El Gobierno suprimirá las juntas vecinales
Las juntas vecinales, o entidad local menor como se denomina administrativamente, tienen los días contados por la reforma de la administración pública que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy. En la rueda de prensa del consejo de Ministros el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, además de confirmar la supresión de las mancomunidades ha anunciado que se eliminarán las juntas vecinales por considerarlas innecesarias. El ahorro que el Gobierno calcula por la supresión de mancomunidades y juntas vecinales se estima en 700 millones de euros. En la nota de prensa del Gobierno confirman que se suprimen las 3.725 entidades de este tipo que existen en España.
Las entidades locales menores o entidades de ámbito territorial inferior al Municipio están reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 45 y por la Junta de Castilla y León en la Ley 1/1998 de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León.
En España, según datos del Gobierno, hay registradas 3.725 entidades de este tipo y en León 1.234, un 33% de las totalizadas en el Estado.
La desaparición de las juntas vecinales conllevará, según la legislación en vigor, el traspaso de sus competencias y patrimonio a los ayuntamientos. En el caso de que éstos dejaran de existira pasarían a la Junta de Castilla y León. Las entidades locales menores tienen personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de las competencias que la legislación les reconoce en cada caso.
Otras medidas en la administración
Bajo el principio de “una administración, una competencia” se va a reducir el número de concejales en un 30% aunque esa reducción se aplicará en las próximas elecciones ya que según el Gobierno toca respetar a los actuales que han sido elegidos democráticamente.
Otra medida es un baremo de calidad de los servicios públicos, que estará en manos de la Administración Central. Así los municipios de menos de 20.000 habitantes que no logren cumplir unos mínimos de calidad deberán ceder sus competencias a las diputaciones, que así reforzarán su actividad competencia. Otra novedad es que los interventores y secretarios municipales pasarán a ser dependientes del Estado nuevamente, en vez de hacerlo directamente de la administración local.
Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan. Además el interventor municipal y el secretario pasarán a depender funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario. Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal. Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio.
Así se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes. Según el gobierno el ahorro rondaría los 3.500 millones con la absorción de competencias de municipios de hasta veinte mil habitantes.
