La mala situación de las depuradoras de aguas sucias en la Montaña Oriental leonesa vuelve a poner en evidencia una de las mayores contradicciones ambientales de Castilla y León: la persistencia durante décadas de vertidos de aguas residuales en pleno Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (antes Parque Regional de Picos de Europa). Una cloaca que, ara muchos colectivos, dura décadas en un territorio que goza de la máxima figura de protección ambiental de la Junta de Castilla y León, la administración que es al mismo tiempo competente en la materia, gestora del espacio y responsable de esta lamentable situación.

La asociación Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) denuncia que “la mayor parte de las depuradoras del Parque Regional siguen sin funcionar”. Y advierte de que los vertidos al río Yuso “son cada vez más preocupantes”, especialmente ante la llegada del verano, cuando el caudal disminuye y aumenta la presión turística. Creciente año a año. Incluso recuerdan que la situación adquiere todavía dimensión más grave, bordeando lo sanitario, por el hecho de que parte del abastecimiento de agua potable de la localidad de Riaño procede del propio embalse, al que terminan llegando esas aguas putrefactas sin tratar.

Por su parte, la Junta niega la mayor y asegura que toda la red de depuradoras funciona 'como un reloj'. Y prueba de ello, añaden, es que no hay impuesta una sanción por vertidos por parte de la autoridad fluvial, la estatal Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Así lo ha replicado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de las nuevas denuncias conservacionistas.

La gravedad de la denuncia de éstas no reside únicamente en el estado actual de las instalaciones. También en que el problema se arrastra desde hace casi dos décadas pese a que muchas de las infraestructuras ya estaban construidas o prácticamente finalizadas a mediados de los años 2000. El Parque en sí data del año 1994. La Ley de 18 de julio de ese año irónicamente destacaba que allí el agua es “un componente esencial del ecosistema y de la caracterización del paisaje de dicho espacio, por lo que preservar su calidad en los cauces, constituye un requerimiento ineludible en el objetivo general de proteger el espacio”.

Todo tipo de quejas

Aunque se fueron ejecutando con cuentagotas, tuvo que esperarse al año 2007 -13 años después- para que se firmara un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el Consorcio Provincial de Residuos Gersul y varios ayuntamientos, entre ellos el de Boca de Huérgano. Los municipios ya estaban hartos entonces de soportar “deficiencias” constantes y un elevadísimo coste eléctrico para el funcionamiento de esas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Y entre otras muchas quejas al Procurador del Común de Castilla y León, las obras para intentar ponerlas en marcha fueron adjudicadas en julio de 2008.

Sin embargo, aquel mismo organismo del 'defensor del pueblo' autonómico ya reflejaba que en 2008 y 2009 las depuradoras seguían sin estar plenamente operativas y continuaban pendientes actuaciones imprescindibles para su funcionamiento efectivo. Casi veinte años después, el escenario apenas ha cambiado, denuncia Gedemol, como lo hacía antaño.

De entre lo poco que se ha avanzado destaca un acuerdo autonómico desde principios de la década pasada para pagar una parte del altísimo coste de mantenimiento y consumo eléctrico de las estaciones, por los que los ayuntamientos las dejaban inoperantes. El último se aprobó en 2020.

Boca de Huérgano, entre lo peor

La asociación pone especial acento en el más preocupante caso de Boca de Huérgano, donde “ninguna de las depuradoras se encuentra en funcionamiento”, por lo que “todas las aguas residuales -de la totalidad de sus pueblos- se vierten al río Yuso sin depuración de ningún tipo”. La asociación describe escenas especialmente alarmantes durante el pasado verano. “Decenas de metros por debajo de los puntos de vertido de Barniedo, Los Espejos de la Reina o Boca de Huérgano se podía apreciar el volumen del vertido y su impacto, con un río blanquecino y maloliente”, denuncia.

El colectivo recuerda además que la situación se produce en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista ecológico y turístico. A ello se sumó el impacto añadido de “las cenizas de los incendios del pasado verano, los prolongados estíos y el aumento de turistas”, factores que provocan episodios críticos cuando el río presenta caudales mínimos y recibe vertidos fecales directos.

¿Qué hacen las autoridades?

La asociación sostiene que la situación incumple tanto la Ley de Aguas como la normativa del Dominio Público Hidráulico y alerta de sus consecuencias sobre “la salud pública, la sostenibilidad de los ecosistemas y los daños económicos ligados al turismo o la pesca”. “Somos una comarca que cada vez vive más del turismo y no podemos permitir que las zonas de baño, visitadas en verano por cientos de familias, sean verdaderas cloacas”, lamenta el colectivo.

Gedemol carga contra todos: empezando por el Consistorio de Boca de Huérgano, sobre todo señala a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), competente en la calidad y gestión de las aguas públicas, y la propia Junta de Castilla y León, a las que acusa de permitir durante años una situación que se ha vuelto crónica.

La asociación ha solicitado información ambiental al Ayuntamiento y asegura que únicamente ha recibido documentación relativa a dos nuevos convenios firmados en octubre de 2025 entre la empresa pública de la Consejería, Somacyl, y el Consistorio para construir depuradoras en Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina. Que ni existían.

Con este panorama, reclama conocer “en qué se está gastando la tasa anual de depuración de aguas residuales de más de 50 euros por vecino”, un importe que asegura que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Carriedo, sin embargo, dibuja un escenario perfecto y cristalino en el funcionamiento de las EDAR en la Montaña Oriental. Ante preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno de este jueves, afirmó tajante que “todas las depuradoras están en funcionamiento” e incluso “tienen un histórico completo desde 2014” hasta la actualidad. En ese historial de estadísticas, añadió, “se acredita consistentemente el cumplimiento de todos los parámetros exigibles por la normativa”. Prueba de ello, concluyó, es que en todo este tiempo “no se ha establecido ningún procedimiento sancionador” por parte de la Confederación. De modo que la visión oficial de la Junta es de absoluta normalidad, ahora y siempre, en la depuración de las aguas del espacio protegido.

Apuntando a los tribunales, y mucho más

Sin embargo, Gedemol anuncia nuevas actuaciones para demostrar que la razón está de su parte: Prepara inspecciones individualizadas de las depuradoras, con posible presencia notarial. También impulsará una campaña de toma de muestras aguas abajo de los vertidos y en zonas de baño. Y no descarta reabrir la denuncia ante la Unión Europea o acudir directamente a los tribunales.

El colectivo considera que parte del problema procede del diseño original del sistema de saneamiento realizado en los años noventa, que califica de “desastre”, con instalaciones “sobredimensionadas y de elevado coste de mantenimiento”. No obstante, insiste en que esa circunstancia “no es excusa para que no se depure” una de las joyas de la corona ambientales de la provincia. Finalmente, como alternativa, plantea la implantación progresiva de sistemas de “filtros verdes”, depuradoras ecológicas basadas en gravas, juncos y vegetación natural, ya utilizadas en otros espacios protegidos europeos y con menores costes de mantenimiento.

Se prometió para el año pasado. Se ha celebrado casi con medio año de retraso. Y ha servido para muy pocos avances de futuro y ningún compromiso cierto de mejora. Así se puede resumir la visita institucional hoy de Elena Mayoral, directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), al aeródromo civil leonés ubicado en La Virgen del Camino, fruto de la orden del ministro Óscar Puente después de que tras reunirse con los mandatarios de la Diputación se hablara con fuerza de la necesidad de construir una terminal logística aérea que podría ser la única de todo noroeste. Una plataforma que en un informe técnico el Consorcio del aeropuerto cifró en 43,6 millones de inversión.

En realidad no importa el precio: lo relevante es que Aena, el Ministerio, o el Gobierno central, como se prefiera, no acometerá esta ansiada infraestructura. Esto sí quedó del todo claro al hablar Mayoral ante los medios, asegurando que su construcción no sería competencia estatal sino exclusivamente inversión de las operadoras logísticas, siempre que haya alguna interesada, añadió más. Por eso, el único compromiso adquirido hoy fue poner en contacto a las operadoras de carga aérea del país, que ahora trabajan desde otras pistas, como por ejemplo la exitosa de Zaragoza, con la Diputación de León para ver si suena la flauta.

Mayoral explicó que, de darse este vital condicionante, cabría ejecutar una terminal de nueva construcción -con el precio mencionado que estimó Diputación- o incluso podría aprovechar algo ya existente, como es la antigua terminal de pasajeros del aeródromo leonés, que presentaría condiciones bastante óptimas para empezar, aclaró.

