Hay al menos siete tramos de carreteras provinciales de León que permanecen 'ingresadas en la UCI', dado su estado lamentable y muy peligroso. Siete carreteras que esperan como agua de mayo el cumplimiento de uno de las principales promesas novedosas del actual mandato en la Diputación de León: la creación de lo que se dio en llamar Oficina de Expropiaciones.

Se trataba en origen de un departamento de nueva creación en la institución provincial para hacer lo que los pequeños ayuntamientos no pueden, por falta de recursos: expropiar con celeridad y solvencia los terrenos que resultan imprescindibles para poner ese suelo a disposición de la propia Diputación y acometer así cuanto antes las mejoras de los viales del mundo rural leonés.

Sin embargo, cumple ya un año la promesa de haber impulsado ese departamento expropiatorio, que el vicepresidente y diputado provincial de Infraestructuras, Roberto Aller, garantizó “para finales de año”. Del año 2025. Y esto conlleva un segundo incumplimiento a mayores: que la oficina no será tal sino que el servicio se privatizara desde su origen, se contratarán los servicios de una empresa para realizar esas expropiaciones y todos los trámites necesarios. Esa privatización fue desvelada por el equipo de Gobierno provincial de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) el pasado mes de mayo.

A pesar del tiempo transcurrido, el servicio todavía está lejos de ser una realidad. Y el propio Aller, en el último Pleno provincial, admitió la urgencia de su actuación porque están en espera “siete carreteras muy necesarias”. Detalló incluso que únicamente faltaba “un informe”, un formalismo, para sacar la licitación pública para seleccionar a la compañía que se encargue de estas labores de expropiación.

“Cuanto antes” fue el último vago compromiso del vicepresidente leonesista. Y no consta que ni siquiera se haya dado ese paso, al que deben seguir todavía los plazos de presentación de ofertas, la decisión de la mesa de contratación y la designación de la empresa finalmente elegida, con la que firmar el contrato para que se ponga por fin a trabajar en los gruesos expedientes de expropiación bloqueados, un proceso con sus propios plazos legales a mayores.

En este tiempo de mucho retraso han sido varias las voces, tanto de plataformas e instituciones locales que luchan por el arreglo de sus carreteras principales de la red de la Diputación, como de otros partidos políticos, urgiendo que el servicio de expropiaciones de terrenos se ponga a trabajar. Este es le caso de la Plataforma de Chozas de Abajo, que sigue alertando del trazado totalmente peligroso de la carretera LE-5523, que ya supera su tercer año de espera para la inversión de cerca de un millón de euros en una reforma integral.

La cuestión es que este retraso de la Oficina de Expropiaciones está causando una paradoja: la Diputación leonesa dispone de planes millonarios, con más fondos que nunca, para asumir estos proyectos de arreglos imprescindibles de carreteras de su red pero el dinero sigue sin poder ser usado, ni contratados los proyectos, ni mucho menos iniciar las obras, precisamente porque no se tienen a disposición los terrenos para, por ejemplo, acometer los ensanches de las calzadas. Una situación que ha hehco que también eleven su queja por el incumplimiento el Partido Popular (PP) en la oposición del Palacio de los Guzmanes.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León a aprovechado una Junta de Gobierno más este viernes para anunciar un nuevo proyecto de obras públicas pero privatizadas, en manos de empresas, en este caso para invertir 430.000 euros en eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar la seguridad de los peatones en 22 'puntos negros' de la ciudad, en diferentes barrios. El proyecto ha recaído en la empresa Excarbi SL, que dispondrá de un plazo de 12 meses, un año, para ejecutarlos, es decir, que tendrá que estar todo ejecutado en noviembre de 2027.

Las actuaciones se distribuirán entre las calles Renueva, Gaspar Díez, Perales, Caitano Bardón, José María Pereda, Virgen de Velilla, Brianda de Olivera, Obispo Panduro, Jesús Alfredo Negro, Doctor Fernández Picón, Abad de Santullán, Cabeza de Vaca, San Pedro del Castro, Sancho el Gordo, Santa Teresa, San Juan de Sahagún y Fernando I, en su conexión con Séneca. También se actuará en el entorno del Parque de las Artes, la plaza de San Lorenzo, la avenida de La Serna, el en dos puntos concretos del espacio libre público de acceso desde la avenida del Ingeniero Sáenz de Miera y la propia avenida, en el entorno el estadio Reino de León.

El contrato, cofinanciado a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, busca acabar con un listado urgente de problemas de accesibilidad peatonal. Por eso, incluyen la adaptación de pasos de peatones, el rebaje de bordillos, la instalación de pavimento podotáctil y el ensanche o la nivelación de aceras y zonas ajardinadas.

En detalle

En el entorno de La Palomera se adaptarán varios pasos de peatones en las calles Profesor Xaime Andrés y Dante, así como en sus conexiones con Escritora Eva González, Joaquín López Robles y Doctor Jacinto Sáez. En la calle Caitano Bardón se ampliarán las aceras mediante avances a ambos lados de la calzada, una intervención destinada a acortar la distancia que deben recorrer los peatones al cruzar. Las obras incluirán nuevos sumideros y señalización.

El contrato contempla asimismo la construcción de pasos de peatones elevados en la calle San Juan de Sahagún, a la altura del número 14, y en la intersección de las calles Perales, Espejo y Bailén. En estos puntos se busca moderar la velocidad de los vehículos y mejorar la continuidad de los recorridos peatonales y ciclistas.

Otras intervenciones se centrarán en eliminar desniveles y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida. Para ello, se rebajarán bordillos y se instalará pavimento podotáctil en las calles José María Pereda, en su conexión con Santo Toribio de Mogrovejo; Virgen de Velilla; Brianda de Olivera; Obispo Panduro; Abad de Santullán, junto a Reyes Leoneses; plaza de San Lorenzo, y Santa Teresa.

También se rectificarán y nivelarán aceras en los accesos de las calles Jesús Alfredo Negro y Doctor Fernández Picón, con el objetivo de evitar interrupciones en los itinerarios peatonales. En la avenida de La Serna, a la altura del Centro de Menores El Alba, se adaptará el paso de peatones recientemente creado mediante nuevos rebajes y baldosas podotáctiles.

La actuación llegará igualmente a las inmediaciones del colegio Javier, donde se ampliará la acera de la calle San Pedro del Castro y se habilitará un nuevo paso de peatones en el paseo del Parque. En la calle Sancho el Gordo, uno de los ejes de conexión entre las estaciones de autobuses y ferrocarril y los juzgados, se creará otro cruce adaptado a la altura de Conde Saldaña. Además, se habilitará un paso en la intersección de Fernando I con Séneca, tras la apertura de la Ronda Interior.

Renovación del entorno del estadio de fútbol

Una parte del presupuesto se destinará a mejorar los espacios públicos y los accesos al estadio municipal de fútbol Reino de León y a la avenida Ingeniero Sáenz de Miera donde se enmarca. En esta zona se sustituirá el pavimento de baldosa deteriorado por uno nuevo de adoquín, con mayor capacidad de carga sobre la losa de hormigón.

Los trabajos incluirán también el acondicionamiento de la zona verde junto al aparcamiento, que se delimitará con loseta hidráulica, y la estabilización del talud sur mediante un acabado de piedra hormigonada de bajo mantenimiento. Esta intervención permitirá integrar los arquetados eléctricos en la solución constructiva prevista.

Además, se construirá un nuevo tramo de acera sobre la zona ajardinada contigua para dar continuidad al itinerario peatonal y mejorar la seguridad de quienes acceden al estadio, especialmente durante los encuentros y otros acontecimientos deportivos. En ese mismo entorno se habilitará un nuevo paso de peatones.

El Partido Popular (PP) de la provincia de León ha movido definitivamente ficha y también puestos en su propuesta de candidaturas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una vez que ya había decidido semanas atrás que repetiría como número 1 al Congreso su actual portavoz de grupo parlamentario, la leonesa Ester Muñoz.

En una reunión esta mañana del Comité Electoral Provincial del PP leonés se ha decidido además que la lista del Senado por la provincia leonesa sea esta vez encabezada por la hasta ahora diputada berciana Silvia Franco, en lugar del exalcalde de León capital y exconsejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, que de este modo pasa ahora ir de número dos a la Cámara Alta.

Junto a Ester Muñoz, la candidatura al Congreso por León incluye al actual coordinador provincial del PP de León y anterior portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares, en el número dos, tal y como se barajaba desde hacía tiempo. Tras Gavilanes se ha situado la actual portavoz del Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Pilar Coca, y el cuarto puesto es para Manuel Herrero Guerra.

Para el Senado, la propuesta popular la encabeza Silvia Franco, que en esta legislatura ha sido diputada por León junto a Muñoz, al haber sido la segunda en la lista al Congreso del PP de León en los comicios de 2023. Y para este cambio, Antonio Silván cede el primer puesto que ocupó en los anteriores comicios a la Cámara Alta por la circunscripción leonesa. De número tres al Senado figura además Asunción Mayo Fernández, que también ha sido senadora por León.

