Ha comenzado la campaña electoral que desembocará en la apertura de urnas el domingo 29 de noviembre de 2026. Eso significa que arranca la carrera por la Presidencia del Gobierno central y que se corre en la pista de las promesas electorales en busca de los apoyos ciudadanos voto a voto en la provincia de León. Se trata de una lista que tan sólo en materia de infraestructuras relevantes para el futuro de la provincia en algún momento prometidas para León y sus comarcas, como El Bierzo, es muy, muy larga.

Se cifra en 20 proyectos clave. Son incumplimientos, viejas promesas no ejecutadas aún, que atañen a los dos partidos que hasta ahora se han turnado en el Palacio de la Moncloa, PSOE y PP, porque hay casos de la friolera de más de 40 años de retraso y otros mucho más recientes. Una veintena de obras críticas que ahora todas las formaciones prometerán realizar porque a pocos se le escapa que se antojan vitales para el futuro económico, social y demográfico de una provincia muy castigada.

Los hay que ni siquiera han superado la fase de estudio. Otros que cuentan con presupuestos e incluso los hemos visto diseñados pero todavía no ha comenzado una sola obra. Y Hasta los hay que permanecen bloqueados pese a tener parte de sus instalaciones terminadas. Y cualquier Gobierno que resulte de las votaciones del 29N no debería alterar el grado de compromiso con todos ellos, porque si fuera el PSOE de Pedro Sánchez ha de cumplir todo lo comprometido y no ejecutado en los dos últimos mandatos y si fuera el del PP de Alberto Núñez Feijóo, las promesas de esta formación con León pasan por cumplir todo lo no realizado, como llevan años denunciando.

La autovía León-Valladolid... con telarañas

Cronológicamente, puede que el proyecto más antiguo y doloroso sea la eterna deuda histórica de la autovía A-60 entre León y Valladolid, que sigue muy lejos de conectar ambas capitales. Por el extremo leonés llega hasta Santas Martas y por el vallisoletano hasta Villanubla, dejando pendiente un trazado central de unos 89 kilómetros cuya inversión se estima en 365,4 millones de euros. Aunque parezca mentira, ya se hablaba de compromisos en la década de los 80 del pasado siglo.

Los planes más recientes del Ministerio de Transportes priorizan los subtramos necesarios para salvar Medina de Rioseco, con la previsión de que las obras puedan comenzar en 2027, y el dimisionario ministro Óscar Puente llegó a echar el jarro de agua definitivo: no contemplaba ya doble vía en todo el trazado sino habilitar un tercer carril en algunos puntos de la actual y nefasta N-601.

Tren Ruta de la Plata, a cachos si hace falta

También proviene de un problema generado en el pasado siglo la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata entre Astorga y Plasencia, cosiendo el oeste peninsular despoblado. Cerrado por el Gobierno socialista de Felipe González en 1985, jamás tocado por los populares, renació la exigencia de su nueva puesta en servicio gracias incluso a un amplio apoyo transeuropeo y el actual Gobierno encargó a principios de 2024 un estudio de viabilidad que debería haberse conocido ya, pero se ha pospuesto sin plazo. Ese estudio debía aclarar si se ejecutaría o seguiría en vía muerta.

De momento, para empezar, las ciudades leonesas de Astorga y La Bañeza -ambas con alcaldes del PP- exigen al Ejecutivo central la reapertura inicial de su tramo de poco más de 20 kilómetros para el transporte de mercancías. Tampoco hay respuesta.

El 'embudo' berciano de tren

Igualmente esperando si resulta o no viable, y qué solución técnica dar, continúa la modernización del obsoleto nudo ferroviario del Manzanal, el ansiado fin del embudo de viajes en tren hasta El Bierzo y de ahí con Galicia. Como en el anterior caso, dimitió Puente sin cumplir los plazos para conocerse si se ejecutaría, cómo y con qué cantidad de dinero. De sus resultados dependerá la solución técnica que se adopte y la inversión necesaria para resolver las limitaciones de este trazado, fundamental tanto para el transporte de viajeros como para el desarrollo del Corredor Atlántico y las mercancías.

Y las obras básicas que no llegan

Precisamente, la mejora de la conexión ferroviaria entre León y Ponferrada continúa a la espera de convertirse en obras. El Gobierno anunció una inversión de 301 millones de euros para renovar la red convencional y construir apartaderos de 750 metros que permitan mejorar la circulación de trenes de mercancías. Los primeros proyectos ya se han redactado pero no hay noticia de las actuaciones. Y eso que es fundamental para adaptar el trazado a las necesidades del Corredor Atlántico y mejorar la competitividad logística interna de la provincia y hacia sus comunidades limítrofes.

Torneros: la nada

Hablando de logística, y tras demostrarse el éxito que atesora el polígono industrial de Villadangos del Páramo -que mima la Junta de Castilla y León-, permanece la nada absoluta en la proyectada plataforma logística intermodal de Torneros-Grulleros, una infraestructura de la que ya el Gobierno de Zapatero hablaba allá por 2005, llamado a convertirse en uno de los principales motores industriales y ferroviarios de León.

El último compromiso gubernamental era que las obras comenzasen en 2023 y las empresas pudieran comenzar a instalarse en la parte logística durante 2024. No hay, sin embargo, noticia alguna de la más mínima obra inicial de la primera de las cuatro fases diseñadas, a pesar de disponerse hace años de todos los terrenos. La plataforma logística requeriría al menos 80 millones de euros y la inversión ascendería a unos 151 millones si se incorporase también la parte ferroviaria. Y es que esta parte incluía un ambicioso traslado allí de los talleres de Renfe de León capital, muy importante para su supervivencia en la provincia. Pero ni talleres ni nada se mueve en Torneros.

Integración de Feve, en vía muerta

Y sin salir de ferrocarriles, ya van quince años sin integración completa de la antigua línea de Feve, es decir, con viajeros pudiendo subirse y apearse desde y hacia el centro de la ciudad de León. Las vías entre el apeadero de La Asunción y Padre Isla están terminadas desde hace casi ocho años, pero los trenes-tranvía no han vuelto a circular por ella y ni siquiera se ha aprobado la compra del material rodante.

En lugar de resolver el problema, el Gobierno sólo ha apostado por una alternativa que ha indignado a la sociedad leonesa, como son autobuses eléctricos o la conversión del trazado en un corredor verde. La Plataforma en Defensa de Feve cifra en 170 millones de euros la inversión necesaria para electrificar la plataforma o desarrollar trenes-tranvía de hidrógeno y reclama la implicación desbloqueadora de la Junta, dado que el PP insiste en la necesidad de culminar este proyecto.

El (no) soterramiento en San Andrés...

Peor pinta aún tiene la integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo, dentro de la línea AVE que comunica ya Madrid con Asturias, y que el Consistorio y una Plataforma insisten en que sea una solución soterrada en el área metropolitanas norte de León. La última propuesta estatal contemplaba una inversión de unos 50 millones de euros, frente a los 5,8 millones previstos inicialmente, pero sin discurrir bajo tierra, con cubrición la línea a su paso por el barrio de La Sal y eliminación del puente del Lidl y varias pasarelas, con nuevos pasos inferiores y otras actuaciones de permeabilidad. Incluso sin gustar el planteamiento, tampoco este se ha avanzado en absoluto.

...Y el bluff electoral en León

Fruto de un anuncio preelectoral en víspera de elecciones municipales, se habló también de un convenio entre Ayuntamiento y Adif -nunca suscrito, que conste oficialmente- para acometer la segunda fase de la integración ferroviaria de León capital. Eran casi 35 millones de euros y contemplaba aprovechar los terrenos entre la estación y la calle Sancho el Gordo para construir un aparcamiento subterráneo, un hotel de cuatro estrellas, espacio comercial y de oficinas, y cubrir parte de las vías que llegan a la estación en superficie. Tras aquellos comicios nada más se supo nunca de algo que casi ni cuenta como compromiso real sino como gancho para comprar votos.

Villaquilambre, ya cruzando el tren

De casi 15 años es la demora de la supresión de cuatro pasos a nivel de la línea de Feve en otro municipio del alfoz leonés, Villaquilambre. Se anunciaron ocho millones de euros y en este caso las obras, que abren nuevos viales que descongestionen la zona, están al menos en ejecución. Es, por tanto, uno de los pocos proyectos de esta relación que ha conseguido pasar finalmente de los anuncios a las máquinas, aunque después de un prolongado recorrido de promesas incumplidas.

Autovía Ponferrada-Orense

Entrando en carreteras de alta capacidad, cuya lista es larga y variada, aparece con muy tímidos avances en la comarca de El Bierzo la autovía A-76 que debería unir las capitales de Ponferrada y Ourense, en Galicia, que también la exige para reforzar su posición logística en el Corredor Atlántico. La inversión global prevista ronda los 1.200 millones de euros, aunque el primer tramo berciano, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, comprende 7,5 kilómetros y cuenta con un presupuesto inicial de 126 millones. Tan sólo falta ahora licitación de las obras sobre un proyecto por fin diseñado. Pero ocurre lo mismo: ni una máquina, ni un obrero todavía.

La Ronda Noroeste sólo 'dibujada'

Igualmente paralizada por la friolera de casi cuatro décadas aparece la Ronda Noroeste de León capital. Tuvo que acercarse otra reciente cita electoral para que el Ministerio de Transportes anunciara apenas un diseño general y un presupuesto de cerca de 94 millones de euros. se sacó a estudio informativo a comienzos de 2023, pero desde entonces no se conoce avance alguno. Su construcción es esencial para cerrar el círculo de la circunvalación de toda la ciudad y dar fluidez y seguridad hacia municipios crecientes como Sariegos o San Andrés, y de ahí en dirección al aeropuerto leonés en La Virgen del Camino, entre otras conexiones vitales.

Dos autopistas, dos condenas de pago

Muy cerca aparece una de las dos autopistas que estrangulan a la provincia con sus peajes. Nos referimos a la autopista AP-71 León-Astorga, una de las más caras de España por kilómetro, y de la que quedan 26 años aún de concesión privada. Y también desde La Virgen se suma la AP-66, León-Asturias, el peaje del Huerna que expiraba en 2012 pero el último Gobierno del PP de José María Aznar condenó con una prórroga hasta el año 2050.

Con esta prórroga de la concesión, cuestionada por su legalidad incluso por Europa y con amenaza de sanción, no sólo no se ha eliminado el pago por utilizar una de las principales conexiones con el Principado y de éste con el resto de España sino que se acumulan obras, cortes, derrumbes y problemas que ni siquiera hacen que se rebaje puntualmente el coste de circular por ella. Los gobiernos autonómicos de ambas comunidades -PSOE en Asturias, PP en Castilla y León- no se confirman con las bonificaciones de hace años del Gobierno, incluso prometen las suyas propias, pero insisten en rescatarla sin demora como algo innegociable.

El futuro del aeropuerto

El aeropuerto de León, infraestructura que también depende del Gobierno a través de la empresa pública Aena, acumula también compromisos pendientes que limitan sus posibilidades de crecimiento. El más ambicioso es la construcción de una terminal de mercancías, una infraestructura cuya inversión la Diputación que gobiernan PSOE y UPL ha estimado en 43,6 millones de euros, con más dinero aún para una nueva conexión por carretera. Pero los intentos y compromisos de la institución provincial de momento siguen topando con el 'no' estatal de ejecutar una inversión hasta que no se garantice su viabilidad empresarial y demanda suficiente. Por eso no se ha concretado todavía ni inicio de las obras ni calendario alguno.

También se reclama a Aena la modernización del sistema de aterrizaje instrumental ILS del aeropuerto de León, del nivel 1 actual hasta el 3, reduciendo así las dificultades que provoca la meteorología.

Más crecimiento de la sede de la ciberseguridad

Otro compromiso que ha perdido fuerza con el paso de los años es la construcción de la segunda torre del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en el barrio de La Lastra de la capital leonesa. Se vendió como reforzamiento de las instalaciones de un organismo estatal estratégico para León y para el conjunto del país, pero el proyecto acumula al menos tres años de demora respecto a los primeros anuncios, que oscilarían entre los 6,5 y 12 millones de euros. La ampliación continúa así en el terreno de los compromisos pendientes, pese a la importancia de consolidar en León el crecimiento del centro nacional de referencia en ciberseguridad.

