La empresa Unión Minera del Norte (Uminsa) anunció hoy, a través de un comunicado, que los responsables de la compañía presentaron el pasado lunes en los juzgados el expediente que solicita la apertura del proceso de liquidación de la compañía, previsto en la Ley Concursal. “Al no poder continuar con su actividad, Uminsa se enfrenta a la insolvencia y, a causa de ello, se ve imposibilitada de cumplir el convenio aprobado por sus acreedores”, explicaron fuentes de la empresa, que recordaron que la sentencia que obliga a la compañía a pagar 28 millones de euros a Hunosa ha sido la causa de la decisión.
En ese sentido, los responsables de la empresa aseguraron “lamentar mucho” el desenlace y continuaron mostrándose “convencidos de que la compañía hubiera podido salir adelante y cumplir con todos sus acreedores”. La compañía formuló en 2013 una propuesta de convenio dirigida a sus acreedores para la liquidación de sus créditos. La propuesta iba acompañada de un plan de viabilidad, que contaba con unas previsiones de venta de carbón de 1,37 millones de toneladas al año. “Se trataba de unas previsiones razonables, pues hasta el año 2012 la producción y las ventas habían estado por encima de los dos millones de toneladas al año”, subrayaron los responsables de Uminsa.
Al respecto, la empresa reprochó al Gobierno que “pese a los compromisos adquiridos en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018” no haya puesto en marcha “ningún mecanismo alternativo”, una vez cerrado el periodo de garantía de suministro con las eléctricas, a las que acusó de tener a las compañías mineras “a su merced” y de “reducir al mínimo sus compras de carbón nacional” alegando razones de competencia.
En esa línea, acusaron al Ejecutivo de llevar a cabo un “cambio radical” en la política minera, que, a su juicio, provocará que “después del 31 de diciembre de 2018 no existirán ayudas para la actividad minera, ni para las empresas, ni para los trabajadores”.
Contratos de arrendamiento
Debido a esta situación, los responsables de la compañía llevaron a cabo “como único modo de garantizar el funcionamiento de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2018”, diversos contratos de arrendamiento, que le garantizaban la explotación mientras se mantuviera en actividad. Así, Uminsa cedió los derechos que tenía sobre explotaciones mineras, a favor de la mercantil Prosimet, asegurándose, eso sí, la condición de contratista de la misma para no cesar en la actividad de forma definitiva.
Al mantenerse como contratista de Prosimet, Uminsa consigió salvar sus compromisos con los trabajadores y facilitó que toda su plantilla se pudiera acoger a los beneficios sociales del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, consistentes en prejubilaciones y bajas indemnizadas. De hecho, la empresa ya tiene acordado con el comité un ERE extintivo de carácter plurianual que contempla prejubilaciones anticipadas en 2017, ordinarias en 2018, bajas indemnizadas en 2017 y 2018, y que afecta prácticamente a la totalidad de la plantilla.
La sentencia de Hunosa
Respecto a las sentencias dictadas en 2016 que condenan a Uminsa a pagar 28 millones de euros a Hunosa por la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC), la compañía recordó que contaba con un crédito para hacer frente al pago con una quita del 70 por ciento, en cinco plazos anuales consecutivos del mismo importe, tras dos años de carencia y sin devengo de intereses.
Después de que Hunosa instara al Juzgado a ejecutar provisionalmente la resolución, Uminsa se vio privada de las ayudas al carbón de 2016, abonadas a Hunosa por el Juzgado, lo cuál provocó el “bloqueo de la actividad” de la compañía y “el desempleo temporal desde febrero de 2017” de su plantilla.
Deterioro del sector
Por otro lado, los responsables de la empresa recordaron que el “deterioro del sector minero” se evidencia en la evolución de las ventas del carbón de la compañía, que en 2014 alcanzaron solo las 758.000 toneladas, en 2015 fueron de 463.000 toneladas y en 2016 llegaron a 356.000 toneladas, una caída de ventas que califican de “dramática”.
Esta situación obligó a la compañía a realizar “importantes ajustes” para cubrir las necesidades de financiación y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Entre estos ajustes, se dieron de baja activos que se han vendido por casi 19 millones de euros. Gracias a esta inyección de dinero, la empresa pudo liquidar sus créditos con la Hacienda Pública.