Miles de conductores y no pocos viandantes pasan a su lado cada día. Pero nadie le hace caso. Es un muro discreto, de una altura media y sin embargo suficiente para ocultar lo que hay detrás, en la finca situada en los Altos de Nava, junto a la carretera de Asturias, en las afueras del norte de León capital. En la distancia corta se puede comprobar que se trata de una pared que suma muchos años: por el granulado, un color algo desvaído, el desgaste de su viejo hormigón y el óxido de las juntas de metal que une sus lienzos. Variadas pintadas, algunas muy del siglo XXI, son lo único que del tabique llama hoy la atención.

Pero nadie sabe que cuando pasa ante este muro, le observa un testigo mudo y discreto de un momento crucial de la historia de la ciudad y de España, un hito que cumple 90 años: el estallido del golpe de Estado militar contra la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil en León. Y es que 90 años exactos cumple también estos días una imagen, una muy poco conocida fotografía, que permite demostrar y datar la longevidad de esa humilde pared que hoy nos observa.

La idea general que se tiene del origen del franquismo en León y de los 40 años de dictadura, como en el resto de la Región Leonesa y las provincias de Castilla La Vieja de la actual Comunidad, es que el golpe fascista del 18 de julio de 1936 triunfó de manera aplastante, sin apenas resistencia.

Y eso no es del todo cierto. Primero, porque al norte de la provincia se terminó situando el Frente Norte divisorio, y de constante y durísimo conflicto bélico, entre el León ya en manos de los rebeldes del bando nacional y los fieles a la democracia republicana. Hasta que ese frente cayó, en octubre de 1937, hubo un enfrentamiento mortal entre ambos bandos. Y lo atestigua la destrucción casi total de algunas localidades, como La Pola o Villamanín, casi evocando a Guernica.

Pero incluso en la propia ciudad hay muchos matices, con los documentos en la mano. Para empezar, durante dos días completos las fuerzas sublevadas no se atrevieron a salir de los cuarteles y tomar el mando de las instituciones por la fuerza. No fue hasta el 20 de julio, una vez que constataron que habían abandonado la ciudad los cientos de mineros provenientes de Asturias que recalaron en la capital leonesa para pertrecharse de armas y víveres camino de la defensa de Madrid y algunas otras ciudades a su paso. Un periplo narrado con todo lujo de detalles en ILEÓN en una serie de diez artículos de José Cabañas.

Hay otras muchas fuentes oficiales que demuestran que ese triunfo golpista en la capital leonesa no fue un camino de rosas. Y junto a documentos, expedientes, causas sumarísimas del franquismo para justificar fusilamientos y encarcelamientos en masa, testimonios, algunos diarios personales y noticias de prensa de la época, también hay unas pocas y muy desconocidas fotografías. Bien se dice que “una imagen vale más que mil palabras”.

Una estampa muy desconocida

La principal foto, la que ilustra este reportaje, es la que delata la ya antigua presencia del muro que nos ocupa. Muestra un amplio parapeto con unos 25 soldados del sublevado Regimiento Burgos número 31 perfectamente equipados, en posición de defensa activa. Llama mucho la atención el hecho de que a los pies del parapeto, de más de un metro de altura y donde se apoyan los fusiles, aparezcan hasta cuatro cadáveres de militares supuestamente abatidos en una refriega que se adivina, ya que la escena transmite una fuerte tensión de batalla.

Por detrás se puede observar sin duda alguna la vieja pared y hasta los postes de la luz antiguos de madera y una pequeña casa baja en la parte superior izquierda que coinciden plenamente con la misma imagen que hoy, 90 años después, se aprecia en la misma zona.

Los enfrentamientos directos entre el bando faccioso y el democrático en aquel julio de 1936 existieron: son incuestionables y están documentalmente demostrados. Incluso llegando a tirotearse en la calle Padre Isla intentando llegar los mineros al centro también desde la zona de la Estación de Matallana, pero sobre todo en la vía principal de incursión: la carretera de Asturias. Son muy numerosas las publicaciones que dan fe documental de ello y que hablan de parapetos, trincheras, blocaos, fortines y tiroteos y también de bombas e, incluso, de fallecidos.

La mayoría de los duros combates ocurrieron en las inmediaciones del Fielato, el antiguo puesto de cobro de derechos de consumos, es decir, impuestos y tasas municipales, entonces una caseta situado junto a la carretera que hoy es la N-630. Se conserva un antiguo mesón con ese mismo nombre que delata el lugar aproximado.

También hay fotos de aquellos días, como esta que muestra un claro 'posado' de soldados nacionales con el Fielato detrás, en apariencia de defender la ciudad.

Así fueron las refriegas en la zona

Quizá quien más ha detallado las incursiones de aquellos días es el escritor, investigador y divulgador José Cabañas, recopilando todo lujo de detalles en su libro El asalto a la República en la provincia de León. Segunda Parte. La guerra, de Ediciones del Lobo Sapiens en 2023. Resalta con pruebas documentales especialmente dos intensos intentos de incursión durante las madrugadas del 23 y 24 de julio de 1936, situando los combates en torno a los depósitos de agua, los terrenos de La Copona, el camino de Carbajal de la Legua, el polvorín provincial cercano, el Fielato y la propia carretera de Asturias.

El primer ataque se produjo en la madrugada del 23 de julio. Izquierdistas dispersados tras la caída de León y mineros procedentes de La Robla, llegados en varios camiones, intentaron asaltar el polvorín provincial. Durante varias horas se registró un fuerte tiroteo en aquellos arrabales, donde las fuerzas sublevadas habían instalado con antelación puestos de vigilancia, barricadas y blocaos defensivos, como bien pudieran ser los de la fotografía, ante la posibilidad de que los partidarios del Gobierno legítimo trataran de entrar en la ciudad por ese punto norte, que era lo más lógico.

Los 'pollos bien' de buena familia que combatieron

Entre los defensores de aquellas posiciones se encontraban soldados del Regimiento de Infantería y varios jóvenes integrados en las llamadas Escuadras de la Revolución Nacional. La prensa local lo publicó literalmente así: “El ruidoso ataque, el estrepitoso tiroteo, de numerosos marxistas armados contra el depó­sito de aguas de la carretera de Asturias, cerca de Carbajal de la Legua. Valientes muchachos de la capital, pollos bien (sic) y soldados mejor, sostienen en aquellos altos la defensa y se baten heroicamente en los terrenos de La Copona. Fuegos nocturnos que acabaron pronto”.

Por 'pollos bien' se referían los periodistas a vástagos de buenas familias leonesas, algunos muy bien identificados, que se hicieron fuertes en aquellas barricadas. Por ejemplo, hermanos Juan Antonio y Rogelio García de Juan o dos de los hermanos Roa Rico (Francisco, Octavio o quizá Carlos). También se sitúa allí al falangista Ángel Blanco, que acompañaba a los soldados de la compañía que mandaba el capitán Antonio Cosido. Cabañas relata que los seis en una pequeña trinchera en avanzadilla enfilada por los tiros del enemigo, “alumbrado por un reflector colocado hacia la Casa de los Colegiales, a la parte del Hospital”, sosteniendo la defensa con tal brío que los marxistas de La Robla “no pudieron llegar a tomar café en León. Eso sí, al vecindario no le dejaron pegar ojo en toda la noche, sosteniendo el fuego sin parar”. Así lo escribió en el períódico Proa (cabecera falangista, que se apropió de La Democracia, del alcalde socialista Miguel Castaño que sería fusilado meses después) Carmelo Hernández, alias Lamparilla, un periodista totalmente afecto al golpe y después a la dictadura de Franco.

El ataque fracasó, pero los grupos republicanos volvieron a intentarlo al día siguiente. En la madrugada del 24 de julio se produjo una ofensiva más numerosa y organizada contra las mismas defensas de la carretera de Asturias. Los atacantes conocían ya la posición de los blocaos y lograron sobrepasar algunos de ellos, mientras otros grupos mantenían ocupados bajo el fuego a los soldados que los defendían. Aquella incursión fue más lejos de lo que casi nunca se admitió, penetrando casi hasta el centro de la ciudad.

Cabañas lo relata así: “Duró el copioso cruce de disparos hasta las cuatro de la madrugada, cuando los atacantes (que de nuevo cortaban la electricidad) fueron ahuyentados por el fuego de ametralladoras y fusiles de quienes vigilaban la entrada a la urbe y por un aparato del aeródromo que salió entonces en su persecución y que bombardeaba una camioneta cerca de La Robla, habiendo llegado antes a hostigar a los defensores de la ciudad por la avenida Padre Isla y a forzar su repliegue hacia el centro, cercando incluso y acosando a tiros la Comandancia Militar sita en un chalet de aquella vía mientras tuvieron municiones, hasta que, agotadas, pasaron las fuerzas militares con el apoyo de la aviación a la ofensiva consiguiendo poner en fuga a los de izquierdas, que se retiran hacia La Robla, no sin que antes se aprese a algunos de ellos y se les sume a los que desde la noche del pasado día 20 continuaban recluidos en San Marcos”, en referencia al ya entonces tristemente famoso campo de concentración.

Se sabe que durante los combates se rompió una cañería en las inmediaciones de los depósitos, por lo que los vecinos comprobaron al amanecer que el agua llegaba turbia a sus casas. La prensa favorable a los sublevados minimizó después la magnitud de la refriega, aunque mencionó a un guardia civil herido de bala en un hombro y a otro alcanzado por una pequeña perdigonada.

Finalmente, el fuego de fusiles y ametralladoras desde los puestos defensivos obligó a los atacantes a retirarse. Muchos tuvieron que atravesar de nuevo los fortines de la carretera de Asturias, todavía atacados por algunos de sus compañeros para facilitar la huida. Aquellos combates marcaron el fracaso del último intento serio de penetrar en León por su acceso septentrional y consolidaron el control de la ciudad por las fuerzas sublevadas.

Hoy, lienzo de mensajes y pintadas

Pero las imágenes en forma de fotos de golpistas en la carretera de Asturias, defendiendo con armas su reciente rebelión, aunque se tratara de montajes, demuestran que la historia del inicio de la Guerra Civil en León tiene aún hoy muchos matices que mostrar. Y detallan también cómo hay rincones de la ciudad de León, tan cambiada en muchos aspectos, que apenas han visto pasar el tiempo 90 años después.

