Todo empezó un 9 de diciembre del año 1990. Fue cuando, en uno de tantos inviernos duros de León, un temporal depositó una capa gruesa de nieve congelada sobre la mítica discoteca Atlántida, en el barrio de El Ejido. El garito frecuentado en la capital leonesa por todo aficionado al heavy metal, y que se había convertido en el reducto de los primeros metaleros del siglo XX, no soportó el peso y su techumbre se derrumbó. Y aquel desastre, por fortuna sin víctimas, no sólo fue el fin del refugio de una tribu urbana efervescente sino también el punto final para una joven familia unida por el rock más potente hasta entonces jamás escuchado.

Sin embargo, todo volvió a empezar también “hace cuatro años”. La nostalgia, un poco la casualidad y un mucho las nuevas tecnologías del siglo XXI sirvieron de motor para redescubrir lo vivo que seguía el viejo 'espíritu Atlántida'. Fue así que aquellos melenudos, cuatro décadas menos jóvenes, volvieran a encontrarse. Primero en las redes sociales, después en un grupo de WhatsApp y ahora en una recién estrenada asociación que quiere demostrar no sólo que los viejos rockeros nunca mueren sino que los veteranos heavies de León tienen todavía mucha caña que dar.

Su reciente historia de nostalgia, éxito y mucho futuro la explican Bachy, presidente, y Chema, vicepresidente -respetamos que quieran aparecer con sus motes-. Ellos demuestran con su empuje que es posible mirar hacia atrás sin quedarse atrapados en el pasado y señalar hacia adelante sólo con los dedos índice y meñique estirados y sacando mucho la lengua.

Explican que tras el hundimiento literal de la Atlántida, a los heavies, como a todos, les llegaron los matrimonios, hijos, trabajos, responsabilidades y, en algunos casos, incluso los años fuera de León: “Ya no era lo mismo”. Pero Silvia, Cristina y Chopper decidieron preguntarse “oye, ¿sabes algo de este? Añade a aquel...”. Así nació en el año 2022 un grupo de WhatsApp llamado la 'Atlántida' en honor a su territorio perdido.

Como una mecha, de un nombre a un contacto, de un amiguete a un conocido, de mensaje en mensaje de Facebook, comenzaron a emerger quienes llevaban décadas sin verse, supervivientes de la Atlántida y otros muchos aficionados. “Logramos juntarnos en un bar de Villaquilambre unos ciento y pico” por Navidad, recuerda Bachy. Y afloró una comunidad era bastante mayor de lo que parecía, y a la que pronto vieron que había que dar contenido formal si algunos sueños de futuro que les rondaba la cabeza se querían convertir en realidad.

Así nació la asociación. Ocho personas asumieron el reto de ponerlo en marcha formando una Junta Directiva que se constituyó finalmente el pasado mes de mayo. Y con ella, una nueva mentalidad: abrirse desde la nostalgia hacia un futuro más amplio bajo el espíritu heavy. Bachy lo explica así: “La idea es unificar todo ese sentimiento de la cultura del heavy metal en León, volverlo a recuperar y, ya que no hay discotecas ni lugares donde reunirnos, tener una asociación donde quepamos todos y nos pongamos cara”.

Chema rememora todavía un poco sorprendido cómo han ido apareciendo jóvenes, personas de distintas edades y vecinos de pueblos de la provincia que han encontrado en su proyecto una puerta de entrada a una comunidad que “existía, pero permanecía dispersa”. La asociación ronda ya el centenar de personas y continúa creciendo: “La cosa a veces da vértigo”. La mejor forma de dar con ellos es un mensaje a través de sus electrizantes redes sociales, tanto aquí en Facebook, como en Instagram.

Un festival con esencia leonesa: nace Kazurrock

La primera gran prueba de esa intención de fuerza renovadora tiene fecha y hasta nombre. Desvelan que el escenario de Espacio Vías en León ya está reservado para el 9 de enero de 2027. Allí nacerá Kazurrock, el festival con el que Heavy Metal León quiere presentarse en sociedad, con fuerza atronadora.

Entre decenas de proyectos, “el festival es el epicentro” ahora mismo. No quieren que sea simplemente una sucesión de conciertos: la intención es construir una propuesta cultural estable, que se acompañe de talleres de guitarra y batería, tatuaje, artesanía, dibujo, diseño y otras actividades afines. La filosofía es ayudar a convertir la asociación en un escaparate de esa cultura que durante décadas ha crecido alrededor del rock y el metal.

Ya hay nombres de bandas y prioritariamente serán grupos de la provincia leonesa. La filosofía es aprender de experiencias como las de Soria, donde una asociación vinculada al heavy ha alcanzado varios cientos de socios, o Burgos y su Zurbarán Rock, lugares que han abierto caminos y se han asentado en éxito que “aquí no tienen por qué ser menor” a la hora de movilizar a miles de personas y generar actividad en bares, restaurantes y alojamientos.

Las bases organizativas también son duras, como suena su rock. En lo económico, la Asociación ya dispone de una cuota de socio colaborador, apenas 10 euros, pero tienen claro que las cuotas no deben convertirse en la financiación del festival. De ahí que ya estén en un periplo de búsqueda de empresas, fundaciones y otras entidades, primero de León pero no sólo. La idea es que el festival sirva como primera gran carta de presentación y que, a partir de ahí, la asociación pueda generar recursos para continuar haciendo cosas durante todo el año. Quién sabe si pronto un local propio, quizá un programa de radio o un podcast, recuperar aquella vieja iniciativa del Territorio Bosco que hizo emerger varias bandas... Todo es posible.

Esa visión más amplia lo cambia todo. Incluso el aspecto. A los heavies pioneros, “de los años 70 u 80”, les identificaba una estética de pelo largo, vaqueros, cuero, cadenas, pendientes... Pero hoy tienen claro que “una cosa es la estética y otra lo que el heavy nos hizo a todos en la cabeza: esa pasión que nos une. Y eso sí que es igual”, defiende Chema. De ahí que su proyecto no sea reconstruir el heavy de los años 80 sino tirar de la esencia de aquella cultura y dejar que siga evolucionando.

Porque el metal no necesita más que un gusto común: “Tú estás por ahí y te cruzas con otro heavy, y ya eres hermano”, remarca Bachy. Y también forja amistades... y mucho más que amistades. Bien sabe él que la 'movida' de Atlántida unió cosas todavía inamovibles: “Yo hoy en día sigo casado con mi mujer y la conocí allí”.

No importa casi nada que el heavy haya cambiado. Hoy se abre a power metal, metal industrial, rock sinfónico... incontables variantes. “Te pueden gustar o no, pero están englobados dentro del mismo estilo, que es el heavy. Y eso demuestra una cosa: que está vivo, sabemos que no ha muerto precisamente porque ha evolucionado”, defienden. Ahora la Asociación quiere ser motor de esa mezcla energética que componen la nostalgia, el orgullo y la evolución. Y hacer suyo desde León el mítico estribillo de la banda Barón Rojo: “¡Larga vida al Rock al Roll!”. 🤘🏼

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

La explosión turística de la localidad de Riaño, corazón de la Montaña Oriental leonesa, continúa deparando anuncios de inversión para la mejora de algunas de sus más destacadas ofertas para el ocio, el deporte y la aventura. Y ahora le toca el turno al embarcadero del pantano de Riaño, el principal 'puerto de mar' montañés del que parte, por ejemplo, el barco turístico que cada año bate récords de gente dispuesta a disfrutar de los llamados 'fiordos de León'.

El tiempo que hace que el embarcadero se habilitó, y su mucho uso, han hecho que la instalación situada junto al pueblo nuevo de Riaño requiera de una serie de urgentes mejoras. Por eso, se ha diseñado una transformación integral con una inversión económica que se cifra en 340.761 euros. Eso sí, de momento no ha habido éxito por parte de la Junta de Castilla y León para poner en marcha estas obras, ya que un primer intento ha quedado desierto, al no presentarse en tiempo y forma ofertas de empresas.

Es por eso que la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, haya vuelto a intentar su licitación. Un expediente que desde el primer momento se ha anunciado con cargo al llamado Fondo de Transición Justa, el antiguamente llamado Plan del Carbón, que debería destinarse a reflotar las antiguas cuencas mineras tras le cierre de las minas, y eso a pesar de que la zona está muy lejos de cualquier explotación de este tipo.

En su proyecto, la Junta busca la renovación de los accesos al embarcadero sobre el pantano, la sustitución el deteriorado pavimento actual, el acondicionamiento de todo el entorno con zonas verdes, la instalación de mobiliario, un nuevo sistema de iluminación y además la creación de un nuevo mirador sobre el embalse.

Los detalles del proyecto, uno a uno

La actuación prevé un tiempo de tres meses para realizar todas estas obras, aunque tales mejoras ya no llegarán a tiempo para el disfrute en este verano del creciente aumento de las actividades náuticas. Según refleja el proyecto, sobre el que ILEÓN ha trabajado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial con verificación humana, la reforma arrancaría con la demolición del pavimento de hormigón existente en la zona de acceso, actualmente en muy mal estado e incluso con grietas, y contempla excavar y abrir una nueva caja para posteriormente construir una calzada de hormigón impreso coloreado de 20 centímetros de espesor sobre una base de zahorra artificial.

