Con años de retraso acumulado, por fin el parking subterráneo de San Marcelo, también llamado Aparcamiento Santo Domingo, en pleno centro de la ciudad de León, cuenta con el proyecto aprobado para su reforma de los muchos desperfectos más urgentes y peligrosos que ha acumulado.

El proyecto definitivo “de reparación y adaptación normativa” ha sido aprobado hoy por el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, cuatro años después de que expirara su concesión original procedente de los años 70 del siglo pasado, permitiéndosele a la empresa dejarlo en un estado calamitoso, el cual urge reparar. De hace más de un año, que fue cuando el Consistorio decidió una concesión temporal nueva para la instalación, data un duro informe técnico que suspendía en las más básicas cuestiones de servicios públicos y seguridad mínima. El informe determinaba que el parking requería la inyección inmediata de 563.000 euros.

Ahora, la Junta de Gobierno detalla una cifra diferente, una inversión de 619.000 euros, para unos trabajos de reforma integral que deberían poner fin prioritario a los detalles más preocupantes, desde la falta de la práctica totalidad de sistemas básicos de extinción de incendios o evacuación en caso de emergencia a cuestiones de ventilación o videovigilancia, ausencia de señalización básica o baños públicos, amén de un lavado de cara integral que otorga al espacio una imagen deplorable.

Lo que no especifica el equipo de Gobierno municipal es cuándo darán comienzo realmente las obras, que ya habían sido anunciadas para el pasado 1 de diciembre de 2025, según ha reiterado en sus críticas la oposición del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de León.

La nueva rampa, lo más llamativo

Según se indica en la nota de prensa oficial del Consistorio, entre los trabajos se sumará uno anunciado por ILEÓN, la construcción de una nueva rampa que conectará peatonalmente la planta -1 con el exterior, en la Plaza de San Marcelo. Porque en caso de evacuación obligatoria, por ejemplo por incendio, se incumple toda normativa actual.

El diseño de la rampa será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible y se ubicará justo en el actual lucernario que cubre la antigua entrada al parking, ahora cubierta por un cristal translúcido. Ese acceso en rampa tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete lateral del jardín exterior, de modo que en total sumará una altura de 2,30 metros.

La intervención, remarca la nota, cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta en León, que ha entendido que a pesar de esta obra hacia el exterior se mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias al “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio” de este nuevo acceso, con “continuidad estética y la mínima afección visual”.

El polémico proyecto original

La intervención actual nada que ya que ver con el proyecto original que defendió en 2022, tras expirar la concesión, el alcalde José Antonio Diez, donde se eliminaban por completo los actuales desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León y se eliminaban no sólo los dos únicos árboles de la zona, dos enormes tilos, sino todos los muros de desnivel, sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza hacia Botines. Tan sólo sobrevivía la histórica fuente. Ya se criticó tanto entonces que pronto Diez dejó de insistir en este proyecto, que aún permanece colgado entre las licitaciones de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El comunicado de hoy insiste en que el proyecto se ciñe a “reparación de deficiencias estructurales, la ejecución de una nueva escalera de evacuación, la reforma completa de los sistemas de prevención contra incendios, ajustes en la circulación interior y la renovación total de los aseos e instalaciones, todo ello garantizando los condicionantes de accesibilidad delimitados por Patrimonio”. “Asimismo, contempla la renovación del sistema eléctrico, los sistemas de ventilación y extracción de gases, pero mantiene intacta la morfología del exterior del edificio y la superficie de la plaza”, tranquiliza.

Todas estas obras, se especifica, serán acometidas dentro del nuevo contrato de concesión de hace casi un año, y correrán a cargo de la UTE adjudicataria por un período interino de dos años, formada por las empresas ParkEstacionamientos y Servicios de Movilidad SA, con un canon anual de 380.000 euros. Una concesión que se demoró tres años y mantuvo en parking de San Marcelo en un costoso limbo, que la oposición cifró en unos 1,17 millones de euros, a razón de 1.300 euros perdidos cada día.

PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL) criticaban entonces que ese fue la cuenta por la cabezonería del alcalde de mantenerlo privatizado y municipalizar las instalaciones, como la oposición reclamaba. Al final el equipo de Gobierno, que no tiene mayoría suficiente, optó por la calle de en medio con esta concesión temporal hasta 2027 mientras se decide la futura gestión de este parking, privado, público o con una gran sociedad público-privada ya planteada.

20.000 euros para proyectos a personas mayores

La Junta de Gobierno de hoy también resolvió la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos dirigidos a personas mayores, con 20.000 euros. Se otorgarán estas ayudas a un total de 14 entidades y organizaciones del tercer sector que trabajan de manera activa en el municipio de León.

En esta edición, el acuerdo municipal contempla la concesión de una ayuda de 1.496,92 euros a trece de los colectivos beneficiarios para el desarrollo de sus respectivos programas: la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (por su proyecto ‘Espacios de Encuentro frente a la Soledad’), Teléfono de la Esperanza (‘Acompañamiento a mayores en soledad’), Sordos de León San Juan Bautista (‘Sordoactivos’), la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS (‘Sanamente contra la Depresión’), el Grupo de Mayores de Bailes Populares, Activos y Felices (‘Dueños de nuestro tiempo’), Párkinson León (‘Envejecimiento activo con párkinson’), San Juan de Dios (‘Conectando generaciones’), la Federación Provincial de Jubilados de León (‘Promoción asociacionismo 2026’), Asprona (‘Activa-t’), Alfaem Salud Mental León (‘Camino a la felicidad’), Los Tomillares (‘Cultura y cuidado para nuestros mayores’) y Cruz Roja Española (‘Años con vida cuerpo y mente en marcha’). Por su parte, la Fundación Aspaym Castilla y León recibirá una cuantía de 540,00 euros para la ejecución de su proyecto terapéutico ‘Huellas de Bienestar’.

20.000 euros para impulsar la inserción de personas con discapacidad

También se ha repartido iéntica cuantía, 20.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En esta edición, las cuantías concedidas a las distintas asociaciones se distribuyen de la siguiente manera: Proyecto Convivo recibirá 2.411,00 euros por su programa ‘Un trabajo a mi medida’; Amidown obtendrá 2.270,00 euros para su ‘Acción formativa de auxiliar de comercio’; la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple contará con 2.128,00 euros para ‘INSERT@’; mientras que la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y Alfaem Salud Mental recibirán 1.986,00 euros cada una para los proyectos ‘Incluye TEA’ y ‘ACTIVATE’, respectivamente. Por su parte, Cocemfe percibirá 1.844,00 euros destinados al ‘Apoyo al servicio de integración laboral’; la Asociación de Sordos de León San Juan Bautista y Asprona recibirán una ayuda de 1.418,00 euros cada una para sus respectivos proyectos de ‘Inserción sociolaboral para personas con discapacidad auditiva’ y ‘Trotamundos Lab’; y la Asociación Leonesa con las Enferme-dades de la Sangre (ALCLES) dispondrá de 1.277,00 euros para el desarrollo de su programa ‘Todo lo que empieza cuando termina el cáncer’.

Finalmente, el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno contempla las aportaciones a la Asociación Social Diversa León con 993,00 euros por el proyecto ‘ACTIVA2’; a la Asociación Leonesa de Discapacitados ALDIS y Síndrome Contenta con 851,00 euros cada una para sus programas de ‘Inserción social para personas con discapacidad por trastorno mental’ e ‘Impronta’, respectivamente; y a la Asociación Juvenil Puzzles con una cuantía de 567,00 euros para la iniciativa ‘ACTIVA-T’. Con la resolución de esta convocatoria, el equipo de gobierno consolida su respaldo económico a las entidades locales que trabajan diariamente para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación técnica y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en la ciudad de León.

La Diputación de León ha publicado hoy dado el banderazo de salida a la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, su principal plan de obras para los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia. Repartirá una dotación total de casi 60 millones (59.645.000 euros), una cifra considerada histórica para la financiación de obras, servicios básicos e infraestructuras municipales.

El plan está dirigido a los 208 ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes -fuera quedan León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo-. Su objetivo es garantizar la prestación de servicios mínimos, mejorar las infraestructuras locales y favorecer el desarrollo económico y social de los municipios, según rezan las bases por fin activadas para este año 2026, aunque ya esté bien mediado, y el próximo ejercicio.