El buque insigna del Parador de San Marcos

La segunda fase, la prometida ampliación de Hostal de San Marcos, es otra de las grandes actuaciones estatales que acumula compromisos pero sin despegar. Tras la reapertura del edificio histórico en diciembre de 2020, después de una inversión de 16 millones de euros y reducción drástica de dormitorios y servicios del hotel 5 estrellas, buque insigna de Paradores Nacionales, quedó pendiente la ampliación del complejo con nuevas habitaciones, salones para eventos y otros espacios destinados a reforzar su oferta hotelera, en principio de al menos otros 30 millones más, pero las culpas van desde Paradores a Turespaña y viceversa.

El 'traje nuevo' del (Teatro) Emperador

No muy lejos, otro simbólico proyecto varado de león capital, quizá menos en este caso. La recuperación de uso cultural del Teatro Emperador es otro ejemplo de abandono prolongado, dado que el inmueble es estatal, como la promesa de reabrirlo, en pleno centro de León. Tras comprarlo el Ministerio de Cultura en 2007 por 4,5 millones de euros, continúa sin rehabilitarse ni haber recuperado su función. En torno a otros siete millones más serían necesarios e incluso se han llegado a prometer fondos del 2% Cultural. De momento hay avances urbanísticos esenciales aprobados por el Ayuntamiento leonés, que gobierna el PSOE, pero será el próximo Gobierno quien tenga la última palabra... o la vuelva a silenciar.

Un Parque Agroalimentario de El Bierzo... que es de la Junta en realidad

Parece que ocurre lo mismo con un prometido proyecto vital para la comarca de El Bierzo, con el desarrollo de un gran Parque Agroalimentario, que se ha vendido como importante para impulsar la transformación industrial y la comercialización de los valiosos productos agroalimentarios de la comarca. Y es que el Gobierno anunció un estudio de viabilidad y lo dotó de 200.000 euros, pero no se conoce resultado. Sin embargo, es injusto criticar aquí al Gobierno central: fue el PP desde la Junta de Castilla y León quien en 2007 lo anunció por su parte a bombo y platillo. El Gobierno, al menos, dio un tímido paso que ni siquiera le correspondía.

Agua de Pajares: el río que se nos lleva

La Variante de Pajares, una infraestructura ferroviaria de 25 kilómetros de túneles entre León y Asturias que acumuló más de dos décadas de obras y un coste cercano a los 4.000 millones de euros, sigue teniendo una factura ambiental pendiente en la Montaña Central Leonesa. La perforación de los túneles afectó a una veintena de acuíferos de la vertiente leonesa y provocó la pérdida de manantiales y arroyos, además de incluso problemas de abastecimiento en los grifos de los pueblos de la montaña. Aunque se ha atenuado, se llegaron a peder 350 litros por segundo de agua que se desviaba junto al tren AVE hacia la vertiente asturiana.

Más de veinte años después, y una dura lucha legal de los pueblos, el Gobierno sigue encargando nuevos trabajos para medir el alcance de esa afección y actualizar los estudios hidrológicos: poco más de compromiso. Hay recientes contratos impulsados a través de empresas públicas como Tragsa para tratar de mitigar aquellos gravísimos daños que está todavía por ver en qué quedan.

El dudoso Centro de Acogida de Protección Internacional de Villablino

Lo prometió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Villablino, con capacidad inicialmente prevista para unas 200 personas. Pero actualmente sufre un importante revés al perder la financiación europea con la que estaba previsto desarrollarlo y tan sólo dependería ahora de fondos estatales propios, pero hoy en día sin una garantía clara. El Ayuntamiento socialista los terrenos y el alcalde culpó a agilidad administrativa y trabas burocráticas de la Junta, si bien también hubo aparte modificaciones y restricciones normativas. Sobre el papel, el CAPI no está cancelado pero su futuro es hoy muy incierto. En la dañada comarca ex minera de carbón llueve allí sobre mojado, ya que aún se recuerda la promesa de construirse un Parador Nacional, del que no sólo no se movió una piedra sino que se sacrificó, derribándolo, un valioso edificio finalmente para nada.

Esta lista de necesidades prometidas y no satisfechas con la provincia de León es siempre ampliable pero es seguro que al próximo Gobierno le tocará asumir, o no, la responsabilidad de impulsarlas o buscar una justificación para que todo siga igual. Y que unas elecciones más las promesas electorales vuelvan a ser, como en este veintena de casos importantes, simple papel mojado.

La estética urbanística del corazón de la ciudad de León está llamada en un plazo medio de tiempo a vivir una considerable transformación en un punto emblemático con el derribo de un conocido edificio, cuyo mal estado lleva tiempo causando problemas importantes, y que podría reconvertirse en un nuevo y céntrico gran proyecto hostelero.

Se trata de la vieja casa situada en el número 13 de la calle Teatro, en plena esquina hacia la plaza de San Marcelo, justo enfrente del edificio consistorial del Ayuntamiento de León. Es decir, uno de los enclaves más reconocibles del centro de la capital y en una plaza flanqueada por este tipo de edificios de estampa todavía tradicional. El inmueble, en muy mal estado, lleva años totalmente abandonado con la única excepción de su bajo comercial, que hoy alberga la taberna La Genuina.

Lo que de momento está claro es que su futuro pasa por la piqueta. Después de ser adquirido por un conocido grupo hostelero de fulgurante éxito, ahora se han puesto en marcha dos procesos que marcarán su futuro inmediato. Por un lado, su declaración de ruina oficial. Y a continuación, el derribo de toda la casa. Este último proyecto cuenta ya con un informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, y apunta a que más pronto que tarde será demolido, sólo a falta de que culminen todos los trámites administrativos que pilota y confirma a ILEÓN el Ayuntamiento de la capital.

La última resolución de la Comisión de Patrimonio que preside el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, es muy reciente: el pasado 28 de octubre comunicaba al al Ayuntamiento tres decisiones. En primer lugar, la Junta se da por enterada de la decisión municipal de iniciar el expediente para declarar el inmueble en ruina. Es en este proceso en el que aparece la empresa propietaria de todo el inmueble y que lo impulsa. Se trata de KR Activo Estratégico SL, del Grupo Sibuya, un emporio leonés de restaurantes de comida asiática con presencia en tiempo récord en casi toda España y arrancando su expansión internacional.

Un 'sí pero todavía no'

El expediente de ruina deberá ser resuelto ahora por el Consistorio e informar del resultado de nuevo a Patrimonio. El segundo acuerdo reciente de éste abre la puerta a la futura desaparición del edificio, aunque sea para la construcción de otro similar. Y es que la Comisión informó favorablemente el proyecto de derribo presentado que pocos meses atrás había paralizado a falta de alguna documentación, relativa a las medidas que deben adoptarse para resolver las afecciones de las instalaciones que hoy en día discurren por la fachada del edificio.

Sin embargo, ese visto bueno todavía no equivale a una autorización definitiva para ejecutar la demolición. La propia resolución de la Junta establece en un tercer unto expresamente que el derribo, una vez concluido el expediente municipal de declaración de ruina, requerirá la definitiva autorización de Patrimonio. Pero todo se ve ya muy encaminado.

Sin embargo, el Ayuntamiento entiende ahora que puede haber ciertas contradicciones, porque al mismo tiempo Patrimonio informa favorablemente el derribo y también insta a no ejecutarlo hasta culminar el expediente de ruina municipal, y ha pedido alguna aclaración de tipo técnico.

El peligroso derrumbe que lo precipitó todo

Pero en lo que coinciden ambas administraciones es en lo esencial: que el estado del edificio es un auténtico peligro. Ya dio un serio susto cuando en febrero de este año hubo un derrumbe hacia la plaza de San Marcelo, por suerte con casi nadie en ese momento en las terrazas de la zona donde cayeron. El colapso parcial del muro situado en el espacio bajocubierta de la medianera sur obligó a la intervención urgente de los Bomberos, para asegurar la zona, tapiándose después nuevamente la zona pero inutilizando durante semanas y meses el espacio hostelero de la plaza. Un andamio de seguridad delata aquel episodio desde entonces.

Patrimonio ha insistido ahora al Ayuntamiento que autoriza toda medida de seguridad que se debe adoptar en este punto, incluso eliminando aquellos elementos que puedan sufrir un peligro inminente de caída. Por ejemplo, colocación de redes, apeos, reparaciones puntuales y la instalación de andamios, que pueden mantenerse mientras no concluya el expediente de ruina. Una decisión delicada porque, para dificultar más las cosas, la vivienda está dentro de la zona de doble y máxima protección del Camino de Santiago en su discurrir por León, que no sólo es Bien de Interés Cultural (BIC) sino Patrimonio de la Humanidad.

No en vano, antes de que el Consistorio aprobara sus propias normas del Plan Especial del Camino de Santiago, y por fin asumiera las competencias en este sentido, la Junta llegó a sancionar al establecimiento hostelero de pizzas aledaño por un 'mamotreto', una terraza con estructura permanente que según la Junta estaba totalmente prohibida.

En espera de un nuevo proyecto hostelero

Mientras la ruina oficial y el derribo de la céntrica casa se confirman definitivamente, ya con plazos y todas las bendiciones, la propiedad del Grupo Sibuya sopesa poner en marcha posteriormente un emblemático proyecto hostelero que adquiera una gran visibilidad en la ciudad leonesa que vio nacer a esta exitosa empresa, una especie de buque insignia.

En la actualidad su actividad bajo la marca Sibuya, que no es la única del grupo, se mantiene a muy pocos metros en un local situado en el mismo frontal de la acera que da a San Marcelo. ILEÓN ha intentado recabar detalles de sus planes con el inmueble con esta empresa, en espera aún de algún detalle más concreto. Pero tal y como avanzan los trámites administrativos, es sólo cuestión de tiempo la demolición de la vieja casa.

La clausurada fábrica azucarera leonesa de La Bañeza, que cerró abruptamente sus puertas hace año y medio dejando tras de sí a 150 trabajadores en la calle, podría tener un posible relevo industrial pero la multinacional británica dueña de la instalación no lo está poniendo nada fácil. Así lo ha desvelado hoy el portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, también consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado por posibles avances respecto a la reapertura, aunque con otra actividad distinta, de las instalaciones fabriles de la ciudad leonesa de la que se habló al principio de la crisis, con mediación del Ejecutivo autonómico, pero que nunca más se ha detallado.

Carriedo explicó que hay “grupos inversores” que han ido interesándose por la opción de reaprovechar la vieja fábrica remolachera de La Bañeza, como le consta a la Junta a través de la Fundación Anclaje que puso a mediar en una posible transacción, e incluso “alguno ha mostrado su interés” específico por desarrollar un proyecto alternativo “en el ámbito agroalimentario o diferente”. Pero también explicó que el problema radica en el alto precio que la multinacional propietaria de las instalaciones, el grupo Associated British Foods (AB Foods), pone para alcanzar un posible acuerdo, cifra que no le resulta del todo rentable a quienes desean instalarse en La Bañeza.

El portavoz relató que es esa “falta de acuerdo” la que viene lastrando una nueva salida industrial. Insistió en que la postura del Gobierno autonómico es “pedir que la Azucarera ofrezca sus instalaciones en condiciones muy favorables”, dado que “el promotor tiene unas cifras que encajarían en esta inversión”, pero su impulso “cuenta con acceder a las instalaciones en muy buenas condiciones” para cuadrar números, y eso es algo que no se produce.

El consejero insistió en que la pelota lleva tiempo en el terreno de la multinacional, propietaria también de la conocida firma textil Primark, pero sin que mueva ficha todavía para que rebaje la petición económica a cambio de sus instalaciones bañezanas en unas condiciones “que sean asequibles y accesibles”.

Recientemente, al cierre del último año fiscal, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se pudo conocer que la decisión de cerrar La Bañeza, la última azucarera en funcionamiento de la provincia leonesa, y reordenar la actividad en Miranda de Ebro, tuvo un coste de 37 millones de libras, es decir, al cambio algo más de 43 millones de euros, 38 de ellos básicamente por el coste de los despidos efectuados en su filial azucarera española. Unos despidos que fueron exactamente 150 sólo en la factoría leonesa de La Bañeza.

El Partido Popular (PP) de León ha acusado al alcalde de la capital, el socialista José Antonio Diez, de incumplir sus compromisos con el mantenimiento y limpieza de los colegios municipales, así como de mentir sobre las inversiones comprometidas para estos centros educativos públicos.

