La oposición parlamentaria defendió este martes cambiar de modelo de gestión de los comedores escolares para recuperar la vuelta “tan pronto como sea posible” al sistema de cocina in situ en los colegios públicos, mientras que el Grupo Popular aseguró que supondría un coste de 15 millones de euros para la Consejería de Educación, que tendría que “recortar” en otras necesidades fundamentales.
El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Jesús Guerrero, planteó en una proposición no de ley, ante la Comisión del ramo de las Cortes, realizar un estudio comparativo de costes de los comedores escolares entre la gestión directa y la de concesiones o contratos con compañías privadas, no suprimir más servicios de comedor in situ y recuperar en el plazo de tres años el modelo con servicio directo, siempre que se cuente con las instalaciones de cocina y con el acuerdo de la comunidad educativa de los colegios públicos. El texto irá a pleno para deshacer el empate entre oposición y PP.
Garantizar la calidad de la comida que se ofrece a los alumnos tanto en los colegios que tengan cocina in situ como en los que tengan una empresa con línea fría, mantener el mismo servicio en el medio rural y en el urbano, eliminando el límite de los 70 alumnos para contar con el personal auxiliar necesario, y mantener los puestos de trabajo públicos existentes en los comedores de los centros públicos donde todavía existan, lo que supone la no privatización de nuevos servicios de comedor, recoge la iniciativa que recibió el respaldo de Podemos, Ciudadanos e IU.
Tanto Guerrero, como Lorena González (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU), defendieron la realización de un estudio para analizar la gestión de ambos modelos y coincidieron en que la privatización ha supuesto la pérdida de empleo público y la merma en la calidad de los alimentos que se sirven a los escolares, donde se refirieron a la aparición de tuercas y gusanos en los platos servidos en algunos centros.
El popular Jesús Alonso explicó que el estudio existe y precisó que el cambio a un modelo de gestión directa supondría 15 millones de euros más al año para la Consejería de Educación, que tendría que reducir de “otras necesidades educativas fundamentales”. Alonso rechazó que haya mermado la calidad de los menús y pidió que no se eleve una “anécdota a categoría” porque “no es procedente”.
Jesús Guerrero criticó que se apele a un criterio economicista cuando se trata de la alimentación de los niños, de mantener el empleo y de fijar población en el medio rural. Además, rechazó que el catering tenga mayor calidad dietética, como apuntó Alonso, que citó un estudio de la Uva y del Hospital Clínico de Valladolid, para manifestar que él en su casa “no recalentaría una verdura” y que la lechuga que se sirve es “incomible”.
En Castilla y León hay 219 comedores en colegios públicos de los que el 61 por ciento tiene la gestión privatizada, el 33,33 todavía lo gestiona directamente la Administración autonómica y el 5,5 por ciento es de gestión mixta, explicó el procurador ante la Comisión. El popular afirmó que sólo se ha pasado en una decena de centros de gestión directa a la concesión y subrayó que nunca se ha hecho con el criterio de reducir empleo, sino porque la contratación por lotes permite mantener los comedores en colegios rurales.