La cadena de supermercados Dia ha inaugurado y abierto las puertas este viernes de su segundo mayor centro logístico de toda España, ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, el el epicentro de la provincia de León. Se trata de una gran infraestructura de última generación que dará servicio a más de 200 tiendas de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y que estando al 95% de su funcionamiento pleno previsto ya ha creado 235 puestos de trabajo.

La inversión para levantar la nave, del tamaño de ocho campos de fútbol, toda su tecnología logística y personal se ha elevado a 60 millones de euros para una superficie de 64.000 metros cuadrados, detalló el presidente de Dia España, Ricardo Álvarez, durante la inauguración oficial este viernes con gran despliegue institucional. Álvarez ha enmarcado esta apertura en un momento de “crecimiento y expansión” para la compañía, con el objetivo de dar soporte a su red de tiendas y “dinamizar la economía local”.

El acto de inauguración ha estado respaldado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera; el consejero de Industria, Comercio, Empleo, Universidades e Investigación, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, entre otros alcaldes y representantes empresariales de la provincia de León, destaca Efe.

Mañueco ha agradecido a la compañía su apuesta por la Comunidad, donde ya cuenta con más de 200 establecimientos -30 de ellos en la provincia leonesa, la segunda provincia detrás de Valladolid- y más de 2.000 trabajadores. Y ha ensalzadosus valores de proximidad, vertebración territorial y cercanía, “con los que también se identifica el Gobierno autonómico” de Partido Popular (PP) y Vox que él preside.

El presidente de la Junta volvió a contar, como si de una novedad se tratara, que el siguiente impulso de lo que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León será una ampliación más, la segunda, de otras 60 hectáreas, una vez culminado el reciente recrecimiento hasta sumar las 380 actuales. Dia ha sido, de hecho, la empresa que ha inaugurado esta última expansión.

A propósito de esta multiplicación de espacio, el el alcalde de Villadangos ha recordado que este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias una ampliación “en tiempo récord”, desde un primer correo electrónico de octubre de 2020. Y de paso ha agradecido que Dia sea la factoría del espacio industrial, con firmas como Mercadona o Decathlon, que más empleo local ha generado en el propio municipio.

Yendo a los datos de la nueva macroinstalación, el centro logístico cuenta con capacidad para más de 25.000 palés en 127 muelles de carga y descarga, y prevé mover un promedio mensual de tres millones de cajas, lo que generará un flujo diario de cerca de 200 camiones. Ante esta nueva 'avalancha' logística que se sumará, el consejero Quiñones, adalid hasta ahora desde Somacyl de las mejoras del polígono, aventuró que en apenas un pes podría estar concluido el nuevo acceso en la carretera N-120 que ejecuta la propia Junta, importante para no crear un peligroso tapón de tráfico en los accesos.

En el espacio logístico de Dia se gestionarán alrededor de 5.000 referencias distintas de productos de gran consumo y para ello el centro cuenta con una tecnología que combina técnicas de luz y voz para guiar a los trabajadores y zonas de temperatura controlada de entre -21ºC y 12ºC que garantizan la conservación de frutas, refrigerados y productos congelados, detallaron en una nota de prensa.

La instalación incorpora paneles solares que generan cerca de un tercio del consumo de toda la planta, cámaras frigoríficas libres de gases de efecto invernadero y operará bajo el modelo 'Residuo Zero', certificando que más del 95% de los desechos generados serán reciclados, reutilizados o valorizados.

Actualmente, la actividad de la empresa representa el 0,8 por ciento tanto del Producto Interior Bruto (PIB) del empleo total en Castilla y León, Comunidad en la que trabaja con más de 100 proveedores locales. Durante 2026, la compañía prevé abrir seis nuevos establecimientos en Castilla y León, en concreto en Burgos y Valladolid.

Una curiosa partida de construcción de naves industriales, e intercambios de uso para ellas, se juega como si de Monopoli se tratara en el que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, en la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, acaba de licitar un contrato millonario para ejecutar dos nuevas naves de amplio tamaño con todos sus servicios con el objeto de 'regalárselas' al pueblo de Villadangos. Pero este llamativo trueque ha tenido ya varios cambios sobre los planes previstos cuando hace cinco años, en 2021, la Junta Vecinal aprobó vender 186 hectáreas de su suelo público al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León para acometer una ambiciosa ampliación del polígono. Una cantidad ingente de suelo que ha permitido ya a la administración autonómica ejecutar totalmente su ampliación, duplicando el tamaño inicial de una primera fase, la cual pronto se vio colmatada por la llegada de proyectos como los centros logísticos de Mercadona y Decathlon o las factorías de Miguélez y León Coated, entre otros.

La previsión de la Junta de Castilla y León era en 2021 que pronto habría lista de espera para la implantación de nuevos proyectos. Y así ha ocurrido. Por eso urgía ampliar hasta casi el doble el tamaño del espacio industrial. El pacto alcanzado con la Junta Vecinal era pagarle el suelo necesario. Y a mayores, a modo de compensación poco usual, construirle y regalarle al pueblo tres grandes naves que después la pedanía podría gestionar, alquilándola a quien estuviera interesado, y gestionar sus beneficios como arrendador. Aquel proyecto, sellado en 2023 con una icónica foto de apretón de manos institucional, suponía para la Junta una inversión de casi 2,5 millones de euros.

Sin embargo, un nuevo éxito del polígono trocó los planes. Las naves se construyeron pero no llegaron a cederse a la pedanía de Villadangos sino que sirvieron para afianzar un nuevo desembarco: la mayor fábrica de drones militares de España, de la mano de la empresa Indra y un grupo de Emiratos Árabes como socio. Este nuevo gran anuncio, pactado por la empresa española con Junta y con Gobierno, se lanzó a principios de este año con cifras muy golosas, como son 12 millones de inversión y la creación de 200 empleos nuevos. Pero Indra necesitaba acelerar su implantación, por lo que, según ha confirmado ILEÓN de fuentes oficiales, la Junta le ofreció dos de aquellas naves construidas para el pueblo. Así se aceleraban plazos de implantación y se podría comenzar a fabricar allí este mismo año, en septiembre, vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora.

De este modo, por razones de urgencia, la promesa de la compensación de las naves para alquilas tenía que volver a ser retomada. Y es lo que hace ahora la Junta a través de Somacyl. Un nuevo contrato público acaba de ser licitado a mediados de junio, para la construcción de dos nuevos edificios industriales ya en la zona de ampliación del polígono. Con el paso del tiempo el coste se ha incrementado y ahora parte de una inversión de 2,4 millones de euros -eran 2,5 para tres naves hace tres años- y un plazo de ejecución de un año desde que se adjudique a la empresa seleccionada.