Aunque la convocatoria corresponde al periodo 2026-2027, la financiación tendrá carácter plurianual. El grueso de la inversión, el 90%, se concentrará en esos dos ejercicios: 35.787.000 euros en 2026 y 17.893.500 euros en 2027. El calendario se completa con 5.964.500 euros en 2029, año previsto para el cierre administrativo y el pago final de las ayudas, una vez presentadas las facturas y certificados obligatorio. El año 2028 quedará principalmente para que los ayuntamientos puedan ejecutar físicamente las actuaciones, que según las bases deberán estar finalizadas como máximo el 31 de octubre de 2028. La justificación de la subvención tiene como plazo máximo el 31 de enero de 2029, si no se prorroga.

Un baremo por población y amplio abanico de proyectos

La asignación de fondos hace años que se rige por un baremo objetivo, no competitivo entre municipios ni tampoco al albur del reparto por partidos políticos, como ocurría hasta hace apenas una década. El sistema hora se fija en función de la población de cada municipio, tomando como referencia los datos del INE de enero de 2026. Así, como establecen las bases, los ayuntamientos de hasta 250 habitantes recibirán 200.000 euros; los de 251 a 500 habitantes, 231.000 euros; los de 501 a 1.000, 300.000 euros; los de 1.001 a 3.000, 372.000 euros; los de 3.001 a 5.000, 446.000 euros; y los de 5.001 a 20.000 habitantes, 572.000 euros.

Cada ayuntamiento podrá presentar como máximo de cuatro actuaciones, que deberán ajustarse a los fines admitidos en la convocatoria. Entre las inversiones subvencionables figuran obras de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a núcleos de población, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto en edificios municipales, actuaciones en centros escolares y consultorios médicos, promoción turística de interés local, adquisición de mobiliario para edificios de servicio público y honorarios técnicos, estos últimos con un límite del 5% del presupuesto.

Quedan expresamente fuera de la financiación los gastos corrientes, como personal o facturas de luz, las obras de simple mantenimiento, salvo en colegios y consultorios, y las actuaciones destinadas a fines comerciales de venta.

El plazo para presentar solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, contabilizando desde el lunes 22 de junio. Las solicitudes deberán incorporar memorias o proyectos redactados por técnicos competentes, acreditación de la titularidad de los inmuebles y, cuando proceda, informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera.

Adelanto de hasta el 90%

La convocatoria también contempla mecanismos para facilitar que la aprobación no estrangule la economía de los ayuntamientos. Por eso, se plantea como siempre que los municipios que tengan delegada la recaudación en la Diputación recibirán un anticipo automático del 90% de la ayuda concedida, mientras que el resto podrá solicitar un anticipo del 70%.

Además, entre las obligaciones, los municipios beneficiarios deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y verdaderamente no pocas veces la Diputación lo aplica si comprueba que no se ha identificado la procedencia del dinero concedido con esos carteles.

Muchos ojos han mirado hacia la Junta de Castilla y León en una semana protagonizada por numerosas 'riadas negras', torrenciales avenidas de barro y material vegetal quemado en los cauces de arroyos y ríos en varias comarcas de la provincia de León.

Estos ríos de lodo y árboles se han producido nueve meses después de los terribles incendios forestales que arrasaron esas zonas, asomando ahora a causa de fuertes tormentas, y los daños son inmensos porque no sólo han arrasado carreteras y otras infraestructuras, dejando incluso pueblos incomunicados, como en el Valle de Fornela (El Bierzo) sino causando daños ambientales graves en los propios cauces de la Cabrera, el Teleno o municipios como Oencia, entre otros.

A pesar de las escenas vividas en los dos últimos días, con ríos desbordados de inmensa fuerza que arranca todo a su paso y lo tiñe de negro y ceniza, la Junta de Castilla y León defiende que por su parte, como administración competente en montes, se han ejecutado tras los incendios del pasado verano todos los trabajos necesarios para impedir estos graves efectos meses después. Trabajos que el portavoz del Ejecutivo que ahora forman Partido Popular (PP) y Vox, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado hoy de “eficaces”. Su demostración de esa eficacia, al ser preguntado por el grado de ejecución de esas labores postincendios y a la vista del desastre que las tormentas están causando, es que “los daños son mucho menores que los hubieran sido si no se hubieran hecho estas tareas”.

“Se han hecho trabajos desde el primer momento”, aseguró Carriedo, “fundamentalmente depositando algún tipo de material orgánico que sirva de retención para evitar daños de carácter ambiental, y de la misma forma se ha trabajado con maquinar a pesada, bulldozer, en toda la tarea para evitar que los daños ambientales fueran mayores”.

Por eso, insistió en que “están siendo eficaces estas tareas”, iniciadas, subrayó, desde que se apagaron los peores siniestros históricos sufridos en agosto y septiembre de 2025: “Se viene actuando desde el momento de refrescar el terreno, pero también cuando se han ido depositando algunas barreras naturales para hacer de contención de algún posible daño, o también cuando los bulldozer han actuado abriendo algunas vías de derivación del agua en las mejores condiciones posibles”.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

El Procurador del Común de Castilla y León ha llamado la atención al Ayuntamiento de León por las deficiencias detectadas en la conservación y el entorno urbano de la muralla romana y medieval de la ciudad. Lo ha hecho a través de una resolución emitida tras una queja vecinal, en la que se denunciaba la falta de medidas suficientes para proteger y poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de la máxima protección por su origen romano y su traza medieval.

La reclamación ciudadana que dio origen al expediente alertaba de la presencia de señales de tráfico, contenedores y otros elementos urbanos situados junto al monumento, además del estacionamiento habitual de vehículos en sus inmediaciones, algo ya destacado hace años por ILEÓN, entre otros desmanes de tráfico en el Casco Histórico. También se advertía de problemas de limpieza y mantenimiento, con pintadas, suciedad, malos olores y restos de deposiciones de animales en distintos puntos del recinto amurallado. Las situaciones no se han corregido en su inmensa mayoría durante años.

La resolución presta una especial atención a los entornos de la calle Puerta Moneda, acceso sur al Casco Histórico y además Camino de Santiago -también protegido como Patrimonio de la Humanidad-, y de la calle Las Cercas, que van desde San Francisco al Barrio Húmedo. Los denunciantes señalaban estos puntos como algunos de los tramos donde más se evidencian las carencias de conservación, cuidado y seguridad. De hecho hace escasas semanas un tramo tuvo que cortarse al tránsito peatonal por algunos desprendimientos. El 'defensor del pueblo' de Castilla y León comparte la necesidad con ellos de que cualquier actuación municipal tenga en cuenta la protección de la imagen del monumento y evite cualquier elemento que altere su contemplación.

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que cualquier instalación de mobiliario urbano o señalización se realice minimizando su impacto visual sobre la muralla. Asimismo, reclama reforzar la vigilancia para prevenir actos vandálicos, muy particularmente roturas de la estructura de la muralla, o pintadas que se producen desde hace varios años con impunidad, así como problemas de insalubridad. Finalmente, insta a ejercer un control más estricto sobre el tráfico y el aparcamiento en las zonas próximas al monumento, ya que ahora mismo se produce a diario y sin sanción alguna.

Recientemente, el Ayuntamiento acometió tras una serie de actos vandálicos unas obras de reforma, especialmente de iluminación, en el amplio tramo de Las Cercas. Dos contratos, de 95.000 y 100.000 respectivamente, fueron ejecutados en 2025, también el tramo de la calle Prado de los Judíos, después de quejas no sólo vecinales sino incluso de partidos en el Ayuntamiento como Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Ahora, el Procurador remarca que el Consistorio no puede escudarse en ninguna otra institución, como en alguna ocasión ha dirigido al Gobierno central, o a la Junta de Castilla y León, que es competente con carácter general en materia de patrimonio. La institución insiste en que las reclamaciones son competencias municipales plenas, materias como la limpieza, la gestión de residuos, el tráfico urbano o el alumbrado. Y que todos ellos deben orientarse también a preservar y destacar el valor patrimonial de la muralla leonesa, uno de los principales elementos históricos de la ciudad y, además, una de sus principales señas de identidad.

Tres conocerse la resolución del Procurador, a todo ello se sumó esta semana el Partido Popular (PP) en la oposición, que ampliaba el foco y sumaba a las críticas hacia el equipo de Gobierno del PSOE el estado del lienzo en el tramo de la calle Ramón y Cajal, con un “preocupante estado” por la proliferación de hierbajos y vegetación entre las piedras, amén de otros problemas de limpieza y mantenimiento básicos. La conservación de la muralla debe ser una prioridad permanente y no una actuación puntual cuando el problema ya es visible“, señalaba el portavoz popular, David Fernández.

