales hasta exactamente 10.772.772,58 euros, lo que rebajaba de forma significativa la carga tributaria. De ahí entiende el Tribunal que surge el derecho a devolución de la mayo cifra pagada en su día.

A pesar de los ocho años transcurridos desde el inicio de aquella polémica y seis desde que se inaugurara aquella primera fase que transformó interiormente el monumento protegido de San Marcos, no sin una fuerte polémica por el gran cambio de su aspecto, todavía sigue pendiente la prometida segunda fase, que debería ampliar en gran medida el espacio de alojamiento y servicios del Parador de cinco estrellas, dado que a día de hoy no se alcazan ni las 50 habitaciones de las casi 300 que tenía antes de la primera fase. El actual Gobierno lanzó en marzo de 2023 la última promesa del diseño de la ampliación, con más habitaciones y espacios para eventos y bienestar, y se cumplen ahora tres años sin más noticias ni de inversión ni de plazos de ejecución.

Un Viernes de Dolores más, la salida de La Dolorosa, popularmente conocida como 'La Morenica', por las puertas de la iglesia del Mercado de León, marcará el inicio de la Semana Santa. Y un Viernes de Dolores más sólo los hombres coparán el protagonismo de la venerada figura, únicamente ellos podrán estar a su lado, sólo la pujarán quieren tengan sexo masculino.

No se trata de una decisión marcada por los siglos, porque esta procesión no es tan antigua. Tampoco está escrito en ningún lado. No hay estatuto alguno que lo sustente, porque la decisión recae en la parroquia de Nuestra Señora del Mercado, junto a la Plaza del Grano, dado que, excepcionalmente en este caso, la organización no corresponde a ninguna cofradía. Y sin embargo, un viernes más, las mujeres quedarán relegadas a la última fina de la procesión, sólo admitidas si desfilan como manolas o portan una vela en la cola de la comitiva.

Se trata de una situación que, no una sino muchas mujeres, en pleno siglo XXI, ya no comprenden. Y están dispuestas a dar la batalla por la igualdad. Porque dicen estar “hartas de ser tratadas como un rebaño, a varazos, a escobazos” por un encabezonamiento del que culpan, con nombre y apellidos, al párroco del Mercado, el cada vez más conocido Manuel Fláker. Tan conocido que precisamente hoy 27 de marzo de 2026 será homenajeado por la Cámara de Comercio de León como 'Personaje Singular de la Semana Santa'. Y esto ha sido también un poco la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las mujeres que llevan años esperando un aperturismo básico de la parroquia leonesa, una de las más antiguas de la ciudad.

Hombres que “lo han capitalizado”

La situación es la siguiente: la tradición dicta que el paso de La Dolorosa lo pujen los llamados oficialmente 'Mozos del Mercado', es decir, vecinos y bautizados -imprescindible- en esta iglesia del siglo XI, Monumento Nacional, ante la que pasa el Camino de Santiago Francés. Sin embargo, en un barrio del Casco Histórico donde la población disminuye, no hace tantos años que faltaban brazos para alzar a La Morenica en la procesión inaugural de la Semana Santa. Y don Enrique, el histórico y muy añorado párroco del Mercado, pidió ayuda a braceros de la vecina iglesia de Santa Nonia. “Muchos no están arraigados aquí, ni bautizados ni nada, pero llegaron para quedarse”, lo han “capitalizado” y actúan “como si fuera suyo”, lamentan las mujeres. Con la anuencia del párroco y el silencio cómplice del Obispado de León, que ante cualquier queja o petición “siempre tira para abajo”: “No sabemos qué hace”.

Basta acudir un Viernes de Dolores como el de hoy para ver la escena: sólo hombres dentro de la iglesia en los momentos previos. Únicamente rostros masculinos alrededor de La Dolorosa -es de las pocas procesiones en que los 'papones' van a cara descubierta- cuando sale, lo que hace que cada año se den cita, “al postureo”, conocidas autoridades, concejales y exediles, altos responables de instituciones, consejeros autonómicos e incluso hasta el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el de las Cortes, Carlos Pollán. Todos los 'ilustres' hombres dan relevos para pujar el paso, que en todo su recorrido sólo cuenta con hombros de varones.