Eso sí, en aquellos muros posiblemente centenarios las pintadas visibles de los últimos sí muestran el signo de los nuevos tiempos, con pintadas contradictorias que todavía mencionan al movimiento 'Antifa' (antifascista) o 'Vota Democracia Nacional', un partido político fascista nostálgico del régimen golpista. Otra clama contra el 'Algoritmo: trituradora humana, social y familiar', en referencia al impacto de las redes sociales e internet. Y las hay de plena actualidad al reivindicar '¡Palestina libre!', en tiempos de ocupación internacional israelí y genocidio de la población.

Un nuevo proyecto turístico cobrará forma en pleno Camino de Santiago a su paso por la ciudad de León. Será precisamente en un punto conflictivo de la ruta jacobea por el casco histórico de la ciudad donde una empresa del sector, llamada Albergue Muralla Leonesa SL, ha planteado un proyecto de rehabilitación y posterior explotación de todo un edificio que ha sido noticia en los últimos años por sufrir una serie de desperfectos y hasta derrumbes que en ocasiones han obligado a cortar el tránsito peatonal, así como el tráfico rodado por la zona.

Se trata de un inmueble situado en el número 9 de la calle Herreros, muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, la parroquia de la Plaza del Grano. El Ayuntamiento de León confirma que fue el pasado mes de mayo cuando se concedió la licencia de obra, ratificándose en la Junta de Gobierno del 3 de julio la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación, que se han valorado en 251.266,63 euros.

El inmueble presenta a día de hoy, y desde hace meses, un vallado provisional con varios andamios. Y es que hace año y medio que, tras mucho tiempo sin cuidado alguno, el edificio comenzó a sufrir algunos desprendimientos que por momentos hicieron temer por la seguridad de los viandantes, algo muy serio teniendo en cuenta que, además del trasiego vecinal diario, la calle forma parte del Camino de Santiago Francés. El informe municipal de aquellos incidentes ya refería “deficiencias constructivas” en la fachada del edificio de tres alturas, que llevaba tiempo “deshabitado”.

Durante algunas semanas, y mientras se ejecutaba una rudimentaria consolidación de los desprendimientos, incluso la calle permaneció vallada por completo. Aunque después se abrió al paseo, desde entonces sigue prohibido por este punto el paso de vehículos.

El informe del Consistorio admite que el proyecto, por situarse en un punto tan sensible, se ve afectado por dos figuras de protección diferentes, “dos áreas patrimoniales de interés cultural” (BIC): por un lado, forma parte del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León, y por otro por el propio Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad.

Según fuentes oficiales, quedan en sus manos, y ya no en las de la Junta de Castilla y León, la revisión del cumplimiento de las obligaciones de protección de ambos BIC, y aseguran que el proyecto aprobado y la licencia concedida “se ajustan a ambos instrumentos de planeamiento”. A pesar de ello, confirman que se ha comunicado de manera oficial al Servicio Territorial de Cultura de León.

Actuaciones incluso contradictorias en una misma calle

Lo que no se aclaran por el momento son otros detalles, como por ejemplo el plazo de ejecución o si existe obligación de mantener la fachada en los trabajos de rehabilitación integral del inmueble. Un mantenimiento que en la zona ha sido muy controvertido, ya que por ejemplo la Junta se lo obligó a cumplir a un edificio muy cercano de la calle Herreros pero en otro colindante, la conocida como Casa del Cura de la parroquia del Mercado, permitió su derribo.

lgo más arriba, en la calle la Rúa 27, otro edificio con licencia de reforma total desde 2024 -paralizado por el hallazgo de restos del anfiteatro romano- también está obligado a sostener la fachada. Y todavía un poco más arriba, Patrimonio de la Junta tuvo que sancionar, aunque con una cantidad irrisoria, al Ayuntamiento leonés por permitir el derribo de otras tres fachadas que debían mantenerse en una promoción de vivienda privada, también tras algunos desprendimientos.

Ya desde la defensa de los finalmente fallidos presupuestos generales de Castilla y León para 2026, presentados en solitario por el Partido Popular (PP) a finales del año pasado, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco planteaba como una de sus medidas estrella la amplia bonificación de todos los peajes de las autopistas existentes en la Comunidad.

Se mencionaba una partida de 10 millones de euros a repartir entre los usuarios recurrentes, es decir, que realizaran al menos 11 trayectos al mes, en las autopistas de pago AP-6, AP-51, AP-61 y la en León la AP-71 (León-Astorga), remarcando Mañueco ya entonces que se analizará la inclusión también de la A-66 León-Asturias, ya que en este caso está desde hace años ya bonificada por el Gobierno central. Hoy mismo la nueva consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, que comparecía en las Cortes, insistía en implementar esta medida ya en el próximo presupuesto de 2027, asumiendo “como mínimo el 60% del coste de los peajes”. Eso podría tener una nueva derivada de polémica, ya que será a condición de que sólo se aplique exclusivamente “para los usuarios recurrentes empadronados” en alguna provincia de la Comunidad.

El listado de la consejera dejaba ya fuera públicamente la posible ayuda para la autopista León-Asturias. Y la determinación final de dejar fuera de las ayudas a esa vía de alta capacidad, muy usada por los leoneses para acceder a la costa cantábrica por el Principado, ha sido confirmada también por el consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, preguntado por este asunto tras el Consejo de Gobierno.

Carriedo ha justificado públicamente la exclusión de la autopista AP-66 respecto a las nuevas ayudas autonómicas del Gobierno de PP y Vox en el hecho de que su única apuesta pasa por el fin completo del peaje en la también conocida como Autopista del Huerna, una supresión que deja en manos del Gobierno central del PSOE. El portavoz recordó que “tenemos la idea de compartir con el Principado de Asturias la solitud de que se elimine el peaje de carácter general para esa autovía, conforme a las posibilidades que abre el derecho de la Unión Europea”. Se refería a la decisión de la Comisión Europea (CE) de amenazar con una sanción por incumplimiento del dictamen motivado sobre las autopistas de peaje AP-9, en Galicia, y AP-66.

“Nuestra ambición es mayor”, remarcó Carriedo, en el sentido “no tanto de solo reducir un peaje a través de una aportación de la Junta de Castilla y León sino que a quien corresponde este peaje -el Gobierno- proceda a su eliminación o a su limitación en los términos que la Unión Europea de carácter máximo pueda permitir”. Se trata de una postura, la de la definitiva supresión, recientemente defendida en bloque por ambos Gobierno autonómicos y las Patronales de ambos lados del puerto de Pajares.

Lo que no se recuerda es que fue una decisión del Gobierno central bajo presidencia del PP, con José María Aznar, la que alargó la 'condena' de 29 años más de autopista de pago en la León-Asturias, al alargar la concesión en ese número de años a pesar de que expiraba en 2021.

Este cambio de postura del Gobierno de PP y Vox ya ha provocado las primeras críticas de la oposición del PSOE. La vicepresidenta socialista, la leonesa Nuria Rubio, ha censurado tras la comparecencia de la consejera del área que “las promesas duran hasta que pasan las elecciones”. En la red social X, la procuradora autonómica lamenta que se produzca “la historia de siempre: prometen en campaña, anuncian a bombo y platillo… y después desaparece”. Lo hace tas comprobar que “la bonificación de la AP-66 ya no figura en el programa de legislatura de la Junta”.

El espíritu de la 'prioridad nacional' que impuso el partido político Vox en Castilla y León para sellar el pacto de gobernabilidad con el Partido Popular (PP) tendrá uno de sus primeros reflejos en las ayudas de alquiler de viviendas.

Así lo ha confirmado hoy el consejero portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de tras el Consejo de Gobierno, después de informar, a preguntas de los periodistas, que aunque ya fuera del plazo obligatorio de seis meses, la Consejería publicará este mes de julio los beneficiarios y las cuantías de la convocatoria del año pasado.

Estas subvenciones corresponderán a la convocatoria del año 2026 y no aplicarán, por razones de “seguridad jurídica”, cambios en los criterios inicialmente aprobados en el mandato anterior, cuando el PP gobernaba en solitario y en minoría tras la ruptura del anterior pacto de Gobierno con el partido de Santiago Abascal a mitad de legislatura.

Pero eso cambiará en la próxima convocatoria de las ayudas de alquiler de 2026, confirmó. Será entonces cuando la 'prioridad nacional' tendrá algún tipo de cabida en esos nuevos criterios. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo en las condiciones”, afirmó el portavoz. Posteriormente matizó todavía más, expresando que la demostración de ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios. No quiso detallar más Carriedo, emplazando que las “condiciones y términos las comunicaremos para esa convocatoria que se realizaría hacia final de este año”, habitualmente a comienzos del mes de diciembre.

El coste del alquiler, por provincias, y al alza

Precisamente este jueves se ha dado a conocer que el precio medio del alquiler en la provincia de Segovia es de 933 euros mensuales, el más elevado en Castilla y León durante el segundo trimestre de este año (abril-junio), casi un punto más que durasnte los tres primeros meses, por delante de Salamanca (876) y de Valladolid (815) con un 2,1 y 2,8% más respectivamente.

Superan los 600 euros en Burgos (726), Soria (712), León (667), Ávila (641), Palencia (613) y Zamora (594), en todos los casos con aumentos que oscilaron entre el 0,6 y el 2,8%, según datos difundidos este jueves por el Barómetro del Alquiler correspondiente al segundo trimestre de este 2026, promovido desde la Fundación Alquiler Seguro y resaltados por Efe. Palencia, con un aumento del 1,3% se sitúa entre las cinco provincias de España donde más creció el precio medio del alquiler durante este segundo trimestre del ejercicio en curso que, en el conjunto de Castilla y León, se situó en 756 euros, un 1,7% más, mientras que la media nacional se situó en un 4,8% de crecimiento.