En la actualidad, los trabajos que el Consistorio está realizando bajo el argumento de salvaguardar no tanto la muralla en Las Cercas y sus proximidades sino la mayor visibilidad de ellas consiste en la demolición de dos viejas viviendas de hechura antigua, de las pocas que quedan en pie en el barrio de Santa Ana. Y pronto habrá un derribo más, de modo que en poco tiempo habrán sido tres las casas demolidas. Las actuales sobre las que se trabaja son la situada en la calle las Cercas, número 2, haciendo esquina y colindante con el tramo de muralla, y el número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana, con un coste primero de expropiaciones de cerca de 80.000 euros cada una y después en torno a otros 20.000 en cada caso para contratar a la empresa que las eche abajo.

Las reacciones no se han hecho esperar. El partido político de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado, como “un insulto”, que el nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, desprecie las labores de prevención de los fuegos durante los meses de invierno, según sus propias palabras por el alto coste que suponen. La formación leonesista reacciona así con indignación ante el argumento utilizado por el propio Sánchez durante una reciente jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, y de la que se hace eco ILEÓN tras su reciente nombramiento, el primero en todo el nuevo Ejecutivo de la Junta en el reeditado pacto entre PP y Vox.

Ese “insulto” que considera UPL sus declaraciones públicas se basa sobre todo después que “sufrir las consecuencias de los graves incendios que calcinaron prácticamente 140.000 hectáreas el pasado verano en la Región Leonesa”. En una nota de prensa de reacción, defienden que “no parece de recibo excusar la dejación de funciones de la institución autonómica por el alto coste que supone para las arcas públicas las labores de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época estival de alto peligro”.

La formación que lidera Alicia Gallego, a su vez portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, recuerda que Sánchez es una figura ya presente en el área de Medio Ambiente “junto a la dupla” del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz, que acaban de abandonar sus responsabilidades sin haber hecho absolutamente nada por mejorar la situación de un operativo que sigue sin ser público ni está presente los 365 días del año“, como prometió la Junta tras las tragedias de 2025.

Afean también que Ángel Sánchez se escude en la Ley de Montes para justificar esa falta de trabajo preventivo en época invernal, tildándolo de “mantra”, y aduzca también la necesidad de cambiar la legislación para poder proceder a la limpieza de los montes. Lo cual para UPL “no deja de ser una muestra más de la inoperancia de una Junta acomodada y poco dispuesta a trabajar por actualizar las leyes que le competen”.

Por eso, valoran que sus palabras “no son más que un ataque de sinceridad de lo que todo el mundo piensa y que no es otra cosa que no han hecho absolutamente nada” durante este año, más que “engañar con teoría y malgastar el dinero para tapar los agujeros de incendios que pudieron ser evitados”. Su frase de “a ver de dónde sacamos el dinero” suponen para la formación leonesista “la constatación de que la prevención no es una prioridad de este nuevo Gobierno autonómico, independientemente de quién encabece la consejería, porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene la misma línea de acción”.

Por eso, UPL reclama desde ya a la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que asuma sus competencias y sus responsabilidades y “no siga el camino de Suárez-Quiñones y Arranz porque los perjudicados serán, sin duda, los de siempre”. En este sentido, le instaron a que en materia de prevención y extinción de incendios afronte sus responsabilidades y que no hagan caer todo el peso en los ayuntamientos, como parecía argumentar el nuevo jefe máximo de la lucha contra los incendios forestales de la Comunidad.

Y es que hablando de la necesidad de que sean los municipios los que afronten esas labores preventivas de los montes, “hablan del alto coste que supondría para la Junta esas labores de prevención y limpieza, pero no sabemos de donde pretenden que saquen el dinero los Consistorios” para proceder a afrontar esos trabajos que son responsabilidad de la institución autonómica.

En cualquier caso, desde UPL ponen de manifiesto que Ángel Sánchez arranca su nueva responsabilidad “con mal pie” y le demandan que se “tome en serio una cuestión que cada verano deja en evidencia que las políticas que sigue la Junta no son las adecuadas”.

El PSOE: “El dinero se usca. La vergüenza se echa en falta”

Varios mandatarios del PSOE también han entrado a valorar, con duras críticas, el posicionamiento del nuevo mandatario forestal autonómico. Así, la vicepresidenta del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, a través de la red social X se limitó a considerar que la Junta de Castilla va en esto “de mal en peor”.

Más explícito se mostró el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, para quien “Mañueco cambia nombres, no políticas”. El líder provincial ve censurable que entre sus primeras medidas urgentes, el presidente de la Junta ponga “al frente de los incendios a quien llama ”mantra“ a la prevención en invierno y pregunta ”de dónde sacamos dinero“”. “El dinero se busca. La vergüenza se echa en falta”, concluye.

El nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, nombrado urgentemente hoy a pocas horas de conformarse el nuevo Gobierno tras el pacto de PP y Vox en Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, cuestiona abiertamente una de las máximas más repetidas en materia de gestión forestal y prevención de grandes fuegos: que los incendios se apagan en invierno.

El argumento que utiliza es la imposibilidad económica de asumir por parte de la Junta de Castilla y León el alto coste de dinero público que a su juicio supondrían las labores constantes de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época veraniega de alto peligro. Unas declaraciones que recuerdan a la polémica frase del hasta hoy consejero de Medio Ambiente, el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando en una entrevista aseguró que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Se trata de unas declaraciones que se volvieron en su contra cuando en 2022 y nuevamente en 2025 se produjeron los peores daños por fuegos en la historia conocida de Castilla y León.

Sánchez fue designado ayer, por la vía del ascenso, nuevo responsable de una Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, de creación ex profeso para él, todo un golpe de efecto tras los dramas del pasado verano. Así, el veterano alto técnico autonómico se sitúa en la cúspide del operativo, relevando así a José Ángel Arranz, el mandatario de la Consejería de Medio Ambiente cuya 'cabeza' se pidió, junto a la de Quiñones, tras el pasado verano. Poco antes del nombramiento de Ángel Sánchez, también Quiñones dejó ayer su cartera de hace más de una década para coger la nueva que le entrega Mañueco, una superconsejería de Industrial Universidades, Empleo y Comercio.

Una ecuación de dinero

Durante una jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de León, Sánchez se refirió a la idea del trabajo preventivo invernal, tan avalada por expertos, como “uno de los mantras muy utilizados”. Y trató de desarmarlo al vincularlo con la imposibilidad económica de actuar sobre toda la superficie forestal de la Comunidad, la que más masa tiene de España.

“Uno de los mantras muy utilizados es los incendios se apagan en invierno. Ojalá lo pudiéramos hacer”, afirmó antes de recordar que el territorio forestal de Castilla y León supera los 5,1 millones de hectáreas. En una simple ecuación, el nuevo responsable autonómico que debe luchar contra los fuegos puso cifras al coste que, a su juicio, tendría intervenir esa superficie: “Si multiplicamos los 5.100.000 hectáreas por 1.000 u 800 euros de media cada una de esas hectáreas, pues habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”. Calculando estrictamente esta cuenta de la vieja, y tomando el mayor coste -1.000 euros de inversión por hectárea forestal- la cifra máxima que según Sánchez sería necesaria ascendería a 5.100 millones de euros.

En su intervención ante los periodistas de toda la Comunidad, Sánchez también destacó que del total, más de 3,1 millones de hectáreas forestales están bajo propiedad y gestión privada, gran parte de ellos en manos de ayuntamientos y pueblos, juntas vecinales. “En los montes privados ya la Ley de Montes establece que la limpieza de esos montes debería ser por parte de los propietarios”, remarcó, limando así aún más la responsabilidad de la administración pública autonómica.

Una “legislación” con doble vara de medir

Por eso, zanjó que la Junta no puede actuar directamente sobre esos terrenos sin autorización y defendió la actuación a través de distintas líneas de ayudas. Pero sostuvo que el actual marco normativo debería modificarse. “En definitiva, hay que cambiar la legislación”, afirmó, en total consonancia con lo que acababa de manifestar también el hasta ahora máximo responsable, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Arranz.

“Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos que asumir nuestras competencias y nuestras responsabilidades”, manifestó. Además, aseguró que los incendios forestales están adquiriendo una dimensión cada vez más amplia: “Cada vez más estamos detectando que los incendios acaban siendo un problema social y nos limitan muchos recursos para hacer esa protección del territorio”.