Su portavoz en el Ayuntamiento, David Fernández, ha acusado al regidor de aplica una “política bulista”, denunciando en rueda de prensa que las deficiencias se mantienen e incluso han aumentado, con problemas que van desde la presencia de ratas y garrapatas hasta goteras, calderas sin el mantenimiento adecuado, patios deteriorados, desconchones o falta de limpieza. Una situación que, según ha asegurado, afecta a los colegios en los que estudian cerca de 5.000 alumnos.

Fernández ha afirmado que más del 88% de las necesidades comunicadas por los colegios al Ayuntamiento, y recogida hace años por el Grupo Popular, siguen sin resolverse, ya que apenas se ha ejecutado un 12% de las actuaciones demandadas. Y a las deficiencias materiales se suma, según el portavoz popular, la falta de personal de limpieza, que debería ser fruto de un “megacontrato” de un millón de euros anuales que, denuncia, no se ha cumplido. Por eso, Fernández aseguró que «tras casi ocho años de José Antonio Diez como alcalde, los colegios municipales están peor que nunca“.

El portavoz del PP ha repasado los compromisos electorales de Diez en las elecciones municipales de los años 2019 y 2023, con medidas como la creación de un Consejo Municipal Escolar, un plan de mantenimiento continuo de los centros o un banco de necesidades de los colegios. Pero Fernández advierte de que ninguna de estas iniciativas se ha puesto en marcha. También ha recordado la auditoría que el PP realizó en 2024 sobre el estado de los centros y la moción presentada posteriormente en Pleno para reclamar un plan de choque con una inversión de un millón de euros anual durante 2025 y 2026, un plan trienal para atender las necesidades y un canal de comunicación con los colegios.

Fernández ha situado uno de los principales incumplimientos en el anuncio realizado por el alcalde en octubre de 2024, cuando, después de aquella moción, avanzó un gran contrato de mantenimiento de edificios municipales, cifrado en cuatro millones de euros para los colegios, a millón por año. También ha recordado el protocolo de intenciones que firmó Diez en diciembre de 2025 con el presidente de la Junta del PP, Alfonso Fernández Mañueco, también con el compromiso de invertir un millón anual en estos centros, y además en plena precampaña de las elecciones autonómicas.

Sin embargo, según ha señalado, las actuaciones previstas para este año se limitaron a 143.000 euros de trabajos de las brigadas municipales y otros 200.000 euros en pintura, cifras reconocidas en el Pleno a preguntas populares, mientras que el contrato finalmente adjudicado en octubre de 2026 contempla 392.000 euros anuales para el mantenimiento de los colegios. “Mintió a sabiendas”, acusó Fernández a Diez.

El portavoz recordó también que el regidor aseguró en el Pleno de julio y en la defensa de los tardíos presupuestos para este año pactados con UPL, que el millón de euros estaba incluido en ese contrato, pese a que, según el PP, la cantidad finalmente consignada estaba muy por debajo de lo anunciado. “Esta es la manera de hacer política de este alcalde: anuncios grandilocuentes que luego quedan en nada”, ha criticado Fernández.

Frente a esta situación, y tras las críticas la gestión actual, Fernández, que también es ya candidato a las próximas elecciones municipales del año 2027 a la Alcaldía leonesa, ha asegurado que se compromete a garantizar el mantenimiento de los centros y una comunicación fluida con sus responsables si logra gobernar la ciudad. “El buen estado de los centros escolares donde estudian nuestros niños sí es una prioridad para el Partido Popular”, ha afirmado, antes de prometer que, si alcanza la Alcaldía, el Ayuntamiento cumplirá sus compromisos de inversión, con ese millón anual mencionado.

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 es “una enmienda a la totalidad a cómo funciona un sistema capitalista feroz que se come a sí mismo”. Por eso, el llamamiento a la población de la provincia de León al paro completo y al “consumo cero” en esa jornada del 11N es para utilizar de manera masiva “el arma más poderosa” que los sindicatos convocantes ven en la huelga, para garantizar el cambio de políticas hacia la grave situación que viven las clases trabajadoras.

Esta es la filosofía desgranada por UGT, CCOO y CGT ante la proximidad de una jornada de huelga general que confían en que sea un éxito en la provincia leonesa, especialmente por la situación concreta que aqueja a León. Así lo remarcaron sus líderes provinciales, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, que hoy comparecieron para desgranar no solo los motivos sino también las movilizaciones previstas en esa jornada, acompañados por Guillermo Nieves, representante de la recién creada Asamblea Vivienda León.

Bajo la reivindicación general de “salarios dignos, vivienda y derechos para vivir mejor”, los motivos del paro total del miércoles se resume de manera sencilla en que es “un clamor” el hecho de que en León “nos cuesta excesivamente vivir, vivir de forma digna” y luchar contra ello “no va de elecciones”, defendió Blasco, porque similares protestas se viven en otros países, desde Francia a Bélgica o Portugal. La representante de Comisiones Obreras hizo un llamamiento a defender esa vida digna a través de la “ocupación de las calles” este miércoles.

La forma de hacerlo, además de a través de piquetes sindicales desde primera hora por centros de trabajo de la capital, será con tres movilizaciones principales en la provincia: a las doce del mediodía ante la Casa de Cultura de Villablino, a las siete de la tarde desde la Plaza de Lazúrtegui de Ponferrada, capital de El Bierzo, y a la misma hora desde la Plaza de San Marcos en León.

Reguero, como el resto de comparecientes, puso especial acento en los problemas actuales de vivienda, a la que hay que dedicar “más de la mitad de los salarios” que por otra parte se quedan escasos respecto al global encarecimiento de todo, culpa también, denunció, de un “bloqueo” de convenios con la Patronal que “no sé si es porque esperan a un cambio de Gobierno para poder hacer lo que tengan que hacer”.

La vivienda, en el punto de mira

López, por su parte, aseguró que la huelga general es hoy “la única manera para avanzar en derechos” y evitar que la sociedad se convierta en un grupo de “trabajadores pobres”, por lo que abogó por que “hay que paralizarlo todo” el miércoles. Especialmente coincidió con el representante del colectivo de Vivienda digna en León en cifras que demuestran el problema en León, donde sólo en la capital hay un parque de alquiler de apenas 170 pisos, frente a “más de 600 de alquiler turístico”, que exigen regular y limitar, o las 6800 casas vacías existentes. Nieves añadió que “dos de cada tres jóvenes deben dedicar más del 40% de su salario” para poder vivir de manera independiente bajo techo, por lo que también llamó a continuar con el “movimiento gigantesco” surgido a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid.

La Asamblea de Vivienda, además de piquetes universitarios desde las nueve de la mañana del miércoles 11 de noviembre, protagonizará una marcha por León desde Biológicas por varios institutos públicos, la plaza de Santo Domingo y final en la Subdelegación del Gobierno en León, en la Plaza de la Inmaculada.

Y la gran manifestación del cierre de la jornada de huelga general, que también hoy han asegurado secundar otras organizaciones políticas como Izquierda Unida o el Partido Comunista de León, tiene su arranque previsto ese mismo miércoles 11N desde la Plaza de San Marcos, por la Inmaculada, avenida de Roma, plaza de Guzmán, avenida Ordoño II, Independencia y calle Arco de Ánimas hasta desembocar finalmente en la Plaza de San Marcelo, en el corazón de la ciudad, donde se hará recuento de la jornada de protesta y se leerá el manifiesto conjunto sobre el paro.

Hubo un tiempo en España, se cumplen ya 90 años, en el que la vida pendía de un hilo. No ocurría solo en un contexto de Guerra Civil, porque lejos de todo frente bélico el odio y la venganza también campaban a sus anchas, provocando historias desgarradoras que en una mayoría de casos jamás se conocerán.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de León quiere ahora arrojar luz sobre uno de aquellos episodios ocurrido en la comarca de El Bierzo. Tiene por protagonistas a dos víctimas, ambos afiladores gallegos; a un grupo de guardias civiles, que a pesar de aplicarles la 'ley de fugas' extrajudicial con un tiro en nuca resultaron eximidos de toda culpa por actuar en “cumplimiento del deber de defensa sagrada de la Patria”; e incluso a un alcalde franquista, líder local de Falange, que desveló este truculento suceso pero tuvo que rectificar por las amenazas de muerte sufridas.

La historia comienza con una escena sencilla: en agosto de 1938 dos hombres caminaban por un camino de Corullón. Eran Benigno Álvarez Gómez y José María Fernández Pérez, afiladores ambulantes, ambos de Nogueira de Ramuín (Ourense). Hablaban despreocupadamente sobre los incendios de iglesias y otros desmanes sangrientos durante la Guerra Civil en zona republicana. Y según consta en la investigación judicial abierta meses después, la versión que manifestaban en aquella charla intrascendente al aire libre versaba sobre la teoría de que los incendios atribuidos a los republicanos eran obra en realidad de fascistas del bando nacional.

Aquellas palabras casuales resultaron ser su perdición. Porque fueron escuchadas por una persona que acabaría ordenando su detención. Sería el origen de una pesadilla que terminaría con ambos jornaleros muertos de sendos disparos en la nuca, en plena madrugada a manos de guardias civiles, sin mediar juicio alguno, y con una investigación militar que los acabaría exculpando al considerar que en aquella ejecución actuaron por la “defensa sagrada de la Patria”.

Los ecos de aquella tragedia resuenan ahora, casi 90 años después. La ARMH prepara una nueva excavación para recuperar sus restos en el cementerio de Trabadelo, donde fueron enterrados después de que sus cadáveres aparecieran en una primera fosa en marzo de 1939. Se espera que la exhumación pueda ser en pocas semanas, tras avanzar los trámites a raíz de una solicitud de los familiares de uno de los asesinados. La actuación pretende devolver sus nombres a los restos que todavía permanecen en aquella sepultura sin inscripción, reconstruir sus últimos momentos y permitir que sus familias puedan recuperar sus cuerpos y darles la sepultura que ellos elijan.

Tanto Benigno Álvarez Gómez, de 37 años, como José María Fernández Pérez, de 44, habían nacido en Nogueira de Ramuín, en Ourense, y se ganaban la vida como afiladores ambulantes. La documentación conservada permite reconstruir no solo cómo murieron, sino también parte de las vidas que dejaron atrás, con esposas e hijos que quedaron separados de ellos por cientos de kilómetros y por una violencia que durante décadas permaneció cubierta por el silencio.

Cuando ambos recibieron un tiro cera del puente de Trébeda, en Trabadelo, Benigno había dejaba mujer y cinco hijos, y José María cuatro. Cuando los militares recuperaron el cadáver del primero en 1939, encontraron en su chaleco una cartera de cuero con sus cédulas personales de 1934 y 1935, el certificado de exención del servicio militar de 1925 y un resguardo de giro postal dirigido a su esposa. El segundo presentaba un disparo con entrada por la región occipital y salida por la frontal y pero no portaba llevaba documentos que permitieran identificarlo: fueron su estatura, de aproximadamente 1,70 metros, su complexión y las prendas que vestía (una guerrera caqui, un chaleco de dril y un pantalón azul de mahón) las que permitieron reconocerlo.

Una detención por hablar de los incendios de iglesias

La propia investigación militar, incorporada al expediente por la ARMH, sitúa el origen de los hechos en Corullón, donde los dos afiladores fueron detenidos por Antonio Merayo Arias, alcalde de la comisión gestora. Según las diligencias, Merayo los había escuchado conversar mientras caminaban y atribuyó a sus palabras una acusación especialmente comprometida en el contexto de la guerra: que los incendios de edificios e iglesias achacados a “los rojos” los provocaban los propios nacionales. También habrían hablado de las mutilaciones cometidas contra personas simpatizantes de izquierdas.

Sin que consten más testigos de que esa conversación fuera cierta, las supuestas palabras llegaron a conocimiento de la autoridad local y desembocaron en su arresto inmediato. Permanecieron entre tres y cuatro días detenidos en Corullón, hasta que una pareja de la Guardia Civil acudió a recogerlos en un autobús amarillo, conducido por Adolfo Ogando Mouco. El pretexto, según la reconstrucción del caso, era trasladarlos a Ponferrada para que declarasen ante el teniente coronel Pedro Romero Basart, jefe de Unificación de Servicios.

Pero la investigación atribuye a Romero Basart una consigna que lo cambiaría todo: no quería detenidos. Por eso los dos afiladores nunca llegaron a su destino ni a comparecer ante el mando militar. En una fecha incierta de la primera quincena de agosto de 1938, según la cronología que se extrae del expediente, en plena madrugada, entre la una y las dos, el vehículo frenó cerca del puente de Trébeda, en Trabadelo.

