El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado al Ayuntamiento de San Andrés la aprobación del último Plan de Ajuste aprobado por la Junta de Gobierno el pasado mes de junio. De este modo, la Secretaria de Estado de Administraciones Pública concluye que “tras analizar la información contenida en el Plan de Ajuste remitido por la Entidad Local, lo valora favorablemente”. En consecuencia, continua el escrito, “el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo podrá modificar las condiciones financieras de la operación u operaciones de préstamo a largo plazo formalizadas en aplicación del Real Decreto ley 4/2012 en los términos que ha solicitado”.
Ahora el Ayuntamiento de San Andrés tendrá que negociar con entidades financieras el incremento del plazo de carencia del préstamo de 48 millones de euros a dos años más así como el plazo de amortización de 10 a 20 años y la disminución del tipo de interés. Esta opción habilitada por el Ministerio de Hacienda para los municipios con una delicada situación económica como es el caso de San Andrés, supondrá un importante balón de oxígeno para las arcas municipales que tendrían que comenzar a devolver el préstamo ICO a partir de agosto, algo que no se hará hasta dentro de dos años.
Con las nuevas condiciones se plantea un nuevo escenario en lo que se refiere al capítulo de personal. En relación al gasto del ejercicio del 2013, el Ayuntamiento deberá generar un ahorro de medio millón de euros en el 2015, de forma que el gasto de este apartado no supere los 9.725.000 euros al año. De este modo, durante este año habría que reducir 127.000 euros y en el 2015 un total de 511.000 euros. En relación con el gasto corriente del 2013, el Ayuntamiento deberá generar, a partir del próximo mes de octubre, un ahorro de 183.000 euros al año, de modo que esta partida no supere los 3,4 millones de euros. Para ello será imprescindible la no renovación de algunos alquileres de locales que tiene el Consistorio, la reducción en un 10% en el gasto de energía eléctrica, la reducción de un 10% en material de oficina, la disminución en gastos de las fiestas municipales, en publicidad institucional o en gastos de mantenimiento.