Ellas, cuyo número de devotas no desciende, al contrario, participando “todo el año en todos los actos, encargándonos siempre de todo”, han visto con cierta indignación cómo siguen siendo “el último mono” en el momento central, el de la procesión del Viernes de Dolores. “Todas detrás del chico del bombo”, resume gráficamente una de ellas su posición eternamente relegada.

Bueno, eternamente no. Hubo una excepción. En el histórico momento de la coronación canónica de 2023 a la Virgen, incluyendo un subterfugio para que el Ayuntamiento la otorgara la Medalla de Oro de la ciudad, alguna recuerda con lágrimas en los ojos que les dejaron participar fugazmente en “una tirada” del paso, “un trozo” de los pocos metros que mide la calle hoy llamada de la Policía Nacional, entonces todavía General Lafuente en honor al golpista y responsable de cientos de fusilamientos a partir de 1936. “Ocurrió muy a escondidas, avisando por detrás, casi en los bares”, rememoran. Y aún así se quedan con el recuerdo de “toda la calle aplaudiendo y llorando” y con el apoyo que encontraron en no pocos mozos, que las hicieron en hueco entre las andas, como uno más, demostrando que no había dificultad alguna.

Rosas y un mensaje anónimo de “las futuras mozas del Mercado”

Parecía así romperse para siempre la brecha, abrirse a que las 'Mozas del Mercado' tuvieran el protagonismo que venían reclamando años atrás. Por ejemplo, cuando en 2021 un nutrido grupo de ellas registraran en el Obispado peticiones formales de participación activa en la procesión del Viernes. Sin éxito. O cuando anónimas manos femeninas ataron un ramo de rosas en la puerta de la parroquia, cerrada por las restricciones de la pandemia, para decir a la Virgen que no la olvidaban, junto a una nota firmada que expresaba sus sueños: “Las futuras mozas del Mercado”.

Nada de eso ha surtido efecto. Siguen vetadas. Incluso en reuniones con Fláker “nos sentimos humilladas cuando, por ejemplo, a nosotras sí nos vino a rebuscar en las partidas de bautismo, nos exigen hasta la sangre... y a otros tantos nada de nada”.

La polémica está en el aire. Literalmente. En último podcast 'La voz del papón', de La Nueva Crónica (disponible aquí), publicado en vísperas del inicio de la Pasión, el párroco tuvo que responder a esta creciente pero desoída reivindicación femenina. “Yo no me he opuesto nunca pero es verdad que estoy dando una moratoria. Les he dicho que si consiguiéramos 60 mujeres, para hacer tiradas de hombres y de mujeres, pues sería interesante, pero no las hay, sólo hay unas veintitantas anotadas”, argumenta.

Fláker: “En la puja mixta se va muy apretado”

Y aduce que “a mí no me gusta mucho la puja mixta -intercalando hombres y mujeres- porque se va muy apretado”, llega a excusar, además de que “hay a braceros que sí, pero braceros que no terminan de verlo”. Ellas replican que no sólo en 2023 se demostró que la puja mixta de La Dolorosa no es problema alguno sino que la inmensa mayoría de las procesiones y cofradías de León las realizan.

Fláker añade otro argumento: “Tengo que ser justo, tenemos un listado de ciento y pico personas, hombres, que llevan 20 años esperando (para pujar el paso) y quiero una moratoria para ir metiendo poco a poco (a las mujeres)”. “O sea, tarde o temprano van a empujar”, concluye el sacerdote. Sobre eso, las 'mozas' tampoco se callan: “Él dice que hay braceros titulares -sabemos que algunos ha fallecido, porque las listas no se limpian-, luego suplentes, después aspirantes a suplentes; y sólo después vamos nosotras”.