Las naves se levantarán en las parcelas 2 y 3 del polígono, según la redacción de los proyectos encargados por Somacyl a Estudio de Ingeniería Civil SL, ambas de casi idéntico diseño y espacio, sobre dos superficies de 2.708 metros cuadrados cada una.

Y llega el gran centro logístico de Dia

La noticia salta pocos días antes de que este viernes 3 de julio se inaugure de manera oficial el primer gran proyecto de la nueva zona de ampliación del polígono de Villadangos, como es la gran nave logística de la multinacional de alimentación Dia, que contará con el desembarco del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del CEO de Dia España, RicardoÁlvarez, entre otras muchas autoridades.

Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

Una nueva calle para unir dos importantes barrios de León, los de San Mamés y La Palomera, está más cerca que nunca, a tan sólo los últimos trámites urbanísticos del Ayuntamiento de León, que se ultiman esos días, y la inversión de poco más de 200.000 euros.

El Consistorio ha dado, con gran urgencia en los últimos días, nuevos pasos administrativos para hacer posible la apertura de una nueva calle en Los Osorios, que además de incrementar la permeabilidad entre ambos barrios pondrá definitivamente fin a una reivindicación vecinal histórica en la zona norte de la ciudad, tras años de conflictos sobre todo por la presencia de unos chalés degradados que ya son historia.

Coincide esta semana que el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado sendos anuncios vinculados a la actuación llamada oficialmente AA 07-04 “Los Osorios”, prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de León. El primero, el 29 de junio de 2026, se refiere a la aprobación inicial del proyecto de normalización y urbanización, y el segundo, de este 1 de julio, corresponde a la apertura del proceso de urbanización. Tras la aprobación de ambos en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento leonés, los boletines abren ahora un período de un mes de la última exposición pública tras el desbloqueo de las expropiaciones de los terrenos necesarios, a finales del pasado año.

La actuación está promovida por Jesús Alberto Mínguez Ropiñón, en representación de la Junta de Compensación de la zona, que actúa así como urbanizador para un proyecto que ha sido redactado por el arquitecto Gonzalo Alarcia Fernández. Ese proyecto para urbanizar la nueva calle tiene un valor estimado de contrato de 202.160,69 euros.

El objetivo final es abrir un vial que elimine el actual callejón sin salida existente en la calle Padre Getino y mejore la accesibilidad y la permeabilidad del entorno situado frente a la Plaza Padre Severino Ibáñez, con la idea de integrar este nuevo espacio en la trama urbana de la capital y mejorar la conexión entre San Mamés y La Palomera.

Este avance administrativo llega después de años de conflicto en el entorno de Los Osorios por el estado de los antiguos chalés situados en los números 25, 27 y 29. Aquellos inmuebles, declarados en ruina y propiedad de la Sareb, el llamado 'banco malo', se habían convertido durante años en un foco de inseguridad e insalubridad, con ocupaciones, incendios e infinitas quejas vecinales.

El proceso se remonta a antes 2018 y el anterior equipo de Gobierno del PP, pero no fue cuando pasó a gobernar el PSOE que el Ayuntamiento inició por fin el expediente para plantear una solución a la situación de las viviendas deterioradas. En marzo de 2023 se anunció la aprobación inicial de la licencia de demolición de los inmuebles, tras superar las dificultades administrativas derivadas de su titularidad. Los derribos se ejecutaron finalmente en agosto de 2024, hace casi dos años.

Los terrenos, largo periplo

La desaparición de los chalés sin embargo no cerró el problema urbanístico. Para abrir la nueva calle y completar la prolongación de Padre Getino hasta Los Osorios era necesario disponer de los terrenos y reordenar el ámbito bajo el paraguas del planeamiento municipal leonés. Y eso incluía también el proyecto de expropiación de las fincas afectadas, tramitado después de que algunos propietarios no se incorporaran a la Junta de Compensación.

La actuación afecta a terrenos necesarios para culminar la conexión viaria. Entre ellos figuran dos parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad número 1 de León: una de 161,83 metros cuadrados, vinculada a Tomás González Fernández, Paula Rodríguez García y Valdemartino SL, y otra de 78,83 metros cuadrados, a nombre de Donato Díez Fernández y Milagros García Díez.

Con la aprobación inicial de los proyectos de normalización y urbanización, el Ayuntamiento sitúa la actuación de Los Osorios en una fase decisiva. La futura apertura del vial permitirá completar la urbanización del entorno, mejorar la movilidad en esta zona de La Palomera y San Mamés y transformar un espacio marcado durante años por la degradación en una nueva conexión urbana.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) continúa encabezonado con la construcción en la capital leonesa de una nueva y moderna pasarela sobre el río Bernesga, una gran estructura metálica y acristalada de 2 millones de euros a poco más de cien metros de otras dos ya existentes. El nuevo puente de diseño es, de hecho, de uno de los dos proyectos “irrenunciables” para negociar y aprobar, casi a año pasado, los presupuesto del Ayuntamiento de León, donde el PSOE en minoría necesita de sus votos.

A justo un año de que finalice el mandato el proyecto de la pasarela parecía abocado al fracaso total. Era más que una percepción. Ya por dos ocasiones su diseño y ejecución había quedado desierto: ninguna empresa se había presentado a los concursos públicos impulsados primero por el propio Consistorio y después por la empresa pública Somacyl, de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento encomendó una tarea aparentemente imposible ya. Más teniendo en cuenta polémicas añadidas como la denunciada por la oposición del PP en León, que desveló que para su construcción se talarían 26 árboles en ambas veras del río.

Todo parecía abocado a quedarse en papel mojado hasta que Somacyl ha dado a conocer la adjudicación a dedo de la pasarela. Ha recaído en una habitual contratista del Ayuntamiento, la leonesa Geoxa General de Construcciones, unida a una compañía madrileña, API Movilidads, y otra de Murcia, Ecocivil Electromur. Geoxa es propiedad de Juan María Vallejo Fernández, el presidente de la Patronal provincial, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). En la documentación se explica que el contrato literal por el “procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, designación directa, se pone en marcha “habiendo quedado desierta la licitación” inicial.