El nuevo pavimento quedará delimitado mediante bordillos de hormigón prefabricado y permitirá mejorar tanto las condiciones de acceso como la seguridad de los usuarios. En la zona más próxima al agua se construirá además un murete de hormigón armado con un perfil de acero estructural destinado a facilitar el anclaje de pasarelas, útiles y otros elementos vinculados al uso recreativo y náutico del embarcadero.

Una de las actuaciones de mayor impacto visual será la construcción de un nuevo mirador en una plataforma que actualmente permanece sin acondicionar. Tendrá una estructura de perfiles de acero, barandillas también de acero y suelo de rejilla metálica tipo Tramex, configurándose como un nuevo punto de observación del embalse y del paisaje montañoso que rodea Riaño.

El entorno del mirador también será transformado. La zona verde será acondicionada con césped y se instalarán bancos y mesas de madera para crear un espacio de estancia y descanso, idóneo para comer allí. Y el desnivel hacia el embalse quedará protegido mediante una valla de madera tratada.

El proyecto refleja también una nueva red de alumbrado público con canalizaciones bajo tierra para la instalación de columnas de cuatro metros de altura con iluminación ornamental conectada a la red municipal. El mirador incluirá tiras de luces LED integradas bajo sus barandillas y la zona próxima al embalse dispondrá de luminarias solares independientes, que le darán un especial aspecto nocturno.

En el entorno de la zona se concentran actividades recreativas vinculadas al pantano de Riaño, entre ellas el alquiler de motos de agua, canoas y barcos, especialmente el barco turístico que lleva más de una década de explotación exitosa. De ahí que se haga hincapié en la mejora y seguridad de los accesos a lo que ya se haconvertidod en un atractivo turístico de primer orden en la provincia leonesa y la Montaña Oriental.

Intento a la segunda

La Fundación Patrimonio Natural ha vuelto a sacar el contrato a licitación después de que el primer intento quedado desierto este mismo verano. El expediente FPNCYL-28/2026 se publicó el 8 de julio y estableció el 3 de agosto como fecha límite para presentar ofertas. Sí se llegó a presentar una empresa pero llegó fuera de plazo, por lo que la Mesa de Contratación propuso declarar desierto el concurso e inmediatamente ha puesto en marcha otro con nuevos plazos.

Esta obra se quedará pequeña en comparación con otro proyecto de alto calado turístico, igualmente impulsado por la Fundación de la Junta y también con fondos mineros, pero que en su caso ha generado una gran controversia en la zona. Un proyecto que prevé la mayor explotación turística de una zona mucho más desconocida y actualmente inaccesible del pantano, la zona del valle de Anciles, y que ha generado al mismo tiempo críticas de detractores por el efecto de masificación que puede plantear su diseño, así como apoyos a un mayor impulso económico del municipio, al margen de su alta protección medioambiental.

En espera del gran -y criticado- proyecto en Anciles

Ese otro proyecto contempla la inversión de 3,6 millones para que dos empresa catalanas ejecuten varias infraestructuras de gran calado. Por ejemplo, una pasarela colgante de unos 250 metros sobre el embalse para conectar las orillas más próximas y superar los acantilados. Tendrá altura suficiente para el paso de veleros y su montaje requerirá helicópteros y embarcaciones. Se completará con 300 metros de plataformas metálicas ancladas a la roca, una escalera metálica de 85 metros y un nuevo embarcadero o pantalán.

El itinerario lineal partirá del aparcamiento de la N-621 y recorrerá el Valle de Anciles hasta el embarcadero final, desde donde se podrá regresar en barco turístico. Incorporará senderos adaptados, soluciones de ingeniería integradas en el paisaje y nuevos puntos de observación para facilitar el recorrido por una zona de orografía accidentada.

También se ejecutará un mirador elevado en Los Yedrales, mediante pórticos de madera laminada, y se adecuará el Mirador de los Osines. La red de rutas incluirá la mejora de 4.385 metros de senda existente y la apertura de otros 990 metros, con firme compactado, señalización, balizamiento, medidas de seguridad y mobiliario para los visitantes.

El plazo de un año de este otro contrato, formalizado el pasado verano, hace pensar que podrían estar culminándose los trabajos, siempre que no se produzcan retrasos. En todo caso, si sale adelante la reforma del embarcadero del pueblo, juntos los dos proyectos están llamados a multiplicar el atractivo de Riaño y su entorno inmediato en principio puede que antes de que concluya este año 2026.

Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.

La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.

El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.

La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.

El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.

El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.

Una planta con más de 110.000 paneles solares

Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.

La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.

Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.

La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.

La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

Con muchos de los trámites ya avanzados, y pendiente ahora de su definitivo visto bueno ambiental oficial, la empresa Huevos León SL confía en convertir en realidad su tercer proyecto de ampliación de una explotación avícola en el pueblo leonés de Malillos (municipio de Santas Martas). Una ampliación que maneja cifras gigantescas, entre las que destaca que, una vez construida una nueva nave, la macrogranja albergará un total de 450.000 gallinas ponedoras. Se trata de una cifra de aves que coincide que es exactamente igual a la población oficial de toda la provincia de León.

El proyecto se ha dado a conocer con motivo de su trámite ambiental, que se expone públicamente por segunda vez tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) esta primera semana del mes de agosto, y que pilota la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ahora en manos de Vox en el cogobierno de pacto con el Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León.

En concreto, se expone al público la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de una explotación avícola. Y es que las naves de Huevos León en Malillos de los Oteros ya tienen las bendiciones ambientales desde su inicio, hace una década, en 2016, pero ha ido creciendo de manera exponencial. De las 84.000 gallinas iniciales se pasó a 170.000 en el año 2020 y hace apenas año y medio se incrementó la capacidad de la granja a 302.000 ejemplares.

Ahora la apuesta, con la inversión prevista de 1,2 millones de euros, es alcanzar las 450.272 gallinas ponedoras en jaulas. Su propio proyecto, disponible para su consulta pública por un plazo de 30 días hábiles, ofrece datos inmensos, como los 365.222 huevos que cada día se prevé producir en la macrogranja ya ampliada, una cifra que se extrae de los casi 131,5 millones de huevos al año que recoge el amplio documento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) actualizado a tales dimensiones.

Del mismo documento se extraen otras cifras relevantes. Con la ejecución de la nueva nave que se ha diseñado en Malillos (ahora dispone de cuatro), un nuevo centro de clasificación del producto y un centro de control y vigilancia, las instalaciones crecerán finalmente hasta los 17.000 metros cuadrados dedicados a la producción constante de huevos, dentro de una parcela de 160.000 metros cuadrados en total situada en las inmediaciones de esta pequeña localidad que apenas suma 31 vecinos empadronados.

Tal presencia prevista de ejemplares ponedores lógicamente generará un exponencial crecimiento de los residuos que se produzcan, como se recoge en la EIA. Por ejemplo, la gallinaza, es decir, el estiércol que se cifra que se generará en todo un año, será de 6.504 toneladas. Como se ha venido haciendo hasta ahora, este material se emplearía como abono y fertilizante agrícola bajo una supervisión, con criterios tales como mantener gran parte de esos residuos congelados en las propias instalaciones hasta durante cuatro meses fuera de la época del calendario agrícola local.

También se cuantifican a priori el número de ejemplares de gallina que morirán en las jaulas de las instalaciones, a razón de 27.352 ejemplares cada año, los cuales también habrán de conservarse congelados en grandes arcones para su posterior gestión oficial establecida de eliminación de los cadáveres. Finalmente, el exhaustivo documento incluso evalúa el número de huevos que se romperán durante todo el proceso y que no podrán servir para su consumo, cifrándose en nada menos que 46.017 huevos al año, a una media de casi 128 en cada jornada.

Con tales cifras, de salir adelante todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la actual de carácter medioambiental, la nueva macrogranja recrecida de Huevos León podría ser una de las de mayor dimensión de toda la provincia leonesa. Una provincia en la que el sector avícola, y más concretamente el de gallinas ponedoras, conserva un gran impacto. Baste recordar, por ejemplo, otra reciente ampliación impulsada en la localidad de Villabraz por la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, para en su caso disponer de 214.500 gallinas camperas, es decir, con algo de terrero para campar y no en jaulas, que obtendrían una producción cada año de 57 millones de huevos. Esta compañía es suministradora de la mayor cadena de supermercado de España, la de Mercadona.

Sin embargo, Huevos León trabaja más en otras áreas del sector, por ejemplo, siendo licitador habitual de contratos de suministros de alimentación para instalaciones públicas como el Aeódromo Militar de León, entre otros.