Resulta curioso cómo la administración sí se ampara en esto en la Ley de Montes pero, sin embargo, la Junta sí se ha saltado a la torera su propia norma para autorizar la caza y el pastoreo en zonas arrasadas por los incendios apenas siete meses después de producirse, cuando esa legislación fija cinco años de barbecho, como publicó ILEÓN en primicia. Y eso sin dar a conocer, todavía hoy, los presuntos informes técnicos sobre la fauna en las zonas quemadas que según la Junta justificaban esta polémica medida.

El antecedente de Quiñones sobre 2025: “No parece un año catastrófico”

La 'Jornada formativa en incendios forestales para periodistas' donde el nuevo 'jefe' de incendios autonómico ha abierto una nueva polémica ya causó otra el pasado año, previa a la peor campaña de Castilla y León, celebrada en Valladolid. En ella, el consejero Suárez-Quiñones llegó a decir ante los periodistas en junio que los incendios más dañinos jamás sufridos se producen “no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea”. Justo antes de realizar un vaticinio (“no parece año de eventos catastróficos”) que la realidad se encargó en agosto y septiembre de negar. Trágicamente, incluso con fallecidos y decenas de pueblos evacuados y barrios enteros quemados, amén de un desastre ecológico sin precedentes.

Tras meses de negarse a asumir responsabilidades, ni Arranz ni Suárez-Quiñones, con el apoyo personal firme del presidente Mañueco, incluso reprobados por el Parlamento, ha sido en las primeras horas del nuevo Gobierno cuando ambos han sido simplemente relegados de los incendios con el nombramiento de Ángel Sánchez.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

La esperada reforma integral de la carretera autonómica LE-213 entre Puente Villarente y Casasola de Rueda parece dar dos pasos decisivos con la activación del expediente para las expropiaciones necesarias y la licitación de las obras, que acumulan ya ocho años de retraso en la tramitación administrativa.

La Consejería de Movilidad de la Junta ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la relación final de parcelas afectadas y la convocatoria para el levantamiento de las actas de la ocupación en los municipios de Villasabariego y de Gradefes, un trámite imprescindible para poder iniciar una actuación largamente demandada por su nefasto estado de conservación. En total serán 242 fincas, la mayoría de ellas (180) en Gradefes.

El proyecto detalla que la actuación afecta a un tramo de casi 18 kilómetros de la LE-213, desde el enlace con la carretera nacional N-601 en Puente Villarente hasta el cruce con la LE-5636 en Casasola de Rueda, atravesando o dando servicio a localidades como Villafañe, Palazuelo de Eslonza, Villarmún, Santa Olaja de Eslonza, Mellanzos, Rueda del Almirante y Casasola de Rueda.

Además, el contrato ha sido ya por fin sacado a licitación pública por la Junta, con un importe actualizado de prácticamente 7 millones (6.946.850,10 euros). Se contempla un plazo de ejecución de 30 meses, es decir, dos años y medio de obras desde que se adjudiquen los trabajos. Tras ocho años de espera, el coste se ha multiplicado ya que en 2018 la primera orden de estudio contemplaba exactamente 4,5 millones, que ascendieron a prácticamente 6 millones en 2023, y que ahora vuelve a incrementarse en otro millón más tras prometerse activar en 2025, justo cuando vecinos y el Consistorio de Gradefes anunciaron fuertes protestas por la peligrosidad de la vía.

Una vez más, los árboles

Uno de los aspectos más sensibles de la intervención será la afección al arbolado que acompaña a buena parte del recorrido de la carretera y que constituye una de las imágenes más características de este corredor viario. El proyecto consultado por ILEÓN contempla la eliminación de aquellos ejemplares que resulten estrictamente necesarios para garantizar el ensanche de la plataforma y mejorar la seguridad vial, especialmente en el tramo comprendido entre Casasola de Rueda y Gradefes. Ya hace años, en 2004, hubo sonoras protestas por la desaparición de buena parte de ellos en algunas obras de seguridad acometidas en este mismo trazado.

Entre los nuevos puntos afectados por posibles talas figura una alineación de árboles situada al norte de Casasola de Rueda que aparece catalogada como elemento protegido en las normas urbanísticas. La documentación técnica recoge que la Junta mantuvo conversaciones con el Ayuntamiento para posibilitar la retirada de los ejemplares imprescindibles, argumentando razones de seguridad vial y mejora del trazado, contando además con la correspondiente autorización ambiental. Ecologistas en Acción se viene oponiendo a que estos ejemplares de chopera se talen.

La necesidad de la actuación viene determinada por el deterioro acumulado de una carretera que actualmente dispone de una anchura media de apenas 5,5 metros, con dos carriles estrechos, sin arcenes y con bermas irregulares. El firme presenta numerosos desperfectos, entre ellos baches, pérdida de material, fisuras, agrietamientos y deformaciones, mientras que tanto la señalización como el balizamiento requieren una renovación completa. Aunque el drenaje general funciona adecuadamente, muchas cunetas presentan acumulaciones de sedimentos y vegetación que reducen su eficacia, remarca el proyecto.

Ensanche, variantes en pueblos y reciclaje de neumáticos

Para corregir estas deficiencias, la Junta proyecta una ampliación generalizada de la plataforma hasta alcanzar una sección tipo 6/7, con carriles de tres metros de anchura, arcenes de medio metro y bermas laterales también de medio metro. El ensanche se ejecutará mayoritariamente por uno de los márgenes de la carretera para minimizar afecciones, aunque se prevén transiciones y soluciones específicas en distintos puntos del recorrido. Asimismo, se renovará completamente el firme mediante mezclas bituminosas en caliente, con preferencia por materiales que incorporen polvo de caucho procedente de neumáticos usados.

El proyecto también incluye seis pequeñas variantes que rodeen algunos pueblos, que suman 860 metros de longitud, además de la remodelación de cuatro intersecciones con otras carreteras que se consideran especialmente conflictivas. Así, los accesos a Villarratel y al cementerio de Mellanzos, así como al valle de Valduvieco y al monasterio de San Miguel de Escalada, un monumento histórico protegido con muchas visitas, se resolverán mediante glorietas partidas. Por su parte, los accesos a Rueda del Almirante y a Casasola de Rueda contarán con carriles específicos para los giros a la izquierda.

En las travesías de los pueblos de Puente Villarente, Villafañe, Palazuelo de Eslonza, Villarmún, Santa Olaja de Eslonza y Mellanzos se renovará el firme manteniendo la geometría actual, ya que las aceras han sido objeto de actuaciones recientes. En cambio, en Casasola de Rueda sí se prevé la construcción de un nuevo tramo de acera para reforzar la seguridad peatonal.

Las obras se completarán con la limpieza y mejora de las cunetas, la ampliación de las obras de drenaje transversal, la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, barreras de seguridad metálicas y de madera, balizamiento, hitos kilométricos y captafaros, además de la reposición de todos los servicios e infraestructuras afectados por la ejecución de los trabajos.

Las cosas del Parque (Nacional de Picos de Europa) van despacio. Después de más de dos décadas de promesas, proyectos y retrasos administrativos, el gran aparcamiento previsto junto al flamante Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa en Posada de Valdeón afronta uno de sus últimos trámites ambientales cruciales, un paso que acerca definitivamente el inicio de unas obras largamente reclamadas en valle leonés, tan protegido como necesitado de recursos turísticos.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) acaba de admitir a trámite y someter a información pública la solicitud de autorización de vertido presentada por la Junta de Castilla y León para las escorrentías pluviales que generará el futuro estacionamiento. El expediente, iniciado por la Consejería de Medio Ambiente en septiembre de 2024, había requerido diversa documentación complementaria por parte de la Administración autonómica, que fue aportada y completa a comienzos de 2025.

La resolución supone un nuevo avance para una actuación considerada estratégica en uno de los principales puntos de acceso al Parque Nacional, donde la falta de aparcamiento se ha convertido desde hace años en uno de los principales escollos durante los meses de mayor afluencia turística, en verano.

El proyecto, promovido por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla la creación de un amplio estacionamiento junto al Centro de Visitantes, por fin inaugurado en 2023 con un retraso de décadas.

La inversión del aparcamiento, obra ya adjudicada, asciende a 737.025 euros y permitirá habilitar en total 132 plazas de estacionamiento, la mayoría para turismos, además de cinco plazas para autobuses y espacios para motocicletas, vehículos eléctricos y personas con movilidad reducida. La compañía elegida para los trabajos ha sido Construcciones y Obras Valbuena, con sede en Valladolid, como se conoció hace ya más de medio año. Pero hasta no solventar el expediente de los vertidos la ejecución queda todavía en el aire.