“Encontrando un operador de carga, las infraestructuras están disponibles y, si no, se pueden adaptar en la medida que se necesite”, ha afirmado la responsable de Aena, recordando que el transporte de carga aérea en España está bonificado, añade Efe. Y es que la empresa pública solo alquila el terreno por el tiempo que sea necesario para amortizar esa inversión por parte de las compañías, en el caso de que algún operador la lleve a cabo.

Para sondear y pilotar la búsqueda de ese impulso empresarial a priori inexistente, ya que el volumen de carga de los últimos años en el aeropuerto de León es prácticamente nulo, será la Diputación de León, que preside el Consorcio junto al Ayuntamiento de la capital, el que se encargue de llevar los posibles contactos, previa realización por parte de las operadoras de un plan de negocio para ver qué mercancía quieren mover en León y si aprovechan o no la antigua terminal de pasajeros.

La Diputación se echa mejorar accesos a sus espaldas

“Los aviones de pasajeros pueden empezar a transportar mercancías, luego se podría empezar ya”, apuntó optimista el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, ignorando aquel dato de que casi cero toneladas han sido movidas desde o hacia León en décadas. Por eso, en presencia también del Delegado del Gobierno, el leonés Nicanor Sen, primero habló de “buenas noticias en cuanto a las posibilidades que tiene el transporte de carga desde el aeropuerto leonés”, aunque a continuación admitió que la visión “positiva quizá no sea todo lo positiva que esperábamos”.

Como tampoco Aena se 'mojó' en la creciente petición de mejorar varios de los accesos a la pista leonesa, fue Courel el que se comprometió también a que “se descongestione el paso de vehículos por el centro de la Virgen del Camino”, ejecutando con medios propios una nueva carretera directamente desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés.

La única condición: que San Andrés y Valverde de La Virgen pongan de su parte los terrenos necesarios “del camino actual”. A todo esto, no se pronunció en público, aunque estuvo presente, el vicepresidente de la institución y diputado provincial, Roberto Aller (UPL), que mantiene “un pacto que goza de buena salud” en el Palacio de los Guzmanes, basado en gran medida en la mejora de infraestructuras por parte del Gobierno. Posteriormente, en una nota de prensa, UPL se atribuyó a su presión el hecho mismo de la reunión de hoy pero se mostró “prudente dentro de la satisfacción”, así como “vigilante” de cara a los siguientes pasos.

Mejor sistema de aproximación, tampoco

A preguntas de los periodistas sobre el posible aumento del sistema de aproximación al aterrizaje ILS del aeropuerto de León, actualmente de categoría I, frente al nivel III de otros muchos aeródromos, como el de Asturias o Valladolid, la directora general de Aena aseguró que es un asunto que “se está analizando”, sin más. Pero matizó que, aunque se hiciese ese cambio, no significaría que ya no se desviaría ningún avión, puesto que estos desvíos dependen de las condiciones meteorológicas y de la pericia de los pilotos.

Y además, otro escollo:  que “no solamente es la infraestructura en tierra”, sino que “hay una serie de obstáculos alrededor del aeropuerto que no harían viables en estos momentos las maniobras necesarias de aproximación”. Eso, y que todo lo que se refiere al control aéreo depende del Ministerio de Defensa, así como sus instalaciones militares o la Base Aérea misma. Finalmente, quiso quitar hierro a los efectos de la baja categoría del ILS, echando manos de la estadística oficial de Aena que hizo que el año pasado sólo se anularan “un 1%” de aterrizajes por la niebla en la pista leonesa.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

El crecimiento industrial no solo se mide en toneladas o en cientos de miles de euros, también se mide en litros. En concreto, 666.000 litros de agua cada día. Ese es el volumen que una conocida industria agroalimentaria ubicada en la localidad leonesa de Riego de la Vega quiere garantizar para poder acometer el aumento de su producción de legumbre cocida. Una cifra que resume por sí sola la dimensión del proyecto y que ahora está pendiente del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central.

El procedimiento impulsado por la marca Legumbres Luengo ha entrado ya en fase pública tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 5 de mayo, con un plazo de un mes para revisar los detalles del proyecto y valorar si presentar o no alegaciones al mismo. Un mes en el que administraciones, colectivos y particulares podrán pronunciarse sobre una solicitud que eleva el consumo anual hasta los 200 millones de litros, cuando hasta ahora tienen una concesión en marcha de 150.000 millones por ejercicio, por lo que solicitan aumentar un 33% más.

El salto productivo pasa por intensificar el ritmo de producción: la empresa se plantea tener a pleno rendimiento sus instalaciones durante seis días a la semana y también quiere prepararse para aumentar más horas de actividad cada jornada. Y para ello solicita mucha más agua pero sin nuevas captaciones, manteniendo las cuatro que están operativas actualmente, según los documentos disponibles en el portal de CHD. Eso sí, de las mismas captaciones confía en poder contar, si la autorización sale adelante, con un caudal de hasta 20,8 litros por cada segundo.

En paralelo a este expediente, la misma compañía, Legumbres Luengo, mantiene en tramitación otra solicitud de gran calado hídrico para su planta del polígono industrial de Onzonilla, junto a León capital. Según publicó el BOE, la firma pide a la Confederación Hidrográfica del Duero triplicar prácticamente su capacidad de consumo, elevando el caudal máximo de 5,625 a 17,36 litros por segundo y el volumen anual desde cerca de 100.000 hasta 250.000 metros cúbicos (un 150% más) respecto a la concesión vigente desde 2010. Una ampliación que refuerza el mismo patrón: más producción y más demanda de agua en distintas instalaciones de la provincia, en este caso incluso con el llamativo detalle de que la autorización actual ya contemplaba un “uso recreativo” limitado al riego de una docena de árboles.

Dos acuíferos de Órbigo y Maragatería

Volviendo a Riego de la Vega, ahí se sitúa uno de los puntos clave del nuevo trámite. El agua que solicitan aprovechar procede de dos masas subterráneas importantes en el centro geográfico de la provincia de León: el acuífero Aluvial del Órbigo y el de La Maragatería, donde algunos sondeos alcanzan profundidades de hasta 225 metros. Reservas de acuíferos bajo presión en un contexto de creciente demanda y episodios de sequía que podrían ser cada vez más frecuentes, como la propia CHD remarca en cada renovación del Plan Hidrológico de la cuenca.

En la documentación técnica, la empresa sostiene que no existe una “afección destacable” sobre el entorno ni sobre el estado de los acuíferos. Subraya además que no se realizarán nuevas captaciones ni modificaciones estructurales en las actuales, que seguirán operando bajo las mismas condiciones. Una de ellas, de hecho, la número 3, permanecería catalogada como captación de emergencia, destinada a utilizarse solo cuando las otras tres no puedan suministrar todo el caudal necesario.

Un grupo en crecimiento

Pero el foco no está solo en cómo se extrae el agua, sino en cuánto. El incremento de 50 millones de litros anuales llega en un momento en el que la gestión hídrica en la cuenca del Duero se mueve en un equilibrio cada vez más ajustado entre usos agrícolas, industriales y disponibilidad real del recurso. Una decisión que queda en manos de la Confederación y que habrá de adoptarse, o rechazarse, exclusivamente por criterios técnicos y medioambientales, dejando en un segundo plano que ampliación de Legumbres Luengo permitiría a la factoría consolidar su posición en el mercado nacional e internacional de legumbres, uno de los sectores más dinámicos del campo leonés.

Esa pujanza hizo que Luengo adquiriera en el año 2017 la compañía Alimentos Naturales SA, ubicada en Onzonilla y centrada en la actividad de procesado y envasado de legumbres. La empresa provenía de los resquicios del antiguo y poderoso grupo leonés Elosúa pero entró en concurso de acreedores desde 2015. La operación, valorada entonces en 7,5 millones de euros, permitió a Luengo mantener la producción, preservar los empleos y reforzar su implantación en la provincia de León, con el puntal de la sede central de Riego de la Vega, situada entre La Bañeza y Astorga, que ahora también busca recrecer. Si finalmente consigue la ingente cantidad de agua que necesita.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha restringido el derecho de sus concejales de la oposición a ejercer el control efectivo del gobierno municipal al no responder en pleno los ruegos y preguntas. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común tras una denuncia presentada por el PSOE de Ponferrada en el año 2024 y que se ha resuelto casi dos años después.

