La Junta de Castilla y León apoya el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Autonómica (CORA), siempre que el servicio que se presta no cueste más, aunque plantea dos “dudas” en títulos universitarios y licencias de caza, y el Gobierno central valora la reforma propia de la Comunidad con 65 medidas, ya aprobadas, por entender que “se alinea y tiene un gran paralelismo” con la presentada por el Ejecutivo de Rajoy.
El informe CORA centró la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la sede de la Presidencia en Valladolid, si bien ambos mandatarios abordaron otros asuntos en los que se han producido diferencias en los últimos meses, como informó en rueda de prensa el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, compartida con el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
“La reforma se ha hecho ahora con la crisis pero se tenía que haber hecho antes”, defendió De Santiago-Juárez, que destacó el objetivo de tomar medidas para hacer “más cómoda, eficiente y fácil” la administración para las personas y las empresas. Pérez Renovales explicó que se quiere hacer una administración con un tamaño acorde a lo que se necesita y evitar duplicidades, más eficiente en la gestión de los recursos y ágil en el servicio a ciudadanos y empresar para aumentar el crecimiento económico.
En esa línea, el subsecretario enmarcó la caída del desempleo en el mes de febrero a que se empiezan a ver los resultados de la reforma administrativa y la creación de empleo neto. Pérez Renovales señaló que las 200 medidas del informe CORA se analizan en un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en encuentros bilaterales con las autonomías.
En el encuentro con la Junta de Castilla y León se analizaron las medidas del informe CORA, las presentadas por la Junta, aprobadas en Consejo de Gobierno el pasado 30 de enero, y las diferencias que se puedan presentar. Así, el consejero de la Presidencia se refirió a dos “dudas”, la evaluación de títulos universitarios a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y las licencias de caza.
Sobre la creación de un registro único para universidades, centros y títulos, el consejero portavoz explicó que supondría un gasto de más de dos millones de euros a la Junta sobre el coste actual de un millón, mientras que calificó de “lógico” que exista una licencia única de caza para todo el territorio. Castilla y León ha firmado un acuerdo para unificar la licencias con Castilla-La Mancha y Extremadura.
Por su parte, el subsecretario de Presidencia afirmó que existe un “grado muy alto” de seguimiento de las medidas planteadas por parte de las autonomías, destacó el objetivo común de suprimir las duplicidades y valoró las 65 propuestas de la Junta de Castilla y León en el ámbito institucional, de coordinación, de modernización administrativa y de reestructuración del sector público. Pérez Renovales resaltó la próxima creación de un tablón único que permitirá ver a los ciudadanos en una institución cualquier notificación que les afecte.
En el ámbito de la colaboración de ambas administraciones están materias como los proyectos de Coooperación al Desarrollo, acciones de integración de inmigrantes, asistencia a víctimas de violencia de género, participación en la promoción del comercio exterior o la utilización de las oficinas exteriores del Gobierno por parte de la Junta, como en el caso de la Delegación en Bruselas (ahora en la Embajada española).
Sin embargo, explicaron que el ahorro no se podrá concretar hasta que finalice la puesta en marcha de las medidas tanto en el ámbito estatal como regional. El consejero portavoz recordó que al inicio de esta legislatura (2011-2015) se tomaron medidas para reducir el gasto y apuntó a los dos millones de ahorros al suprimir un 20 por ciento de altos cargos, los 2,5 al crear una secretaria única para las cuatro instituciones propias o los 18 millones al pasar de 36 a 18 empresas públicas y fundaciones.
En su comparecencia en las Cortes para presentar las medidas, De Santiago-Juárez estimó un ahorro de 38 millones de euros durante este año con la aplicación de las propuestas de reforma y modernización, si bien hoy afirmó que la disminución de gasto se concretará cuando finalice el año.