La Junta de Castilla y León ha consolidado la relación de municipios y localidades de la provincia de León afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2026. Tras el primer listado publicado el día de su aprobación inicial, el pasado 30 de julio, así como las ampliaciones del 5 de agosto y las correcciones de errores de este viernes 7 de agosto, la relación definitiva afecta finalmente a un total de 12 municipios y 46 pueblos diferentes afectados de manera directa, incluso con evacuación de vecinos.

La inclusión oficial acredita que estos pueblos sufrieron directamente los efectos de los incendios o tuvieron que ser evacuados, y permite encauzar las solicitudes de ayudas extraordinarias, planes de recuperación y actuaciones de emergencia de la Administración autonómica. También abre la puerta a las medidas que, dentro de sus competencias y convocatorias, pueda habilitar el Gobierno de España para las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

El listado definitivo excluye al Ayuntamiento de Villaquilambre y a la Junta Vecinal de Navatejera, incorporados inicialmente por error y retirados después al constatarse que no habían sufrido incendio grave alguno.

De este modo, la relación de municipios y de localidades afectadas en la provincia leonesa a fecha de la primera semana de agosto queda así:

Entre las localidades que precisaron evacuación figuran Barrillos; Pradilla y Valdelaloba; Barrio de La Velilla y La Utrera; Moreda, San Martín de Moreda, San Pedro de Olleros y Valle de Finolledo; Castro del Condado, Santa María del Monte del Condado, la urbanización Montesol en Santa María del Monte del Condado y Prado de la Somoza.

Las medidas aprobadas por la Junta, anunciadas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, son muy similares a las impulsadas en el histórico verano de 2025, con las mayores superficies jamás arrasadas en la historia de la Comunidad y de provincias como León. Incluyen por ejemplo 500 euros lineales para las familias desalojadas, apoyo para alojamiento temporal, reparación o reconstrucción de viviendas dañadas y reposición de bienes básicos. También contemplan ayudas a los ayuntamientos por los gastos de emergencia y por daños en edificios, maquinaria e infraestructuras municipales, junto con actuaciones de recuperación en caminos, abastecimiento de agua, carreteras, comunicaciones y espacios forestales.

El paquete incorpora además compensaciones para agricultores, ganaderos y apicultores; ayudas a autónomos y pymes, con una cuantía directa de 5.500 euros en los supuestos previstos; incentivos para inversiones y creación de empresas; apoyo a la contratación y a los ERTE; y programas de recuperación del comercio, el patrimonio y el turismo rural. La concesión concreta de cada ayuda dependerá de los requisitos y convocatorias que se publiquen.

Las diferentes publicaciones y decisiones oficiales incluyen no sólo a la provincia de León sino también a otras que, Ávila, Segovia y Zamora, también han sufrido con especial dureza los más graves episodios de los incendios forestales en el verano de 2026.

No es una maniobra inusual, de hecho cada vez prolifera mucho más. Pero esta vez quizá resulte más llamativa aún al conocerse que la exitosa Semana Internacional de Trucha, que alcanzará el próximo mes de octubre de 2026 su edición número 58, se pagará íntegramente con fondos destinados a intentar compensar a las cuencas mineras por el traumático fin del carbón.

Esta maniobra queda totalmente de manifiesto en la literalidad del contrato que ha impulsado en plenas vacaciones de verano la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural. El pliego se dio a conocer el pasado 31 de julio y abre un período de presentación de ofertas para las empresas interesadas que concluye el próximo 24 de agosto.

El contrato recoge un precio total levemente superior a los 225.604 euros, especificándose que se trata de sufragar “servicios de esparcimiento, culturales y deportivos”, así como “stands de exposición” y también servicios de diseño de interiores, incluyéndose labores de promoción y publicidad. Los pliegos identifican además que una inmensa mayoría de los actos previstos se celebrarán en la capital leonesa, incluyéndose entre los más destacados una nueva cita ferial, que diluye el protagonismo de León en detrimento de la “marca Castilla y León”, o la instalación de balsas con truchas vivas para pescar en la Plaza Mayor de la capital.

A pesar de no tener reflejo directo en cuenta minera alguna, la totalidad de la financiación de esta nueva edición procederá, como reza el documento de licitación, del Fondo de Transición Justa (FTJ) proveniente de la Unión Europea. La excusa para no emplear, como lleva décadas haciendo la Junta, fondos presupuestarios propios y desviar ahora dinero destinado al reflotamiento de las comarcas mineras de León y Palencia, es que la Semana de la Trucha incluirá “actuaciones de promoción turística relacionadas con la biodiversidad y ecosistemas naturales”. Y entre ellas se aferra a las de “caza, pesca y naturaleza”. Eso a pesar de que el municipio de León está lejos de aquellos que albergaron minas o centrales térmicas, cuyo cierre causó un duro impacto económico, laboral y social que el antiguamente llamado Plan del Carbón debería aspirar a recuperar.

Casi el doble de presupuesto

La cifra de la edición de este año, la LVIII, nutrida ahora de los fondos mineros europeos, prácticamente duplica el presupuesto que se destinaban en las últimas ediciones, por ejemplo los 117.000 euros que admitió públicamente en sede parlamentaria el anterior consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. En concreto, supone casi un 93% más de dinero.

Con esa financiación, la Junta desarrollará un programa variado, sobre todo centrado físicamente en León ciudad, entre el 20 y el 25 de octubre, una nueva fecha ya modificada tras el parón del año 2024 para repensar y tratar de profesionalizar más la cita, como defendieron la Consejería y la Fundación Patrimonio Natural entonces. Ese bandazo no estuvo exento de duras críticas de colectivos que consideraban que la filosofía mantenida durante hace décadas y las fechas de primaveras tradicionales eran las únicas óptimas para la pesca de la trucha y la promoción de esta actividad tan ligada a los ríos de la provincia leonesa.

No quedaron ahí las polémicas: Unión del Pueblo Leonés (UPL) exigió, finalmente en vano, conocer el presupuesto de instalar una gran piscina de pesca en la Plaza Mayor leonesa, y el Partido Animalista Pacma se centró en denunciar el “uso cruel” de los ejemplares de trucha que se depositaron y pescaron en estas llamativas instalaciones.

Detalles del programa en octubre

Dentro de la nueva fórmula, la Semana Internacional de la Trucha de León concentrará este octubre de 2026 buena parte de su programación abierta al público en la capital, que reunirá las propuestas más numerosas y visibles de la cita. El principal reclamo será el Aula del Río, que volverá por segundo año a la Plaza Mayor entre el 20 y el 25 de octubre, donde personas anónimas y grupos organizados podrán practicar la pesca en unas grandes piscinas en el centro de la ciudad.

El espacio contará con dos balsas de 10 por 10 metros, equipadas con truchas vivas y agua oxigenada, para que niños y adultos puedan iniciarse en la pesca sin muerte. La instalación incluirá además carpas para talleres de montaje de moscas, actividades dirigidas a escolares y asociaciones de personas con discapacidad, así como una zona para exhibiciones y cursos de lanzado de sedal impartidos por monitores especializados, según recoge el pliego que sale a contratación.

Insertan la “marca Castilla y León” en la feria

La programación urbana se reforzará del 23 al 25 de octubre con una feria que ya levantará polémica desde la selección misma de su nombre. Y es que pasa de centrarse sólo en la provincia de León para, a partir de ahora, anunciarse bajo la “marca Destino Pesca Castilla y León”. Pretende, según el contrato, convertir el recinto ferial de León en epicentro del turismo de naturaleza. Con al menos veinte módulos para expositores, talleres y prensa, acogerá conferencias, presentaciones multimedia, demostraciones de montaje de señuelos y moscas, además del pregón oficial de apertura, la entrega de la Placa Conmemorativa y los premios de la Semana de la Trucha.

Frente a esta amplia concentración de actividades en León capital, la programación prevista en la provincia mantendrá un perfil más tradicional y deportivo. Los ríos leoneses albergarán competiciones y jornadas de pesca a la leonesa, junto con demostraciones técnicas en el medio natural, mientras que Vegas del Condado conservará actividades divulgativas en el Aula del Río Miguel Delibes.

Los valiosos restos arqueológicos romanos de Ad Legionem al sur de la capital leonesa, junto al barrio de Puente Castro, han sido protagonistas por partida doble en la Comisión Territorial de Patrimonio celebrada este jueves en León.

Por un lado, para certificarse definitivamente que no afecta a estos restos el gran proyecto de varias macroplantas energéticas que forman parte de la llamada Red de Calor que ejecuta la propia Junta con una inversión por el momento de 62 millones de euros y gran rechazo vecinal en la zona. Y por otro para determinar que, en cambio, sí impactaría directamente sobre ellos el proyecto de un amplio aparcamiento de camiones que había diseñado en ese el entorno una empresa de transportes. Por este motivo, Patrimonio deniega el permiso necesario a la compañía, bloquea así su ejecución y evita que se causen posibles daños en el yacimiento subterráneo.