La institución que dirige Tomás Quintana López, que lleva con su mandato caducado desde el 2022, ha emitido una resolución en la que cuestiona el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a los ruegos y preguntas formulados por la oposición en sesión plenaria, al haberse contestado únicamente por escrito y fuera del pleno.

En el mandato actual con Marco Morala (PP) en la Alcaldía se decidió que en la organización municipal las respuestas a los ruegos y preguntas se darían en la Junta de Portavoces, una reunión no pública y de carácter consultivo, mediante respuestas por escrito y con su posterior publicación en la web municipal. El PSOE denunció la práctica por considerar que se vulneraba el derecho a saber lo que pasa en el ayuntamiento berciano.

Según el Procurador lo realizado por Ponferrada “altera una de las competencias indelegables del Pleno”, como es la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, recogida en la Ley de Bases del Régimen Local. En concreto, recuerda que el artículo 22.2 atribuye al pleno esa función, mientras que el artículo 46.2 exige que exista una parte diferenciada en las sesiones ordinarias destinada a garantizar ese control político. “La Junta de Portavoces no es, ni puede ser, un órgano de fiscalización de la acción del gobierno, función que corresponde exclusivamente al Pleno del que forman parte todos los concejales, no solo los portavoces de los grupos”, incide.

Además, el dictamen de la defensoría del pueblo autonómica va más allá del plano organizativo y entra en el terreno constitucional. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que el derecho de los concejales a formular preguntas y obtener respuesta forma parte del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho incluye no solo intervenir en los plenos, sino hacerlo en condiciones que permitan ejercer de forma efectiva su función de control.

“Hemos de insistir en que no puede quedar a voluntad del órgano sobre el que se ejerce el control, el Alcalde o Concejal delegado, la posibilidad de elegir si el Pleno conoce el ruego o no, precisamente puede ser útil al concejal que lo ha formulado que el Pleno conozca que esa aceptación se ha producido a iniciativa suya”, especifica.

En este sentido, advierte también de que el Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada aprobado en 2025 podría incurrir en ilegalidad si permite que los ruegos no se debatan o que las preguntas no se respondan en sesión plenaria. De hecho, señala que condicionar ese debate a la voluntad del equipo de gobierno o a la solicitud expresa del concejal supone una restricción indebida de derechos. Por ello recomienda al Pleno de Ponferrada “que valore la procedencia de iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de la regulación introducida en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal, al suponer una infracción de los derechos de los concejales a la participación política”.

El PSOE cree que lo sucedido va contra la transparencia

Para los socialistas de Ponferrada “esta resolución del Procurador del Común deja en evidencia una forma de actuar del equipo de gobierno que va en contra de algo básico: la transparencia y el derecho de los vecinos y vecinas a saber qué está pasando en su Ayuntamiento”.

“Cuando se evita que los ruegos y preguntas se debatan en el Pleno, no solo se limita a la oposición, se está limitando también a la ciudadanía, que pierde la oportunidad de escuchar explicaciones públicas, de conocer las respuestas y de ver cómo se fiscaliza la acción del gobierno”, incide el grupo que lidera Olegario Ramón, que explica que a veces sus preguntas son asuntos que les plantean ciudadanos y colectivos “que tienen derecho a conocer de manera pública las respuestas que están esperando del equipo de gobierno”

“El Pleno no es un trámite ni un espacio para tratar asuntos sin debate, es donde se da la cara ante la gente. Y lo que no se explica ahí, simplemente deja de ser transparente”, consideran. Por ello piden al Ayuntamiento de Ponferrada que rectifique y aplique la resolución del Procurador del Común, “y que se vuelva a un funcionamiento normal, donde haya debate, donde haya respuestas y donde los vecinos y vecinas puedan confiar en que su Ayuntamiento actúa con claridad y de cara a la ciudadanía.

León ciudad, tampoco se responde

Un caso similar al de Ponferrada es el que se vive cada mes en el Ayuntamiento de León ciudad. Ahí la tradición, que ningún alcalde ha revertido en décadas, dicta que la oposición pregunta en cada pleno y espera un mes para recibir la respuesta: normalmente vía informe, con el más alto nivel de enrevesamiento técnico posible, leída de corrido y, para dificultar al máximo su comprensión, sin ni siquiera recordar a los asistentes sobre qué asunto se había preguntado en la sesión anterior, un mes antes.

Pero últimamente sucede que cada vez son menos los ruegos y preguntas in voce que los grupos manifiestan en el pleno de León ciudad. Y para no dilatar tanto la espera, o acercar más la pregunta a algún asunto de candente actualidad, emplean otra técnica: plantear las preguntas vía registro municipal. Si se hace con la suficiente antelación marcada, cuando se celebra el pleno el equipo de Gobierno de ese mismo mes ya sí está obligado a responder, sin poder ocultar el asunto solicitado y sin dilaciones ni excusas. La nueva resolución del Procurador del Común, que resalta la necesidad de debatir y responder en el mismo momento del pleno, puede llevar a un cambio de décadas en el consistorio de la ciudad leonesa.

Otros ejemplos de respuestas 'vivo y en directo'

La Diputación de León, durante décadas desde que se retomara la normalidad democrática, afronta el habitual momento plenario de los ‘ruegos y preguntas’ asumiendo las respuestas en vivo y en directo. Prácticamente nunca el equipo de Gobierno de turno se ha escudado en la necesidad de consultar datos, realizar informes u otras tretas habituales, bien haya gobernado el PP o el PSOE, con o sin alianzas como la actual entre socialistas y leonesistas.

Así, cuando en la parte final de cada plenario la oposición lanza sus preguntas y sus quejas -que suelen superar con creces la decena- el presidente, actualmente el socialista Gerardo Álvarez Courel, pasa a contestarlo todo a pecho descubierto. Esa es la tradición. Como mucho, si se requiere alguna aclaración muy precisa, otorga el turno de palabra al diputado provincial del área del asunto cuestionado. Sólo en casos muy excepcionales remite al mes siguiente para satisfacer las peticiones, como ocurrió por ejemplo en el pleno de abril al reclamar el Grupo Popular con todo detalle las subvenciones atraídas desde el Palacio de los Guzmanes con la Oficina Provincial de Fondos Europeos que se creó precisamente a instancias populares.

Otro lugar donde se contesta habitualmente de forma directa a las preguntas de la oposición es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, bajo gobierno de UPL. Los larguísimos plenos municipales, muchas veces con más de siete horas, no son óbice para que el equipo de gobierno que dirige Ana María Fernández Caurel no responda a las varias preguntas de la oposición, salvo alguna cuestión técnica que hace que se lleve a otra sesión. De hecho el frecuente debate y las preguntas y repreguntas convierten a los plenos de San Andrés en largos, pero a la vez fiel reflejo de lo que se espera del máximo órgano de un municipio, control político y debate público.

El Grupo de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha reclamado hoy que el equipo de Gobierno socialista se haga eco de una propuesta suya, emanada, aseguran, de la consulta de necesidades de los vecinos del barrio de Eras de Renueva, para que aumente el número de plazas de aparcamiento en la zona.

En concreto, UPL tiene una alternativa que hoy ha dado a conocer a través de un comunicado firmado por su portavoz, Eduardo López Sendino. En ella reclaman como solución viable que se pueda aprovechar una amplia superficie de metros cuadrados de la ancha acera en los entornos del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la ciudad, para crear allí nuevas plazas de estacionamiento en superficie. Calculan a priori que podrían generarse en torno a 80 nuevas plazas.

Aún más en detalle, el Grupo Leonesista se centra en el aprovechamiento de las aceras de la calle Cruz Roja de León, “justo detrás de la Junta”, por donde transcurre parte de la Ronda Interior de la ciudad. E incluso deslizan la propuesta de que esas plazas no fueran libres sino de pago, de las regladas por la Ordenanza reguladora de aparcamientos (ORA), en su modalidad de larga estancia, conocida como “zona naranja”. De este modo, sería del mismo tipo que las ubicadas justo delante de la Explanada de los Pendones en la parte frontal del edificio autonómico, y también como las nuevas ubicadas muy cerca, en el entorno del Centro Comercial León Plaza.

En la nota de prensa, López Sendino defiende que se trata de “zona que carece de arbolado alguno y en la propia construcción y adecuación de esas plazas de aparcamiento se podrían colocar árboles que darían sombra a la acera y los vehículos aparcados, consiguiendo armonizar el interés de zonas de aparcamiento con una mayor racionalización de un espacio actualmente vacío”. Y es que consideran que “una vez contemplada esta iniciativa, el espacio de acera sería lo suficientemente amplio como para permitir el tránsito holgado de los peatones”.