El retraso de algunos proyectos de infraestructuras y en especial de carreteras de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa es tan dilatado y habitual que a veces cualquier pequeño avance es una gran noticia. Es algo que ocurre con la prometida mejora de la LE-482 en la comarca leonesa de Babia, una carretera que por fin podría dignificar una nueva conexión de tráfico rodado entre la Montaña Occidental de León y Asturias.

La esperada obra aparecía ya entre los compromisos formales de la Consejería de Fomento ya en su Plan de Carreteras 2008-2020, que se aprobó hace casi 20 años, pero que ha tenido un grado de cumplimiento casi nulo. El desastroso tramo final de la LE-482 no ha sido una excepción.

Ha sido este mes de julio cuando por fin la Junta, a través de su Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha dado por fin un paso administrativo concreto, que había anunciado a principios de año pero tampoco había materializado: ha salido a licitación la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud para transformar el actual camino de montaña en la prometida carretera de acceso al Principado y al importante puerto de Pinos, un ansiado recurso ganadero por sus ricos pastos.

El contrato, promovido en una colaboración con la Diputación de León, parte con un presupuesto de algo menos de 100.000 euros (94.380 euros). La empresa adjudicataria, la leonesa EIC Estudio de Ingeniería Civil SL, dispondrá de un plazo de cuatro meses desde la firma para elaborar ese proyecto, que no las obras. Ese plazo prácticamente aboca a esperar hasta final de este año.

Hay que tener en cuenta que después de este trámite, todavía le restará a la Junta licitar y adjudicar la ejecución material, estimada en otros ocho meses cuando se haya designado a la empresa. Eso quiere decir que todavía no resulta posible conocer un plazo de conclusión e inauguración de esta esperada obra.

Fondos mineros y mucho menos dinero que hace años

También resalta el hecho de que, a pesar de casi dos décadas de retraso, la Junta no asumirá el coste de esta nueva carretera, en la mayor parte de su recorrido, con sus propios presupuestos, como sí hace en las demás provincias de la Comunidad. También en este caso, lo que hará será aprovechar la financiación del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, dentro del Programa Transición Justa España 2021-2027. Se trata de un dinero del antaño conocido como Plan del Carbón, que debería estar exclusivamente orientado a la rehabilitación ambiental y al impulso del turismo sostenible de las antiguas zonas mineras pero que la Junta, especialmente desde la Consejería de Medio Ambiente, destina a otros usos de manera muy recurrente.

Otra curiosidad es que la previsión de inversión total divulgada ahora para esta actuación en los pliegos en marcha para redactar el proyecto asegura que la obra final podría ascender a 2,6 millones de euros. Y es que el mencionado y ya extinguido Plan de Carreteras nacido en 2008 recogía ya para entonces una previsión de 15,4 millones para un total de 7,7 kilómetros de vía.

Detalles técnicos

En la documentación actualizada y en marcha, la carretera proyectada suma cerca de siete kilómetros y pretende corregir una situación que Babia denuncia desde hace más de una década. El primer tramo, de 5.074 metros entre el pueblo de Pinos y el refugio del puerto del mismo nombre, sigue siendo un camino de montaña sin pavimentar, de apenas tres o cuatro metros de anchura. Plantea además deficiencias de drenaje, incluidas algunas zonas de paso sobre arroyos.

El segundo, de 1.940 metros desde el refugio hasta el límite con Asturias, ya está pavimentado, porque al ser esta zona propiedad del municipio de Mieres hace muchos años que el Principado ha invertido. Sin embargo, el informe previo asegura que allí se mantiene una sección estrecha de unos 3,60 metros y carece de señalización y balizamiento suficientes.

Ahora, el proyecto plantea una calzada de cinco metros, suficiente para que dos turismos puedan cruzarse con mínima seguridad. Se prevé una base de 30 centímetros de zahorra artificial y una capa de 10 centímetros de mezcla bituminosa en caliente, además de la reparación o implantación de drenajes longitudinales y transversales, señalización y barreras metálicas. Estas últimas se pintarán para reducir su impacto visual en un paisaje que ya se advierte que es de “alto valor ambiental”.

La Junta presenta en sus documentos la nueva infraestructura como una vía de uso principalmente turístico y un tráfico de baja intensidad, limitado a vehículos tipo turismo, con la que facilitar la conexión entre las vertientes leonesa y asturiana, y responder a una creciente demanda asociada al turismo de naturaleza y a pruebas deportivas, como ya ha ocurrido con algunas carreras ciclistas, entre críticas por su estado. Eso quiere decir que no se concibe como una carretera de uso comercial ni para tráfico pesado.

El conflicto con Mieres de trasfondo

Pero esta ansiada carretera tiene también una dimensión política y territorial, a la cual la Junta no se refiere en ningún momento en la documentación. El acceso al puerto de Pinos ha estado en el centro del conflicto entre el municipio de San Emiliano y el concejo asturiano de Mieres, propietario de terrenos en suelo leonés desde que comprara los terrenos hace un siglo y beneficiario histórico de una comunicación mucho más cómoda para sus ganaderos. Los pueblos de Babia con derechos históricos allí, el Ayuntamiento y diversas asociaciones llevan años denunciando que el abandono del camino ha contribuido a ese desequilibrio en favor de un municipio de otra autonomía y han reclamado incluso la expropiación de las fincas mierenses. Además, han sumado varias victorias judiciales a su favor.

Entre los compromisos del Gobierno autonómico de Castilla y León para revertir esa situación, destacó la promesa del presidente Alfonso Fernández Mañueco, reunido en marzo del año pasado con el alcalde de San Emiliano, el socialista David Marcello, de ejecutar cuanto antes la carretera LE-482. Ahora existe una licitación y un plazo de cuatro meses para el proyecto. Eso ya es más que todos los planes incumplidos de dos décadas, pero aún queda el paso decisivo: que la carretera prometida durante años deje de ser un expediente y se convierta, por fin, en una realidad asfaltada. Babia y también la comarca de Luna esperan que siga los pasos de la otra nueva y reclamada vía ejecutada por fin en 2024, la conversión en carretera del camino de La Farrapona, en la que se invirtió 1,6 millones de euros.

La compañía aérea Air Nostrum, la única que opera desde y hacia el aeropuerto de León, anuncia lo que denomina “ampliación en su oferta de vuelos y de plazas” de avión a destinos de verano, a conocidas zonas de playa tanto en las Islas Canarias como en la costa mediterránea, pero que en realidad son la aplicación de los compromisos que marca su contrato en vigor con el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León.

El número de conexiones que la compañía valenciana se mantiene invariable respecto a otros veranos en cuanto a los destinos exclusivamente veraniegos, en concreto el mes de agosto y menos de la mitad de julio. De este modo, lejos de resultar una ampliación, se volverá a conectar por avión a León con las Islas Canarias (en concreto este año con Las Palmas de Gran Canaria), y con el aeropuerto de Tenerife Norte, así como con Málaga.

Numéricamente tampoco hay apenas aumento en el número de conexiones, y por lo tanto de plazas disponibles, respecto al verano pasado, ya que el año pasado se volaba con dos frecuencias semanales -en aquel caso a Gran Canaria- y esa cifra semanal se mantiene; también habrá solo un vuelo a la semana a Tenerife, como en 2025; y sólo aumentará una frecuencia semanal en el caso de Málaga, ya que el pasado estío fueron dos y ahora se anuncian tres vuelos cada semana. Eso sí, hay que recordar que esta denominada “ampliación”, que apenas lo es en los asientos o días disponibles, igual que el año pasado en todos los casos será sólo será hasta que termine el mes de agosto y no más allá en el calendario.

También contrasta esta situación con el gran incremento económico que percibe de dinero público Air Nostrum por volar en León en exclusiva. El nuevo contrato, en vigor desde este año, se eleva a un total de 5 millones de euros por sus dos ejercicios de vigencia que aportan a partes iguales la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, a razón de 2,5 millones por año. La cifra aumentó en 100.000 euros/año respecto al contrato anterior, el cual ya había supuesto más de un 50% de incremento en la cuantía que se pagaba hace apenas tres años. Llama la atención que este año, en medio de no pocas críticas por el alto coste y el bajísimo rendimiento, ni siquiera se haya hecho como otras veces y presentado ese nuevo contrato públicamente, en un acto habitual en la Diputacion de león.

Sigue resultando muy chocante la enorme diferencia del rendimiento del dinero público de las instituciones, que hace que en León con 2,5 millones apenas den para que una única compañía, Air Nostrum, programe por contrato 780 operaciones aéreas, y de ellas tan sólo 28 vuelos internacionales -únicamente a Oporto, en Portugal, a unos 300 kilómetros por carretera-, mientras en el Principado de Asturias con concursos por valor de 3 millones de euros se realicen más de 1.200 vuelos con diez aeropuertos europeos y miles de ellos más a destinos nacionales. Entre los internacionales aparecen conexiones semanales todo el año con Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y alternativas entre Venecia, Bolonia o Florencia. Toda esa comparativa está disponible aquí.

En detalle, los vuelos veraniegos de León en el verano 2026

En el comunicado de Air Nostrum se especifica que los vuelos exclusivamente estivales de León operados por ellos serán este año a Las Palmas de Gran Canaria, en vez de Gran Canaria, y que no comenzarán hasta este 17 de julio, con dos frecuencias semanales hasta finalizar agosto: los martes y los viernes. Casi la única diferencia es que el año pasado eran jueves y viernes, e incluso hubo alguno más porque arrancaron antes, el 11 de julio.

En el caso del vuelo León-Tenerife Norte, esperará aún más, a partir del 22 de julio, y sólo un vuelo semanal, cada miércoles, igual que el pasado verano, que por lo tanto apenas tuvo seis vuelos en la suma total disponible. Y en la conexión con Málaga, que también se pondrá en marcha el 22 de julio, será el único escaso incremento gracias a la decisión de poner tres frecuencias por semana -no especifican qué días de la semana-, cuando el año pasado eran dos frecuencias, miércoles y jueves.

Da igual con dos patas que con cuatro: cuando llega el momento y a causa de la edad se pierden las facultades necesarias, lo mejor que puede hacer un buen policía es dejar de lado el servicio activo. Así lo ha decidido la Policía Local de León, dependiente del Ayuntamiento de la capital, con los casos de sus dos 'oficiales' perrunos de la Unidad Canina, que había sido creada hace apenas cinco años.