Ad Legionem es una amplia zona que alberga lo que queda de la traza de la antigua vicus militar, el asentamiento civil vinculado al campamento de la Legio VII, en el que vivían comerciantes, artesanos, familiares de militares y otros habitantes que daban servicio a la amplia presencia romana en la zona. Sus dimensiones todavía no delimitadas del todo entre los barrios de La Lastra y Puente Castro, según confirmaron hoy tanto el delegado territorial, Eduardo Diego, como la jefa del Servicio Territorial de Cultura y Patrimonio en León, Noelia Vallejo, en la rueda de prensa tras la Comisión de Patrimonio.

Sin embargo, el informe final de la fase en ejecución que ha sido conocido por la Comisión de manos por parte de la empresa pública Somacyl, que ejecuta estas polémicas obras, determina que las catas arqueológicas realizadas en el proyecto de la Red de Calor, junto al cementerio municipal de León y delimitado por los ríos Torío y Bernesga, no tocan Ad Legionem.

Con esa información, tal y como detalló después una nota de prensa, la Comisión “ha autorizado la fase inicial del proyecto de ejecución” de las conducciones de la Red de Calor, es decir, también casi 30 kilómetros de tuberías que discurrirán por numerosas calles del sur de la capital para distribuir en la zona la energía que generarán las macroplantas de incineración de biomasa, nitrógeno verde y placas solares.

Curiosamente, esta autorización llega cuando en realidad las obras en la zona ya llevan meses en marcha y ejecución, generando por ejemplo polémicas como un gran talado de árboles para construir una pasarela que cruce el río Torío. Lo que sí recuerda la Junta en este caso al Ayuntamiento de León de que es necesaria e imprescindible una autorización por parte del Ayuntamiento de León para toda esta infraestructura, ya que impacta directamente en la zona protegida por el paso del Camino de Santiago, Bien de Interés Cultural (BIC) protegido y Patrimonio de la Humanidad.

Tímido avance en la Ronda Noroeste

También la Comisión de Patrimonio informó favorablemente el estudio informativo para la construcción en el futuro de la ansiada Ronda Noroeste de León, es decir, la continuidad décadas después de la Ronda Este entre el Hospital de León y La Virgen del Camino a través de San Andrés del Rabanedo. Ese estudio está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del trámite inicial de la futura Evaluación de Impacto Ambiental, aunque quien ejecutaría esta compleja obra sería el Ministerio de Transportes, que sin marcar plazos estimó un presupuesto de 94 millones de euros la última vez que se habló del proyecto, en 2023, en víspera preelectoral.

Según la Junta, el proyecto “incorpora las medidas de protección patrimonial propuestas”, todavía en una fase inicial, aseguró Eduardo Diego, quien remarcó la previsión de ejecutar sondeos arqueológicos ya en puntos más concretos cuando la tramitación y el proyecto mismo de ejecución avancen.

Otros asuntos

En otros puntos, la Comisión de Patrimonio autorizó la rehabilitación de las cubiertas del claustro y de la torre-mirador del Convento Premostratense de Villoria de Órbigo, declarado BIC, y que necesita esta intervención para solucionar los problemas de filtraciones mediante la sustitución de los elementos más dañados, la renovación de la estructura de madera, la mejora del aislamiento y la reposición de canalones.

La Comisión también ha dado el visto bueno al proyecto de señalización de la Ruta de los Eremitorios Medievales del Valle Medio del Esla, promovido por el Ayuntamiento de Villasabariego, para facilitar la visita y comprensión de enclaves como las Cuevas Menudas, las Cuevas de Santa Marina y la Cueva de los Moros. La actuación contempla nuevos elementos de señalización, mejora de accesos y paneles informativos.

También se da el 'sí' al proyecto de reparación de la cornisa y la sustitución de las tejas del alero del Palacio de los Ceas, actual sede de la Audiencia Provincial de León, obligando a emplear materiales de las mismas características y reutilizar el mayor número posible de piezas originales. Esta intervención se suma al proyecto de restauración de la fachada autorizado el pasado mes de junio.

Dentro de las actuaciones de conservación, la Comisión ha dado luz verde también la restauración de la imagen de San Antonio de Padua, perteneciente a la iglesia de San Martín del Agostedo, en Santa Colomba de Somoza. En el ámbito arqueológico, se ha autorizado la intervención en la Torre de la Reina del castillo de Laguna de Negrillos, promovida por el Ayuntamiento, con el objetivo de avanzar en el conocimiento histórico del monumento. Los trabajos incluirán el estudio de los paramentos interiores y una excavación arqueológica para documentar las distintas fases constructivas del edificio.

Por último, se ha informado favorablemente la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la conservación, consolidación y rehabilitación de la ermita de Santiago Apóstol de Fasgar, en Murias de Paredes. La actuación permitirá recuperar la imagen del templo, construido en el siglo XIII, mediante trabajos sobre la cubierta, los muros y otros elementos arquitectónicos con materiales tradicionales.

Finalmente, la Comisión ha informado favorablemente la primera fase del proyecto de eliminación de aguas limpias del sistema de saneamiento del Bierzo Bajo, promovido por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La actuación, que incluye 52 intervenciones en varios municipios de la comarca, contempla medidas de control para garantizar la protección de bienes culturales próximos como el yacimiento arqueológico de La Edrada, en Cacabelos, y el Monasterio de Santa María de Carracedo.

Tras años de litigios perdidos, incluso judiciales, e intentos de evitarlo a través de varias tretas, la Diputación de León asumirá por fin la titularidad completa de la carretera que une los pueblos de Posada de Valdeón y Caín, uno de los principales accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa y puerta de entrada a la Ruta del Cares.

La Corporación provincial, que cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), no han tenido más remedio que dar el brazo a torcer también en un último pero muy importante detalle, teniendo que estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El acuerdo, adoptado por el Pleno provincial y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), modifica la propuesta inicial formulada en octubre de 2025 para incorporar a la red viaria provincial la antigua LE-2705, conocida como carretera de Los Llanos de Valdeón a Caín, una de las más concurridas, por turística, de la provincia, y con una orografía muy compleja.

El Consistorio valdeonés tuvo que recurrir a la Justicia para torcer la falta de voluntad política de la institución por convertirse en 'dueña' de la carretera. Todavía cuando en noviembre de 2024 el TSJ marcó la decisión final, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, el leonesista Roberto Aller, tardó meses en anunciar que ya no se interpondrían nuevos recursos. Pero todavía hubo un intento final para incumplir: dejar fuera sendos tramos urbanos de la carretera a su paso por los pueblos de Posada y Los Llanos de Valdeón.

El Ayuntamiento tuvo que volver a pelear, reclamando que la institución provincial asumiera la totalidad de la vía entre Posada de Valdeón y Caín, incluidos los tramos urbanos, de modo que pasara a integrarse plenamente en la red provincial y sin más dilación. Un proceso que, según resalta Efe, ya llega a su fin con la publicación de hoy y la apertura de un plazo de un mes para poder presentar alegaciones.

Así, finalmente la Diputación se pliega a incorporar por fin todo el vial, lo que supondrá una longitud total de 9.037 metros, a la actual carretera provincial LE-2711, que conecta la N-625, a la altura del Puerto del Pontón, con Posada de Valdeón. Como consecuencia, la vía pasará a denominarse oficialmente LE-2711 'De N-625 (Puerto del Pontón) a Caín' y alcanzará una longitud total de 23,104 kilómetros, ya plenamente incorporada a la red provincial.

La incorporación de la totalidad del trazado a la red provincial implica que la Diputación asumirá las responsabilidades asociadas a la conservación y gestión de la carretera, algo que el Ayuntamiento consideraba fundamental para garantizar unas condiciones homogéneas en todo el recorrido y una afluencia que se estima en unos 250.000 vehículos cada año por el reclamo turístico que la Ruta del Cares supone. Cuando el proceso ponga fin a años de litigio, la Diputación leonesa tendrá que asumir a partir de entonces cualquier arreglo de la misma, algo que el Ayuntamiento argumentaba que no tenía capacidad de hacer, como el Tribunal Superior le acabó dando la razón.

El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.

El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.

Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.

La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.

La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.

El Consejo Rector sale indemne

Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.

Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.

Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.

Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.

La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.

La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.

La Diputación de León ha cerrado el reparto definitivo del quinto año de reparto de las ayudas económicas que permiten a los pequeños ayuntamientos de la provincia leonesa la contratación puntual de personal para mantener abiertas durante el verano casi un centenar de piscinas y playas fluviales repartidas por toda la provincia leonesa.

Se trata del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para piscinas municipales y para playas fluviales autorizadas oficialmente para el baño. En total, la institución provincial moviliza este año los 669.750 euros previstos para ayudar a contratar personal durante la temporada estival en 94 instalaciones de la provincia.

El acuerdo, adoptado por el Pleno de la Corporación el pasado 29 de julio, permitirá sufragar la contratación vinculada a la apertura y funcionamiento de estos espacios de baño. La cuenta final deja 634.125 euros para 81 ayuntamientos y 35.625 euros para cinco juntas vecinales de otros tantos pueblos.

Cada piscina o playa fluvial subvencionada recibe, con carácter general, la cuantía de 7.125 euros. Así, los ayuntamientos concentran 89 de las 94 instalaciones financiadas, mientras que las juntas vecinales de Losada, Moreda, Rodanillo, Tremor de Arriba y Villacalbiel reciben ayuda para una piscina municipal cada una.