Los guardias civiles Bartolomé García Miguel, que todo el mundo conocía como 'Bartolo', y Antonio Feliz Álvarez, llamado 'Antonio', aparecen señalados en la investigación franquista como los autores materiales de los disparos. La reconstrucción de los hechos apunta a una ejecución extrajudicial, a bocajarro y por la espalda. Los informes forenses posteriores documentaron impactos de bala en la cabeza.

El alcalde falangista que lo contó todo y fue amenazado

Pero uno de los detalles que hace especial este caso es que entre los testigos de aquella madrugada se encontraba Camilo Santín García, alcalde de Trabadelo y además jefe local de Falange. Fue él quien testimonió en primera instancia la violencia ejercida contra los dos detenidos y la autoría de su ejecución. En su primera declaración, Santín explicó que la Guardia Civil lo había despertado en su casa de Pereje para que indicase el camino hacia Paradela. Subió al autocar y vio a los dos detenidos flanqueados por los guardias civiles de Villafranca del Bierzo. Al llegar al puente de Trébeda, relató, los hombres fueron obligados a bajar. Uno pidió que le permitieran cumplir sus deberes cristianos antes de morir pero, declara el regidor, los guardias lo rechazaron y les obligaron a caminar por delante.

Santín sostuvo inicialmente que estuvo dentro del vehículo y escuchó numerosos disparos. También que de regreso recriminó a los guardias el procedimiento empleado, porque podía ahuyentar a personas huidas que quisieran entregarse. La respuesta que dijo recibir fue una auténtica amenaza: a cualquiera que contara lo ocurrido “se le daría un tiro”.

El guardia civil Flavio Llanes Rodríguez, del destacamento de Trabadelo, intentó dar una explicación muy distinta. Según su relato, los agentes de Villafranca se habían adelantado con los prisioneros cuando se escuchó la voz de “¡Alto a la Guardia Civil!”, seguida de tres o cuatro disparos. Alegaron que los hombres intentaron escapar, la típica estampa de la irónicamente conocida como 'ley de fugas'.

El 18 de febrero de 1939, meses después de los asesinatos, Camilo Santín volvió a declarar para defender esta vez haber presenciado directamente la ejecución, a unos 20 metros de distancia. Según su nueva versión, vio cómo Bartolo y Antonio se adelantaban con los dos afiladores y los mataban con unos cuatro disparos de pistola. Llamativo: los guardias portaban fusiles. Admitió no haber contado toda la verdad en su primera comparecencia y su justificación fue que los dos guardias civiles lo habían amenazado de muerte, incluso asegurando que podían implicarlo a él en los crímenes si hablaba. Pero en realidad, lejos de intimidarle, reforzó la hipótesis de una fría y dejó constancia oficial y por escrito de los mecanismos de terror utilizados para proteger a sus autores.

Santín añadió otro detalle: los guardias pretendieron que, en su condición de alcalde, ordenara el entierro de los cadáveres. Se negó y exigió que le entregaran la orden por escrito.

Las autopsias, muy claras

Las denuncias sobre los desmanes violentos de la Guardia Civil en el entorno de Villafranca del Bierzo dieron lugar a las diligencias previas 1062/38 y 1063/38, incoadas los días 15 y 20 de septiembre de 1938 y que desvela ARMH. Se documentaron expresamente doce muertes extrajudiciales en la zona, las de los dos afiladores gallegos y otra decena.

El 16 de marzo de 1939 se exhumaron los cadáveres de Benigno Álvarez y José María Fernández de una fosa primaria situada en el paraje conocido como Peña de las Cabras, apenas a 70 centímetros de profundidad. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Trabadelo para su autopsia e identificación y quedaron enterrados de nuevo en una fosa dentro del camposanto, donde siguen hasta hoy.

Dos médicos zanjaron que ambos murieron por destrucción de la masa encefálica causada por impactos de arma de fuego en la cabeza. Pero documentar con detalle los asesinatos no supuso castigo alguno a sus autores. El 20 de enero de 1940, la Auditoría de Guerra de Valladolid decretó el archivo y sobreseimiento de la causa sin exigir responsabilidad criminal. La resolución justificó los hechos como “incidentes propios de una guerra cruenta y dura” -sin que jamás hubiera ni frente bélico cercano-. Y sostuvo que los guardias habían actuado en “cumplimiento del deber de defensa sagrada de la Patria”.

Una sepultura sin nombre

La inhumación que ahora plantea la ARMH se apoya en los muchos documentos de la propia investigación militar. La diligencia del 16 de marzo de 1939 registró las medidas de la fosa dentro del cementerio de Trabadelo y eso permite delimitar hoy con exactitud el área de búsqueda. Se encuentra en la esquina sureste del recinto, en una sepultura de tierra lisa, sin inscripción ni elementos ornamentales, situada entre dos bloques de nichos de unos 2,30 metros de altura.

Marco González, que preside la Asociación en León, espera que los trabajos arqueológicos que dirigirá Serxio Castro Lois apenas sumen dos jornadas de excavación, en una zona de superficie máxima de cuatro metros cuadrados, limitando toda afección al entorno y no dañando los nichos próximos. Primero, se inspeccionará la superficie y se emplearán detectores de metales para buscar posibles restos balísticos. Después habrá excavación arqueológica manual, retirando la tierra por niveles y documentando los hallazgos. Si se confirma la presencia de la fosa correspondiente a las dos víctimas, se estudiarán posibles lesiones óseas producidas en el momento de la muerte para contrastarlas con las trayectorias descritas en las autopsias de 1939.

ADN para devolver los restos a sus familias

Contando con que los restos de los dos afiladores asesinados sean recuperados, se trasladarán al laboratorio de la ARMH en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Allí se tomarán muestras de hueso y piezas dentales para realizar los análisis genéticos que permitan contrastar su ADN con muestras salivares de familiares.

Como siempre, se trata de un proceso gratuito para las familias, financiado íntegramente mediante las cuotas de los socios y las donaciones de la asociación, ya que no se piden subvenciones públicas para esta intervención. Finalmente, si hay coincidencia genética, los restos serán entregados oficialmente a sus familiares, que podrán decidir dónde inhumarlos. Solo si las pruebas no son determinantes se procederá a su reinhumación digna en el propio cementerio de Trabadelo, siguiendo el protocolo estatal.

Sea como sea, se cerrará el capítulo final de otro violento relato real de represión impune del franquismo y al menos se habrá podido desenterrar de cara a la opinión pública y a la historia. Su sepultura casi olvidada, como la autoría de su brutal asesinato, contará por fin con nombres y apellidos.

Ni un viernes sin su multimillonario contrato privatizado de servicios básicos para la ciudad de León por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. La Junta de Gobierno de este viernes ha resuelto contratar, a las mismas dos empresas que hasta ahora, el servicio de conservación, reparaciones, obras de reposición y mantenimiento integral de las calles públicas de la ciudad.

El coste final de adjudicación ha resultado ser de 18,6 millones de euros para un periodo inicial de cuatro años, con opción a una prórroga de un año a mayores, lo que comprometerá al Consistorio hasta el año 2031.

Este contrato privatizado es el que deja en manos de compañías, y no de brigada municipal alguna, el mantenimiento de seguridad, accesibilidad y calidad las calzadas, aceras, plazas, parques, puentes, caminos y pasarelas peatonales de todo el término municipal. Las firmas seleccionadas, entre las cuatro ofertas presentadas a uno de los contratos más jugosos del Consistorio leonés, han vuelto a ser las que ya prestaban este mismo servicio en los últimos cuatro años: la unión temporal de empresas (UTE) formada por Seys Medioambiente SL y Sogesel Desarrollo y Gestión SL.

A través de una nota de prensa, el equipo de Gobierno detalla que el contrato se articula en dos grandes bloques de actuación anuales referidos a los servicios fijos, por un lado, y a las inversiones asociadas a precios unitarios, por otro. Los servicios fijos quedan adjudicados por un importe anual de 2.473.672,82 euros, tras aplicarse una baja del precio inicial de licitación del 13,31%, mientras que el bloque de inversiones asociadas a precios unitarios se sitúa en 1.251.198,43 euros al año tras una baja ofertada del 24,01%. Y es que le contrato partía de una cifra récord de nada menos que 27 millones de euros de licitación.

Aseguran ahora que el importe resultante de ambas bajas se reinvertirá íntegramente dentro del propio contrato para ampliar la extensión de las actuaciones y ejecutar un mayor volumen de obras de reposición en la ciudad. Las intervenciones abarcarán la renovación de pavimentos de calzada y zonas peatonales empleando aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos a base de resinas, contando cada prestación recibida con un plazo de garantía de tres años cuando se terminen los trabajos realizados.

Esta vez el contrato incorpora una novedad tecnológica y ambiental, resulta el Consistorio, ya que contempla el desarrollo, implantación y mantenimiento del software de gestión informatizada y control necesario para dar soporte a la denominada 'Vertical de mantenimiento viario', integrando la conservación física de las calles en el modelo de ‘smart city’ de la capital leonesa.

Igualmente, el contrato compromete a las firmas a aportar una flota de cinco vehículos con etiqueta ECO y el mantenimiento de los mismos puestos de trabajo que ya realizaban este mismo servicio, que suman un total de 16 puestos, entre titulado superior, encargado, responsable de organización, cinco oficiales de primera, otros tantos de segunda y tres peones, según consta en la documentación del contrato.

29 nuevas viviendas en La Lastra

La Junta de Gobierno Local también ha otorgado hoy licencia de obras para la construcción de un edifico de la parcela 31-1R de La Lastra, en la calle Juan Pablo II, donde se van a construir 29 nuevas viviendas. Se suma a numerosas y recientes licencias a mayores en un barrio que, aunque desarrollado hace años, es ahora cuando muestra mayor efervescencia constructiva.

El conflicto laboral que se vive en el Coto Escolar de León suma un nuevo frente político. Unión del Pueblo Leonés (UPL), a pesar de ser habitual socio preferente del PSOE que gobierna en el Ayuntamiento de León, ha salido en defensa de los monitores municipales y ha cargado contra el alcalde, el socialista José Antonio Diez. Afea en un comunicado de prensa sus declaraciones sobre las responsabilidades de los trabajadores y le acusa de haber planteado la posibilidad de recurrir a una gestión privada o indirecta del servicio hasta ahora netamente público si no existe flexibilidad para resolver el desacuerdo laboral.

La concejala leonesista Seila Fernández ha mostrado el respaldo de su grupo a las reivindicaciones de la plantilla y ha calificado de “amenaza ruin” la posibilidad de privatizar un servicio público que funciona desde 1984, a plena satisfacción de las familias leonesas. UPL reclama al equipo de Gobierno que reconozca las funciones que realmente desempeñan los educadores, mejore sus condiciones profesionales y cumpla los compromisos alcanzados con ellos hace meses en esos sentidos.

El origen del conflicto está en la diferencia entre la categoría profesional reconocida a los monitores, encuadrados en el Grupo IV, y las tareas que vienen desarrollando, que UPL admite que se sitúan en el nivel superior del Grupo III/C1. Entre ellas se encuentra el diseño y la impartición del proyecto pedagógico del Coto Escolar, una labor que, según la formación leonesista, llevan años asumiendo sin que se haya regularizado adecuadamente su situación laboral.

Junto a las críticas del PP

La formación, que se suma así a las críticas ya vertidas por el Grupo Popular, recuerda que el pasado 19 de junio de 2026 la Mesa de Negociación acordó por unanimidad mantener el abono de las diferencias salariales mientras los trabajadores continuaran desempeñando esas funciones de superior categoría. Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido ese compromiso y ha dejado de efectuar los pagos correspondientes.

Como respuesta, desde el 13 de octubre los monitores han optado por ceñirse exclusivamente a las funciones que corresponden a su categoría profesional reconocida. Una decisión que ya tiene consecuencias en el funcionamiento del centro, con la anulación de visitas de colegios y la incertidumbre sobre la continuidad de los campamentos de Navidad y las ludotecas.

La situación afecta a un servicio educativo, medioambiental y deportivo que lleva más de cuatro décadas recibiendo a escolares y familias de León y que atraviesa uno de sus momentos más delicados. La controversia laboral se suma a otros desencuentros recientes, entre ellos la aplicación de un nuevo reglamento y distintas resoluciones judiciales relacionadas con las condiciones de trabajo de la plantilla, la mayoría de ellas favorables a los empleados.