Hay que recordar que en los comicios del 2023, PP y PSOE lograron dos escaños cada uno al Congreso en esa provincia, mientras que en el Senado el PP se llevó tres de los cuatro senadores el liza por esa circunscripción gracias al resultado cosechado entonces.

La propuesta emanada hoy del Comité provincial deberá ser validada por el Comité Electoral Nacional antes de que las candidaturas queden definitivamente proclamadas y se registren a principios de la semana que viene.

El Coto Escolar, un servicio educativo, medioambiental y sostenible que lleva más de 40 años haciendo las delicias de los pequeños leoneses, atraviesa una de sus peores crisis y un futuro bastante incierto que está echando para atrás a colegios y familias.

Así lo denuncia la oposición de Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León y lo ratifica la plantilla que se encarga de las muchas actividades en estas instalaciones municipales. Una situación cada vez más complicada a cuenta de un conflicto laboral, la aplicación de un reciente nuevo reglamento, varias sentencias judiciales, una mayoría de ellas favorables a los trabajadores, y el aparente incumplimiento de algunos acuerdos inicialmente alcanzados por parte del equipo de Gobierno.

Esta sucesión de situaciones que ha hecho que los empleados se enroquen ahora en no poder asumir las responsabilidad que, a causa de su actual categoría reconocida por el Consistorio, no les corresponden. Se trata de asuntos que hasta ahora se asumían tácitamente pero que son muy delicados, desde administrar medicamentos a los escolares a atender los comedores, responsabilizarse de intolerancias alimenticias o alergias, diseñar e impartir las unidades didácticas establecidas, arropar la atención a la diversidad o protagonizar actividades deportivas que conllevan algún riesgo.

El portavoz del Grupo Popular, David Fernández, se ha hecho eco de una situación que, les consta, están haciendo llegar “las consecuencias a los centros educativos”, que están echándose para atrás en las actividades ya programadas en el Coto Escolar. Así, por ejemplo, los niños y niñas no podrán, como hasta ahora, montar a caballo, utilizar el rocódromo “y otras propuestas que formaban parte de la programación habitual”. Incluso los profesores acompañantes, y no los monitores, tendrán que ser quienes atiendan la hora del comedor.

Fernández, que anuncia una moción para el Pleno de la próxima semana, exige una mejora de la gestión del equipo de Gobierno y que este cumpla un acuerdo que fue pactado en la Mesa de Negociación, con partidos y sindicatos, poco antes del verano, para “suspender el decreto del 5 de mayo, relativo al cese de las funciones de superior categoría, mantener el desempeño de dichas funciones y continuar abonando las diferencias salariales” hasta que se aplique un nuevo convenio colectivo que zanje la nueva categoría profesional y retribución de la plantilla.

El portavoz denuncia que “el Ayuntamiento no puede responder a una reivindicación laboral legítima limitándose a retirar funciones y dejando que las consecuencias de esa decisión recaigan sobre los trabajadores y los usuarios del servicio”, es decir, los menores de edad, fas familias y los colegios. A estos les hace recaer el Consistorio ahora, ate la situación de bloqueo que se vive, labores tan cruciales como las medicinas, alergias o atención del comedor, como se puede comprobar en los correos municipales enviados y que muchos centros no están dispuestos a asumir, dando marcha atrás en la participación escolar ya programada.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la renovación del leonés Tomás Quintana López como Procurador del Común, la figura de 'defensor del pueblo' de Castilla y León. Ha sido finalmente posible por la suma de 61 votos a favor, que se corresponden con la suma de los asistentes a la sesión de hoy de Partido Popular (PP) y PSOE. No cosechó su propuesta ningún voto en contra pero sí un total de 18 abstenciones, que son la suma de los votos de Vox y y del Grupo Mixto que encabeza Unión del Pueblo Leonés (UPL).

La elección se ha realizado mediante votación secreta, nominal y por urna en el Pleno del Parlamento autonómico, donde Quintana necesitaba el respaldo de al menos una mayoría de tres quintos de los procuradores, umbral que ha superado con los 61 votos favorables.

PP y PSOE habían pactado a comienzos de octubre, casi sobre la campana, proponer conjuntamente su candidatura para un nuevo mandato, después de meses de negociaciones para renovar las instituciones propias de Castilla y León, cuyos responsables llevan años con sus mandatos cumplidos. En concreto, el mandato de Quintana había expirado hace casi cuatro años ya, desde noviembre de 2022, aunque continuaba en el cargo. Había sido elegido por primera vez para este mismo cargo en 2018, sustituyendo a Javier Amoedo Conde.

La Mesa de las Cortes autonómicas calificó el pasado 2 de octubre la candidatura de Quintana, presentada conjuntamente por los dos principales grupos de la Cámara, lo que puso en marcha el procedimiento parlamentario que ha culminado este miércoles con su reelección. De haber tardado más, habría sido imposible nombrarlo otra vez.

El acuerdo sobre el Procurador del Común se alcanzó de manera independiente a las negociaciones para renovar los responsables del resto de instituciones propias de la Comunidad, entre ellas el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, sobre las que PP y PSOE todavía no habían cerrado entonces un acuerdo, remarca Efe.

Quintana continuará así al frente del Procurador del Común de Castilla y León, institución encargada de la defensa de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones públicas de la Comunidad.

Currículum

Tomás Quintana López es catedrático de Derecho Administrativo de la ULE desde 1993. Es autor individual de más de una decena de libros jurídicos de su especialidad, como la repercusión de las actividades mineras en el medio ambiente, el derecho de los vecinos a la prestación y establecimiento de los servicios públicos municipales o las mancomunidades en el Derecho local.

Coautor de más de una veintena de libros de autoría compartida con otros autores, en algunos de los cuales ha dirigido la edición, como en los titulados: Derecho urbanístico. Estatal y autonómico (2001); Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental (2002); Derecho ambiental en Castilla y León, dos ediciones, 2003 y 2009; El silencio administrativo. Urbanismo y medio ambiente (2006); y La responsabilidad patrimonial de la Administración pública, 2 tomos, (2009).

Es además autor de más de sesenta estudios jurídicos publicados en revistas de la especialidad. En su curriculum figura como conferenciante en instituciones europeas e iberoamericanas, consultor de Administraciones públicas y entidades privadas. Además, ha ocupado los cargos de vicerrector y secretario general de la ULE.

Han tenido que pasar como mínimo seis años, salvarse muchos conflictos y protestas, diseñarse varios planteamientos, volver atrás obras incomprensibles e incluso sancionar intentos chapuceros, para concienciarse por fin de la sensibilidad y extraordinaria exposición al vandalismo de la Cruz de Fierro, en el epicentro de la provincia de León, como símbolo centenario del Camino de Santiago Francés.

Todo eso confluye ahora en la inminente ejecución de nuevas obras ya adjudicadas en algo más de 80.000 euros por el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, que acometerá una empresa leonesa dedicada al acondicionamiento de espacios exteriores, Froi Jardinería, con sede en Soto de la Vega. Se trata de un proyecto de nuevo cuño para todo el entorno de la mítica Cruz, en la cima del Monte Irago, en el puerto de Foncebadón que delimita las comarcas de Maragatería y El Bierzo.

Llega después de años de polémicas y conflictos, aunque esta vez parece concitar un respaldo más amplio, encabezado sobre todo por el colectivo llamado Camino Francés Federación, que dice haber sumado también el beneplácito de asociaciones jacobeas “con la intención de velar por que la recuperación se lleve a cabo con el máximo respeto al hito peregrino”, cuando muchas de ellas hace años pusieron el grito en el cielo y consiguieron paralizar in extremis unos trabajos municipales que Patrimonio de la Junta terminó por sancionar, aunque previamente lo había bendecido.

De hecho, Federación ha trabajado junto al Consistorio en el diseño final de la intervención que ha comenzado estos días, con dos meses de plazo de ejecución por delante, de los cuales se espera que sólo dos semanas se tenga que impedir todo acceso al icónico punto. El colectivo fue el encargado de hacer lo que llamó “una exposición pública a través de las redes sociales” entre dos propuestas diferentes “para la recuperación del enclave”. En concreto con un vídeo en su perfil de Facebook, decantándose, aseguran, por la intervención que “obtuvo el 80 % de los votos”. Sin embargo, algunos usuarios censuraron esta forma de tomar una decisión tan relevante.

Aparte de una estética de vallado perimetral del montículo donde se clava el largo mástil, que sustituye al original una de las varias veces que fue serrado además se lo llevaran unos desaprensivos -por lo que hoy es de hierro interno forrado de madera-, el más destacado hito de este nuevo proyecto es que se anuncia la recolocación a mano, una a una, de las miles de piedras y exvotos depositados durante décadas y acaso siglos por los peregrinos a Santiago de Compostela. Se compromete la disposición “más próxima a la tradicional” posible, basándose en fotografías antiguas del lugar.