Las excepciones de más cuantía

Se da la circunstancia de que el municipio que más cuantía percibe este año, así como en anteriores ediciones, es Cimanes del Tejar, que suma un total de 21.375 euros. Y es que en su caso mantiene tres espacios de baño diferentes: una playa fluvial y dos piscinas. También duplican ayuda, es decir, perciben 14.250 euros, los casos de Llamas de la Ribera, La Pola de Gordón, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo y Vega de Espinareda, todos ellos por disponer de dos instalaciones subvencionadas.

Respecto al reparto inicialmente previsto, la Diputación ha gastado finalmente la totalidad de los 669.750 euros disponibles, sin dejar ni un euro en la hucha. Eso sí, cambia ligeramente la distribución: el Plan reservaba 627.000 euros para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y 42.750 para juntas vecinales y el reparto definitivo traslada 7.125 euros del segundo bloque al primero. En la práctica, un espacio más financiado en los ayuntamientos y uno menos entre las juntas vecinales.

Con este reparto, el Plan busca que piscinas y playas fluviales puedan abrir con el personal necesario en pleno verano, cuando chapuzones, toallas y sombra dejan de ser un lujo para convertirse en asunto casi de primera necesidad entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que entran dentro de la competencia de la Diputación. En el caso de las playas fluviales, existe la condición de que no se puede presentar cualquiera sino sólo aquellas que disponen de autorización oficial y expresa de la Junta de Castilla y León. Se trata de una más de las condiciones que impuso este plan desde su reciente nacimiento, en el año 2022, por lo que se resuelve así la quinta convocatoria consecutiva.

Aquí dejamos el listado completo de todo el reparto oficial de la Diputación en este verano de 2026:

También este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la distribución de ayudas económicas de la Diputación dentro del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, que distribuye 8,14 millones de euros entre ayuntamientos leoneses para la contratación de trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Las mayores subvenciones recaen en municipios de mayor población como Astorga, La Bañeza, Bembibre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Villablino o Villaquilambre, que recibirán 60.107 euros cada uno, mientras que numerosas localidades rurales obtendrán ayudas de entre 30.054 y 54.847 euros para reforzar plantillas municipales y servicios básicos.

Una especie en total peligro de extinción, el urogallo cantábrico, del que se estima que apenas quedan 209 ejemplares en libertad, y bajando, ha vuelto a ganar la partida a un macroproyecto eólico. Y ha vuelto a ocurrir en la provincia de León, donde se concentran la mayoría de los ejemplares, junto con el Principado de Asturias.

Esta vez la victoria de la delicadísima urogallina se ha convertido además en protagonista de un boletín oficial. Ha sido en el BOP de León donde la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado que Solaria, uno de los mayores grupos empresariales de proyectos de energía renovables, desiste de manera formal de una macroplanta eólica que venía impulsado desde hace casi dos años en la comarca leonesa de la Cepeda.

Se trataba de un proyecto que preveía la instalación de 10 enormes aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en los municipios leoneses de Quintana del Castillo, Valdesamario y Villagatón, para generar 70 megavatios de potencia. El motivo por el que la compañía renuncia al parque bautizado como 'Aquarii', renuncia que el Ministerio asume paralizando la solicitud de autorización administrativa previa que estaba en marcha, no es otro que el impacto irreversible que este proyecto había supuesto para el urogallo.

Así se refleja en la documentación dada a conocer a través del Boletín leonés: “El promotor pone de manifiesto que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha informado que el proyecto resulta ambientalmente inviable por ser incompatible con el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico”, se limita a recoger. Llama la atención, además, porque ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta la que ha peleado durante años por legalizar, hasta en tres ocasiones, algunos antiguos parques eólicos como Peña del Gato, que la Justicia declaraba reiteradamente ilegales, precisamente por los daños a la especie protegida.

Ahora, ante la acumulación de informes desfavorables de diversos organismos y administraciones durante la tramitación ambiental, la empresa reconoce la inviabilidad de esta parte de su gran proyecto en León, solicitando el cierre formal del expediente. Pero solo parte. Porque sin embargo, Aquarii sigue adelante en su formato original, que era una macroplanta de placas solares en la misma comarca leonesa, de 89,6 Mw. Y es que la instalación eólica a la que se renuncia se había planteado por parte de Solaria como una “hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar”. Juntos iban a ocupar unas 200 hectáreas. También continuará avanzando plazos administrativos y ambientales toda la infraestructura de evacuación energética de esta planta solar, gran parte de la cual se iba a aprovechar conjuntamente para ambos proyectos. Esta infraestructura se tramitaba en un expediente separado, SGIISE/PFot-234.

Una larga historia de trámites

El expediente original, impulsado por Planta FV 127 SLU, arrancó en julio de 2024, al presentarse la solicitud de autorización administrativa previa para el proyecto. Medio año después, el 24 de enero de 2025, la administración acordó admitir a trámite la petición, dando continuidad al procedimiento. Sin embargo, el proyecto el primer obstáculo apenas unas semanas después: El 13 de febrero de 2025 se dictó una resolución que puso fin a la pretensión de la compañía se someter las dos plantas a un procedimiento simplificado de afección ambiental.

El Ministerio determinó que la actuación debía someterse a una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, un proceso más amplio que implica un análisis detallado de las posibles afecciones del proyecto. Y ha sido este trámite de impacto ambiental ordinario, que comenzó formalmente el 1 de septiembre de 2025, en el que la Junta ha sido tajante al advertir la incompatibilidad de la parte eólica con la supervivencia del urogallo en una de las pocas comarcas de España donse aún sobrevive. Y aún así, la proliferación de proyectos de macroplantas solares sigue atenazando el paisaje de toda la Cepeda, donde se multiplican este tipo de proyectos desde hace años.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

Miles de conductores y no pocos viandantes pasan a su lado cada día. Pero nadie le hace caso. Es un muro discreto, de una altura media y sin embargo suficiente para ocultar lo que hay detrás, en la finca situada en los Altos de Nava, junto a la carretera de Asturias, en las afueras del norte de León capital. En la distancia corta se puede comprobar que se trata de una pared que suma muchos años: por el granulado, un color algo desvaído, el desgaste de su viejo hormigón y el óxido de las juntas de metal que une sus lienzos. Variadas pintadas, algunas muy del siglo XXI, son lo único que del tabique llama hoy la atención.

Pero nadie sabe que cuando pasa ante este muro, le observa un testigo mudo y discreto de un momento crucial de la historia de la ciudad y de España, un hito que cumple 90 años: el estallido del golpe de Estado militar contra la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil en León. Y es que 90 años exactos cumple también estos días una imagen, una muy poco conocida fotografía, que permite demostrar y datar la longevidad de esa humilde pared que hoy nos observa.

La idea general que se tiene del origen del franquismo en León y de los 40 años de dictadura, como en el resto de la Región Leonesa y las provincias de Castilla La Vieja de la actual Comunidad, es que el golpe fascista del 18 de julio de 1936 triunfó de manera aplastante, sin apenas resistencia.

Y eso no es del todo cierto. Primero, porque al norte de la provincia se terminó situando el Frente Norte divisorio, y de constante y durísimo conflicto bélico, entre el León ya en manos de los rebeldes del bando nacional y los fieles a la democracia republicana. Hasta que ese frente cayó, en octubre de 1937, hubo un enfrentamiento mortal entre ambos bandos. Y lo atestigua la destrucción casi total de algunas localidades, como La Pola o Villamanín, casi evocando a Guernica.

Pero incluso en la propia ciudad hay muchos matices, con los documentos en la mano. Para empezar, durante dos días completos las fuerzas sublevadas no se atrevieron a salir de los cuarteles y tomar el mando de las instituciones por la fuerza. No fue hasta el 20 de julio, una vez que constataron que habían abandonado la ciudad los cientos de mineros provenientes de Asturias que recalaron en la capital leonesa para pertrecharse de armas y víveres camino de la defensa de Madrid y algunas otras ciudades a su paso. Un periplo narrado con todo lujo de detalles en ILEÓN en una serie de diez artículos de José Cabañas.

Hay otras muchas fuentes oficiales que demuestran que ese triunfo golpista en la capital leonesa no fue un camino de rosas. Y junto a documentos, expedientes, causas sumarísimas del franquismo para justificar fusilamientos y encarcelamientos en masa, testimonios, algunos diarios personales y noticias de prensa de la época, también hay unas pocas y muy desconocidas fotografías. Bien se dice que “una imagen vale más que mil palabras”.

Una estampa muy desconocida

La principal foto, la que ilustra este reportaje, es la que delata la ya antigua presencia del muro que nos ocupa. Muestra un amplio parapeto con unos 25 soldados del sublevado Regimiento Burgos número 31 perfectamente equipados, en posición de defensa activa. Llama mucho la atención el hecho de que a los pies del parapeto, de más de un metro de altura y donde se apoyan los fusiles, aparezcan hasta cuatro cadáveres de militares supuestamente abatidos en una refriega que se adivina, ya que la escena transmite una fuerte tensión de batalla.