La versión del equipo de Gobierno

En este contexto, UPL rechaza también las declaraciones del alcalde sobre la responsabilidad de los escolares. Diez, como también argumentó el teniente de alcalde y concejal de Personal, Vicente Canuria, había señalado que la tutela y el cuidado de los menores corresponden a los profesores que acompañan a los menores usuarios. Para los leonesistas, esa afirmación supone trasladar una imagen equivocada del funcionamiento del Coto Escolar, al considerar que los centros educativos no acuden simplemente a utilizar unas instalaciones, sino a participar en un programa de actividades educativas guiadas por los propios monitores municipales.

La formación cuestiona igualmente el argumento económico esgrimido por el regidor, quien habría advertido de que modificar la categoría profesional de estos trabajadores podría obligar a revisar la de otros servicios municipales, con el consiguiente incremento del gasto. UPL sostiene que esa adecuación no supondría el grave perjuicio económico que plantea el alcalde y considera injustificado utilizar ese argumento para no reconocer las funciones que desempeña la plantilla. Por todo ello, Seila Fernández exige al equipo de Gobierno que retire la posibilidad de privatizar el servicio, deje de buscar excusas económicas y cumpla los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación.

“Si lo que quieren es hacerse las víctimas y tirar de ese victimismo y buscar tratos preferentes, con este Gobierno no cuenten”. Este fue el enroque político con el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vino a resumir su contestación a las críticas lanzadas hoy en las Cortes autonómicas por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE al contenido de los presupuestos para 2026 en la provincia de León.

El presidente del Ejecutivo que conforman Partido Popular (PP) y Vox fue interpelado por la líder de la formación leonesa, Alicia Gallego, quien tildó “de ”bofetada al futuro de la Región Leonesa“ las cuentas autonómicas de 2027, reclamando a Mañueco ”escucha para un cambio real“. La también portavoz parlamentaria defendió que su modelo ”empuja activamente“ al éxodo rural y a la despoblación, condenando a la provincia de León pero también a Zamora y Salamanca a ”un invierno demográfico crónico“, sobre todo porque las nuevas cuentas públicas e inversiones que propone ”son una burda copia y pega de promesas incumplidas“ que acumulan hasta dos décadas de retraso.

Así, por ejemplo, consideró “un insulto” la gestión sanitaria de su Gobierno, en la que hablan de “excelencia mientras ejecutan la supresión y el cierre encubierto de más de 572 consultorios rurales, sí, esos de los que usted dijo ”ninguno“”, le espetó recordándole una frase tan categórica como falsa de la sesión anterior, cuando Mañueco negó tajantemente que hubiera un solo consultorio cerrado en la Comunidad. La realidad, dijo Gallego, es “el colapso estructural” sanitario que se refleja específicamente en comarcas como la de El Bierzo.

El “gran cero” de carreteras

La leonesista remarcó también los recortes educativos, que justifican la huelga de este miércoles 4 de noviembre, o “el gran cero” en inversión en carreteras, por los cero kilómetros inaugurados desde que gobierna con la parálisis de la León-Bragança y los más de 100 kilómetros de nuevas autovías prometidos en el Plan de Carreteras 2008-2020 caducado y que aún no tiene ni relevo.

Y tras mencionar partidas irrisorias y años de retraso, Gallego terminó afeando que además el grueso del dinero se encuentra “en su administración paralela” al desinflar la inversión real, por ejemplo, en la provincia de León un 15% respecto al último proyecto de presupuestos, fruto de derivar los fondos a la ‘Junta B’ de la empresa Somacyl.

Los argumentos del presidente

Mañueco menospreció, por “victimista”, la visión de UPL, asegurando que quizá se debiera a que “su problema (el de la portavoz) es que viaja o se mueve poco” porque “hay inversiones en todas las provincias”, defendió. Y puso por ejemplos el Grado de Medicina para León, criticando que el grupo leonesista “no creía en ello”, algo que posteriormente Luis Mariano Santos criticó con dureza como “un bulo”; los helicópteros sanitarios para todas las provincias, que será doble sólo en León por diseñarse una base propia en El Bierzo; el éxito del autobús gratuito de Buscyl; como “lo será”, añadió a futuro, “la Unidad de Radioterapia para El Bierzo, la de Reanimación para el Hospital de León, o ampliaciones de polígonos industriales como el Tecnológico de León o El Bayo en Cubillos.

En su turno, el socialista Mario Rivas, que además de procurador es alcalde del PSOE de Villablino, tuvo ocasión de ampliar las críticas presupuestarias al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que insistió en argumentos a favor de las cuentas ahora en tramitación respecto a áreas como polígonos o helicópteros sanitarios, como hiciera antes Mañueco.

Las razones de Carriedo contra las del PSOE

Carriedo se ciño a tres puntos que a su juicio benefician a los leoneses del nuevo presupuesto autonómico para 2027, como la bajada de 36 tributos que sumarán un beneficio que cifró en “147,7 millones de euros para 114.609 leoneses”; la mencionada extensión de helicópteros de emergencias sanitarias que se duplicarán en la provincia leonesa; o unas cifras de inversión provincial cifradas en 240,5 millones, con 16 de su propio departamento a polígonos.

Rivas le replicó, como UPL, con el argumento de que muchos de los compromisos presupuestarios son “proyectos de décadas” retrasados en la provincia de León. Y se refirió a datos como los 215 días de listas de espera en El Bierzo, que genera “pacientes de segunda”, el incumplimiento con el sobreesfuerzo que se le deben a las comarcas mineras, con ejemplos como la falta de compromiso con proyectos del tipo del Ponfeblino, que a pesar de ser autonómico cuenta con 4 millones del Gobierno, recordó. Amén de dejar abandonado al territorio en conflictos como el del puerto de Pinos en San Emiliano, Babia. “Llevamos demasiados años poniéndole paciencia a León pero la paciencia no crea empleo ni abre consultorios ni fija población”, resumió Rivas.

La proclamación definitiva de las candidaturas de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de este año 2026, publicadas este martes, llegan con alguna inesperada sorpresa de última hora en la provincia de León. Y sin duda la que más llama la atención es la no proclamación final, aunque sí habían presentado lista, de la candidatura de Podemos al Senado.

Es muy relevante esta novedad dado que de este modo la única candidatura de izquierdas con opciones de conseguir actas en la Cámara Alta será la coalición Senado de Progreso, que fue integrada por el PSOE y Frente Amplio (es decir, Izquierda Unida y Sumar).

La formación morada, que había presentado en un primer momento con una lista propia encabezada por Edith Peña Domínguez, Modesto Ramos Maraña y Ariana Alonso Celorio, finalmente queda no proclamada por la Junta Electoral, tal y como se resalta en el listado definitivo publicado este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En su lugar, entre las papeletas de color sepia al Senado aparecerá con más fuerza aún la conjunta que encabezará el socialista Salvador Vidal Varela, por tercer mandato consecutivo, dejando el segundo puesto para Laura Fernández Bermejo, actual concejala y portavoz de IU en San Andrés del Rabanedo, y reservando el tercer puesto al berciano Manuel Alfonso González.

Según han confirmado a EFE fuentes de Podemos, la manipulación en la documentación de María del Carmen Durán, la primera de las suplentes del número dos en la lista a la Cámara Alta, Modesto Ramos, ha motivado que no se haya podido proclamar esa candidatura. El motivo es que, al no poder mantener a esa integrante, la lista no cumple con las condiciones de paridad exigidas. El partido está tratando ahora de resolver estudiando con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso, informa EFE.

Doble caída de 'Por un mundo más justo'

La exclusión de Podemos no es la única modificación a las candidaturas inicialmente presentadas el 28 de octubre. Por un Mundo Más Justo tampoco ha sido proclamado finalmente en ninguna de las dos cámaras, ni con María Elena Cánovas Puglisi como cabeza de lista al Congreso y ni María José Ríos Jurado al Senado, como inicialmente se recogía.

De este modo, las candidaturas al Congreso de los Diputados pasan de 13 a 12, mientras que las del Senado se reducen de nueve a siete. La oferta electoral definitiva mantiene una amplia fragmentación en la Cámara Baja, pero presenta una mayor concentración de opciones en la Cámara Alta, donde desaparecen las candidaturas propias de Podemos y Por un Mundo Más Justo.

En total, 425.983 electores de la provincia de León están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre para elegir a sus representantes en las Cortes Generales.

Los doce partidos que se presentan al Congreso por León

El PSOE vuelve a presentar como cabeza de lista a Javier Alfonso Cendón, actual secretario general de los socialistas leoneses y diputado nacional durante la anterior legislatura. El Partido Popular concurre con Ester Muñoz, portavoz parlamentaria de la formación y expresidenta provincial del partido.

Vox repite con Pablo Calvo Liste como número uno, mientras que Frente Amplio, la coalición formada por Izquierda Unida y Sumar, presenta a Rubén Estévez Miguel. Podemos mantiene su candidatura al Congreso en solitario, con Sixto Martínez Álvarez al frente de la lista, pese a no haber conseguido la proclamación de su candidatura al Senado.

El posible voto leonesista

El leonesismo, una vez que Unión del Pueblo Leonés (UPL) rechazó presentarse, estará representado por dos formaciones: el Partido Regionalista del País Leonés (Prepal), con Manuela Iglesias Carro nuevamente como candidata principal, y Proyecto Alantre, que se estrena en unas elecciones generales con José Antonio Fernández García al frente de la lista y presencia de integrantes del movimiento social Conceyu, con quienes pactó esta maniobra.

Completan las doce candidaturas proclamadas Frente Obrero, con José Manuel Estébanez Fernández; el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), con María Natividad Franco; Se Acabó la Fiesta (SALF), con Enrique Jesús Pérez; el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con Estrella Alonso Almazán; y Escaños en Blanco, con María López Castellanos.

La candidatura de PACMA incorpora además una corrección en el apellido de una de sus suplentes: Olga Concepción Álvarez Alonso sustituye en la lista definitiva a Olga Concepción Álvarez Toledo. También el Partido Popular modifica el apellido de uno de sus suplentes, Julio Arias Escuredo, que inicialmente figuraba como Julio Arcas Escuredo.

Las siete candidaturas definitivas al Senado

La Cámara Alta presenta una oferta electoral más reducida. La coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE y Frente Amplio, estará encabezada por Salvador Vidal Varela, que acumula ocho años de presencia en el Senado. Laura Fernández Bermejo ocupará el segundo puesto y Manuel Alfonso González cerrará la candidatura como tercer titular.

El Partido Popular presenta a Silvia Franco González, Antonio Silván Rodríguez y María Asunción Mayo Fernández. Vox concurre con Jaime Alonso Gila, Laura Gallego Gaspar y Raúl Ramos Juan.

El Partido Regionalista del País Leonés (Prepal) estará representado por Jesús Fernández Villar y Catalina Antúnez García, mientras que el Partido Animalista (PACMA) presenta a María Begoña Fernández García y Juan Carlos Ramos Rodríguez. El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) concurre con Pedro Gómez García y Escaños en Blanco lo hace con Rafael Díez Gutiérrez y María Esther Chamorro Alonso. Los demás cambios son apenas correcciones de algunos apellidos, tildes incluidas.

Mucho antes de que el hombre soñara con la imprenta, las máquinas de vapor o los aviones, fruto de una tradición de siglos que superar con creces incluso la misma concepción de España tal y como se la conoce, el ganado, los perros y los pastores ya habían inventado lo que con el tiempo serían las carreteras, las autovías y las líneas ferroviarias.

Miles de cabezas recorría distancias entonces casi interminables siguiendo una red de caminos que conectaba los pastos del norte con las dehesas del sur de la Península, al estilo de como lo hicieran para el resto de actividades humanas las calzadas romanas. La diferencia es que por esas rutas ganaderas viajaban cada año, siguiendo el palpitar de las estaciones, rebaños enteros, con un itinerario repleto de sabiduría natural y transmitido de generación en generación.

La trashumancia hizo economía pero también transmitió cultural y ayudó a coser territorios separados por cientos de kilómetros. En esta épica historia, el León que fue Reino y hoy provincia, ocupa un lugar privilegiado. Y ese lugar acaba de recibir, al menos sobre el papel, la protección máxima que se merece.

