El equipo de Gobierno de la ciudad de León acaba de zanjar otro millonario contrato de privatización de servicios básicos. Y lo hace nuevamente contratando en este caso a dos grupos de empresas para un total de cinco lotes en que se dividió el megacontrato de mantenimiento que ha de servir para tener plenamente al día un total de 150 edificios públicos de la capital. Además, por espacio máximo de cuatro años, es decir, hasta 2030, a razón de casi 5 millones de euros de coste por año. O lo que es lo mismo, una suma total de 18,7 millones.

Se trata del contrato de larguísimo nombre 'Servicio de Mantenimiento Integral e Inversiones Urgentes de Reposición asociadas a las instalaciones y equipos de las edificaciones del Ayuntamiento de León'. En una nota de prensa enviada hoy remarca el equipo que preside el alcalde socialista José Antonio Diez que e objeto de esta contratación de los cinco lotes es para “asegurar la operatividad permanente, la conservación y la funcionalidad técnica de todo el parque inmobiliario municipal”. Incluye todo tipo de obras de mantenimientos, desde generales como el agua a cuestiones muy especializadas como los ascensores, la climatización o la instalación antiincendios.

El lote 1 comprende los colegios públicos de la ciudad y sus aledaños. El lote 2 se denomina 'Instalaciones deportivas' y abarca desde el complejo del Estadio Hispánico al estado 'Reino de León', bajo gestión de la Cultural, o instalaciones en barrios como las de Trobajo del Cerecedo, Armunia o Oteruelo de la Valdoncina, entre otras.

El lote 3 es de 'Sedes de gobierno, de servicios administrativos, de seguridad y de emergencias', que incluye edificios centrales y de servicios críticos como las sedes municipales de San Marcelo o el Edificio de Ordoño II, el parque municipal de bomberos o los centros cívicos como León Oeste o el Mercado Nacional de Ganados. El lote 4 se dedica a 'Edificios singulares' y en él figura el Auditorio de León, el Palacio de Exposiciones y antigua Azucarera o el Palacio del Conde Luna. También localiza inmuebles históricos o específicos como el Museo de las tres Culturas en Puente Castro.

Y el lote 5 de otros edificios abarca desde los centros de limpieza viaria a las escuelas infantiles municipales, instalaciones como la Casa de Cultura de Armunia o la Oteruelo de la Valdoncina o incluso el local del antiguo cine Abella en la calle Padre Isla, cerrado a cal y canto y sin uso alguno conocido. En este lote se incluye también el mantenimiento de los recientes aseos autolimpiables.

Las adjudicaciones, aunque partidas en cinco diferentes, en realidad han recaído en sólo dos grupos de empresas. El Lote 1 y el Lote 5, es decir, Colegios Públicos Municipales y Otros Edificios y Construcciones Municipales, han recaído en la UTE formada por Aceinsa Movilidad SA, Aceinsa Cantábrico SA y Renew Legio Solutions SL, por un importe de 392.860,86 euros cada año en el primer caso y 798.088,90 euros en el otro.

De este modo, los lotes 2, 3 y 4, recaen todos ellos en la UTE de la leonesa y habitual Geoxa General de Construcciones SL y la compañía Imesapi SA. El primero de ellos le supondrá 1.394.001,31 euros al año, el segundo 959.962,21 euros anuales y el tercero 1.153.468,03 euros. La suma arroja que cada anualidad, esta UTE, que incluye a Geoxa, presidida por el presidente de la Patronal de León, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), José María Vallejo, se embolsará cada año un montante de 2,65 millones de euros. Y así, en principio durante cuatro años.

Y la Plaza Mayor, tras varios intentos

La misma Junta de Gobierno licitó hoy por fin, tras varios intentos demorados, las obras de rehabilitación integral de llamado Edificio Mirador del Concejo, conocido popularmente como el Consistorio Viejo, en la plaza Mayor, un edificio barroco del siglo XVII que goza del Nivel 1 de protección dentro del Plan Especial de la Ciudad Antigua de León, la máxima categoría monumental.

El acuerdo declara formalmente desierta la licitación previa aprobada a finales de julio, tras constatarse que no se presentaron ofertas debido a que la consignación inicial resultaba insuficiente para abordar las actuaciones requeridas, que en su día de cuantificaron 1.270.000 euros, que ya contaba con una cofinanciación al 70% procedente del llamado '2% Cultural', del Ministerio de Transporte.

La cuantía subirá ahora mucho, ya que en el nuevo procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria se dota a la obra de un presupuesto revisado de 1.798.799,29 euros. La subvención ministerial, afirma el Consistorio, ya se recibió el pasado 29 de junio de 2026 y ahora se dipone de un margen máximo de seis meses para el inicio de los trabajos, es decir, marzo de 2027 como muy tarde. Y tras firmarse el contrato con la empresa empresa adjudicataria, la ejecución tendrá que ser de otros 16 más meses para completar los trabajos, cumpliendo el tope de 18 meses fijado por la resolución estatal. Es decir, el Consistorio debería lucir robusto y nuevo en julio de 2028.

Históricamente, sus balconadas han sido el epicentro de las principales celebraciones civiles y religiosas de la ciudad por su posición privilegiada y representativa sobre la plaza Mayor. La intervención prevé actuaciones tanto en el interior como en el exterior del inmueble para resolver sus patologías constructivas y acometer su restauración integral. El objetivo final es compatibilizar la conservación de sus funciones institucionales históricas con su adaptación para nuevos usos culturales y turísticos públicos de referencia, explican en un comunicado.

La Comisión de Patrimonio de la Junta acaba de dar su visto bueno a un nuevo proyecto del Ayuntamiento de León para crear un pequeño jardín en un solar en desuso situado junto a las Cercas medievales de la avenida Independencia de la capital y la calle La Rúa, lindando con el convento de las Concepcionistas.

El proyecto, que ya ha salido a licitación este mes de septiembre por casi 450.000 euros (449.239,82 euros) y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses cuando se haya designado a la empresa seleccionada en este procedimiento. Para entonces contará ya con el visto bueno de Patrimonio de la Junta, que ha autorizado la adecuación y puesta en valor de este nuevo espacio en plena zona de afección del Camino de Santiago y junto a unas murallas medievales que también están protegidas como Bien de Interés Cutural (BIC).

La intervención se desarrollará en el espacio público situado intramuros de las Cercas y en la parcela municipal del número 30 de La Rúa, que lleva años en muy mal estado y permanece vallada y sin uso. Se trata de un punto donde hace décadas se construyó una nueva zona residencial con un restaurante, Pico-Pico, no sin el polémico y sospechoso incendio y derribo de una casa blasonada y protegida en La Rúa, cuya desaparición permitió aquella promoción de viviendas.

Ahora, el proyecto busca recuperar un terreno sin uso y convertirlo en una zona verde que sumará casi 1.400 metros cuadrados, integrada con el pasaje y pensada principalmente para el tránsito y la estancia de peatones.

El proyecto contempla eliminar el actual cerramiento del solar y reorganizar el espacio para reducir el protagonismo que actualmente tienen los vehículos. Se combinarán nuevas superficies ajardinadas con zonas pavimentadas y de descanso, además de incorporar nuevo arbolado, aunque el proyecto aboga por respetar también los árboles existentes. Se sumarán bancos, papeleras, aparcabicicletas y una fuente de agua, aunque ya existe una que rara vez funciona. También se adaptarán los recorridos para mejorar la accesibilidad y se renovarán las instalaciones de riego, drenaje, saneamiento y alumbrado necesarias para la nueva configuración.

La actuación no toca para nada la restauración de los propios lienzos de las Cercas medievales sino que se centra en urbanizar y ajardinar este espacio situado detrás. La intervención se integra además en el Plan de Actuación Integrado para el Camino de Santiago 2025-2029, por lo que se destina así financiación con fondos Feder europeos, dentro del proyecto municipal de rehabilitación de las cercas y murallas de los sectores sur y oeste.

El partido Vox se acaba de inventar en Ponferrada, en la provincia de León, una modalidad de pisos sociales inexistente y que ha dado en llamar Vivienda de Prioridad Nacional (VPN). Se trata de un eufemismo para tratar de imponer un rechazo al hecho de que cualquier persona, independiente de su nacionalidad, procedencia o tiempo de residencia, pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda pública.

Ocurrió en un tenso debate plenario en el que, para apoyar un convenio de cesión de una parcela municipal a la Junta de Castilla y León, para que esta construya 80 pisos sociales, consiguió imponer como requisito imprescindible el criterio de la prioridad nacional. Un criterio que estos días han aireado nuevamente en sus redes sociales.

En concreto, a través de una enmienda al convenio, impuso que se exija a los solicitantes de esas futuras viviendas la obligación de haber estado al menos diez años empadronados en Castilla y León, añadiendo a posteriori “y en España”, al advertir que lo primero causaría todavía mayores exclusiones.

En el Pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de la capital de El Bierzo, esa exclusión que los dos concejales del partido de Santiago Abascal pusieron como condición innegociable para su voto a favor del convenio de cesión del suelo salió adelante gracias a los votos del equipo de Gobierno en minoría en Ponferrada, es decir, del Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo (CxB). Tan sólo el Grupo Socialista votó en contra de la controvertida medida, que su portavoz, Olegario Ramón, equiparó al concepto de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía, recordó, una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre, y que “llevó a millones de personas que sufrieron”.

En la defensa de este criterio, la portavoz de extrema derecha, Patricia González, celebró que el alcalde popular, Marcos Morala, “por primera vez suelte la mano del socialismo” y apoyara sus dos enmiedas al texto del convenio de censión de la parcela en el barrio de La Rosaleda. Y celebró que la unión de nuevo de los tres partidos de derechas permita este “primer paso a la prioridad nacional en nuestra ciudad”.

Del tripartito y los sueldos sin cargo a constantes encontronazos

Hay que recordar la mala relación que se ha ido produciendo entre los ediles de Vox, que en campaña prometieron entrar en el Consistorio literalmente con una motosierra, y el equipo de Gobierno de PP y Coalición por El Bierzo desde que saltara por los aires su tripartito inicial del mandato en Ponferrada. Un acuerdo que sólo fue posible cuando se aprobó poner un sueldo de 2.357 euros al mes a los dos concejales de Vox, que percibieron durante meses a pesar de no tener concejalía ni cargo alguno. Su ruptura acabó con un constante desafío al PP, que quedó en una delicada minoría junto a los bercianistas.

A mayores de la enmienda de la prioridad nacional, Vox también introdujo -y apoyaron PP y CxB- otra que impediría concurrir a los pisos de la Junta, que construirá la sociedad pública Somacyl, a quienes estén incursos en “procesos de okupación, usurpación o allanamiento”, resumió Patricia González. Ante el silencio del regidor, que se puso de perfil en este tenso debate, la portavoz popular, Lidia Coca, quiso matizar que lo aprobado ahora no es un criterio inminente ni que el Ayuntamiento ponferradino pueda imponer, sino que “tendría que ser ratificado por la Junta de Castilla y León”, incluyendo estas exclusiones, también la prioridad nacional, en los criterios de selección para todsa la Comunidad.