El desbloqueo definitivo

La autorización de vertido era uno de los condicionantes pendientes dentro de una compleja cascada de permisos exigidos por encontrarse la actuación en uno de los espacios naturales más protegidos de España. Y es que el aparcamiento, como el Centro de Visitantes, se sitúa íntegramente dentro del ámbito del Parque Nacional de Picos de Europa, en una zona incluida además en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como en diversos espacios de interés medioambiental vinculados al río Cares, a cuyas aguas verterá esta nueva zona a construirse.

La propia Confederación recuerda que el titular ya dispone desde el pasado 12 de enero de 2026 de la autorización para ejecutar las obras en la zona de policía de los ríos Cares y Arenal, otro de los permisos imprescindibles para poder materializar el proyecto.

Ahora, el organismo estatal considera que las instalaciones proyectadas para el tratamiento de las aguas de escorrentía son, en principio, suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del río Cares y ha concluido que el vertido es compatible con las normas de calidad exigidas para este cauce. Por ello, determina que “procede continuar la tramitación del expediente, sometiéndolo a información pública y recabando el informe de la Comunidad Autónoma”.

Tratamiento previo antes de llegar al río Cares

La solicitud se refiere exclusivamente a las aguas pluviales procedentes de los más de 5.000 metros cuadrados de superficie pavimentada del proyectado aparcamiento. Según la documentación técnica, las escorrentías serán recogidas y tratadas mediante un sistema compuesto por pozo general, cámara arenero-separadora de flotantes, depósito de retención de primeras lluvias con capacidad efectiva de 30 metros cúbicos, cámaras de control y canalización final hasta el río Cares.

La Confederación considera que estas instalaciones permitirán controlar los sólidos en suspensión y otros contaminantes asociados al arrastre superficial de las zonas asfaltadas antes de que el agua alcance el cauce.

Una reivindicación histórica

La puesta en marcha de este aparcamiento completará una infraestructura turística cuya historia se remonta a comienzos de siglo. Si el Centro de Visitantes de Valdeón tardó 22 años en hacerse realidad y abrió finalmente sus puertas en el verano de 2023 tras una inversión superior a 9,6 millones de euros, el estacionamiento asociado ha acumulado también años de compromisos y retrasos administrativos.

La necesidad de la actuación se hizo aún más evidente tras la apertura del centro, ya que Posada de Valdeón carece de espacios específicos de estacionamiento capaces de absorber la llegada de visitantes durante los meses de verano, puentes y festivos. La afluencia turística se concentra actualmente en un entramado urbano de calles estrechas y capacidad muy limitada, generando problemas recurrentes de tráfico y estacionamiento, y múltiples quejas de los vecinos.

Para reducir el impacto visual en un entorno especialmente sensible, el proyecto prevé dos plataformas escalonadas, pantallas vegetales, zonas ajardinadas y muros de piedra que permitan integrar la infraestructura en el paisaje del valle.

Hace menos de 24 horas, la Junta de Castilla y León, por boca de su portavoz, el consejero Carlos Fernández Carriedo, fue tajante al señalar que la culpa de que el nuevo grado de Medicina no se vaya a impartir en el campus de Ponferrada correspondía exclusivamente a la Universidad de León. El representante del Ejecutivo en funciones, del Partido Popular (PP), lo vino a manifestar literalmente de dos maneras: por un lado, señalando que la polémica decisión de que la Facultad de Medicina sólo estuviera en campus leonés de Vegazana se enmarcaba “dentro de la autonomía universitaria”; y por otro, garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” para vetar a la capital de El Bierzo.

Sin embargo, la mentira ha tenido como tantas veces las patas muy cortas. Y los documentos oficiales, que además son públicos, demuestran que fue la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), entidad dependiente directamente de la Junta, la que dijo un 'no' tajante a que hubiera dos sedes del nuevo y esperado grado universitario.

El argumento de los técnicos que forman parte de ella y suscribieron el informe favorable final para Medicina fue muy claro: Ponferrada no disponía de “recursos suficientes”. Es más, la Universidad de León todavía lo peleó: presentó alegaciones ante ese total rechazo, defendiendo reiteradamente que había argumentos suficientes para compartir los estudios, al menos a partir del cuarto curso, como la rectora, Nuria González, siempre había defendido.

De todo ello ha quedado documentación oficial escrita, de modo que por fin sale a la luz de quién es la responsabilidad última de que Ponferrada quede al margen de la ansiada Medicina. Una verdad que está llamada a condicionar, y mucho, el debate político e institucional que se ha ido tensando a lo largo de esta semana, desde la rueda de prensa del lunes en la que González detalló la “buena noticia” de que Medicina, la vieja reivindicación académica de la provincia, será ya una realidad inicial el curso que viene, pero el revés para las aspiraciones de la comarca de El Bierzo.

Escalada política

Fue a partir de esta rueda de prensa cuando varios partidos políticos bercianos, como Coalición por el Bierzo, que prometió un “otoño caliente” de protestas ante este agravio, o el alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), atacaron duramente a la Universidad, señalando a la institución académica como responsable de rechazar allí los estudios sanitarios.

Por contra, el PSOE, por boca de Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, y de Eduardo Morán, presidente del PSOE provincial, defendieron la posición de la rectora, reclamando un frente común para conseguir su pretensión de que Medicina se imparta también en Ponferrada.

Los documentos 'no engañan'

Los documentos oficiales de toda la tramitación y la decisión final adoptada no dejan ahora lugar a dudas y ponen a cada uno en su sitio. Y demás son públicos y accesibles: se encuentran en este enlace, en el apartado llamado Memoria RUTC, donde se contienen además las alegaciones de la Universidad. Es en estas alegaciones donde se desvela la posición de cada parte.

El “Informe de evaluación final” de la Junta a través de la Agencia de Calidad del 27 de abril de este año, que resultó totalmente vinculante para la decisión, dice literalmente: “No se considera viable el modelo de implantación simultánea en dos campus (León y Ponferrada), ni la adecuación del número de plazas ofertadas en relación con los recursos disponibles en el Campus de Ponferrada”. El argumento esgrimido es que “no se ha aportado una suficiente concreción sobre los recursos disponibles”.

“Por ello, debe revisarse el modelo de implantación propuesto, presentando en la memoria únicamente la implantación inicial en el Campus Vegazana de León”, deciden los expertos. Sólo al final, abre una tímida y lejana puerta al campus ponferradino: “Una vez exista una consolidación del título y se cuente con los recursos suficientes respecto al profesorado, infraestructuras y unidades asistenciales para la realización de los rotatorios de prácticas en el Campus de Ponferrada, presentar una modificación sustancial del Grado solicitando la implantación en dicho Campus”. Pero el rechazo inicial del comité es expreso.

A partir de ahí, la Universidad leonesa acató la decisión, en aras a no entorpecer la implantación de los estudios. Pero los criterios no sólo no fueron compartidos por el rectorado sino que se presentaron abundantes alegaciones y unas categóricas consideraciones finales. En ellas “la Universidad de León desea dejar constancia expresa de que el Campus de Ponferrada ha formado parte estructural del proyecto académico del Grado en Medicina de la Universidad de León desde sus inicios, en coherencia con el modelo territorial de la institución y con los recursos asistenciales disponibles en el área del Bierzo”.

“La idea ha sido siempre integrar y sumar”

Y es que defienden que hay argumentos y recursos de sobra, dado que “la idea subyacente ha sido siempre integrar y sumar los recursos disponibles en ambos campus de la Universidad de León, Vegazana, y Ponferrada”. Porque “ambos entornos aportan recursos humanos, asistenciales y de infraestructuras de gran valor para el desarrollo de la titulación, en territorios que no solo demandan esta formación, sino que también contribuyen activamente con su talento, capacidad docente e instalaciones sanitarias”.

En concreto, se afea que la Comisión de Evaluación de Titulaciones vete los estudios en Ponferrada por no disponer de “recursos suficientes” sin detallar cuáles son, para intentar poder corregir esta hipotética insuficiencia o al menos rebatirla. Lo llega a tildar de “interpretaciones excesivamente discrecionales” y reclama “una mayor concreción sobre los recursos y condiciones requeridos, con el fin de poder solicitar la correspondiente modificación sustancial del título para la implantación de los cursos 4.º , 5.º y 6.º en el Campus de Ponferrada en cuanto sea posible”.

La Universidad leonesa defiende además por escrito la sinergia de esos recursos, resaltando que, al igual que en León, “en Ponferrada se cuenta con ”la colaboración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, como gerencia integrada, además de otros centros concertados vinculados al ámbito de las Ciencias de la Salud“, en referencia a los ya implantados grados de Fisioterapia, Podología y Nutrición Humana y Dietética.

