La Diputación de León sigue a vueltas con los retratos de los presidentes provinciales expuestos en el Palacio de los Guzmanes. Ya no solo es que continúen sin quitar los once retratos de los presidentes de la institución durante el franquismo, en contra de la Ley de la Memoria Democrática, sino que hay uno en la casa que nadie se atreve a colgar y otros tres pendientes.
ILEÓN recordó a la administración pública hace un año y medio que estaba desafiando el cumplimiento de la legalidad manteniendo sobre sus paredes los cuadros con la cara de los once presidentes provinciales durante la dictadura de Francisco Franco (1936-1979): Joaquín López Robles, Enrique González Luaces, Ramón del Riego y Jove, Raimundo Rodríguez del Valle, Enrique Iglesias Gómez, Manuel Marqués Pérez, Juan José Fernández Urquiza, Ramón Cañas del Río, José Eguiagaray Pallarés, Antonio del Valle Menéndez y Emiliano Alonso Sánchez-Lombas.
El primer presidente provincial berciano desde la II República, en concreto desde el fusilamiento del villafranquilo Ramiro Armesto el 21 de noviembre de 1936, Eduardo Morán (2019-2023), se comprometió públicamente a retirarlos antes de abandonar la institución, pero no cumplió su palabra. Y de esa manera, en la 'Galería de Presidentes' todavía se pueden ver hoy, uno junto al otro, los rostros del máximo dirigente de la institución leonesa democráticamente elegido en el 36 y que fue asesinado en el mismo año por los golpistas y el de su sucesor Joaquín López Robles, colocado por el franquismo para sustituirlo.
“Tienen expuesto el retrato de un asesinado al lado del que se benefició de su asesinato”, sentenciaba ya entonces el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. “Es un gesto más de la amabilidad que ha tenido la democracia con la dictadura de Franco”, valoraba a este medio, añadiendo que “la democracia debe buscar la ejemplaridad” y, por ello, “por higiene democrática, la democracia tiene que ser pedagógica”, y retirarlos.
La respuesta oficial que dio la Diputación provincial a este medio en ese momento fue que se encomendaría a los servicios jurídicos la elaboración de un informe que todavía no está finalizado. La justificación que trasladan ahora a ILEÓN es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de hace apenas un mes, que obliga al Gobierno a volver a colocar un cuadro del ministro franquista Francisco Gómez-Jornada en la Escuela Diplomática de Madrid y que ya se ha anunciado que se va a recurrir.
Sea como fuere, la institución provincial se resiste todavía a eliminar los vestigios franquistas de una galería que se creó precisamente en la dictadura de Franco, por idea de uno de sus presidentes franquistas, propietario de la Hullera Vasco-Leonesa y durante un tiempo gobernador civil de León, Antonio del Valle, que llegó a emparentar directamente con el régimen a través del matrimonio de una de sus hermanas con Arias Navarro, el que fuera presidente del Gobierno en la dictadura y el encargado de comunicar la muerte del dictador.
Mientras tanto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reconocido hace apenas una semana su origen franquista y ordenado quitar el cuadro de su primer presidente, José Ibáñez Martín, el 'gran inquisidor' de la Educación al que la Universidad de León le ha quitado también el título de Honoris Causa recientemente. El organismo, creado por Franco en 1939 para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”, ha publicado un informe en el que adoptó además la retirada de los retratos de otros de sus dirigentes que colaboraron en la purga de científicos, revisar los nombres de los institutos o instalar placas explicativas para cumplir con una norma de hace ya dos años.
Lo que dice la Ley
La Ley de Memoria Histórica de 2007 dejaba a la interpretación política qué es o no un símbolo de ensalzamiento del régimen de Franco pero la nueva Ley de Memoria Democrática dice textualmente en su punto 1.3 que “se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista” y, remarca en el 1.2 que “es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.
Por si en su artículo primero no quedara claro, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, especifica en su Artículo 35 que “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
Por lo que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos (Artículo 35.3 de la ley)”. Algo que desoyó el equipo de Gobierno socialista de la Diputación de León cuando era presidente Eduardo Morán y que sigue sin acatar el actual dirigente provincial, también socialista y también berciano, Gerardo Álvarez Courel. Una inacción por la que el recuerdo del último presidente provincial berciano antes que los dos últimos, Ramiro Armesto, fusilado por los golpistas, siga a solo unos palmos de quienes sacaron provecho de su injusto asesinato. Y además en el mismo pasillo en el que se encuentra el Salón de Plenos en el que se celebraron la mayoría de los juicios militares sumarísimos que condenaron a muerte en muchos casos y a enormes penas de cárcel o trabajos forzados, en otros, a numerosos represaliados de la Guerra Civil por el bando perdedor, el republicano, irónicamente acusados de traición al golpe de Estado o delitos similares.
El cuadro que nadie quiere colgar
En lo que se decide si se cumple o no la Ley de Memoria Democrática, hay un retrato de un expresidente de la Diputación de León en la democracia que está ya en la casa pero que nadie quiere colgar, el del exalcalde de Cuadros, condenado por prevaricación administrativa a ocho años de inhabilitación por la trama de corrupción Púnica, Marcos Martínez Barazón.
El retrato del que fuera presidente de la institución provincial durante apenas cinco meses, desde el asesinato de la única mujer en ostentar el cargo, Isabel Carrasco, y hasta su detención en octubre de 2014 por la trama nacional de corrupción, está terminado y ha sido entregado, pero no luce en las paredes de la 'Galería de Presidentes' que está incluido además en el recorrido turístico que se ofrece a los visitantes del edificio histórico.
Otros tres cuadros siguen pendientes
Otros tres cuadros de sendos presidentes de la Diputación en democracia siguen pendientes por pintar y colocar. Es el caso del retrato del tercer presidente provincial 'popular' en el trágico y agitado mandato en el que asesinaron a Isabel Carrasco y después detuvieron a su sucesor Marcos Martínez por corrupción, Emilio Orejas. De la misma, están sin hacer también el de Juan Martínez Majo (2015-2019) y el de Eduardo Morán (2019-2023).
Según las últimas informaciones que ha recibido este medio, la voluntad de la Diputación de León es cumplir con la Ley de la Memoria Democrática y quitar los cuadros de los presidentes franquistas y ya aprovechar el hueco que dejan para colgar los pendientes. Pero no parece que vaya a ser a corto plazo.