Sin embargo, la cuantía apenas baja un ápice de los dos millones anunciados en su momento al encomendar a Somacyl la construcción de la megapasarela, ya que el importe final se eleva a los mismos 1.998.861,44 euros en los que se había licitado, ni un céntimo menos. Aunque sea la conocida como 'Junta B' la que se encargue de todos los trámites, como esta adjudicación directa, en realidad el coste saldrá íntegramente de las maltrechas arcas municipales, inmersa en serios problemas de liquidez por las sentencias del cobro de las tasas de reciclaje de basuras.

La nueva pasarela, muy cercana al Puente de Los Leones, presentada a finales del pasado año, será para uso de peatones y también de ciclistas. Fue diseñada por otra contratación directa, por 100.000 euros, después de otros intentos infructuosos que provenían incluso de 2024 y que en no pocos casos adolecían de algunos importantes defectos. La forma final que se dio a conocer cuenta con una original en forma de S, de un total de 92 metros de longitud y cinco metros de ancho, con acristalado lateral y en buena parte cubierto con una pérgola. En aquella rueda de prensa el alcalde Diez y el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, sellaron un acuerdo para que el proyecto, esencial para UPL, saliera por fin adelante.

Al margen de polémicas ambientales, de críticas ecologistas y de protestas vecinales, las obras de urbanización de la amplia zona del sur de la ciudad de León donde la Junta ejecuta las macroplantas de incineración energética que denomina Red de Calor avanzan a ritmo creciente. Y es que se ejecutan contrarreloj después de que una importante parte de los trabajos, como es la ejecución de una nueva pasarela sobre el río Torío para el paso de los grandes tubos de calor hacia el resto de la capital, haya consumido sus primeros plazos y puesto en marcha un tiempo extra.

Fuentes oficiales de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) admiten que el primer plazo de autorización para que la empresa pública de la Junta Somacyl pudiera trabajar en la ribera fluvial, autorizado hace justo un año, el 9 de julio de 2025, ya expiró sin apenas haber avanzado nada. Por eso, la compañía tuvo que solicitar una prórroga de obra durante seis meses más. La nueva fecha de concesión recibió el visto bueno el 2 de junio pasado y marca la obligatoriedad de que la pasarela -desvelada por este medio en 2023- esté ejecutada, como muy tarde, en diciembre de este año, salvo que se concedan nuevas prórrogas.

Curiosamente, el primer permiso, en julio, fue varios meses antes de que Somacyl ejecutara la obra de urbanización y preparación de los terrenos para la red de Calor por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) a la unión temporal de empresas formada por las compañías Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras, que ahora ejecutan todos los trabajos. 

El organismo de cuenca, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, confirma que es conocedor de las amplias y polémicas talas de árboles de la zona en una superficie que el propio proyecto de Somacyl estimó en prácticamente 1.000 metros cuadrados. Incluso a pesar de estar presentes tres especies muy sensibles de sauce y álamo dentro del llamado Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, catalogados como valiosos bosques de galería. Su explicación para conceder los permisos es que “las cortas se limitan a la eliminación del tramo de vegetación de ribera estrictamente necesario”.

También la autorización incluye el práctico 'cegado' del cauce del río con tierra y piedras durante los trabajos, a escasos metros de la desembocadura del Torío en el río Bernesga, justo en el límite entre los barrios de La Lastra y Puente Castro. CHD determinó que era necesario un “desvío temporal del curso” de al agua “previsto en el proyecto” de Somacyl con el objeto de poder “ejecutar las cimentaciones de los cuatro apoyos de la pasarela”, una estructura metálica de casi 82 metros de longitud y un ancho de 5,90, dos de los cuales permitirán también un paso peatonal, siempre según la documentación oficial de la Junta para este proyecto.

Otra cosa que fue necesaria, confirman desde Confederación, fue la pesca de todos la fauna fluvial presente en la zona, algo que hizo “la dirección de obra en coordinación con los servicios de la Junta de Castilla y León” a través de un sistema llamado muy gráficamente “pesca eléctrica”, por el cual se aturden y trasladan los peces presentes. El “acordonamiento con sedimento” ahora visible en el río tiene también, afirman, “el objeto de no afectar a la fauna del cauce”.

El nuevo 'puente' es sólo la punta de iceberg de una amplia urbanización del terreno, el ya contratado por los primeros 7,6 millones, pero en espera del gran contrato ahora licitado por 62 millones de euros más -parte de ellos financiados con los antiguos Fondos del Carbón para las cuencas mineras-, y eso sólo para la primera fase de la Red de Calor. Con ese dinero, las empresas elegidas tendrán que construir la planta de incineración de combustible vegetal como pellets y 28 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará.

En fases posteriores se ampliaría esta macroplanta de quema de vegetación, se ejecutaría otra más de nitrógeno verde y una última de placas solares, todo ello en el llamado Soto de Santa Olaja, lindando con el cementerio municipal, al lado de dos barrios, Puente castro y La Lastra, cuyos vecinos han manifestado multitudinariamente su oposición a un proyecto que no se ejecutó en tres emplazamientos del norte tras años de intentos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado un giro completo al conflicto judicial que se viene viviendo desde hace algunos meses entre el Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal) y la Diputación de León a costa del diseño de algunos proyectos en plena naturaleza enmarcados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid conocida por ILEÓN resuelve la disputa abierta en torno a las bases de contratación de los servicios de redacción de proyectos vinculados al plan turístico que lidera la institución provincial, gestionando además fondos del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León.

El fallo supone un cambio de 180 grados respecto a la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, que había desestimado íntegramente el recurso presentado por los arquitectos contra la Diputación. Aquella primera resolución avaló la legalidad del proceso de contratación que la institución puso en marcha hace algunos meses, pero ahora el alto Tribunal da la vuelta al criterio inicial. Y de manera muy tajante.

El origen del litigio está en una licitación convocada en septiembre de 2023 dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Montaña de Riaño. El contrato, valorado en 34.981 euros con impuestos incluidos, tenía por objeto la redacción de proyectos para diseñar sendas, rutas turísticas y otros elementos vinculados a la mejora del atractivo turístico de la zona. Pero aquella adjudicación permanecía bloqueada por la controversia judicial.

El Colegio de Arquitectos cuestionó inmediatamente varios aspectos de los pliegos de contratación. Sobre todo, censuraban aspectos como que no definieran con suficiente claridad la solvencia técnico-profesional exigida; que el precio tuviera un peso excesivo frente a la calidad, pese a tratarse de un contrato de carácter intelectual, según aducían los profesionales colegiados; que el plazo previsto, muy escaso, pudiera afectar al resultado del trabajo; y que no se recogiera expresamente la colegiación obligatoria de los profesionales encargados del proyecto cuando esta fuera exigible, según su punto de vista.

