Estimados conciudadanos:
Escribo el 15 de octubre de 2025 estas líneas para hacer un llamamiento a la razón y una petición a la colaboración de toda la ciudadanía. Cercana o no, nacida o no, vinculada o no a Castilla y León. Este verano recién acabado, hemos sufrido de diferentes formas la voracidad del fuego a lo largo y ancho del país, cebándose especialmente en extensión, virulencia y daños medioambientales, personales y trágicamente humanos en esta comunidad autónoma a la que pertenezco y de la que me siento orgulloso de formar parte del servicio de prevención y extinción de incendios forestales que la Junta de Castilla y León gestiona.
Somos muchos buenos profesionales los que en sus diferentes puestos y funciones conformamos este operativo, además de muchos otros que, debido a la precariedad existente, han tenido que escoger y marcharse del mismo buscando mayor estabilidad laboral. Somos trabajadores comprometidos con nuestro trabajo y con la responsabilidad que conlleva para toda la ciudadanía que hemos planteado una serie de propuestas de mejora a los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, instándoles a mejorar operativa, laboral y salarialmente a todo el colectivo de los llamados bomberos forestales, condición aún inexistente en esta comunidad, estando inequívocamente a la cola de todo el país en la protección y cuidado de este colectivo.
En estos días recientes, se ha divulgado por diferentes vías a través de comunicados oficiales de la Junta y publicaciones en diversos medios la inversión y mejoras sin precedentes que la administración gobernada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) va a llevar a cabo para este servicio público que gestiona. Para aquellos que son ajenos a este contexto, podrían pasar inadvertidos ciertos datos que, con demagogia, se están utilizando para distorsionar la realidad sobre dichas mejoras.
Se habla de la adquisición de la condición de bomberos forestales, pero hay que resaltar que esto es un requisito derivado de la aprobación estatal de la Ley 5/2024 del 8 de noviembre, aprobada por el Gobierno de España en noviembre de 2024, cuyo plazo de adaptación a la misma por las comunidades autónomas vencerá próximamente.
Fraude de Ley de la Junta de Castilla y León
Se habla del cambio de contratación con carácter fijo-discontinuo de estos trabajadores a personal fijo durante todo el año. No se me ocurre que pudieran justificar seguir manteniendo contratos para el mantenimiento y prevención y extinción de incendios forestales de los montes de entre 3 y 6 meses como mayoritariamente ha habido hasta este momento, con contadas excepciones de contratos de mayor duración. Esto, además detener a personal trabajando 12 meses ininterrumpidamente, manteniendo la categoría de fijo-discontinuo, estando por tanto en fraude de ley.
Se incluye la funcionarización de celadores de medio ambiente (actualmente personal laboral) cuando es una consigna no llevada a cabo por la administración desde al menos 2023 y que, a grandes rasgos, no implica para el operativode prevención y extinción de incendios forestales un cambio significativo en su operatividad o mejor desempeño de su labor.
Se habla de la creación de un complemento específico para mejorar las condiciones salariales de un colectivo denostado y menospreciado que se enfrenta a unas llamas que, cada año han ido creciendo en frecuencia, intensidad y, consecuentemente, en peligrosidad. El complemento al que alude la gran inversión de la Junta de Castilla y León no es otro que la irrisoria cantidad de 75 euros al mes, planteando unas mejoras para una categoría superior (ingenieros) que, si bien en determinados contextos tienen mayor responsabilidad (agentes medioambientales también la tienen sin plantear ese complemento) tienen irónicamente menor riesgo (estamos hablando de toxicidad y peligrosidad ante las llamas) y se les plantea un complemento de 190 euros al mes, despreciando de nuevo a quienes luchan y ponen en peligro sus vidas día a día para proteger principalmente el medio rural, aunque no solamente. 75 euros al mes por jugarse la vida no es una opción.
Por último y no menos importante, se está publicitando la conversión en tres años de la totalidad de los trabajadores a lo que llaman naturaleza pública, que nada tiene que ver con ser empleados públicos. Pues no es otra cuestión que derivar la totalidad de las actuales empresas y contrataciones privadas a empresas gestionadas con fondos públicos,pero degestión laboralprivada comolo son Tragsa o Somacyl, sin prever para sus trabajadores ningún tipo de mejora laboral o salarial en lo que a prevención y extinción de incendios forestales se refiere.
Todo lo anteriormente mencionado, incluyendo la obligatoriedad de acudir a desastres civiles derivados de la activación del Sistema Nacional de Protección Civil, como las llevadas a cabo tras la DANA, ocurrida hace casi un año en la Comunidad Valenciana, labores de apoyo durante la pandemia de COVID, nevadas copiosas como Filomena u otras de índole similar que pudieran acontecer en un futuro.
Sin garantías de formación y medios adecuados
Todo ello sin una garantía de formación y medios adecuados para desempeñarlas (hay carencias importantes en algunos de los equipos de protección individuales para el desempeño de nuestras labores, como la protección respiratoria frente al humo, indudablemente presente en los incendios forestales) y una inexistente o en el mejor de los casos ínfima mejora salarial para enfrentar situaciones de riesgo que, más allá de poner en peligro las vidas de quienes estamos a pie de tierra, pone en riesgo la integridad y salud de la ciudadanía en sus pueblos, montes ,empleos y cualquier daño derivado dela falta de compromiso por la Administración con el servicio público que desempeñamos.
Inversión adecuada y justa
Tal y como hemos trasladado a todos los responsables políticos queremos trabajar, sí. Y estamos orgullosos de formar parte de un servicio público que vela por los intereses del medio natural y de la ciudadanía, tal y como en múltiples ocasiones y de variadas formas hemos cumplido diligentemente y de manera mucho más profesional que la que algunos responsables han escogido para gestionar este Operativo. Es un trabajo precioso, a pesar de los riesgos que en muchas ocasiones conlleva. Y hay vocación y voluntariedad para llevarlo a cabo por parte de sus trabajadores, pero sin compromiso, sin una inversión adecuada y justa y menoscabando los derechos laborales de los trabajadores que lo conformamos, estamos a merced de los acontecimientos. Tratando de justificar después la falta de capacidad ante situaciones sobrevenidas.
No estamos dispuestos a admitir y tolerar más menosprecio, precariedad y mediocridad en un ámbito que a todos nos afecta. No vamos a esperar más promesas incumplidas o compromisos futuros. El cambio ha de llegar ahora, en este momento. Y no vamos a cejar en nuestras reivindicaciones hasta que se alcancen acuerdos justos e irrevocables que la legislación ampare.
Las próximas elecciones autonómicas son inminentes y , tras lo vivido este año, esta es la muestra y respuesta a las peticiones y propuestas planteadas por la ciudadanía y los trabajadores de este colectivo.
Es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos. Nuestras vidas, las de los ciudadanos fallecidos este verano y en años anteriores y los montes y poblaciones arrasados son responsabilidad de todos para que no vuelvan a suceder.