Un criterio totalmente inexistente

Lo curioso es que entre los criterios en vigor desde 2018 para ser demandante de una vivienda de protección pública en la Comunidad ya figura la imposibilidad de que lo haga quien haya sido “desahuciado de una vivienda protegida” o quien haya “ocupado una vivienda protegida sin título suficiente para ello”, como se puede comprobar aquí. Cosa muy distinta es la imposición del empadronamiento, que nunca ha aparecido por ningún lado.

No ha aparecido hasta ahora en Castilla y León, pero el Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox que preside Alfonso Fernández Mañueco sí ha manifestado su intención de asumir la polémica prioridad nacional plenamente. No sólo está incluido entre los puntos de su acuerdo de Gobierno cerrado tras las elecciones autonómicas de este año, sino que ya han mostrado públicamente su intención de comenzar a imponerlo y además en materia de vivienda.

Empezar la prioridad nacional por las ayudas de alquiler

Así lo aseguró en julio el consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a preguntas de ILEÓN admitió que incorporarían el criterio de la prioridad nacional ya desde la siguiente convocatoria de las ayudas al alquiler de viviendas, que saldrá en apenas dos meses, a final de año. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo”, afirmó. Incluso detalló que ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios.

En Ponferrada, el PSOE, que insistió en que “jamás vamos a asumir” criterios como la prioridad nacional, trató de ofrecer un acuerdo al equipo de Gobierno para impedirlo, votando a favor del convenio de cesión del solar sin esa imposición de Vox. Pero el PP mantuvo su postura y la defendió también el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, que retorció el término apostando por lo que “para nosotros es prioridad regional”, en referencia a la Región de El Bierzo que su partido proclama. Sin embargo, consciente de que su apoyo a Vox podría grajearle críticas, quiso compensarlo con el discurso de que para su formación “cualquier persona que viene (a El Bierzo) a desarrollar su proyecto de vida, aquí es tan berciano como el que más”. Para terminar, el socialista y exalcalde Olegario Ramón pedía sin éxito al PP recular con la medida y para ello se preguntó qué sentiría votando a favor, como lo hizo, la concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, de origen sudamericano.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la licitación pública, por una cifra final de 5.220.539 euros, de la construcción material de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. La cuantía supone casi un 50% superior a la cifra que hasta el momento la Consejería de Sanidad había ofrecido públicamente, de 3,5 millones de euros.

El paso adelante, que se produce prácticamente ocho años después de la primera promesa electoral del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, supone que arranca el proceso de búsqueda de la empresa que acometerá la esperada obra de esta tecnología esencial para los pacientes de cáncer de toda la comarca de El Bierzo.

De momento, y desde hace tres años, disponen de Radioterapia en la propia ciudad de Ponferrada pero en una clínica privada, la Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas, que recibe anualmente de la propia Junta 1,7 millones de euros cada año para atender a pacientes oncológicos que hasta entonces tenían que trasladarse al Hospital de León, con casi tres horas en desplazamientos en un sólo día.

La zona destinada para la unidad en el centro hospitalario público, tras las obras que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses -año y medio- desde que se firme el acta de replanteo con la empresa seleccionada, será la planta baja del módulo localizado al sur de la parcela, según se ha informado tras el Consejo de Gobierno. Además, se remarcó que a mayores de los 5,3 millones de la Unidad Satélite y su obra, se elevará en total hasta los 10.530.143 euros el desembolso económico de la Consejería, sumando sumado el proyecto y todo el equipamiento necesario.

Dicho módulo es el más reciente del complejo hospitalario, y la idea es ocupar parte de los antiguos archivos del hospital, un espacio a doble altura donde se ha construido también el nuevo Servicio de Rehabilitación. Los dos búnkeres para los aceleradores lineales, dadas las necesidades constructivas que requieren, se ubicarán en la zona de ampliación prevista junto al edificio. Esta nueva unidad estará conectada de forma interna con el resto del Hospital permitiendo el tránsito interior de pacientes y profesionales. Y, del mismo modo, se generará un acceso directo desde el exterior a la Unidad Satélite de Radioterapia, independiente del resto de accesos al hospital.

El proyecto que se ejecutará una vez adjudicadas las obras contará con una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas de tratamiento, recepción, preparación hospital de día y curas enfermería, simulación, planificación y personal.

Licencia municipal y nuevo plazo

La puesta en marcha de la ansiada licitación coincide casi en el tiempo con la reciente solicitud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo al Ayuntamiento de Ponferrada para que apruebe la correspondiente licencia urbanística para poder iniciar estas obras, un paso anunciado hace apenas dos semanas. El Consistorio ha asegurado públicamente que acelerará lo más posible este trámite.

Con la implantación de esta unidad se busca facilitar la accesibilidad a los tratamientos y disminuir los tiempos de desplazamiento y demoras, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes, remarca la Junta. Con el plazo de año y medio de ejecución de este proyecto, y dando por hecho que se culmine la licitación antes de fin de este año y se seleccione ya a la empresa que lo instalará, sería ya amediadoss de 2028 cuando la Radioterapia pública prometida sería una realidad tangible. Es decir, una década después de prometerse.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explicó que han sido tres los motivos por los que de los 3,2 millones de los que siempre se habló en la redacción de un proyecto que data del año pasado, y que se inició hace dos, ahora se eleven a 5,2 millones. El primero, el “incremento de costes” que provoca en toda obra pública actualmente “los niveles de inflación muy altos”. El segundo, que aumentando la oferta económica de salida se busca “evitar el riesgo de que al final el proyecto quede desierto”, al no interesar económicamente a ninguna empresa. Y por último “en las mejoras que se han podido introducir” en el proyecto, que no detalló.

La Reserva de la Biosfera de Babia ha mostrado su malestar con el balance realizado por la Junta de Castilla y León sobre la ejecución de los fondos destinados a estos espacios y advierte de que las cifras globales ofrecidas por el Gobierno autonómico no reflejan la delicada situación económica que atraviesa su entidad gestora. Entre otras cuestiones, denuncia que todavía tiene pendiente de cobrar íntegramente una subvención de 30.000 euros concedida en 2023 para el proyecto ‘Escuela de Pastores’, por ejemplo.

La reacción llega después de que el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Javier Ezquerra, asegurase que Castilla y León había ejecutado ya el 90% de los 8,8 millones de euros destinados a actuaciones en sus Reservas de la Biosfera. Las ayudas fueron concedidas en 2023 a 141 proyectos presentados por corporaciones locales, empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro y están financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ezquerra presentó estos datos durante la 27ª Reunión ordinaria del Comité Español del Programa MaB de la Unesco, celebrada a finales de septiembre en Los Llanos de Aridane, en La Palma, y fue resaltada públicamente en esta nota de prensa.

La Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Babia no cuestiona ese porcentaje global, pero recalca que no puede trasladarse automáticamente a la realidad de cada reserva. Según explica, Babia continúa afrontando una situación económica y financiera “extremadamente complicada”, con recursos que considera muy limitados para cumplir las funciones vinculadas al programa MaB de la Unesco.

La entidad pone como ejemplo precisamente los 30.000 euros correspondientes al proyecto ‘Escuela de Pastores’, una subvención concedida por la Junta en 2023 que, según asegura, todavía no ha sido abonada. La propia resolución establecía que no habría anticipo durante aquel ejercicio y que la totalidad de la ayuda se pagaría en 2024, pero la Reserva afirma que a finales de septiembre de 2026 seguía pendiente de recibirla. El presidente de la Reserva babiana es Emilio Martínez, alcalde de Cabrillanes por Unión del Pueblo Leonés (UPL), así como diputado provincial de Cultura.

Carriedo asegura que “se examinará” el posible retraso

Sobre este asunto, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha limitado ha afirmar que “se examinará si hay alguna cantidad pendiente de justificar”, trasladando así la posible responsabilidad del impacto a la propia entidad, más que a la Junta. En todo caso, quiso garantizar que se procederá a “pagar todo lo que se acredite”.

La asociación, por su parte, sostiene que buena parte del funcionamiento ordinario de la Reserva depende actualmente del esfuerzo económico realizado desde el propio territorio. Cita en concreto las aportaciones de la Diputación de León, los ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano y distintas juntas vecinales de ambos municipios, que contribuyen a mantener una estructura cuya financiación considera insuficiente para las responsabilidades asumidas.

Casi 600.000 euros concedidos en Babia, pero no a su entidad gestora

Uno de los principales matices que introduce la Reserva afecta precisamente a la interpretación de las cantidades destinadas a Babia. En este territorio se concedieron 596.148,37 euros a diferentes proyectos mediante la Orden MAV/977/2023, por la que se resolvió la convocatoria de subvenciones para las Reservas de la Biosfera de Castilla y León dentro del Plan de Recuperación.

La asociación recalca, sin embargo, que esos casi 600.000 euros no constituyen una financiación directa de la Reserva ni sirven para sostener su estructura gestora. El dinero corresponde a proyectos concretos promovidos por ayuntamientos, juntas vecinales, particulares, empresas y asociaciones situados dentro del territorio reconocido como Reserva de la Biosfera.

Babia reclama por ello distinguir entre el dinero destinado a actuaciones desarrolladas geográficamente dentro de una Reserva y los recursos de los que dispone la entidad encargada de gestionarla, es decir, su propia financiación. En ese sentido, pide que se concrete qué parte de los fondos anunciados ha llegado realmente a cada Reserva, qué cantidades se han abonado efectivamente y cuál es la situación financiera de sus órganos gestores.

El balance difundido por la Junta señala que los 8,8 millones de euros han financiado proyectos vinculados, entre otras cuestiones, a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la mejora de la gobernanza, el turismo sostenible, la conservación del patrimonio cultural y el paisaje o el manejo agroecológico y forestal. El Gobierno autonómico interpreta el 90% de ejecución como un avance en la materialización de estas inversiones.

“Babia no pide un trato de favor”

Desde Babia, sin embargo, reclaman que esas cifras se acompañen de una financiación ordinaria que permita mantener las propias estructuras que gestionan estos espacios. La asociación recuerda que una Reserva de la Biosfera debe compatibilizar la protección del patrimonio natural con la ganadería extensiva, el turismo, la actividad económica, el patrimonio cultural y la vida de sus pueblos, unas funciones que, sostiene, necesitan recursos estables y continuados. “Babia no pide un trato de favor”, recalcan en un comunicado de prensa, sólo reclama que los recursos destinados a las Reservas de la Biosfera lleguen efectivamente a los territorios y a sus órganos gestores y permitan cumplir las funciones para las que fueron creadas.