Tiene un nombre farragoso y gris: Se llama Real Decreto 925/2026. Lo ha impulsado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Pero esconde muchas novedades. Lo primero es que establece, por primera vez de manera formal, una Red Nacional de Vías Pecuarias, y por fin concreta qué itinerarios forman parte de ella.

La suma en toda España es mareante, de 11.390 kilómetros, suma de cañadas reales, ramales y rutas que atraviesan distintas comunidades autónomas e incluso conectan territorios de Portugal o Francia. El Gobierno pone así en un mapa oficial esta histórica logística ganadera, una referencia cartográfica oficial. Lo que es casi más importante: pone las herramientas jurídicas para defender estos caminos como patrimonio público.

Ya gozaba la trashumancia en sí misma del más alto grado de protección desde que en 2023 la Unesco la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, afectando no sólo a España sino a otras latitudes como Albania, Andorra, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo o Rumanía. Pero ahora España toma conciencia formal de la trascendencia de esta red histórica, de las autovías que siguen haciendo posible la trashumancia.

Por eso, la trascendencia va más allá de la ganadería. Se valora su papel vital como auténticos caminos de biodiversidad, corredores naturales que permiten conectar hábitats, facilitar el desplazamiento de especies y el intercambio genético entre animales, vegetales y poblaciones. Incluso el paso del ganado lanar o de otro tipo contribuye a controlar la vegetación y así prevenir los incendios forestales. Son joyas de miles de kilómetros que ahora alcanzan, por fin, la máxima protección.

Tres de las grandes cañadas nacen en León

La importancia histórica de la provincia queda reflejada en tres de los principales itinerarios incluidos en la red. La Cañada Real Leonesa Occidental parte de Soto y Amío y se prolonga hasta Encinasola (Huelva). La Cañada Real Leonesa Oriental tiene su origen la Montaña Oriental, en los pastos cantábricos de Maraña, y alcanza Montemolín (Badajoz). Y la Cañada Real de la Plata, también conocida como Zamorana, comienza en Riello y termina en Herreruela (Cáceres).

Sus dimensiones dan una idea del peso de León en este patrimonio. Según las longitudes recogidas en el nuevo inventario nacional, las tres cañadas rozan los 1.000 kilómetros de recorrido cada una: la Real Leonesa Occidental exactamente 1.079,88 kilómetros, ramales incluidos; la Cañada Real de la Plata o Zamorana suma 1.043,90 kilómetros; y la Leonesa Oriental, 919,57 kilómetros. En conjunto, las tres vías superan los 3.000 kilómetros de recorrido en España.

Los municipios de la trashumancia

Sus trazados dibujan, además, un mapa que también conecta buena parte de la provincia. La Cañada Real Leonesa Occidental atraviesa municipios como Soto y Amío, Carrocera, Cuadros, Sariegos, San Andrés del Rabanedo, la capital de la provincia, León, Valdefresno, Villaturiel, Mansilla de las Mulas y Santas Martas, antes de continuar hacia el sur por Villamoratiel de las Matas, Santa Cristina de Valmadrigal, Matadeón de los Oteros, Valverde-Enrique y penetrar en Valladolid en Izagre.

La Cañada Leonesa Oriental discurre por el entorno montañoso de Maraña, Acebedo, Burón, Riaño, Boca de Huérgano y Prioro, además de Valderrueda y Cea, continuando desde ahí por la provincia de Palencia. Por su parte, la Cañada Real de la Plata conecta Riello con localidades como Valdesamario, Quintana del Castillo, Llamas de la Ribera, Villamejil, Villaobispo de Otero, Astorga, San Justo de la Vega, Valderrey, Riego de la Vega, Santa María de la Isla, Palacios de la Valduerna, La Bañeza, Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río, Quintana del Marco y Alija del Infantado, en su ramal principal. Pero hay alternativas que atañen a otros municipios como Carrizo, Cimanes del Tejar, Villadangos del Páramo, Bustillo, Urdiales del Páramo, Santa María del Páramo o Laguna Dalga, Valdelafuentes del Páramo, Villazala, Regueras de Arriba, Soto de la Vega y de vuelta a La Bañeza.

Como ocurre en Madrid con gran alarde mediático, es habitual, varias veces al año, la llamativa estampa de ver atravesar miles y miles de ovejas la ciudad de León. Y es que figura en el inventario de la Cañada Real Leonesa Occidental, con un tramo de 1.698 metros que están pendiente de clasificación. Una trascendencia que hace que también aparezcan denominaciones tradicionales como “Cordel de León” y “Cañada Real Leonesa” en muchos de los municipios.

Protección más efectiva para unos caminos históricos

Desde esta semana, con el real Decreto, mucho está llamado a cambiar. Hasta ahora, la vieja Ley de Vías Pecuarias de 1995 sí contemplaba la existencia de una Red Nacional. Pero no había catálogo de los itinerarios concretos. El nuevo real proporciona una referencia común para identificar las grandes rutas, coordinar su gestión y así mejorar su protección.

Uno de los aspectos más importantes es su blindaje contra las ocupaciones y su pérdida progresiva como terreno público. La norma obliga a coordinar la cartografía de Catastro y de Registro de la Propiedad, con representaciones gráficas georreferenciadas que permitan identificar los límites de las vías pecuarias y las parcelas colindantes afectadas por los deslindes. También promueve su inscripción registral como dominio público, una herramienta que puede resultar determinante cuando surjan conflictos sobre la titularidad o los límites de los caminos.

Otro detalle es que garantiza que jamás se cortará un paso: Si una obra o una infraestructura, por ejemplo una autovía o un canal de riego, obliga a modificar el trazado de una vía pecuaria, será obligatorio habilitar una alternativa que mantenga la continuidad de la ruta.

El Estado toma las riendas

Para todo ello, el Estado toma más riendas ahora. Refuerza su papel en la coordinación de las decisiones que afectan a esta red. Porque aunque la gestión ordinaria corresponde a las comunidades autónomas, a partir de ahora el Ministerio deberá emitir un informe obligatorio y preceptivo cuando llegue cualquier ante propuestas de desafectación, cambio de trazado o de terrenos.

Incluso se crea un Comité de Vías Pecuarias, destinado a mejorar la cooperación entre las administraciones estatales y autonómicas, así como de un Fondo Documental que facilite la conservación y consulta de la información histórica y cartográfica. El ordenado caos que ha llegado a ir de boca en boca tiene los días contados.

El Ministerio defiende que la publicación de los mapas y datos en el Banco de Datos de la Naturaleza permitirá, además, que administraciones locales, investigadores, ganaderos y ciudadanos tengan acceso a información común sobre los itinerarios. Una herramienta especialmente útil en territorios donde la recuperación de caminos tradicionales, el mantenimiento de los pastos y la conservación de la actividad ganadera dependen de conocer con precisión por dónde discurren estas rutas.

Una herencia muy viva en la Montaña leonesa

La protección de las vías pecuarias no es sólo una mirada nostálgica sobre el pasado. En León, la trashumancia sigue latiendo, especialmente en comarcas de Montaña y territorios vinculados a los movimientos estacionales del ganado. No importa cuánto haya avanzado la tecnología: el deambular de los ganados ha sobrevivido a todo tipo de transformaciones económicas y sociales y protegido así ancestrales valores ambientales. Las cañadas, veredas, cordeles, abrevaderos y descansaderos son las piezas físicas que han permitido mantener la ganadería extensiva y todo lo que viaja con ella a lo largo del tiempo.

Desde ahora, las herramientas, el mapa y las normas más protectoras ya están por fin. Queda que la administración demuestre su eficacia real para que estos caminos, como arterias vitales, no se pierdan entre infraestructuras, ocupaciones ni abandono. En gran medida, además, todo el mundo rural del país que ha sobrevivido hasta aquí dependerá de ello.

“Las circunstancias meteorológicas que vivimos”. Ese es el motivo que argumenta el Goberno del Partido Popular (PP) y Vox en la Junta de Castilla y León para tener que invertir ahora algo más de 400.000 euros en climatizar el centro de salud de Bembibre, en la comarca de El Bierzo, a pesar de ser un edificio construido hace menos de cuatro años. Una situación denunciada por ELBIERZO.ELDIARIO a principios de este mes.

El Ejecutivo autonómico aprobó este jueves en Consejo de Gobierno la autorización para poner en marcha el proyecto de nueva climatización del edificio, poryecto que depende de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de l Bierzo y que conllevará una inversión de 401.387 euros, explicó al término de la reunión el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Tal y como detalló, el proyecto contempla la instalación de “dos nuevos equipos de aerotermia para dar servicio a la nueva red hidráulica de fancoils” y destinados a cubrir las necesidades tanto de calefacción como de refrigeración del centro sanitario de la Junta. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo previsto de ejecución que anuncian será de cuatro meses, aunque computarán desde que se produzca la adjudicación a una empresa, paso que todavía queda lejos. El plazo de presentación de ofertas ha terminado hace apenas tres días.

Los periodistas recordaron al portavoz que este centro sanitario es nuevo y, aunque con varios años de retraso sobre lo prometido, se había concuido y abierto en enero del año 2023. La inversión que fue necesaria para comenzar su servicio se elevó a 4.563.000 euros. En base a esta cifra, el nuevo proyecto de climatización supondrá a mayores un 8,8% de aquel presupuesto total.

Preguntado por ello, y sobre si es que el edificio se ejecutó sin climatización alguna o ha fallado el sistema diseñado a priori, Carriedo se limitó a defender la bondad de la nueva inversión, asegurando que se acometía por “las circunstancias meteorológicas que vivimos”, así como también por “las nuevas tecnologías que nos permiten mejorar en nuestras instalaciones”. Un proyecto, abundó, que se acometerá porque la Junta está “siempre pendiente de cuál es la necesidad y las mejoras que piden los profesionales y los ciudadanos, y abordarla”.

Aunque hoy no se detalló en el acuerdo adoptado, los fondos económicos para la nueva climatización del edificio casi recién estrenado será con cargo a los fondos del Programa de Salud Bucodental 2026-2027. En concreto, aprovechará los fondos para adecuar la Unidad de Salud Bucodental y, de paso, todo el edificio por los problemas de refrigeración que presenta.

Cinco años después de que hubiera tenido que expirar la concesión de la autopista León-Asturias AP-66, y cinco también desde el duro pronunciamiento europeo sobre la irregularidad de ampliarla hasta el año 2050 por parte del último Gobierno de José María Aznar, ahora la Junta de Castilla y León da el primer paso para abrir vía judicial en aras a “la eliminación del peaje”.

Así lo ha acordado hoy el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, conformado ahora por el pacto PP -Vox, después de que el Principado de Asturias pusiera en marcha esta ofensiva judicial contra el cobro en la AP-66 hace ya nueve meses.

El acuerdo ha sido explicado por el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y consiste en dar permiso a la Consejería del ramo, la de Movilidad, para que arranque las “acciones administrativas y judiciales” contra el Real Decreto 392/2000 que “modificó la concesión de la autopista León-Campomanes y prolongó el peaje hasta 2050”. Aquel fue un polémico acuerdo adoptado in extremis por Aznar -que antes había sido presidente de la Junta- en las últimas semanas de su primer Gobierno y por la vía directa, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, al que semanas después relevó el asturiano Francisco Álvarez Cascos. La decisión provocó un estiramiento de 29 años más de concesión a la compañía Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa).

Pero no es hasta ahora que la Junta, relató Carriedo, “considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato”. Una situación que dio lugar “en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario”. Es decir, los mismos argumentos por los que Europa abrió expediente contra España ya en el año 2021, por este caso y por la autopista gallega AP-9.

Que se ponga en marcha hoy esa vía judicial tampoco será sinónimo de una actuación rápida ni de inminente repercusión. El propio acuerdo resalta que en primer lugar se instará “la revisión de oficio del citado Real Decreto, como paso previo a la vía judicial”. Después, abundó el portavoz del Gobierno autonómico, se produciría un eventual requerimiento al Gobierno para que reconsidere o justifique la medida de la prórroga. Asturias, gobernada por una coalición progresista que encabeza el PSOE, ya hace meses que dio ese paso, comprobando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a poner fin a la concesión y el cobro del peaje de la también llamada Autopista del Huerna. Y finalmente, se elevaría un recurso ya ante el Tribunal Supremo, otro paso que Carriedo admitió que también lleva delantera en el Principado.