“Lamentamos infrautilizar los recursos sanitarios del Bierzo” a pesar de su situación

Y en un párrafo final resume con firmeza su postura, dejando clara constancia de un rechazo a la decisión, que sin embargo acatan: “Lamentamos, por tanto, la falta de coincidencia en este planteamiento por parte de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL porque creemos que ello supondrá, además, infrautilizar los recursos sanitarios de la comarca del Bierzo”.

Consideran que decir 'no' a Ponferrada, como exige la Comisión que depende de la Junta, supone “privar, al menos inicialmente, de potenciales sinergias entre los estudiantes desde el cuarto curso del Grado en Medicina y el Servicio de Salud en el Bierzo, sinergias que consideramos imprescindibles, aun siendo con un número reducido de estudiantes, para que se establezcan suficientes puentes y lazos con vistas a paliar la situación actual y futura de déficit de profesionales médicos en la comarca”. Bien sabido es el clima de protestas sistemáticas en El Bierzo por el enorme déficit de recursos sanitarios, de médicos de numerosas especialidades, especialmente grave por ejemplo en Oncología. Una situación que mantienen desde hace años a la comarca berciana como triste líder del ranking autonómico de listas de espera de todo tipo.

Si Medicina no se imparte en el campus de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo, y son estudios que exclusivamente se ceñirán al campus de Vegazana en León capital, no es por una decisión impuesta por la Junta de Castilla y León sino por elección de la propia Universidad de León. Así de tajante se ha mostrado hoy Carlos Fernández, el portavoz del Gobierno autonómico en funciones, de momento sólo del Partido Popular (PP), ante la creciente polémica sobre la responsabilidad última de que el nuevo grado de Medicina no tenga ningún reflejo en El Bierzo.

La respuesta de Carriedo, señalando que la decisión parte “dentro de la autonomía universitaria” y garantizando que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política” en este sentido, viene a desmentir de manera directa a los argumentos esgrimidos esta misma semana por la propia rectora de la Universidad de León, Nuria González.

González abría la caja de los truenos políticos a principios de esta semana durante la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del arranque, con la preinscripción, de los estudios de Grado de Medicina tras años de haber conseguido el hito largamente esperado. Ante los periodistas, la rectora dio a conocer la decisión definitiva que de Medicina no tendrá ningún reflejo finalmente en el campus ponferradino como, por otra parte, aseguró que la Universidad leonesa seguía defendiendo, como desde hace años.

Llegó a asegurar que para el 'sí' final a Medicina en León la condición indispensable era renunciar a dividirla en dos campus. Literalmente, González dijo que “los diferentes informes realizados por el panel de expertos designados por la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León ha condicionado el informe favorable a que la implantación inicial del grado se desarrolle exclusivamente en el Campus de Vegazana. A pesar de que la propuesta de la Universidad siempre contempló una docencia compartida entre los dos campus”. Esa Agencia, aunque integrada por miembros independientes, sí está directamente vinculada a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el gabinete del Rectorado remarca que ni la institución ni la propia rectora han señalado la responsabilidad de la Junta en la decisión final, sino de estos expertos.

Polvareda política

Esa decisión definitiva, y sus argumentos, han levantado una inmensa polvareda política en El Bierzo. Primero con Coalición por el Bierzo augurando un recrecimiento de su lucha por conseguir que se imparta Medicina, lo que llamó un “otoño caliente”. Y a continuación, ha sido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala -del PP, que gobierna en la Junta-, el que ha elevado el tono de la confrontación, exigiendo a la rectora que muestre los documentos e informes en los que se basó para asegurar que se le impuso la renuncia al campus berciano. Morala afirma que su partido y equipo de Gobierno, son Coalición como socio, no se conformará con nada que no sea que la totalidad de la nueva titulación se imparta de forma completa en Ponferrada, con los seis cursos y un número significativo de alumnos.

En este contexto, ha sido hoy la Junta, por boca de su portavoz, quien ha desmentido a la rectora. Carriedo aseguró que “respetamos la decisión que tenga que tomar cada universidad dentro de la autonomía universitaria”, dejando entrever que las “decisiones posteriores” sobre dónde se imparten unos estudios lo deciden los rectorados “en función de las condiciones, las características y circunstancias del campus y en función de los medios y servicios que provee para cada campus”.

Ante las preguntas de los periodistas, el consejero afirmó que “la Junta no ha puesto ninguna decisión política”, insistiendo en que las “cuestiones técnicas” que hayan recomendado no dividir territorialmente estos estudios “será dentro de la autonomía universitaria”.

La Universidad replica y defiende su apuesta por Ponferrada “desde el inicio”

La Universidad de León matiza mucho el sañalamiento planteado por el portavoz de la Junta y defendió en un comunicado horas después que el Campus de Ponferrada formó parte del proyecto del Grado en Medicina “desde el inicio”.

Asegura que tanto la memoria presentada como las sucesivas alegaciones durante el proceso de evaluación recogían un modelo de docencia compartida entre los campus de León y Ponferrada, cuya viabilidad académica y organizativa fue defendida de manera constante. La institución subraya que “el Campus de Ponferrada ha formado parte de este proyecto desde el inicio” y que su propuesta académica contemplaba expresamente “un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada”.

La ULE explica que ejerció su autonomía universitaria mediante el diseño y la defensa de esa propuesta, pero recuerda que la implantación de una nueva titulación oficial exige superar un proceso de evaluación externa sometido a criterios académicos, técnicos y normativos. En este caso, indica que la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas exigencias del panel evaluador, cuya aceptación era imprescindible para completar la verificación. De hecho, advierte de que “de no asumir las condiciones establecidas por el panel evaluador, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el grado en Medicina no sería hoy una realidad en nuestra institución”.

Pese a ello, la Universidad asegura que seguirá trabajando para que, cuando existan las condiciones académicas, técnicas y de recursos necesarias, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada, manteniendo su apuesta por un modelo apoyado en “las fortalezas del conjunto del territorio” y en el aprovechamiento de los recursos sanitarios y asistenciales disponibles.

Convertir todo el operativo de extinción en un operativo cien por cien público era una de las grandes promesas, de las más relevantes lecciones aprendidas, tras el año histórico de incendios graves sufrido en 2025 en Castilla y León, según se ha cuantificado hoy de manera oficial por primera vez con 171.900 hectáreas arrasadas en total.

Pero se trata de un proceso todavía lento, de manera que cuando comience la campaña de incendios el viernes 12 de junio todavía mantendrá casi una quinta parte de trabajadores vinculados a empresas privadas y subcontratadas por la Consejería de Medio Ambiente: uno de cada cinco aún formarán parte de un operativo privado. No será, de hecho, hasta el horizonte máximo de 2028 cuando expirará el último de los contratos en vigor y el último empleado será transferido a la empresa pública Tragsa.

Así lo ha aclarado hoy pública el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, admitiendo que de los 5.001 profesionales del operativo que habrá este año -con un considerable aumento respecto a los 4.720 del pasado año-, en torno a 900 quedan aún fuera del paraguas público. Y además, una buena parte de ellos, 190, jamás podrán subrogarse públicamente por ser figuras laborales como pilotos de helicóptero o conductores de bulldozer, entre otros. No se refirió al hecho, desvelado por ILEÓN, de que sí se han producido contratos nuevos, por un valor conjunto de casi 7 millones, que se siguen contratando a empresas privadas.

A pesar de todo, Suárez-Quiñones sacó pecho de una situación que para este nuevo año tildó de “mejora en eficacia y capacidad de respuesta” frente a los nuevos “incendios de sexta generación, catastróficos”, resaltando por ejemplo que se invertirá un total de 160 millones de euros en el operativo de lucha contra incendios, 60 millones más que el año pasado, y partiendo de una cifra de 60 millones que se consignaban en el no menos terrible año 2022.

En el recuento de esa escalada de medios, el todavía consejero detalló que habrá una suma total de 35 aéreos (diez de ellos estatales), 220 cuadrillas terrestres (111 de ellas helitransportadas), 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria, 15 vehículos PMA y 15 drones a mayores. Y frente a las críticas del pasado año y el actual por el cierre de las tradicionales torres de vigilancia humana, cifró en 322 los puestos disponibles para esta campaña por toda la Comunidad, al sumarse 62 nuevos (se estrenan en Segovia y Palencia, cubriendo así siete provincias), y cifrarse más de la mitad en cámaras de vigilancia y no en personas: 164.