La Asociación Gestora asegura que continuará trabajando con los medios disponibles y el respaldo de las administraciones locales, pero advierte de que la conservación y el desarrollo sostenible de la comarca no pueden depender únicamente del esfuerzo económico de sus ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades del territorio, además de las aportaciones desinteresadas de colaboradores como los integrantes de su Consejo Científico.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La Junta de Castilla y León ha aprobado la Autorización de Impacto Ambiental a la ampliación de una granja de gallinas camperas ubicada en el sur de la provincia de León para que aumente hasta 214.500 gallinas y produzca 57 millones de huevos al año, en un paraje enmarcado dentro de una de las figuras más delicadas y restrictivas.

En concreto, la explotación de la empresa Cantos Blancos Norte, del grupo Huevos Guillén, una de las principales suministradoras de huevos de Mercadona, se sitúa en la localidad de Villabraz. Allí mismo ya tiene autorización desde hace siete años para albergar 117.000 ponedoras, aunque ahora la previsión es invertir 2,5 millones de euros para incrementar las instalaciones para poder aumentar el número de animales hasta un 83% más.

La granja se enmarca dentro de la Red Natura 2000 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos, así como varios municipios aledaños dentro de la Zona Vulnerable Páramos de León. Eso no ha sido óbice para el visto bueno final de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental -ya no de la Consejería de Medio Ambiente-, tras un largo proceso de meses y un período de consultas tras el que no consta la presentación de ninguna alegación. El arranque del proceso fue hace casi año y medio.

La ampliación contempla la construcción de dos nuevas naves destinadas a gallinas camperas, además de otras instalaciones auxiliares, con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. Según la documentación evaluada por la Administración autonómica, la capacidad total de 214.500 plazas para aves de puesta es equivalente a más de un millar de unidades de ganado mayor, vacas por ejemplo, y es precisamente esa dimensión la que obliga al proyecto a someterse a evaluación ambiental ordinaria.

En sus conclusiones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Junta concluye que la actuación “no causará perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido”, reza literalmente la resolución, siempre que se cumplan todas las condiciones impuestas durante la tramitación y que ahora refleja la autorización de impacto ambiental.

Entre las medidas exigidas figuran actuaciones para minimizar molestias a la fauna, controlar las emisiones y garantizar una correcta gestión de los residuos generados por la actividad ganadera. En este último sentido, se constata que la ampliación conllevará un incremento significativo en la producción de estiércoles. Los informes incorporados al expediente estiman que la explotación generará más de 9.100 toneladas anuales de deyecciones de las aves, gallinaza, que serán destinadas principalmente a su aprovechamiento agrícola como fertilizante. Precisamente este aspecto ha centrado parte de las observaciones realizadas por distintos organismos consultados durante la evaluación.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) alertó de la necesidad de extremar las precauciones en la aplicación agrícola de estos residuos, especialmente en aquellas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos o próximas a masas de agua susceptibles de verse afectadas. Se prevé que ese aprovechamiento sea en campos de cultivo de los municipios leoneses de Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo. Además, se obliga a que “las labores de aplicación del estiércol se lleven a cabo fuera del periodo de marzo a julio, ambos inclusive, coincidente con la época reproductiva de la avifauna esteparia”.

El estiércol y su reparto como abono, condicionado

Asimismo, la declaración ambiental obliga a la empresa promotora a reforzar la capacidad de almacenamiento de estiércoles prevista inicialmente, al considerar la Administración que las instalaciones proyectadas podían resultar insuficientes para garantizar una gestión adecuada.

La declaración de impacto ambiental favorable de la Junta concede ahora, como es habitual, un plazo máximo de cuatro años para ejecutar el proyecto de ampliación y ponerlo en funcionamiento. Concluye así uno de los trámites administrativos más relevantes y completos de su tramitación, aunque todavía deberá obtener el resto de autorizaciones necesarias antes de poder ejecutar la ampliación prevista.

Ya se había solventado el año pasado otro escollo necesario para tal incremento de la producción de huevos, como era conseguir aumentar el consumo de agua permitido por la Confederación hasta un volumen máximo anual de 15.658,5 metros cúbicos, cuando su concesión previa era de 8.500.

Cuatro metros de espacio para cada gallina

La compañía se encuentra entre las empresas líderes del sector avícola en España y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Además de sus centros de producción en el sur de la provincia de León, dispone de instalaciones en Valencia, Murcia, Castellón, Toledo, Guadalajara, Badajoz, Canarias y Navarra.

Disponen de un criterio de “buenas prácticas agrarias, y en especial las buenas prácticas en materia de cría” en el que destacan algunas condiciones como que “las gallinas tendrán acceso de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre”. En esa zona de campeo, cada ponedora cuenta con una superficie mínima de al menos cuatro metros cuadrados, en un espacio con “vegetación en su mayor parte” que “no se destinará a otro uso” que ofrecer un entorno lo más natural posible a las aves, salvo excepciones como huertos frutales, terrenos forestales o pastos.

La provincia leonesa, una de las que más sufre la despoblación en España, ha conseguido 3.329.530,64 euros de financiación de la última convocatoria, la de 2025, de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno.

Se trata de un total de 16 proyectos de instituciones públicas leonesas que han pasado el corte y conseguido recibir apoyo económico estatal como proyectos innovadores que buscan por diferentes caminos la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. La cifra difiere de los apenas 10 y poco más de 2 millones de euros que destacaba una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Pero casi tan llamativo como el dinamismo de muchos ayuntamientos leoneses por obtener dinero para sus diferentes planes de freno y recuperación poblacional ha resultado el hecho de que la Diputación de León, que cogobierna el PSOE junto a Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidió no concurrir a la convocatoria y por lo tanto no presentó en plazo ninguna iniciativa a esta línea de ayudas. Esa dejadez es el único motivo por el cual la institución provincial leonesa no aparece en el listado dado hoy a conocer por Miteco como los agraciados.

La situación es más sorprendente aún si se comprueba que al menos 18 diputaciones provinciales o forales sí presentaron proyectos que aparecen con propuesta favorable. En la lista están los de Cuenca, Ourense, Sevilla, Albacete, Cáceres, Valencia, Castellón, Ciudad Real, Huesca, Álava, Huelva, Toledo, Pontevedra, Córdoba y cuatro de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Valladolid, Burgos y las provincias de la Región leonesa Zamora y Salamanca.

Llama aún más la atención la inclusión de Valladollid, con un proyecto que obtiene 241.497 euros llamado genéricamente 'Transformación territorial y demográfica en la provincia de Valladolid'. Solo tres diputaciones peticionarias, y por diferentes motivos, se quedaron sin dinero estatal: Teruel, Segovia y Almería.

Y para rizar aún más el rizo, hasta la Comunidad de Madrid se alzó con dinero estatal, 267.478,19 euros, para la implantación del transporte a la demanda en el entorno rural de la Sierra Oeste. Comparando, se puede destacar también que la Junta de Castilla y León no planteó proyectos pero en realidad tiene una explicación: la convocatoria sólo permitía solicitudes de autonomías uniprovinciales.

El listado completo en León

El definitivo reparto leonés, que detallamos en el documento adjunto al final de esta información, incluye 198.152,58 euros para 'Convive Gordoncillo'; 200.000 para 'La Casa del Lúpulo del Órbigo', en Carrizo; 299.168,30 para el proyecto conjunto de Fabero y Peranzanes 'Bosques de bienestar y calidad de vida'; y 178.616,25 para la Plataforma Comarcal Piloto de Gestión Inteligente de Residuos y Economía Circular en Entornos Rurales de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Esla.

También reciben financiación el municipio berciano de Oencia, con 193.200,01 euros para la recuperación del castañar y la reactivación económica tras los incendios de 2025; Molinaseca, con 200.000 euros para 'Molina-Activa'; Rioseco de Tapia, con 196.000 euros para su centro de formación e interpretación micológica; y Villagatón, en la comarca de la Cepeda, con 180.000 euros para 'Hilando Futuro'.

El listado se completa con los 180.000 euros concedidos a Riaño para su Centro de Día para Personas Mayores; 170.543,50 para la planta de clasificación y valorización de la castaña de Sobrado; 297.000 para el proyecto de microreservas y servicios ecosistémicos de Puebla de Lillo y Reyero; 199.950 para 'Veceira Corullón'; 180.000 para 'El Camino, una salida', de Igüeña; 198.000 para la Base de Investigación y Operaciones de Cabrillanes, en Babia; y 189.000 euros para 'Porta Ancares', el proyecto de camping sostenible y señalización e interpretación territorial del Valle de Ancares.

Incluso una institución supramunicipal, como es el Consejo Comarcal del Bierzo, al contrario que la Diputación, sí presentó proyecto, llamado 'Terra Renata', y consiguió un total de 269.900 euros para financiarlo.

Otros en el tintero

Hay que resaltar que también hubo algunos proyectos leoneses que superaron la valoración pero al final se quedaron sin subvención por falta de presupuesto suficiente del Miteco. Fueron cinco iniciativas que quedan en lista de reserva y suman 609.652,56 euros de ayuda solicitada: Murias de Paredes, con 195.539,13 euros para servicios de proximidad y empleo; la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, con 39.052,80 para 'Biosferia'; Castrillo de Cabrera, con 108.000 para un anillo verde y la rehabilitación de su albergue; Benavides de Órbigo, con 195.060,63 para 'Biblioteca en ruta'; y la Junta Vecinal de Salce, del municipio omañés de Riello, con 72.000 euros para recuperar antiguas veceras, un sistema casi perdido de turnos de ganado.

Por último, hay otra lista final que suma once proyectos leoneses que han resultado desestimados o excluidos por diferentes motivos, que suman otros 2,18 millones de euros de ayudas solicitadas que no llegarán. Así son los casos de los presentados por los municipios de Castrocontrigo, Llamas de la Ribera, Almanza, Laguna de Negrillos, Sahagún, Villaquejida y Matallana de Torío.

Pero sobre todo muchos de la comarca de El Bierzo: Camponaraya, Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Vega de Espinareda, San Facundo (Torre del Bierzo), Villafranca del Bierzo, Balboa y Bembibre, en el que precisamente es concejal el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel. Ninguna de ellas alcanzaron, según el Ministerio, las puntuaciones mínimas exigidas o bien incurrieron en incidencias que impidieron su selección.

40 millones para 189 proyectos en España

En general, la convocatoria del Miteco movilizó 40 millones de euros para 189 proyectos en toda España, después de recibir más de 1.200 solicitudes. Castilla y León, con 37 proyectos seleccionados, ha sido la segunda comunidad con mayor número de iniciativas financiadas. La propia nota oficial señala que las ayudas pretenden generar nuevas oportunidades económicas y sociales, diversificar las economías locales y contribuir a fijar y atraer población, que eran los fines de las iniciativas.

Aquí dejamos los listados oficiales completos de las subvenciones a proyectos innovadores promovidos por entidades locales para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación en la provincia de León, Miteco 2025.