Por último, el párroco admite que hay novedades de actualidad que podrían hacer repensarlo todo: “Con el tema de Sagunto habrá que ver también”, en referencia al expediente abierto por el Gobierno para retirar a la localidad valenciana el Interés Turístico Nacional por negarse una cofradía masculina a incluir en igualdad de condiciones a la mujeres que lo están solicitando. Un caso que, de aplicarse en León, sería aún más grave, porque aquí hay cinco cofradías en esa situación -una de ellas, María del Dulce Nombre, exclusivamente femenina- y el reconocimiento de León es de Interés Turístico Internacional.

Un personaje singular y controvertido

Hay que recordar que, a raíz de la muerte de don Enrique, Enrique García Centeno en 2017, Manuel Fláker ha sido noticia por muy diversos motivos en los últimos años en León. Es ensalzado por unos, por ejemplo por el gran auge que ha cogido la parroquia al abrirse masivamente al movimiento neocatecumenal, popularmente conocido como 'Los Kikos', por su fundador, el leonés Kiko Argüello. Y criticado por otros, por eso mismo o ciertas polémicas como el derribo de la antigua 'Casa del Cura' frente a la iglesia, el corte sin permiso municipal de una calle aledaña durante años sin que constara autorización oficial, o la amenaza de Patrimonio de la Junta por clavar propaganda en la fachada de la iglesia protegida mientras pedía dinero para restaurarla.

Tras casi 15 años de bandazos, compromisos y retrasos, el futuro del actual aparcamiento en superficie y en precario de Santa Nonia, en pleno centro de León, comienza a cobrar forma poco a poco. Al menos en las planificaciones.

Esa forma que hoy ha detallado como nunca hasta ahora Gerardo Álvarez Courel, el presidente socialista de la Diputación de León, institución propietaria del terreno, será la de un parking subterráneo que tendrá tres plantas bajo tierra, muy esperado ante la falta de plazas de aparcamiento en el centro de la capital. Pero también en altura habrá un edificio de cinco plantas, “baja más cuatro”, dijo el presidente, y por lo tanto una más que las que ahora tienen los edificios que la rodean en la misma mano de la vía: la biblioteca pública, el actual Conservatorio de Música o el edificio de Correos.

Courel, preguntado entre críticas por la oposición del Grupo Popular, a causa de la lentitud de una solución al actual solar, justificó que todavía se trata con el Ayuntamiento de León de delimitar con precisión el solar exacto, del que ya se tuvieron que ganar metros respecto a Correos en algunos replanteos, para promover ya un proyecto sobre “una parcela real” que ha sido, dijo, muy difícil de resolver. Porque estaba “de aquella manera”, le recriminó al último Gobierno del PP en 2018 y por ende a su antecesor del PSOE, y ha resultado ser un infierno calcular la edificabilidad, dado que “la mitad de la calle Lancia es propiedad de la Diputación”.

También anunció que el edificio futuro “queremos que sea emblemático y especial”. Y para ello, tras reunirse ayer con el Colegio de Arquitectos, han acordado sacar un concurso de ideas al que ya saben que destinarán, de momento por reserva de crédito, la cantidad de 50.000 euros. “Se designará un tribunal y queremos que a quien gane se le contrate también el proyecto, con un límite, pero sin dispendios, por si viene un arquitecto que cobre tres millones”.

Como detalle que el proyecto deberá incluir, añadió otro también llamativo: que el nuevo gran inmueble a construirse se conectará físicamente, de una manera aún por definir, con el actual Conservatorio, edificio que previsiblemente la Junta de Castilla y León abandonará en pocos meses al terminar por fin, tras casi 19 años de promesas, la nueva sede del centro educativo superior en el barrio de La Palomera.