Más allá de esos puntos concretos, el debate abierto debía aclarar qué profesionales están habilitados para proyectar determinadas actuaciones dentro de planes públicos de transformación turística. Los arquitectos defendían que algunas de las intervenciones previstas no podían considerarse simples elementos ornamentales o mobiliario urbano, sino actuaciones que, por su complejidad, uso o impacto, requerían una cualificación específica: la suya. Hablamos de infraestructuras, como miradores, centros de visitantes, estructuras de uso público o rehabilitaciones de espacios, así como sendas. Más en detalle, se incluían algunos recursos conocidos o nuevos, como la Senda del Oso, la Senda del Lobo o una Ruta para Selfies, entre otras.

El fondo del debate

El tribunal, tras una impugnación inicial que la Diputación y el recurso de Coal a la primera sentencia perdida después en León, analizaba ahora si la Diputación de León respetó las reglas sobre idoneidad técnica en la contratación o, dicho de otro modo: si el profesional encargado de diseñar una actuación debe tener la formación adecuada para garantizar no solo la viabilidad del proyecto sino también su seguridad, integración estética y adecuación al entorno.

La resolución del TSJCyL marca ahora un punto de inflexión en el procedimiento. Al tratarse de una sentencia de un alto tribunal autonómico, su efecto va más allá de una mera discrepancia: fija un criterio relevante sobre cómo deben plantearse las contrataciones públicas cuando las actuaciones previstas pueden entrar en el ámbito propio de una profesión regulada. Y en este caso concreto la sala considera clave la naturaleza real de las intervenciones, su complejidad, su uso público y su incidencia en la seguridad, la calidad arquitectónica y la integración en el entorno. De ahí que concluye que, cuando esas actuaciones encajan en el ámbito de la edificación o requieren una especial capacitación de proyecto, debe respetarse la reserva de función y la idoneidad profesional propias de los arquitectos.

El Tribunal considera categórico que el propio anuncio de la licitación del contrato de la Diputación ya zanjaba el asunto, al admitir en el apartado de “subtipo” de contrato que se trataba de “servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos”. Y por eso el juez dicta: “Ciertamente no parece que ahora la Diputación apelada pueda sostener que no estamos en presencia de una contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo” que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Un fiasco más para el plan turístico especial de 25 municipios

La Diputación ha decidido en la Junta de Gobierno del pasado 29 de mayo no recurrir ya esta decisión, por lo que pasa a ser firme. La cuestión es que, transcurrido este tipo de controversia judicial, esta parte de diseño de rutas que contenía el Plan Turístico especial para la Montaña de Riaño y los 25 ayuntamientos incluidos ya no habrá sido posible de ejecutar. Un fiasco más para un plan extraordinario que contaba en total con 2,4 millones de euros de inversión, repartido entre el 40% del Gobierno y 40% de la Junta, frente al 20% de la Diputación, y que a pocos meses de que concluya ya su prórroga de tres años -por los muchos retrasos ya entonces acumulados- apenas alcanza el 30% de su ejecución, según admitió recientemente el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

La lucha contra la oleada de incendios desatada ayer en la provincia de León, especialmente en la comarca de El Bierzo, está siendo todos a una, con un creciente operativo de todo tipo de medios materiales y humanos repartidos entre los 17 siniestros que a mediodía de este jueves permanecían activos. Cuatro de ellos continúan en nivel 1 de gravedad lo que, junto a la simultaneidad de fuegos, mantiene la Situación Operativa en el nivel 1 en toda Castilla y León.

Sin embargo, el recuento de medios aéreos para atacar desde el aire las llamas vuelve a ser muy desigual a pesar de las pocas horas transcurridas. Tan desigual como que las aeronaves del Gobierno central que trabajan en los siniestros multiplica por tres la cifra de los helicópteros de la propia Junta de Castilla y León: 12 en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) frente a sólo cuatro de la Consejería de Medio Ambiente.

La comparativa numérica cuenta con el respaldo oficial. Se trata de cifras que ha detallado hoy en rueda de prensa el consejero y portavoz del Gobierno de PP y Vox, Carlos Fernández Carriedo, preguntado por los periodistas y en respuesta a las primeras y duras críticas por la falta de medios y de coordinación por parte del Ejecutivo autonómico.

Carriedo especificó como 'foto fija' a mediodía de hoy que en los incendios bercianos, cuatro de ellos en Índice de Gravedad potencial (IGR) nivel 1, trabajaban cuatro helicópteros de las brigadas helitransportadas Elif de la Junta. Y ya sólo en helicópteros, los estatales de las brigadas Brif eran un total de seis, procedentes de bases de la provincia de León y otras de provincias mucho más alejadas, como Toledo y Cáceres. Pero además, el portavoz concretó que a eso hay que sumar tres aviones anfibios Canadair, o hidroaviones de gran capacidad; un avión anfibio pequeño; otro helicóptero mediano; y un avión para labores de coordinación de todo el operativo. En total, 12 aeronaves diferentes. Los hidroaviones proceden de las bases de Málaga y Talavera La Real (Badajoz), que trabaja en el incendio de Congosto, y de Los Llanos (Albacete), en el caso de Vega de Valcarce.

Ocultación oficial del número de helicópteros en bases leonesas

Además, el portavoz, por segunda semana, no quiso responder a la pregunta directa de cuántos helicópteros de la Junta están operativos a día de hoy con base en la provincia de León, teniendo en cuenta que deben ser cinco -cuatro ya existentes en los terribles incendios del verano pasado, que arrasaron 135.500 hectáreas, cifra récord histórica, y un quinto comprometido entonces por la Junta-. A ILEÓN le consta que eran sólo dos la semana pasada y tres a fecha de hoy, pero ni el Carriedo ni la Consejería de Medio Ambiente, que ahora ocupa Marcía González Corral, en sustitución de Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirman durante días este grave hecho, que añade dificultades en la extinción de la nueva oleada de incendios, tal y como también denuncian varios sindicatos.