Los detalles más precisos

En cuanto al espacio, la zona se rodeará de un empalizado de postes redondos de madera de pino de 12 centímetros de diámetro y 1,20 metros de altura y un colchón vegetal de especies autóctonas, como brezo, jara, escobas o retama. La idea es ambientar y preparar una zona que sirva de barrera para un acceso que sólo pueda ser peatonal y por goteo.

También se acometerá el desmantelamiento del aparcamiento aledaño al montículo creado por el mal uso, garantizando que sólo se use el del otro lado de la carretera autonómica LE-142. Así, se retirará la capa de grava actual y descontrolada y se sustituirá por tierra vegetal y reforestación con algunos árboles de la zona. Grandes piedras en puntos estratégicos serán las encargadas de impedir la entrada física de coches y bicicletas fuera de las zonas autorizadas. Y hasta se menciona el control al número creciente de influencers de la Ruta Jacobea, que también en algunos casos hacen de las suyas.

Además, los contenedores de basura se ocultarán dentro de estructuras con perfiles metálicos y revestimiento de madera y se instalará señalización inclusiva, paneles que explicarán el lugar con alto contraste de colores, lectura táctil y también códigos QR con audioguía. La memoria valorada, que firma el arquitecto técnico Carlos Irigoyen Martínez, de Estudio 10 Proyectos, resalta además que toda la intervención es reversible: desde los muros revestidos en mampostería tradicional de piedra local, sin rejuntado visto, a los pavimentos de zahorra color tierra y los postes de madera mate, son totalmente desmontables si fuera necesario.

Antecedentes de indignación

Este planteamiento ya estaba en el diseño que el Ayuntamiento de Santa Colomba comenzó a ejecutar en el año 2023, después de haber sido criticado por la oposición pero autorizado formalmente por la Comisión de Patrimonio, que puso por exigencia que no se tocara el mástil. Pero la Junta justifica que entonces el Consistorio ejecutó estructuras y elementos, como “un muro de mampostería” alrededor del montículo de la Cruz de Fierro, que no estaban previstos ni contemplados. La alta tensión creada, con sonoras protestas allí mismo, hizo que Patrimonio exigiera frenar los trabajos, comprometerse al Ayuntamiento maragato a demoler lo construido y no volver a intervenir sin el máximo consenso.

Aparente gran consenso

El nuevo diseño parece llegar ahora en gran medida con ese consenso, si se respeta lo proyectado. Eso asegura Camino Francés Federación y eso confirma Patrimonio de la Delegación Territorial de la Junta, consultado por ILEÓN.

La administración autonómica, competente en patrimonio, afirma que se ha participado en el proceso “asesorando y orientando”, ya que en realidad el Ayuntamiento es ahora “soberano” en materia de protección de la figura de la Ruta Jacobea, BIC y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Lo es desde que en marzo de 2025 se aprobara su propio Plan Especial del Ámbito de Protección del Camino de Santiago.

Aquí el vídeo que recrea el futuro aspecto del entorno de la Cruz de Fierro.

Uno de los polémicos proyectos del grupo Repsol para ampliar su presencia eólica en la Sierra de Gistredo, en la comarca de El Bierzo, recibe un nuevo y definitivo revés administrativo, nuevamente por sus graves afecciones ambientales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el sábado 17 de octubre la resolución que rechaza la autorización administrativa previa para el parque eólico llamado 'Ampliación El Páramo', promovido por Cefiro Holdco 8 SL, filial vinculada al grupo petrolífero, y ordena el archivo del expediente de manera definitiva.

La instalación proyectada, tan polémica como todas en esta zona altamente sensible en el norte de El Bierzo, contemplaba una potencia de 50,88 megavatios (MW), junto con las infraestructuras necesarias para evacuar la electricidad que buscaba a generar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) fundamenta su decisión tanto en la declaración de impacto ambiental desfavorable como en la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, al no haberse cumplido los plazos establecidos por la normativa.

La resolución culmina así la tramitación de una iniciativa que se suma a otros proyectos eólicos rechazados en este entorno de alto valor natural de la provincia de León, el último a principios de este mismo año.En conjunto, ambos proyectos contemplaban 25 aerogeneradores repartidos por los municipios de Noceda del Bierzo, Igüeña y Páramo del Sil. La evaluación ambiental concluyó que las instalaciones podían provocar impactos negativos significativos para los que las medidas propuestas no ofrecían garantías suficientes de prevención, corrección o compensación.

Urogallo, oso... y mucho más

Entre los principales motivos de rechazo figuraban los riesgos para el oso pardo y el urogallo cantábrico, dos especies catalogadas en peligro de extinción, con el urogallo en una situación especialmente crítica. Aunque los parques no se encontraban estrictamente dentro del ámbito del plan de recuperación del oso pardo, la evaluación constató la presencia habitual y estable de ejemplares en el área de implantación. Las obras y la explotación de las instalaciones podían alterar su hábitat y generar un efecto barrera para sus desplazamientos.

La afección no se limitaba a estas dos especies. Los proyectos se situaban íntegramente dentro del área de importancia para las aves IBA-15, denominada Sierras de Gistredo y Coto, y de la Zona Importante para los Mamíferos Alto Sil-Sierra de Gistredo. También podían comprometer la conectividad del denominado Corredor del Cantábrico, una propuesta de red estratégica de corredores ecológicos entre espacios protegidos.

La evaluación advertía de que las instalaciones podían perjudicar la conexión ecológica entre los espacios de la Red Natura 2000 Alto Sil, Sierra de los Ancares y Omaña, pese a que los aerogeneradores no se ubicaban físicamente dentro de esos espacios protegidos. A ello se sumaba el impacto paisajístico sobre enclaves de alto valor natural, como el macizo del Catoute y la Sierra de Gistredo, el macizo de Ancares y la Hoya del Bierzo Oriental.

Una larga lista de proyectos rechazados en Gistredo

El archivo de 'Ampliación El Páramo' refuerza la sucesión de negativas a grandes instalaciones eólicas planteadas en este sector montañoso berciano. Antes habían sido rechazados los proyectos Acario y Tureno, promovidos por Capital Energy, y el parque Alto Bierzo-Sil, también vinculado a Repsol, que recibió una declaración ambiental desfavorable por el impacto previsto sobre el territorio.

Los antecedentes se remontan incluso más atrás. En 2014, los tribunales anularon definitivamente el parque eólico Quintana, impulsado por el Grupo Lamelas y Unión Fenosa, después de un recurso de asociaciones ecologistas que puso de manifiesto graves irregularidades en la autorización concedida por la Junta de Castilla y León.

La acumulación de resoluciones desfavorables refleja las dificultades para sacar adelante grandes proyectos eólicos en la Sierra de Gistredo, un territorio de elevado valor ecológico y paisajístico que, sin embargo, la Junta de Castilla y León se resiste a proteger con alguna figura como las que sí afectan a zonas aledañas y de similar alto valor.

El Partido Popular (PP) de León ha puesto este lunes en marcha la maquinaria electoral en la provincia con la celebración de un Comité de la Gestora, tras conocerse ya de manera oficial que su actual diputada nacional y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, repetirá como número uno en la lista a la Cámara Baja en los comicios convocados para el 29 de noviembre.

Pocos anuncios a mayores desveló el presidente provincial en funciones de la actual Gestora del PP leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, relegando para “los próximos días” el resto de las composiciones de las listas. Pero sí se metió de lleno en la precampaña, arropado por numerosos cargos públicos de la formación y situado delante del eslogan popular “Por fin”.

El también consejero de Industria y Universidades en el Gobierno de la Junta de Castilla y León que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, que como juez en excedencia a causa de su protagonismo político acaba sin embargo de conseguir una plaza de magistrado en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instó a que el PP de León obtenga “el mejor resultado”. Se trata de contribuir de manera “relevante” desde la provincia a “cambiar el estado de nuestra España, de nuestra nación, sumida”, dijo, “en una absoluta crisis institucional, política e incluso social, derivada de un Gobierno pernicioso” presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Quiñones aseguró ante los periodistas que el actual es un momento “tan relevante” y de “similar significación histórica” como “la Transición y después el 23F”. “Porque en definitiva es o Alberto Núñez Feijóo o continuar con un régimen que sabe dios hasta dónde podría llegar”, zanjó.

En términos más locales, el mandatario leonés resaltó los “proyectos abandonados y olvidados por parte del Gobierno de España” en la provincia, poniendo como ejemplo el incumplimiento de la mayoría de las infraestructuras que formaron parte del pacto entre PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) para cogobernar en la Diputación leonesa.

Se refirió expresamente en la comarca de El Bierzo a la autovía A-76 entre Ponferrada y Orense, la circunvalación de Ponferrada, el acceso al Hospital El Bierzo desde la autovía A-6 o el “trazado ferroviario imposible” entre Ponferrada y León, que “somete a los ponferradinos a una odisea y condena las mercancías y el Eje Atlántico ferroviario noroeste”.

