Colegios e institutos se encuentran sin caja para pagar los gastos de funcionamiento del último trimestre. La Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de León asegura que la Junta ha efectuado “un recorte encubierto que afecta a su día a día, descabalando cuentas y organización”.
“Las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación no pueden someterse a modificaciones injustificadas y caprichosas a finales de año cuando los centros tienen elaborado un balance económico que se ajusta a unas necesidades de mínimos; presupuestos que han sido enviados y aprobados por la Dirección Provincial en tiempo y forma”, denuncia en un comunicado.
Según los sindicatos, “con el ejercicio económico de 2023 cerrado, ningún centro ha recibido de forma íntegra el segundo libramiento ordinario, aprobado y presupuestado. Los centros de educación Infantil y Primaria han recibido sólo una parte. Sus gastos de calefacción y luz dependen de los distintos ayuntamientos, no de la Junta de CYL, pero no por eso gozan de una mejor situación. Respecto a los IES y centros de FP, algún centro no ha recibido nada en absoluto y otros sólo han recibido una parte del presupuesto para gastos de luz y calefacción como concepto de 'libramiento extraordinario', y sólo una parte del presupuesto para gastos corrientes, que debían ingresar en noviembre y que han recibido a finales de diciembre”.
Por ello, “ante el incumplimiento del presupuesto del año 2023, los centros se enfrentan a problemas para hacer frente a las facturas, e incluso puede haber proveedores que no quieran prestar sus servicios a los centros educativos por riesgo de impago”.
Por ello se preguntan qué es lo que está ocurriendo: “¿Qué ha pasado con este dinero que estaba presupuestado? ¿Se trata de un recorte encubierto que sólo recae sobre la Escuela Pública? De lo que no cabe duda es de que se trata de una decisión temeraria y, en cualquier caso, injusta e improcedente, para la que aún no hay respuesta y es por ello, que exigimos a la Dirección Provincial de León y, consecuentemente a la Consejería de Educación, que se cumpla con lo que estaba presupuestado, así como que nos indiquen y aclaren en qué normativa se amparan para poder llevar a cabo este recorte”.
La Junta de Personal Docente tiene, entre otras funciones, la de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. “Como el recorte del presupuesto, unido a otros graves problemas que han aumentado de manera exagerada en los últimos cursos, como la tardanza en la cobertura de sustituciones de docentes y personal laboral, afectan directamente a las condiciones laborales de nuestros compañeros, esta JPD anuncia que propondrá movilizaciones si las explicaciones de la Administración sobre estos dos recortes (tardanza en la cobertura de las sustituciones y recorte del 20% en el presupuesto de los centros en 2023) no se atienen a la normativa en vigor”, termina.