Cuando el pasado 10 de septiembre la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de León capital, la más numerosa de la Comunidad, respaldó “por unanimidad” al actual alcalde de León, el díscolo socialista José Antonio Diez, para que repitiera por cuarta vez como candidato en la capital, subyacía detrás una maniobra de simplificación de un proceso que todavía está muy lejos de cerrarse. De hecho, todavía hierve internamente la tensión personal y política sin precedentes con el líder provincial, Javier Alfonso Cendón, quien no oculta desde hace tiempo que es partidario de apartar de manera tajante a Diez, a pesar de haber sido el alcalde de la ciudad durante dos mandatos, e impedir que se vuelva a presentar a la Alcaldía. Cueste lo que al PSOE le cueste.

Lo cierto es que las espadas están todavía en alto y el resultado final de este encontronazo personal y político de Diez y Cendón no alcanza, ni mucho menos, su último capítulo.

El regidor no pierde ocasión para aferrarse públicamente a lo que resumió en una frase en una entrevista este mes en RNE:  “Yo voy a ser candidato a la Alcaldía de León”, aunque entonces añadiendo que sería cabeza de cartel bajo las siglas del Partido Socialista... o con otras. Pero cuando supuestamente le refrendó la propia Ejecutiva municipal que él preside, el 10 de septiembre, cambió su discurso público con una frase no menos categórica: “Mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León”.

Se aferra Diez a la cláusula del PSOE federal que dicta, con carácter general, que todo alcalde que quiera repetir de cara a los comicios de 2027, seguirá. Él quiere. Lo ha manifestado a los cuatro vientos e infinidad de veces. Pero precisamente insiste porque es conocedor de las maniobras de sus propios mandatarios provinciales para que no lo sea. Sólo en ese contexto se entienden declaraciones como cuando estalló en mayo el escándalo de la investigación judicial al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. José Antonio Diez llevó a su terreno el análisis del mazazo que eso supuso: “Igual ahora no tienen tanto tiempo para quitarme de candidato”.

No menos veces le ha atacado en público Cendón al principal regidor leonés, llegando incluso a participar en manifestaciones contra proyectos como la Red de Calor de la Junta que el alcalde ha respaldado sin fisuras, o afearle ser una de las voces discordantes al manifestarse contra la crisis migratoria en Ceuta, desoyendo el argumento general socialista de que se trataba de una maniobra de las derechas para socavar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por teléfono y con nombre propio: Félix Barrio

Pero ahora, cuando se acerca el verdadero calendario para que se decida al candidato o candidata del PSOE en León, es cuando la oposición interna a Diez ha salido a la palestra. Y con poca discreción. Ha sido en forma de una oleada de llamadas telefónicas supuestamente aleatorias a vecinos de León, que forman parte de una encuesta en toda regla.

El cuestionario de este amplio sondeo ha sido muy claro y directo, situando con un paso al frente a un nombre propio en liza: Félix Barrio. Aunque no muy conocido en la esfera pública, este socialista ponferradino que dirige desde hace años en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León,

ILEÓN ha podido identificar la empresa demoscópica que ha realizado esta encuesta. Se trata de SW Demoscopia, del grupo Global Europa Demoscopia, con domicilio social en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que ha participado en los últimos años en abundantes trackings para el Partido Socialista.

El calendario y las posibles vías

Así las cosas, cobra un protagonismo esencial el mencionado calendario, con fechas internas poco conocidas y algunas detalles poco concretos que podrían provocar un infierno de quiebra interna en el PSOE leonés. De momento, hasta el jueves 8 de octubre todos los alcaldes socialistas tienen de plazo para formalizar oficiamente su intención de repetir. Poco después, apenas entre el lunes 12 y el martes 13 de octubre, se puede solicitar la celebración de primarias. Pero ojo, porque no se sabe a ciencia cierta quién lo tendría que formalizar.

Todo eso irá sobre la mesa de una reunión crucial, el 15 de octubre: la del Comité Federal de Listas en Madrid. En los casos en los que se hayan pedido votaciones de los militantes en primarias, entre el 17 y el 21 de octubre los aspirantes tendrían que reunir y presentar la mitad de la firmas de la agrupación más una para que definitivamente se planteen como alternativa al alcalde de turno, en este caso rival de Diez. Y todo lo sancionaría finalmente la Comisión de Ética, de nuevo en Madrid, del 22 de octubre en adelante.

Entonces se activaría el calendario de primarias, para la que los precandidatos podrían apuntarse entre el 23 y el 26 de octubre, con plazo para recoger los avales de entre el 15 y el 20% de los militantes hasta el 4 de noviembre. Si solo hubiera un candidato o candidata sería proclamado de forma automática.

En la zona noble del Palacio de los Guzmanes en el centro de León, en el lujoso primer piso, iluminada por las viejas vidrieras y con vistas al patio, existe la llamada popularmente como Galería de los Presidentes, que retrata uno por uno a todos cuantos han gobernado en algún momento en la Diputación de León. Esta galería se amplía paso a paso siempre años después de que alguno de ellos haya abandonado ya el cargo.

La institución se hace cargo del coste de su encargo al pintor que el propio mandatario haya designado y busca un momento de protagonismo institucional para colgarlo con todos los honores y el reconocimiento a la labor realizada al frente de la Presidencia del Palacio. Con estas norma no escritas el proceso debería ser casi automático y muy sencillo. Pero hay condicionantes nunca antes vistos que en los últimos años han dado al traste con esta tradición y han causado más quebraderos de cabeza que reconocimientos.

El último se plantea tras conocerse, hace escasos días, la condena ya definitiva de quien fuera presidente de la Diputación fugaz durante apenas seis meses en el año más fatídico de la institución: 2014. Marcos Martínez Barazón (PP) ha sido finalmente condenado por corrupción, ratificado por el Tribunal Supremo. Y eso podría condicionar ahora la normalidad de colocar su cuadro en la Galería de los Presidentes, a escasos metros del despacho donde le detuvo, con gran escándalo nacional, un lunes 27 de octubre la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional.

El retrato de Martínez Barazón ya está realizado desde hace tiempo. Lo mismo confirman fuentes de la institución que ocurre con el de Juan Martínz Majo (PP), que gobernara entre los años 2015 y 2019. Pero la intención del actual equipo de Gobierno que preside el socialista Gerardo Álvarez Courel era esperar a que se culminaran otros dos que todavía quedan pendientes de realizarse para “realizar un único acto y colocar los cuatro a la vez”.

Esta era la intención oficial justo antes del último auto del Supremo contra Martínez Barazón, a pesar de que la Audiencia Nacional ya le hubiera condenado en 2023, junto al exdiputado y también alcalde del PP Pedro Vicente Sánchez y el exinterventor provincial, Jesús 'Suso' López. Por eso, ahora queda la duda de si se mantienen los planes y la decisión definitiva es que el cuadro de honor institucional a Marcos Martínez luzca igual que el resto de expresidentes en la famosa galería del Palacio.

En todo caso, no sería una decisión próxima en el tiempo, ni mucho menos. Muy difícilmente Courel y sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) tendrán que tomar el toro por los cuernos dentro de este mandado que expira el próximo año 2027, a tenor de que todavía quedan otros dos cuadros por realizarse. Y en parte debido también a aquel infausto año 2014.

El cuadro de Orejas, ya en marcha

El presidente que sucedió en otro breve período de tiempo al detenido y acusado Marcos Martínez Barazón, Emilio Orejas Orejas, que es hoy todavía hoy diputado provincial, ya tiene su retraso en marcha. Justo el pasado mes de julio de 2026 se culminó el proceso de adjudicación de estos trabajos artísticos para pintarle, que recayeron en una familiar suya, Carmina Orejas, por un precio final de 11.000 euros. Se trata de una pintora de amplia formación y recorrido.

Emilio Orejas también gobernó coyunturalmente apenas unos meses entre Martínez Majo y Martínez Barazón, ya que formó parte de aquella Corporación provincial que pocos meses antes se había visto sacudida por otro hecho sin precedentes históricos: el asesinato de Isabel Carrasco a manos de una afiliada del PP, Monserrat González, madre de una antigua funcionaria de la Diputación, Trina Martínez, ambas condenadas con los años.

El precedente de Carrasco

Curiosamente, el retrato de Carrasco fue uno de los más rápidos en instalarse en la galería, justo al cumplirse un año de su muerte violenta, aunque dentro de un gélido ambiente y justo durante el mandato de su 'delfín' Martínez Barazón, antes de su detención. Cabe recordar que la condena de éste se debió al modo de contratar con dinero público los recursos de un conseguidor para labores de blanqueamiento de sus imágenes políticas personales, un sistema que Martínez se limitó a continuar pero comenzó con Carrasco en 2012, casi dos años antes de su muerte.

También Carrasco estuvo detrás de otra anomalía que fue el retraso de 12 larguísimos años en el acto institucional para colocar en la galería el retrato de su antecesor, Javier García-Prieto. A pesar de ser de su mismo partido, el PP, él fue ninguneado primero por la presidenta, que mantuvo hacia él una nefasta relación.

El suyo sigue siendo hasta la fecha el último cuadro instalado en el Palacio de los Guzmanes, en abril de 2019, y desde entonces se han ido acumulando los casos no resueltos, que a fecha de hoy afectan a cuatro presidentes diferentes. Porque el último, el socialista Eduardo Morán, del mandato 2019-2023, está todavía por dibujarse, el proceso no se ha puesto ni siquiera en marcha.

Los presidentes franquistas que incumplen la Ley

Sin embargo, este 'baile' de cuadros pendientes no es la única polémica que afecta a la Galería de los Presidentes. Todavía permanecen en ella los presidentes que fueron designados por imposición y sin democracia durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentran, uno junto al otro, el del último presidente republicano, Ramiro Armesto, elegido en 1936 y asesinado por los golpistas ese mismo año, y el de Joaquín López Robles, colocado por el régimen para sucederle.

La relación de presidentes impuestos por el franquismo que todavía figuran en esta galería incluye a Joaquín López Robles, Enrique González Luaces, Ramón del Riego y Jove, Raimundo Rodríguez del Valle, Enrique Iglesias Gómez, Manuel Marqués Pérez, Juan José Fernández Urquiza, Ramón Cañas del Río, José Eguiagaray Pallarés, Antonio del Valle Menéndez y Emiliano Alonso Sánchez-Lombas. Todos ocuparon la Presidencia de la Diputación entre 1936 y 1979, durante la dictadura, y sus retratos continúan expuestos en la llamada 'planta noble' del Palacio de los Guzmanes, un espacio de acceso público incluido además en las visitas turísticas al edificio.