Mencionó también los “olvidos” de la autovía León-Valladolid, la A-60, la de la Plataforma Logística de Torneros, anunciada para el año 2023 sin que “se hiciera nada”, u otros como segunda fase de ampliación del Parador Nacional de San Marcos, el cierre de la Ronda exterior de la capital con su tramo norte o la llegada de Feve al centro de la ciudad. Y aseguró que frente a todos esos incumplimientos, con el PP en el Gobierno central, “es el momento en el que se diga 'sí' a todos esos proyectos”. “Un momento de ilusión, en el que puede haber un cambio que permita que España y que León resurjan y de nuevo que los leoneses y las leonesas los vean materializados”.

Era una especie de secreto a voces pero nadie lo daba todavía por seguro al cien por cien. Hasta que este lunes 19 de octubre, apenas 42 días antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y a través de redes sociales, el Partido Popular (PP) de León ha desvelado que su actual diputada nacional y expresidenta provincial, Ester Muñoz, repetirá como cabeza de lista al Congreso por la provincia leonesa.

Lo hará a pesar de tener que compaginar esta responsabilidad con dos de la máxima altura nacional que ya porta a sus espaldas: la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en la que se estrenó hace más de un año como mano derecha del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Y más recientemente su designación también como portavoz oficial de la campaña electoral nacional.

La duda ahora es de qué manera podrá compaginar una exposición pública tan relevante y de primer nivel sobre todo en Madrid con el desarrollo de una campaña electoral provincial de la que será de nuevo cabeza de cartel. Lo que busca el partido es que en la provincia leonesa Muñoz suponga un espaldarazo para conseguir una victoria provincial que en las últimas contiendas ha caído siempre del lado del PSOE, y repartiéndose mitad por mitad las cuatro actas en juego.

La propia Muñoz había mostrado el pasado domingo 12 de octubre en una visita a la capital leonesa ya en plena precampaña, su preferencia por concurrir a la cita del 29 de noviembre por la circunscripción leonesa, sin ocupar ningún puesto en la lista por Madrid. Con lo que esta decisión de partido confirma lo previsto por la emergente política leonesa y lo hace como si se tratara del fichaje de una gran estrella del deporte.

Ester Muñoz de la Iglesia nació en León el 13 de junio de 1985 y es licenciada en Derecho por la Universidad de León, con un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Murcia. Inició su trayectoria política en Nuevas Generaciones del PP y, desde 2012, trabajó como jefa de gabinete en la Vicesecretaría de Organización y Electoral del partido.

Fue senadora por León en las legislaturas XI y XII, entre 2015 y 2019, y ejerció como portavoz popular en la Comisión de Justicia del Senado, muy de la mano del senador leonés Luis Aznar. Tras un tiempo algo denostada, regresó brevemente a un puesto de confianza de Presidencia de la Junta de Castilla y León junto a Alfonso Fernández Mañueco para, posteriormente, ser designada delegada territorial de la Junta en la provincia de León. El siguiente paso natural, en pocos meses, fue su elección también como presidenta provincial del PP, cargo que ocupó hasta junio de 2023.

Desde julio de 2025 es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, tras sustituir a Miguel Tellado, y es considerada una de las figuras más cercanas a Alberto Núñez Feijóo, que la nombró coordinadora estatal de campaña para estas Elecciones Generales del 29N.

De momento no se conoce quién será su número dos en las listas provinciales del PP. Esta misma tarde, poco antes de airearse su designación, estaba prevista la celebración de la dirección provincial interina, la Gestora Provincial, de la formación “para abordar asuntos electorales” bajo la presidencia temporal pro ya muy dilatada sin relevo del consejero autonómico Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Veinticinco contra uno. Todos los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, contra el criterio del máximo responsable del cumplimiento de la legalidad administrativa en la Diputación de León. La suma unánime de los 25 votos del Gobierno provincial de PSOE y UPL, así como de la oposición de PP y Vox, ha permitido hoy aprobar en un Pleno extraordinario y de acuciante urgencia el reparo que el interventor del Palacio de los Guzmanes, Rafael Benito y Benítez de Lugo, ponía para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de los 60 millones de euros del Plan de Cooperación de los años 2024 y 2025. Un plazo que, aunque muy amplio, y aunque ya se había prorrogado un año, asfixiaba a más de 70 municipios leoneses, que se arriesgaban a perder el dinero concedido para proyectos de infraestructuras importantes para sus pueblos.

El plenario apoyó por unanimidad final un 'estiramiento' formal de esos plazos, como solución in extremis para permitir que el Plan de Cooperación se ejecute en su totalidad, a pesar de que el veto formal de Intervención podría haber sido levantado sólo por el presidente, Gerardo Álvarez Courel. Pero de este modo, la decisión se arropó como política y compartida, como se encargaron de manifestar todos los portavoces de los cuatro grupos representados en el Palacio. Y de este modo, se desbloqueaba “dentro de la legalidad”, como la institución defendía hace escasos meses, un complejo entuerto administrativo que iba a devenir en la pérdida de millonarias inversiones si no se buscaba una solución antes de fin de año.

Eso sí, para conseguirlo, había que pasar por encima del criterio formal del interventor, que estaba presente en la sesión. Él, con la normativa en la mano, y en un informe oficial al respecto, defendía que no cabía prórroga alguna ni a las obras en sí ni a su justificación por no permitir la Ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, que era sólo de dos años y expiraba en apenas dos meses y medio.

Ahora, con el 'sí' de todos, el calendario establece como fecha límite para la realización de las inversiones el 16 de agosto de 2027 y el plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente se extiende hasta el 16 de septiembre de 2027.

Valentín Martínez, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de quien depende precisamente el área de Cooperación que repartió un plan de obras histórico por su volumen de inversión de 60 millones, agradeció todo el apoyo político para retirar la amenaza de los plazos inminentes “con plenas garantías, técnicas y jurídicas”. Y al igual que relataban desde la oposición David Fernández, del PP, o Fernando Prieto Olite, de Vox, relataba las diversas causas, todas ajenas a la institución, que estaban asfixiando a los municipios a la hora de conseguir culminar sus inversiones de aquella doble anualidad 2024-2025.

Así, relató casos de “falta de contratistas”, conllevando a “obras que quedan desiertas” y deben volver a licitarse “con nuevos expedientes de contratación”, o “falta de personal” en las compañías que sí conseguían las adjudicaciones. Y para rematar, “incrementos constantes de precios” por “la inestabilidad” internacional, o la falta de personal como secretarios o intervención en los Consistorios.

Por el PSOE, Santiago Dorado insistió en que la alternativa a la aprobación de hoy, dejar los plazos como estaban, sería “dejar caer todos los proyectos” de inversión bloqueados, lo que sería “un fracaso y un castigo injusto a nuestros pueblos”. Algo que el popular Fernández recordó que su grupo llevaba “medio año insistiendo” instando a que los 208 municipios agraciados “no perdieran un solo euro”.

Así, como una piña política, en cuestión de minutos, y frente a la estricta legalidad que defendía el interventor provincial, los votos a favor han marcado una moratoria que deja respirar a todos los consistorios leoneses.

Un monumental puente de piedra de 250 años de antigüedad que diga adiós al actual tráfico rodado de vehículos y recupere su uso exclusivamente peatonal, como hito del Camino de Santiago a su paso por León capital. Ese es el plan que ha diseñado el Ayuntamiento de León para el Puente del Castro, el paso sobre el río Torío en el sur de la ciudad, acceso principal del Camino de Santiago Francés por el barrio de Puente Castro. Porque hace mucho tiempo que ni peregrinos ni vecinos pueden transitar por él al caber exclusivamente los vehículos sobre su calzada, que se corresponde con la carretera N-601.

Esta finalidad sólo peatonal es la que aparece recogida en el Plan Especial del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Municipio de León, aprobado hace ya casi dos años, y que fue acompañado de una serie de proyectos de mejoras, valorados en unos 20 millones de euros, de puntos concretos de la ciudad por los que atraviesa la Ruta Jacobea.

Uno de esos puntos sensibles es precisamente este Puente del Castro, que data del año 1778, y que necesita labores urgentes de restauración por su estado, ya que los últimos trabajos municipales datan de hace al menos 15 años. Por eso, el actual equipo de Gobierno del PSOE ha puesto en marcha el proceso para acometer su reforma.

El método elegido ha sido sacar un concurso de ideas y proyectos para elegir el que más convenga, que será seleccionado por un jurado. Así se ha decidido hoy en la Junta de Gobierno local, especificándose que la futura ejecución de las obras dispondrá de un presupuesto total de casi 600.000 euros (exactamente 597.558 euros).

Las partidas económicas

De esta cantidad se reservará la cuantía para el concurso de ideas de 60.193,49 euros y de ellos, 12.396,69 son los que se destinarán este año en concepto de premios y primas de los participantes. El resto del dinero “corresponderá al posterior contrato de servicios para la redacción del proyecto definitivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud”, remarcan en una nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa es seleccionar en concurrencia de varios planteamientos “la propuesta técnica, metodológica y paisajística más idónea para consolidar y devolver el esplendor a un elemento patrimonial y de ingeniería singular” como es el acceso principal entre la capital leonesa y Puente Castro, hito además del Camino de Santiago, que sólo sobre este puente de piedra suma 150 metros de trazado. Se busca, remarcan, conseguir “una entrada más amable, accesible y digna para vecinos y peregrinos”.