De este modo, además de la inversión en el nuevo edificio del actual aparcamiento de Santa Nonia, avanzó que se tendrá que inyectar también dinero a la reforma del viejo Conservatorio, dado que, según critica el equipo de Gobierno de PSOE y UPL, la Junta durante décadas apenas ha realizado mantenimiento básico en el inmueble y requiere amplia inversión para aislamiento y eficiencia energética o movilidad, entre otros. El uso de ambos está por decidirse por parte de la institución provincial pero en buena medida será para albergar diferentes servicios administrativos de la Diputación en una zona céntrica y accesible.

La Semana Santa de la ciudad de León generó el año pasado un impacto económico total de 16 millones de euros tras recibir 17.392 visitantes y observar cómo las ventas de todo tipo de negocios se incrementaron casi en un 50%.

Estos son algunos de los datos que contiene un estudio realizado por Universidad de León bajo encargo de la Junta de Castilla y León, a través de la Fgulem, trabajo en el que se detalla que cada persona llegada de fuera tuvo un gasto medio de 174 euros en total, que se rebajó a 147 euros en el caso de los 'papones' leoneses y fue de 102 euros de media de cada leonés sólo en los diez días que duran los actos de la Pasión. El principal grueso de ese gasto en todos los casos fue en restauración.

Con cifras como esas, que multiplican por mucho las que suele airear cada año la Cámara de Comercio de León, en torno a 4 millones de beneficio pero sin fiabilidad técnica alguna, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León, Diana Belén García, presente en el acto, destacó que la Semana Santa de León es “el principal motor de la ciudad en el inicio de la primavera”, siendo un esfuerzo de las cofradías y “sin recibir nada por ello”, aseguró, a pesar de recibir subvenciones públicas de instituciones como la propia Junta o el Ayuntamiento. García ha “invitado a la reflexión” para que las instituciones “reconsideren la aportación de las subvenciones que se otorgan”, terminió admitiendo.

“¿Cómo que sin beneficio? Se ganan ustedes el cielo”, le replicó con ironía, aunque mostrándose abierto a valorarlo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que dirigió una presentación también protagonizada por la rectora de la Universidad, Nuria González, y la directora del Departamento de Dirección y Economía de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE, Ana María González, responsable del mismo junto a Carmen Rodríguez Santos.

1.649 encuestas... y mucho más

Santonja resaltó que con estos datos se certifica que la Semana Santa es “motor de desarrollo local y un elemento identitario estratégico de León”, resaltando que “promueve la cohesión comunitaria” en Castilla y León. Este mismo informe ya analizó la repercusión primero de la Semana Santa de Valladolid en 2023 y la de Zamora en 2024, tocándole este año 2026 a Salamanca. Pero se mostró perplejo con el hecho de que León sume 16 cofradías y hermandades, 35 procesiones y 20.000 cofrades “en una ciudad de unos 130.000 habitantes”.

Ana María González detalló la base del informe: 1.649 encuestas a viajeros, empresarios, cofrades y personas residentes en León, con cuyos datos se ha realizado un diagnóstico “multidimensional”, más allá de las cifras de afluencia y su repercusión económica, ya que se ha medido su impacto en términos de cohesión comunitaria, identidad, sentido de pertenencia y preservación patrimonial, muy especialmente con impacto en redes sociales, evaluando más de 10.000 publicaciones en redes sociales, y uso de técnicas como el neuromarketing. En este apartado, por ejemplo, se pudo comprobar cómo una mayoría abrumadora de repercusión se la lleva Instagram o que X, antigua Twitter, genera más críticas y discusiones sobre la Semana Santa.

Casi un 20% ve cuatro procesiones pero un 18% ninguna

El consejero hizo un llamamiento a “mantener la autenticidad del evento, en un momento cada vez más uniformado, con singularidades arrinconadas y que se pierden”, al tiempo que la rectora destacaba la parte final del estudio, en la que con los resultados obtenidos se plantean una serie de propuestas de actuación “concretas y para aplicar” si se quiere sacar el máximo partido a este análisis científico y objetivo.