La polémica se mantiene pese a la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que establece la retirada de símbolos, elementos y menciones que supongan exaltación personal o colectiva del golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura. El socialista Eduardo Morán, presidente de la Diputación entre 2019 y 2023, se comprometió públicamente a retirar los retratos franquistas antes de abandonar el cargo, pero finalmente no lo hizo, así como tampoco en el actual mandato su sucesor, Gerardo Álvarez Courel.

La Junta de Castilla y León situará en Arroyo de la Encomienda, en el alfoz de Valladolid capital, un espacio físico que anunció esta semana como gran novedad para el impulso del Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos 2024-2031. Se trata de la llamada Oficina Técnica de Soporte y Coordinación Turística, que junto a la otra novedad para montar un 'Plan integral de Marketing y Comunicación de la Estrategia Turística Integral', tendrán un coste de medio millón de euros.

Sendas novedades fueron aprobadas en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que conforma el cogobierno del Partido Popular (PP) y Vox, y anunciadas por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Fue él quien, a preguntas de los periodistas, detalló que la sede de la oficina de nueva creación no estaría en ninguno de los 206 municipios que, no sin gran polémica, finalmente se incluyeron dentro del Plan de Tierra de Campos. El espacio físico final se situará en realidad en Arroyo de la Encomienda. Y se hará así, detalló el portavoz, porque allí se asienta la sede de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (Fafecyl). El lugar dista cerca de 60 kilómetros del municipio más cercano de la comarca de Tierra de Campos en la propia provincia de Valladolid, una de las cuatro provincias que la conforman, junto a las de León, Zamora y Palencia.

Ante esta lejanía física de la nueva infraestructura que se pretende impulsar con este millonario Plan de Tierra de Campos, puesto en marcha a finales de 2024, y el hecho de que no se aprovechara la creación de esta Oficina de Coordinación Turística para ubicarla en algún municipio del propio territorio, incluso generando allí empleo o nuevas sinergias, Carriedo insistió en que el emplazamiento de su sede es indiferente. “No se trata tanto de lugares físicos sino de un cambio de la percepción dentro del conjunto de España o a nivel internacional para aprovechar todos los recursos y que aumente el tirón en el ámbito del empleo en el territorio”, explicó en la rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno autorizó en esa sesión los 500.000 euros de aportación económica propia, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, a la Fundación Anclaje para financiar “el diseño, puesta en marcha, gestión e impulso de una Oficina Técnica de Coordinación Turística”, junto al Plan integral de Marketing y Comunicación en Desarrollo de la Estrategia Turística Integral. Se trata se diseñar una 'marca' turística propia bajo el concepto de “Turismo del Sentir”, con un mensaje de destino único al margen de que reparta entre cuatro provincias.

Explican que desde esta oficina en Arroyo de la Encomienda se dirigirá la correcta ejecución de la estrategia, se realizará el seguimiento de las actuaciones y se asegurará una comunicación y marketing común del destino. “Asimismo, trabajará con las administraciones y los agentes del territorio para mantener alineados los proyectos, las prioridades y los mensajes de ‘Tierra de Campos, a cielo abierto’. El plazo para el impulso de ambas iniciativas se enmarca entre los años 2026 y 2029.

El recuento y destino de lo ya invertido

También se informó de que han ya 1.705.000 euros los aprobados en octubre de 2024 y mayo de 2026 a la Fundación Anclaje, y de los cuales se han repartido ya a fecha actual ayudas de 15.000 euros a un total de 106 nuevos emprendedores de las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora para su implantación en alguno de los municipios incluidos en el Plan.

También se ha sufragado con ello el desarrollo de una plataforma web y la mencionada estrategia turística para Tierra de Campos. La Junta ha destinado también un millón de euros con el mismo objetivo de apoyo al emprendimiento dentro del Plan Socioeconómico de La Raya en las provincias de Salamanca y Zamora. Hay que tener en cuenta que el montante total del Plan, hasta 2031, asciende a  63,19 millones, con apoyo también las cuatro diputaciones provinciales.

La Junta ha pasado ya página con la cifra final de municipios que podrán concurrir a los diferentes tipos de ayudas públicas, tras meses de polémica por algunas exclusiones iniciales, que se denunció que fueron por motivos de siglas políticas, y posteriormente por abrir la mano a municipios que geográficamente son muy ajenos a esta comarca rural en el corazón de la actual autonomía de Castilla y León.

El regreso de los trenes de vía estrecha al centro de León suma una nueva moción del Ayuntamiento de la capital y, esta vez, con la posibilidad de que el conflicto dé el salto de los ya habituales acuerdos políticos a los tribunales de Justicia. El Pleno municipal celebrado este viernes ha respaldado, finalmente por unanimidad, que los servicios jurídicos estudien la personación del Consistorio ante el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por el incumplimiento del Convenio Marco de integración de Feve de 2010. Es decir, unirse a esta vía anunciada y protagonizada este mismo mes por la Plataforma en Defensa de Feve.

La propuesta partió del Grupo Municipal Popular, se sumó en bloque toda la oposición y terminó recibiendo el respaldo completo de toda la Corporación, incluido el PSOE que gobierna en minoría, aunque la propia Plataforma recordó después que en sus contactos previos el equipo de Gobierno no se mostró para nada propenso a explorar esta vía judicial.

Sin embargo, la aprobación plenaria no supone todavía que el Ayuntamiento vaya a personarse automáticamente. El acuerdo adoptado establece que la Secretaría y los servicios jurídicos municipales deberán emitir antes del 15 de octubre de 2026, es decir, en poco más de dos semanas, un informe sobre la posibilidad de incorporarse al recurso contencioso-administrativo 175/2026, tramitado en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y determinar qué procedimiento legal debería seguir el Consistorio para exigir el cumplimiento del convenio. Sólo si existe respaldo jurídico, el acuerdo contempla que en un plazo de dos meses se hayan iniciado las acciones.

El alcalde de León, José Antonio Diez, recalcó durante el debate precisamente esa condición: el Ayuntamiento acudirá a la vía judicial si los informes municipales concluyen que existe fundamento para ello. La moción busca así transformar en una actuación jurídica concreta una reivindicación que ha pasado repetidamente por el salón de plenos durante los últimos años sin acercar la posibilidad real de que los trenes recuperen el recorrido urbano hasta la estación de Matallana, en la avenida Padre Isla, a la que dejaron de llegar hace 16 años ya.

Una sucesión de mociones sin regreso de los trenes

El origen del conflicto está en el Convenio Marco firmado en febrero de 2010 por el Ayuntamiento, la entonces Feve y el Ministerio de Fomento para integrar la línea ferroviaria en la ciudad. El acuerdo fue posteriormente desarrollado mediante adendas en mayo y agosto de 2010 y marzo de 2012.

Desde entonces se han sucedido los pronunciamientos plenarios reclamando la recuperación ferroviaria del tramo urbano. El último antes del de este viernes fue aprobado también por unanimidad el pasado 27 de febrero, cuando el Ayuntamiento instó al Ministerio a cumplir los acuerdos existentes y a convocar la comisión de seguimiento del convenio, que, según la documentación de la moción, no se ha reunido desde su creación.

La diferencia ahora está en que la reivindicación ya ha llegado a los tribunales. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León interpuso en marzo un contencioso ante la Audiencia Nacional frente a la que considera inactividad del Ministerio en el cumplimiento del acuerdo. El propio Ministerio notificó al Ayuntamiento el procedimiento el 20 de abril y le dio la posibilidad de personarse.

Según sostiene la Plataforma, el Ayuntamiento decidió entonces no incorporarse al procedimiento y en julio tampoco aceptó una reunión entre los servicios jurídicos municipales y el colectivo para coordinar actuaciones. La asociación asegura además que había reclamado previamente al Consistorio, mediante numerosos escritos, que ejerciera directamente acciones para exigir el cumplimiento del convenio. Son afirmaciones del propio colectivo, que considera al Ayuntamiento el beneficiario directo del acuerdo de 2010.

La Plataforma celebra el giro del Ayuntamiento

Pese a esas reticencias, la Plataforma recibe ahora con satisfacción el resultado del Pleno y considera que una eventual personación municipal, de producirse, supondría un cambio importante respecto a la actuación seguida hasta ahora. En su comunicado habla de la posibilidad de poner fin a “16 años de inacción” en torno a la integración ferroviaria y celebra que el Ayuntamiento pueda incorporarse al procedimiento que ella misma promovió ante la Audiencia Nacional, siempre que el informe de Secretaría sea favorable.

Pero el colectivo resaltaba también su sorpresa por el respaldo del PSOE a la iniciativa, después de criticar la actuación seguida hasta ahora por el Gobierno municipal. La unanimidad deja, en cualquier caso, un nuevo compromiso político sobre la mesa que se verá si se materializa.

Hace casi 12 años ya desde aquel lunes 27 de octubre de 2014 que lo cambio todo en la política provincial y en el Partido Popular (PP) leonés. Ocurrió cuando la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Eloy Velasco, desplegó una redada de varias horas en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y sacó directo a la cárcel a su presidente, Marcos Martínez Barazón. Había nacido el 'Caso Púnica', con medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios en media España investigados por delitos de corrupción.

Al igual que en muchas otras causas, como las emanadas en Madrid o Murcia, la pieza leonesa de Púnica se centró en la relación durante al menos dos años de sus mandatarios con las empresas Dadiva e Eico del fulgurante consultor e informático Alejandro de Pedro, compañías que fueron contratadas ya en 2012 por la entonces poderosa presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco. Cuando la UCO entró en el caso y en el despacho de Presidencia hacía justo medio año que Carrasco había sido literalmente ejecutada a plena luz del día, con cuatro tiros por la espalda, por dos mujeres vinculadas al PP, una hija que buscaba perpetuarse en la institución y su madre, y que fueron condenadas junto a una policía local.

Heredero de sus políticas, de sus contratos y gestión, su eterna mano derecha, Martínez Barazón, también alcalde de largo recorrido del creciente municipio de Cuadros, tomó el poder en el Palacio. Y vio en la relación con las empresas de De Pedro las mismas dos ventajas que también sacó su mentora: mejorar su imagen personal en Internet y contrarrestar las críticas políticas con apoyo de una red de periódicos online zombies del empresario. Y en su caso, una ambición más: aprovechar las influencias del conseguidor para obtener los favores de la cúpula del PP y heredar también el liderazgo provincial. Estuvo a apenas un mes de conseguirlo.

En lugar de eso, la Operación Púnica le llevó directamente a la prisión madrileña de Soto del Real, donde permaneció 43 días hasta depositar una fianza de 30.000 euros. Pocas horas después, regresó a su pueblo reconvertido en un mártir ante una masa de fieles vecinos que le vitoreaban.

Lágrimas y penas compartidas

Él también lloró. Le quedaba por delante un lento suplicio policial y judicial hasta la fecha de ayer, en la que el caso ha sido por fin cerrado con una condena ratificada por el Tribunal Supremo. No era el único. En la maraña de Púnica habían caído también dos hombres fuertes en la Diputación leonesa: el alto cargo a dedo, anterior diputado provincial de Turismo e histórico alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el no menos poderoso entonces interventor del Palacio, Jesús 'Suso' López.