Bruja y Turbo, la pastora holandesa y el pastor belga que intervenían sobre todo en rastreos de drogas y eran habituales de centros educativos, parques y zonas de ocio de la ciudad, ya han pasado a lo que en los cuerpos policiales se denomina 'segunda actividad'. Que no deja de ser, en su caso, una jubilación de facto. La Policía Local leonesa se queda así, por el momento, sin integrantes de un cuerpo policial que ha resultado efímero, tras su presentación en el año 2021, todavía en un ambiente de restricciones por la pandemia.

Los dos perros habían sido adquiridos en 2020, previamente adiestrados, a la entidad a la entidad Dolores Sobrino Castro, como se aprobó e informó desde la Junta de Gobierno local. El precio que marco aquel contrato fue de 5.900 euros. Provenían de Burgos. Allí habían sido adiestrados con una técnica denominada 'marcaje lapa', registrada a nivel nacional y fruto del trabajo del experto Javier Macho. Una técnica que consiste en que el perro se queda inmóvil y toca con la punta de la nariz el lugar donde se encuentra una sustancia ilegal. En el caso de León, se explicó que los agentes estaban preparados para localizar sustancias ilegales como cocaína, heroína, marihuana, hachís, anfetamina, metanfetamina, alucinógenos como el LSD o drogas sintéticas como la MDMA.

Se sabe que a su puesto de origen, a Burgos, ha regresado primero Turbo, en su rango de 'oficial' que allí mantenía, para los cuidados necesarios en su ganado retiro profesional. Eso ocurrió ya el pasado año 2025 y le ha seguido parecidos pasos su compañera de unidad, Bruja, que a fecha de hoy ya “se ha retirado”, confirman ahora fuentes municipales.

Un contrato reciente que quedó en nada

Resulta curioso que hace apenas mes y medio, a finales del pasado mes de mayo, todavía el Consistorio leonés intentaba contratar un servicio completo para los cuidados de ambos animales. Se trataba en concreto, según rezaba en la Junta de Gobierno de León del 29 de mayo, de un contrato de “Servicio de alojamiento, cuidado, mantenimiento y atención veterinaria de los perros adscritos a la Unidad Canina del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de León”. Fuentes municipales explicaron que se trataba de atender a Bruja y a Turbo “únicamente durante los periodos vacacionales del guía responsable del mismo”, es decir, de los policías que se han encargado todo este tiempo de los dos animales.

Según ha podido saber ILEÓN, ese contrato quedó finalmente sobre la mesa por dos razones: la primera, un “informe técnico” que valoraba la “revisión de las necesidades actuales del servicio, de la edad del perro, de su declive funcional, y de evitar traslados y estancias prolongadas fuera de su entorno habitual”; la segunda, que además “no se presentó ninguna plica en el periodo de plazo establecido”.

Así, con discreción, la unidad perruna de la Policía Local queda oficialmente desmantelada, a pesar de que hace dos años todavía el cuerpo policial municipal ofrecía datos de cerca de 1.000 intervenciones de los dos perros y más de 200 actas de infracción, casi en exclusiva centradas en el rastreo y localización de sustancias estupefacientes, habitualmente en pequeñas cantidades y entre jóvenes. Incluso entonces se habló de la posibilidad de incrementar la sección con algún perro nuevo, pero el final ha sido justo el contrario.

La hemeroteca y el archivo fotográfico nunca mienten. Si se busca en los de cualquier medio de comunicación, entre los primeros aparecerán grandilocuentes promesas, alarde de títulos y magníficos planes de inversión en materia de carreteras de la Junta de Castilla y León para la provincia de León. Pero si se profundiza en los segundos, la realidad es justo la contraria: no hay fotos de ningún consejero autonómico inaugurando en las dos últimas décadas un sólo metro de autovía.

La cosa no sería más que anecdótica si no fuera porque las promesas de la sucesión de gobiernos del Partido Popular (PP) en la Junta respecto a la mejora de infraestructuras fueron compromisos plasmados en planes oficiales. Programas de obligado autocumplimiento, que recogían cifras de muchos millones y de kilómetros para la provincia leonesa en construcción de autovías nuevas. Sin embargo, el resultado final de ambas ha sido el mismo: cero.

Esta es la triste cuenta final del análisis de una de las planificaciones más mediáticas de lo que va de siglo. Se trataba del Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Teniendo en cuenta las fechas de inicio y final, se puso en marcha siendo consejero de Fomento el leonés Antonio Silván. Y lo tenía que haber rematado su sucesor, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En medio, la crisis

El Plan -todavía disponible en la web de la Junta- recogía compromisos con cifras tan claras como abultadas. En suma, la Junta de Castilla y León se comprometía a ejecutar prácticamente 100 kilómetros (99,2 para ser exactos) de autovías de nueva construcción: en concreto 86,2 kilómetros entre cuatro proyectos de desdoblamiento de carreteras de titularidad autonómica; y otros 13 de desdoblamientos para acceso a las dos principales ciudades, León y Ponferrada. No hay noticia de ninguno de ellos.

Planteado en inversión pública, es decir, en el dinero necesario para esos proyectos, la cifra total era de 424,25 millones de euros en los doce años de duración del Plan. Casi 400 (398,25 millones) era la suma de las cuatro autovías nuevas mencionadas y 26 millones más se dedicarían a los accesos desahogados a las dos capitales. Pero nuevamente se da el mismo nulo resultado final de ambas cuantías.

Para poner en contexto la situación, hay que recordar el estallido de la crisis global a partir del 2008, que trastocó los planes de inversión de todas las administraciones públicas y fue muy notoria también en la Junta de Castilla y León. Podría haber ocurrido que al menos alguno de los proyectos se hubiera demorado pero avanzara de alguna manera y hasta el actual año 2026 se pudiera haber construido, pero tampoco se da el caso: no hay una sola autovía autonómica nueva en dos décadas.

Al detalle, las autovías 'soñadas'

El Plan de Carreteras detalla las cuatro autovías leonesas comprometidas en la página 173. La más cuantiosa era la conversión en vía de alta capacidad de la actual LC-631 entre Toreno y Páramo del Sil, en la comarca de El Bierzo. 182,60 millones previstos para ejecutar 16,6 kilómetros, a causa de una orografía muy compleja.

Por otro lado, la autonómica CL-626, también conocida como el Eje Subcantábrico, aparecía con dos proyectos prometidos: el tramo Villablino-Piedrafita de Babia, con 71,40 millones para 11,9 kilómetros también bastante accidentados; y el tramo La Magdalena-La Robla, otros 40 millones más para 16 kilómetros de doble carril en ambos sentidos.

Finalmente, se consignaban 104,25 millones de euros más para la nueva autovía entre las ciudades de León y La Bañeza, es decir, en la CL-622, a través de Santa María del Páramo, un total de 41,7 kilómetros, según el Plan. Este caso era muy relevante, ya que formaba parte de la muchas veces prometida y jamás impulsada autovía León-Bragança, es decir, entre la capital leonesa y la ciudad del noreste de Portugal, para ofrecer una crucial salida hacia Europa desde el norte del país vecino y con un gran beneficio logístico para la provincia de León.

El contexto de crisis no fue óbice para que en 2011, el todavía consejero de Fomento Antonio Silván sacara pecho anunciando que la Junta estaba cumpliendo su parte con esta autovía, redactando el estudio informativo precisamente del tramo León-La Bañeza. Nunca más se supo de él, salvo que en 2025 se presupuestaron ridículas cantidades de simple arreglo de las actuales vías hacia Bragança.

Penetraciones por San Andrés, Villaquilambre y Molinaseca

Respecto a los desdoblamientos de acceso a las dos ciudades, se incluían en el Plan comprometido dos autovías, ambas de 4 kilómetros de longitud: tanto en la carretera de La Magdalena CL-632, y por lo tanto por San Andrés del Rabanedo, como en la llamada León-Collanzo, la LE-311, es decir, desde Villaquilambre a la capital leonesa. Dos desdoblamientos que habrían sido vitales para descongestionar el gran tránsito de los dos mayores municipios del alfoz leonés. Cada uno de estos proyectos se cifraba en apenas 8 millones de euros de inversión.

La cifra subía hasta los 10 millones para 5 kilómetros en el acceso a Ponferrada por la carretera LE-142, es decir, por el Camino de Santiago desde cerca de Molinaseca. Ni que decir tiene que tampoco este vial doble de El Bierzo fue nunca una realidad y, al igual que con el resto de los casos, la Junta de Castilla y León tampoco ha vuelto a hablar de aquellos compromisos.

Un nuevo Plan sin nada para León... y en papel mojado

De que se quedaron en papel mojado para siempre da buena cuenta el hecho de que en un hipotético próximo Plan de Carreteras plurianual del Gobierno autonómico, ya con Vox, jamás se recogieron aquellas promesas de nuevas autovías y accesos desdoblados. Hay que remontarse a 2024, siendo ya consejera de Fomento, María González Corral, sucesora de Suárez-Quiñones, para profundizar en el anuncio de un llamado Plan Autonómico de Carreteras 2023-2034, pero e detalle dejaba fuera todos los proyectos para León. Sólo se recogían proyectos concretos a muy largo plazo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria.

Sin embargo, aquí el agravio no se ha consumado: lo cierto es que a pesar de los anuncios no consta que exista ningún nuevo Plan de Carreteras finalmente aprobado por el Gobierno autonómico y en vigor o ejecución. Y es que las únicas inversiones, muy escasas, de la Junta en los últimos años se han limitado a labores de conservación e infraestructuras que, como por ejemplo la variante de Guardo, esperaban desde hacía 15 años, por lo que ahora se planteaba que los fondos mineros -y no fondos propios del presupuesto de la Junta, como en el resto de provincias- salieran al rescate. La pelota queda ahora en el tejado de Cristina Sanchidrián, la recién nombrada consejera Movilidad, Transformación Digital e IA.