Eso sí, de manera voluntaria, el estudio no ha incorporado el hecho muy diferencial en fechas de semana santa de Genarín y los ritos paganos que le acompañan y atraen también a miles y miles de personas en Jueves y Viernes Santo, si bien hay que entender que las estadísticas de afluencia o económicas se nutren también de ello.

Otro dato llamativo es que casi un 20% de los encuestados han asistido a cuatro procesiones diferentes o más, mientras que una cifra no muy lejana, el 18%, en realidad vino a la Semana Santa pero no vio ninguna.

Dejamos aquí el contenido íntegro de los resultados del Estudio sobre el Impacto Social y Económico de la Semana Santa de León.

“No es un problema que haya cofradías de mujeres y cofradías de hombres”, se trata de “una realidad que ha convivido perfectamente los últimos 35 años en León” y no tiene por qué cambiar. Esta es la respuesta que ha expresado hoy la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García, ante el “debate muy recurrente” de la obligatoriedad o no de permitir que no se vete a personas de otro sexo dentro de las congregaciones de la Pasión, algo que sólo en la capital leonesa ocurre en cinco cofradías.

Tampoco el consejero en funciones de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja -elegido para el puesto por Vox pero que se quedó tras la ruptura del Gobierno autonómico con el PP- observa que esta situación ni plantee ningún problema real ni tampoco ponga en riesgo algo tan importante como la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Pasión leonesa, como el Gobierno sí baraja con un expediente a una cofradía de Sagunto (Valencia).

Santonja, de hecho, criticó la actitud de Ministerio de Industria y Turismo y del Ministerio de igualdad de reconsiderar esa Declaración Turística en Sagunto por vetarse nuevamente la entrada a mujeres, aduciendo una tradición de varios siglos, y aseguró que “no admitimos” ni “las amenazas ni las coacciones” sino que él defiende que este asunto se debe basar “sólo en el diálogo”. “Mal camino el de abrir expedientes”, criticó, preguntándose “por qué se empeñan algunos en crear problemas donde no los hay”.

Santonja admitió que “la realidad” de la voluntad de mujeres de poder pertenecer en igualdad de condiciones a los hombres “existe”, y que “hay que adaptarse a la legislación” (en materia de igualdad), a pesar de que “ha habido muchos años de convivencia sin problemas”. Pero puso por delante que “no se haga de la realidad un problema, ante cofradías que tienen unas tradiciones”. Por eso, concluyó, desde su consejería y por ende el Gobierno ya en funciones del PP presidido por Alfonso Fernández Mañueco “defendemos la consideración que se ha ganado la Semana Santa de León”.

“No se puede extrapolar a León”

La máxima responsable de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades insistió en que no teme un efecto contagio de la posible pérdida del Interés Turístico Nacional de Sagunto hacia el Interés Turístico Internacional de la Semana Santa, porque a su juicio “lo que pasa en otras ciudades no se puede extrapolar a la ciudad de León”. Y su argumento es que “con 16 cofradías, hay alguna sólo para mujeres, otras sólo para hombres y otras de hombres y mujeres” y por tanto cada uno y una tienen “fácil encontrar el sitio” que desean en una congregación penitencial.

Puso el caso de su cofradía, María del Dulce Nombre, del que ella fue abadesa, fundada en 1991 y que es exclusivamente femenina, frente a otras tres que tienen vetadas a las mujeres y una más, Minerva y Veracruz, que aunque ha votado el año pasado a favor de la plena inclusión, aún no la ha puesto en práctica. En total, cinco congregaciones religiosas que segregan por sexo, un tercio de las existentes en la capital. Sin embargo, García quitó hierro con ironía a la situación: “Es un debate muy recurrente, llega siempre igual que llega el Viernes de Dolores”.

