La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión del bipartito PP-Vox apuntalando la frase de que “si el Gobierno de Castilla y León funciona, Castilla y León funciona” con una enumeración de ayudas sociales de la administración autonómica en la que se olvida de las ayudas al alquiler. Y es que, a pesar de estar acabándose el mes de agosto de 2023, las del pasado año 2022 están ya justificadas pero sin resolver ni pagar y las de este 2023 aún no se han convocado.
El consejero de Vivienda, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, ha echado la culpa de esta situación al Gobierno central por las ayudas del Bono Alquiler Joven que, según sus palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico celebrado este lunes en Valladolid, ha tenido que gestionar la Junta de Castilla y León.
A esa 'asunción' de competencias para tramitar una ayuda financiada con dinero estatal sumó que la firma del nuevo plan de vivienda también retrasó la convocatoria de las ayudas del 2022, que hasta “5.000 personas más” la pidieron con respecto al año anterior y que tramitar ambas ayudas a la vez, la del alquiler de la Junta y el Bono Alquiler Joven del Gobierno central, hizo que el proceso se ralentizase.
No obstante, y después de recordar que la ayuda al alquiler de 2022 parte desde su convocatoria con la justificación del pago del alquiler ya efectuado, se comprometió a que estarían resueltas y pagadas “en octubre”.
Una vez superado ese trámite, se procedería a la convocatoria, “a final de año”, de las ayudas para el alquiler del presente 2023 que seguirían la misma fórmula 'simplificada' de convocar las ayudas y justificar el pago del alquiler al mismo tiempo, “para evitar una doble tramitación” a funcionarios y usuarios.