El portavoz del Ejecutivo sí entró a enumerar con detalle el resto de medios no aéreos con los que la Junta ataca hoy, medio día después de producirse, la mayoría de los siniestros: 5 convoyes, varios de ellos procedentes de otras provincias (Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia y Palencia); tres autobombas de doble cabina; dos técnicos de apoyo al puesto de mando; otros dos de planificación; dos más del centro autonómico de mando; seis máquinas pesadas; y finalmente dos camiones de puesto de mando avanzado.

Carriedo, que reclamó públicamente la “máxima precaución posible”, explicó que las tormentas secas de la tarde-noche del miércoles 24 de junio están detrás de la mayoría de los fuegos iniciados esta madrugada, a causa de los rayos. A pesar de ese origen claro, ha pedido extremar la precaución pues aunque las previsiones meteorológicas son favorables, con bajada de temperaturas, más lluvia y humedad, “no hay que perder de vista el riesgo de incendios”.

Reacciones muy críticas

En un tono muy distinto, las primeras organizaciones políticas y sindicales ya han atacado la falta de preparación, de medios y la descoordinación de la que ha vuelto a hacer gala la Junta en los primeros días del riesgo muy alto de incendios del verano, decretado por la propia Junta.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este jueves la “inacción y la pasividad” de la Junta ante los incendios de León. A su juicio, al ejecutivo autonómico “le ha vuelto a pillar el toro” y ha asegurado que les han llegado “reiteradas peticiones de auxilio y de socorro de numerosos municipios”.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado hoy que la continuidad en las mismas políticas del Gobierno de PP y Vox “perpetúa el caos y la precariedad del operativo”. Una situación, recuerdan, que “nos ha llevado a interponer una querella criminal por conducta dolosa y por una inhibición intencionada en las obligaciones de prevención de riesgos laborales y de protección de la salud de los trabajadores”.

El Gobierno, a través de la empresa pública Tragsa, quiere poner al día y analizar con el paso de los años hasta qué punto perduran o se han corregido los graves efectos de la chapuza histórica que para el medio ambiente supuso la ejecución de la Variante de Pajares para unir por AVE León y Asturias. Se trata de saber qué ha sido en 2026 del 'robo del agua' de inmensas magnitudes que hace dos décadas provocó que al horadar los 50 kilómetros bajo la Cordillera Cantábrica se pincharan los acuíferos de la Montaña Centra leonesa. Una situación que provocó un trasvase ilegal que llegó a verter hacia Asturias 10.600 millones de litros anuales, cantidad equivalente al abastecimiento de una ciudad de 200.000 habitantes para todo un año. Eso desecó fuentes y arroyos, ríos y prados. Incluso grifos.

Los pueblos afectados, unidos como David frente a Goliat por la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, dedicaron años de lucha para que el Ministerio hoy de Transición Ecológica aceptara en 2017 modificar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de la chapucera variante ferroviaria, a los efectos de acometer las compensaciones que fueran necesarias. Los primeros contratos y estudios se materializaron en 2018 y poco antes de abrirse al tráfico la línea de alta velocidad, en 2023, el Gobierno insistió en corregir y compensar los desperfectos causados.

Ahora, sin hacer ninguna publicidad de ello, Tragsa ha impulsado tres contratos de estudios ambientales para poner al día el impacto que aquella construcción dejó sobre acuíferos, manantiales, aguas superficiales y hábitats sensibles de la Montaña Central leonesa.

Tres bioindicadores

La actuación pretende actualizar los datos de los informes elaborados en 2018 sobre los efectos hidrológicos y ambientales de la variante, una obra de 25 kilómetros de túneles de ida y otros tantos de vuelta que tardaron 20 años y consumieron 4.000 millones de euros, cerca de la mitad de ellos de sobrecoste. El nuevo proyecto tiene como objetivo determinar si la obra sigue alterando la dependencia de determinados hábitats respecto a los recursos hídricos subterráneos y también de la superficie. Para ello, los estudios se han dividido en tres (análisis de pastos, de turberas y de hábitats riparios). Son los bioindicadores del estado ecológico de la zona y de las posibles afecciones que dejó la ejecución de la infraestructura ferroviaria.

Una amplia zona de análisis

El ámbito de actuación se sitúa en el norte de la provincia de León hasta el límite con Asturias. Afecta sobre todo a los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón, con una pequeña incursión en Sena de Luna. Por delimitarla, la zona se extiende desde la estación de esquí asturiana de Pajares, en Brañilín, al norte; sigue el cauce del río Bernesga y la carretera N-630 por el este; alcanza Huergas de Gordón por el sur, y llega hasta el entorno del embalse de Casares por el oeste.

En total, según la documentación, la superficie analizada ronda las 16.194 hectáreas y está incluida íntegramente en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. de hecho, es casi la mitad de su área total, representa el 48,52%. Además, coincide en buena parte con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Montaña Central de León, con 7.533 hectáreas, y en menor medida con la ZEC Valle de San Emiliano.

Los contratos se dividieron en tres lotes. El primero, dedicado a los pastos y prados de interés comunitario, debía evaluar su biomasa, productividad y estado de conservación con una perspectiva histórica desde el año 2000. Este lote, sin embargo, es el único que ha quedado desierto por ahora. Tenía un valor estimado de 38.720 euros y su falta de adjudicación deja pendiente una parte relevante de la evaluación ambiental exigida por la DIA. La administración deberá decidir si abre un nuevo proceso para garantizar que este análisis se ejecute finalmente.

Los otros dos lotes sí han sido adjudicados por Tragsa a la misma empresa, la asturiana Biosfera Consultoría Medioambiental SL. El Lote 2 se centra en las turberas, hábitats clave en el ciclo del agua por su capacidad para acumular materia orgánica, y prevé el seguimiento de su composición florística y ensayos de laboratorio de turba y agua. El Lote 3 analizará los hábitats riparios, es decir, la vegetación de ribera, para valorar su conectividad, regeneración natural y estado ecológico.

Casi 100.000 euros

El valor estimado total de los tres contratos asciende a 96.800 euros con impuestos y el plazo previsto de ejecución es de diez meses, a contar desde que consta la formalización de los mismos, el pasado 18 de junio de 2026.

Estos contratos de Tragsa son los que mencionó como solución hace algunos meses el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, cuando preguntado en Pleno aseguró que el trasvase legal a Asturias de 11.000 litros de agua por segundo “se ha reducido a la cuarta parte y cada vez se reduce más”, a pesar de defender la lógica de que los túneles “no pueden ser estancos”. Se refería entonces a la imposibilidad material de poner en marcha una de las soluciones exigidas: el bombeo de retorno del agua desde Asturias hacia la Montaña de León.