Imaginemos un trabajador de la limpieza viaria de León que, limpiando una remota calle de un barrio periférico de la ciudad a las cuatro de la madrugada sufre una caída grave o es víctima de un repentino ataque cardíaco o tantas otras eventualidades urgente que puedan surgir. No es un escenario imaginario: puede ser real y de la rapidez en la actuación para socorrerle puede depender su propia vida.

Para proteger a la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de la capital, el Ayuntamiento de León ha dado un paso de seguridad personal. Se llama de una manera muy gráfica, 'detección del hombre caído', y consiste en la implantación de un sistema tecnológico capaz de detectar caídas, pérdidas de conciencia o situaciones de riesgo inminente en tiempo real y en localizaciones remotas o a horas intempestivas.

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 6 de marzo y será un paso adelante en busca de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en un ámbito laboral especialmente expuesto a este tipo de situaciones.

El contrato, tramitado como menor bajo la denominación 'Adquisición, configuración y mantenimiento de dispositivos de detección del hombre caído', permitirá dotar a los operarios de limpieza viaria y recogida de residuos de dispositivos de seguridad activa diseñados para actuar de forma automática ante cualquier incidente. La adjudicación ha recaído en la empresa Doopmap SA, especializada en protección del trabajador aislado,. El importe total asciende a algo más de 10.000 euros (10.164 euros), con una duración de un año completo.

El núcleo de la solución tecnológica es el dispositivo D-5000, un terminal ligero y resistente, preparado para soportar incluso condiciones adversas de agua y polvo, que incorpora sensores capaces de detectar automáticamente una caída o la pérdida de verticalidad de un operario. A ello se suma un botón SOS que permite activar manualmente una alerta en caso de que la emergencia deje al empleado consciente.

Uno de los elementos clave es su sistema de geolocalización, con un margen de error inferior a cinco metros, junto a una conectividad multioperador que asegura la comunicación incluso en áreas con cobertura limitada. De este modo, el trabajador permanece localizado en todo momento, lo que facilita la eventual intervención de los servicios de emergencia.

Más allá del dispositivo individual, el sistema se apoya en una Central Receptora de Alarmas operativa las 24 horas durante todo el año. Este centro no solo recibe las señales, sino que cuenta con personal humano especializado que verifica cada aviso para descartar falsas alarmas y gestionar únicamente situaciones reales. En caso de incidente, se establece además una comunicación directa por voz con el operario, permitiendo evaluar su estado mientras se moviliza la ayuda necesaria.

El contrato incluye también un servicio integral que abarca el mantenimiento técnico, la gestión de las tarjetas SIM, la formación de los trabajadores y la sustitución inmediata de los equipos en caso de avería. Un enfoque que busca no solo implantar la tecnología, sino garantizar su funcionamiento continuo y eficaz en el día a día del servicio.

El principal argumento municipal es que con esta medida se refuerza el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y se avanza hacia un modelo de servicios públicos más seguro, en el que la tecnología actúa como aliada para proteger a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Una tranquilidad extra para la amplia plantilla de limpieza. Es de suponer que si en este año de funcionamiento se observan buenos resultados, el sistema se ampliará en el tiempo y acabará convirtiéndose en algo estable e imprescindible.

El mediático caso de una cofradía de la localidad valenciana de Sagunto que veta toda participación femenina, motivo por el que el Gobierno anuncia que retirará su máxima figura de promoción, el Interés Turístico Nacional, para toda su Semana Santa, amenaza con tener un nefasto reflejo también en León capital.

Y es que aplicando el mismo criterio manifestado en el caso valenciano por el Ministerio de Industria y Turismo, así como por el de Igualdad, al Semana Santa leonesa podría estar jugándose de manera cierta un reconocimiento del más alto nivel y del que goza desde el año 2002: el Interés Turístico Internacional. Una figura que desde entonces León ha promocionado y catapultado, acrecentando la tradición de la celebración de la Pasión en la capital y multiplicando así el impacto turístico en estas fechas.