El proyecto concibe el Puente del Castro como un punto clave de articulación urbana que conecta el corredor fluvial del río Torío con el sistema general de espacios libres de la ciudad. De este modo, la propuesta ganadora deberá integrar criterios de alta accesibilidad, protección frente al cambio climático y estricto cumplimiento del principio medioambiental de no causar un perjuicio significativo, reforzando el atractivo turístico, cultural y social del barrio de Puente Castro.

Una solución que topó con el 'León romano' y se bloquea

Pero una cosa es esta restauración y otra distinta, más a medio o incluso largo plazo, la futura recuperación sólo peatonal del acceso, ya sin coches sobre el puente. Y es que el Plan del Camino de Santiago municipal considera que se trata de lo que llama una “propuesta vinculada”. En este caso, estaría vinculada a dar otra solución factible al tráfico rodado, la cual no está cerca de materializarse.

El documento oficial contempla cuál sería la principal alternativa darle continuidad a la avenida de La Lastra, ejecutada en parte desde el barrio leonés del mismo nombre pero que no está completa por otro serio escollo patrimonial: el hallazgo arqueológico de muy importantes restos romanos del llamado 'Vicus militar de Ad Legionem'. Y a pesar de que ya hace años que allí se ejecutó en 2013 con inmensa polémica la carretera de doble carril desde La Lastra, sepultando esos restos, recientemente la Junta de Castilla y León obliga al Ayuntamiento leonés a garantizar su protección, cambiando si es necesario para ello su propio Plan urbanístico.

Esta situación puede provocar un bloqueo de muchos años para desbloquear un tránsito rodado que debería sustituir al que se sigue realizando sobre el valioso puente de estilo clasicista, con rasgos barrocos en sus bóvedas de cañón y vanos de luces cortas. Y eso que el propio Plan del Camino de Santiago de la capital vigente admite de la irregularidad de que “los caminantes se ven obligados a desviarse del itinerario histórico, antes del puente, mediante un camino alternativo por la calle Victoriano Martínez y la nueva pasarela peatonal sobre el río Torío”. “Esta ruta”, remarcan “se aparta del trazado que delimita el Conjunto Histórico”.

La actuación de restauración sobre el puente que hoy arranca se suma a otras recientemente iniciadas también. La última, hace sólo una semana, con más de 1,5 millones destinados a la reforma integral de la avenida de Madrid y el monumento del Crucero jacobeo en el mismo barrio de Puente Castro. Y también en los últimos días ha causado revuelto, y no pocas críticas, al conocerse que otro proyecto incluido en el Plan, el del rollo de Santa Ana, supondrá la desaparición de la actual fuente de agua que está en el centro de la avenida Alcalde Miguel Castaño. Una iniciativa a la que Unión del Pueblo Leonés (UPL), que mantiene amplios apoyos con el equipo de Gobierno socialista, se ha mostrado abiertamente en contra, exigiendo que no se ejecute.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

La Junta de Castilla y León, Gobierno conformado por el pacto de Partido Popular (PP) y Vox, asumirá al cien por cien el concepto de VPN (Vivienda de Prioridad Nacional) acuñado por los concejales del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España.

De este modo, la Junta asume la condición que impusieron los dos concejales del Vox en el ayuntamiento de la capital de la comarca de El Bierzo cuando en el último Pleno se aprobó la cesión de la parcela en La Rosaleda, el barrio de Ponferrada suyo símbolo sigue siendo el fantasmal rascacielos construido en la primera década del siflo XXI, el edificio más alto de toda Castilla y León, que sigue vacío como una gigantesca alegoría de la burbuja inmobiliaria.

En aquella sesión plenaria, el Grupo Socialista en la oposición se opuso de manera frontal a la enmienda excluyente de Vox, que sí votaron a favor los dos partidos del equipo de Gobierno, PP y Coalición por el Bierzo. Su portavoz, Olegario Ramón, equiparó el concepto de “prioridad nacional” con el de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre. Recordó, además, que el plenario estaba imponiendo a otra administración, en este caso a la Junta de Castilla y León, un criterio de empadronamiento mínimo dilatado desde una Corporación municipal.

Pero la Junta ha certificado hoy que asume ese criterio. Y lo hace, confirmó Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, porque coincide plenamente con el polémico apartado de su pacto con Vox en Castilla y León en el que este último impuso su “prioridad nacional”, que el PP prefiere denominar más eufemísticamente “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

En una rueda de prensa, Carriedo aseguró que en la Junta “somos muy respetuosos” con las decisiones del Consistorio “en el ámbito de su autonomía” para a continuación insistir en que se cumplirá a pies juntillas la literalidad de su pacto de Gobierno. El apartado se denomina de “Acceso a la vivienda protegida y el alquiler social” y determina literalmente la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España”. Y acota aún más, en plena coincidencia con lo acordado por la derecha y la extrema derecha en Ponferrada: un mínimo de 10 años para compra y cinco años para alquiler. “En este criterio se va a mover la Junta de Castilla y León en este ámbito”, zanjó el portavoz, refiriéndose por tanto no sólo al caso de los nuevos pisos a acometerse en Ponferrada sino a cualquier otra construcción social de la Comunidad autónoma.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

Después de muchas décadas de desidia y abandono, a partir de esta semana los vecinos de la localidad de La Robla, en la Montaña Central leonesa, podrán comentar la casi inaudita estampa de obreros y máquinas trabajando en el que seguramente es su más antiguo vestigio de vivienda tradicional.

La vida volverá, en forma de unas costosas obras presupuestadas en algo más de 1,4 millones de euros, a una de las pocas estampas de la época dorada de la burguesía en esta localidad. Se trata de La Casona, y no hay prácticamente nadie que no conozca este edificio céntrico e imponente, los más antiguos vecinos por su época de esplendor y los más recientes por triste ruina actual, que simboliza un poco el lento declive económico y demográfico de un territorio que sufre la reconversión minera e incluso industrial.

Como símbolo de un renacimiento parece enfocar ahora el Ayuntamiento un proyecto que sin duda es de lo más ambicioso acometido en muchos años en La Robla, por la elevada cuantía de la inversión y la doble finalidad de los trabajos: por un lado, llegar in extremis a conservar casi intacta la vieja y bella hechura de La Casona, y por otro para darle una nueva vida y futuro, en forma de ambicioso proyecto cultural. Porque tras las obras, que se han adjudicado este verano a la empresa leonesa Valdenuciello SL, el Consistorio encadenará nuevas fases posteriores para darle al inmueble pleno uso cultural para actividades de pequeño y mediano formato, biblioteca accesible e incluso salón de actos.

Todas esas funciones las acoge desde hace años la “demasiado grande” Casa de Cultura, tal y como la describe el alcalde, el socialista Santiago Dorado. Un gran edificio situado de hecho frente a la parte galería acristalada, que abrió sus puertas en 1989 y fue modernizada energética y estéticamente hace muy poco con casi medio millón de euros. “Pero es (un espacio) inmenso, con una biblioteca gigantesca -alberga 21.500 libros y mucho más material para sus 855 socios- y un salón de actos igualmente excesivo” para los eventos habituales que La Robla alberga, resalta el regidor. De ahí que a su sombra, La Casona, con sus 400 metros por cada una de sus dos plantas, y su patio interior, se conciba ahora como el lugar perfecto para presentaciones de libros, charlas, todo tipo de reuniones y otras muchas actividades, explica.

Datos formales

Las obras en el que es seguramente el más histórico inmueble roblano, comprado hace años por el Ayuntamiento precisamente para evitar su total desaparición por derrumbe, daban comienzo oficialmente a partir de este martes 13 de octubre. Y el plazo de ejecución ha de ser de diez meses, contando con que una de las mejoras de la empresa, que fue la única licitadora, fue rebajarle 60 días al plazo inicial establecido.

Por su cuantía, el proyecto será de los más ambiciosos en muchos años en La Robla. La cifra de 1.421.460,06 euros exactos, impuestos incluidos, contará con una doble subvención de la Diputación, relata el también diputado provincial Dorado: 400.000 euros del llamado Plan R -Rehabilitar, Recuperar, Reactivar- del Instituto Leonés de Cultura (ILC) y otros 540.000 del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (Píos).

El resto, “fondos propios”. El regidor resalta lo costoso que resultará volver a su antiguo esplendor hoy en día el pórtico, la vieja galería o balconada, que requiere una práctica total reconstrucción. Pero también toda la cubierta, con numeroso tejado hundido hace años, o adecentar y volver a la vida el patio, donde incluso se construyó “un chabolo”, allí donde en su esplendor existía un gran jardín con árboles exóticos, delimitado por un muro y una verja que desaparecieron con las transformaciones urbanas posteriores.