Del resultado de los nuevos informes oficiales, una última foto fija de la situación, se desprenderá si más de un cuarto de siglo después de comenzar las titánicas obras del AVE desde Asturias a la meseta, a través de la provincia leonesa, la zona sufre aún una herida en su recurso natural más preciado, el agua, y si hay más medidas que adoptar aún para reponer la situación a los pueblos afectados.

Un presupuesto municipal de 2026 para un cuarto de año, aproximadamente. Ese es el posible escenario que se baraja en el Ayuntamiento de León si se concretan las negociaciones que mantienen el equipo de Gobierno del PSOE que encabeza el alcalde José Antonio Diez, que gobierna en minoría, y su socio puntual y preferente de los dos últimos mandatos, Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Sin embargo, nada está escrito aún, a pesar de que los presupuestos ser vitales para cuadrar de algún modo el agujero económico que deja el varapalo judicial por el cobro de las tasas de residuos de los últimos años, una sentencia que obliga a reordenar el sistema de cobros e incluso a devolver lo ya girado a los vecinos. Se trata de varios millones de euros, cuya ausencia ahora impacta sobre las arcas municipales y paraliza no pocos proyectos de inversión anunciados.

Nada está escrito porque, por un lado, los socialistas llegan al Pleno de final de mes de junio este viernes sin haber presentado un borrador de cuentas municipales. Y por lo tanto porque todavía están en fase “muy inicial” de negociación con los leonesistas sus cuatro condiciones “de mejora de ciudad”, que UPL considera “irrenunciables”.

De esas condiciones, dos son proyectos bastante costosos y la formación que lidera Eduardo López Sendino lleva años insistiendo sobre ellos: una nueva pasarela sobre el río Bernesga entre los paseos de La Condesa y Salamanca, de 2 millones, que lleva dos intentos fallidos de adjudicación de obras; y una piscina de dimensiones olímpicas de gestión privatizada y 10,5 millones, preferentemente en la carretera de Carbajal, cerca del club Olímpico, que permita que León albergue competiciones oficiales que hoy sólo acoge Valladolid.

Las otras dos “líneas rojas”, como las denomina Sendino, no conllevan coste sino que UPL considera que reportan ingresos: la mayor “municipalización” de los autobuses urbanos, hoy en manos mayoritarias de Alsa, y cuya concesión la expiró; y también el aumento de peso municipal en la sociedad mixta Eulsa que gestiona el pago del aparcamiento regulado de la ORA en la ciudad, para recaudar para el Consistorio un mayor pellizco de sus muchas ganancias anuales. Y dejando además en sus manos la gestión de casi todos los parkings subterráneos de León, incluyendo San Marcelo o el del campo de fútbol, e incluso barajarse el nuevo que construirá en Santa Nonia la Diputación.

Si todo ello es aceptado por Diez, en una negociación que Sendino admite que “de momento va sin avances”, UPL ofrece no votar a favor de las cuentas sino abstenerse para permitir su aprobación. Algo que Sendino justifica “por responsabilidad” con la ciudad.

El veterano portavoz leonesista, que por cierto está de salida al haber anunciado que el año que viene no se presentará a la reelección, insta al equipo de Gobierno de Diez a que “muevan ficha”. Y trata de meter algo de presión, porque si bien asegura que “no hay límite temporal”, a continuación advierte de que “si pasa agosto, que es inhábil, y ya planteamos aprobar el presupuesto en septiembre, poco sentido tiene ya”.

Porque no hay que olvidar que ambos grupos hablan de los presupuestos de este año, ya consumido en su mitad, y que por Ley en condiciones normales deben aprobarse antes del fin del ejercicio anterior. Sin embargo, este año todo quedó relegado y abocado a la actual prórroga del presupuesto de 2025 (que apoyaron UPL y un concejal tránsfuga de Vox) a causa de las elecciones autonómicas de marzo, que todo lo detuvieron. De cerrarse el acuerdo, pactarse los cuatro puntos y salir finalmente adelante las tardías cuentas, se confirmaría que bajo el liderazgo de Eduardo López Sendino ya sido muy abrumador el apoyo al equipo socialista de Diez en los últimos dos mandatos, sólo roto en los años de víspera electoral municipal. Como será el próximo año 2027, para el que el leonesista sí zanja que no habrá excepción. Ni acuerdo.

Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.

La Diputación de León ha publicado hoy dado el banderazo de salida a la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, su principal plan de obras para los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia. Repartirá una dotación total de casi 60 millones (59.645.000 euros), una cifra considerada histórica para la financiación de obras, servicios básicos e infraestructuras municipales.

El plan está dirigido a los 208 ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes -fuera quedan León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo-. Su objetivo es garantizar la prestación de servicios mínimos, mejorar las infraestructuras locales y favorecer el desarrollo económico y social de los municipios, según rezan las bases por fin activadas para este año 2026, aunque ya esté bien mediado, y el próximo ejercicio.

Aunque la convocatoria corresponde al periodo 2026-2027, la financiación tendrá carácter plurianual. El grueso de la inversión, el 90%, se concentrará en esos dos ejercicios: 35.787.000 euros en 2026 y 17.893.500 euros en 2027. El calendario se completa con 5.964.500 euros en 2029, año previsto para el cierre administrativo y el pago final de las ayudas, una vez presentadas las facturas y certificados obligatorio. El año 2028 quedará principalmente para que los ayuntamientos puedan ejecutar físicamente las actuaciones, que según las bases deberán estar finalizadas como máximo el 31 de octubre de 2028. La justificación de la subvención tiene como plazo máximo el 31 de enero de 2029, si no se prorroga.

Un baremo por población y amplio abanico de proyectos

La asignación de fondos hace años que se rige por un baremo objetivo, no competitivo entre municipios ni tampoco al albur del reparto por partidos políticos, como ocurría hasta hace apenas una década. El sistema hora se fija en función de la población de cada municipio, tomando como referencia los datos del INE de enero de 2026. Así, como establecen las bases, los ayuntamientos de hasta 250 habitantes recibirán 200.000 euros; los de 251 a 500 habitantes, 231.000 euros; los de 501 a 1.000, 300.000 euros; los de 1.001 a 3.000, 372.000 euros; los de 3.001 a 5.000, 446.000 euros; y los de 5.001 a 20.000 habitantes, 572.000 euros.