Por detrás se puede observar sin duda alguna la vieja pared y hasta los postes de la luz antiguos de madera y una pequeña casa baja en la parte superior izquierda que coinciden plenamente con la misma imagen que hoy, 90 años después, se aprecia en la misma zona.

Los enfrentamientos directos entre el bando faccioso y el democrático en aquel julio de 1936 existieron: son incuestionables y están documentalmente demostrados. Incluso llegando a tirotearse en la calle Padre Isla intentando llegar los mineros al centro también desde la zona de la Estación de Matallana, pero sobre todo en la vía principal de incursión: la carretera de Asturias. Son muy numerosas las publicaciones que dan fe documental de ello y que hablan de parapetos, trincheras, blocaos, fortines y tiroteos y también de bombas e, incluso, de fallecidos.

La mayoría de los duros combates ocurrieron en las inmediaciones del Fielato, el antiguo puesto de cobro de derechos de consumos, es decir, impuestos y tasas municipales, entonces una caseta situado junto a la carretera que hoy es la N-630. Se conserva un antiguo mesón con ese mismo nombre que delata el lugar aproximado.

También hay fotos de aquellos días, como esta que muestra un claro 'posado' de soldados nacionales con el Fielato detrás, en apariencia de defender la ciudad.

Así fueron las refriegas en la zona

Quizá quien más ha detallado las incursiones de aquellos días es el escritor, investigador y divulgador José Cabañas, recopilando todo lujo de detalles en su libro El asalto a la República en la provincia de León. Segunda Parte. La guerra, de Ediciones del Lobo Sapiens en 2023. Resalta con pruebas documentales especialmente dos intensos intentos de incursión durante las madrugadas del 23 y 24 de julio de 1936, situando los combates en torno a los depósitos de agua, los terrenos de La Copona, el camino de Carbajal de la Legua, el polvorín provincial cercano, el Fielato y la propia carretera de Asturias.

El primer ataque se produjo en la madrugada del 23 de julio. Izquierdistas dispersados tras la caída de León y mineros procedentes de La Robla, llegados en varios camiones, intentaron asaltar el polvorín provincial. Durante varias horas se registró un fuerte tiroteo en aquellos arrabales, donde las fuerzas sublevadas habían instalado con antelación puestos de vigilancia, barricadas y blocaos defensivos, como bien pudieran ser los de la fotografía, ante la posibilidad de que los partidarios del Gobierno legítimo trataran de entrar en la ciudad por ese punto norte, que era lo más lógico.

Los 'pollos bien' de buena familia que combatieron

Entre los defensores de aquellas posiciones se encontraban soldados del Regimiento de Infantería y varios jóvenes integrados en las llamadas Escuadras de la Revolución Nacional. La prensa local lo publicó literalmente así: “El ruidoso ataque, el estrepitoso tiroteo, de numerosos marxistas armados contra el depó­sito de aguas de la carretera de Asturias, cerca de Carbajal de la Legua. Valientes muchachos de la capital, pollos bien (sic) y soldados mejor, sostienen en aquellos altos la defensa y se baten heroicamente en los terrenos de La Copona. Fuegos nocturnos que acabaron pronto”.

Por 'pollos bien' se referían los periodistas a vástagos de buenas familias leonesas, algunos muy bien identificados, que se hicieron fuertes en aquellas barricadas. Por ejemplo, hermanos Juan Antonio y Rogelio García de Juan o dos de los hermanos Roa Rico (Francisco, Octavio o quizá Carlos). También se sitúa allí al falangista Ángel Blanco, que acompañaba a los soldados de la compañía que mandaba el capitán Antonio Cosido. Cabañas relata que los seis en una pequeña trinchera en avanzadilla enfilada por los tiros del enemigo, “alumbrado por un reflector colocado hacia la Casa de los Colegiales, a la parte del Hospital”, sosteniendo la defensa con tal brío que los marxistas de La Robla “no pudieron llegar a tomar café en León. Eso sí, al vecindario no le dejaron pegar ojo en toda la noche, sosteniendo el fuego sin parar”. Así lo escribió en el períódico Proa (cabecera falangista, que se apropió de La Democracia, del alcalde socialista Miguel Castaño que sería fusilado meses después) Carmelo Hernández, alias Lamparilla, un periodista totalmente afecto al golpe y después a la dictadura de Franco.

El ataque fracasó, pero los grupos republicanos volvieron a intentarlo al día siguiente. En la madrugada del 24 de julio se produjo una ofensiva más numerosa y organizada contra las mismas defensas de la carretera de Asturias. Los atacantes conocían ya la posición de los blocaos y lograron sobrepasar algunos de ellos, mientras otros grupos mantenían ocupados bajo el fuego a los soldados que los defendían. Aquella incursión fue más lejos de lo que casi nunca se admitió, penetrando casi hasta el centro de la ciudad.

Cabañas lo relata así: “Duró el copioso cruce de disparos hasta las cuatro de la madrugada, cuando los atacantes (que de nuevo cortaban la electricidad) fueron ahuyentados por el fuego de ametralladoras y fusiles de quienes vigilaban la entrada a la urbe y por un aparato del aeródromo que salió entonces en su persecución y que bombardeaba una camioneta cerca de La Robla, habiendo llegado antes a hostigar a los defensores de la ciudad por la avenida Padre Isla y a forzar su repliegue hacia el centro, cercando incluso y acosando a tiros la Comandancia Militar sita en un chalet de aquella vía mientras tuvieron municiones, hasta que, agotadas, pasaron las fuerzas militares con el apoyo de la aviación a la ofensiva consiguiendo poner en fuga a los de izquierdas, que se retiran hacia La Robla, no sin que antes se aprese a algunos de ellos y se les sume a los que desde la noche del pasado día 20 continuaban recluidos en San Marcos”, en referencia al ya entonces tristemente famoso campo de concentración.

Se sabe que durante los combates se rompió una cañería en las inmediaciones de los depósitos, por lo que los vecinos comprobaron al amanecer que el agua llegaba turbia a sus casas. La prensa favorable a los sublevados minimizó después la magnitud de la refriega, aunque mencionó a un guardia civil herido de bala en un hombro y a otro alcanzado por una pequeña perdigonada.

Finalmente, el fuego de fusiles y ametralladoras desde los puestos defensivos obligó a los atacantes a retirarse. Muchos tuvieron que atravesar de nuevo los fortines de la carretera de Asturias, todavía atacados por algunos de sus compañeros para facilitar la huida. Aquellos combates marcaron el fracaso del último intento serio de penetrar en León por su acceso septentrional y consolidaron el control de la ciudad por las fuerzas sublevadas.

Hoy, lienzo de mensajes y pintadas

Pero las imágenes en forma de fotos de golpistas en la carretera de Asturias, defendiendo con armas su reciente rebelión, aunque se tratara de montajes, demuestran que la historia del inicio de la Guerra Civil en León tiene aún hoy muchos matices que mostrar. Y detallan también cómo hay rincones de la ciudad de León, tan cambiada en muchos aspectos, que apenas han visto pasar el tiempo 90 años después.

Eso sí, en aquellos muros posiblemente centenarios las pintadas visibles de los últimos sí muestran el signo de los nuevos tiempos, con pintadas contradictorias que todavía mencionan al movimiento 'Antifa' (antifascista) o 'Vota Democracia Nacional', un partido político fascista nostálgico del régimen golpista. Otra clama contra el 'Algoritmo: trituradora humana, social y familiar', en referencia al impacto de las redes sociales e internet. Y las hay de plena actualidad al reivindicar '¡Palestina libre!', en tiempos de ocupación internacional israelí y genocidio de la población.

Un nuevo proyecto turístico cobrará forma en pleno Camino de Santiago a su paso por la ciudad de León. Será precisamente en un punto conflictivo de la ruta jacobea por el casco histórico de la ciudad donde una empresa del sector, llamada Albergue Muralla Leonesa SL, ha planteado un proyecto de rehabilitación y posterior explotación de todo un edificio que ha sido noticia en los últimos años por sufrir una serie de desperfectos y hasta derrumbes que en ocasiones han obligado a cortar el tránsito peatonal, así como el tráfico rodado por la zona.

Se trata de un inmueble situado en el número 9 de la calle Herreros, muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, la parroquia de la Plaza del Grano. El Ayuntamiento de León confirma que fue el pasado mes de mayo cuando se concedió la licencia de obra, ratificándose en la Junta de Gobierno del 3 de julio la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación, que se han valorado en 251.266,63 euros.

El inmueble presenta a día de hoy, y desde hace meses, un vallado provisional con varios andamios. Y es que hace año y medio que, tras mucho tiempo sin cuidado alguno, el edificio comenzó a sufrir algunos desprendimientos que por momentos hicieron temer por la seguridad de los viandantes, algo muy serio teniendo en cuenta que, además del trasiego vecinal diario, la calle forma parte del Camino de Santiago Francés. El informe municipal de aquellos incidentes ya refería “deficiencias constructivas” en la fachada del edificio de tres alturas, que llevaba tiempo “deshabitado”.

