Esta es la pregunta que se hacen los vecinos del municipio de Villablino, porque fue la principal promesa del PSOE en las últimas elecciones municipales. Unos porque creen que su creación es una buena alternativa económica para el municipio y otros porque creen que es un error grave generar este gueto, que en nada favorece la integración, en una población en franco declive poblacional.
El alcalde Mario Rivas ha manifestado a ileon que, “el Ministerio nos ha trasladado que el proyecto sigue adelante con todas las garantías”. Añadiendo después que “la confianza en la continuidad del proyecto me la han trasladado en las últimas semanas”.
Unas afirmaciones que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), responsable del proyecto, ni confirma ni desmiente. Pues no ha dado respuesta a las numerosas peticiones de información hechas por este medio, desde el pasado mes de diciembre.
Las certezas informativas
La información disponible y publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) es que se hizo la adjudicación para la 'Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra para la construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Villablino (León)' el pasado 12 de diciembre de 2024.
La adjudicación recayó sobre la oferta de la empresa leonesa Virginia González Rebollo, un estudio de arquitectura ubicado en la capital provincial, valorada como oferta “más ventajosa” de las nueve presentadas al concurso. Aún no se ha publicado en la PCSP la formalización necesaria de la adjudicación, para que comiencen a discurrir los plazos de ejecución.
Unos plazos que ya tienen un retraso de más de seis meses, solo en la formalización, que luego necesitarán otros 135 días (cuatro meses y medio), tiempo del que dispondrá la empresa adjudicataria para la redacción del proyecto. Una vez recibido y confirmado el proyecto se debe sacar a concurso la adjudicación de la obra de planta nueva, y cumplir los plazos legales.
Comparando con otras obras similares, como el caso del CAPI de Soria, tramitado como urgente, similar en tamaño y construcción, también de obra nueva; podemos tener unas referencias ciertas de los plazos.
En Soria, se anunció la licitación en el PCSP a finales de noviembre de 2023 y no se pudo formalizar la adjudicación hasta finales de diciembre de 2024, para comenzar las obras a principios de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses, finales de 2026.
Con esos plazos, el de Villablino no terminaría de construirse hasta la segunda mitad del año 2028, muy lejos de lo previsto inicialmente. Donde se fijaba el comienzo de las obras a principios de enero de 2025 y la conclusión de estas a finales de marzo de 2026.
Unas fechas que ponen en grave riesgo su financiación, asignada “a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que como fija el Reglamento (UE) 2021/241, deben completarse y estar ejecutados a más tardar el 31 de agosto de 2026”.
Tampoco la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León ha dado respuesta a las consultas hechas desde ILEÓN, sobre la tramitación de este centro o los contactos con el MISSM para su ejecución, ni tan siquiera si esos contactos han existido.
Las dudas sembradas y no aclaradas
El 14 de febrero, el flamante recién elegido secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, en su visita a Villablino; acusó a la Junta “de boicotear los centros de atención humanitaria previstos en Villablino y Soria”. Con la aprobación de la 'Orden FAM/1160/2024, de 28 de octubre“.
En virtud de la citada orden de la consejería de Familia e Igualdad, el CAPI de Villablino “reduciría drásticamente las plazas disponibles en estos centros, pasando de las 200 inicialmente proyectadas a solo 60”. Norma autonómica, que regula las capacidades de estos centros con un protocolo razonable, siempre en función de las ratios de población de los municipios en los que se ubiquen.
Unos días más tarde, a finales del mismo mes, la procuradora socialista Nuria Rubio utilizaba los mismos argumentos en una sesión de la Cortes, al acusar a la Junta, de realizar “un boicot a iniciativas de desarrollo en municipios que luchan contra la despoblación”.
La mencionada orden, establece para este tipo de centros de acogida de emigrantes o personas vulnerables, tres bloques en función de los habitantes de los municipios con capacidades máximas: hasta 120 plazas en municipios de más de 20.000 habitantes, hasta 70 plazas en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, y hasta 60 plazas en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Otro hecho que viene a generar dudas es el sucedido con el CAPI que se pretendía habilitar en Salamanca en la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún de 450 plazas, que según la normativa autonómica quedarían reducidas a 120. Y que por el momento no ha iniciado obras de acondicionamiento, ni siquiera tienen asignación presupuestaria.
El pasado 24 de junio las diputadas leonesas del PP, Ester Muñoz y Silvia Franco registraron en el Congreso de los Diputados varias preguntas al Gobierno sobre la situación de este proyecto
¿Por qué el Ministerio calla?
Hay varias razones para entender el silencio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que finalmente se pueden reunir y unificar. Una primera, confirmar la sabiduría popular del refranero español, “dime de que presumes y te diré de que careces”. El gobierno de la 'transparencia', oculta sus acciones por no querer dar explicaciones de sus fracasos.
La segunda y enlazada con la anterior, no querer hacer público el gobierno uno más de sus fracasos de su política migratoria y de acogimiento, auspiciada por la Unión Europea. Tiene aún sobre la mesa la solución al numeroso grupo de menores acogidos en Canarias, que no es capaz a darle una solución asumible.
Y con el resto de los inmigrantes ilegales llegados a España, solo se les ocurre el irlos repartiendo por lugares, preferentemente, en los que los gobiernos autonómicos o locales no están en manos de su partido (PSOE).
Y una tercera, la más enrevesada, la de poder mantener el argumento político fácil y demagógico de acusar a sus opositores de “racistas e insolidarios”. Cuando además se espera un adelanto electoral en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y por supuesto no destrozar de un plumazo el principal argumento político del PSOE de Laciana en las pasadas elecciones, con visita del ministro del ramo incluida, en aquel momento José Luis Escrivá.