De historia lustrosa a un pub y el abandono

Ese proyecto hace las veces de orgullosa memoria de La Robla al repasar el origen y apogeo de La Casona. El inmueble está vinculado a la familia Sarabia, saga de médicos que construyó la vivienda a principios del siglo XX para Tomás Sarabia, cuya profesión y propiedad heredó posteriormente su hijo Adolfo. Situado en la actual calle Ramón y Cajal, números 6 y 8, junto a la antigua carretera de Asturias, el edificio tuvo también usos comerciales y los últimos, de los más llamativos. Desde mediados del siglo XX, en sus bajos funcionaron un almacén de bebidas y una fábrica de gaseosas de Nicanor Cardeñosa, además de una tienda de ropa y mercería regentada por Tita Monzón. En el inmueble contiguo hubo una vivienda y el bar El Cabra, que después se convirtió en el Pub Viaggi. Este fue su último destino hasta que en la década de los 90 sólo habitó el abandono.

Su principal singularidad reside en conservar uno de los escasos ejemplos de arquitectura histórica de La Robla, localidad que perdió buena parte de su patrimonio construido durante el crecimiento económico e industrial iniciado en la década de 1960. El conjunto destaca especialmente por su fachada sur, con soportal y una amplia galería acristalada en la planta superior, elementos característicos de las viviendas burguesas de finales del siglo XIX y principios del XX.

La apertura de la calle Escritora Josefina Rodríguez de Aldecoa, en 1986, modificó el entorno del inmueble y dejó su fachada sur orientada hacia esta nueva vía, formando una esquina destacada en el centro de la localidad. El edificio, además, se encontraba junto a las antiguas escuelas de La Robla, una preciosa construcción de ladrillo de principios del siglo XX que también ha desaparecido.

Desde el punto de vista patrimonial, el inmueble constituye uno de los mejores ejemplos conservados de las antiguas galerías acristaladas de La Robla, un elemento arquitectónico que llegó a ser habitual en la zona de la montaña central leonesa. El alcalde enumera en “apenas otras dos casas con pórtico” pero el valor de La Casona es que su fachada sur mantiene prácticamente intacta su configuración original, documentada ya en 1959. Eso le otorga un especial valor como testimonio de la arquitectura tradicional y de la historia urbana de una localidad que se resiste a perder del todo su pasado reciente y aspira a que la cultura sea su nuevo motor.

La Plaza Mayor, una zona altamente protegida del Casco Histórico de León, arrancó hace justo dos años un primer proyecto para su reforma integral y todavía acaba de poner en marcha un segundo y tercer contrato diferentes, lo que elevará la cifra total de inversión hasta los 4,3 millones de euros.

La Junta de Gobierno ha adjudicado hoy el último de ellos, por valor de 586.232,19 euros, exactamente la misma cifra por la que salió a licitación ya que sólo una empresa se ha presentado al concurso público, Decoración y Construcción de Obras Leonesas (Decolesa), sin baja ni mejora alguna en el precio.

Será esta compañía por lo tanto la que por espacio de 12 meses, un año de duración, ejecutará las labores de restauración de paramentos, elementos de piedra, balcones de viviendas particulares, cielorrasos, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, utilizando, aseguran en la nota de prensa, “técnicas tradicionales”. No en vano, este espacio goza de un grado de protección máximo: la totalidad del espacio forma parte del Conjunto Histórico-Artístico declarado en septiembre de 1962 y está integrado en el Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua, sujeto por lo tanto al Plan Especial del Casco Antiguo (PECA).

Por su parte, el edificio del Consistorio Viejo, conocido como Mirador del Concejo, que será objeto de otro proyecto aparte adjudicado la semana pasada, con fondos estatales del 2% Cultural, cuenta con el máximo grado de protección del catálogo del PECA, el Grado I. Por su parte, las fachadas y los soportales de la plaza, objeto del último contrato de hoy, tienen un Nivel de Protección II, que obliga a conservar sus características históricas, su estructura y su configuración exterior, además de retirar añadidos o elevaciones que resulten ajenos a su diseño original.

El mencionado proyecto del Consistorio Viejo fue licitado en busca de empresa hace apenas siete días, tras muchos meses de retraso por dificultades económicas, por un importe mucho más elevado del que al principio se estimó. La cifra final asciende a 1,8 millones de euros. Lo que hizo el equipo de Gobierno en su última sesión fue declarar formalmente desierta la licitación previa, aprobada a finales de julio, oficialmente por no presentarse ofertas por parecer insuficientes los 1.270.000 euros iniciales, para volver a sacarla ahora por 1.798.799,29 euros.

Para rematar la cuenta del remodelado total de la Plaza Mayor leonesa, hay que recordar los 1,9 millones de euros que ya costó hace dos años la total renovación de su pavimento y mobiliario. Y con todo eso junto sale la suma total de 4,3 millones de euros sólo en el presente mandato.

Detalles del último contrato

La nueva actuación busca, según el Ayuntamiento de León, resolver las “patologías constructivas de los soportales y fachadas” de las viviendas de la Plaza Mayor. También se menciona su acondicionamiento “para su uso cultural y turístico”, así como “reforzar su puesta en valor dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León”.

Al tratarse en algunos casos de arreglos en propiedades privadas, como los balcones de las casas, el Ayuntamiento debe contar previamente con las autorizaciones de los propietarios y comunidades de vecinos. Una vez obtenidos los permisos, los trabajos se desarrollarán tramo por tramo centrados en la piedra, los acabados de mortero y la cerrajería de las balconadas, además de arreglos puntuales en aleros.

El nivel de actuación no está aún cerrado del todo: se determinará según el estado de conservación de cada elemento, tras las inspecciones de la dirección de obra, matizan. Los trabajos contemplan la eliminación de los chapados de piedra en la pilastra de esquina con la calle Mariano Domínguez Berrueta -la que sube a la Plaza de Regla, de la Catedral-, así como la limpieza mediante microproyección de las fábricas pétreas en las arquerías de la planta baja, impostas y recercados. Asimismo, se retirarán elementos obsoletos, ganchos, herrajes y cableados en desuso entre los balcones.

En los balcones, tras retirar baldosas y soleras para revisar el sistema estructural, se acometerá el refuerzo de las pletinas de los forjados y solados que lo requieran, mientras que barandas y jabalcones se conservarán en su mayoría.

Finalmente, en los soportales, se inspeccionarán los falsos techos de cielorraso de cañizo renovados a finales de los noventa; tras el lavado y rascado de pinturas viejas, solo se demolerán y repondrán con técnicas tradicionales de yeso y cañizo aquellos tramos que presenten desperfectos, teóricamente sin tocar el resto.

La constante carrera de obstáculos que supone circular, pagando uno de los peajes más caros de España, por la autopista León-Asturias (AP-66) sumará en este mes de octubre nuevas dificultades a causa de obras de asfaltado en cuatro importantes túneles de su trazado.

Las nuevas restricciones al tráfico que ha anunciado hoy el Ministerio de Transportes comenzarán a partir del martes 13 de octubre. A partir de esa fecha, y en principio hasta que se concluya el último el 24 de octubre, tras doce días de trabajo, se producirán cortes de calzada en un total de cuatro túneles para que máquinas y operarios puedan extender nuevo aglomerado.

Las labores forman parte de una nueva fase de las obras de modernización que afectan al principal acceso entre Asturias y León, y obligarán a desviar la circulación hacia la calzada contraria, donde se habilitará temporalmente el tráfico en ambos sentidos. Las restricciones se prolongarán durante varios días y se mantendrán tanto de día como de noche, mientras la concesionaria, Aucalsa, continúa cobrando íntegramente el caro peaje de la AP-66.

Los trabajos afectarán en concreto a los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, en el tramo asturiano, y al de Oblanca, en territorio leonés. En los tres primeros se cerrará la calzada en sentido León entre el 13 y el 17 de octubre, y la de sentido Oviedo entre el 23 y el 29. En Oblanca, los cortes en dirección León se producirán del 15 al 20 de octubre, mientras que la circulación hacia Oviedo quedará afectada del 21 al 24.

Los vehículos tendrán que cambiar de calzada a través de los pasos de mediana habilitados en los kilómetros 77 y 80,8 para los túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga, y en los kilómetros 91,1 y 92,3 en el caso de Oblanca. La circulación será bidireccional en la calzada abierta, una circunstancia que obliga a extremar las precauciones en un recorrido de montaña especialmente condicionado por la configuración de la vía y sus túneles.

El Ministerio advierte además de que podrán producirse cortes de carril en otros túneles no incluidos en estas restricciones, de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 22.00. Se trata, por tanto, de una nueva tanda de afecciones que se suma a las molestias derivadas de las obras que se desarrollan en la autopista desde hace tiempo, así como a varios desprendimientos y otros desperfectos que aquejan a la autopista. Hay que recordar que otra reforma interior del mayor de los túneles, El Negrón, se anunció que también afectaría al tráfico hasta el mes de noviembre.