Hace ya décadas que salió a la luz un hallazgo extraordinario: los restos de una pequeña parte del gran foro romano que dominó la ciudad romana de Asturica Augusta, hoy Astorga. Durante todo este tiempo han permanecido a la vista, y a la intemperie, en espera de una actuación de consolidación y musealización, como sí se ha conseguido en otros relevantes puntos arqueológicos de la ciudad leonesa.

Pero ahora los planes cambian de manera radical y el Ayuntamiento, bajo el nuevo mandato del Partido Popular (PP), tiene un plan para volverlos a enterrar y reaprovechar sobre ellos ese espacio que ocupan. Se argumenta que sólo así serán objeto de una adecuada conservación, algo que, por otro lado, es una filosofía muy practicada en la provincia leonesa con el parabién de la Junta de Castilla y León.

Es algo que el alcalde popular astorgano, José Luis Nieto, tenía tan claro que formó parte de sus planes electorales desde el primer momento. Y es ahora cuando ha avanzado lo suficiente el proyecto, llamado oficialmente de “inhumación”, como para que se haya recibido de manera definitiva el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio. En su última reunión, de junio, se aprobó el “enterramiento” de los restos del espacio arqueológico denominado ‘Solar del Antiguo Hospicio’, en las calles Luis Braille, Jardín y Matías Rodríguez, justo frente a la biblioteca pública de Astorga.

“Conservar esos restos enterrándolos” es exactamente cómo Patrimonio resume la actuación, utilizando además los mismos argumentos municipales de que así se podrá “evitar su deterioro debido a la acumulación de vegetación y suciedad”. Y es que en décadas la zona no ha sido objeto de inversión alguna, más allá de un sencillo vallado y, en su día, el diseño jamás ejecutado de proyectos como un centro cultural, el ambicioso Lyda, bajo la Alcaldía del veterano Juan José Alonso Perandones y el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que el fin de su mandato frenó en seco.

Cuando la Junta dijo un 'no' rotundo a enterrar

Curiosamente, en el año 2000 Patrimonio de la Junta sí llegó a otorgar autorización para un proyecto muy distinto, con la propuesta de nuevas excavaciones en 410 metros cuadrados de la calle Luis Braille. Y en 2014, hace más de una década, rechazó de plano la intención del Consistorio de acometer otro llamativo proyecto con la instalación de un mural 3D que recrearía el foro y su gran tamaño original, precisamente porque ese diseño conllevaba enterrar una parte de los restos arqueológicos.

Ahora, la determinación del popular Nieto en favor del total soterramiento suma ya tres años y la Junta está lejos de poner impedimento alguno. El Ayuntamiento de Astorga ya pidió en 2023 apoyo económico al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación del patrimonio histórico, para el proyecto denominado ‘Rehabilitación de Foro Romano y su Entorno en Astorga’, que en realidad preveía cubrir los restos arqueológicos del foro romano, que ocupan cerca de la mitad de la parcela, y construir una plaza en el resto. El presupuesto es ambicioso y se eleva a 1,8 millones (1.838.657,07 euros). Finalmente se ha obtenido para ello una subvención de la Diputación Provincial de León en el reparto que a Astorga le toca dentro del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (Píos) del año 2025.

Geotextil, zahorra y hormigón

El proceso de “inhumación” es el habitual en este tipo de intervenciones de enterramiento: colocación de una manta geotextil, con posteriores capas de arena y zahorras y el rellenado hasta alcanzar la cota de circulación de las calles, culminando con un pavimento rígido de hormigón y la eliminación del vallado perimetral de las calles Luis Braille y Matías Rodríguez.

El sistema ya se ha utilizado en Astorga en puntos, como en los restos de la muralla romana en la calle Doctor Mérida Pérez de la capital maragata, y no hace muchos años en los “espectaculares” restos romanos del Preaetorium, la residencia del general o Legado de la Legio VI Victrix en los denominados Principia o asentamiento fundacional de León capital, aparecidos en la plaza de San Pelayo, muy cerca de la Catedral, donde permanecen enterrados y ni siquiera señalizados, casi como si nunca hubieran existido.

Un foro que dejaba ridícula la actual Plaza del Ayuntamiento

La excavación del antiguo foro que pronto quedará otra vez bajo tierra permitió hace más de 20 años dimensionar el impresionante espacio público central de Asturica Augusta hace 2.000 años, un complejo de planta cuadrangular, coronado en su centro por edificios de culto oficial y con cerca de 30.000 metros cuadrados, coincidentes sólo en parte con la actual Plaza España donde se ubica el Ayuntamiento. Y es que el foro multiplicaba por mucho esta amplia plaza actual.

La cadena de supermercados Dia ha inaugurado y abierto las puertas este viernes de su segundo mayor centro logístico de toda España, ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, el el epicentro de la provincia de León. Se trata de una gran infraestructura de última generación que dará servicio a más de 200 tiendas de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y que estando al 95% de su funcionamiento pleno previsto ya ha creado 235 puestos de trabajo.

La inversión para levantar la nave, del tamaño de ocho campos de fútbol, toda su tecnología logística y personal se ha elevado a 60 millones de euros para una superficie de 64.000 metros cuadrados, detalló el presidente de Dia España, Ricardo Álvarez, durante la inauguración oficial este viernes con gran despliegue institucional. Álvarez ha enmarcado esta apertura en un momento de “crecimiento y expansión” para la compañía, con el objetivo de dar soporte a su red de tiendas y “dinamizar la economía local”.

El acto de inauguración ha estado respaldado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera; el consejero de Industria, Comercio, Empleo, Universidades e Investigación, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, entre otros alcaldes y representantes empresariales de la provincia de León, destaca Efe.

Mañueco ha agradecido a la compañía su apuesta por la Comunidad, donde ya cuenta con más de 200 establecimientos -30 de ellos en la provincia leonesa, la segunda provincia detrás de Valladolid- y más de 2.000 trabajadores. Y ha ensalzadosus valores de proximidad, vertebración territorial y cercanía, “con los que también se identifica el Gobierno autonómico” de Partido Popular (PP) y Vox que él preside.

El presidente de la Junta volvió a contar, como si de una novedad se tratara, que el siguiente impulso de lo que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León será una ampliación más, la segunda, de otras 60 hectáreas, una vez culminado el reciente recrecimiento hasta sumar las 380 actuales. Dia ha sido, de hecho, la empresa que ha inaugurado esta última expansión.

A propósito de esta multiplicación de espacio, el el alcalde de Villadangos ha recordado que este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias una ampliación “en tiempo récord”, desde un primer correo electrónico de octubre de 2020. Y de paso ha agradecido que Dia sea la factoría del espacio industrial, con firmas como Mercadona o Decathlon, que más empleo local ha generado en el propio municipio.

Yendo a los datos de la nueva macroinstalación, el centro logístico cuenta con capacidad para más de 25.000 palés en 127 muelles de carga y descarga, y prevé mover un promedio mensual de tres millones de cajas, lo que generará un flujo diario de cerca de 200 camiones. Ante esta nueva 'avalancha' logística que se sumará, el consejero Quiñones, adalid hasta ahora desde Somacyl de las mejoras del polígono, aventuró que en apenas un pes podría estar concluido el nuevo acceso en la carretera N-120 que ejecuta la propia Junta, importante para no crear un peligroso tapón de tráfico en los accesos.

En el espacio logístico de Dia se gestionarán alrededor de 5.000 referencias distintas de productos de gran consumo y para ello el centro cuenta con una tecnología que combina técnicas de luz y voz para guiar a los trabajadores y zonas de temperatura controlada de entre -21ºC y 12ºC que garantizan la conservación de frutas, refrigerados y productos congelados, detallaron en una nota de prensa.

La instalación incorpora paneles solares que generan cerca de un tercio del consumo de toda la planta, cámaras frigoríficas libres de gases de efecto invernadero y operará bajo el modelo 'Residuo Zero', certificando que más del 95% de los desechos generados serán reciclados, reutilizados o valorizados.

Actualmente, la actividad de la empresa representa el 0,8 por ciento tanto del Producto Interior Bruto (PIB) del empleo total en Castilla y León, Comunidad en la que trabaja con más de 100 proveedores locales. Durante 2026, la compañía prevé abrir seis nuevos establecimientos en Castilla y León, en concreto en Burgos y Valladolid.

Una curiosa partida de construcción de naves industriales, e intercambios de uso para ellas, se juega como si de Monopoli se tratara en el que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, en la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, acaba de licitar un contrato millonario para ejecutar dos nuevas naves de amplio tamaño con todos sus servicios con el objeto de 'regalárselas' al pueblo de Villadangos. Pero este llamativo trueque ha tenido ya varios cambios sobre los planes previstos cuando hace cinco años, en 2021, la Junta Vecinal aprobó vender 186 hectáreas de su suelo público al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León para acometer una ambiciosa ampliación del polígono. Una cantidad ingente de suelo que ha permitido ya a la administración autonómica ejecutar totalmente su ampliación, duplicando el tamaño inicial de una primera fase, la cual pronto se vio colmatada por la llegada de proyectos como los centros logísticos de Mercadona y Decathlon o las factorías de Miguélez y León Coated, entre otros.

La previsión de la Junta de Castilla y León era en 2021 que pronto habría lista de espera para la implantación de nuevos proyectos. Y así ha ocurrido. Por eso urgía ampliar hasta casi el doble el tamaño del espacio industrial. El pacto alcanzado con la Junta Vecinal era pagarle el suelo necesario. Y a mayores, a modo de compensación poco usual, construirle y regalarle al pueblo tres grandes naves que después la pedanía podría gestionar, alquilándola a quien estuviera interesado, y gestionar sus beneficios como arrendador. Aquel proyecto, sellado en 2023 con una icónica foto de apretón de manos institucional, suponía para la Junta una inversión de casi 2,5 millones de euros.

Sin embargo, un nuevo éxito del polígono trocó los planes. Las naves se construyeron pero no llegaron a cederse a la pedanía de Villadangos sino que sirvieron para afianzar un nuevo desembarco: la mayor fábrica de drones militares de España, de la mano de la empresa Indra y un grupo de Emiratos Árabes como socio. Este nuevo gran anuncio, pactado por la empresa española con Junta y con Gobierno, se lanzó a principios de este año con cifras muy golosas, como son 12 millones de inversión y la creación de 200 empleos nuevos. Pero Indra necesitaba acelerar su implantación, por lo que, según ha confirmado ILEÓN de fuentes oficiales, la Junta le ofreció dos de aquellas naves construidas para el pueblo. Así se aceleraban plazos de implantación y se podría comenzar a fabricar allí este mismo año, en septiembre, vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora.