En su argumento formal, Castilla y León reconoce ahora que es necesario acabar con “el peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad”. Pero ante las preguntas de por qué tardar cinco años en abrir el cauce judicial, cuando además las Cortes de Castilla y León aprobaron esta vía hace dos, a instancias de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz del Ejecutivo que preside Alfonso Fernánde z Mañueco se limitó a responder que “estamos en plazo”.

La disponibilidad de zonas para aparcar de manera libre y gratuita en zonas estratégicas del extrarradio, para disuadir a los conductores de que estacionen y deambulen en el centro, ahora ya oficialmente Zona de Bajas Emisiones y cada vez más peatonalizado, es una constante cada vez más asidua en las ciudades. Y León no es ajena a este fenómeno, hasta el punto de que esos aparcamientos disuasorios se han venido ampliando en los últimos años y todavía esperan nuevos proyectos hasta intentar sumar 885 nuevas plazas de estacionamiento.

Esta es la cuenta que hace el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León a raíz de la ejecución en los últimos años de algunos de estos aparcamientos estratégicos, gracias casi todos a fondos europeos, y la proyección de los siguientes. El más inminente se acaba de poner en marcha con la adjudicación de un proyecto que invertirá casi 800.000 euros (792.131 exactamente) para ejecutar lo que denominan “nuevo espacio de intermodalidad” y aparcamiento gratis en el final de la avenida Padre Isla, justo a continuación del tramo recientemente semipeatonalizado.

La empresa elegida para su construcción ha sido Excarbi SL, con un plazo a partir de ahora de diez meses para la ejecución del proyecto, es decir, con su conclusión prevista para mitad de verano del año que viene, en agosto. El diseño cuenta con un espacio reurbanizado con capacidad para 156 plazas convencionales de aparcamiento de vehículos a motor, ocho de máxima accesibilidad y otros 14 para motocicletas. La intermodalidad también se explica por nuevas áreas reservadas para bicicletas y vehículos de movilidad personal, dejando de hecho seis plazas con la preinstalación de obra civil lista para sus futuros puntos de recarga, aunque no se ejecutarán ahora.

Su ubicación exacta es entre la parroquia de San Isidro Labrador y el Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT), el conocido popularmente como el Edificio Rojo y su reciente 'gemelo' ejecutado también con fondos Edusi europeos. El planteamiento municipal es que, habiendo llegado hasta las proximidades la zona azul de pago de la ORA, este nuevo parking descongestionará el tráfico y conectará “con itinerarios peatonales seguros hacia grandes equipamientos culturales, administrativos y comerciales como el Museo de Arte Contemporáneo (Musac) o la calle Santos Ovejero. La actuación se completará con una zona verde con arbolado, césped, sistema de riego automático eficiente, mobiliario urbano y una fuente para consumo de agua potable.

La lista hasta ahora y lo proyectado

El recuento municipal hasta ahora de estos aparcamiento periféricos se completa mirando hacia atrás con otro bastate próximo a este, al otro lado del barrio de San Esteban, el ejecutado junto a la avenida o carretera de Asturias, en una intervención conjunta que ascendió a 1,9 millones y se retrasó dos años. Aquí las plazas gratis sumaron 235.

Otras 75 más han sido objeto de nueva construcción en el barrio de La Palomera, aprovechando una reforma del entorno del pabellón y piscina municipales. Su coste se elevó a prácticamente 350.000 euros. Y está en tramitación un proyecto más para reconvertir en aparcamiento adecuado y formal el actual solar de tierra y en precario junto al nuevo Centro de Salud de El Egido, junto al polígono de San Pedro. Aquí lo diseñado añadirá 111 plazas a mayores.

Por delante, aunque aún sin proyecto formal conocido, quedaría un nuevo diseño de parking en superficie que si mantiene la previsión del actual equipo de Gobierno, todavía en fase de proyección, reconocen, sumaría el mayor número de plazas nuevas: 308. El Consistorio lo denomina aparcamiento de Vegamián, por ser el nombre de la calle junto a la que se sitúa un gran y tradicional descampado de los pocos que quedan en La Palomera, cerca ya de la Ronda Interior y en las proximidades de la antigua línea de Feve y el Campus Universitario de Vegazana.

Este se encuentra en fase tan inicial que de momento no se facilitan ni plazos ni inversión o financiación. Pero al Consistorio le vale para alcanzar con estas plazas la cifra global de 885 nuevas de aparcamiento disuasorio en la ciudad. En una nota de prensa reciente, incluso han 'hinchado' la lista con otros aparcamientos que en realidad tienen otro cometido, los dos para autocaravanas en La Palomera y La Granja, con una inversión conjunta que cifran en 5,7 millones de euros.

La ciudad de León acaba de abrir la puerta para que se puedan multiplicar las viviendas en León capital, a costa de un comercio que pierde fuelle en la inmensa mayoría de sus calles. Esa es la filosofía de un acuerdo alcanzado este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de León por el que se ha aprobado inicialmente la modificación de las normas urbanísticas para permitir que se puedan reconvertir en un hogar, siempre que cumplan ciertos requisitos mínimos de habitabilidad, los bajos comerciales a pie de calle en la inmensa mayoría de la ciudad. Una medida que reclamaba desde hace tres años y medio el grupo municipal de UPL en León y que por fin ha llegado a su impulso inicial en el Consistorio, hoy con el apoyo unánime de todos los partidos.

Hasta ahora estaba prohibido expresamente en todo el municipio esta posibilidad. Pero en breve cambiará de manera radical, impidiéndose exclusivamente en unas zonas céntricas muy concretas y abriéndose la mano en el resto de los barrios, calles y plazas. La restricción ha quedado finalmente concentrada en una parte del centro de León, donde el Ayuntamiento quiere preservar la actividad comercial tradicional: se trata del perímetro delimitado por las avenidas de Roma, Padre Isla, Independencia y República Argentina, junto con la calle Santa Nonia. El informe llevado a Pleno y aprobado justifica esta protección porque en estas zonas no aprecia el mismo vaciamiento de establecimientos comerciales que en otras partes de la ciudad.

La modificación responde a una realidad cada vez más visible en las calles de León, y que se da en forma de debate o de puesta en marcha en otras ciudades españolas: conjugar por un lado la necesidad de contar con vivienda nueva en el mercado, sin necesidad de depender de nuevas promociones de casas y pisos, y al mismo tiempo dar una posible solución a locales comerciales que llevan años cerrados sin que resulte sencillo encontrarles un nuevo uso.

Las condiciones

La aprobación inicial, que abre un período de dos meses de exposición pública y posibles alegaciones antes de su aprobación inicial, no supone que cualquier bajo comercial pueda transformarse automáticamente en vivienda. Entre las condiciones de habitabilidad y las exigencias técnicas están algunas relativas a la iluminación, la ventilación y la salubridad, como por ejemplo que obligatoriamente tengan salida y entrada bien a la calle o a un patio interior.

Uno de los cambios que facilitarán estas operaciones es que, con carácter general, no será necesario habilitar nuevas plazas de aparcamiento por el mero hecho de convertir un local existente en vivienda. Sin embargo, la norma impedirá el cambio de uso cuando el espacio esté destinado a cubrir las plazas de garaje mínimas exigidas en su momento y así figure en la licencia de construcción.

En los terrenos sujetos a condiciones urbanísticas específicas, la transformación también deberá respetar las limitaciones establecidas para cada parcela. Además, la modificación no elimina las posibles obligaciones que puedan afectar al inmueble por su régimen de propiedad, por lo que deberán tenerse en cuenta las normas aplicables a cada edificio y a las comunidades de propietarios.

Más flexibilidad

El acuerdo municipal incluye un segundo cambio que va más allá de las viviendas en los bajos. La reforma del artículo 241 del PGOU elimina los porcentajes generales que hasta ahora limitaban la superficie de los edificios residenciales que podía destinarse a otros usos compatibles. En la práctica, esto permitirá una distribución más flexible de las actividades dentro de los inmuebles, sin los actuales límites generales de superficie, aunque seguirán vigentes las condiciones particulares que correspondan a cada actividad.

Entre los usos contemplados figuran los comerciales, oficinas, servicios sanitarios y asistenciales, espacios deportivos, actividades culturales y educativas, artesanía, determinados usos industriales, garajes y establecimientos hoteleros.

En la defensa de su propia iniciativa original, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, consideró muy importante el impulso a esta opción de vivienda en bajos a pie de calle justo “hoy en día, cuando la vivienda es una de las cuestiones más debatidas” por estar viviéndose una “situación habitacional grave”, por “inacción”, denunció, tanto del PSOE como del PP en diferentes instituciones donde gobiernan.

La ciudad de León ha vuelto a la casilla de salida, más de dos años después, al reaprobarse sobre la campana este miércoles la ordenanza de la nueva tasa de basuras, que unifica la recogida, transporte y reciclaje a que la Ley obliga hace ya tres años. Una aprobación que ha provocado rechazo de la oposición de PP y Vox pero que ha sido posible, una vez más, por la decisión de UPL de abstenerse para desbloquear la situación, adujo su portavoz, Eduardo López Sendino. De este modo se produjo un empate reiterado que rompió el propio alcalde, José Antonio Diez, con su voto de calidad, permitiendo que la nueva tasa saliera adelante.

Tras un intenso debate previo de todos los grupos, en el que la oposición censuró la mala gestión de los residuos en la capital y las “chapuzas” que desencadenaron la sentencia del TSJ que tumbó la tasa en 2025, con numerosos recibos ya cobrados a los vecinos, el propio Diez prometió públicamente que no se girará un solo recibo nuevo de basuras “a nadie que no se le haya devuelto lo que se le adeuda” por aquel cobro.

Previamente, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió que se trata de una “tasa justa y transparente” que urge sacar adelante por imposición legal, el mismo motivo por el que se aplica ahora el criterio de que la recaudación que se consiga con ella “cubra exactamente la totalidad del coste del servicio”. Añadió también que el formato permite que “pague más quién más genera” basura, ya que estimó que el 65% del recibo dependerá la cantidad de residuos de cada ciudadano o empresa.

Una visión positiva que estuvo en las antípodas de la visión del portavoz del PP, David Fernández, quien insistió en que los últimos años el equipo de Gobierno que lidera Diez ha hecho “la peor gestión de España” en esta materia, culminando ahora, dijo, con una nueva subida fiscal a los leoneses, que cifró en el 4,5% respecto al intento de hace dos años que fue condenado judicialmente. Fernández aseguró que el voto en contra de sus ediles se basaba, sobre todo, en oponerse a que “se cobre más por los mismos servicios”, que además siguen siendo escasos, por ejemplo acumulando varios años de retraso con el nuevo contenedor marrón para residuos orgánicos.

Por UPL, Sendino anunció una abstención “por responsabilidad”, porque de no aprobarse la tasa “se perderían 11 millones de euros” que se prevé recaudar y en lo que se cuantifica el coste del servicio, y eso a pesar de manifestar que “no nos parece una ordenanza justa”. Y desde Vox, Blanca Herreros, insistió en manifestar “serias dudas acerca de la legalidad” de la tasa, instando a que se devolviera cuanto antes el dinero recaudado el pasado año tras conocerse la sentencia.

El regidor quiso cerrar el debate asegurando, tajante, que “no se sube el tributo sino que hay una redistribución”, recordando que se trata de una aprobación inicial que todavía se puede enmendar y mejorar ahora en período de alegaciones, añadiendo que sacarlo adelante con urgencia es al mismo tiempo un ejercicio de “responsabilidad” y “una obligación legal”.

Otros asuntos

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en reconocimiento a casi siglo y medio de labor educativa, social y asistencial en la capital leonesa desde su llegada en 1877.

También salieron adelante sendas mociones por unanimidad de todos los grupos políticos, el primero de ellos exigiendo el mantenimiento en León del centro de formación de Adif, tras anunciarse su cierre y traslado a Valladolid, cediendo si fuera necesario espacios municipales, con objeto de asegurar el contenido del futuro centro licitado en el entorno de la estación histórica.

En segundo lugar, acuerdo también total para urgir la mejora de las conexiones del polígono industrial de Villadangos del Páramo y del eeropuerto de León, así como la supresión de los peajes de la autopista León-Astorga AP-71 y la León-Asturias AP-66.

Uno de los rincones más tradicionales de la localidad rural de Villamañán, en el sur de la provincia de León, afronta desde ahora mismo un importante cambio de cara, una remodelación integral, que se centra en concreto en la Plaza de la Leña. Un proyecto que no sólo cambiará la imagen de este espacio rodeado de casas porticadas sino también incluso su forma de uso tradicional.