Cada ayuntamiento podrá presentar como máximo de cuatro actuaciones, que deberán ajustarse a los fines admitidos en la convocatoria. Entre las inversiones subvencionables figuran obras de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a núcleos de población, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto en edificios municipales, actuaciones en centros escolares y consultorios médicos, promoción turística de interés local, adquisición de mobiliario para edificios de servicio público y honorarios técnicos, estos últimos con un límite del 5% del presupuesto.

Quedan expresamente fuera de la financiación los gastos corrientes, como personal o facturas de luz, las obras de simple mantenimiento, salvo en colegios y consultorios, y las actuaciones destinadas a fines comerciales de venta.

El plazo para presentar solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, contabilizando desde el lunes 22 de junio. Las solicitudes deberán incorporar memorias o proyectos redactados por técnicos competentes, acreditación de la titularidad de los inmuebles y, cuando proceda, informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera.

Adelanto de hasta el 90%

La convocatoria también contempla mecanismos para facilitar que la aprobación no estrangule la economía de los ayuntamientos. Por eso, se plantea como siempre que los municipios que tengan delegada la recaudación en la Diputación recibirán un anticipo automático del 90% de la ayuda concedida, mientras que el resto podrá solicitar un anticipo del 70%.

Además, entre las obligaciones, los municipios beneficiarios deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y verdaderamente no pocas veces la Diputación lo aplica si comprueba que no se ha identificado la procedencia del dinero concedido con esos carteles.

Muchos ojos han mirado hacia la Junta de Castilla y León en una semana protagonizada por numerosas 'riadas negras', torrenciales avenidas de barro y material vegetal quemado en los cauces de arroyos y ríos en varias comarcas de la provincia de León.

Estos ríos de lodo y árboles se han producido nueve meses después de los terribles incendios forestales que arrasaron esas zonas, asomando ahora a causa de fuertes tormentas, y los daños son inmensos porque no sólo han arrasado carreteras y otras infraestructuras, dejando incluso pueblos incomunicados, como en el Valle de Fornela (El Bierzo) sino causando daños ambientales graves en los propios cauces de la Cabrera, el Teleno o municipios como Oencia, entre otros.

A pesar de las escenas vividas en los dos últimos días, con ríos desbordados de inmensa fuerza que arranca todo a su paso y lo tiñe de negro y ceniza, la Junta de Castilla y León defiende que por su parte, como administración competente en montes, se han ejecutado tras los incendios del pasado verano todos los trabajos necesarios para impedir estos graves efectos meses después. Trabajos que el portavoz del Ejecutivo que ahora forman Partido Popular (PP) y Vox, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado hoy de “eficaces”. Su demostración de esa eficacia, al ser preguntado por el grado de ejecución de esas labores postincendios y a la vista del desastre que las tormentas están causando, es que “los daños son mucho menores que los hubieran sido si no se hubieran hecho estas tareas”.

“Se han hecho trabajos desde el primer momento”, aseguró Carriedo, “fundamentalmente depositando algún tipo de material orgánico que sirva de retención para evitar daños de carácter ambiental, y de la misma forma se ha trabajado con maquinar a pesada, bulldozer, en toda la tarea para evitar que los daños ambientales fueran mayores”.

Por eso, insistió en que “están siendo eficaces estas tareas”, iniciadas, subrayó, desde que se apagaron los peores siniestros históricos sufridos en agosto y septiembre de 2025: “Se viene actuando desde el momento de refrescar el terreno, pero también cuando se han ido depositando algunas barreras naturales para hacer de contención de algún posible daño, o también cuando los bulldozer han actuado abriendo algunas vías de derivación del agua en las mejores condiciones posibles”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.

La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.

La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.

Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.

Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.

En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.

Las reacciones no se han hecho esperar. El partido político de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado, como “un insulto”, que el nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, desprecie las labores de prevención de los fuegos durante los meses de invierno, según sus propias palabras por el alto coste que suponen. La formación leonesista reacciona así con indignación ante el argumento utilizado por el propio Sánchez durante una reciente jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, y de la que se hace eco ILEÓN tras su reciente nombramiento, el primero en todo el nuevo Ejecutivo de la Junta en el reeditado pacto entre PP y Vox.

Ese “insulto” que considera UPL sus declaraciones públicas se basa sobre todo después que “sufrir las consecuencias de los graves incendios que calcinaron prácticamente 140.000 hectáreas el pasado verano en la Región Leonesa”. En una nota de prensa de reacción, defienden que “no parece de recibo excusar la dejación de funciones de la institución autonómica por el alto coste que supone para las arcas públicas las labores de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época estival de alto peligro”.

La formación que lidera Alicia Gallego, a su vez portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, recuerda que Sánchez es una figura ya presente en el área de Medio Ambiente “junto a la dupla” del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz, que acaban de abandonar sus responsabilidades sin haber hecho absolutamente nada por mejorar la situación de un operativo que sigue sin ser público ni está presente los 365 días del año“, como prometió la Junta tras las tragedias de 2025.

Afean también que Ángel Sánchez se escude en la Ley de Montes para justificar esa falta de trabajo preventivo en época invernal, tildándolo de “mantra”, y aduzca también la necesidad de cambiar la legislación para poder proceder a la limpieza de los montes. Lo cual para UPL “no deja de ser una muestra más de la inoperancia de una Junta acomodada y poco dispuesta a trabajar por actualizar las leyes que le competen”.

Por eso, valoran que sus palabras “no son más que un ataque de sinceridad de lo que todo el mundo piensa y que no es otra cosa que no han hecho absolutamente nada” durante este año, más que “engañar con teoría y malgastar el dinero para tapar los agujeros de incendios que pudieron ser evitados”. Su frase de “a ver de dónde sacamos el dinero” suponen para la formación leonesista “la constatación de que la prevención no es una prioridad de este nuevo Gobierno autonómico, independientemente de quién encabece la consejería, porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene la misma línea de acción”.

Por eso, UPL reclama desde ya a la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que asuma sus competencias y sus responsabilidades y “no siga el camino de Suárez-Quiñones y Arranz porque los perjudicados serán, sin duda, los de siempre”. En este sentido, le instaron a que en materia de prevención y extinción de incendios afronte sus responsabilidades y que no hagan caer todo el peso en los ayuntamientos, como parecía argumentar el nuevo jefe máximo de la lucha contra los incendios forestales de la Comunidad.