Los dos han acabado recibiendo, primero en la Audiencia Nacional y ahora tras su recurso en el Supremo, la misma pena por prevaricación que Martínez Barazón: ocho años y medios de inhabilitación. Y los tres libraron de prisión, en parte por aplicárseles dilaciones indebidas en una instrucción judicial que tardó nueve años, y porque no se vieron pruebas de fraude a la administración, falsificación de documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho. Era la larga lista que les atribuían la Fiscalía y la acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade).

El modus operandi

La condena, que ahora está llamada a sentar jurisprudencia en el resto de causas de Púnica por juzgarse o revisarse por altos tribunales, sí vino a dar por delictivo el modus operandi de los políticos que habían contratado los servicios de Alejandro de Pedro, condenado aquí en León por su parte a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Pero la maraña de las investigaciones policial y judicial, materializada en las acusaciones, hablaba de mucho más que trabajos de reputación personal con dinero público, que en el caso de León rondó los 107.000 euros.

La Fiscalía se aferró a conversaciones y gestiones que apuntaban a un supuesto intercambio de favores: De Pedro y su socio en Madiva e Eico, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena, habrían utilizado sus altos contactos para ayudar a Martínez a ser el presidente provincial del PP, a cambio de que las compañías de la trama obtuvieran a dedo contratos públicos de la Diputación.

En esa segunda parte de la investigación aparecieron también los contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio en el que Sánchez era alcalde. En las conversaciones intervenidas se planteaba, entre otras operaciones, la contratación de servicios para la estación invernal y la adjudicación de cafeterías o planes de desarrollo. La Fiscalía cifró además en 74.200 euros los trabajos realizados o comprometidos para mejorar la imagen de Martínez a través de la Diputación y Gersul. También se investigó un proyecto de gestión de San Isidro cuyo coste se había fijado en 171.000 euros, con pagos mensuales de 24.428 euros.

Como demostró ILEÓN en varias publicaciones exclusivas de investigación, se negoció que al concurso se presentaran tres empresas del entorno del conseguidor, para garantizar quedarse con él (“Sois los mejores y os lo voy a dar”, se escuchó a un testigo en el juicio). Y algo aún más tosco: los pliegos fueron corregidos a la carta con peticiones de las compañías, y el propio presidente los envió, marcados los cambios, a través su correo oficial de Presidencia. Pese a todo, al final libraron porque los planes no fraguaron, debido a que se precipitó la mediática intervención policial en octubre de 2014.

Contra esa no materialización de los presuntos delitos se estrelló la Fiscalía Anticorrupción, que defendía una acusación mucho más amplia que la que finalmente quedó acreditada. Por eso, ante una condena sin cárcel el propio Ministerio Fiscal pidió incluso la repetición del juicio en la Audiencia Nacional, algo que quedó desestimado, igual que su recurso.

Lo demostrado, según Audiencia y Supremo

Así las cosas, lo que sí quedó probado y llevó a las condenas finales ahora ratificadas fue la forma en la que la Diputación tramitó aquellos contratos de publicidad institucional. La Audiencia consideró acreditado que De Pedro y Marcos Martínez, durante los meses en los que este último estuvo al frente de la institución en 2014, igual que antes Isabel Carrasco, participaron en un procedimiento administrativo irregular para garantizar el pago de las facturas. Eran facturas mensuales, de importes similares y, en todo caso, inferiores a 6.000 euros cada una, tramitadas por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, según el tribunal, no existía una razón que lo justificara. Además, se utilizaba de manera incorrecta la figura del enriquecimiento injusto para proceder al pago, que Pedro Vicente Sánchez ordenaba y el interventor López sancionaba.

El efecto de ese sistema era evitar que una relación contractual que tenía carácter continuado se sometiera al procedimiento de contratación, con la correspondiente licitación y por lo tanto la posibilidad de que otras empresas o medios de comunicación pudieran concurrir. Es decir, blindar a las empresas del conseguidor. La Audiencia consideró que de esta manera se eludían también controles que debían realizar tanto el Servicio de Contratación como la Intervención General de la Diputación. Las facturas terminaban incorporándose a la relación mensual de pagos y se abonaban muy rápido.

Tras la irrupción de la UCO aquel 2014, el PP leonés y la institución vivieron un tsunami. Martínez Barazón, vicepresidente con Carrasco, asesinada en mayo, la había sucedido en una votación antes del verano. Pero al ser fulminantemente detenido se abrió una situación insólita en la institución provincial que forzó a acelerar otro nombramiento en Presidencia. Recayó en el joven diputado Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, que había 'heredado' la Alcaldía de su propio padre. Él se convirtió por unos meses en el tercer presidente de la Diputación en apenas medio año y eso costaría muy caro en inoperancia y en un anquilosamiento de proyectos y presupuestario que hoy todavía se arrastra desde aquella época de convulsiones.

Dos exalcaldes que los fueron presionados

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos, afectados así doblemente por la inhabilitación de la condena, aunque en todos estos años no se haya aplicado.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida, sin embargo, tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP, pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con abrumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

El Supremo ha dictado la suprema sentencia final al año 2014, en que el PP y León fueron demasiadas veces la peor forma de portada nacional. Ya había pasado un poco a la historia la tragedia del asesinato de Isabel Carrasco -aunque nunca la investigación se cerrara por completo y siga dando pie a material de true crime- Y ahora comienza a hacerlo el Caso Púnica con la bajada definitiva del telón judicial.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta ocho años y medio de inhabilitación a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León por el PP, por su papel en una de las ramificaciones de la trama Púnica de corrupción relativa a la publicidad institucional. La sentencia también declara firmes las condenas de entre cuatro y ocho años de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional al empresario Alejandro de Pedro, al exdiputado provincial del PP Pedro Vicente Sánchez y al interventor Manuel Jesús López. La Fiscalía había recurrido reclamando un nuevo juicio después de fracasar en su intento de que fueran castigados con penas de cárcel y por más delitos.

La trama Púnica estalló hace más de una década en la Audiencia Nacional con el arresto de decenas de personas, sobre todo cargos públicos vinculados a la política regional y municipal madrileña, acusados de participar en distintas vertientes de la corrupción. Francisco Granados, entonces hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha sido condenado por el amaño de la organización de festejos. Pero otras ramificaciones del caso investigaron si distintas administraciones públicas contrataron irregularmente al empresario Alejandro de Pedro para potenciar la imagen de políticos en internet con dinero público.

En este caso el Supremo declara probado en firme que De Pedro contactó primero con Isabel Carrasco y después con su sucesor al frente de la Diputación, Marcos Martínez, para ofrecer estos servicios. El empresario estuvo mandando informes de reputación digital entre 2012 y 2014 para ambos mandatarios y a cambio facturó más de 108.000 euros a la Diputación, la mayor parte durante el mandato de Carrasco.

Los jueces no han encontrado delito en esa vertiente reputacional de la trama tal y como pedía la Fiscalía pero sí en que otro procedimiento, el de pago de publicidad institucional a la empresa de De Pedro, era “totalmente incorrecto y no ajustado a la normativa”. Usaron un sistema para pagar estas facturas inmediatamente sin tener que abrir un proceso de contratación abierto, “evitando así también que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León, y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”.

El expresidente Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez y el interventor Manuel Jesús López son condenados a ocho años de inhabilitación por prevaricación. La sanción de Alejandro de Pedro se queda en cuatro años y tres meses de inhabilitación. Martínez Barazón llegó a ser senador durante unos meses entre 2007 y 2008.

Terremoto político en León

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida sin embargo tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con absumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

A falta de unos pocos meses para el fin del mandato, la Diputación de León mete prisa al más avanzado de los parque comarcales terciarios de bomberos, el situado en el municipio berciano de Bembibre, con los trabajos preparatorios a las obras en sí del nuevo edificio. Así lo ha dado a conocer hoy la institución provincial, a través de una visita de su presidente, Gerardo Álvarez Courel, que además es concejal de este municipio, a los movimientos de movimiento de tierras para adecuar este espacio para la ejecución del parque en sí.

Estos trabajos previos conllevan una primera inversión de la Diputación superior a los 300.000 euros en la parcela del Polígono del Bierzo Alto, en San Román de Bembibre, explican en una nota de prensa. A continuación se aclara que la construcción en sí llegará después, cuando se hayan licitado las obras en busca de la empresa que lo ejecute, por un presupuesto que arranca de 1.320.000 euros.

El de Bembibre se convierte así en el más avanzado de los parques comarcales terciarios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) provincial, junto a los que deberían venir los de Sahagún, Villafranca del Bierzo, La Pola de Gordón y La Bañeza, estos dos últimos acumulando todavía más retraso que el resto. Y es que incluso el de Bembibre viene de muchos años atrás, dado que todavía en el mandato anterior, en 2019, se aprobó la redacción de su proyecto pero se tuvo que volver a licitar otra vez en 2025, seis años después.

En esta supervisión de los primeros trabajos que se realizan en el terreno cedido por el Ayuntamiento de Bembibre, el presidente de la institución provincial se acompañó del vicepresidente para El Bierzo y responsable del Sepeis, Luis Alberto Arias, y la alcaldesa, Silvia Cao, entre otros. Agradeció la cesión municipal de las dos parcelas, la IM.4.10 y IM-4.11, que suman más de 3.300 metros cuadrados.

Courel recordó que el Sepeis ya ha adquirido un camión autobomba rural ligera para el futuro bembibrés, tras una inversión de 437.233 euros, un camión BRL (Bomba Rural Ligera) con capacidad para 2.000 litros de agua, bomba de agua con salidas de alta y baja presión, herramientas para excarcelación de alta calidad, equipos de respiración autónoma, mangueraje y útiles para extinción de incendios.

Quiso el presidente sacar pecho, recordando que “en estos siete años” de Gobierno socialista en coalición con UPL en la Diputación “se han hecho cuatro parques de bomberos -Villabino, Valencia de Don Juan, Cistierna y Astorga- y estamos en la ejecución de los otros cinco”. Aunque admitió que “algunos han sufrido retrasos en los proyectos debido a reclamaciones a las adjudicaciones, que han provocado tener que esperar a la resolución por parte del Tribunal del Tarccyl, pero quiero dejar claro que esos recursos han sido favorables a la Diputación de León y al procedimiento de adjudicación que se hizo desde contratación”, detalló.

Silvia Cao destacó la entrega por parte de la Diputación de León y ha expresado que “ver estas máquinas trabajando en estas parcelas es una muy buena noticia, no solo para Bembibre, sino para todo el Bierzo Alto”. “Estamos hablando de un parque de bomberos que va a dar cobertura a todo el territorio que abarca El Bierzo Alto”, ha insistido, dejando claro que se trata de una infraestructura muy necesaria.