Durante algunas semanas, y mientras se ejecutaba una rudimentaria consolidación de los desprendimientos, incluso la calle permaneció vallada por completo. Aunque después se abrió al paseo, desde entonces sigue prohibido por este punto el paso de vehículos.

El informe del Consistorio admite que el proyecto, por situarse en un punto tan sensible, se ve afectado por dos figuras de protección diferentes, “dos áreas patrimoniales de interés cultural” (BIC): por un lado, forma parte del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León, y por otro por el propio Camino de Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad.

Según fuentes oficiales, quedan en sus manos, y ya no en las de la Junta de Castilla y León, la revisión del cumplimiento de las obligaciones de protección de ambos BIC, y aseguran que el proyecto aprobado y la licencia concedida “se ajustan a ambos instrumentos de planeamiento”. A pesar de ello, confirman que se ha comunicado de manera oficial al Servicio Territorial de Cultura de León.

Actuaciones incluso contradictorias en una misma calle

Lo que no se aclaran por el momento son otros detalles, como por ejemplo el plazo de ejecución o si existe obligación de mantener la fachada en los trabajos de rehabilitación integral del inmueble. Un mantenimiento que en la zona ha sido muy controvertido, ya que por ejemplo la Junta se lo obligó a cumplir a un edificio muy cercano de la calle Herreros pero en otro colindante, la conocida como Casa del Cura de la parroquia del Mercado, permitió su derribo.

lgo más arriba, en la calle la Rúa 27, otro edificio con licencia de reforma total desde 2024 -paralizado por el hallazgo de restos del anfiteatro romano- también está obligado a sostener la fachada. Y todavía un poco más arriba, Patrimonio de la Junta tuvo que sancionar, aunque con una cantidad irrisoria, al Ayuntamiento leonés por permitir el derribo de otras tres fachadas que debían mantenerse en una promoción de vivienda privada, también tras algunos desprendimientos.

Ya desde la defensa de los finalmente fallidos presupuestos generales de Castilla y León para 2026, presentados en solitario por el Partido Popular (PP) a finales del año pasado, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco planteaba como una de sus medidas estrella la amplia bonificación de todos los peajes de las autopistas existentes en la Comunidad.

Se mencionaba una partida de 10 millones de euros a repartir entre los usuarios recurrentes, es decir, que realizaran al menos 11 trayectos al mes, en las autopistas de pago AP-6, AP-51, AP-61 y la en León la AP-71 (León-Astorga), remarcando Mañueco ya entonces que se analizará la inclusión también de la A-66 León-Asturias, ya que en este caso está desde hace años ya bonificada por el Gobierno central. Hoy mismo la nueva consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, que comparecía en las Cortes, insistía en implementar esta medida ya en el próximo presupuesto de 2027, asumiendo “como mínimo el 60% del coste de los peajes”. Eso podría tener una nueva derivada de polémica, ya que será a condición de que sólo se aplique exclusivamente “para los usuarios recurrentes empadronados” en alguna provincia de la Comunidad.

El listado de la consejera dejaba ya fuera públicamente la posible ayuda para la autopista León-Asturias. Y la determinación final de dejar fuera de las ayudas a esa vía de alta capacidad, muy usada por los leoneses para acceder a la costa cantábrica por el Principado, ha sido confirmada también por el consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, preguntado por este asunto tras el Consejo de Gobierno.

Carriedo ha justificado públicamente la exclusión de la autopista AP-66 respecto a las nuevas ayudas autonómicas del Gobierno de PP y Vox en el hecho de que su única apuesta pasa por el fin completo del peaje en la también conocida como Autopista del Huerna, una supresión que deja en manos del Gobierno central del PSOE. El portavoz recordó que “tenemos la idea de compartir con el Principado de Asturias la solitud de que se elimine el peaje de carácter general para esa autovía, conforme a las posibilidades que abre el derecho de la Unión Europea”. Se refería a la decisión de la Comisión Europea (CE) de amenazar con una sanción por incumplimiento del dictamen motivado sobre las autopistas de peaje AP-9, en Galicia, y AP-66.

“Nuestra ambición es mayor”, remarcó Carriedo, en el sentido “no tanto de solo reducir un peaje a través de una aportación de la Junta de Castilla y León sino que a quien corresponde este peaje -el Gobierno- proceda a su eliminación o a su limitación en los términos que la Unión Europea de carácter máximo pueda permitir”. Se trata de una postura, la de la definitiva supresión, recientemente defendida en bloque por ambos Gobierno autonómicos y las Patronales de ambos lados del puerto de Pajares.

Lo que no se recuerda es que fue una decisión del Gobierno central bajo presidencia del PP, con José María Aznar, la que alargó la 'condena' de 29 años más de autopista de pago en la León-Asturias, al alargar la concesión en ese número de años a pesar de que expiraba en 2021.

Este cambio de postura del Gobierno de PP y Vox ya ha provocado las primeras críticas de la oposición del PSOE. La vicepresidenta socialista, la leonesa Nuria Rubio, ha censurado tras la comparecencia de la consejera del área que “las promesas duran hasta que pasan las elecciones”. En la red social X, la procuradora autonómica lamenta que se produzca “la historia de siempre: prometen en campaña, anuncian a bombo y platillo… y después desaparece”. Lo hace tas comprobar que “la bonificación de la AP-66 ya no figura en el programa de legislatura de la Junta”.

El espíritu de la 'prioridad nacional' que impuso el partido político Vox en Castilla y León para sellar el pacto de gobernabilidad con el Partido Popular (PP) tendrá uno de sus primeros reflejos en las ayudas de alquiler de viviendas.

Así lo ha confirmado hoy el consejero portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de tras el Consejo de Gobierno, después de informar, a preguntas de los periodistas, que aunque ya fuera del plazo obligatorio de seis meses, la Consejería publicará este mes de julio los beneficiarios y las cuantías de la convocatoria del año pasado.

Estas subvenciones corresponderán a la convocatoria del año 2026 y no aplicarán, por razones de “seguridad jurídica”, cambios en los criterios inicialmente aprobados en el mandato anterior, cuando el PP gobernaba en solitario y en minoría tras la ruptura del anterior pacto de Gobierno con el partido de Santiago Abascal a mitad de legislatura.

Pero eso cambiará en la próxima convocatoria de las ayudas de alquiler de 2026, confirmó. Será entonces cuando la 'prioridad nacional' tendrá algún tipo de cabida en esos nuevos criterios. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo en las condiciones”, afirmó el portavoz. Posteriormente matizó todavía más, expresando que la demostración de ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios. No quiso detallar más Carriedo, emplazando que las “condiciones y términos las comunicaremos para esa convocatoria que se realizaría hacia final de este año”, habitualmente a comienzos del mes de diciembre.

El coste del alquiler, por provincias, y al alza

Precisamente este jueves se ha dado a conocer que el precio medio del alquiler en la provincia de Segovia es de 933 euros mensuales, el más elevado en Castilla y León durante el segundo trimestre de este año (abril-junio), casi un punto más que durasnte los tres primeros meses, por delante de Salamanca (876) y de Valladolid (815) con un 2,1 y 2,8% más respectivamente.

Superan los 600 euros en Burgos (726), Soria (712), León (667), Ávila (641), Palencia (613) y Zamora (594), en todos los casos con aumentos que oscilaron entre el 0,6 y el 2,8%, según datos difundidos este jueves por el Barómetro del Alquiler correspondiente al segundo trimestre de este 2026, promovido desde la Fundación Alquiler Seguro y resaltados por Efe. Palencia, con un aumento del 1,3% se sitúa entre las cinco provincias de España donde más creció el precio medio del alquiler durante este segundo trimestre del ejercicio en curso que, en el conjunto de Castilla y León, se situó en 756 euros, un 1,7% más, mientras que la media nacional se situó en un 4,8% de crecimiento.

El retraso de algunos proyectos de infraestructuras y en especial de carreteras de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa es tan dilatado y habitual que a veces cualquier pequeño avance es una gran noticia. Es algo que ocurre con la prometida mejora de la LE-482 en la comarca leonesa de Babia, una carretera que por fin podría dignificar una nueva conexión de tráfico rodado entre la Montaña Occidental de León y Asturias.

La esperada obra aparecía ya entre los compromisos formales de la Consejería de Fomento ya en su Plan de Carreteras 2008-2020, que se aprobó hace casi 20 años, pero que ha tenido un grado de cumplimiento casi nulo. El desastroso tramo final de la LE-482 no ha sido una excepción.

Ha sido este mes de julio cuando por fin la Junta, a través de su Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha dado por fin un paso administrativo concreto, que había anunciado a principios de año pero tampoco había materializado: ha salido a licitación la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud para transformar el actual camino de montaña en la prometida carretera de acceso al Principado y al importante puerto de Pinos, un ansiado recurso ganadero por sus ricos pastos.