Y es que hablando de la necesidad de que sean los municipios los que afronten esas labores preventivas de los montes, “hablan del alto coste que supondría para la Junta esas labores de prevención y limpieza, pero no sabemos de donde pretenden que saquen el dinero los Consistorios” para proceder a afrontar esos trabajos que son responsabilidad de la institución autonómica.

En cualquier caso, desde UPL ponen de manifiesto que Ángel Sánchez arranca su nueva responsabilidad “con mal pie” y le demandan que se “tome en serio una cuestión que cada verano deja en evidencia que las políticas que sigue la Junta no son las adecuadas”.

El PSOE: “El dinero se usca. La vergüenza se echa en falta”

Varios mandatarios del PSOE también han entrado a valorar, con duras críticas, el posicionamiento del nuevo mandatario forestal autonómico. Así, la vicepresidenta del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, a través de la red social X se limitó a considerar que la Junta de Castilla va en esto “de mal en peor”.

Más explícito se mostró el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, para quien “Mañueco cambia nombres, no políticas”. El líder provincial ve censurable que entre sus primeras medidas urgentes, el presidente de la Junta ponga “al frente de los incendios a quien llama ”mantra“ a la prevención en invierno y pregunta ”de dónde sacamos dinero“”. “El dinero se busca. La vergüenza se echa en falta”, concluye.

El nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, nombrado urgentemente hoy a pocas horas de conformarse el nuevo Gobierno tras el pacto de PP y Vox en Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, cuestiona abiertamente una de las máximas más repetidas en materia de gestión forestal y prevención de grandes fuegos: que los incendios se apagan en invierno.

El argumento que utiliza es la imposibilidad económica de asumir por parte de la Junta de Castilla y León el alto coste de dinero público que a su juicio supondrían las labores constantes de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época veraniega de alto peligro. Unas declaraciones que recuerdan a la polémica frase del hasta hoy consejero de Medio Ambiente, el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando en una entrevista aseguró que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Se trata de unas declaraciones que se volvieron en su contra cuando en 2022 y nuevamente en 2025 se produjeron los peores daños por fuegos en la historia conocida de Castilla y León.

Sánchez fue designado ayer, por la vía del ascenso, nuevo responsable de una Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, de creación ex profeso para él, todo un golpe de efecto tras los dramas del pasado verano. Así, el veterano alto técnico autonómico se sitúa en la cúspide del operativo, relevando así a José Ángel Arranz, el mandatario de la Consejería de Medio Ambiente cuya 'cabeza' se pidió, junto a la de Quiñones, tras el pasado verano. Poco antes del nombramiento de Ángel Sánchez, también Quiñones dejó ayer su cartera de hace más de una década para coger la nueva que le entrega Mañueco, una superconsejería de Industrial Universidades, Empleo y Comercio.

Una ecuación de dinero

Durante una jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de León, Sánchez se refirió a la idea del trabajo preventivo invernal, tan avalada por expertos, como “uno de los mantras muy utilizados”. Y trató de desarmarlo al vincularlo con la imposibilidad económica de actuar sobre toda la superficie forestal de la Comunidad, la que más masa tiene de España.

“Uno de los mantras muy utilizados es los incendios se apagan en invierno. Ojalá lo pudiéramos hacer”, afirmó antes de recordar que el territorio forestal de Castilla y León supera los 5,1 millones de hectáreas. En una simple ecuación, el nuevo responsable autonómico que debe luchar contra los fuegos puso cifras al coste que, a su juicio, tendría intervenir esa superficie: “Si multiplicamos los 5.100.000 hectáreas por 1.000 u 800 euros de media cada una de esas hectáreas, pues habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”. Calculando estrictamente esta cuenta de la vieja, y tomando el mayor coste -1.000 euros de inversión por hectárea forestal- la cifra máxima que según Sánchez sería necesaria ascendería a 5.100 millones de euros.

En su intervención ante los periodistas de toda la Comunidad, Sánchez también destacó que del total, más de 3,1 millones de hectáreas forestales están bajo propiedad y gestión privada, gran parte de ellos en manos de ayuntamientos y pueblos, juntas vecinales. “En los montes privados ya la Ley de Montes establece que la limpieza de esos montes debería ser por parte de los propietarios”, remarcó, limando así aún más la responsabilidad de la administración pública autonómica.

Una “legislación” con doble vara de medir

Por eso, zanjó que la Junta no puede actuar directamente sobre esos terrenos sin autorización y defendió la actuación a través de distintas líneas de ayudas. Pero sostuvo que el actual marco normativo debería modificarse. “En definitiva, hay que cambiar la legislación”, afirmó, en total consonancia con lo que acababa de manifestar también el hasta ahora máximo responsable, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Arranz.

“Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos que asumir nuestras competencias y nuestras responsabilidades”, manifestó. Además, aseguró que los incendios forestales están adquiriendo una dimensión cada vez más amplia: “Cada vez más estamos detectando que los incendios acaban siendo un problema social y nos limitan muchos recursos para hacer esa protección del territorio”.

Resulta curioso cómo la administración sí se ampara en esto en la Ley de Montes pero, sin embargo, la Junta sí se ha saltado a la torera su propia norma para autorizar la caza y el pastoreo en zonas arrasadas por los incendios apenas siete meses después de producirse, cuando esa legislación fija cinco años de barbecho, como publicó ILEÓN en primicia. Y eso sin dar a conocer, todavía hoy, los presuntos informes técnicos sobre la fauna en las zonas quemadas que según la Junta justificaban esta polémica medida.

El antecedente de Quiñones sobre 2025: “No parece un año catastrófico”

La 'Jornada formativa en incendios forestales para periodistas' donde el nuevo 'jefe' de incendios autonómico ha abierto una nueva polémica ya causó otra el pasado año, previa a la peor campaña de Castilla y León, celebrada en Valladolid. En ella, el consejero Suárez-Quiñones llegó a decir ante los periodistas en junio que los incendios más dañinos jamás sufridos se producen “no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea”. Justo antes de realizar un vaticinio (“no parece año de eventos catastróficos”) que la realidad se encargó en agosto y septiembre de negar. Trágicamente, incluso con fallecidos y decenas de pueblos evacuados y barrios enteros quemados, amén de un desastre ecológico sin precedentes.

Tras meses de negarse a asumir responsabilidades, ni Arranz ni Suárez-Quiñones, con el apoyo personal firme del presidente Mañueco, incluso reprobados por el Parlamento, ha sido en las primeras horas del nuevo Gobierno cuando ambos han sido simplemente relegados de los incendios con el nombramiento de Ángel Sánchez.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.