De este modo, por razones de urgencia, la promesa de la compensación de las naves para alquilas tenía que volver a ser retomada. Y es lo que hace ahora la Junta a través de Somacyl. Un nuevo contrato público acaba de ser licitado a mediados de junio, para la construcción de dos nuevos edificios industriales ya en la zona de ampliación del polígono. Con el paso del tiempo el coste se ha incrementado y ahora parte de una inversión de 2,4 millones de euros -eran 2,5 para tres naves hace tres años- y un plazo de ejecución de un año desde que se adjudique a la empresa seleccionada.

Las naves se levantarán en las parcelas 2 y 3 del polígono, según la redacción de los proyectos encargados por Somacyl a Estudio de Ingeniería Civil SL, ambas de casi idéntico diseño y espacio, sobre dos superficies de 2.708 metros cuadrados cada una.

Y llega el gran centro logístico de Dia

La noticia salta pocos días antes de que este viernes 3 de julio se inaugure de manera oficial el primer gran proyecto de la nueva zona de ampliación del polígono de Villadangos, como es la gran nave logística de la multinacional de alimentación Dia, que contará con el desembarco del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del CEO de Dia España, RicardoÁlvarez, entre otras muchas autoridades.

Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

Una nueva calle para unir dos importantes barrios de León, los de San Mamés y La Palomera, está más cerca que nunca, a tan sólo los últimos trámites urbanísticos del Ayuntamiento de León, que se ultiman esos días, y la inversión de poco más de 200.000 euros.

El Consistorio ha dado, con gran urgencia en los últimos días, nuevos pasos administrativos para hacer posible la apertura de una nueva calle en Los Osorios, que además de incrementar la permeabilidad entre ambos barrios pondrá definitivamente fin a una reivindicación vecinal histórica en la zona norte de la ciudad, tras años de conflictos sobre todo por la presencia de unos chalés degradados que ya son historia.

Coincide esta semana que el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado sendos anuncios vinculados a la actuación llamada oficialmente AA 07-04 “Los Osorios”, prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de León. El primero, el 29 de junio de 2026, se refiere a la aprobación inicial del proyecto de normalización y urbanización, y el segundo, de este 1 de julio, corresponde a la apertura del proceso de urbanización. Tras la aprobación de ambos en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento leonés, los boletines abren ahora un período de un mes de la última exposición pública tras el desbloqueo de las expropiaciones de los terrenos necesarios, a finales del pasado año.

La actuación está promovida por Jesús Alberto Mínguez Ropiñón, en representación de la Junta de Compensación de la zona, que actúa así como urbanizador para un proyecto que ha sido redactado por el arquitecto Gonzalo Alarcia Fernández. Ese proyecto para urbanizar la nueva calle tiene un valor estimado de contrato de 202.160,69 euros.

El objetivo final es abrir un vial que elimine el actual callejón sin salida existente en la calle Padre Getino y mejore la accesibilidad y la permeabilidad del entorno situado frente a la Plaza Padre Severino Ibáñez, con la idea de integrar este nuevo espacio en la trama urbana de la capital y mejorar la conexión entre San Mamés y La Palomera.

Este avance administrativo llega después de años de conflicto en el entorno de Los Osorios por el estado de los antiguos chalés situados en los números 25, 27 y 29. Aquellos inmuebles, declarados en ruina y propiedad de la Sareb, el llamado 'banco malo', se habían convertido durante años en un foco de inseguridad e insalubridad, con ocupaciones, incendios e infinitas quejas vecinales.

El proceso se remonta a antes 2018 y el anterior equipo de Gobierno del PP, pero no fue cuando pasó a gobernar el PSOE que el Ayuntamiento inició por fin el expediente para plantear una solución a la situación de las viviendas deterioradas. En marzo de 2023 se anunció la aprobación inicial de la licencia de demolición de los inmuebles, tras superar las dificultades administrativas derivadas de su titularidad. Los derribos se ejecutaron finalmente en agosto de 2024, hace casi dos años.

Los terrenos, largo periplo

La desaparición de los chalés sin embargo no cerró el problema urbanístico. Para abrir la nueva calle y completar la prolongación de Padre Getino hasta Los Osorios era necesario disponer de los terrenos y reordenar el ámbito bajo el paraguas del planeamiento municipal leonés. Y eso incluía también el proyecto de expropiación de las fincas afectadas, tramitado después de que algunos propietarios no se incorporaran a la Junta de Compensación.

La actuación afecta a terrenos necesarios para culminar la conexión viaria. Entre ellos figuran dos parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad número 1 de León: una de 161,83 metros cuadrados, vinculada a Tomás González Fernández, Paula Rodríguez García y Valdemartino SL, y otra de 78,83 metros cuadrados, a nombre de Donato Díez Fernández y Milagros García Díez.

Con la aprobación inicial de los proyectos de normalización y urbanización, el Ayuntamiento sitúa la actuación de Los Osorios en una fase decisiva. La futura apertura del vial permitirá completar la urbanización del entorno, mejorar la movilidad en esta zona de La Palomera y San Mamés y transformar un espacio marcado durante años por la degradación en una nueva conexión urbana.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) continúa encabezonado con la construcción en la capital leonesa de una nueva y moderna pasarela sobre el río Bernesga, una gran estructura metálica y acristalada de 2 millones de euros a poco más de cien metros de otras dos ya existentes. El nuevo puente de diseño es, de hecho, de uno de los dos proyectos “irrenunciables” para negociar y aprobar, casi a año pasado, los presupuesto del Ayuntamiento de León, donde el PSOE en minoría necesita de sus votos.

A justo un año de que finalice el mandato el proyecto de la pasarela parecía abocado al fracaso total. Era más que una percepción. Ya por dos ocasiones su diseño y ejecución había quedado desierto: ninguna empresa se había presentado a los concursos públicos impulsados primero por el propio Consistorio y después por la empresa pública Somacyl, de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento encomendó una tarea aparentemente imposible ya. Más teniendo en cuenta polémicas añadidas como la denunciada por la oposición del PP en León, que desveló que para su construcción se talarían 26 árboles en ambas veras del río.

Todo parecía abocado a quedarse en papel mojado hasta que Somacyl ha dado a conocer la adjudicación a dedo de la pasarela. Ha recaído en una habitual contratista del Ayuntamiento, la leonesa Geoxa General de Construcciones, unida a una compañía madrileña, API Movilidads, y otra de Murcia, Ecocivil Electromur. Geoxa es propiedad de Juan María Vallejo Fernández, el presidente de la Patronal provincial, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). En la documentación se explica que el contrato literal por el “procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, designación directa, se pone en marcha “habiendo quedado desierta la licitación” inicial.

Sin embargo, la cuantía apenas baja un ápice de los dos millones anunciados en su momento al encomendar a Somacyl la construcción de la megapasarela, ya que el importe final se eleva a los mismos 1.998.861,44 euros en los que se había licitado, ni un céntimo menos. Aunque sea la conocida como 'Junta B' la que se encargue de todos los trámites, como esta adjudicación directa, en realidad el coste saldrá íntegramente de las maltrechas arcas municipales, inmersa en serios problemas de liquidez por las sentencias del cobro de las tasas de reciclaje de basuras.

La nueva pasarela, muy cercana al Puente de Los Leones, presentada a finales del pasado año, será para uso de peatones y también de ciclistas. Fue diseñada por otra contratación directa, por 100.000 euros, después de otros intentos infructuosos que provenían incluso de 2024 y que en no pocos casos adolecían de algunos importantes defectos. La forma final que se dio a conocer cuenta con una original en forma de S, de un total de 92 metros de longitud y cinco metros de ancho, con acristalado lateral y en buena parte cubierto con una pérgola. En aquella rueda de prensa el alcalde Diez y el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, sellaron un acuerdo para que el proyecto, esencial para UPL, saliera por fin adelante.

Al margen de polémicas ambientales, de críticas ecologistas y de protestas vecinales, las obras de urbanización de la amplia zona del sur de la ciudad de León donde la Junta ejecuta las macroplantas de incineración energética que denomina Red de Calor avanzan a ritmo creciente. Y es que se ejecutan contrarreloj después de que una importante parte de los trabajos, como es la ejecución de una nueva pasarela sobre el río Torío para el paso de los grandes tubos de calor hacia el resto de la capital, haya consumido sus primeros plazos y puesto en marcha un tiempo extra.

Fuentes oficiales de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) admiten que el primer plazo de autorización para que la empresa pública de la Junta Somacyl pudiera trabajar en la ribera fluvial, autorizado hace justo un año, el 9 de julio de 2025, ya expiró sin apenas haber avanzado nada. Por eso, la compañía tuvo que solicitar una prórroga de obra durante seis meses más. La nueva fecha de concesión recibió el visto bueno el 2 de junio pasado y marca la obligatoriedad de que la pasarela -desvelada por este medio en 2023- esté ejecutada, como muy tarde, en diciembre de este año, salvo que se concedan nuevas prórrogas.

Curiosamente, el primer permiso, en julio, fue varios meses antes de que Somacyl ejecutara la obra de urbanización y preparación de los terrenos para la red de Calor por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) a la unión temporal de empresas formada por las compañías Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras, que ahora ejecutan todos los trabajos. 

El organismo de cuenca, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, confirma que es conocedor de las amplias y polémicas talas de árboles de la zona en una superficie que el propio proyecto de Somacyl estimó en prácticamente 1.000 metros cuadrados. Incluso a pesar de estar presentes tres especies muy sensibles de sauce y álamo dentro del llamado Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, catalogados como valiosos bosques de galería. Su explicación para conceder los permisos es que “las cortas se limitan a la eliminación del tramo de vegetación de ribera estrictamente necesario”.