Cuando el pasado otoño el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se reunió con más de dos años de retraso con representantes del equipo de Gobierno de la Diputación de León (PSOE y Unión del Pueblo Leonés), apenas hubo un compromiso seguro en el calendario: la visita oficial de la directora general de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) al aeródromo civil de León, situado en La Virgen del Camino. Muy en concreto, la Diputación buscaba el primer compromiso oficial para comenzar a desarrollar una terminal de mercancías que, con un coste estimado de 43,6 millones de euros, podría convertir la pista leonesa en el único espacio de carga y descarga aeronáutica de todo el noroeste español.

Casi medio año de retraso después, por fin el presidente de la institución, Gerardo Álvarez Courel, aseguró en el último Pleno que la mandamás de Aena, Elena Mayoral, cumpliría con esa visita “en una o dos semanas”. De momento no se ha fijado fecha en las agendas oficiales pero los colectivos que promueven sacar el máximo rendimiento económico al aeródromo leonés de cara a su futuro ya tienen claros sus deberes. Y van más allá incluso de la terminal de mercancías.

Tras la celebración de una jornada reciente de análisis de las necesidades del aeropuerto leonés, en las que además de Aena quedó claro que será vital la implicación del Ejército, ya que el aeródromo es de control militar por la cercana Base Aérea, la organización León Propone ha diseñado con todo lujo de detalle lo que a su juicio requiere el aeropuerto leonés para su definitivo despegue. Coincide en gran medida con una beligerante 'Plataforma Más Vuelos, Más Futuro para León'.

Las principales peticiones, amén de la consabida terminal de carga y descarga, pasa por que se comiencen a diseñar, proyectar y lo antes posible presupuestar nuevos accesos a la pista aérea leonesa, porque la actual, atravesando La Virgen del Camino, es un cuello de botella poco menos que insalvable.

León Propone sugiere con todo lujo de detalles dos propuestas muy concretas y que ven factibles. La primera plantea crear un acceso rápido al aeropuerto desde la carretera N-120 (León-Astorga), aprovechando un camino ya existente por detrás de Confiterías del Bernesga. Han calculado que sólo sería necesario asfaltar unos 658 metros hasta conectar con la rotonda del aparcamiento de la terminal y un coste inferior al millón de euros. Este vial, defienden, facilitaría también el uso de una parcela de 17.000 metros cuadrados propiedad de Aena, con acceso directo a pista y capacidad para varias aeronaves tipo Boeing 737. La Diputación está dispuesta a estudiar su ejecución y el Consorcio del aeropuerto ya ha respaldado la iniciativa.

La segunda conexión que ven vital es más ambiciosa y compleja, una nueva carretera de unos siete kilómetros que conecte el exitoso polígono industrial de Villadangos del Páramo con la zona norte del aeropuerto. Aprovechando infraestructuras existentes y futuras, como la ampliación del polígono en marcha y la autopista León-Asturias AP-66, permitiendo además descongestionar la N-120. Esta vía abriría el acceso a más de 1,2 millones de metros de suelo con potencial para desarrollar la ansiada gran terminal de carga -que también defienden- u otras actividades aeroportuarias, como mantenimiento de aeronaves o almacenamiento de combustibles sostenibles. Esta inversión carece aún de cifra.

Ambas propuestas se enclavarían, a la fuerza, en el viejísimo y sólo esbozado en precampaña electoral de la Ronda Norte de León, la que debería cerrar hace décadas pero todavía sin éxito el anillo de circunvalación de la ciudad y canalizar todo el tráfico del amplio alfoz de la capital. Técnicamente estaría en fase de evaluación ambiental, tras su exposición pública, pero de plazos no hay noticias y se ha llegado a hablar un poco a ciegas de una inversión de unos 94,3 millones de euros. Pero su desarrollo requiere la colaboración de Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación y ayuntamientos, entre otras muchas dificultades.

A día de hoy, la realidad es que para todas estas necesidades que los colectivos y algunos partidos políticos ven imprescindibles y bastante urgente, Aena tan sólo ha diseñado invertir en los próximos años 16,3 millones de los 57,2 millones comprometidos en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, en el amplio horizonte hasta 2031. Y ni un solo céntimo en principio para ninguno de estos proyectos que León reclama. Por todo ello, la dilatada visita de la directora general de Aena se ve como el momento en el que sobre todo el Gobierno mostrará por fin su apuesta o desdén respecto al aeropuerto leonés.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

Calle Alcalde Isidoro Díez. Un nombre de tantos. Sin embargo se ha convertido en la comidilla del diminuto pueblo de La Uña y del pequeño municipio de montaña leonés de Acebedo, en el que Isidoro Díez Valdeón sigue llevando de manera ininterrumpida el bastón de mando que cogió siendo casi un chiquillo, con 23 años. Cuando ganó las elecciones la primera vez fue en 1995 y lleva a mucha honra tener en su poder una acreditación de haber sido entonces el regidor más joven de toda España.

La comidilla estriba en que el Ayuntamiento que preside ha aprobado este año, “tras dos años de trabajo”, una reforma total de la nomenclatura del municipio, de los tres pueblos. Y entre cientos y cientos de modificaciones, en la villa de La Uña la antigua calle El Puente 4 ha pasado a convertirse en calle Alcalde Isidoro Díez, rindiendo así un honor público al propio alcalde en activo.

Un hombre del que llama la atención su variado periplo político, muy poco usual. Porque tras unos largos primeros años electo bajo las siglas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), posteriormente encabezó la lista de la Agrupación Independiente Acebedo que él mismo fundó al abandonar la formación leonesista tras el fracaso de un congreso. En el anterior mandato gobernó bajo las siglas de Ciudadanos. Y en la actual ha sido repescado por el Partido Popular (PP). Pero ininterrumpidamente alcalde.

Hasta chistes con IA

La decisión de su nombre en el nuevo callejero municipal no ha pasado indiferente en absoluto. Hay quien lo considera un acto de prepotencia y engreimiento. Hay quien se lo toma por lo humorístico, e incluso emplea la IA para hacer chistes en los que se ve al regidor en su sempiterno traje y corbata cortando con unas grandes tijeras la cinta del rótulo de una inventada “Avenida de mí mismo, el alcalde”, mientras un perro hace sus necesidades justo debajo.

Él se lo toma todo con resignación, bajo el argumento de que “en un pueblo te pueden criticar por hacer una cosa y por la contraria”, y se ofrece a dar explicaciones que incluyen muchísimos matices. Casi 50 minutos de conversación. Matices como por ejemplo que la iniciativa no fue suya, lo cual es formalmente cierto. “Cuando estábamos estudiando todos los cambios, las Juntas Vecinales de Liegos y de La Uña, y las asociaciones de cultura de ambos pueblos, registraron la petición de ponerle mi nombre y mi cargo a una calle, argumentando que al final de este mandato llevaré 32 años, tres décadas y pico”, rememora. “Para mi fue una tesitura complicada, porque si digo 'no quiero' le estoy haciendo un feo muy grande en este caso a La Uña, de donde eran mi padre y mi abuelo, de donde son mis apellidos, motivo por los que lo pedían”, añade.

“Orgulloso por la propuesta”

Los críticos con la decisión tienen mucho que matizar sobre el origen mismo de su calle, dado que “es vox pópupi que las juntas vecinales que lo pidieron son suyas, las ha puesto él” e incluso llegan a tener “vínculos familiares con miembros” del equipo de Gobierno. Como no podía ser de otra manera en un minúsculo municipio rural -128 habitantes entre sus tres pueblos-, y tras tan dilatado mandato unipersonal como el de Díez Valdeón, no son pocos los que se llenan la boca con “sus abusos”. Haciendo honor al dicho: 'Pueblo pequeño, infierno grande'.

Desoyendo esas voces, al final, “orgulloso por la propuesta”, el alcalde decidió aceptar. Pero afirma que puso una condición: “Que fuera una calle pequeña, no principal, y a poder ser sin casas ni referencias catastrales”. La explicación, dado que sospechaba que habría alguna suspicacia, cae por su propio peso: “No quería que nadie tuviera que llevar mi nombre en su DNI”.

