La Junta pone la mano en el fuego por sí misma en las tres sociedades que comparte con Forestalia, investigada por corrupción
“Nosotros garantizamos el cumplimiento de la Ley por parte de la Junta de Castilla y León y respetamos los procedimientos judiciales que se puedan poner en marcha relación con una empresa privada”. De esta manera, poniendo la mano en el fuego sólo por la administración autonómica, y con una alta carga de cautela, ha respondido hoy el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, ante la investigación judicial por presunta corrupción que esta semana ha sido noticia nacional relacionada con la empresa Forestalia, incluida la detención de su presidente, Fernando Samper.
La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, es socia de Forestalia en hasta tres sociedades y proyectos distintos en la Comunidad, uno de ellos la planta de biomasa en la comarca de El Bierzo, así como otras dos os sociedades dedicadas a los pellets. Un hecho que el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) no cree que pase factura o salpique a la Junta a pesar de la reciente operación por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en la compañía, con hasta 12 registros en oficinas de Madrid y Zaragoza, por ahora.
Fernández Carriedo, cuestionado por esta relación conjunta y su posible repercusión y sostenimiento en el tiempo, no descartó que pueda “ocurrir en el futuro” que se produzca una desvinculación de la Junta respecto a Forestalia, pero aseguró que “no es algo que esté pasando un día como hoy”. No porque sea voluntad o no del Gobierno autonómico hacerlo, sino porque separarse de la compañía vía accionariado “tiene la complejidad”, en el sentido de que “una participación institucional a la hora de la venta requiere un comprador”.
Abundó en este sentido en que “es un escenario que pudiera darse”, en virtud de cómo se desarrolle la investigación policial y judicial a Forestalia y de las posibles repercusiones penales que se deriven, pero que “tiene que ver también en un contexto mercantil”, ya que “tendríamos que encontrar la mejor alternativa dentro de las posibilidades que tenemos”.
Forestalia está siendo investigada por una doble vertiente, una de ellas la llamada 'Operación Perserte' bajo la sospecha de los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se investiga si se produjeron de manera irregular la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.