También la autorización incluye el práctico 'cegado' del cauce del río con tierra y piedras durante los trabajos, a escasos metros de la desembocadura del Torío en el río Bernesga, justo en el límite entre los barrios de La Lastra y Puente Castro. CHD determinó que era necesario un “desvío temporal del curso” de al agua “previsto en el proyecto” de Somacyl con el objeto de poder “ejecutar las cimentaciones de los cuatro apoyos de la pasarela”, una estructura metálica de casi 82 metros de longitud y un ancho de 5,90, dos de los cuales permitirán también un paso peatonal, siempre según la documentación oficial de la Junta para este proyecto.

Otra cosa que fue necesaria, confirman desde Confederación, fue la pesca de todos la fauna fluvial presente en la zona, algo que hizo “la dirección de obra en coordinación con los servicios de la Junta de Castilla y León” a través de un sistema llamado muy gráficamente “pesca eléctrica”, por el cual se aturden y trasladan los peces presentes. El “acordonamiento con sedimento” ahora visible en el río tiene también, afirman, “el objeto de no afectar a la fauna del cauce”.

El nuevo 'puente' es sólo la punta de iceberg de una amplia urbanización del terreno, el ya contratado por los primeros 7,6 millones, pero en espera del gran contrato ahora licitado por 62 millones de euros más -parte de ellos financiados con los antiguos Fondos del Carbón para las cuencas mineras-, y eso sólo para la primera fase de la Red de Calor. Con ese dinero, las empresas elegidas tendrán que construir la planta de incineración de combustible vegetal como pellets y 28 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará.

En fases posteriores se ampliaría esta macroplanta de quema de vegetación, se ejecutaría otra más de nitrógeno verde y una última de placas solares, todo ello en el llamado Soto de Santa Olaja, lindando con el cementerio municipal, al lado de dos barrios, Puente castro y La Lastra, cuyos vecinos han manifestado multitudinariamente su oposición a un proyecto que no se ejecutó en tres emplazamientos del norte tras años de intentos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado un giro completo al conflicto judicial que se viene viviendo desde hace algunos meses entre el Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal) y la Diputación de León a costa del diseño de algunos proyectos en plena naturaleza enmarcados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid conocida por ILEÓN resuelve la disputa abierta en torno a las bases de contratación de los servicios de redacción de proyectos vinculados al plan turístico que lidera la institución provincial, gestionando además fondos del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León.

El fallo supone un cambio de 180 grados respecto a la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, que había desestimado íntegramente el recurso presentado por los arquitectos contra la Diputación. Aquella primera resolución avaló la legalidad del proceso de contratación que la institución puso en marcha hace algunos meses, pero ahora el alto Tribunal da la vuelta al criterio inicial. Y de manera muy tajante.

El origen del litigio está en una licitación convocada en septiembre de 2023 dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño. El contrato, valorado en 34.981 euros con impuestos incluidos, tenía por objeto la redacción de proyectos para diseñar sendas, rutas turísticas y otros elementos vinculados a la mejora del atractivo turístico de la zona. Pero aquella adjudicación permanecía bloqueada por la controversia judicial.

El Colegio de Arquitectos cuestionó inmediatamente varios aspectos de los pliegos de contratación. Sobre todo, censuraban aspectos como que no definieran con suficiente claridad la solvencia técnico-profesional exigida; que el precio tuviera un peso excesivo frente a la calidad, pese a tratarse de un contrato de carácter intelectual, según aducían los profesionales colegiados; que el plazo previsto, muy escaso, pudiera afectar al resultado del trabajo; y que no se recogiera expresamente la colegiación obligatoria de los profesionales encargados del proyecto cuando esta fuera exigible, según su punto de vista.

Más allá de esos puntos concretos, el debate abierto debía aclarar qué profesionales están habilitados para proyectar determinadas actuaciones dentro de planes públicos de transformación turística. Los arquitectos defendían que algunas de las intervenciones previstas no podían considerarse simples elementos ornamentales o mobiliario urbano, sino actuaciones que, por su complejidad, uso o impacto, requerían una cualificación específica: la suya. Hablamos de infraestructuras, como miradores, centros de visitantes, estructuras de uso público o rehabilitaciones de espacios, así como sendas. Más en detalle, se incluían algunos recursos conocidos o nuevos, como la Senda del Oso, la Senda del Lobo o una Ruta para Selfies, entre otras.

El fondo del debate

El tribunal, tras una impugnación inicial que la Diputación y el recurso de Coal a la primera sentencia perdida después en León, analizaba ahora si la Diputación de León respetó las reglas sobre idoneidad técnica en la contratación o, dicho de otro modo: si el profesional encargado de diseñar una actuación debe tener la formación adecuada para garantizar no solo la viabilidad del proyecto sino también su seguridad, integración estética y adecuación al entorno.

La resolución del TSJCyL marca ahora un punto de inflexión en el procedimiento. Al tratarse de una sentencia de un alto tribunal autonómico, su efecto va más allá de una mera discrepancia: fija un criterio relevante sobre cómo deben plantearse las contrataciones públicas cuando las actuaciones previstas pueden entrar en el ámbito propio de una profesión regulada. Y en este caso concreto la sala considera clave la naturaleza real de las intervenciones, su complejidad, su uso público y su incidencia en la seguridad, la calidad arquitectónica y la integración en el entorno. De ahí que concluye que, cuando esas actuaciones encajan en el ámbito de la edificación o requieren una especial capacitación de proyecto, debe respetarse la reserva de función y la idoneidad profesional propias de los arquitectos.

El Tribunal considera categórico que el propio anuncio de la licitación del contrato de la Diputación ya zanjaba el asunto, al admitir en el apartado de “subtipo” de contrato que se trataba de “servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos”. Y por eso el juez dicta: “Ciertamente no parece que ahora la Diputación apelada pueda sostener que no estamos en presencia de una contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo” que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Un fiasco más para el plan turístico especial de 25 municipios

La Diputación ha decidido en la Junta de Gobierno del pasado 29 de mayo no recurrir ya esta decisión, por lo que pasa a ser firme. La cuestión es que, transcurrido este tipo de controversia judicial, esta parte de diseño de rutas que contenía el Plan Turístico especial para la Montaña de Riaño y los 25 ayuntamientos incluidos ya no habrá sido posible de ejecutar. Un fiasco más para un plan extraordinario que contaba en total con 2,4 millones de euros de inversión, repartido entre el 40% del Gobierno y 40% de la Junta, frente al 20% de la Diputación, y que a pocos meses de que concluya ya su prórroga de tres años -por los muchos retrasos ya entonces acumulados- apenas alcanza el 30% de su ejecución, según admitió recientemente el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

La lucha contra la oleada de incendios desatada ayer en la provincia de León, especialmente en la comarca de El Bierzo, está siendo todos a una, con un creciente operativo de todo tipo de medios materiales y humanos repartidos entre los 17 siniestros que a mediodía de este jueves permanecían activos. Cuatro de ellos continúan en nivel 1 de gravedad lo que, junto a la simultaneidad de fuegos, mantiene la Situación Operativa en el nivel 1 en toda Castilla y León.

Sin embargo, el recuento de medios aéreos para atacar desde el aire las llamas vuelve a ser muy desigual a pesar de las pocas horas transcurridas. Tan desigual como que las aeronaves del Gobierno central que trabajan en los siniestros multiplica por tres la cifra de los helicópteros de la propia Junta de Castilla y León: 12 en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) frente a sólo cuatro de la Consejería de Medio Ambiente.

La comparativa numérica cuenta con el respaldo oficial. Se trata de cifras que ha detallado hoy en rueda de prensa el consejero y portavoz del Gobierno de PP y Vox, Carlos Fernández Carriedo, preguntado por los periodistas y en respuesta a las primeras y duras críticas por la falta de medios y de coordinación por parte del Ejecutivo autonómico.

Carriedo especificó como 'foto fija' a mediodía de hoy que en los incendios bercianos, cuatro de ellos en Índice de Gravedad potencial (IGR) nivel 1, trabajaban cuatro helicópteros de las brigadas helitransportadas Elif de la Junta. Y ya sólo en helicópteros, los estatales de las brigadas Brif eran un total de seis, procedentes de bases de la provincia de León y otras de provincias mucho más alejadas, como Toledo y Cáceres. Pero además, el portavoz concretó que a eso hay que sumar tres aviones anfibios Canadair, o hidroaviones de gran capacidad; un avión anfibio pequeño; otro helicóptero mediano; y un avión para labores de coordinación de todo el operativo. En total, 12 aeronaves diferentes. Los hidroaviones proceden de las bases de Málaga y Talavera La Real (Badajoz), que trabaja en el incendio de Congosto, y de Los Llanos (Albacete), en el caso de Vega de Valcarce.

Ocultación oficial del número de helicópteros en bases leonesas

Además, el portavoz, por segunda semana, no quiso responder a la pregunta directa de cuántos helicópteros de la Junta están operativos a día de hoy con base en la provincia de León, teniendo en cuenta que deben ser cinco -cuatro ya existentes en los terribles incendios del verano pasado, que arrasaron 135.500 hectáreas, cifra récord histórica, y un quinto comprometido entonces por la Junta-. A ILEÓN le consta que eran sólo dos la semana pasada y tres a fecha de hoy, pero ni el Carriedo ni la Consejería de Medio Ambiente, que ahora ocupa Marcía González Corral, en sustitución de Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirman durante días este grave hecho, que añade dificultades en la extinción de la nueva oleada de incendios, tal y como también denuncian varios sindicatos.

El portavoz del Ejecutivo sí entró a enumerar con detalle el resto de medios no aéreos con los que la Junta ataca hoy, medio día después de producirse, la mayoría de los siniestros: 5 convoyes, varios de ellos procedentes de otras provincias (Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia y Palencia); tres autobombas de doble cabina; dos técnicos de apoyo al puesto de mando; otros dos de planificación; dos más del centro autonómico de mando; seis máquinas pesadas; y finalmente dos camiones de puesto de mando avanzado.

Carriedo, que reclamó públicamente la “máxima precaución posible”, explicó que las tormentas secas de la tarde-noche del miércoles 24 de junio están detrás de la mayoría de los fuegos iniciados esta madrugada, a causa de los rayos. A pesar de ese origen claro, ha pedido extremar la precaución pues aunque las previsiones meteorológicas son favorables, con bajada de temperaturas, más lluvia y humedad, “no hay que perder de vista el riesgo de incendios”.