El Pleno con la total revolución de nombres del municipio de Acebedo se celebró a finales de marzo y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 22 de abril (la añadimos). Ahora está en el período de exposición pública, durante 20 días, una fase a la que también se aferra Díez Valdeón, instando a “cualquiera que quiera a presentar alegaciones” antes de que nombre conste ya en todos los organismos oficiales y se fije definitivamente en un cartel. Algo que por otro parte algunos detractores consultados por ILEÓN creen que podría no ocurrir, porque “si se pone la placa va a durar 10 minutos y, en todo caso, no querrá ponerla hasta que no pase el verano y se vaya casi todo el mundo”. Eso se verá. Pero el alcalde añade que “además esto es movible, cuando se quiera otra Corporación puede proponer y aprobar cambiar el nombre de esta u otra calle por cualquier otro”.

Un punto que él decidió no votar

Aquel Pleno, asegura, estuvo exento de las suspicacias que han llegado después, cuando la gente ha visto en el Boletín que la propuesta es real. Primero, afirma Díez Valdeón, porque todo el nuevo nomenclátor se votó por unanimidad. Ahora con el PP, el alcalde gobierna -como siempre- con mayoría absoluta de tres concejales, frente a uno del PSOE y otro no adscrito, en el Grupo Mixto. Y segundo, porque “cuando llegó el momento de cambiar el nombre exacto de esa calle -para poner el suyo propio- me ausenté de la votación”. Por la configuración plenaria, si los dos ediles de la oposición hubieran votado 'no', habrían empatado con los dos del equipo de Gobierno, y en ausencia del regidor no hubiera podido emplear su legal voto de calidad para el desempate.

Por todo ello, Díez Valdeón afirma rotundamente que “aquí nada se ha hecho por 'mecagüen diez'”, y sin embargo insiste varias veces en el que el asunto de “la calle mía”, como la denomina alguna vez, él respeta “las opiniones de todo el mundo”. Incluso la de quienes quizá le escucharon decir alguna vez “medio en broma medio en serio que siempre he pensado que los homenajes, mejor en vida, luego ya no tienen el mismo sentido”.

Un conocido precedente: el parque de Juan Morano

Su caso no es único, ni mucho menos, No poca gente recuerda que el alcalde de León Juan Morado inauguró mientras gobernaba un parque en la ciudad llamado 'Parque Juan Morano', entre la avenida Padre Isla y el barrio de Eras de Renueva. Muy parecidos a los argumentos actuales, el principal fue que era una iniciativa popular que no estaba dispuesto a desairar. El controvertido Morano también presentó una biografía política muy cambiante, tras gobernar presentándose por UDC en 1979, Alianza Popular, posteriormente independiente y al final repescado por el PP.

El caso es que Díez Valdeón, alcalde de Acebedo es. Calle casi seguro que tendrá. Y lo que pase después ya se verá. Porque cuando culmine este mandato y cumpla 32 años al frente del Consistorio aún no sabe qué hará: “Mi idea inicial es dejarlo en un año... pero va veremos, porque tengo claro que muchas veces no presentarse supone la destrucción total de un equipo de Gobierno; por eso he metido en las últimas listas a gente más joven, preparada, para ver si se preparan para un relevo”. Y finalmente por otra razón: “Porque todos los buenos papas y los buenos jefes organizan su sustitución”, comenta medio en broma, medio en serio.

Ha costado más de un año pero hoy, tras muchas vicisitudes, entre ellas y complejo recurso, el Ayuntamiento de León ha adjudicado a la empresa que a lo largo de los próximos cinco años gestionará el complejo sistema de cámaras, controles de acceso y radares operativo en la capital para multar, registrar accesos limitados y otros muchos servicios.

El coste de todo este sistema, su tecnología, mantenimiento y control, denominado “la vertical de movilidad”, tendrá un coste total de 6 millones de euros por el espacio de cinco años que durará si se agotan todo su plazo y prórrogas establecidos, es decir, hasta el año 2031. Y el equipo de Gobierno socialista ha decicido que recaiga finalmente en la misma empresa que lo llevaba hasta ahora, que si bien se conocía por Telvent, ha cambiado su denominación a Kapsch SA.

La millonaria adjudicación fue decidida fuera del orden del día de la Junta de Gobierno celebrada este viernes, una vez que por fin se pudieron eliminar todos los escollos surgidos en el proceso de este contrato. El principal de ellos fue el recurso de la obra empresa que concurrió a la licitación, la firma leonesa Proconsi, que presentó oferta en UTE con la compañía Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice), y que quedó segunda y última en la puntuación inicial de la mesa de contratación, pero con apenas diferencia: Kapsch SA fue valorada con 89,47 puntos y Proconsi con 88,11.

Esta decisión no fue del agrado de la última, motivo por el que presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), dependiente del Consejo Consultivo. Esta entidad acabó resolviendo a favor de la decisión municipal, motivo por el que por fin se ha podido retomar el procedimiento y proceder a la adjudicación, que se cuantifica cada año en 1,2 millones de euros.

Se trata de una cifra de este contrato nuevamente privatizado que supone más del doble de los 588.210 euros que el Consistorio abonaba cada una de los últimos ocho años que Telvent ha mantenido todo el sistema y cuyo plazo expiró ya en 2023, habiéndose alargado desde entonces para que todo el entramado no dejara de funcionar.

Todo lo que estará en sus manos

La compañía sumará a las labores que realizaba hasta ahora -la red de semáforos, control de accesos a las zonas peatonales, las cámaras de lectura de matrículas, las de videovigilancia, la red semafórica, los cuatro foto rojo y un radar de velocidad- otros nuevos servicios, entre los que destacan el centenar de cámaras de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la gestión electrónica de los residuos sólidos urbanos o la eficiencia energética de la Smart City. El contrato también incluye todo el centro de coordinación y sala de control del tráfico que se sitúa en el antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF).

Fuentes municipales explicaron en un comunicado que la baja ofertada por la empresa servirá para instalar 300 nuevas ópticas LED de alta potencia cada año del contrato, así como un cálculo del registro de la huella de carbono, compensación, proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, entre otras mejoras que se implementarán durante los tres años del mismo, sin contar con las dos posibles prórrogas.

Más en detalle, la cuantía anual de este contrato que tanto ha costado adjudicar se compone de 1.089.000 euros al año para trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, gestión de la infraestructura de la vertical de movilidad y otros 111.000 euros al año en trabajos de modificación, reparación, reforma y reparación de averías, concluyen

Todavía no toca. A pesar de que el propio Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León decidiera prometer, hace exactamente un año, un calendario de escasos meses para reactivar una especie de 'Mesa por León 2.0' en busca de soluciones al complicado futuro de la provincia de León, ahora el Ejecutivo asegura que no se daban las circunstancias para cumplir esos compromisos. Y que será tarea del nuevo Gobierno, que todo el mundo da por seguro que conformarán una legislatura más PP y Vox si consiguen cerrar un pacto como los alcanzados ya en Extremadura y en Aragón.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que además en persona protagonizó la reunión impulsora de hace un año de una nueva hoja de ruta por el futuro de León, junto al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy públicamente que los plazos no eran adecuados para avanzar a lo largo del año pasado y lo que llevamos del ejercicio actual.

En concreto, admitió que tras una última reunión con representantes empresariales de la provincia en julio de 2025, y a pesar de los compromisos adquiridos de que en torno a esa fecha ya dispusieran de un documento muy completo sobre el diagnóstico y las propuestas para implementar en León, que la dinámica del calendario político les recomendó paralizar todo el proceso. Hasta hoy.

Carriedo lo defendió recordando que “se convocaron elecciones” autonómicas -aunque eso no ocurrió hasta enero de este año- y el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco consideró que, una vez en funciones, ya no debían dar pasos adelante en los resultados y acciones de esa nueva 'Mesa por León', por “no crear un debate que se convirtiera en un programa electoral”. A posteriori, razonó que “no es propio de un Gobierno en funciones comprometer retos o programas”, explicó hoy preguntado por todo el retraso acumulado y el incumplimiento de unos plazos públicos a los que en abril de 2025 nadie les empujó a adquirir.