La campaña cubrirá inicialmente 12 de junio al 12 de octubre, cuatro meses, pero Suárez-Quiñones insistió en que el operativo está en marcha todo el año: “Ahora es más anual que nunca”. Y es que, para ejemplificar que hay trabajo todo el año, cifró en 633 los incendios que ya se han producido desde inicio de año hasta principios de junio, más que la media de 516 en el último decenio. De ellos, aseguró que hubo 526 conatos -menos de una hectárea de superficie- (un 83%), lo que interpretó como un un “récord” por rápida intervención que hizo que no fueran a mayores.

Colaboración ciudadana y entre administraciones

Por otro lado, en la presentación oficial de hoy en la sede del Centro del Fuego de León, el consejero de Medio Ambiente quiso destacar que “el operativo está preparado pero precisa de colaboración tanto de los ciudadanos como de otras administraciones”, al tiempo que agradeció la lucha “incansable” de los profesionales durante la campaña del año pasado, la peor que todos, él incluido, han vivido.

Suárez-Quiñones ha insistido en que los incendios intencionales suelen ser los más peligrosos, los que más ponen en riesgo a la población y a los medios de extinción, por lo que pide extremar las precauciones especialmente en temporada alta. Y mencionó los planes aprobados por ayuntamientos y contrataciones delegadas por la Junta en las diputaciones para proteger, sobre todo, a los pueblos más vulnerables de las llamas, a pesar de que en provincias como León el ritmo hará que no estén completos los anillos de protección ni disponibles todos los medios en la mayor parte de este verano.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado las obras de las calles de rodaduras y plataformas destinadas al aterrizaje, despegue, vuelo y maniobras del sistema Sitarp (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones) en la base aérea de León, por un importe final de casi 20 millones (19.888.050 euros), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles.

El contrato tiene como objetivo la adecuación de infraestructuras clave en esta instalación militar para la operativa de estos sistemas aéreos de drones d ealtas prestaciones no tripulados de nueva generación, vinculados a las capacidades tecnológicas y de defensa del Ejército del Aire.

La actuación se enmarca en el expediente denominado 'Rodaduras y plataformas para SitarpEA' en la base de La Virgen del Camino e incluye trabajos propios de construcción de superficies de maniobra aérea, como pistas auxiliares y plataformas.

La adjudicación fue resuelta el pasado 7 de abril de 2026 mediante procedimiento abierto, con la participación de un total de diez empresas, todas ellas pequeñas y medianas empresas (pymes). Finalmente, el contrato ha sido adjudicado a la unión empresarial formada por Grupo Render Industrial Ingeniería y Montajes SL, de Cáceres, Extremadura, y ASCH Infraestructuras y Servicios SA, con sede en Murcia. La cantidad final baja sustancialmente de los 23,5 millones en los que inicialmente se había licitado.

Las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses, todo un año, contemplan la construcción de tres plataformas de estacionamiento, así como las rodaduras necesarias de acceso a la pista 05-23 de la Base Aérea. Estas infraestructuras darán soporte directo a las operaciones de los Sirtap que se desplieguen en León, tanto para el Ejército del Aire y del Espacio como para el Ejército de Tierra.

La ejecución de estas obras supone un nuevo paso en el posicionamiento de la base aérea de León como enclave relevante para la implantación de sistemas no tripulados en España, en línea con la modernización de las capacidades de defensa impulsadas por el Ministerio.

El programa Sitarp, diseñado y fabricado al 100% en España por Airbus, está orientado a dotar al Ejército del Aire de aeronaves remotamente tripuladas con mayores prestaciones, destinadas tanto a misiones de vigilancia y reconocimiento como a operaciones más complejas en escenarios de seguridad y defensa.

El programa Sirtap es un desarrollo conjunto entre España y Colombia y ya se encuentra en fase avanzada, con la entrega del primer prototipo y la realización del primer vuelo. Defensa lo define como “el primer sistema aeronáutico militar de Clase II/III desarrollado completamente en España”. El programa global tiene un valor de 595 millones de euros, y España prevé la adquisición de 27 aeronaves, de las cuales León podrá albergar casi la mitad del total.

El dron Sirtap cuenta con 7,3 metros de longitud, cerca de 2,5 metros de altura, una envergadura de 11,3 metros, un peso de 750 kilos y un alcance superior a los 2.000 kilómetros, características que lo convierten en una pieza clave para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Puede operar 20 horas seguidas y alcanzar una altitud de vuelo de 21.000 pies.

Una noche del 18 de diciembre de 1936 varios presos del campo de concentración franquista de San Marcos, en la capital leonesa, fueron extraídos sin mediar un solo documento, montados en un camión, llevados a la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas y ejecutados a manos de pistoleros de la organización política de Falange. Su delito: no ser afectos al golpe de Estado militar contra la República democrática que encabezaba Francisco Franco, el cual gobernó después 40 años bajo una dictadura.

Ni cuando terminó esta ni tampoco en 50 años de recuperada democracia la sociedad hizo mucho por recordar, ni mucho menos recuperar, los restos ni la memoria de aquellos ejecutados a punta de pistola en la cabeza. Hasta que la excavación de una fosa hace un año, en junio de 2025, por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), consiguió encontrar al menos la 'punta del iceberg': los cadáveres de cuatro de los fusilados extrajudicialmente.

Los análisis comparativos de ADN con sus descendientes no dejaban lugar a dudas: 90 años después habían vuelto a la luz Miguel Carro Llamazares, entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento de León y miembro del sindicato UGT; José Fuertes Martínez, joven abogado de 24 años de Trobajo del Camino que militaba en Izquierda Republicana; Fernando Blanco Sandoval, tipógrafo de 25 años que editaba el semanario socialista Iskra y estaba en la dirección de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en León; y Mariano López López, vallisoletano de Matapozuelos que trabajaba en León como mozo ferroviario.

Esa vuelta a la luz tendrá un emotivo y muy simbólico capítulo final. Será por fin este viernes, 5 de junio de 2026, en un acto en el que ARMH hará entrega a sus familias de los restos de los cuatro asesinados que representan a todos los demás, un número indeterminado de personas. El simbolismo, además, vendrá marcado por el escenario que finalmente acogerá el acto: el Parador Nacional de San Marcos, en León más conocido como el Hostal de San Marcos.

Se trata del lugar, monumento renacentista protegido y hoy alojamiento de gran lujo, que desde 1936 fue uno de los peores campos de concentración del régimen fascista en España, en el que sufrieron las peores condiciones o murieron hasta 12.000 personas al mismo tiempo, sumando casi 40.000 en toda su existencia, según cifra José Cabañas con datos oficiales de la época.

Vuelta a San Marcos, donde todo empezó

Tras años de reclamar desde muchos colectivos que San Marcos se convirtiera en un lugar de memoria oficial del terror vivido, y apenas algunos pocos gestos en este sentido, ahora Paradores, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, abrirá el Salón Quevedo -en honor a otro ilustre preso en el siglo XVII-. Será allí donde los restos encontrados en la fosa de Mansilla retornarán a los brazos de sus descendientes, que llegarán desde varios puntos de España. Representantes de la asociación explicarán los arduos trabajos de búsqueda.

Será un final feliz en un camino plagado de obstáculos. El último, el bloqueo en última instancia por parte del Ayuntamiento de León de acoger en el Salón de Plenos este mismo evento de resarcimiento con los cuatro 'paseados', siendo además uno de ellos, Miguel Carro, un histórico concejal socialista del equipo de Gobierno del entonces alcalde del PSOE Miguel Castaño, quien también fuera fusilado en noviembre de 1936 junto a las principales autoridades políticas de la provincia, como el gobernador civil, Emilio Francés, o el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, entre otros muchos.

La polémica negativa del Ayuntamiento de León

ARMH criticó con dureza que el equipo de Gobierno actual, también socialista, encabezado por José Antonio Diez, acabara poniendo todo tipo de dificultades a la celebración, ofreciendo primero y retirando después un espacio, aduciendo por un lado la celebración de bodas o después la falta de consenso político en la Corporación. A raíz de eso, el Grupo Popular en el Ayuntamiento justificó que o veía oportuna la cesión de espacio municipal para albergar el reencuentro de familiares y represaliados por transmitir una sensación de “culpabilidad”.

Del nombre de todos los ejecutados por pistoleros falangistas en Mansilla de las Mulas, de los que hay quien recuerda que “los mataron como a conejos”, cuatro volverán por fin a un lugar central en su mortal pesadilla, San Marcos, para que aunque sea con 90 años de retraso la sociedad les recuerde a ellos y sobre todo no se entierre más la dura huella de violencia, muerte y represión que dejó la dictadura de Francisco Franco, en León como en toda España.