El Ayuntamiento de Villamañán acaba de adjudicar -a la empresa leonesa Obras y Viales Pellitero SL- el contrato para la actualización de este espacio del Casco Histórico de la villa leonesa. El coste final de la ejecución se eleva a 375.000 euros, financiados con cargo a los planes Píos y de Cooperación de la Diputación leonesa, y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Como la formalización del contrato ha sido firmada por el alcalde, José Marcos Fernández, el pasado 21 de octubre, comienza a correr un plazo de obras que deben estar rematadas poco antes del inicio del verano de 2027, en el mes de junio.

La intervención, diseñada por el estudio bilbaino de Nistal Arquitectos, busca convertir la plaza en un entorno más accesible, ordenado y adaptado tanto a la vida cotidiana, como a las celebraciones y actividades tradicionales del municipio, que precisamente se dan cita especial durante los veranos. El espacio que será objeto de las obras abarcará una superficie de casi 3.000 metros cuadrados (2.814,77 en concreto).

El cambio más visible que destaca del proyecto sobre una plaza hoy de aspecto muy habitual, con carretera de asfalto alrededor de una plazoleta central de acera tradicional y una pequeña fuente decorativa, será la creación de una plataforma que será prácticamente continua. En ella se dará prioridad para los peatones y se reducirá muy sensiblemente el espacio destinado al tráfico.

Así, el proyecto quitará los viales de circulación situados en los lados norte y sur de la plaza, frente al Café Casino y en la parte trasera de la Casa Consistorial, respectivamente. Y la única zona de estacionamiento quedará concentrada en una única banda del lado oeste. Y la eliminación de las aceras y bordillos permitirá extender el pavimento hasta las fachadas de los tradicionales soportales de este espacio, una de sus señas de identidad.

La actuación también busca resolver los problemas de accesibilidad actuales, algunas pendientes superiores al 10%, desniveles y deformaciones del pavimento provocadas por las raíces del arbolado, apenas cuatro ejemplares de plátano. Se prevé reorganizar la topografía mediante plataformas que serán escalonadas, con barandillas, que reducirán las inclinaciones al 2-3% en la mayor parte de la plaza.

La actuación también pondrá fin a elementos como la vieja fuente-jardinera, los parterres elevados y los peldaños que dificultan el tránsito, con el objetivo de facilitar el paso a personas con movilidad reducida lo más posible.

La renovación mantendrá una estética acorde con el entorno histórico, defiende el proyecto y el Ayuntamiento. La zona central peatonal se pavimentará con adoquín románico envejecido en tonos tierra, mientras que los viales de los lados se distinguirán por un adoquín gris, en continuidad con el de la contigua Plaza Mayor. El diseño incorporará además bandas transversales de granito gris para ordenar visualmente el espacio. También se restaurarán las bases de las columnas de madera de los soportales, retirando revestimientos antiguos para recuperar su aspecto original.

Pensando en los eventos

La plaza se proyecta como un espacio abierto y versátil, preparado para acoger el mercado tradicional que allí se celebra, ferias, conciertos, verbenas y celebraciones populares, como las Fiestas de la Zarza. Para facilitar la organización de estas actividades, se instalarán cajas de conexión eléctrica integradas en el entorno, que permitirán alimentar los puestos, escenarios y equipos. La idea es no depender a partir de ahora de instalaciones provisionales.

La intervención incluye también mejoras ambientales y de eficiencia energética. Se plantea conservar dos de los árboles existentes y se plantarán otros once de hoja caduca, distribuidos longitudinalmente para proporcionar sombra durante los meses cálidos y permitir la entrada de luz en invierno. Así, el espacio verde será aumentado. Por su parte, el alumbrado se renovará con farolas de diseño urbano de 4,5 metros de altura y luminarias tipo LED de bajo consumo, dotadas de sistemas de telegestión y regulación astronómica, además de balizas encastradas en los muros.

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León sólo contempla un voto ante la aprobación este miércoles de la nueva tasa de basura del equipo de Gobierno socialista: un voto negativo, un 'no' rotundo de todos sus concejales, por no convertirse en cómplices ni de la subida del 4,5% prevista ni de la gestión del alcalde en todo lo que viene que ver con residuos, que tildan de “la peor de España”.

Así de tajante se ha mostrado el portavoz del PP en el Consistorio, David Fernández, que recuerda que esta nueva ordenanza que se lleva al Pleno de este miércoles llega tras una sucesión de chapuzas. La tasa sustituirá a la aprobada en 2024, anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en 2025. Según el PP, la posterior anulación de la tasa de tratamiento de residuos de ese mismo año ha provocado unas “pérdidas superiores a los 15 millones de euros para las arcas municipales” en los dos últimos años. Y de hecho, denunció que ni siquiera se han devuelto todavía a los leoneses que llegaron a pagar todos los importes cobrados con la tasa anulada.

Fernández aseguró en rueda de prensa que la nueva propuesta confirma las críticas que su grupo formuló contra la ordenanza anterior, que califica de “improvisada” y contraria a la actual legislación estatal. O sea, otro posible motivo para que cualquier denuncia ciudadana la vuelva a tumbar, advirtió. El PP justifica su voto en contra, en primer lugar, por la subida fiscal del 4,5%, añadido a otros “tasazos” como el 20% más por el agua en el actual mandato.

Otro de los argumentos de los populares es que el Ayuntamiento sigue sin disponer de mecanismos para separar y tratar los residuos orgánicos ni obtener información precisa sobre la generación de basura y el esfuerzo de los ciudadanos en materia de reciclaje, de manera que al menos se compense a quien mejor recicle a través de coeficientes correctores.

A estas críticas añade la situación del padrón municipal. Porque data de ahora mismo, del 16 de octubre, por vía de urgencia, la contratación de una empresa por 115.000 euros para vincular las referencias catastrales con el padrón, siendo además el plazo de ejecución previsto para esos trabajos de 12 meses, todo un año por delante. Por eso, el PP cuestiona que se pretenda aprobar la tasa sin haber completado esa vinculación, ya que el cálculo se apoya en criterios catastrales y de empadronamiento, de manera que observan una “nueva improvisación” del Gobierno del alcalde José Antonio Diez.

La formación también pone en duda la equidad del sistema, al entender que la ordenanza no establece una relación suficientemente clara entre la cantidad de residuos generados y el importe que debe pagar cada contribuyente. Asimismo, reprocha que no se contemplen incentivos ambientales vinculados al reciclaje, una medida que considera fundamental en una tasa destinada a financiar la gestión de residuos.

No cuadran los números, según el PP

Por último, Fernández cuestiona las cifras económicas de la propuesta. Señala que, aunque el Ayuntamiento cifra la subida en un 4,5% respecto a hace dos años, la recaudación de 2023 fue de 9,3 millones de euros, lo que, según sus cálculos, supondría un incremento del 19% si se compara con los 11,07 millones que se prevé recaudar ahora.

El portavoz también ha señalado una discrepancia entre el coste actual del servicio, fijado en 11,07 millones de euros, y los 11,6 millones que recogía la memoria económica de 2024.

“No vamos a ser partícipes de esta forma chapucera de gobernar ni de una nueva subida fiscal”, resumió David Fernández, quien ha descartado tanto el voto favorable como la abstención para evitar respaldar la gestión municipal. El portavoz ha concluido asegurando que la gestión de los residuos de José Antonio Diez es “la peor de España” y ha reprochado a UPL que facilite la aprobación de la ordenanza con su abstención, una vez más.

Los autobuses urbanos de León acaban de implantar desde este lunes la posibilidad de que los viajeros paguen con tarjeta bancaria los billetes sencillos. Eso significa que se acabó la escena habitual de pasajeros sin poder utilizar el bus por no disponer de dinero suelto suficiente, porque además era habitual que muchos conductores no afrontaran la devolución de cambio si se pagaba con billetes de cantidades elevadas.

Según explica el Consistorio en un comunicado de prensa, el nuevo sistema permitirá a los usuarios abonar el billete directamente al subir al autobús mediante tarjetas de débito o de crédito, tanto físicas como virtuales, a través de teléfonos móviles o relojes inteligentes, sin necesidad de disponer de monedas. La tecnología implantada se basa en el estándar EMV y funciona mediante pago sin contacto (contactless).

La medida está orientada especialmente a los viajeros ocasionales, al simplificar por fin el acceso al servicio y agilizar el proceso de validación, en línea con las tendencias de digitalización de los sistemas de transporte público implantadas en numerosas ciudades españolas y europeas ya hace muchos años y que ahora llegan a León.

Esta novedad llega con el contrato de transporte urbano, que está suscrito con Alsa, expirado oficialmente desde 2023 pero prorrogado de manera máxima con apoyo de la Junta de Castilla y León hasta 2027, ante las críticas de algunos partidos como los socios habituales de UPL, que exigían al alcalde socialista José Antonio Diez que aprovechara para remunicipalizar este servicio. Una alternativa que el regidor ha manifestado poco probable.

Aumento de viajeros

La medida, remarca el equipo de Gobierno, llega en un momento de crecimiento de la demanda, con más de 3,8 millones de viajes acumulados hasta el mes de septiembre de este año 2026, lo que supone un 9,3% más que en el mismo periodo del año pasado. La implantación del pago con tarjeta coincide así con la consolidación del autobús como una opción cada vez más utilizada por los leoneses, aseguran.

El Ayuntamiento atribuye buena parte de este crecimiento al mantenimiento de las reducciones tarifarias para los usuarios habituales, financiadas actualmente mediante una aportación municipal del 30% y otra del 20% por parte del Gobierno de España. Aparte del nuevo pago para el billete sencillo, los abonos seguirán funcionando con los canales habituales y mantendrán las bonificaciones vigentes, una fórmula que el Consistorio considera clave para fomentar el uso cotidiano del transporte colectivo.

Ya hay pacto progresista para la candidatura al Senado por la provincia de León. Este lunes se ha formalizado ante la Junta Electoral leonesa la lista de la candidatura que se da en llamar coalición 'Senado de Progreso', fruto del pacto nacional entre PSOE y Frente Amplio para tratar de obtener una mayoría holgada en la Cámara Alta.

Esta lista final en la provincia leonesa ha supuesto abrir el segundo puesto para la actual concejala y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el municipio de San Andrés del Rabanedo, Laura Fernández, que en las últimas elecciones había encabezado la lista de la coalición al Congreso de los Diputados.

Esta maniobra, ya registrada, supone que el PSOE conserva los puestos uno y tres del listado que por su parte había aprobado en un tenso Comité Provincial celebrado en Boñar, con lo que la candidatura final contará como número uno con Salvador Vidal -que ya lleva ocho años en la Cámara- y como número tres Manuel Alfonso, miembro de las ejecutivas provincial y autonómica del PSOE. Laura Fernández llegará para sustituir a Leticia Martínez, que en principio el Partido Socialista había designado en el número dos de su propia lista.

Fernández valora el acuerdo “muy positivamente” y asegura que ha resultado “muy fácil, después del visto bueno federal” para su incorporación en la lista electoral de consenso progresista. La edil considera que su presencia en la candidatura, y la hipotética acta en la Cámara Alta, es “muy necesaria para acabar con el pasotismo hacia la provincia de León”. Y lo es, afirma, porque aspira desde el Senado a “ser la voz de los movimientos sociales y de las plataformas” que luchar desde León para “darle un mayor protagonismo” en el próximo mandato.

En un comunicado, el PSOE de León resalta esta cesión por su parte a Frente Amplio del segundo puesto de la lista al Senado, una decisión que “refleja la voluntad de cooperación entre fuerzas progresistas para concurrir a la cita electoral con un proyecto compartido”. “Estas elecciones nos sitúan ante dos modelos: avanzar en derechos, fortalecer los servicios públicos y proteger a la gente, o dar pasos atrás con las políticas de recortes que representan el PP y Vox”, ha señalado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

La estadística de los últimos comicios nacionales ha hecho que el partido político que gana las elecciones en la provincia se queda con tres de las cuatro actas en liza, de manera que para que Laura Fernández se siente en un escaño de la Cámara Alta el PSOE debería obtener más votos que el Partido Popular (PP) tras las elecciones del 29 de noviembre. Queda pendiente si se formaliza también a nivel nacional algún tipo de acuerdo similar entre PP y Vox y el plazo expira a las doce de la noche de este lunes.