El portavoz del Ejecutivo autonómico concluyó comprometiendo ahora, nuevamente, que la labor de cumplir con todo el plan será del nuevo Gobierno que salga del pacto que se adquiera a partir de ahora con la negociación que PP y Vox mantienen para reeditar su cogobierno de 2023. “Será una de las tareas de ese nuevo Gobierno”, sentenció, aunque de momento sin plazo, ya que no se conocen avances ni reparto de responsabilidades en el hipotético nuevo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

Una foto fija del número de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes legalmente permitidas en base a la nueva ordenanza de la ciudad de León, que entró en vigor hace año y medio, marca una cifra hasta ahora poco conocida: son exactamente 423. Se trata de una considerable merma de su número, ya que desde que la normativa municipal se aprobara a final del verano de 2024 y se comenzara a aplicar poco a poco, se han producido casi 200 bajas de veladores (189 menos a fecha de hoy). En la mayoría de casos esas bajas son por no interesarles renovar la obligatoria autorización del Ayuntamiento de León o porque este ha certificado que incumplen algunas de las muchas nuevas condiciones impuestas. La cifra en origen hasta ahora ha sido de 612 tramitadas.

De la estadística facilitada por fuentes oficiales municipales llama la atención que de las 423 terrazas con las bendiciones iniciales para instalarse, casi una de cada tres están en la zona centro -todo el Casco Histórico y zonas aledañas- y el resto se distribuyen por los demás barrios de la capital. En el caso de las zonas más concurridas y turísticas hay 113 veladores con todos los parabienes (un 31%) y en el segundo las 292 restantes. La excepción son las pedanías leonesas -Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo- y en el barrio de Puente Castro, que no tienen ninguna autorizada ahora mismo.

Una situación que llama la atención es el número de hosteleros de León con terraza que cumple la norma general de obligación de recoger cada noche por completo sillas, mesas, sombrillas y otros elementos, dejando totalmente libre la vía pública. Con carácter general, y como gran novedad de la ordenanza que ha sustituido a la obsoleta anterior, es que es obligatorio almacenarlo todo bien en el interior del propio bar o en un bajo alquilado o comprado a tal efecto. Sin embargo, un simple paseo nocturno por la mayoría de las calles del centro de la capital permite ver que esto casi no se cumple.

Muchas quejas vecinales y expedientes por no recoger

No es un tema menor: el Consistorio admite que entre las pocas sanciones impuestas desde hace poco más de un año que acabó el período de gracia concedido para amoldarse a las nuevas normas se han sumado hasta 25 expedientes de multa por no retirar todo el mobiliario o al denunciar los vecinos que se han saltado el horario fijado en cada época del año. Cuatro de ellas han acabado en multa económica este año, aunque aún no se suman nuevos casos en este ejercicio, matizan las mismas fuentes. Y también consta que este problema se ha elevado por un particular enfadado al Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León).

Sin embargo, las propias ordenanzas dejaron abierta la posibilidad de una 'triquiñuela' a la que no pocos hosteleros se han sumado para seguir ocupando calles y plazas con las terrazas apiladas durante toda la noche. El artículo 13 sobre “prohibiciones” reza que “podrá autorizarse de manera excepcional y mediante el pago de la tasa correspondiente el almacenamiento en la vía pública, fuera del horario de ejercicio de la actividad, de los elementos de la terraza que no puedan almacenarse en el interior del local”.

Pagar un 20% más de la tasa y eximidos

Tan sólo tienen que “acreditar” que no les cabe en el establecimiento ni pueden disponer de un local cercano para ello. Y además deben pagar por ello algo más que el resto: en concreto “un 20% más de la tasa que tengan que abonar por la terraza”. Como ejemplo, si un bar paga 1.000 euros en concepto de tasa por su número de mesas y sillas, afrontaría el pago de 1.200 euros.

Aferrándose a ello, son muy numerosos los establecimientos que pagar por no desmantelar la terraza cada noche, dejándola apilada y encadenada, lo cual, por cierto, es obligatorio. En concreto, la Concejalía de Consumo dice que hoy hay en vigor 110 autorizaciones que conceden este permiso extraordinario. Respecto al número total de terrazas de 423, se trata de una de cada cuatro. Matizan, eso sí, que la mayoría no son terrazas de acera sino las llamadas 'terrazas Covid', las autorizadas para estar sobre las calzadas, las carreteras de León: un total de 69. Lo cierto es que estas no afectan a la movilidad de los viandantes, al dejar totalmente libres las aceras. En los restantes 41 casos de calles y plazas, el Consistorio ha dado el parabién tras cerciorarse con “las actas de Policía e Inspección de los expedientes” que no hay alternativa al almacenamiento, aseguran.

Un caso curioso

Otro detalle que regula la ordenanza es qué la gravedad de cerrar muchos días, como por ejemplo vacaciones. Se dicta que es obligatorio que “todos los elementos deberán ser retirados si el establecimiento supera los 15 días consecutivos sin actividad al público”. De no hacerlo, igual que si se recoge cada noche con una demora inferior a una hora, la infracción se tipifica como “grave”. Supone una multa de entre 751 y 1.500 euros, con el agravante de que dos infracciones graves en menos de dos años puede suponer el cierre total de la terraza hasta tres meses.

El Ayuntamiento leonés asegura que en este casi año y medio sólo “se detectó el caso de un establecimiento en concreto” pero que no hubo sanción alguna porque “se solucionó con contacto con la propiedad y mediación, retirándose varios días después la terraza y cerramientos”.

A tenor de esta respuesta, ha habido un bar-restaurante muy conocido, situado en la Plaza de San Marcelo -frente a la sede de la Policía Local-, que resulta evidente que se libró de una multa municipal segura, ya que permaneció cerrado a la vista de todo el mundo por espacio de 21 días, con todo el material apilado en pleno centro histórico y turístico. Se trata, de hecho, del establecimiento que ya estuvo durante años en medio de otra polémica por el uso de un velador, que fue bautizado popularmente como 'mamotreto', con un permiso total del Consistorio tras un cambio de criterio radical, y sin embargo multado por Patrimonio de la Junta, que exigió su retirada.

Una tramitación lenta hasta ahora

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento aclara que la cifra de 423 terrazas actuales en León, una de las ciudades con más bares de España per cápita, es una cifra que irá cambiando lógicamente a lo largo del tiempo. Por un lado porque a fecha actual los recursos municipales se encuentran “próximos a alcanzar el 40% de las autorizaciones tramitadas” conforme a los informes de Inspección Viaria y la Policía Local, para certificar que cada velador cumple todos los criterios de la ordenanza, está al corriente de pago de la tasa (que también subió de precio con la nueva norma, algo que defendía el alcalde, José Antonio Diez) y puede continuar su actividad.

El ritmo aún es lento, en parte por el mal tiempo, aducen, pero comprometen que “la tramitación avanzará con mayor rapidez” a partir de ahora al ser más sencillo en las terrazas menos inspeccionadas, las de acera. Y es que estiman que sí se han visitado casi todas las 'terrazas Covid' en calzada, el 90% de ellas, a las que dan de plazo hasta junio para cumplir la obligación de instalar la plataforma elevada que las iguale a las aceras y permita la total accesibilidad de los clientes.

En todo este proceso podrá haber nuevas altas y nuevas bajas que siempre harán bailar la cifra exacta en cada momento. Pero la 'foto fija' actual da cuenta de cómo ha crecido en la ciudad de León el recurso de las terrazas al aire libre, no muchos años antes de la pandemia pero sobre todo a raíz de aquella época de restricciones.

El tasa de basuras que la Diputación de León cobra en nombre de casi todos los pueblos de la provincia es ilegal. Así lo zanja una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que, aunque la institución se niega a dar a conocer literalmente, ante la petición de ILEÓN, admite que va en contra de sus intereses y les fue notificada ayer mismo.

Literalmente, el auto sentencia que queda anulada la tasa de basuras que la Diputación gestiona de manera directa una vez disuelto el polémico consorcio provincial Gersul, tras años de escándalos y un rosario de condenas millonarias. De este modo, además, deja en el aire si tienen validez los recibos emitidos e incluso cobrados en lo que va de año 2026, así como de ejercicios precedentes.

El conocimiento de este varapalo judicial tuvo lugar por sorpresa en el Pleno celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes, tras preguntar por este caso el portavoz del Grupo Popular, David Fernández, y admitir el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, que el equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) acababa de tener hacía pocas horas la sentencia que supone la anulación de la ordenanza reguladora fiscal de la tasa por la gestión y tratamiento de residuos domésticos que fue aprobada a finales de 2023 y entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Un particular presentó ante el TSJ un recurso contra esa aprobación, denunciando un rosario de irregularidades, defectos de forma e incumplimientos, en una amplia demanda de casi 1.000 páginas, denunciando la “negligencia” del equipo de Gobierno. A pesar de negar el acceso a la condena, y del poco tiempo transcurrido desde su notificación, el portavoz del equipo de Gobierno, Santiago Dorado, sí la valoró en la sesión plenaria para admitir que el Alto Tribunal no ve “suficientemente justificada” la decisión de la Diputación de optar por el actual modelo de gestión.