Reacciones muy críticas

En un tono muy distinto, las primeras organizaciones políticas y sindicales ya han atacado la falta de preparación, de medios y la descoordinación de la que ha vuelto a hacer gala la Junta en los primeros días del riesgo muy alto de incendios del verano, decretado por la propia Junta.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este jueves la “inacción y la pasividad” de la Junta ante los incendios de León. A su juicio, al ejecutivo autonómico “le ha vuelto a pillar el toro” y ha asegurado que les han llegado “reiteradas peticiones de auxilio y de socorro de numerosos municipios”.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado hoy que la continuidad en las mismas políticas del Gobierno de PP y Vox “perpetúa el caos y la precariedad del operativo”. Una situación, recuerdan, que “nos ha llevado a interponer una querella criminal por conducta dolosa y por una inhibición intencionada en las obligaciones de prevención de riesgos laborales y de protección de la salud de los trabajadores”.

El Gobierno, a través de la empresa pública Tragsa, quiere poner al día y analizar con el paso de los años hasta qué punto perduran o se han corregido los graves efectos de la chapuza histórica que para el medio ambiente supuso la ejecución de la Variante de Pajares para unir por AVE León y Asturias. Se trata de saber qué ha sido en 2026 del 'robo del agua' de inmensas magnitudes que hace dos décadas provocó que al horadar los 50 kilómetros bajo la Cordillera Cantábrica se pincharan los acuíferos de la Montaña Centra leonesa. Una situación que provocó un trasvase ilegal que llegó a verter hacia Asturias 10.600 millones de litros anuales, cantidad equivalente al abastecimiento de una ciudad de 200.000 habitantes para todo un año. Eso desecó fuentes y arroyos, ríos y prados. Incluso grifos.

Los pueblos afectados, unidos como David frente a Goliat por la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, dedicaron años de lucha para que el Ministerio hoy de Transición Ecológica aceptara en 2017 modificar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de la chapucera variante ferroviaria, a los efectos de acometer las compensaciones que fueran necesarias. Los primeros contratos y estudios se materializaron en 2018 y poco antes de abrirse al tráfico la línea de alta velocidad, en 2023, el Gobierno insistió en corregir y compensar los desperfectos causados.

Ahora, sin hacer ninguna publicidad de ello, Tragsa ha impulsado tres contratos de estudios ambientales para poner al día el impacto que aquella construcción dejó sobre acuíferos, manantiales, aguas superficiales y hábitats sensibles de la Montaña Central leonesa.

Tres bioindicadores

La actuación pretende actualizar los datos de los informes elaborados en 2018 sobre los efectos hidrológicos y ambientales de la variante, una obra de 25 kilómetros de túneles de ida y otros tantos de vuelta que tardaron 20 años y consumieron 4.000 millones de euros, cerca de la mitad de ellos de sobrecoste. El nuevo proyecto tiene como objetivo determinar si la obra sigue alterando la dependencia de determinados hábitats respecto a los recursos hídricos subterráneos y también de la superficie. Para ello, los estudios se han dividido en tres (análisis de pastos, de turberas y de hábitats riparios). Son los bioindicadores del estado ecológico de la zona y de las posibles afecciones que dejó la ejecución de la infraestructura ferroviaria.

Una amplia zona de análisis

El ámbito de actuación se sitúa en el norte de la provincia de León hasta el límite con Asturias. Afecta sobre todo a los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón, con una pequeña incursión en Sena de Luna. Por delimitarla, la zona se extiende desde la estación de esquí asturiana de Pajares, en Brañilín, al norte; sigue el cauce del río Bernesga y la carretera N-630 por el este; alcanza Huergas de Gordón por el sur, y llega hasta el entorno del embalse de Casares por el oeste.

En total, según la documentación, la superficie analizada ronda las 16.194 hectáreas y está incluida íntegramente en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. de hecho, es casi la mitad de su área total, representa el 48,52%. Además, coincide en buena parte con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Montaña Central de León, con 7.533 hectáreas, y en menor medida con la ZEC Valle de San Emiliano.

Los contratos se dividieron en tres lotes. El primero, dedicado a los pastos y prados de interés comunitario, debía evaluar su biomasa, productividad y estado de conservación con una perspectiva histórica desde el año 2000. Este lote, sin embargo, es el único que ha quedado desierto por ahora. Tenía un valor estimado de 38.720 euros y su falta de adjudicación deja pendiente una parte relevante de la evaluación ambiental exigida por la DIA. La administración deberá decidir si abre un nuevo proceso para garantizar que este análisis se ejecute finalmente.

Los otros dos lotes sí han sido adjudicados por Tragsa a la misma empresa, la asturiana Biosfera Consultoría Medioambiental SL. El Lote 2 se centra en las turberas, hábitats clave en el ciclo del agua por su capacidad para acumular materia orgánica, y prevé el seguimiento de su composición florística y ensayos de laboratorio de turba y agua. El Lote 3 analizará los hábitats riparios, es decir, la vegetación de ribera, para valorar su conectividad, regeneración natural y estado ecológico.

Casi 100.000 euros

El valor estimado total de los tres contratos asciende a 96.800 euros con impuestos y el plazo previsto de ejecución es de diez meses, a contar desde que consta la formalización de los mismos, el pasado 18 de junio de 2026.

Estos contratos de Tragsa son los que mencionó como solución hace algunos meses el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, cuando preguntado en Pleno aseguró que el trasvase legal a Asturias de 11.000 litros de agua por segundo “se ha reducido a la cuarta parte y cada vez se reduce más”, a pesar de defender la lógica de que los túneles “no pueden ser estancos”. Se refería entonces a la imposibilidad material de poner en marcha una de las soluciones exigidas: el bombeo de retorno del agua desde Asturias hacia la Montaña de León.

Del resultado de los nuevos informes oficiales, una última foto fija de la situación, se desprenderá si más de un cuarto de siglo después de comenzar las titánicas obras del AVE desde Asturias a la meseta, a través de la provincia leonesa, la zona sufre aún una herida en su recurso natural más preciado, el agua, y si hay más medidas que adoptar aún para reponer la situación a los pueblos afectados.

Un presupuesto municipal de 2026 para un cuarto de año, aproximadamente. Ese es el posible escenario que se baraja en el Ayuntamiento de León si se concretan las negociaciones que mantienen el equipo de Gobierno del PSOE que encabeza el alcalde José Antonio Diez, que gobierna en minoría, y su socio puntual y preferente de los dos últimos mandatos, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Sin embargo, nada está escrito aún, a pesar de que los presupuestos ser vitales para cuadrar de algún modo el agujero económico que deja el varapalo judicial por el cobro de las tasas de residuos de los últimos años, una sentencia que obliga a reordenar el sistema de cobros e incluso a devolver lo ya girado a los vecinos. Se trata de varios millones de euros, cuya ausencia ahora impacta sobre las arcas municipales y paraliza no pocos proyectos de inversión anunciados.

Nada está escrito porque, por un lado, los socialistas llegan al Pleno de final de mes de junio este viernes sin haber presentado un borrador de cuentas municipales. Y por lo tanto porque todavía están en fase “muy inicial” de negociación con los leonesistas sus cuatro condiciones “de mejora de ciudad”, que UPL considera “irrenunciables”.

De esas condiciones, dos son proyectos bastante costosos y la formación que lidera Eduardo López Sendino lleva años insistiendo sobre ellos: una nueva pasarela sobre el río Bernesga entre los paseos de La Condesa y Salamanca, de 2 millones, que lleva dos intentos fallidos de adjudicación de obras; y una piscina de dimensiones olímpicas de gestión privatizada y 10,5 millones, preferentemente en la carretera de Carbajal, cerca del club Olímpico, que permita que León albergue competiciones oficiales que hoy sólo acoge Valladolid.

Las otras dos “líneas rojas”, como las denomina Sendino, no conllevan coste sino que UPL considera que reportan ingresos: la mayor “municipalización” de los autobuses urbanos, hoy en manos mayoritarias de Alsa, y cuya concesión la expiró; y también el aumento de peso municipal en la sociedad mixta Eulsa que gestiona el pago del aparcamiento regulado de la ORA en la ciudad, para recaudar para el Consistorio un mayor pellizco de sus muchas ganancias anuales. Y dejando además en sus manos la gestión de casi todos los parkings subterráneos de León, incluyendo San Marcelo o el del campo de fútbol, e incluso barajarse el nuevo que construirá en Santa Nonia la Diputación.

Si todo ello es aceptado por Diez, en una negociación que Sendino admite que “de momento va sin avances”, UPL ofrece no votar a favor de las cuentas sino abstenerse para permitir su aprobación. Algo que Sendino justifica “por responsabilidad” con la ciudad.

El veterano portavoz leonesista, que por cierto está de salida al haber anunciado que el año que viene no se presentará a la reelección, insta al equipo de Gobierno de Diez a que “muevan ficha”. Y trata de meter algo de presión, porque si bien asegura que “no hay límite temporal”, a continuación advierte de que “si pasa agosto, que es inhábil, y ya planteamos aprobar el presupuesto en septiembre, poco sentido tiene ya”.

Porque no hay que olvidar que ambos grupos hablan de los presupuestos de este año, ya consumido en su mitad, y que por Ley en condiciones normales deben aprobarse antes del fin del ejercicio anterior. Sin embargo, este año todo quedó relegado y abocado a la actual prórroga del presupuesto de 2025 (que apoyaron UPL y un concejal tránsfuga de Vox) a causa de las elecciones autonómicas de marzo, que todo lo detuvieron. De cerrarse el acuerdo, pactarse los cuatro puntos y salir finalmente adelante las tardías cuentas, se confirmaría que bajo el liderazgo de Eduardo López Sendino ya sido muy abrumador el apoyo al equipo socialista de Diez en los últimos dos mandatos, sólo roto en los años de víspera electoral municipal. Como será el próximo año 2027, para el que el leonesista sí zanja que no habrá excepción. Ni acuerdo.

Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.