Sin embargo, este reconocimiento podría tener los días contados. Y es que aquí no es sólo una congregación penitencial la que veta totalmente la presencia de uno de los dos sexos sino que son cinco. Dicho de otro modo, incumplen la obligatoriedad constitucional de la igualdad un tercio, una de cada tres cofradías y hermandades, de las 16 existentes.

El matiz de la no participación igualitaria de hombres y mujeres es relevante en el caso de la ciudad leonesa, dado que en cuatro de los casos son cofradías en las que las mujeres no pueden procesionar como cofrades de pleno derecho -aquí llamados ‘papones’-. Y en un quinto caso, María del Dulce Nombre, se trata de una cofradía exclusivamente femenina en la que son los hombres los que no pueden ni desfilar ni pujar desde su creación hace 35 años.

Al contrario que en otros lugares de España de arraigada tradición, como Sevilla o Valladolid, entre otras muchas, aquí el Obispado de León jamás ha tomado cartas en el asunto y permite una situación que hace años debería haber cambiado, como publicó ILEÓN hace ya casi una década.

Los argumentos oficiales a tener en cuenta

En el caso de la nueva negativa de los miembros, sólo hombres, de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, que han vuelto a rechazar con sus votos la modificación de sus estatutos para permitir el alta de mujeres como “cofrades de pleno derecho”, el Ministerio ha abierto un expediente.

En él, recuerda que la declaración de la Fiesta de Interés Turístico se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. Y tras las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres. Esta orden contempla en su artículo 13 la posibilidad que la declaración pueda ser retirada cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido tajante en sus redes sociales ante el caso valenciano: “Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida”, escribió. “La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar”.

Discriminación, caso por caso

En el caso de la Semana Santa de la ciudad de León, la discriminación proviene de siglos atrás en los casos de las dos congregaciones centenarias de la ciudad, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, fundada en el año 1611, y la Real Cofradía de Minerva y Veracruz, de 1612. En ambos casos, el peso de la prohibición es secular y ése su principal argumento para el inmovilismo.

En la primera la situación es más flagrante: veta por completo que una sola mujer forme parte de la congregación. En el segundo caso, Minerva, que sí las dejaba 'procesionar', aunque exclusivamente como 'manolas' y sin poder pujar ningún paso, ha visto triunfar crecientes movimientos internos para abrirse a la participación femenina en igualdad de condiciones, incluso vestir como cualquier ‘papón’. Una tensa votación celebrada en mayo del pasado año 2025 acabó con 286 síes frente a casi 200 negativas. Algo histórico. Sin embargo, ya se advirtió que la decisión no sería de aplicación inmediata. Y así está siendo: por el momento este año no será todavía posible.

Dulce Nombre, promotora y ¿ahora culpable?

Pero la más antigua cofradía, Dulce Hombre de Jesús Nazareno, es la que más tendría que perder. Y es que ha sido esta congregación, que sigue siendo sólo masculina, la que permitió obtener por extensión a toda la Semana Santa su máximo reconocimiento, por la especial mención de tradición de siglos de sus dos actos centrales: La Ronda, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, y la Procesión de los Pasos y el momento de El Encuentro.

A la lista de cofradías que vetan la igual participación femenina se suman dos mucho más recientes en el tiempo: la de Santo Cristo de la Redención (1990), cuyo fundador y primer abad fue Vicente Canuria, hoy concejal socialista y mano derecha del alcalde de León, José Antonio Diez; y la del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio (1991), vinculada a los hermanos Franciscanos, cuya procesión principal, la del Silencio, el Miércoles Santo, siempre aparecía en los programas como “sólo para hombres”. Hoy se ha retirado esta coletilla pero igualmente las mujeres sólo pueden ser meras espectadoras de calle.

No hay que olvidar que las cofradías de la Semana Santa de León reciben subvenciones de dinero público de varias instituciones, entre ellas de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de la capital, al menos a través de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades.

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.