El concejal de Bienestar Social de Ponferrada, Pedro Muñoz, anunció este jueves que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León da la razón al Ayuntamiento en el contencioso que mantiene con la empresa Carflor, anterior responsable de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio, a raíz de las pretensiones de esta empresa de cobrar 203.000 euros “por unos servicios que no había prestado”, explicó Muñoz.
En ese sentido, el edil explicó que la resolución del TSJ, que estima el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de León, supone que el Consistorio no tendrá que pagar el dinero reclamado por la empresa por unas horas de prestación de ayuda domiciliaria “que no prestó en ningún caso”, insistió Muñoz.
En la misma línea, el edil de Bienestar Social explicó que en la sentencia estimatoria del recurso de apelación del Ayuntamiento, el Tribunal se sorprende de que la empresa diga que la prestación del servicio es muy gravosa y le supone un perjuicio económico que debe ser reparado, mientras, por otro lado, la misma empresa perjudicada está pidiendo de forma voluntaria que se aplique una prórroga a dicho contrato. Contra ese recurso del TSJ solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Además, el concejal de Bienestar Social aseguró que, tras la sentencia favorable a Carflor por parte del Juzgado de León, la empresa Clece, actual concesionaria del servicio y que también lo prestó en 2015, ha anunciado su pretensión de reclamar 209.000 euros por el mismo concepto de equilibrio económico del contrato. “Ello pese a no haber prestado ese servicio que reclama y pese a haber dejado pacíficamente la concesión sin ninguna queja ni reclamación”, afirmó Muñoz, que confió en que la sentencia del TSJ sirva para que estas empresas “no campen por sus fueros”.
Al hilo de la resolución, Muñoz abrió la puerta a “plantearse seriamente una municipalización de este tipo de servicios”, si bien reconoció que ello es posible en los contratos a uno o dos años, pero lo ve muy complicado en los contratos que se han adjudicado a 25 años, como el de la basura. En cualquier caso, el edil señaló la necesidad de que “el Ayuntamiento dé una vuelta de tuerca a los pliegos de contratación e introduzca más rigor en ellos”, de forma que las empresas que concurran a los contratos sean “empresas solventes, serias y con un compromiso social riguroso y contrastado”.
Por otro lado, Muñoz se mostró muy crítico con el “lamentable” papel jugado en este contencioso por el exalcalde Samuel Folgueral, quien “desde el primer momento se posicionó públicamente a favor de que se le pagara el dinero a Carflor” y culpó de esa reclamación inicialmente atendida por el juzgado leonés a la mala gestión de la Concejalía de Bienestar Social. Al respecto, Muñoz ya censuró en su día a Folgueral por mostrar “un empeño tan ciego en favorecer los intereses de esa empresa, en contra de los de todos los ponferradinos”, pese a haber sido, durante su mandato como alcalde, “quien firmó ese contrato tan perjudicial para los intereses de Ponferrada”.