Tropezar dos veces en la misma piedra es una expresión muy acertada para lo que ha vuelto a ocurrir este año en la iglesia románica protegida de Nuestra Señora del Mercado en la ciudad de León, la de la Plaza del Grano.

Erre que erre, el párroco de este templo, que está doblemente protegido -por catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y por Camino de Santiago- ha vuelto a repetir hace escasas semanas una tropelía por la que ya fue abierto expediente de Patrimonio de la Junta hace justo dos años: clavar propaganda eclesiástica en la piedra exterior de la iglesia. Una práctica en la que el padre Manuel Flaker es reincidente y de la que no eleva nunca ninguna comunicación o petición de autorización oficial, entre otras cosas porque es conocedor de que siempre le sería tajantemente denegado.

Fue a finales del pasado mes de abril de 2026 cuando, nuevamente, la fachada de la iglesia del Mercado volvió a decorarse con dos carteles que la Junta ya había obligado a retirar en junio de 2024. Uno con la imagen de su venerada imagen de la Virgen del Mercado, antigua del Camino (por el Camino de Santiago), popularmente conocida como 'La Morenica'. Y otro con un gran mensaje de texto: “Atended y ved si hay dolor como mi dolor”, cita del Libro de las Lamentaciones que se atribuye a María dolorosa ante la muerte de su hijo en la cruz.

Dañando la fachada mientras se pedían 150.000 euros para arreglarla

Además de existir ya el precedente mencionado de 2024, y obviarlo por completo, hay que recordar que el mismo Flaker se quejaba ya desde entonces del mal estado de la piedra exterior del valioso templo románico. Y mientras por un lado se perforaban los sillares exteriores con numerosos anclajes, por otro se reclamaba dinero público de la Consejería de Cultura para acometer su restauración. Finalmente, apenas unos pocos días después de saltar el escándalo público de los carteles 'ilegales', que sin embargo no conllevó ninguna sanción para el Obispado o la parroquia, se anunciaron 150.000 euros para reformar el lateral derecho del inmueble, que la Junta finalmente acometió ese año.

Los mismos carteles han sido los que en abril de este año reaparecieron, ahora a ambos lados de la puerta principal en la fachada, la que da a la calle de los Herreros. Fuentes consultadas por ILEÓN confirman que en cuanto el Servicio Territorial de Cultura tuvo conocimiento de la reincidencia de la propaganda clavada, se ordenó una nueva visita técnica al lugar para realizar otro informe.

Sin embargo, esta vez en menos de 24 horas los carteles habían desaparecido. El motivo fue, concretan las mismas fuentes, que en cuanto desde la Junta se preguntó al Obispado por esta nueva y delicada situación, este dio 'un toque' al párroco y la reacción de retirarlos fue casi inmediata. También por eso esta segunda vez ni se ha llegado a abrir un expediente sancionador.

Un escándalo tras otro en la parroquia

Hace escasa semanas que otros grandes carteles, sobre la coronación canónica de la Virgen de 2023, y varias fotografías artísticas de la talla, han sido reubicados ahora justo enfrente: en las lonas que cubren la obra que la parroquia acomete para volver a levantar la llamada Casa del Cura que hace años Patrimonio autorizó derribar. Aquello fue otro considerable escándalo, ya que a otro edificio aledaño e idéntico de un particular se le obligó a mantener la fachada.

La nueva casa parroquial avanza ahora por fin a buen ritmo, tras haber permanecido el proyecto parado casi ocho años, con una licencia que arracó en 2018 y se otorgó en 2020 y a la que se aferró la parroquia para agenciarse durante cuatro años y en exclusiva toda un vial público, la calle Trastámara, con total permisividad del Ayuntamiento de León.

Ahora sí: una fachada expedita

Parece ser que ahora el 'toque' de Patrimonio de la Junta y del Obispado ha podido resultar definitivo. Y es que a día de hoy la fachada de la iglesia del Mercado luce ya totalmente libre de todo objeto anclado en sus piedras. Incluso han sido retirados sendos metacrilatos que el mismo cura había ubicado en los dos laterales de la puerta principal, con los horarios y otras informaciones de utilidad de la iglesia. Y todo ello en espera de una nueva subvención pública que se encuentra en tramitación para acometer otras restauraciones de zonas aún dañadas del templo BIC, ahora en la calle Capilla, en la fachada noroeste.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

La polémica reforma del tramo final de la avenida Padre Isla de León sumará este verano un nuevo capítulo y también más gasto de dinero público, todo ello para meter una carretera de puro asfalto en una calle que se remodeló por completo para que fuera oficialmente “de prioridad peatonal”.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León ha confirmado este viernes en el Pleno municipal que será durante el próximo mes de julio cuando se procederá a asfaltar nuevamente la parte central de la calzada destinada al tráfico rodado, una actuación a la que por primera vez le ponen coste oficial: 200.000 euros a mayores de los 1,2 millones ya gastados en su día para obtener el fatal resultado que ahora obliga a volver a actuar. De este modo, el coste final se elevará al final por encima de los 1,4 millones.

La fecha de la nueva intervención y su cuantía fueron hoy desveladas por el portavoz del equipo de Gobierno socialista, Vicente Canuria, en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en la oposición. Canuria rechazó cualquier responsabilidad “ni externa ni interna”, es decir, ni del Consistorio ni de la empresa, sobre los materiales elegidos y ahora demostrados inapropiados, escudándose en que “hay proyectos, elecciones o decisiones técnicas que algunas veces demuestran no ser acertadas”.

La decisión supone rectificar parcialmente, a causa del grave deterioro acumulado por la elección de las losas del pavimento, una intervención presentada en su día como proyecto de semipeatonalización, “calmado del tráfico”, según la terminología oficial utilizada por el propio Consistorio, y que afectó al tramo comprendido entre las calles Dama de Arintero y Obispo Vilaplana. Lo que antaño se conocía como calle 18 de julio. Las obras finalizaron en septiembre de 2023 tras varias modificaciones y polémicas sobre el diseño inicial, pero desde prácticamente el principio comenzaron las críticas por el nefasto comportamiento del pavimento elegido, el mismo que en otras calles reformadas entonces en León, pero en su caso totalmente peatonales, con menos estrés de tráfico rodado.

Ya durante la ejecución, en gran parte con financiación de fondos europeos, se advirtió de que las baldosas instaladas difícilmente soportaban el paso constante de vehículos, incluidos autobuses y tráfico pesado. La presencia de dos talleres de vehículos no ayudaba tampoco. Aunque la vía quedó limitada oficialmente a 10 kilómetros por hora, la circulación diaria terminó acelerando el deterioro del firme hasta límites hoy incluso hasta peligrosos, dado su mal estado.

Antes de cumplirse un año desde la finalización de las obras ya fue necesaria una primera reparación por roturas y hundimientos del pavimento, con un coste cercano a los 65.000 euros. Después llegaron nuevas intervenciones de mantenimiento que hicieron crecer la factura total hasta los 1,2 millones de euros, incluyendo el presupuesto original de más de un millón adjudicado a la empresa Arcor SL, vinculada a la familia del empresario José Luis Ulibarri.

La situación actual del vial ha terminado llevando al Ayuntamiento a decidir recuperar el asfalto para la zona de circulación de vehículos, en una solución que supone, en la práctica, volver a un sistema similar al existente antes de la remodelación aunque ahora teñido ese asfalto de colores, al estilo diferenciador de la céntrica avenida Ordoño II. La actuación prevista para julio afectará únicamente a la plataforma central de tráfico rodado, manteniéndose las aceras laterales y el diseño urbano implantado con la reforma.

El propio Consistorio ya reconocía meses atrás, en la documentación de los proyectos de mejora urbana aprobados por la Junta de Gobierno, que este tramo presenta un estado “muy deteriorado” y arrastra “necesidades específicas demandadas por la ciudadanía”. Vecinos y conductores llevan tiempo denunciando el mal estado del pavimento, con baldosas rotas, desniveles y zonas hundidas que han generado problemas tanto de accesibilidad como de seguridad.

La solución elegida consistirá en extender una capa de mezcla bituminosa sobre la parte central de la calle, aunque el Ayuntamiento pretende conservar una apariencia visual semejante a la actual mediante un acabado coloreado e impreso. Los trabajos incluirán además el repintado y delimitación del carril bici situado en el lateral izquierdo de la avenida, un espacio que también continúa generando controversia por la frecuente presencia de vehículos estacionados indebidamente y por la actividad de talleres mecánicos en el entorno.