El contrato, promovido en una colaboración con la Diputación de León, parte con un presupuesto de algo menos de 100.000 euros (94.380 euros). La empresa adjudicataria, la leonesa EIC Estudio de Ingeniería Civil SL, dispondrá de un plazo de cuatro meses desde la firma para elaborar ese proyecto, que no las obras. Ese plazo prácticamente aboca a esperar hasta final de este año.

Hay que tener en cuenta que después de este trámite, todavía le restará a la Junta licitar y adjudicar la ejecución material, estimada en otros ocho meses cuando se haya designado a la empresa. Eso quiere decir que todavía no resulta posible conocer un plazo de conclusión e inauguración de esta esperada obra.

Fondos mineros y mucho menos dinero que hace años

También resalta el hecho de que, a pesar de casi dos décadas de retraso, la Junta no asumirá el coste de esta nueva carretera, en la mayor parte de su recorrido, con sus propios presupuestos, como sí hace en las demás provincias de la Comunidad. También en este caso, lo que hará será aprovechar la financiación del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, dentro del Programa Transición Justa España 2021-2027. Se trata de un dinero del antaño conocido como Plan del Carbón, que debería estar exclusivamente orientado a la rehabilitación ambiental y al impulso del turismo sostenible de las antiguas zonas mineras pero que la Junta, especialmente desde la Consejería de Medio Ambiente, destina a otros usos de manera muy recurrente.

Otra curiosidad es que la previsión de inversión total divulgada ahora para esta actuación en los pliegos en marcha para redactar el proyecto asegura que la obra final podría ascender a 2,6 millones de euros. Y es que el mencionado y ya extinguido Plan de Carreteras nacido en 2008 recogía ya para entonces una previsión de 15,4 millones para un total de 7,7 kilómetros de vía.

Detalles técnicos

En la documentación actualizada y en marcha, la carretera proyectada suma cerca de siete kilómetros y pretende corregir una situación que Babia denuncia desde hace más de una década. El primer tramo, de 5.074 metros entre el pueblo de Pinos y el refugio del puerto del mismo nombre, sigue siendo un camino de montaña sin pavimentar, de apenas tres o cuatro metros de anchura. Plantea además deficiencias de drenaje, incluidas algunas zonas de paso sobre arroyos.

El segundo, de 1.940 metros desde el refugio hasta el límite con Asturias, ya está pavimentado, porque al ser esta zona propiedad del municipio de Mieres hace muchos años que el Principado ha invertido. Sin embargo, el informe previo asegura que allí se mantiene una sección estrecha de unos 3,60 metros y carece de señalización y balizamiento suficientes.

Ahora, el proyecto plantea una calzada de cinco metros, suficiente para que dos turismos puedan cruzarse con mínima seguridad. Se prevé una base de 30 centímetros de zahorra artificial y una capa de 10 centímetros de mezcla bituminosa en caliente, además de la reparación o implantación de drenajes longitudinales y transversales, señalización y barreras metálicas. Estas últimas se pintarán para reducir su impacto visual en un paisaje que ya se advierte que es de “alto valor ambiental”.

La Junta presenta en sus documentos la nueva infraestructura como una vía de uso principalmente turístico y un tráfico de baja intensidad, limitado a vehículos tipo turismo, con la que facilitar la conexión entre las vertientes leonesa y asturiana, y responder a una creciente demanda asociada al turismo de naturaleza y a pruebas deportivas, como ya ha ocurrido con algunas carreras ciclistas, entre críticas por su estado. Eso quiere decir que no se concibe como una carretera de uso comercial ni para tráfico pesado.

El conflicto con Mieres de trasfondo

Pero esta ansiada carretera tiene también una dimensión política y territorial, a la cual la Junta no se refiere en ningún momento en la documentación. El acceso al puerto de Pinos ha estado en el centro del conflicto entre el municipio de San Emiliano y el concejo asturiano de Mieres, propietario de terrenos en suelo leonés desde que comprara los terrenos hace un siglo y beneficiario histórico de una comunicación mucho más cómoda para sus ganaderos. Los pueblos de Babia con derechos históricos allí, el Ayuntamiento y diversas asociaciones llevan años denunciando que el abandono del camino ha contribuido a ese desequilibrio en favor de un municipio de otra autonomía y han reclamado incluso la expropiación de las fincas mierenses. Además, han sumado varias victorias judiciales a su favor.

Entre los compromisos del Gobierno autonómico de Castilla y León para revertir esa situación, destacó la promesa del presidente Alfonso Fernández Mañueco, reunido en marzo del año pasado con el alcalde de San Emiliano, el socialista David Marcello, de ejecutar cuanto antes la carretera LE-482. Ahora existe una licitación y un plazo de cuatro meses para el proyecto. Eso ya es más que todos los planes incumplidos de dos décadas, pero aún queda el paso decisivo: que la carretera prometida durante años deje de ser un expediente y se convierta, por fin, en una realidad asfaltada. Babia y también la comarca de Luna esperan que siga los pasos de la otra nueva y reclamada vía ejecutada por fin en 2024, la conversión en carretera del camino de La Farrapona, en la que se invirtió 1,6 millones de euros.

La compañía aérea Air Nostrum, la única que opera desde y hacia el aeropuerto de León, anuncia lo que denomina “ampliación en su oferta de vuelos y de plazas” de avión a destinos de verano, a conocidas zonas de playa tanto en las Islas Canarias como en la costa mediterránea, pero que en realidad son la aplicación de los compromisos que marca su contrato en vigor con el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León.

El número de conexiones que la compañía valenciana se mantiene invariable respecto a otros veranos en cuanto a los destinos exclusivamente veraniegos, en concreto el mes de agosto y menos de la mitad de julio. De este modo, lejos de resultar una ampliación, se volverá a conectar por avión a León con las Islas Canarias (en concreto este año con Las Palmas de Gran Canaria), y con el aeropuerto de Tenerife Norte, así como con Málaga.

Numéricamente tampoco hay apenas aumento en el número de conexiones, y por lo tanto de plazas disponibles, respecto al verano pasado, ya que el año pasado se volaba con dos frecuencias semanales -en aquel caso a Gran Canaria- y esa cifra semanal se mantiene; también habrá solo un vuelo a la semana a Tenerife, como en 2025; y sólo aumentará una frecuencia semanal en el caso de Málaga, ya que el pasado estío fueron dos y ahora se anuncian tres vuelos cada semana. Eso sí, hay que recordar que esta denominada “ampliación”, que apenas lo es en los asientos o días disponibles, igual que el año pasado en todos los casos será sólo será hasta que termine el mes de agosto y no más allá en el calendario.

También contrasta esta situación con el gran incremento económico que percibe de dinero público Air Nostrum por volar en León en exclusiva. El nuevo contrato, en vigor desde este año, se eleva a un total de 5 millones de euros por sus dos ejercicios de vigencia que aportan a partes iguales la Diputación de León y el Ayuntamiento de la capital, a razón de 2,5 millones por año. La cifra aumentó en 100.000 euros/año respecto al contrato anterior, el cual ya había supuesto más de un 50% de incremento en la cuantía que se pagaba hace apenas tres años. Llama la atención que este año, en medio de no pocas críticas por el alto coste y el bajísimo rendimiento, ni siquiera se haya hecho como otras veces y presentado ese nuevo contrato públicamente, en un acto habitual en la Diputacion de león.

Sigue resultando muy chocante la enorme diferencia del rendimiento del dinero público de las instituciones, que hace que en León con 2,5 millones apenas den para que una única compañía, Air Nostrum, programe por contrato 780 operaciones aéreas, y de ellas tan sólo 28 vuelos internacionales -únicamente a Oporto, en Portugal, a unos 300 kilómetros por carretera-, mientras en el Principado de Asturias con concursos por valor de 3 millones de euros se realicen más de 1.200 vuelos con diez aeropuertos europeos y miles de ellos más a destinos nacionales. Entre los internacionales aparecen conexiones semanales todo el año con Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y alternativas entre Venecia, Bolonia o Florencia. Toda esa comparativa está disponible aquí.

En detalle, los vuelos veraniegos de León en el verano 2026

En el comunicado de Air Nostrum se especifica que los vuelos exclusivamente estivales de León operados por ellos serán este año a Las Palmas de Gran Canaria, en vez de Gran Canaria, y que no comenzarán hasta este 17 de julio, con dos frecuencias semanales hasta finalizar agosto: los martes y los viernes. Casi la única diferencia es que el año pasado eran jueves y viernes, e incluso hubo alguno más porque arrancaron antes, el 11 de julio.

En el caso del vuelo León-Tenerife Norte, esperará aún más, a partir del 22 de julio, y sólo un vuelo semanal, cada miércoles, igual que el pasado verano, que por lo tanto apenas tuvo seis vuelos en la suma total disponible. Y en la conexión con Málaga, que también se pondrá en marcha el 22 de julio, será el único escaso incremento gracias a la decisión de poner tres frecuencias por semana -no especifican qué días de la semana-, cuando el año pasado eran dos frecuencias, miércoles y jueves.