El peaje íntegro, en el punto de mira judicial

La reiteración de cortes, desvíos y limitaciones de circulación reaviva una cuestión que usuarios y algunas instituciones públicas o sindicatos llevan tiempo denunciando: por qué deben pagar íntegramente el peaje de una autopista de concesión privada cuando las condiciones del servicio se ven alteradas por las obras y otros problemas que afectan a la circulación y a la seguridad de manera constante. Eso sin contar con que la concesión debería haber terminado en 2021 y el Gobierno del PP de José María Aznar decretó que perviviera hasta 2050, una ampliación que también está judicializada y de hecho sancionada por Europa.

La controversia del pago íntegro ha llegado a los tribunales por varias vías. La Fiscalía de León ha recibido del Tribunal Supremo el encargo de determinar si el cobro íntegro del peaje de la AP-66 resulta legal en las actuales circunstancias, marcadas por las obras y los desperfectos que perjudican las condiciones de uso de la infraestructura.

Además, una reciente sentencia de un juzgado de Oviedo ha reconocido el derecho de un usuario particular a recuperar tres pagos realizados por circular por la también llamada Autopista del Huerna. El demandante reclamó por vía civil a la empresa concesionaria y obtuvo una resolución favorable que abre una posible vía de reclamación para otros conductores, si así lo reclaman.

81,8 millones de euros de fondos europeos para una concesión privada

La segunda cuestión que alimenta las críticas tiene que ver con quién paga las obras. El plan de modernización que en su conjunto afecta a los siete túneles de la AP-66 -Barrios, Cosera, Oblanca, El Negrón, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras- cuenta con un presupuesto de 81,8 millones de euros, licitado en agosto de 2022 por el Ministerio.

Y ese dineral millonario 'se come' un montante inmenso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone que esta actuación de mejora de la infraestructura se afronta con recursos públicos procedentes de Europa y no directamente con una inversión de la empresa que explota la autopista, recauda el peaje y suma beneficios anuales por ello.

La promoción de la riqueza del turismo de la provincia de León sigue cojeando. El Consorcio Provincial de Turismo de León, Turisleón, integrado por la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, ha comprobado que tiene muchos pasos que dar aún para incrementar la visibilidad del 'producto'. Y con esa idea se dispone a dar por fin un esprint, aunque sea seis años después de anunciarlo.

Ese espaldarazo tiene dos datos esenciales: casi 93.000 euros de inversión y cuatro años de trabajo por delante, para a reforzar su presencia en redes sociales y contratar a una empresa especializada en labores de community manager, con la obligación expresa de inaugurar por fin recursos como TikTok o un canal de Whatsapp. Sin embargo, al mismo tiempo, es una carrera que todavía mantiene vallas tan infranqueables como incomprensibles, de modo que la web oficial de Turisleón continúa sin un solo contenido en inglés o francés.

El nuevo contrato, con una duración inicial de dos años y posibilidad de dos prórrogas anuales, parte de un presupuesto con IVA de 46.464 euros para ese periodo inicial, que cubriría los años 2027 y 2028. Si se ejecutan además las dos prórrogas previstas, el gasto total alcanzará los 92.928 euros, hasta 2030. El objetivo es mejorar el posicionamiento digital del destino turístico León, aumentar su visibilidad y captar entre 10.000 y 15.000 nuevos seguidores en la suma de sus redes sociales durante el primer año. Eso ya aparece como condición obligatoria.

Una 'avalancha' de publicaciones obligatorias

La empresa que resulte adjudicataria tendrá que hacerse cargo de los perfiles oficiales de Turisleón ya existentes: Facebook, Instagram, X (antiguo Twitter) y YouTube. Y además, debe crear desde cero los canales de TikTok y WhatsApp. El pliego fija una actividad mínima muy ambiciosa: cinco publicaciones semanales en Facebook; cinco publicaciones, cinco reels y siete stories cada semana en Instagram; tres tuits semanales; un vídeo en YouTube cada quincena y por lo menos tres vídeos semanales en TikTok cuando arranque.

La estrategia busca así llevar la promoción turística provincial hacia formatos especialmente orientados a públicos jóvenes, admite, y al consumo rápido de contenidos audiovisuales. Así, por ejemplo, en Instagram se exige expresamente que los reels sean novedosos y estén basados en tendencias. El mismo contrato obliga además a mantener actualizada la agenda de actividades y eventos de la web oficial, www.turisleon.com, que tras casi dos años actualizada apenas tiene contenido de este tipo, así como tampoco versión ni siquiera en inglés.

Las obligaciones para la adjudicataria no acaban ahí: a esta producción semanal se deben sumar tres diseños gráficos mensuales con una imagen unificada de marca, dos vídeos o animaciones y un concurso o sorteo cada mes en las redes mencionadas para multiplicar en tiempo récord los seguidores. La empresa tendrá además que acudir presencialmente a dos grandes citas turísticas al año, Fitur en Madrid e Intur en Valladolid, durante jornadas de ocho horas.

Prohibido comprar seguidores

El contrato establece incluso objetivos de crecimiento muy detallados: un aumento mensual del 10% en seguidores, del 15% en alcance y de al menos un 5% en interacción en cada una de las redes sociales. También se pretende utilizar las redes para llevar tráfico hacia el portal turístico provincial y aumentar sus visitas, con números realmente muy discretos, dadas también sus carencias.

Y por último, se busca impedir el fraude: el pliego incluye una cláusula que perseguirá que ese crecimiento en redes se consiga de manera artificial, es decir, la compra de seguidores o interacciones y también la sincronización automática de publicaciones entre distintas redes sociales. O lo que es lo mismo, obliga a generar contenidos propios y adaptados a cada plataforma.

550 euros al mes en publicidad y premios

En otro detalle más, el contrato que saca la Diputación que preside el Consorcio incorpora además una cantidad que la empresa adjudicataria deberá gastar obligatoriamente cada mes. De los 1.936 euros mensuales que supone el presupuesto base del servicio, 400 euros tendrán que dedicarse a campañas de publicidad digital en las redes sociales de Turisleón, y otros 150 euros mensuales a la adquisición de premios y gestión de concursos y sorteos que animen todo el proceso. La suma arroja 550 euros mensuales, 6.600 euros al año, destinados directamente a comprar difusión publicitaria y premios para los seguidores, al margen del trabajo ordinario de gestión de las redes. La cifra es muy abultada: los cuatro años máximos del contrato estas partidas podrían alcanzar los 26.400 euros.

La adjudicataria de esta privatización deberá prestar el servicio bajo la modalidad de 'llave en mano', para que trámite alguno de ninguna institución pública retraso aún más el proceso. Es decir, la empresa tendrá que aportar las herramientas informáticas, licencias, sistemas de analítica y escucha activa y bancos propios de imágenes y vídeos. E incluso, antes de comenzar deberá elaborar una estrategia inicial, analizar a la competencia y redactar un Manual de Gestión de Crisis Digital.

Todos los derechos sobre los contenidos audiovisuales y recursos generados durante el contrato quedarán cedidos en exclusiva al Consorcio Provincial de Turismo. Y también tendrá que garantizar atención y respuesta de todas las redes tanto en castellano como en inglés.

La web que llegó muy tarde y ni 'chapurrea' inglés

La nueva apuesta por modernizarse y acelerar, por TikTok, WhatsApp, reels y concursos, contrasta con la situación de la propia web de Turisleón, que fue renovada después de más de 15 años de obsolescencia y con un largo retraso sobre los plazos inicialmente previstos. Cabe recordar que la Diputación adjudicó en octubre de 2022 por 35.000 euros la renovación de la web oficial. Había un plazo máximo de un año y estar terminada en noviembre de 2023. Al incumplirse, ll Consorcio concedió una prórroga de nueve meses, hasta agosto de 2024, y finalmente la web no vio la luz hasta enero de 2025, más de dos años después de su contratación.

En el momento de su estreno se presentó como una “web abierta”, a la que aún se irían incorporando contenidos y recursos. Se comprometió públicamente superar las importantes carencias de la anterior versión, tanto en diseño como en contenidos, accesibilidad y especialmente en la atención al turista extranjero. Aquella página disponía de una rudimentaria traducción al inglés, aunque la nueva se estrenó directamente sin versiones en otros idiomas. Pero es que hoy, casi dos años después, la situación sigue siendo la misma: sólo en español.

La explicación ofrecida entonces por los responsables del Consorcio fue que las casi 2.000 fichas relacionadas entre sí y la elaboración de los textos y fotografías habían complicado y alargado el trabajo. Y se anunció que se contrataría a una empresa para las traducciones, empezando por el inglés y continuando por francés y portugués. De este contrato sigue sin haber noticia.

En menos de dos semanas, la Junta de Castilla y León ha tenido de cambiar los planes inicialmente sugeridos respecto al emplazamiento físico que tendrá la anunciada nueva Oficina Técnica de Coordinación Turística para el impulso de la comarca de Tierra de Campos. Una aclaración que se produce justo tras publicarse que la intención inicial era establecerla en la sede de la Fundación Anclaje que desarrollará esta oficina y, por lo tanto, que su sede sería la de la propia fundación, en el alfoz de la ciudad de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda.