Algunos de los más icónicos y entrañables parques y jardines de la capital leonesa vivirán durante los próximos cuatro años trabajos de remodelación, en algunos casos de calado y profundidad. Ese es el objetivo que se plantea un millonario contrato que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de la capital, por un importe que arranca con 7,3 millones de euros.

La lista de espacios públicos ajardinados en los que el actual equipo de Gobierno que preside el alcalde José Antonio Diez quiere dejar totalmente cerrado hasta prácticamente todo el próximo mandato, en concreto hasta el año 2030, pasa por diferentes tipos de reformas y obras en parques muy céntricos e icónicos. Se trata del Paseo de la Condesa o el jardín de San Francisco, otros más de barios como La Granja, Quevedo en El Crucero o Virgen del Camino, en el centro del Polígono X, así como el de los Reyes Leoneses en la avenida José Aguado.

Pero también el contrato incluye la puesta al día bastante profunda del actual vivero municipal y la que llaman “renovación integral” de la fuente ornamental de Guzmán, en el extremo de Ordoño hacia las estaciones, con su conocida estatua del personaje histórico en medio.

El contrato, que se cerrará con una única empresa privada, en un único y jugoso lote, al considerarse en un informe contraproducente por razones de organización y coordinación, se aprobó en Junta de Gobierno a principios de septiembre, sale ahora a licitación y abre el período de presentación de ofertas hasta el próximo 19 de octubre. Su nombre oficial es “Obras de reposición, adecuación y mejora dela infraestructura verde del Municipio de León”, y reserva sólo para las remodelaciones mencionadas cerca de la mitad de los 7,3 millones de partida, es decir, 3.150.000,00 euros.

Más en manos privadas

Es un profundo paso adelante más en la creciente privatización de todo tipo de obras públicas y espacios verdes de la ciudad de León, de modo que ya ningún trabajo es realizado por personal municipal ni plantilla pública alguna. De hecho, se trata de un contrato a mayores de otro que, dividido en varios lotes recaídos a diferentes compañías, continúa en vigor en la ciudad por un valor conjunto de 37 millones de euros, según se contrató ya en el año 2022.

Es el dinero que suman un lote para jardinería y obra civil de espacios verdes; otro para mantenimiento de juegos infantiles, deportivos, y mobiliario de espacios verdes; uno más de mantenimiento de fuentes ornamentales de espacios verdes; y el último para mantenimiento elementos patrimoniales y simbólicos de espacios verdes. Es todo lo que hasta 2022 ejecutaba una única empresa, Acciona, pero que desde entonces se diversificó hacia empresas distintas en cometidos que, por su denominación, parecen superponerse unas con otras. El nuevo contrato a mayores de otros 7,3 millones suma ejecuciones aparentemente de un carácter similar.

Las actuaciones, al detalle

El proyecto en vías de contratación recoge las mencionadas ocho actuaciones. De momento, se detallan como planificación indicativa, por lo que tanto las prioridades como las anualidades y las cuantías podrán ajustarse durante la vigencia de cuatro años contrato.

La intervención de mayor importe prevista en esta programación es la renovación integral del parque de Quevedo, con una estimación de 700.000 euros y prevista en principio para el ejercicio 2027, que es año electoral. La actuación contempla la mejora de pavimentos, arbolado, fuente ornamental, estanque de la fauna, aviario donde residen numerosas especies de mucho éxito como los pavos reales, y otras infraestructuras hidráulicas y equipamientos. El proyecto podrá ejecutarse por fases, se indica.

También figura entre las actuaciones prioritarias la renovación integral del parque de San Francisco, presupuestada inicialmente en 500.000 euros, medio millón, y para 2028. Los trabajos abarcarían los pavimentos, el arbolado y las infraestructuras asociadas al parque, con especial atención a la conservación del arbolado consolidado, el uso público y las necesidades de mantenimiento. Es muy conocido por albergar dos veces al año en evento gastronómico y cultural Come y Calle.

En el parque de La Granja, el programa contempla una inversión estimada de 350.000 euros, orientada a mejorar el drenaje de los paseos, renovar el cerramiento exterior y actualizar las infraestructuras de captación y distribución del agua de riego. La anualidad prevista es también 2027. El vivero municipal, en la prolongación del Paseo del Parque, también aparece entre las intervenciones de prioridad alta, con 250.000 euros previstos ya entre este año 2026 y 2027. La actuación incluye la renovación del cerramiento exterior, trabajos de limpieza y desescombro y la adecuación de sus infraestructuras.

En el sur de la ciudad

Otra de las grandes intervenciones previstas es la renovación integral del parque de Los Reyes de España -dividido en dos, en realidad-, con una estimación inicial de 600.000 euros. En este caso sería para 2029. El alcance definitivo se determinará a partir del diagnóstico de las necesidades del espacio y de la correspondiente orden de actuación, aunque la planificación contempla mejoras genéricas en los elementos vegetales, pavimentos, instalaciones y equipamientos.

El listado incluye además una inversión de 250.000 euros para el parque Virgen del Camino, en medio del Polígono X, orientada a renovar sus pavimentos y las infraestructuras de las fuentes ornamentales, que acumularon años sin funcionar. La actuación se programa para 2028 y deberá compatibilizar las obras con el uso público del recinto, además de contemplar la revisión de las instalaciones.

Y la fuente de Guzmán

Para 2030 se reserva, de forma orientativa, una partida de 200.000 euros para la renovación completa de un lugar muy simbólico en la ciudad: la fuente de Guzmán el Bueno, en la confluencia entre los paseos de La Condesa y Papalaguinda. No se detalla mucho, más allá de reformar los elementos asociados a esta infraestructura ornamental, y se aclara que el dinero final dependerá del diagnóstico de las instalaciones y los equipos.

Por último, el programa prevé destinar 300.000 euros en 2029 a la renovación y mejora del arbolado del Paseo de La Condesa de Sagasta, así como de los elementos vinculados a su implantación. La actuación deberá definir las fases de ejecución y las condiciones para proteger el arbolado existente, aunque ya ha sido motivo de controversia parte de él, porque serían 26 los grandes árboles que tendrían que ser sacrificados, talados, si se ejecuta al final un proyecto de 2 millones de euros que suma ya varios intentos y polémicas: la nueva pasarela peatonal y de diseño sobre el río Bernesga para conectar a mayores La Condesa y el Paseo de Salamanca.

La Junta de Castilla y León no ve motivo alguno de polémica en el hecho de que la Universidad de Burgos (UBU) haya casi publicado el número final de alumnos matriculados en el nuevo grado de Medicina, respecto a los aprobados en su memoria, mientras la Universidad de León (ULE) haya cumplido escrupulosamente quedándose muy por debajo.

Se trata de la gran diferencia que separa los 134 alumnos ya matriculados a fecha de hoy en el campus burgalés, cuando tenía aprobados en origen 72, frente a los 80 de León. Una diferencia que ha sido motivo de fuerte crítica por parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que llevará este asunto al Parlamento autonómico, acusando a la Junta de actuar con “un doble rasero” dependiendo de si la universidad es de Castilla o de León.

El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, no ha visto nada extraño en las cifras finales que se consolidan de matrícula, incluso admitiendo que no ha sido sólo en Burgos sino también en León donde se ha producido una avalancha de solicitudes de matrícula para el arranque de estos estudios aprobados en ambos casos en el año 2024.

Carriedo aseguró a preguntas de los periodistas que ese gran incremento final burgalés, lejos de ser irregular por superar el máximo del 10% de incremento que según UPL estaba establecido para las dos universidades, es una demostración de que el proceso “se ha hecho bien” y la decisión de ampliar Medicina en ambas ciudades “ha sido un éxito”. Más aún, añadió, cuando en general Castilla y León es la segunda comunidad con más alumnos provenientes de fuera de la autonomía.

Para el portavoz, la decisión de aumentar matrículas entra dentro de la “autonomía universitaria” y no hay problema “siempre que se mantenga la calidad del servicio que dan”. “Cada universidad, en el ámbito de su autonomía, es la que tiene la iniciativa para decidir su línea de actuación y, lógicamente, para decidir el número de alumnos”

Y por otro lado, vino a negar que ese notable crecimiento de alumnos suponga, a día de hoy, matizó, una mayor financiación de la Junta de Castilla y León a la UBU: “Las cantidades” en vigor “ya están acordadas y no se van a modificar”, zanjó.

La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy un pequeño paso adelante en el cumplimiento de la promesa electoral lanzada ya hace ocho años por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de instalación de radioterapia pública para el tratamiento de enfermos de cáncer en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. Ese avance consiste en concreto en que la Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Ponferrada que inicie los trámites para otorgar la licencia de obra que hay que hacer en el centro sanitario público de la capital de la comarca.

A través de un extenso comunicado, que destaca que “la infraestructura permitirá acercar los tratamientos oncológicos radioterápicos a los pacientes de la comarca” de El Bierzo, se aclara que todavía queda mucho camino que recorrer. Aparte de que el Consistorio debe abrir y tramitar este expediente de licencia de obra que todavía ahora se le solicita, la propia nota admite que todavía ni siquiera está listo el pliego de la licitación para la ejecución de las obras, trámite esencial en el que “ya se está trabajando”.

“Corresponde llevar a cabo la publicación de la licitación de la ejecución de la obra, lo que dará paso a la recepción de ofertas, su valoración y correspondiente adjudicación de manera previa al inicio” de las obras, explican, pero sin detallar un calendario claro para todo ello. Tampoco se especifica un presupuesto concreto sino que se estima el coste de estos trabajos “en un importe cercano a 3,5 millones de euros”. Y a mayores de la obra en sí, la Gerencia berciana recuerda que la unidad contará como equipamiento con “un acelerador lineal (valorado en 3 millones de euros) y el TAC Simulador (valorado en 600.000 euros)”, por lo que “el total de esta actuación supondrá una inversión superior a los 7,2 millones de euros”.

La futura unidad estará ubicada en el recinto hospitalario público, con “una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas”: tratamiento, simulación, preparación, planificación, recepción y área de personal. “Entre sus dependencias se incluirá el búnker destinado al acelerador lineal, así como los espacios necesarios para la instalación de un TAC simulador, áreas asistenciales, salas de dosimetría, consultas, espacios administrativos y zonas de apoyo para profesionales”, remarca el comunicado. Así como que la nueva instalación quedará físicamente conectada con el Hospital El Bierzo de manera interna para facilitar la circulación de pacientes y de trabajadores.

“La puesta en marcha de la unidad permitirá atender a alrededor de 400 pacientes al año y representará una mejora significativa tanto en la calidad asistencial como en la comodidad de las personas que requieren tratamientos oncológicos radioterápicos”, reza la nota. De este modo, se cifra anualmente el número de enfermos de cáncer que llevan ahora mismo ocho años esperando el cumplimiento de ese compromiso público de la Junta con Ponferrada, que se ha convertido ya en una realidad en las demás provincias de la Comunidad pero se demora sobre todo en el caso de la comarca de El Bierzo hasta situarse a la cola.