Según su explicación, el TSJ pone en duda los motivos, por los cuales se decidió que esa gestión siguiera quedando en manos de una empresa privada, la UTE Legio VII -formada por FCC Medio Ambiente y Urbaser- sin valorar otras alternativas como una gestión pública. Cabe recordar que el contrato privatizado con Legio VII expirada precisamente casi a finales de 2024, si bien ha agotado la última prórroga y aún continuará vigente varios meses más.

Dorado también incidió en que el resto de los argumentos, que ascendían a más de una docena, habían sido rechazados finalmente por el Tribunal Superior, tales como que la tasa se había “aprobado antes de tiempo” o que la Diputación carecía de competencias en base a la Ley de Economía Circular, recayendo sólo en los pequeños municipios. Como todos esos demás argumentos de la demanda han sido rechazados, la valoración final del diputado portavoz fue que ya se ha decidido, en tiempo récord, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última instancia posible.

Por último, aseguró que los abogados del Palacio creen que “tiene muchas posibilidades de que prospere” y le dé la vuelta al varapalo actual. De momento, lo cierto es que le concederá a la institución un breve plazo de tiempo de algunos meses, hasta que el TS decida si admite o no la casación, y todo ello mientras se pone en marcha un nuevo concurso público para la gestión, transporte y reciclaje de las basuras de 208 de los 211 municipios de la provincia en el centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega.

El presidente Álvarez Courel no hizo tampoco autocrítica de la condena y se sumó a la petición pública de “tranquilidad”, afirmando a pesar de la sentencia que “se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos” y tratando de expandir la posible responsabilidad de aquella decisión que ahora se tumba al remarcar que “honestamente, se aprobó por unanimidad”. “En los juicios a veces se gana y a veces se pierde”, concluyó.

Hace justo dos años que el Ayuntamiento de León, con mayoría de votos de la oposición imponiéndose al criterio del equipo de Gobierno del PSOE, aprobó la paralización, negociación e incluso expropiación del solar junto a la Catedral de León del histórico restaurante Luisón ubicado en la Plaza Puerta Obispo, anexo a la muralla, donde se comenzaban a construir apartamentos turísticos. El objetivo claro de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Popular (PP) y Vox era impedir cuanto antes esa construcción, a la que sin embargo meses antes todos los partidos habían otorgado una licencia previamente a que saltara una sonora polémica pública.

Pues bien: el nuevo edificio de apartamentos turísticos ya está completamente ejecutado en su estructura, a falta de pequeños remates interiores. Y de este modo vuelve a tapar la visión de la muralla de León y el lateral del Palacio Episcopal que la demolición del anterior inmueble había desvelado, y que Patrimonio de la Junta autorizó aunque obligando a dejar visible al menos desde el interior del nuevo inmueble.

El asunto ha vuelto hoy, un poco por casualidad, al Pleno del Ayuntamiento de la capital. En una respuesta al portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, que se interesó por el estado de la situación y los motivos del incumplimiento flagrante de la moción aprobada por la oposición hace dos años, se volvió a desvelar la maraña administrativa a la que se ha aferrado el equipo de Gobierno socialista que dirige el alcalde en minoría, José Antonio Diez. Una maraña que ha permitido que la empresa ejecute casi totalmente las obras y pronto comience a funcionar el nuevo y controvertido establecimiento hostelero.

El portavoz socialista, Vicente Canuria, detalló en el Pleno los últimos, lentos y tímidos avances en la tramitación por la que el PSOE abogó para no bloquear la construcción, como le mandató el Pleno, aferrándose no a una actuación concreta en este caso sino a la complejísima revisión completa del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua para, a continuación, intentar modificar no sin menos complicación la totalidad del Plan del recinto Amurallado de la capital. Y es que, como argumentó de viva voz en su día el alcalde Diez tras la imposición de la oposición, a quienes censuró su “vena proteccionista” a posteriori, lo justo sería tratar por igual a todas las construcciones de viviendas adosadas a la muralla de la ciudad, incluyendo la totalidad de las de la contigua calle Serradores. E incluso en el resto de la ciudad.

De ahí que el equipo socialista mandatara al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) toda la tramitación, que depende también en última instancia de la Consejería de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Canuria admitió hoy con un eufemismo que este camino administrativo interminable elegido es un “complejo expediente”, recordando además que los técnicos municipales y funcionarios tienen mucho más que hacer que esto en su día a día, “compaginándose con el resto de expedientes, proyectos, obras, direcciones de obras, licencias, planeamientos...” del día a día. Con todo ello, ahora se entiende cómo a la empresa le ha dado tiempo a construir por completo el edificio nuevo en Puerta Obispo, ajeno a las maniobras políticas municipales.

El plazo de dos años del contrato para realizar el estudio de viabilidad con el que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente dio 'patada adelante' a la creciente exigencia de reapertura del corredor ferroviario Ruta dela Plata, entre Plasencia (Extremadura) y León hace meses que ya expiró. Y sin embargo nada de sabía de su resultado, sobre si finalmente se concluía que era o no era viable recuperar para el tráfico esta antigua línea de tren clausurada en 1985, considerada esencial para vertebrar el oeste peninsular.

El Ministerio ha desvelado hoy la incógnita, casi medio año después de que se tuviera que haber zanjado ya el estudio. Y lo hace para justificar el retraso acumulado y plantear nuevos plazos pero curiosamente sin establecerlos en el calendario en modo alguno. Es decir, la empresa contratada concluirá el informe cuando lo considere completo y cerrado. Ni idea de cuándo será eso.

En una nota de prensa ilustrada con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y varios diputados representantes de las provincias por las que discurre el trazado, lo que incluye a Javier Alfonso Cendón por León, admiten ahora que el contrato a la empresa Prointec SAU por importe deadjudicaciónn de menos de un millón de euros, 820.826 euros en concreto, y que tenía que haber estado listo en diciembre de 2025, ha tenido que ser ampliado en plazo. El argumento es que “ha exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector”, explican en una nota de prensa oficial.

En todo caso, recuerdan, enfriando las expectativas, que nada está decidido aún sobre su resultado, Y es que el comunicado introduce el matiz que no debe olvidarse, que este “este estudio de viabilidad es previo al eventual Estudio Informativo”, y que “incorpora un análisis previo de alternativas” entre las cuales están “incluyendo tanto opciones de carácter estratégico” como incluso “la alternativa de mantenimiento de la situación actual”; es decir, que la antigua línea Plasencia-Astorga -que ahora denominan León- continúe cerrada, sin tráfico alguno y con las vías y edificios abandonados.

La 'culpa' oficial, a algunos ayuntamientos

La nota del Ministerio explica que de momento la compañía se ha concluido los primeros trabajos: “La identificación de los condicionantes existentes en el entorno, para lo cual ha sido necesario realizar un amplio número de solicitudes de información a los municipios afectados”. Ha sido el retraso de algunos de los ayuntamientos, argumentan, “lo que ha obligado a ampliar el plazo inicialmente previsto para este contrato”. Por eso, terminado el tiempo establecido en el contrato ha dado tiempo a culminar “todos los trabajos relativos al análisis de los antecedentes y del trazado de la línea clausurada, así como aquellos vinculados a los condicionantes”. Pero quedaría mucho aún.

Entre lo pendiente, resaltan “la ejecución de diversas actuaciones técnicas orientadas a garantizar un estudio riguroso y representativo de la realidad territorial, así como de los flujos de personas y mercancías”. Y detallan que “se está avanzando en el análisis de la demanda y en la definición de las diferentes alternativas”, por ejemplo recabando el interés real a través de “una amplia campaña de encuestas y obtención de información dirigida a viajeros, cargadores y transportistas, con el objetivo de caracterizar con precisión la demanda potencial del corredor”.