Esta pretensión, sugerida en la primera nota de prensa emitida tras el Consejo de Gobierno del pasado 24 de septiembre, fue en el mismo sentido cuando en la rueda de prensa de aquella fecha así lo remarcó también el consejero de Economía y Hacienda que pilota este Plan Territorial, y portavoz del Gobierno autonómico, el palentino Carlos Fernández Carriedo.

Aquel planteamiento no le pasó desapercibido al partido de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que quiso llevar el asunto al último Pleno de las Cortes de Castilla y León, afeando con dureza el emplazamiento capitalino de la oficina de nueva creación. Una decisión que la procuradora leonesista de Sahagún, Rosa Quintanilla, no dudó en considerar “el colmo del centralismo atroz e injustificado” del Gobierno de PP y Vox. Con la polémica servida, Carriedo ya se mostró más cauto en sede parlamentaria, retando a UPL a demostrar que esa oficina estaría finalmente fuera de los municipios de la propia comarca de Tierra de Campos.

Tras el Consejo de Gobierno de hoy, nuevamente cuestionado por el asunto, ahora ya el consejero negó definitivamente que Arroyo de la Encomienda, a como poco 60 kilómetros del municipio más cercano de Tierra de Campos, sea el emplazamiento elegido para montar la Oficina Técnica de Coordinación Turística. Y en su lugar, aclaró que esta oficina dotada con medio millón de euros, en realidad se partirá en cuatro para situarse al unísono en las cuatro provincias que engloban el plan.

Se trata de las instalaciones abiertas en las localidades de Sahagún (León), Villada (Palencia), Medina de Rioseco (Valladolid) y Villalpando (Zamora), desde las que hasta ahora se informaba del contenido de las ayudas del Plan Territorial y se gestionan todas las ventajas que el Plan conlleva, desde su puesta en marcha, hace justo dos años, y con una aplicación prevista hasta 2031. “No habrá nueva sede”, zanjó finalmente Carriedo.

Todo el mundo en León parece añorar el lujoso Teatro Emperador, en el corazón de la ciudad, cerrado a cal y canto desde hace ahora justo veinte años. Este caso al menos sigue ocupando titulares, aunque tantos como compromisos políticos incumplidos y dinero que nunca termina de llegar al objetivo, unánime, de que vuelva a reabrir sus puertas y llenar la capital de vida cultural.

Pero la memoria cinematográfica y de artes escénicas en general conserva una nutrida nómina de establecimientos, especialmente de cines, que van más allá de la nostalgia de los recuerdos personales. Y hay otro caso muy sangrante, e incluso más dilatado en el tiempo, que no tiene visos de solución ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. Es el caso del Cine Abella. Sin embargo, no pocos habitantes del barrio en el que se asentaba aquel bullicioso local, entonces calle 18 de Julio y hoy el número 118 de la avenida Padre Isla, permanecen indignados con el abandono y el mal estado que presenta desde hace demasiados años.

Al equipo de Gobierno, preguntado sobre ello, no le constan quejas formales ni de vecinos ni de la Comunidad de Propietarios del edificio que acoge en sus bajos el viejo cine, que fue inaugurado en el año 1968 y bajó su telón el 30 de agosto del año 2000. Hace ya más de 26. Sin embargo, en los últimos meses era visible la acumulación de suciedad y hasta todo tipo de basura sin recoger tras la verja que hace años que no parece abrirse.

Cundía la indignación de algunos vecinos más próximos, sumada a las dobles obras a las que ha tenido que ser sometida la calle para un llamado proyecto de 'calmado del tráfico' que ha consumido una inmensa inversión, ya elevada a los 1,4 millones, y con abundantes polémicas por los malos materiales empleados o la falta de vegetación y arbolado. Llama la atención que tras la consulta de ILEÓN sobre este mal estado del inmueble se produjo una rápida limpieza, aunque superficial.

Pero las mismas fuentes admiten que no hay proyecto ni intención alguna de aprovechar este amplio espacio de uso tradicionalmente cultural de la ciudad. Y eso que fue elevado el coste de su adquisición por parte del Ayuntamiento de León cuando en 2003 se lo compró a la empresa dueña del Abella y también del cine Pasaje: Fernández Arango. El dueño nunca quiso revelar públicamente la cifra que se embolsó de las arcas municipales pero en el expediente municipal consta una alta cuantía: 727.683,75 euros de la época.

De escenario del Purple Weekend a bailes de mayores o bingo

En ese mismo expediente del Ayuntamiento no parece constar desde aquel 2003 actividad alguna que se haya aprovechado a realizar en tan caro establecimiento. Sin embargo, la memoria de veteranos vecinos y la hemeroteca evidencian que hubo varios intentos puntuales de sacarle provecho. Por ejemplo, en el año 2002, dos después de cerrar y uno antes de venderse, el ya clausurado Cine Abella albergó la VI edición del festival mod Purple Weekend. En aquel mítico actuaron en León los entonces muy jóvenes miembros de Sidonie, que este año 2026 regresan como estrellas consagradas. Aquella edición compartió escenario con otra recordada añorada de entonces: la Tropicana, en el barrio de El Ejido.

Cuando se produjo la venta y el Abella pasó a la nómina de propiedades municipales, nadie cayó todavía en la cuenta de un detalle que resultó crucial en cuanto se produjo un cambio de normativa: el viejo cine, y cualquier uso cultural que se pensara para reflotarlo, incumplía las más básicas normas de seguridad al carecer de salida de emergencia. Y es que contaba con un acceso único, de amplias puertas junto a la taquilla, pero insuficientes.

Aun así, para justificar el abultado amplio gasto realizado, el equipo de Gobierno de Mario Amilivia como alcalde en 2003 anunció allí algo que llamó Centro Cultural y de Ocio Abella. Se planteó un uso en cierto modo cultural, con pequeños recitales locales, pero sobre todo social, centrado en la tercera edad. Consta que hasta se celebraron bingos en su interior. 2.500 dípticos y mupies, con su consiguiente coste, fueron aireados entonces por la concejala de Bienestar Social popular, Ana Guada.

Intento de 're-venta' fallido

El uso fue realmente escaso y tres años después el mismo equipo de Amilivia asumía un claro deterioro del viejo cine, ya con las butacas desmanteladas y abundantes desperfectos. Tantos que se presupuestaron en 2006 un total de 420.000 euros más para una reforma integral. Se habló de multiplicar el uso social para la tercera edad, celebrar allí los bailes bajo cubierto y un sistema de butacas móviles que dieran versatilidad al recinto. No se sabe a ciencia cierta si aquella nueva gran cantidad de dinero, o parte de él, se llegó a invertir, pero tampoco fraguó el intento de dar actividad al Abella.

Por eso, recién elegido alcalde Emilio Gutiérrez (PP) en 2011, tras derrotar al socialista Francisco Fernández, el regidor anunció en pocas semanas la intención de volver a vender el viejo cine al mejor postor. No se habló públicamente de ningún precio. Y tampoco fue una solución. Consta bajo su mandato el último uso que se le dio al Abella, que no fue otro que taller de reparación de las bicicletas del primer sistema de préstamo impulsado en la ciudad.

Mal final para una lista entrañable

Allí entraban las bicis defectuosas y operarios municipales intentaban ponerlas al día. Gutiérrez llegó a fotografiarse allí en lo que a la postre fue la última visita pública al viejo templo de la cinematografía que vio estrenarse películas clásicas de Walt Disney, como Peter Pan, u otros títulos igual de inolvidables como ET el Extraterrestre, la saga original de la Guerra de las Galaxias, El exorcista, La naranja mecánica, La lista de Schindler o la leonesa El filandón, entre otras miles. Cada cual conserva ls suya en la memoria.

Ahora se cumplen quince años de total abandono del local municipal, que ocupa la práctica totalidad del bajo de un edificio diseñado en 1964 por Ramón Cañas del Río y su hijo Ramón Cañas Represa. Un reciente y millonario contrato privatizado de limpieza de inmuebles del Ayuntamiento lo incluye para que se mantenga al menos con aspecto decente.

¿Y si hay salida?

Mientras, a su lado, la única parte del bajo del solar que no ocupa el cine es un establecimiento hostelero que fue el único que mantuvo actividad tras heredar su nombre, llamándose bar Abella. Sin embargo, y a pesar de la esperada pujanza comercial del barrio tras la millonaria reforma semipeatonal, el bar acaba de cerrar este mismo año sus puertas, aumentando la sensación de desolación que ya proviene del cine.

Sin embargo, paradógicamente su cierre podría ser el último aliento de esperanza para que el Abella no se convierta en otro Cinema Paradiso leonés, como el eterno Emperador, y resurja de sus cenizas. El local del bar, que está a la venta, podría permitir habilitar la obligatoria salida de emergencia de la que siempre careció y que le ha condenado. Sin embargo, fuentes municipales no arrojan mucha esperanza: “No se valora esa opción actualmente”, resumen.