Sin embargo, el Partido Popular en la Junta lleva más de tres asegurando que los enfermos oncológicos bercianos ya disponen de este servicio, si bien lo hacen en referencia a la apertura, hace ya tres años, de radioterapia en la privada Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas.

De momento, la última estimación de Sanidad para que la radioterapia pública sea una realidad se situaba en el año 2027, aunque con los previsibles plazos todavía pendientes de licitación, adjudicación y obras propiamente dichas ya parece imposible de cumplir. Y la radioterapia 'de pago' privada en la Clínica Ponferrada continúa facturando dinero público autonómico, habiendo suscrito ya tres contratos con la Consejería desde que abrió sus puertas en 2023. A razón de 1,7 millones de euros cada año, hasta ahora el coste total que se ha embolsado Recoletas supera ya los 5 millones de euros. Y Previsiblemente se tendrá que ampliar como mínimo un año más.

En febrero de 2025, la Gerencia Regional de Salud de la Junta puso en marcha la adjudicación para redactar el proyecto básico y de ejecución para implantar este ansiado servicio en el centro sanitario público, la Unidad Satélite de Radioterapia del Hospital El Bierzo. La empresa Berna 10 fue adjudicataria de estos trabajos por un importe de 187.550 euros. De manera paralela, concluye la nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha desarrollado la reforma del antiguo archivo del Hospital El Bierzo, destinada a albergar nuevas dependencias vinculadas a los servicios de Rehabilitación y Radioterapia, otros trabajos que se cifran en 1,6 millones de euros más.

No se han hecho esperar las más previsibles reacciones contra la decisión del Gobierno central de no contemplar ni un céntimo más de inversiones para mejoras en el aeropuerto de León durante los próximos cinco años que las diseñadas hace ya casi dos años atrás, y que colectivos y partidos políticos consideraban insuficientes.

Entre ellas, destaca la del Partido Popular (PP), cuyas diputadas nacionales por la provincia, Ester Muñoz y Silvia Franco, atacan el reparto económico del multimillonario plan Dora III, un reparto que deja a León con apenas 16,3 millones de los 13.000 globales para todos los aeródromos españoles hasta el año 2031. Las parlamentarias censuran que no se haya contemplado la inclusión de la reclamada terminal de carga para mercancías, que ha dimensionado la propia Diputación de León, donde cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y que requeriría 43,6 millones de euros, o la implantación de un sistema de aproximación más moderno y fiable, un ILS 3, en vez del 1 actual.

Pero junto a esta esperada crítica popular, este jueves se ha sumado con calcados argumentos el ataque a esta decisión por parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León. Su portavoz, el concejal Eduardo López Sendino, a través de una nota de prensa, habla de un nuevo episodio de “frustración por este nuevo ninguneo del ministro Puente con León, que sigue sin atender las justas reivindicaciones para el definitivo despegue del aeropuerto de León”.

Un ataque que no deja de resultar llamativo por el hecho de que su propia formación leonesista es socia de Gobierno junto al PSOE en la Diputación provincial, la otra institución, junto con el Ayuntamiento de la capital, que conforman el Consorcio para la Gestión del Aeropuerto de León. Por el momento, no consta que ni en las últimas horas ni tampoco en los últimos meses, desde que el Ministerio de Transportes planteara el calendario de inversiones estatales del Dora III, que ni UPL en la Diputación ni tampoco el PSOE que lidera Gerardo Álvarez Courel haya defendido un aumento de la inversión estatal en el aeródromo leonés, y eso a pesar de que la iniciativa de impulsar la terminal de mercancías, que sería la única de todo el noroeste, partió de una presión política a sus socios socialistas por parte de los tres diputados provinciales leonesistas en el Palacio de los Guzmanes.

Más duro aún que el propio PP en su reacción, el Grupo Leonesista de Sendino -actual portavoz pero ya de salida, al anunciar que no repetirá en la lista al Ayuntamiento leonés- ve la decisión final inversora del Gobierno “un auténtico desprecio a todos los leoneses el que ni tan siquiera se contemple con alguna partida presupuestaria el ILS o la terminal de carga”.

Sin embargo, una parte del comunicado trata de no poner totalmente contra las cuerdas políticas a sus compañeros de siglas en la Diputación. Lo hace aferrándose a una de las pocas maniobras anunciadas, aunque muy incipientes, por los diputados provinciales leonesistas para mejoras en el aeropuerto: “Del mismo modo que desde el Grupo Leonesista de la Diputación de León se ha comenzado a trabajar en el vial que conecte el aeródromo leonés con el polígono de Trobajo del Camino, instamos al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León a mover ficha con la misma celeridad en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Industrial de Villadangos y con la autopista AP-66”, un vial reclamado por el colectivo León Propone.

Por su parte, las populares leonesas Muñoz y Franco anuncian ofensiva institucional, a través, como tantas veces, de una pregunta parlamentaria al Gobierno, en la que requiere al Ejecutivo de Pedro Sánchez si “considera que la inversión de 16,3 millones de euros en cinco años, sin incluir una terminal de mercancías ni una mejora sustancial del sistema de aproximación instrumental, responde a las necesidades y al potencial de crecimiento del aeropuerto de León”, porque el PP tiene claro que no.

Decepción también de la Plataforma

A las mismas críticas se ha sumado finalmente la Plataforma Más Vuelos para León, que era la que recientemente había pedido que la inversión del Dora III para León aumentara al menos hasta los 50 millones para incorporar la previsión de la terminal de carga y descarga y un mejor sistema de aproximación ILS. Hoy su presidente, Pedro Álvarez Vallejo, censuraba en otro comunicado que a León “no le ha tocado ni la pedrea, tan solo un 0,12% de los casi 13000 millones de euros de inversión” estatales. “Una vez más la provincia de León es la gran olvidada por el ministerio que dirige el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, don Óscar Puente”, se lamenta.

El Festival Internacional de Órgano Catedral de León resucita, aunque sea con algún subterfugio: este año 2026 será el año de la rentrée de uno de los eventos culturales que más consolidados estaban en la ciudad, sobre todo después del gasto público de 1,7 millones de euros para dotar al primer templo leonés de uno de los mejores instrumentos de Europa. A pesar de ello, cumplía ya siete años de casi total inactividad y, peor aún, un cúmulo de todo tipo de polémicas, desde nombramientos a despidos, denuncias y hasta acusaciones de odio o transfobia.

El Obispado, a través del Cabildo de la Catedral, ha diseñado por fin el regreso de un festival que encalló en su edición número 36, justo el año previo a la pandemia. Ahora, cuenta para intentar normalizar la situación con recuperar el importante respaldo institucional y sobre todo una aportación económica jugosa, que en el caso del Ayuntamiento de León asciende a prácticamente 50.000 euros directos.

Han sido seis años en los que ese dinero se ha quedado en las arcas municipales, sin gastar, y por tanto sin apenas programación musical en el magnífico escenario de la Seo. Seis años de sequía a cuenta del pulso mantenido entre el alma mater del histórico festival, el organista Samuel Rubio, que siempre controló este evento a través de su Asociación de Amigos del Órgano de la Catedral de León, y el Cabildo catedralicio, tras su decisión en 2019 de designar organista oficial a un joven sacerdote llamado Francisco Javier Jiménez.

Más convulso, imposible

Esta elección no salió mejor que con Rubio al frente: Jiménez acabó acusando a los mandatarios catedralicios de discriminación por razones de discapacidad, llegando a valorar denuncias penales por delitos de odio y acoso, que le hicieron coger la baja, conllevaron un despido fulminante y provocó críticas que se aireaban incluso a través de la red social TikTok. El titular del órgano de la Catedral llegó a asegurar que el punto final lo marcó su apuesta por un concierto en el que participó en 2023 Hannah Schlubeck, una intérprete transexual sin brazos completos que se considera una de las personas que mejor toca la flauta de pan en el mundo.

Tras su renuncia final, incluso el abandono del sacerdocio, la Catedral designó al todavía más joven Carlos Julián Fernández Bollo, un seglar gallego al que se encomendó normalizar la situación. Tras dos años estando al frente de pequeños ciclos, bajo el nombre ya levemente distinto, ahora renace el que aspira a suceder al viejo festival.

El cartel del regreso y su coste

Fernández Bollo pasa a ser el director artístico del evento cuya denominación definitiva será Festival Internacional de Otoño 'Órgano en la Catedral'. Y tiene toda la programación prevista, con nombres como Los franceses Thomas Ospital, Mélodie Michel y la 'estrella' Alma Bettencourt, la alemana Angela Metzger, el australiano Florian Reithner, el argentino/suizo Diego Innocenzi y los españoles Juan de la Rubia y Enrique Martín-Laguna.

Son los nombre que figuran en la memoria del nuevo contrato directo, negociado sin publicidad, entre la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Santa Iglesia Catedral de León, por un importe final de 49.489 euros. Es decir, recuperando casi íntegramente la tradicional subvención municipal. La oferta se presentó el último día hábil disponible, sobre la campana.

Mejoras ofertadas

La memoria incorpora varias novedades para mejorar tanto la experiencia del público como la difusión del ciclo. Entre ellas, se instalará una pantalla de vídeo en la Capilla Mayor para que quienes estén de espaldas al organista puedan seguir cada actuación. También se comprometen visitas guiadas gratuitas a los órganos de la Catedral y de Santa Marina los sábados 3 y 30 de octubre, con un máximo de 30 personas por sesión y previa inscripción a través de este correo electrónico: administracion@catedraldeleon.org

La clausura tendrá además un formato especial, con el 'Concierto para órgano y orquesta' de Francis Poulenc, interpretado por la Orquesta Ibérica, bajo la dirección de Raúl M. Villanueva y con Alma Bettencourt como solista, en el trascoro de la Catedral, limitado a unas 600 plazas de aforo.

La promoción da también un salto a las redes sociales, comprometiéndose el impulso de una cuenta oficial de Instagram, también vinculada a Facebook, y entre 24 y 30 publicaciones, además de historias y vídeos cortos o reels en los que los propios organistas presentarán el ciclo e interpretarán pequeños fragmentos. A ello se suma la colaboración con las cuentas oficiales del Ayuntamiento de León, presencia semanal en emisoras de radio, como la Cope -de la Conferencia Episcopal- u otras como Radio León SER o EsRadio, y notas de prensa al resto de medios de comunicación. La justificación es que así el Consistorio se verá a su vez promocionado de manera indirecta.

El programa, gratis y cada viernes

El regreso del Festival Internacional de Otoño 'Órgano en la Catedral', constará de ocho conciertos, celebrados cada viernes entre el 25 de septiembre y el 13 de noviembre, siempre con el protagonismo máximo del órgano Klais adquirido en 2013.