El problema escriba en que en ningún momento el Ministerio se facilita un nuevo plazo de conclusión de todas las labores y elaboración del estudio de viabilidad. Sencillamente se explica que “una vez finalice la redacción de este estudio de viabilidad, será remitido al Consejo Asesor del Ministerio, con el objeto de que emita el preceptivo informe”. Con ello, aseguran que se está “reafirmando su compromiso con una planificación rigurosa y basada en criterios técnicos mediante el impulso de actuaciones alineadas con las necesidades reales del territorio, promoviendo una movilidad sostenible y eficiente tanto para los viajeros como para el transporte de mercancías, en estrecha colaboración con las administraciones y los agentes implicados”.

Un cúmulo de excusas

Hay que recordar las muchas reticencias que el actual Gobierno, así como los anteriores, han mostrado por atender a la reciente exigencia de reabrir la vía ferroviaria de la vieja Ruta de la Plaza por parte de numerosas administraciones locales del recorrido entre Extremadura y León, dada la situación de declive económico y social del oeste de España. “España nos lo debe”, reclamaban en una de las muchas concentraciones de protesta.

El actual Gobierno en un primer momento ya renunció en diciembre de 2021 a resucitar el tren del oeste peninsular, retirando el trayecto en la primera revisión de la estrategia Conectar Europa Ten-T. Tuvo que ser la propia Comisión Europa, tras el clamor popular en contra de esa decisión, la que salvó in extremis del borrado total a la Ruta de la Plata ferroviaria pero sin inversión ni plazos. La respuesta ministerial fue el actual estudio informativo, para decir si reabrir o no el trazado por el que circuló el último pasajero en 1985 y las últimas mercancías en 1986.

Incluso la propuesta misma del estudio informativo fue censurada por los colectivos, plataformas e instituciones desde las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, que no dudaron en tildar esta estrategia como “una demora injustificable”. Ahora a esa demora del informe mismo se suma una nueva de su ejecución material, alargando sin plazo un escenario cada vez más incierto.

La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.

Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector,  Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.

El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.

Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.

Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.

De aves comunes a especies clave como el lobo

Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.

También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.

Una red desequilibrada que deja a León fuera

Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.

El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.

El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.

El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.

El próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, Turi ya no trabajará. Ni él ni nadie del equipo de cinco personas que forman parte de una familia hostelera muy especial, la familia de el Caballo Rojo. En la víspera, el jueves 30, servirán los últimos vinos, ofrecerán las últimas tapas y pondrán sobre los manteles las últimas raciones de comida tradicional que han sido la marca de la casa durante décadas en este discreto pero histórico negocio familiar, una auténtica casa de comidas con el sabor de las de toda la vida.

La calle Federico Echevarría de la capital leonesa ya no será a misma a partir de esa fecha. Lo sabe bien Turi, Buenaventura Méndez, propietario del negocio de herencia familiar junto a su hermano José Manuel. Porque es consciente de que los clientes, “muchos de ellos muy amigos a fuerza de venir”, y también los vecinos de este bar de barrio, quedarán un poco huérfanos de buen trato y mejores sabores.

Los hay, comenta orgulloso, que acuden “prácticamente a diario a comer”, desde su antológico cocido completo a precio sin competencia al menú diario o las raciones “de siempre, las mismas que ya servíamos en la Casa de Galicia: no las hemos tocado”. Con esta referencia, se remonta a los orígenes de una saga familiar que alimentó su historia. Rememora: “Mi padre, Matías, cogió la Casa de Galicia a principios de los 80, cuando estaba en la calle Villafranca, después de haber tenido el bar Drake, frente al Cine Pasaje”. Todos ellos han desaparecido ya pero la mecha familiar estaba encendida desde hace casi 50 años.

Tras 20 años, la Casa de Galicia se trasladó a la calle La Torre y el éxito estalló durante los seis años de apertura. Allí su padre se jubiló y Turi, que tras estudiar en Madrid decidió primero regresar para echar una mano a sus padres “tras un problema de salud” y, después al comprobar “que entre León y Madrid no hay color”, tomó la decisión de que su vida laboral a partir de entonces estaría detrás de la barra y en medio de los fogones. Como lo estuvo la de su hermano “tras la crisis de la construcción”.

Eran “otros tiempos, la hostelería ha cambiado muchísimo”, relata con un ejemplo: “Antes era sota, caballo y rey: cinco vinos, dos tapas como pan con chorizo y listo”. Pero hoy en la bodega “tienes no cinco sino cincuenta vinos”, de variedad de tapas ni hablamos, ni tampoco del “aumento del nivel de exigencia de los clientes”. Ojo, que Turi no es de los hosteleros que de todo se quejan sino que le parece “bien porque también ves que la gente lo aprecia más”. Otra cosa muy distinta son “los impuestos, todo el papeleo, requisitos sanitarios, normas nuevas constantes...”. “Ahora un bar grande necesita un despacho sólo para él para levarlo todo en orden”, asegura todo un catedrático del sector, a fuerza de experiencia.

Precisamente porque era lo mejor que sabía hacer, tras los “dos años sabáticos” del cierre de la última Casa de Galicia en la ciudad, se lanzaron a cabalgar en una nueva aventura. Ya tenían comprado el local actual y en vigor su licencia, en Federico Echevarría, y dos intentos ajenos de alquiler “no conseguían sacarlo adelante”. Pocos recuerdan que mucho tiempo atrás el bar tuvo por nombre 'Del Ángel' y 'En los 60'. Pero una pareja que lo regentó, tras viajar a Córdoba y quedar maravillada con el Caballo Rojo original, el famoso restaurante del sur, decidieron bautizar así su propia aventura para que les trajera inspiración y suerte. Fue ese nombre, el auténtico, el que Buenaventura, su hermano y Elena, “que abrió conmigo desde el primer día”, eligieron para poner en el cartel de su herencia familiar. Y el éxito volvió.

La fórmula es como su comida, sencilla, pero igualmente ganadora. Cada comensal que se ha sentado en estos 18 años, que se cumplirían en octubre, da fe de ello. El ambiente en cada uno de los “tres turnos que damos” es sabroso y cálido. Lo han alimentado también Mari Mar, la cocina “de siempre”, y en los últimos años Camino, la camarera que le vino a quitar algunas horas de encima a Turi. Todos están llamados a seguirle en su jubilación, a unos 66 años “muy bien llevados” que le auguran todavía un buen disfrute de la vida más allá del Día del Trabajo de 2026. El día en que baje la trapa para siempre.

La pregunta es si hay relevo para el Caballo Rojo. Y también si le da pena. Sorprende respondiendo que “sí y no, porque si alguien te lo coge y le va bien, estupendísimo, pero si lo cambia mucho o no termina de tirar... ¡joder!”. Aún así, confía en que pueda salir adelante el relevo con “alguna persona interesada que hay”, aunque sin agobios. Su trabajo está más que hecho. Y el agradecimiento de sus amigos y clientes también. No en vano “hace semanas que no tenemos ni una mesa libre hasta el día que cerremos”.

La movilización celebrada este 23 de abril en León, ejerciendo de 'contrafiesta' reivindicativa a la oficial de Castilla y León, se saldó este jueves con un notable éxito de participación al congregar a cientos de personas a lo largo de todo su recorrido por el centro de la ciudad. Convocada con un marcado carácter político y reivindicativo, la marcha puso el acento en la demanda de un futuro propio para la provincia bajo el anhelo de ‘León solo’ para “caminar en libertad”.

La manifestación, que transcurrió en un ambiente muy festivo, con abundante música tradicional leonesa y cientos de banderas, muchas de ellas también de la comarca de El Bierzo, vivió uno de sus momentos más destacados a su paso por la céntrica avenida de Ordoño II, donde la afluencia fue tal que, aunque con cierta dispersión, durante unos minutos estuvo muy cerca de llenarse por completo. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, con un día de sol y calor que favoreció tanto la asistencia como el seguimiento del acto, entre pancartas, consignas, símbolos leonesistas y alguna que otra reivindicación añadida. Casi en la cabecera, un féretro simbolizaba la situación que los manifestantes consideran que vive León en el actual encaje autonómico.

Entre los asistentes no faltaron caras conocidas de la política y del ámbito social, especialmente vinculadas al leonesismo. Entre ellos destacaron el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez; el exsecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos; o el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, junto a otros representantes institucionales y de colectivos sociales, y multitud de ciudadanos anónimos.

La jornada concluyó en la Plaza de San Marcelo sin ningún tipo de incidente y con una amplia presencia ciudadana que volvió a situar en el centro del debate la reivindicación de una autonomía propia para León, aprovechando una fecha simbólica que, para los convocantes, refuerza precisamente la necesidad de abrir ese camino político por la vía constitucional.